Sobre la situación latinoamericana y nacional

Convocar, organizar y articular desde abajo

Una alternativa de Lucha y Revolución social

Documento aprobado por el II Congreso de Socialismo LibertarioBuenos Aires, 2 y 3 de abril de 2010

Introducción El II Congreso de Socialismo Libertario (SL), reunido en Buenos Aires el 2 y 3 de abril del presente año, centró sus debates en la situación latinoamericana y nacional a partir de un texto presentado como borrador. Luego de un informe de apertura, adoptamos como modalidad de trabajo la conformación de varias comisiones con el fin de lograr la más amplia participación de los/las asistentes. Cada comisión presentó finalmente sus conclusiones, observaciones y enmiendas al borrador, quedando la versión final a cargo de una comisión redactora.

El documento que ahora publicamos es el resultado de ese trabajo colectivo. Expresa nuestra interpretación de la realidad en la que intervenimos y nos construimos al lado de otras organizaciones y movimientos populares. Lo entregamos como un modesto aporte, lejos de cualquier pretensión de que se constituya en un documento acabado, asumiéndolo siempre como nuestra aproximación y comprensión del recorrido de las luchas sociales latinoamericanas y de nuestro país, de los procesos políticos en curso, así como de la orientación que nos proponemos. Queremos compartir todo esto con diferentes interlocutores, manteniendo nuestra permanente apertura a recibir diversas críticas, observaciones y nuevas contribuciones.

Agradecemos los saludos enviados al II Congreso por Aldo Casas, Nora Ciapponi y Hugo Blanco, así como, de manera especial, la participación de una delegación del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la contribución escrita que nos enviara el compañero “Chiche” Vázquez de la revista Herramienta. Estos saludos y contribuciones constituyen, sin duda alguna, muestras verdaderas de la fraternidad militante de otras organizaciones y personalidades con quienes nos entrelazamos en la búsqueda de un proyecto de emancipación.

Cerramos esta introducción rindiendo homenaje a nuestro querido compañero Alejandro Cánepa, uno de nuestros fundadores, uno de los nuestros, propiamente, que asumió el compromiso de construir la organización en la ciudad de Rosario desde 2002. Él participó activamente de nuestro II Congreso e incluso aportó a la discusión previa que dio lugar al texto presentado. Se nos fue el 8 de junio, pero siempre, con su inmensa alegría, estará presente en la vida de SL tal como lo estuvo desde nuestros primeros días.

Comisión RedactoraJulio, 2010

El capitalismo hoy: crisis y resistencias1

Al iniciar un análisis de la situación latinoamericana y nacional, más aún cuando nuestro propósito es trazarnos líneas de acción buscando una comprensión común compartida con otras organizaciones, creemos necesario señalar, aunque sea sólo como marco, y por lo tanto sin mayor desarrollo, la inmensa crisis por la que atraviesa actualmente el capitalismo a escala internacional. A diferencia de otras crisis ocurridas en el siglo XX, entre las que destaca la de 1929-30 conocida como la Gran Depresión, la actual parece ser mucho más profunda y extendida. No se limita a ninguna “burbuja” (aunque inicialmente se la presentó así, desde fines de 2007 y sobre todo en la primera mitad de 2008). La famosa “burbuja inmobiliaria”, que explotó en Estados Unidos, es decir en el centro de la economía global, no fue más que el epifenómeno de una crisis que abarca diferentes dimensiones y que los economistas del sistema tardaron en reconocer, aunque en la actualidad ese reconocimiento sigue siendo parcial.

Apoyándonos en diversas elaboraciones de autores de izquierda, que están muy lejos de ser tributarios de las vicisitudes del sistema, compartimos en primer lugar la idea de que si del colapso de los créditos basura relacionados con inversiones inmobiliarias se pasó a una crisis financiera, indudablemente, estábamos y estamos en medio de una crisis de la economía mundial. Este primer señalamiento es fundamental, ya que por el carácter mismo del capitalismo imperialista nunca se pueden anular los vasos comunicantes que existen entre el “mundo de las finanzas” y la “economía real”. Pero la crisis actual, efectivamente, va mucho más allá y requiere de una comprensión cabal: es una crisis financiera, económica, energética, ambiental, alimentaria y cultural, por lo tanto también social y política. Por primera vez –y 20 años después de que el capitalismo hablara de su “triunfo definitivo”, luego de la caída del Muro de Berlín– estamos ante una crisis en la que se ponen en evidencia otros vasos comunicantes reales, mostrando la inviabilidad del capitalismo para la humanidad, lo cual no quiere decir que caiga por sí solo o desaparezca como régimen político-económico-social de explotación y opresión. La importancia de comprender todas

estas dimensiones, su entrelazamiento real, así como sus dramáticas consecuencias, resulta fundamental para situarse en una posición no sólo contraria al neoliberalismo sino al sistema global como tal, comprendiendo todas sus expresiones y buscando afirmar concretamente una alternativa de emancipación.

Estamos asistiendo, sin duda, a una crisis sistémica, por lo tanto a una crisis de la forma de agregación social impuesta por el sistema dominante durante el siglo XX, con dos guerras mundiales de por medio y con las guerras actuales, pero también con todas sus oscilaciones, que incluyen sus pasajes por el Estado benefactor y el neoliberalismo.

Si la crisis actual comprende la combinación de las dimensiones señaladas, pero además pone en evidencia el fracaso de la agregación social impuesta por el capitalismo, estamos, evidentemente, ante una crisis integral de la sociedad burguesa. Hoy, mucho más que en 1929-30, mucho más que en otras crisis con mayor o menor impacto en la economía mundial, lo que se está poniendo cada vez más en evidencia es que la civilización capitalista o burguesa, con todo lo que contiene: su carácter patriarcal, la explotación y la opresión de las mayorías sociales de cada país y de pueblos enteros, incluyendo la marginación histórica de nuestros pueblos originarios, etc., es cada vez más inviable para una vida humana digna. En este contexto, no está demás agregar la degradación cultural, la violencia, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, etc. No estamos entonces ante el estallido de una “burbuja” que ha provocado un cierto desorden en los negocios de los poderosos. Enfrentamos una crisis en la cual hay un “desorden” descomunal, que bien puede comprender el espectacular robo de los bancos, la audacia de los funcionarios de las grandes empresas para apropiarse de fondos millonarios, o bien, nuevos planes de ajuste, reducción de salarios, desempleo, marginalidad de la juventud, descalabro de la educación, etc.

Es en este marco que analizamos la situación latinoamericana y nacional. Sería iluso pensar que la crisis actual no afecte a nuestros países,

siendo países “periféricos” (o dominados), que en algunos casos han alcanzado importantes niveles de crecimiento económico en los últimos años, en tanto están integrados a la economía capitalista mundial. Y además, al contar con fuertes endeudamientos externos, no están “blindados” ni podrán fácilmente sortear sus consecuencias; mucho menos desacoplarse efectivamente de sus reiteradas convulsiones. Es cierto que por el momento ningún país latinoamericano ha sufrido tan dramáticamente el impacto de esta crisis como Grecia o España. Es cierto también que la tendencia existente en algunos gobiernos latinoamericanos hacia una relativa independencia respecto del imperialismo, por cierto más bien política, puede permitir ciertos márgenes de maniobra que impidan fuertes repercusiones. Sin embargo, considerando la dependencia económica existente, por otra parte insalvable en los marcos del capitalismo, que además comprende a todas las dimensiones a las que nos referimos, sería un grave error afirmar que esta crisis no tiene ya algunas primeras repercusiones. En este sentido es preciso seguir con atención si continúan los ritmos de crecimiento de las economías regionales, así como también los niveles de empleo. Por otra parte, es necesario considerar las presiones existentes para la implantación de negocios extractivos, especialmente de la minería e hidrocarburos, que ya están generando nuevos conflictos en la región.

Todas las luchas regionales actuales, en especial las que libran las diversas asambleas ciudadanas o los pueblos originarios en defensa de sus territorios y también de su identidad, enfrentan los intentos de “negociar” los llamados “recursos naturales”, incluyendo el agua. Estas luchas, en el fondo, están mostrando una resistencia auténtica de nuestros pueblos, tanto como las que se libran por el salario y el empleo.

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América Latina fue el espacio original y el momento inicial de formación del capitalismo colonial/moderno. Hoy es, por fin, el centro mismo de la resistencia mundial y de la pro-

ducción de alternativas contra este patrón de poder

El continente latinoamericano, desde el inicio del siglo XXI, ha sido escenario de una irrupción social multiforme y a su vez inédita, con nuevos protagonistas, nuevas formas de autoorganización y autoactividad de diversos sectores sociales, rebeliones populares transversales, etc., que enfrentaron las consecuencias devastadoras del llamado neoliberalismo. Esta irrupción, con diversas características en los países de la región, significó una confrontación abierta con los poderes políticos y económicos, expresando sobre todo un rechazo a la política impuesta desde arriba por los gobiernos y la partidocracia, llegando a expulsar del poder a diferentes gobiernos democráticos que aplicaban los planes neoliberales. A partir de esto, la irrupción social dio lugar a la búsqueda de una nueva forma de hacer política desde abajo, la cual se ha expresado en múltiples manifestaciones y creaciones de las mayorías explotadas y oprimidas.

Sobre este proceso/recorrido extraordinario, sobre su significado y sus perspectivas hemos discutido una y otra vez (siendo parte activa del mismo en el ámbito y en las proyecciones de nuestra construcción). Hemos resaltado su carácter contradictorio, por lo tanto no lineal, considerando sus expresiones de mayor o menor radicalización, con búsquedas diferentes, con diversas combinaciones (protagonismo social directo, apoyo directo o crítico a una determinada “salida política”, demanda al Estado y/o reclamo de participación en la gestión del Estado, etc.). Se trata, efectivamente, de un inédito proceso/recorrido que atraviesa a la región, con vasos comunicantes no siempre percibidos pero realmente existentes entre nuestros países. A propósito, confirmando lo que viene sucediendo en el continente latinoamericano en la última década, pero además resaltando la historia de la región, podemos citar las palabras del sociólogo peruano Aníbal Quijano:

América Latina, de la resistencia a la alternativa, http://encontrarte.aporrea.org/teoria/sociedad/76/a14112.html,

consultado en junio de 2010. *

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América Latina fue el espacio original y el momento inicial de formación del capitalismo colonial/moderno. Hoy es, por fin, el centro mismo de la resistencia mundial y de la pro-

ducción de alternativas contra este patrón de poder

2.1. Período 2000-2006

La irrupción de la que hablamos fue claramente visible en el período 2000-2006, en el cual hubo diversos estallidos sociales en rechazo a los planes neoliberales que desde las dos décadas anteriores devastaron a las mayorías trabajadoras y empobrecidas de Latinoamérica. Pero estos estallidos, incluso con todas sus novedades, no surgieron de la noche a la mañana. En esas décadas precedentes (años 80-90) hubo una resistencia mayor o menor, en la cual se fue gestando una nueva acumulación de fuerzas, con nuevos sujetos sociales diversificados. Si bien la clase obrera y los movimientos sindicales existentes enfrentaron la embestida neoliberal, el mayor enfrentamiento fue protagonizado por estos nuevos sujetos sociales multiformes, lo cual amerita una discusión fundamental sobre la conformación actual del escenario social que desarrollamos en el tercer punto de este documento. La embestida, en particular por el impacto de las privatizaciones y/o “capitalizaciones” de empresas públicas, apertura de mercados y entronización de la “aldea global”, con el consecuente cierre de empresas, despidos, retiros voluntarios, etc., no sólo puso a la defensiva a la clase obrera “tradicional” sino que arrasó con buena parte de ella. Así, los planes neoliberales se impusieron en gran medida; sin embargo no lograron consolidar el famoso “reino del mercado”, mucho menos hacer realidad el tan mentado “fin de la historia”.

Los gobiernos del continente latinoamericano entregados a la globalización salvaje no imaginaron nunca que nuestra región podría convertirse en el “centro mismo de la resistencia mundial y de la producción de alternativas contra este patrón de poder”.

Gran parte de ellos fueron finalmente rechazados por una diversidad de sectores populares urbanos y rurales cada vez más empobrecidos, marginados y/o excluidos, que dieron lugar a los nuevos movimientos sociales hoy existentes en Latinoamérica, los cuales, con su emergencia y su singular protagonismo, configuraron un nuevo escenario socio-político.

Este proceso/recorrido, más allá de las reivindicaciones materiales o económicas, tuvo efectivamente diversas manifestaciones políticas y culturales. Acentuó la crisis de la política tradicional, de sus modalidades y atropellos. Reubicó la lucha política incluso por fuera de los partidos políticos, rechazándolos en algunos casos explícitamente. Puso así en cuestión la propia estabilidad de las democracias realmente existentes en el continente, obligando a ciertos reacomodos de los poderes políticos, en otros casos a un reemplazo casi total de las castas políticas preexistentes. De allí que los partidos políticos tradicionales latinoamericanos fueron arrasados o enfrentaron –y enfrentan actualmente- profundas crisis. Otro aspecto a tener en cuenta fue la emergencia de los pueblos originarios con sus reivindicaciones propias, replanteando su presencia ancestral en medio de sociedades que los habían ignorado y marginado, cuestionando la “modernidad”, la idea del “progreso”, los Estados nacionales, etc.

Este primer período del que hablamos tuvo sus primeras expresiones concretas en el año 2000; tres de ellas fueron fundamentales: 1) la “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, que derrotó la privatización de ese recurso elemental, luchando “por el agua y por la vida”, y marcó el inicio de todo lo que sucedería después en ese país; 2) la gran movilización popular que echó del poder al demócrata-dictador Fujimori en el Perú, algo que en los años 90 parecía imposible, aunque no abrió un proceso de ascenso sostenido de las luchas populares; y 3) la insurrección indígena en Ecuador, en alianza con sectores de las fuerzas armadas, que derrocó al gobierno reaccionario de Jamil Mahuad, quien en medio de una tremenda crisis económico-social había dispuesto el “salvataje” de los bancos con fondos del Estado y entronizado al dólar como moneda nacional.

Repasemos brevemente los principales acontecimientos de este período:

Bolivia es el país que más claramente vive desde 2002 un proceso/recorrido revolucionario, hasta ahora con un final abierto, con diversas manifestaciones de gran protagonismo por

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parte de la mayoría indígena y de otros sectores populares. En el año 2003, en medio de la “guerra del gas”, rechazando la entrega de ese recurso al imperialismo, una rebelión contundente echó del poder al gobierno de Sánchez de Lozada, uno de los símbolos latinoamericanos del neoliberalismo, perteneciente “paradójicamente” al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En el 2005, un segundo levantamiento expulsó del poder al gobierno sustituto de Carlos Mesa. Las dos fueron grandes rebeliones indígenas-populares en las cuales tuvieron un gran protagonismo una diversidad de organizaciones campesinas de base y comunidades originarias de distintos puntos del país, así como las juntas vecinales de El Alto de La Paz. Ambas rebeliones jalonaron de manera extraordinaria un cambio político y cultural.

En el año 2001, como bien sabemos, se produjo en la Argentina la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre que echó del poder al gobierno de Fernando de la Rúa, quien apenas dos años antes había asumido generando cierta expectativa de un cambio “progresista” respecto de la denominada década infame menemista. Más temprano que tarde, este gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) demostró la continuidad de los planes neoliberales (sometimiento a las recetas del FMI, recorte de las jubilaciones, miseria salarial, intento de arancelamiento de la enseñanza superior, retorno del ministro menemista Cavallo a la gestión económica, etc.) acentuando así la crisis económico-social que se entremezcló con una profunda crisis política.

La rebelión de finales de 2001, que se extendió durante los primeros meses de 2002, en la cual SL empezó a existir concretando su búsqueda del protagonismo social, tuvo características inéditas: fue transversal a la sociedad; conjugó la lucha ya precedente de sectores desocupados y marginados con la irrupción de la clase media; colocó en su centro el grito: ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! como mayor expresión de repudio a las castas políticas; dio lugar a las asambleas populares en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras ciudades; fortaleció la lucha por la recuperación de empresas cerradas por la patronal; impulsó la creación de

diversas iniciativas surgidas desde abajo: comedores populares, redes de trueque, merenderos, centros culturales, etc.; permitió que los movimientos de trabajadores/as desocupados/as puedan extenderse y consolidarse; generó una diversidad de nuevas organizaciones políticas o político-sociales, replanteando la política misma y cuestionando de hecho la práctica de la izquierda tradicional; acentuó la crisis del peronismo y pulverizó al radicalismo, aunque después el primero lograra recuperarse relativamente; cuestionó fuertemente la violencia del aparato represivo del Estado y por último pero no menos importante, transformó la mirada de la sociedad sobre la dictadura genocida, masificándose en ese momento la práctica del escrache popular. Marcó fundamentalmente un antes y un después; significó una ruptura que planteó la posibilidad de una transformación del país; fue la expresión concreta de una decisión colectiva que trastocó al régimen, a sus instituciones y al propio juego democrático existente desde 1983.

En el año 2002, una gran movilización obrera y popular impidió el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Fue una reacción de amplios sectores obreros y populares, propiamente autoconvocados, que surgió desde las fábricas, los centros laborales y los barrios. Chávez, que supuestamente había “renunciado” y ya había sido detenido, fue restituido inmediatamente en el poder por esta extraordinaria movilización que puso en evidencia la comprensión de que un golpe de Estado significaba un retroceso para las mayorías explotadas y oprimidas. Los “escuálidos”, la oligarquía venezolana y capas afines de la burguesía y de la clase media, que constituyen un concentrado retrógrado, racista y proimperialista, no pudieron concretar su cometido gracias a esta irrupción surgida desde abajo. Su antecedente fue la rebelión popular conocida como el Caracazo (1989), que dejó herido de muerte al gobierno de Carlos Andrés Pérez (Acción Democrática, sometido al FMI) y al acuerdo de gobernabilidad entre los partidos tradicionales. Al respecto, sin duda, debemos profundizar la discusión, pero está claro que el Caracazo destruyó a la partidocracia y desbrozó el camino para el inicio de un cambio político-social que luego encarnó a su

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manera el régimen de Chávez.

Ya más acá en el tiempo, en el 2006, la rebelión de los estudiantes secundarios en Chile, conocida como “revolución de los pingüinos”, se destacó por la masiva ocupación de colegios prácticamente en todo el país en rechazo a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), la última sancionada por Pinochet. Lo sintomático y al mismo tiempo lo más resaltante fue que esta “revolución” estalló 16 años después de vigencia de esa ley, por cierto absolutamente autoritaria, cuestionando no sólo al último gobierno de la Concertación, el de la “socialista” Bachelet, sino a todo el andamiaje democrático que sucedió a la dictadura. Fueron los jóvenes más jóvenes, entre 14 y 17 años, ocupando sus colegios, con formas de autoorganización, con asambleas que decidían todo, con “voceros” y no con “dirigentes” que expresaban las decisiones, quienes pusieron en cuestión los elementos de continuidad con la dictadura que seguían (y siguen) vigentes en la democracia chilena, pero además cuestionando la “cultura” conservadora existente en ese país.

También en 2006, en Oaxaca, México, hubo un nuevo testimonio de la vitalidad de los pueblos latinoamericanos: una lucha del sindicato docente local, salvajemente reprimida por el gobierno oaxaqueño, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), logró la solidaridad activa de la población urbana y rural, incluyendo a los pueblos originarios de esa región, la cual dio lugar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Esta lucha, que se inscribió en medio de la crisis política mexicana, en paralelo a las elecciones nacionales fraudulentas que entronizaron al actual gobierno de Felipe Calderón (del derechista Partido Acción Nacional-PAN), expresó un inmenso protagonismo social, con ocupaciones de edificios públicos, medios de comunicación y creaciones diversas como las “mega-marchas” que una y otra vez se sucedieron durante meses en abierto enfrentamiento a la represión y a un poder local acorralado. El gobierno de Oaxaca, del PRI, que representa “lo viejo” y utiliza los peores métodos del corporativismo político (más de 70 años

en el poder), fue auxiliado por “lo nuevo”, el PAN, que descargó toda su fuerza represiva y mediante los mecanismos institucionales se negó a la destitución de Ruiz Ortiz. Más allá de esto, la lucha de Oaxaca permite sacar extraordinarias lecciones.Este repaso nos permite confirmar, efectivamente, que el período 2000-2006 fue una fase caracterizada por un protagonismo social directo y extendido, con la presencia de grandes movilizaciones, rebeliones inéditas y creaciones de autoorganización y autoactividad de diversos sectores, resituando la política en la base de la sociedad.

Siendo esto así, no ignoramos sus límites y contradicciones, especialmente respecto de la conciencia de los sectores nuevos que emergieron. Toda la riqueza del protagonismo social inédito expresado en esta fase no significa que el proceso/recorrido sea siempre linealmente ascendente, ni mucho menos que el socialismo esté a la vuelta de la esquina. No fue posible, así, la articulación de alternativas que se propongan superar los límites de la democracia burguesa, asentando firmemente la política en la base de la sociedad y fortaleciendo el protagonismo popular, la autoorganización y sus diversas proyecciones emancipatorias. La idea de que ciertos gobiernos, finalmente, puedan favorecer a los de abajo fortaleció la confianza en salidas electorales, lo cual, a su vez, permitió el reciclaje de antiguos partidos políticos, como es el caso del peronismo, o el surgimiento de nuevas identidades políticas que se presentaron como representantes más o menos fieles de las demandas populares.

Estos límites y contradicciones, que a su vez abren un debate sobre las características de los procesos revolucionarios en el siglo XXI, nunca pueden impedir el reconocimiento de todo lo novedoso y diferente que se expresó en este período y que sigue latente: es, ante todo, un reconocimiento de las potencialidades de transformación existentes en los pueblos latinoamericanos, de su ubicación como “centro mismo” de la resistencia a los planes neoliberales a escala planetaria, así como de “la producción de alternativas” político-sociales con las cuales debemos relacionarnos, de manera ineludible, para afianzar la búsqueda de un camino

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de emancipación. Sería un error grave simplemente detenerse en señalar los límites y las contradicciones de todo este proceso/recorrido, corriendo el riesgo de colocarnos por fuera del mismo. Al contrario, nuestra propuesta, a su vez entendida como búsqueda, sólo puede construirse en una relación crítica –pero relación, ante todo– con esa variada y desafiante “producción de alternativas”.

Es importante señalar que algunas de las elaboraciones que fuimos haciendo en tiempo real, a lo largo de estos años, mantienen su vigencia y utilidad, por ejemplo la idea de los “vasos comunicantes” no siempre percibidos pero existentes en la sociedad profunda de uno u otro país de Latinoamérica, así como la caracterización de la crisis de los partidos tradicionales, también la fragilidad y crisis de los Estados, etc.Dicho todo lo anterior, también debemos señalar como autocrítica que años atrás nos introdujimos en una errónea discusión sobre el carácter de la política, contraponiendo forzadamente el “factor social” al “factor político”, como si en las diversas y multiformes expresiones sociales no estuviese siempre presente la política de una u otra manera. En este sentido cometimos el error de imaginar un protagonismo social contrapuesto en sí mismo a la política, considerando al primero como “positivo” y a la segunda como “negativa” en todas sus formas. Incluso en la rebelión de 2001-2002, donde tuvimos una importante participación que inició nuestra existencia, llegamos a hablar de “antipolítica activa”, reivindicándola, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era una reubicación o reapropiación de la política desde abajo, con características nuevas y diferentes. Sin duda, esta discusión sigue planteada entre nosotros/as y debemos asumirla de la mejor manera.

2.2. Período 2006-2010

Definimos a este segundo período de otra manera. No porque el anterior esté “cerrado”, mucho menos definitivamente, sino porque en estos últimos años hubo una retracción del protagonismo social directo, de las rebeliones e incluso de tantas

expresiones de autoorganización y autogestión existentes en el período precedente.

La división en dos períodos puede resultar un tanto esquemática y debemos discutir mejor al respecto, pero la consideramos necesaria para reconocer que en esta fase el “centro de gravedad” pasa por la lucha política con un carácter más superestructural.

En este sentido, desde 2006 hasta el presente se ha configurado más claramente un cambio político a escala continental, especialmente a partir del triunfo electoral de Evo Morales en Bolivia. Casi como corolario del período anterior, pareciera que el influjo de las rebeliones sociales dio lugar a una nueva arquitectura política en Latinoamérica, en realidad también inédita, caracterizada por una mixtura de gobiernos “progresistas”, de centroizquierda o “más de izquierda”, según los casos.Desde luego, la división que hacemos entre estos dos períodos no es exactamente cronológica sino más bien analítica. Queremos decir que la situación latinoamericana de los últimos años está marcada en gran medida por el protagonismo de estos gobiernos, por sus iniciativas políticas y por las conformaciones político-sociales que surgen alrededor de ellos. Al mismo tiempo, como contrapartida, el surgimiento de expresiones político-sociales reaccionarias, más o menos derechistas, ha logrado un cierto consenso especialmente en una “nueva clase media latinoamericana”, la cual, no sin vicisitudes e incluso crisis, se fue conformando a partir del período neoliberal (años 80-90).

En la actualidad, sin la presencia de las rebeliones masivas que vivimos en los primeros años de esta década, hay una polarización político-social prácticamente en todo el continente. Hay una disputa alentada por la derecha, con diversas expresiones y mayores o menores momentos de confrontación, en medio de un escenario mundial caracterizado por la crisis económico-financiera y también por la crisis ambiental, cuyo centro está en las mayores potencias del capitalismo imperialista pero, como dijimos más arriba, cuyas consecuencias no dejan ni dejarán de impactar en la periferia.

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No estamos diciendo que esta polarización sea idéntica en cada país ni que se organice alrededor de los mismos ejes políticos o económicos. Al contrario, no es directamente equiparable, por ejemplo, el enfrentamiento entre los oligarcas racistas de la “media luna” boliviana y el gobierno del MAS con el conflicto entre el gobierno kirchnerista y la Mesa de Enlace por la famosa Resolución 125. La polarización tiene su particularidad en cada país. Lo que sí afirmamos es que se trata de un fenómeno real, que atraviesa a todo nuestro continente, y que cuenta también con una base social reaccionaria.

Por otra parte, para evitar confusiones, cuando hablamos de esta polarización no nos remitimos a la famosa “teoría de los campos”, que consiste en ubicar en todo tiempo y lugar, un campo “nacional y popular” o “progresista” enfrentado al campo reaccionario, oligárquico y pro-imperialista. La consecuencia inmediata de quienes asumen esta teoría desde la izquierda es la ubicación incondicional o más o menos crítica, en el mejor de los casos, con el primer campo. Entendemos que se trata de una teoría simplista, que ante todo ignora las manifestaciones reales de la lucha de clases; una teoría funcional a los gobiernos de perfil populista, muchas veces imaginados como tales, que impide el desarrollo del protagonismo social directo, mucho más de una perspectiva revolucionaria, anticapitalista y socialista. Nuestra caracterización de la polarización existente en la actualidad rechaza el chantaje del poder político, reafirmándonos en la necesidad de una política propia, independiente de todos los poderes explotadores y opresores. Al mismo tiempo, desde esta ubicación, distinguimos diferencias e incluso matices, asumiendo el desafío de intervenir políticamente en cada situación concreta, rechazando la simplificación sectaria de que “todos son lo mismo”. No somos tributarios de la “teoría de los campos”, pero tampoco del sectarismo dogmático tan extendido en los partidos de izquierda, que, en más de un caso, lamentablemente, se tradujo en el peor oportunismo, considerando “progresivo” al campo más reaccionario.

La polarización de la que hablamos no es exclusiva de este período: tiene sus antecedentes en el

período 2000-2006, aunque es mucho más visible en los últimos años.

En Venezuela se expresó claramente en el año 2002, con el intento de golpe de Estado que fue frustrado por la movilización popular, pero también tuvo otra expresión en diciembre de 2007, cuando en un plebiscito fue derrotada por estrecho margen la propuesta de reelección de Chávez. Si bien en ese momento lo determinante fue la abstención, lo cierto es que la derecha logró imponerse. Posteriormente la situación se modificó a favor del régimen chavista, pero la polarización no dejó de estar presente.

En Bolivia, sin duda el país donde más ha avanzado el protagonismo social, luego del contundente triunfo de Evo Morales en enero de 2006, surgió con fuerza e impacto mediático una movilización reaccionaria impulsada por grupos concentrados de poder económico en la llamada “media luna” (la zona oriental del país), reclamando a su manera una “autonomía” separatista y racista, incluso poniendo como amenaza la posibilidad de una “guerra civil”. Este avanzado intento fue finalmente derrotado, lo cual confirma el carácter extraordinario del proceso/recorrido existente en Bolivia. Fue reforzado, además, en el plano electoral, un plano siempre distorsionado de la lucha de clases, con el triunfo arrollador de Evo en el referéndum revocatorio de 2008 (más del 67%) y con su posterior reelección en 2009 (62%). Sin lugar a dudas, con todas sus reales contradicciones, Bolivia expresa hoy una tendencia hacia la izquierda, pero no puede descartarse de manera definitiva que la derecha oligárquica y racista, incluso totalmente debilitada, no pueda volver a replantear una mayor o menor polarización. La política del gobierno y de su partido: el Movimiento al Socialismo (MAS), constituye y constituirá en este sentido un factor decisivo, especialmente para construir alianzas con sectores político-sociales afines.

En el caso de Ecuador, luego de una prolongada crisis, asumió a principios de 2007 el gobierno de Rafael Correa caracterizado también por un tinte “progresista”. Si por un lado cuenta con el respaldo de diversos sectores populares entre otras cosas por la reforma constitucional que impulsó y que convirtió

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a Ecuador en un Estado plurinacional, por otro lado su “progresismo” no se traduce en una política favorable a los movimientos indígenas, los cuales siguen luchando por sus reivindicaciones históricas (en la actualidad contra la Ley de Aguas). Se ubica en un lugar intermedio, “humanista cristiano de izquierda”, entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia y los de Brasil y Argentina.

En cuanto a Brasil, inmenso país en el que las convulsiones sociales se circunscriben a la lucha de los campesinos sin tierra, con la presencia además de algunas movilizaciones obreras, el gobierno de Lula y del PT, más que expresar una política de izquierda, ha demostrado de manera singular la capacidad de reciclaje de la izquierda en una variante eficaz para administrar los grandes negocios de la burguesía y una excelente relación con el imperialismo. Su balance puede parecer contradictorio: no está garantizada la reelección del PT en las próximas elecciones, pero sí la ubicación de Brasil como “potencia emergente”. No se logró el “hambre cero” anunciado al principio, tampoco una reducción sustancial de la pobreza, mucho menos de la delincuencia, pero sí se colocó a Brasil en un lugar destacado en el escenario capitalista mundial. Este balance, sobre el cual podemos discutir mucho más, nos permite una reflexión mayor sobre la dinámica que pueden adquirir algunas organizaciones de izquierda cuando llegan al poder, que, en este caso, habiendo surgido en la lucha contra la dictadura, reivindicando a la clase trabajadora e identificándose con ella, terminan transformándose en alternativas burguesas y pro-imperialistas, más allá de que mantengan un discurso “progresista”.

En Uruguay sucede más o menos lo mismo, aunque con otras dimensiones. El Frente Amplio, que luego de una extensa trayectoria de lucha también contra la dictadura de ese país logró ganar las elecciones de 2004, no produjo ningún cambio sustancial. La elección de Pepe Mujica, ex guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, quien sufrió una larga prisión, no significa ninguna radicalización. Es más, incluso para sorpresa de muchos analistas, la orientación de su gobierno está lejos de un programa de izquierda o antiimperialista,

proponiéndose alentar las inversiones capitalistas e incluso una suerte de amnistía para los represores que actuaron durante la prolongada dictadura uruguaya. También en este caso es necesario seguir la discusión sobre el reciclaje político de corrientes que en los años 60-70 eran consideradas revolucionarias.

El cuanto al gobierno de Lugo, en Paraguay, debemos decir que se destaca por su impotencia. Lo que en un primer momento prometía ser un proceso de cambio tras más de 60 años continuados de gobierno del Partido Colorado (incluyendo las largas y oscuras décadas de la dictadura de Stroessner), se debate hoy por su supervivencia, atacado por los sectores más conservadores de esa sociedad y por sus propios aliados del Partido Liberal que aspiran a sucederlo. Lugo gobierna un país donde el modelo sojero avanza ferozmente, mientras las demandas campesinas e indígenas permanecen largamente insatisfechas. Como es evidente, está muy lejos de la reforma agraria prometida. Sin embargo, para muchos analistas, la perspectiva en Paraguay se parece peligrosamente a la de Honduras, lo cual de concretarse sería una amenaza muy seria para los movimientos populares de nuestro continente.

Otro es el caso de Argentina, aunque el gobierno de Cristina Fernández no es semejante ni al de Venezuela ni al de Bolivia. Tampoco lo fue el de su antecesor, Néstor Kirchner. Sobre esto volveremos con más detalle en el punto siguiente.

Es necesario referirnos además a la derrota de la Concertación en Chile. Este frente, formado por el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otras agrupaciones, se erigió como alternativa política en 1988 denominándose “Concertación por el No”, logrando triunfar en el plebiscito convocado por Pinochet para su pretendida continuidad en el poder hasta 1997. Fue desde entonces una opción política con un discurso de centroizquierda, más al centro que a la izquierda: gobernó durante 20 años (1990-2010) sin producir transformaciones sustanciales, adaptando la democracia a la herencia de la dictadura, manteniendo una política represiva, etc. Finalmente perdió el poder a manos

14 ♦ Latinoamérica: una década, dos períodos.

de una variante neoliberal de centroderecha (con presencia de sectores que reivindican a la dictadura) encabezada por Piñera. Esta variante ganó las elecciones en segunda vuelta por estrecho margen, y si bien el gobierno “socialista” de Bachelet no se caracterizó por ninguna radicalización, el triunfo del multimillonario Sebastián Piñera expresa políticamente un avance de la derecha en la región.

Este avance relativo de la derecha podría fortalecerse si en las próximas elecciones de Brasil ganara José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien gobierna actualmente el Estado de São Paulo. Debemos seguir con atención el desarrollo de estos cambios políticos, teniendo en cuenta además la reciente sucesión del gobierno de Álvaro Uribe, en Colombia, por un personaje de su misma corriente: Juan Manuel Santos, su ex ministro de Defensa. También debemos considerar la crisis político-social del Perú, cuyo gobierno, el segundo de Alan García, ha demostrado el giro completo hacia el neoliberalismo de su partido histórico: el APRA. Uribe –ahora sucedido por Santos– y García, incluso con diferencias entre ellos, constituyen la expresión más clara del polo reaccionario, al cual se suma Piñera.

Por otra parte, el golpe de Estado en Honduras, que expulsó del poder al gobierno de Manuel Zelaya, es todo un símbolo de la contraofensiva de la derecha y del imperialismo. No fue un golpe militar clásico, sino un golpe institucional, utilizando las propias instituciones democráticas y sus mecanismos, desde luego apoyándose en las fuerzas armadas. Constituye un antecedente que no debemos perder de vista. En este caso, las fuerzas reaccionarias, utilizando las trampas de la propia democracia, consideraron “fuera de la ley” una consulta sobre la modificación de la Constitución en paralelo a las elecciones de diciembre pasado. Esta consulta, propuesta por Zelaya, fue el motivo suficiente para sacarlo del poder, imponiendo un régimen represivo que a su vez garantizó a su modo dichas elecciones y entronizó un nuevo gobierno con una clara tendencia opuesta por derecha al anterior.

La política de Obama hacia América Latina se puso en evidencia en el golpe de Estado en Honduras: mientras la Casa Blanca desarrollaba un discurso ambiguo de “mediación” entre Zelaya y los golpistas y formalmente rechazaba el golpe, al mismo tiempo quedó claro para todo el mundo que sin su apoyo concreto y su consentimiento político la asonada cívico-militar hubiera sido irrealizable. Obama tomó nota del rechazo generalizado a la gestión Bush en nuestro continente, materializada en el revés propinado al ALCA en Mar del Plata en 2005, buscando una reubicación y una contraofensiva. La instalación de las siete bases militares en Colombia, la reactivación de la IV Flota y, posteriormente, el desembarco masivo de tropas yanquis en Haití, con el pretexto de la ayuda por el terremoto que devastó a ese país en enero de este año, son muestras elocuentes de lo que nos espera del primer presidente de origen afroamericano de la potencia del norte.

Como síntesis, dejando abierta la discusión, volvemos a remarcar que esta traslación del “centro de gravedad” de la situación latinoamericana, pasando de un primer período de rebeliones sociales y amplio protagonismo desde abajo a otro de diversas polarizaciones más superestructurales, nos replantea una ubicación adecuada. Podemos hablar de un reflujo, más aún si tenemos presente la magnitud de la efervescencia anterior, lo cual no significa que las luchas sociales no existan en la actualidad. Siguen y seguirán diversas manifestaciones de lucha: debemos por lo tanto considerar el contexto en el que se producen, orientándonos hacia una acumulación de fuerzas, proyectando la construcción de los movimientos sociales, de corrientes obreras o estudiantiles, trabajando por la articulación entre ellos/as.

Una alternativa de Lucha y Revolución Social ♦15

Argentina: de la Rebelión del 2001 al kirchnerismo3

La actual situación argentina se inscribe en los dos períodos que hemos tratado de sintetizar anteriormente. El primero, el de la rebelión social de diciembre de 2001 y los primeros meses de 2002, tuvo características inéditas y fue uno de los más avanzados a escala continental. Significó la posibilidad de que diferentes fuerzas sociales: desocupados/as, jóvenes, trabajadores/as y amplios sectores de clase media pudieran abrirse un camino propio, por fuera de los aparatos políticos y sindicales. Fue la mayor expresión de lucha contra las consecuencias devastadoras del neoliberalismo; en este sentido no sólo contra el gobierno de la Alianza, que en sus últimos días se expresó en la dupla De la Rúa-Cavallo, sino también contra todo lo que significó el menemismo y de manera particular los años 90.

La rebelión de 2001-2002, por su extensión y contundencia, tuvo como antecedente las movilizaciones populares de 1989, especialmente en el Gran Buenos Aires y en Rosario, las cuales, caracterizadas por los saqueos en busca de comida en medio de una hiperinflación galopante y del asedio de una impagable deuda externa, no sólo pusieron en evidencia la profundidad de la crisis económica y social sino también la fragilidad de la democracia instaurada después de la dictadura. Es preciso subrayar que en ese entonces, hace ya más de 20 años, el primer gobierno democrático que sucedió a la dictadura, el de Ricardo Alfonsín (UCR), no pudo culminar su mandato acosado por esta crisis, debiendo adelantar la entrega del poder a quien ya había sido elegido vendiendo su discurso cínico de “salariazo” y “revolución productiva”: el peronista Carlos Menem.

El menemismo duró toda una década (1989-1999), beneficiándose con dos mandatos, gracias a la reelección de 1995 con amplio apoyo de sectores burgueses, de clase media y también populares; pero, al mismo tiempo, acentuó la crisis social con la aplicación de su política neoliberal: privatizaciones de las empresas estatales (el falsamente llamado “retiro del Estado de la economía”), despidos masivos, retiros voluntarios, la famosa ley de “convertibilidad” (un peso igual a un dólar), apertura de las importaciones y cierre de innumerables empresas, falta de trabajo y exclusión para las nuevas generaciones, “relaciones carnales”

con el imperialismo, etc. Combinó esta política con sus famosos indultos a los genocidas, avanzando así más allá de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida con las que Alfonsín había detenido la beligerancia sobreviviente de las fuerzas armadas. Fue, sin duda, la segunda década infame del siglo XX.

En esa década, sin embargo, empezaron a desarrollarse los primeros movimientos de resistencia: puebladas como el Santiagueñazo, los “fogoneros” de Cutral-Có en Neuquén y los “piqueteros” de Mosconi y Tartagal en Salta, los primeros cortes de rutas, diversas marchas reclamando trabajo o subsidios, la Marcha Federal de 1995, las luchas docentes y en defensa de la educación pública, etc. Numerosos hermanos y hermanas dejaron su vida en estas jornadas a manos de las fuerzas represivas como son los casos de Teresa Rodríguez, Víctor Choque o Aníbal Verón. Todos estos movimientos expresaban una situación defensiva; es más, habían surgido luego de sucesivas derrotas de sectores de la clase trabajadora que lucharon contra las privatizaciones, en las cuales la mayoría de la burocracia sindical de la CGT jugó un rol nefasto, de plena adaptación a los planes de Menem. Este rol de la burocracia dio lugar a algunas rupturas importantes: la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA, dentro de la CGT).

Hacia 1999 surgió como fuerza “opositora” la Alianza (UCR-Frepaso), postulándose como alternativa política de recambio, con un discurso “progresista” y prometiendo resolver la dramática situación social. Ganó las elecciones, derrotó a la fórmula peronista encabezada por Eduardo Duhalde, quien como tantos otros caudillos de ese movimiento, incluyendo a Néstor Kirchner en su calidad de gobernador de Santa Cruz, había sido cortesano del menemismo. Más temprano que tarde, el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa (UCR) y secundado por el “progre” Carlos “Chacho” Álvarez (Frepaso), significó una inmensa frustración, tanto para quienes lo habían elegido como para la inmensa mayoría de la población. Este efímero gobierno, que sólo duró 740 días, concentró y demostró toda la incapacidad de las castas políticas para superar la crisis económica y social; puso en evidencia no sólo su insensibilidad sino su estupidez

para enfrentar la dramática situación que vivía el país. A la desocupación creciente e histórica se le agregó el famoso “blindaje” de la deuda externa acordado con el FMI, y se burló descaradamente a la clase media con el “corralito”, permitiendo que los ahorros y los depósitos fueran confiscados por los bancos, etc.

Todo este concentrado, como arrastre de frustraciones y como insatisfacción de tantas demandas y derechos, no sólo desde la instauración de la democracia en 1983 sino desde los tiempos de la dictadura, se expresó en la rebelión social de 2001-2002. No por casualidad el grito de la rebelión fue: ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!, expresando el hartazgo con los manoseos de la política, con la impunidad de las castas políticas, en fin, el rechazo explícito a todas las gestiones de la democracia posterior a la dictadura, basada en los partidos políticos tradicionales (PJ y UCR), así como en los aparatos burocráticos sindicales, que una y otra vez habían burlado descaradamente las aspiraciones populares. Cabe destacar que esta rebelión estalló el 19 de diciembre, cuando el gobierno de la Alianza decretó el “estado de sitio” ante las crecientes movilizaciones populares y los saqueos que se producían en el Gran Buenos Aires y en otros lugares del país. El intento de “poner orden” por parte de un gobierno escuálido, que además había colocado en el centro de la situación nacional un inmanejable “desorden”, fue rechazado de manera contundente por una inédita emergencia social, surgida desde abajo y sin convocatorias, que arrinconó a los poderes políticos, económicos y financieros, al Parlamento y al Poder Judicial, a los partidos tradicionales y a toda la partidocracia, a la burocracia sindical parásita y a todas las formas institucionales del Estado. El hecho de que fuera rechazado masivamente en las calles el “estado de sitio”, en una sociedad golpeada en el pasado reciente por el talón de hierro del genocidio militar, expresaba con claridad el final de una etapa política. Todo, en ese momento extraordinario, tenía como centro el protagonismo social desde abajo, las asambleas populares que surgieron en los barrios de las principales ciudades, las movilizaciones de los/las desocupados/as, etc. Ha quedado como anécdota que en no más de 10 días pasaron sucesivos

Una alternativa de Lucha y Revolución Social ♦1�

“gobiernos”, que a su manera dieron cuenta de una “sucesión institucional”, hasta que asumiera Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002.

Se inició desde entonces un segundo período, un período de restauración de la gobernabilidad democrático-burguesa, que no podía desconocer no sólo la crisis económica y social del país sino la magnitud de la rebelión popular que había echado del poder al gobierno de la Alianza y había acorralado a las castas políticas. Fue el peronismo, en medio de su resquebrajamiento, el sector político que asumió esa restauración. A propósito de esto, es importante debatir más sobre el carácter multifacético del peronismo: en los años 90 aplicó los planes neoliberales que llevaron al desastre del país; después de la rebelión de 2001 logró capear el temporal, primero con la transición de Duhalde, luego con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El peronismo es, efectivamente, una suerte de “partido-sistema”, que incluso en medio de su crisis, con todas sus divisiones y disputas, no termina de desmoronarse, mostrando una y otra vez su capacidad de recomponerse relativamente.

La fecha clave que fue utilizada por Duhalde para concretar la posibilidad de una salida electoral a la crisis política fue el 26 de junio de 2002, cuando ante una ciudad de Buenos Aires prácticamente sitiada por los movimientos de desocupados con decenas de cortes, las fuerzas represivas asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación ferroviaria de Avellaneda. La inmediata reacción popular que se desató ante este crimen, desbarató la maniobra político-mediática que inculpaba a los propios piqueteros de la muerte de Maxi y Darío, poniendo fecha de vencimiento a la presidencia de Duhalde, quien finalmente logró convocar elecciones y abrir un nuevo momento político, ahora sí, con la legitimidad del voto popular.

Con los gobiernos kirchneristas se inició una nueva fase, no ya caracterizada por las convulsiones sociales anteriores, aunque indefectiblemente marcada por ellas, especialmente por la rebelión de 2001-2002. Es preciso señalar que el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007, que asumió sin ganar en la primera vuelta por deserción de su insólito contrincante: Carlos Menem),

afrontó una situación particularmente difícil, más aún después de la crisis que estalló en 2001. El propio kirchnerismo, utilizando políticamente la profundidad de esta crisis, no ha dejado de plantear que entonces “estábamos al borde de la disolución nacional”. El primer gobierno de esta nueva fase se vio favorecido con la salida de la “convertibilidad” (devaluación monetaria), operada anteriormente por el gobierno transitorio de Duhalde. Con esto pudo garantizar a su modo una política “productivista”, cuyos resultados más o menos inmediatos se tradujeron en una reducción importante del desempleo, aunque no necesariamente en la recuperación de los derechos laborales perdidos en los años 90, manteniendo la precariedad laboral y el trabajo en negro. Esta política combinó el aliento a la producción industrial con el crecimiento del modelo extractivo-exportador, especialmente en el campo y en la minería. En el primer caso fue y es visible la extensión del cultivo de la soja, que ya venía de tiempo atrás y que en esta década dio un salto muy importante, logrando que la patronal agropecuaria, los pools de siembra, las empresas de maquinaria agrícola, las oleaginosas, etc., lograran extraordinarias e inéditas ganancias. Por otra parte, saldó la deuda con el FMI, proclamando su “independencia” respecto de ese organismo. Desarrolló una política internacional de “multilateralidad”, estrechando vínculos con otros gobiernos latinoamericanos, como el de Chávez, Lula, Evo Morales, etc. No se colocó en una postura nacionalista ni mucho menos antiimperialista, pero sí logró ubicarse como un gobierno “progresista moderado”, ganando el apoyo de diversos sectores burgueses y populares. Un aspecto muy sonado de su discurso fue la famosa “transversalidad”, es decir la búsqueda de sectores políticos afines, no necesariamente peronistas, aunque no tuvo mayor repercusión más allá del apoyo efímero de algunos sectores de la UCR: no significó la construcción real de una nueva alternativa política más allá del PJ; es más, como está visto, podemos decir que el mayor fiasco de la “transversalidad” fue la fórmula de gobierno que lo sucedió: Cristina Fernández-Julio Cobos, este último proveniente de la UCR.

Donde sí logró algunos avances importantes a su favor fue en la cooptación de varias organizaciones sociales, movimientos piqueteros y la mayoría de los organismos

18 ♦ Argentina: de la Rebelión del 2001...

de derechos humanos. Siendo esto así, lo cierto es que desde su primer gobierno el kirchnerismo buscó asentarse en la conjunción de dos aparatos nefastos: el político, del PJ, plagado de caciques corruptos en el conurbano bonaerense y en provincias; y el sindical, de la CGT, con Moyano al frente, quien, no por casualidad, terminó finalmente compartiendo la conducción del PJ con el propio Néstor Kirchner.

Mientras se fue conformando este marco, el primer gobierno kirchnerista desarrolló, también a su modo, un discurso a favor de los derechos humanos y adoptó algunas medidas importantes como la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo cual impulsó la reapertura de los juicios a los genocidas. Evitó la represión abierta y directa a la protesta social, pero no se propuso que ésta se hiciera efectiva a escala nacional. En este sentido, el asesinato del docente Carlos Fuentealba, en Neuquén, es la expresión de una política represiva más focalizada y solapada pero siempre presente. Por otra parte, la anterior desaparición de Julio López, en el marco de los juicios a los represores, puso en evidencia los límites de la actual política de derechos humanos. Pero además, la política de derechos humanos del kirchnerismo no contempla las violaciones a los mismos que siguen vigentes en la actualidad: los casos de gatillo fácil, la impunidad con la que actúan los aparatos policiales a nivel nacional, la trata de personas, las mujeres desaparecidas en democracia, la esclavitud laboral a la que son sometidos sectores de inmigrantes, etc. Todo esto, salvo algunos gestos parciales, no cuenta con ninguna decisión política que contrarrestre semejante ignominia. Debemos agregar que, mientras el kirchnerismo se jacta de “no reprimir”, es evidente que alienta o deja correr la criminalización y judicialización de la protesta social, lo cual puede verse en los más de 5.000 procesados por causas políticas de la actualidad.El gobierno de Cristina Fernández (2007 hasta el presente) ganó las elecciones en la primera vuelta, dando cuenta de que la gestión de su antecesor había logrado un amplio respaldo de diversos sectores sociales.

La gestión kirchnerista, hasta ese momento, especialmente por el crecimiento de la economía y la reducción del desempleo, así como por los

extraordinarios negocios de los sectores exportadores que dinamizan a ramas subsidiarias, pero también porque logró una nueva estabilidad política relativa, gozaba de una aprobación mayoritaria. Esta tendencia objetiva, por así decirlo, no se ha revertido en los últimos años, pero sí ha cambiado el panorama político a partir de algunas medidas planteadas por el gobierno de Cristina Fernández que afectaban o afectan sólo parcialmente los intereses de los grupos económicos concentrados.

El cambio del panorama político se produjo a partir de la famosa Resolución 125, que gravaba retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. Esta medida dio lugar a una nueva polarización político-social en 2008, en la cual los patrones del campo, con la Mesa de Enlace de los productores agropecuarios al frente, los pools de siembra y diferentes beneficiarios de los agronegocios, incluyendo a amplios sectores de la clase media, pasaron a la ofensiva contra el gobierno, utilizando y beneficiándose además con el poder de los medios de comunicación. Sin duda, no estaba en los cálculos del gobierno que la tal Resolución 125 desatara semejante tormenta. Menos aún que se colocaran en una actitud opositora beligerante quienes se habían beneficiado extraordinariamente con los negocios del campo. La polarización se expresó de tal forma que llevó a la ruptura del propio gobierno: el vicepresidente Julio Cobos pasó a rechazar desde entonces la política de Cristina Fernández y rompió su efímera alianza con el peronismo para sumarse al conglomerado opositor.

De esta manera, diversos sectores políticos en crisis,

como la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo disidente,

junto con un lamentable rol de algunas corrientes de

izquierda y de centroizquierda, contando además

con el apoyo servil de los medios monopólicos de

comunicación, pasaron a conformar un conglomerado

político beligerante. Este conglomerado, que sin

embargo no ha logrado hasta ahora conformar ninguna

alternativa sólida de recambio al kirchnerismo, no es

más que una expresión superestructural, por cierto

desordenada, de la polarización que señalamos.

Respecto de lo que se dio en llamar “el campo”, aunque en 2008 hicimos una primera discusión, debemos profundizarla más, teniendo en cuenta

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las transformaciones estructurales que se operaron en los negocios agro-ganaderos en las últimas décadas: la extensión de la frontera agrícola por el crecimiento espectacular de la soja con una tendencia al monocultivo, la transformación de los pequeños y medianos productores en rentistas de sus tierras, el arrinconamiento de la ganadería, la marginación de los verdaderos campesinos en zonas periféricas, etc.

La polarización alentada por “el campo” y por los medios monopólicos, condujo, como dijimos, a una nueva crisis política, por cierto diferente a las anteriores, en medio de la cual, sin embargo, el gobierno no perdió su iniciativa.

Luego de su derrota con la Resolución 125, el gobierno sufrió otro duro golpe en las elecciones legislativas de junio de 2009, cuando distintas figuras del comglomerado opositor lo relegaron a un segundo lugar, particularmente en la provincia de Buenos Aires al mismo Néstor Kirchner. Pero contrariando a una gran cantidad de analistas y sectores políticos que veían en esta situación el fin del kirchnerismo, el gobierno volvió a la carga y, entre otras iniciativas, arremetió con la Ley de Medios (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), logrando sacarla, aunque posteriormente fue entrabada en los ámbitos judiciales. Esta ley significa un duro golpe para los monopolios mediáticos, que desde tiempos de la dictadura concentran como nunca antes la información y actúan como operadores de la llamada opinión pública. El poder de los medios monopólicos, sin embargo, no está derrotado. Al contrario, la trama tejida entre jueces provenientes de la dictadura, la oposición política reaccionaria defensora de los intereses de los grupos monopólicos y el accionar de los propios medios masivos y de sus periodistas, ha impedido hasta ahora la aplicación de una ley que, de manera distorsionada, es producto de largos años de lucha social. Estamos, por principio, por la más amplia libertad de expresión y por lo tanto no apoyamos explícitamente ninguna regimentación desde el Estado en este sentido. Sin embargo, distinguimos, claramente, entre la ley de la dictadura (que siguió vigente durante más de dos décadas de democracia) y la ley actual. Por eso, más allá de todos sus límites y de las críticas que podamos hacerle, la defendemos frente a la anterior, porque

golpea a uno de los poderes más concentrados que operan contra la sociedad y manipulan la información. La visibilización del verdadero accionar político de los medios masivos de comunicación, antes considerados “neutrales” u “objetivos”, es también, en la actualidad, uno de los saldos positivos de este proceso político contradictorio.

La confrontación que vivimos en nuestro país respecto de los medios, está también presente en otros países latinoamericanos. Por citar un ejemplo, la derrota del intento de golpe de Estado en Venezuela, en 2002, fue un duro golpe para los medios de la oposición, que ofrecieron una escandalosa cobertura del golpe, legitimando su accionar. A su vez, el rol de los medios de comunicación alternativos fue muy importante para la contra-información popular en ese momento tan difícil. Esto demuestra, por un lado, que el enfrentamiento con los monopolios de la comunicación es una asignatura prioritaria para cualquier proceso de cambio social en esta época; y, por otro, que el fortalecimiento de los medios alternativos es una necesidad para que crezca el poder de los de abajo. Además, el desarrollo de ideologías y valores consumistas, individualistas, racistas, antipopulares o patriarcales está estrechamente vinculado con los contenidos que transmiten los medios monopólicos. Por lo tanto, el surgimiento de nuevas expresiones mediáticas que no planteen la comunicación como un negocio es fundamental para la pelea en el terreno cultural y simbólico. En cuanto a la situación en nuestro país, todavía está por verse cuál será la perspectiva en este sentido. Posteriormente, la creación del Fondo para el Bicentenario, con el objetivo de pagar parte de la deuda externa con el importante volumen de reservas acumulado en estos años, sufrió también un revés. El conglomerado opositor rechazó esta medida del gobierno, que en sí misma no es progresiva, ni mucho menos, ya que apunta a pagar una deuda fraudulenta heredada en su mayor parte de los gobiernos anteriores. La mayoría de la oposición, sin embargo, no presentó ninguna propuesta “positiva” al respecto; es decir no hizo más que oponerse escondiendo su intención de volver a nuevos endeudamientos externos para

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seguir pagando, lo cual significaría nuevas medidas de ajuste en el presupuesto del Estado.

En cuanto a los “planes sociales”, el gobierno actual ha creado entre otros la “asignación universal por hijo”, con lo cual ha logrado recuperar cierto respaldo, pero además ha propuesto el plan “Argentina trabaja”, destinado a crear fuentes de trabajo con la creación de cooperativas. Si bien esta medida es diferente de los ya conocidos subsidios, su manejo igualmente está relacionado al poder de los municipios afines y de sus punteros, con lo cual se excluye a las organizaciones sociales independientes del gobierno o externas al peronismo.

En cuanto a la política de derechos humanos (siempre respecto de lo sucedido en la dictadura), el gobierno de Cristina Fernández ha continuado e incluso profundizado lo diseñado e iniciado por Néstor Kirchner. Con la lentitud que caracteriza al Poder Judicial, que no se debe sólo a su dinámica conservadora particular sino a la propia decisión política del gobierno, en la actualidad hay alrededor de 1.500 represores encausados, comprendiendo a personal militar y de seguridad, así como a algunos civiles. Aunque no tenemos el dato final, a principios de abril del presente año sólo 68 tenían condena firme luego de finalizados 23 juicios. En la actualidad hay algo más de una decena de juicios, sobre más de 320 causas abiertas en todo el país. Si se tiene en cuenta que existieron más de 600 centros clandestinos de detención durante la dictadura, es evidente que la “lentitud” de estos procesos está relacionada con la polarización existente. No por casualidad Eduardo Duhalde, que se postula como alternativa peronista al kirchnerismo, ha sido el primero en plantear desembozadamente la “reconciliación” con los genocidas y la necesidad de un plebiscito en este sentido. Por cierto, tiene a su favor los vientos que vienen de Uruguay y de Chile, pero es difícil imaginar que tal propuesta u otras similares puedan contar con la aprobación de la mayoría de la sociedad. El 24 de marzo pasado, seguramente percibiendo mejor este intento de contraofensiva, centenares de miles de personas se movilizaron en todas las ciudades del país: mostraron una decisión contundente, repudiaron una vez más, masivamente, los crímenes

cometidos por la dictadura, así como también la impunidad de las fuerzas represivas que continúa vigente.

Finalmente, en cuanto al movimiento sindical, el gobierno mantiene la política clásica del peronismo, es decir la legalidad de una sola central sindical y la “unidad” de los sindicatos, contradiciendo una tendencia real que se viene expresando desde los años

90. Resulta inaceptable, por ejemplo, que hasta ahora la CTA no sea reconocida legalmente. Lo mismo podemos decir de nuevas organizaciones sindicales, como la de los trabajadores y trabajadoras del Subte de Buenos Aires, que expresan a sectores de vanguardia que han ganado la batalla contra las castas burocráticas. Sin duda, este aspecto de la política kirchnerista es uno de los más retrógrados; tiene que ver con la necesidad de apoyarse en el aparato sindical-burocrático de los Moyano y compañía, que, junto con algunos gobernadores de provincias, los intendentes y los punteros del Gran Buenos Aires, constituyen un sostén fundamental para sus planes.

Queda abierta la perspectiva sobre el fin del gobierno y el que lo sucederá. El panorama actual no permite establecer tendencias más definidas, por lo menos por ahora. Es evidente que el proyecto kirchnerista ha sufrido duros golpes, perdiendo sobre todo el apoyo de amplios sectores de la clase media. Tiempo atrás nos inclinábamos a decir que ese proyecto estaba prácticamente agotado, especialmente en el escenario que se montó alrededor de la Resolución 125. Aunque dijimos en ese momento, sin mucha seguridad, que el gobierno podía recuperarse, nos inclinamos a pensar que la “era kirchnerista” había llegado a su fin. No fue así, evidentemente, ya que en la actualidad, como está visto, está en curso una recuperación parcial del gobierno, lo cual no significa que tenga asegurada su continuidad. En este sentido, es preciso seguir atentamente la situación política y social, particularmente los vaivenes de la oposición y sobre todo si logra configurarse una alternativa de centroderecha o más reaccionaria.

Una alternativa de Lucha y Revolución Social ♦21

Los Movimientos Sociales 4

y nuestra orientación

El seguimiento de la situación política, de la polarización existente, etc., tiene como fin inmediato precisar mejor nuestra relación con las mayorías explotadas y oprimidas, con la sociedad profunda, para trazarnos una perspectiva de construcción articulada desde abajo con otros movimientos y organizaciones. Al respecto, como enunciamos en el primer punto, la conformación actual del escenario social en nuestro país es el resultado de un proceso/recorrido que, durante las últimas décadas, transformó a la clase obrera y a los sectores populares. Consideramos fundamental iniciar la discusión sobre este proceso/recorrido, deteniéndonos en algunos de sus momentos esenciales:

En 1969, cuando estalló el Cordobazo, había una clase obrera estructurada y modernizada, con grandes concentraciones fabriles, en un marco de radicalización y politización. Más allá de todas las características de ese proceso/recorrido, que mostró también una importante participación del movimiento estudiantil, la unidad obrero-estudiantil, etc., lo que interesa destacar es que el contexto en el que se daba no permitía dudar sobre su triunfo, aunque después fuera relativo, como realmente sucedió. En ese contexto existía una gran “seguridad de clase”, se salió a la lucha con la perspectiva de ganar, es decir de derrotar los planes de la dictadura de entonces (Onganía).

Otro momento importante se vivió en 1975, ya bajo el gobierno de Isabel Perón, cuando hubo una intensa movilización obrera y popular contra el famoso “rodrigazo”, el primer shock aplicado por un gobierno peronista que expresaba claramente una grave crisis económica con significativas consecuencias sociales, además en medio de la inmensa crisis política que antecedió al golpe de 1976. La lucha contra el “rodrigazo”, que tuvo como expresiones mayores el surgimiento de distintas coordinadoras obreras y una contundente huelga general, no contuvo sin embargo una subjetividad semejante a la que existió en el Cordobazo. La posibilidad de ganar, por entonces, estaba ya en duda, más aún por el rol dirigente de la burocracia sindical, pero además porque las propias coordinadoras no lograron un salto hacia una instancia superior.

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Un tercer momento también importante fue la lucha contra las privatizaciones y las medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Carlos Menem a partir de 1990. Hubo entonces grandes huelgas de resistencia: telefónicos, ferroviarios, Gas del Estado, YPF, Somisa, Aerolíneas, etc. Todas estas luchas expresaban una voluntad de resistencia, pero realmente no tenían en su horizonte el triunfo. La embestida del neoliberalismo no sólo se expresaba en las anunciadas transformaciones estructurales que luego se impusieron; se expresaba también en una subjetividad diferente: a fines de los años 60 se salía a la lucha para ganar; luego, en los 70, la posibilidad del triunfo estaba en duda; finalmente, a principios de los 90, esa posibilidad se veía cada vez más lejana.

Con los señalamientos anteriores, somos conscientes de que estamos introduciendo un tema difícil, más bien una polémica, que a su vez reclama un estudio riguroso de la historia reciente de la clase trabajadora de nuestro país. No estamos diciendo “adiós al proletariado”, ni mucho menos. Queremos dar cuenta de la subjetividad cambiante de la clase obrera, o clase trabajadora, que se ha manifestado de diferente manera en las últimas décadas. Este reconocimiento es importante y fundamental para el desarrollo de una alternativa política de transformación social, teniendo en cuenta que, con la embestida neoliberal, la clase obrera histórica del siglo XX hoy ya no existe como tal. Se ha transformado: hay “una nueva clase obrera”, lo cual también replantea su rol y su centralidad.

En los años 90, cuando se impusieron las privatizaciones, la recesión, los despidos y los retiros voluntarios, hubo quienes proclamaron, como mencionamos al principio, el “reino del mercado” y el “fin de la historia”. Se imaginaba entonces una nueva fase del capitalismo “global” basada en la “iniciativa individual”. En ese período, la clase obrera histórica fue desmantelada y la mayoría de los sindicatos controlados por la burocracia no dudaron en transformarse no sólo en agentes sino en beneficiarios de la llamada desregulación. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la historia no terminó y surgieron nuevos emergentes

sociales que se colocaron en primera línea en la lucha contra el neoliberalismo. Se fue configurando así una nueva realidad social objetiva y subjetiva de los de abajo, con una multiplicidad de sujetos inéditos: las primeras organizaciones de desocupados (los “fogoneros” de Neuquén y los “piqueteros” de Salta), sectores de la juventud marginada y excluida, sectores que reclamaban trabajo, vivienda, servicios elementales de salud, etc.

Otro elemento de novedad importante que aparece es el protagonismo de las mujeres al interior de los movimientos sociales. Con particularidades propias, se trata de un fenómeno en ascenso en todo el continente. Y, sin duda, no se trata de un protagonismo de tipo cuantitativo, ya que las mujeres son parte elemental de dichos movimientos, sino de tipo cualitativo. Las mujeres comienzan a enfrentar la feminización de la pobreza que se fue acelerando en la década de los 90 de la mano de un aumento exponencial de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Este protagonismo redundó en lo que algunas feministas llaman una feminización de la resistencia, donde las mujeres de los movimientos sociales dan cuenta de la necesidad de luchar contra el capitalismo, pero asumiendo que se trata de un capitalismo patriarcal. De esta manera, han crecido espacios de mujeres dentro de los movimientos, así como reivindicaciones fundamentales, como el derecho al aborto y a decidir sobre el propio cuerpo, la necesidad de detener la violencia hacia las mujeres, la lucha contra la trata, etc. No se trata de un aporte aritmético de nuevas reivindicaciones, sino sobre todo de una ampliación cualitativa del horizonte de transformación social.

Esta nueva configuración, que por su carácter mismo replanteaba las propuestas programáticas de la izquierda clásica, se fue desarrollando casi de manera directamente proporcional a la profundidad de la crisis social que atravesó al país en los años 90. Los movimientos de trabajadores/as desocupados/as adquirieron desde entonces un rol preponderante en la lucha contra las consecuencias del neoliberalismo. Dieron lugar, efectivamente, a lo que ahora se conoce como “nuevos movimientos sociales”, pero también a un replanteamiento de la política, a otra política,

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Una alternativa de Lucha y Revolución Social ♦23

a la autoorganización y a nuevos métodos de organización.

Este nuevo proceso/recorrido, ya sin el rol central de la clase obrera histórica, se expresó también en la rebelión social de 2001-2002. Sus protagonistas fueron también nuevos emergentes, creando las asambleas populares y diversas iniciativas de autoorganización y autogestión.

Dejando planteada sintéticamente esta discusión, queremos subrayar que la construcción de Socialismo Libertario debe pensarse en la actualidad a partir de una relación auténtica con esta nueva configuración de los movimientos sociales, que se fue desarrollando en las últimas dos décadas y que sigue vigente, más allá de todas las contradicciones existentes y ya señaladas bajo los gobiernos kirchneristas, teniendo en cuenta además sus diferentes repercusiones en distintos ámbitos. Es preciso comprender el carácter y la diversidad en la que se expresan los movimientos sociales independientes, el significado de la construcción territorial, los movimientos ambientalistas, las coordinadoras y redes contra la represión y el gatillo fácil, los movimientos de mujeres contra la trata y por reivindicaciones feministas, las nuevas corrientes estudiantiles de izquierda por fuera de los aparatos, los bachilleratos populares, los centros culturales, etc. Al relacionarnos con esta diversidad, no perdemos de vista, ni mucho menos, las nuevas expresiones de lucha de la clase obrera, en particular aquellas que surgen contra la burocracia y que se proponen nuevas formas de organización sindical. Sin duda, en el contexto planteado, cobra mayor fuerza la propuesta de un nuevo movimiento obrero, que contiene no sólo métodos de organización diferentes sino una nueva cultura que, entre otras cosas, permita su articulación real con los movimientos sociales.

Estamos proponiendo no sólo un cambio de actitud, particularmente respecto del período precedente de nuestra organización. Estamos proponiendo la afirmación de una nueva orientación que ya hemos venido ensayando en los últimos dos años, que nos ha dado resultados positivos no sólo en

cuanto a la construcción de Socialismo Libertario, sino sobre todo porque estamos aprendiendo a construir con otros/as y también para otros/as. Esta afirmación requiere, por un lado, el sostenimiento de nuestros Puntos de partida (I Congreso), los cuales plantean cuestiones de principio y programáticas fundamentales, abriéndose, al mismo tiempo, a nuevas elaboraciones y modificaciones. Por otro lado, esos Puntos de partida, por todo lo que contienen, nos demandan un aprendizaje cotidiano de otras experiencias, una apertura real y concreta que nos permita avanzar en una construcción común con otras organizaciones y movimientos.

A fines de 2009 dimos un paso muy importante contribuyendo a la constitución de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA). Esta nueva experiencia, que nos proponemos desarrollar, involucrándonos de lleno, constituye la creación de una alternativa político-social que tiene planteada su consolidación de manera disruptiva respecto de otras. No estamos en competencia con nadie y en este sentido afirmamos la nueva fase de nuestra construcción. Nos proponemos construir en común una alternativa con múltiples expresiones, rechazando el sectarismo y el aparatismo, una alternativa capaz de convocar, articular y unir esfuerzos, voluntades, pensamiento crítico y militancia para contribuir a una nueva cultura solidaria entre los/las perseguidos/as por el sistema, en la perspectiva de una transformación revolucionaria y socialista.

Buenos Airesjulio de 2010.

24 ♦ Los Movimientos Sociales...