Documento N°19

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PROCESO DEMOCRATIZADOR

Fundamentos, estrategias y limitaciones de la Prevención (II)

Por Jorge Mardones

Y Roberto Lagos

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Registro intelectual Nº 160.387

Instituto Chileno de Estudios Municipales

Universidad Autónoma de Chile

Diciembre 2006

Consejo editorial

Teodoro Ribera Rector Universidad Autónoma de Chile

Georg Spee

Vicerrector Universidad Autónoma de Chile

Sergio Thiers Director Acreditación Universidad Autónoma de Chile

Ricardo Israel

Director Ejecutivo Ichem

Andrés Chacón Secretario General Ichem

Tamara López Editora Ichem

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Jorge Eduardo Mardones Navarro

Periodista y Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Magíster en Seguridad Ciudadana y Criminología © de la Universidad Central.

Director del departamento de Seguridad Pública del Instituto Chileno de

Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile.

Roberto Lagos Flores

Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador del

departamento de Seguridad Pública del Instituto Chileno de Estudios

Municipales de la Universidad Autónoma de Chile.

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TABLA DE CONTENIDOS La seguridad pública en el proceso democratizador desde la prevención………………..5

Democracia, seguridad, prevención……………………………………………………….5

¿Hacia dónde va la prevención del delito?...............................................................10

a) La prevención como industria…………………………………………………10

b) El etiquetamiento…………………………………………………………………13

c) El paternalismo……………………………………………………………………15

La prevención dentro de la estrategia 2006-2010…………………………………..…16

Bibliografía……………………………………………………………………………………………….18

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La Seguridad Pública en el proceso democratizador desde la prevención

Democracia, seguridad, prevención

Durante el período de instauración del sistema democrático, 1990-1994, el aparato

burocrático y, por tanto, el Estado fue el actor sin contrapeso en materias de

seguridad. Comenzó a diseñar y a implementar estrategias de seguridad interior

destinadas al control de la criminalidad. Como se entiende, se basó

fundamentalmente en la disuasión y el control policial y, por supuesto, en la efectividad

de las penas. Sólo más tarde y a partir del segundo gobierno democrático, se dio

paso a la incorporación de nuevos actores y a la construcción de conceptos

preventivos a través de programas y de planes pilotos. En estudios anteriores se ha

insistido sobre la diferenciación que existe entre la seguridad pública y la seguridad

ciudadana1, estableciendo como principio rector que la conceptualización de los

fenómenos de la violencia, la delincuencia y la victimización –temor-, se relativizan de

acuerdo a la diversidad de intereses que existen. De este modo, la seguridad pública

es un asunto público o issue vinculado a la respuesta fundada en las capacidades del

Estado de ejercer la seguridad interior, donde los agentes involucrados en el ejercicio

de las acciones destinadas a la protección de los ciudadanos de ser víctimas de actos

delictivos, nacen a partir de las respuestas que entrega el propio Estado democrático,

a través del establecimiento de programas y planes que deriven en la construcción de

una política pública de seguridad.

Ya Beccaria, hace un par de siglos, amparado en el paradigma del contrato social

daba luces sobre la nueva visión de la criminalidad, rompiendo los patrones clásicos de

administración estatal del delito y con ello sentando ciertas bases que los

preventólogos modernos han adoptado. Éste señalaba que el “legislador” debía

1 Lagos, Roberto y Mardones, Jorge. La Seguridad Pública en los Gobiernos Locales. Documento de Trabajo Nº 10, Santiago, ICHEM, octubre, 2006.

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tender a evitar los delitos más que a castigarlos, desmarcándose así de la judilización

de ciertos problemas públicas y apuntando al fin último de la sociedad civil: el bien

común y la felicidad; de esta forma, insta a reforzar el aspecto educativo “pues es el

medio más eficaz de evitar los delitos”2.

En suma, ya en las bases del Iluminismo se observa la prevención de la criminalidad

como es entendida en la actualidad; como también en el positivismo criminógeno, ya

que el campo de intervención se amplía en dirección a lo social, derivando de ahí un

nuevo estadio de prevención: la prevención social del delito. Con ello se instaura un

nuevo concepto, el de peligrosidad social, ya no resulta fundamental que el individuo

transgreda la norma o cometa un delito, sino que sea peligrosa. Hay una franca

contraposición con el concepto de legalidad. Ambas corrientes tienen un correlato

patente en las políticas institucionales que se han estado aplicado y que pretenden

perfeccionarse, pero todavía sin renunciar a estas consideraciones teóricas.

Al parecer, bajo el ejemplo de los planes, programas y proyectos de prevención

ejecutados durante los gobiernos democráticos aún se mantiene vigente la discusión

en torno a la etiología del crimen y sobre cuándo y dónde actuar. Hoy en día el

énfasis es la prevención social del delito, lo que demuestra la falta de comprensión de

la complejidad del fenómeno y sus múltiples aristas: penales, policiales, preventivas,

psicosociales, comunitarias, situacionales, clínicas, etc.

Una manera de esquematizar lo anteriormente expuesto se observa en el siguiente

diagrama, cuadro Nº 1, el cual pretende dar ciertas luces sobre el campo de la

prevención dentro del problema de seguridad pública actual y con ello evitar la

amplitud conceptual del fenómeno y aportar a su precisión.

2 Véase Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Bogotá, Ed. TEMIS, 1987. Además, para una profundización del pensamiento y su implicancia histórica ver Bergalli, Roberto; Juan Bustos Ramírez y Teresa Miralles. El Pensamiento Criminológico. vol. I, Bogotá, Ed. TEMIS, 1983. Pág. 27-40.

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LA PREVENCIÓN DENTRO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Cuadro Mª 1

El cuadro Nº 1 señala los niveles de prevención en los diferentes ámbitos de

incumbencia de la seguridad pública: lo penal, lo policial y lo preventivo. De este

último se derivan tres ejes de acción donde se trabaja en la reducción de los factores

de riesgo o los refuerzos positivos de la actividad criminal.

No obstante lo anterior, persiste en el debate público la naturaleza amplia de la

prevención, enfocada en la estrategia nacional del gobierno y patente incluso en la

literatura especializada: “la prevención social tiene por objetivo prevenir el delito, a

PREVENCIÓN

Prevención Social

del delito

Prevención Penal

del delito

Prevención Policial

del delito

Prevención Psicosocial Prevención

Comunitaria

Prevención Situacional

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través de la reducción de los factores de riesgo que llevan a que un individuo pueda

delinquir”3.

Conceptualización que presenta ambigüedades, la primera es que “sesga” el campo

preventivo solamente a lo social, dejando de percibir la prevención del sistema de

control y del sistema punitivo. Segundo, es “imprecisa” porque se centra solamente en

el actor o sujeto que delinque, siendo en cambio necesario recalcar que la prevención

actúa más que en el sujeto en su conducta, por ello habría que adicionarle a la

definición de los expertos arriba citada, la promoción de conductas desviadas de los

valores establecidos por la sociedad. Mediante esta explicación se comprueba el

fenómeno demasiado amplio de la prevención y su falta de precisión.

Por una parte, es conveniente señalar que la prevención penal adhiere al modelo

clásico de la criminología, ámbito de acción de la tradicional teoría penal del delito,

en ella, la pena se presenta como una herramienta disuasoria, donde la prevención es

abordada desde el delito; acompañada con importantes niveles de moralidad, es

decir, lo que importa en este universo de prevención es el comportamiento basado en

las normas legales, en definitiva en la ciencia normativa. Un nivel de prevención

esencialmente clásico dentro del pensamiento criminógeno tradicional.

Por otra parte, La prevención policial también es un ejemplo de la evitación del delito

mediante estrategias de trabajo focalizadas, incorporando técnicas de prevención del

crimen al trabajar sobre el espacio físico, un ejemplo de ello son los sistemas de

georreferenciación utilizados por las policías. Carabineros incorpora la seguridad

preventiva a través de la conformación de microzonas – barrios rojos según la Escuela

de Chicago – que se identifican y se priorizan de acuerdo su grado de peligrosidad,

llegando incluso a implementar índices de vigilancia, de los cuales se da un mayor

3 Véase Vanderschueren, Franz; Marcus, Michel; Lunecke, Alejandra y Jean Pierre Buffat. Políticas de Seguridad Ciudadana en Europa y América Latina. Santiago. División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, 2004, pág. 194.

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puntaje a aquellos sectores “etiquetados” como vulnerables. Este modelo preventivo

también tiene su referente en el Modelo Ecológico del crimen.

Finalmente, la prevención social del delito es la aplicación más usada y divulgada

durante la democracia, profundizada mediante la Estrategia Nacional

Antidelincuencia de 2006, la cual se basa en 3 principios fundamentales: la

integralidad, es decir una respuesta que abarque las distintas dimensiones de la

prevención, la corresponsabilidad, es decir, la incorporación o inclusión de otros

actores y la participación activa de la comunidad organizada. Un modelo preventivo

arquetípico es el Programa Comuna Segura, que se inició con el apellido Compromiso

Cien y que en la actualidad vive un proceso de reestructuración. Este modelo de

intervención social basado en el enfoque de prevención social tiene su fundamento en

las Teorías Subculturales, incorpora aspectos de las Teorías de la Neutralización, del

Arraigo social, de la Contención y la Teoría subcultural de Cohen, entre las más

destacadas, puesto que las políticas públicas criminales sustentadas en este modelo

identifican la etiología del crimen en los factores de riesgo del sujeto, existen por tanto,

subculturas criminales que se alimentan de la frustración que experimentan los

individuos, básicamente jóvenes, de las clases sociales bajas al tratar de conseguir, sin

éxito, un status económico pretendido. Por tanto, este tipo de subcultura aparece

especialmente en los sectores donde se carece de oportunidades para triunfar de una

manera lícita. En consecuencia, esta aspiración de metas socialmente prescritas bajo

condiciones que impiden el legítimo acceso a éstas, es un preludio ya de la desviación,

(riesgo social, vulnerabilidad, peligrosidad –en definitiva– precrimen).

Como se entiende, la prevención social del delito incluye en su campo de acción

aspectos específicos de análisis. Este artículo propone la adopción analítica de tres

ámbitos de prevención social: primero la prevención psicosocial que promueve

cambios conductuales, comportamentales y cognitivos en el sujeto parte de los

campos de peligrosidad social teorías - Escuela Clínica -; segundo, la prevención

situacional al propender a la reducción de las oportunidades de la ocurrencia del

delito en el espacio público, con marcado énfasis en el espacio físico, cuya

herramienta principal es la disuasión del crimen mediante mejorías urbanas – teorías

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ecológicas-. Por último, la prevención comunitaria, ampliamente utilizada en los

programas de gobierno y que han promovido la información y el contacto vecinal, la

conformación de subculturas barriales que brinden conocimiento y protección social

informal – teorías subculturales -. En suma, medidas que en diferentes niveles tienden

a la reducción de los factores de riesgo personal, comunitarios y espaciales pero

diferenciados y según lineamientos y fundamentos propios.

¿Hacia dónde va la prevención del delito?

De acuerdo a los alcances de los capítulos anteriores se puede señalar que ha

existido, acentuándose en la actualidad, una visión amplia sobre lo que se entiende,

en el discurso público, por “prevención”. Contribuyen a su amplitud las instituciones

encargadas (Ministerios, policías), las agencias colaboradoras o co-responsables

(centros de estudio, asociaciones) y los medios de comunicación, transmitiendo a la

comunidad mensajes simples, vagos, hasta contradictorios4. Uno de ellos: la seguridad

pública es responsabilidad de todos. Aún más, la extensión del concepto y su

abordaje se difuminan cuanto más al ejecutar acciones a nivel local, vecinal o barrial;

pudiendo encajar bajo el paradigma preventivo cualquier acción que razonada

socialmente busque intervenir promoviendo o modificando conductas, sin el debido

respaldo del saber científico, sin el sentido de ciencia y de realismo, que permite

establecer una visión sinóptica de la realidad vinculada al hecho social.

a) La prevención como industria

El propósito científico de la prevención es la interacción entre el ser humano y el medio

y la génesis del aprendizaje de la conducta criminal, donde influyen los refuerzos

negativos y positivos de la conducta desviada, en consecuencia, según la

4 Para una visión general sobre la relación medios de comunicación y los “intereses y demandas” de los consumidores de noticias (receptores), véase Dastres, Cecilia. ¿Visiones personales, ideología o mercado al momento de informar? Un análisis de las noticias sobre inseguridad ciudadana desde el emisor. Serie Estudios, Centro de estudios en seguridad ciudadana, Universidad de Chile, Santiago, 2002.

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preventología, será por ello imprescindible reducir o disminuir los refuerzos positivos de

la actividad criminal. El trabajo preventivo estaría radicado entonces en el manejo

-control y reducción- de estos refuerzos, el anteponerse a un hecho, el pre-crimem.

Se actúa bajo un modelo, a diferencia de la criminología tradicional, donde todavía

no existe el delito, en una etapa pre-delictual, fundamentando el accionar en el

peligro de una posible conducta social, con ello difuminando el objeto de intervención

de la criminología y las políticas públicas de reducción del delito: delito – delincuente –

víctima – control social de conductas a predelito – predelincuente – control social

informal.

En consecuencia podríamos hablar de la existencia de una “industria de la

prevención”, que se instala con una serie de sustitutivos penales desde el ámbito de lo

social, económico, político, religioso, familiar, educativo; confundiendo el trabajo de

programas y planes de gobierno al servicio de la seguridad pública, la prevención y el

control del delito. Esta industria preventiva que se operacionaliza a través de planes y

programas (Programa Comuna Segura, Programa Previene, Programas de Mediación

Escolar, Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia, entre muchos otros),

parecería contener: prevención de conductas de riesgo (drogas, alcohol, violencia,

discriminación, precariedad laboral, desigualdades), prevención de conflictos o

situaciones difíciles (violencia escolar, intrafamiliar, vecinal), prevención ambiental

(contextual o situacional, seguridad urbana, espacios físicos, mejoramiento vial); en

definitiva, una industria preventiva como parte de la oferta pública, actuando donde

no hay delito, anticipándose basados en el saber técnico, en los “expertos positivistas”,

es decir, fundamentando la intervención en el afán humano de anticiparse a todo, de

extender al máximo las posibilidades de acción del aparato público, sustentado en la

ecología de la prevención: útil, pero desarticulada, poco rigurosa; con la secuela de

promover «consecuencias no buscadas», a veces perniciosas para la misma estrategia

prevencionista. Una de ellas, la estigmatización social y territorial, que fomenta el

inmovilismo del sujeto intervenido, una segunda, la multiplicación de la oferta

preventiva y su adopción por parte de los gobiernos locales sin la debida transferencia

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de recursos; una tercera, cuanto más grave, la prevención sin evaluación y

sistematización de resultados y de impacto social. En suma, aparte de sus indiscutibles

ventajas: coherencia lógica, relación costo-beneficio y sustento teórico, entre otras;

también posee limitaciones (estigmatización, “ofertazo preventivo”, parcialidad

ideológica) y carencias (resultados, sustentabilidad, recursos).

La presencia de una industria de la prevención se hace evidente cuando agentes

públicos y privados construyen un lenguaje común, un tanto inusual, al señalar que la

respuesta más clara, efectiva y duradera en torno a la seguridad pública es la

prevención de la criminalidad.

Ha existido una promoción comunicacional con respecto al tema y generada desde

distintos ámbitos: gobierno, centros privados de estudio, partidos políticos,

municipalidades. Y se ha convertido en una industria, pues ha sido la respuesta

políticamente correcta a ciertos factores que apremian la reducción de la

criminalidad: inmediatez, (altas consecuencias políticas derivan de la inacción pública)

higienismo, (relativamente escasas consecuencias políticas trae sustentar acciones en

el marco preventivo), transversalidad (la prevención es una herramienta que si bien

surge de un sector ideológico progresista es aceptada por el conservadurismo político

sin grandes complicaciones). Además es respaldada por la literatura y es inocua para

la sociedad, a diferencia del control del delito o su penalización pues la sensibilidad de

los actores políticos se acentúa, emergen mayores argumentos doctrinarios y se

observa un mayor debate ideológico sobre cómo enfrentar criminológicamente el

tema. En cambio, la prevención está menos ideologizada y es neutral políticamente

aún cuando haya sido adoptada y promovida por el pensamiento progresista.

Profundizando, la prevención del delito como punta de lanza de la política criminal

industrializada estimula el accionar público inmediato, pues dejar las tareas de

seguridad en statu quo es un suicidio gubernamental: hay que intervenir con población

en riesgo (estigmatización territorial), hay que evitar el inicio de la carrera delictual

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(estigmatización social), hay que hacer funcionar programas de prevención que

sustenten ese modo de intervención social (oferta programática), lo cual, como toda

industria, produce ganancias: para los ejecutores de las mismas un aparato

burocrático funcionando, para la sociedad, la percepción de que el sistema político

está generando outputs, para la academia, el almacenaje de literatura, ya que en

general las evaluaciones de las políticas de reducción del delito basadas en la

prevención social demuestran su efectividad5. En este sentido se podría decir que lo

que importa para los efectos de un accionar gubernamental no es lo que ocurre (el

saber científico y la realidad de los hechos), sino lo que se piensa que ocurre, los

supuestos del quehacer preventivo.

b) El etiquetamiento

Una «consecuencia no buscada», que opera en este afán preventivo es la generación

de caretas o figuraciones falsas, proveniente de la “teoría de las etiquetas”6, que

ahondan más que solucionan el problema, la estigmatización social y territorial: los

carteles de escuelas críticas, barrios vulnerados, barrios vulnerables, población en

riesgo, barrios rojos, extranjeros ilegales, encarcelados, etc.; siguiendo a la Escuela de

Chicago. Una clasificación con la cual los policy makers y los ejecutores de las mismas

orientan sus estrategias de intervención, focalizando recursos y con ello aplicando a

grupos o redes sociales los calificativos de “riesgoso”, “peligroso”, “potenciales

desviados”, como fatales al control social de parte de las instituciones democráticas

de derecho, como algo nocivo para la integralidad y estabilidad social. La prevención

puede ser usada como una herramienta burocrática que captura a los «sujetos-

objetos» que no se comportan según los cánones institucionales, los asisten y procuran

convertirlos al paradigma de control dominante.

5 Una muestra completa de programas preventivos y sus alcances, efectos y resultados en el enfoque de prevención de drogas en Becoña, Elisardo. Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Madrid, 2002. En cuanto a la prevención del delito ver Werth, Francisca. Prevención social del delito. Pautas para una intervención temprana en niños y jóvenes. Fundación Paz Ciudadana, abril, 2006. 6 Es el self-fulfilling prophecy; la comunidad y los agentes burocráticos estudian e intervienen sobre el sujeto según lo previsible, según su comportamiento criminal futuro, coartando sus oportunidades reales, consolidando un estigma y afectando así la libertad individual.

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En suma, opera sobre explotado el prevencionismo en torno al delito, imprescindible

como foco de políticas, pero exagerado en el discurso público y que por su amplitud,

inmediatez, higienismo y transversalidad carece de mediciones, de resultados

concretos y dificulta el análisis y la rectificación o corrección de los errores que

contienen las políticas y programas que la promueven.

En este sentido, existirían dos caminos posibles: el acotamiento o la potenciación. Por

una parte, acotar, es decir, reducir el concepto de la prevención social del delito

hacia intervenciones imprescindibles, certeras y comprobadas, por ejemplo,

prevención situacional, trabajando sólo sobre los factores determinantes de la carrera

delictual, apartando intervenciones correspondientes a otras áreas (reescolarización sin

el enfoque criminológico, prevención del consumo de drogas sin el enfoque de control

del delito). Por otra parte, potenciar, o sea, apropiarse de la amplitud de la

prevención e incorporar “competencias” y “habilidades” a través de la prevención

psicosocial pero no como una forma de reducir o disminuir la posibilidad de que un

sujeto etiquetado inicie una carrera delictual, pierda el control y desafíe el orden y la

convivencia, por el contrario, incorporarlo a la estructura social, participante de la

comunidad y de la sociedad civil mediante un aumento considerable en sus recursos

personales y en el fortalecimiento de sus lazos sociales.

De alguna forma, la ingeniería social, la construcción de intervenciones preventivas

sobre «sujetos-objetos», según sus etiquetas, emergen de agentes estatales constituidos

en actores conservadores de un orden y ejecutores del control social formal e informal.

Es en definitiva, la disposición de un Estado que dictamina y clasifica a sus gobernados

y los etiqueta y diseña estrategias para prevenir el delito. Una especie de Estado

Terapéutico con la misión de sanar a sus gobernados, un Estado Paternalista, que

enseña a sus dirigidos los caminos correctos, exige rendimiento y no discute, sino que

impone las conductas que quiere y no quiere aceptar.

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c) El Paternalismo

Una política paternalista se caracteriza por coartar la libertad individual al proteger al

sujeto de su propia conducta con el fin de desarrollar formas de vida compatibles con

la reproducción social de un orden y con promover su propio bienestar.

En lo que respecta a la prevención de conductas desviadas se buscan disminuir los

refuerzos positivos de la actividad criminal con el objetivo de contener y dirigir al

individuo hacia un modelo diseñado por la sociedad en su conjunto, impide que el

sujeto actúe según su criterio, pues bajo este supuesto, el camino criminal es algo que

el sujeto no desearía si tuviera información completa, supiera sus consecuencias y

actuara bajo el principio de la legalidad. La justificación estatal se basa en lo palpable

del daño social que acarrea la delincuencia, la violencia y la victimización.

Sin embargo, ¿bajo qué principios los preventólogos intervienen socialmente? A través

de ellos el Estado Paternalista indica a sus ciudadanos los modos correctos de

comportarse bajo una idea propia del bien, y la manera de encausar conductas

peligrosas o riesgosas es previniéndolas. De este modo, implementa programas para

que sus gobernados eviten realizar acciones que razonablemente podrían rechazar.

Impera la siguiente lógica: el Estado tiene el deber de impulsar a sus dirigidos a prevenir

el riesgo, a protegerse; el Estado y sus instituciones –mediante su brazo armado policial

y el aparato burocrático- orientan el accionar de la sociedad buscando inhibir el

delito. En ese momento, se desliza la posibilidad de ver a los ciudadanos como

receptores, como objetos, y se les inculca la responsabilidad de no ser agentes

perturbadores del orden y la paz públicos, bajo el prisma de que “todos podemos

delinquir”, “todos tenemos responsabilidad en el problema y en buscar su solución”.

En líneas generales es correcto y provechoso impulsar estrategias públicas según los

lineamientos prevencionistas, lo cuestionable es que dentro de esa amplitud

conceptual, etiquetamiento social y territorial y paternalismo estatal se impida ver con

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claridad al agente rendidor de cuentas, puesto que ¿quién es el responsable de los

resultados de las políticas de seguridad pública? ¿Quién responde ante la ciudadanía

por el accountability del sistema político?7

La prevención dentro de la estrategia 2006-2010

La nueva estrategia gubernamental presentada en noviembre de 2006, propone

como núcleo decisorio una Subsecretaría de Seguridad Pública, organismo que

vendría a rendir cuentas por las políticas de seguridad y a unificar una institucionalidad

difusa, con lo cual podría convertirse en un actor con un peso político relevante en la

materia frente al cual exigir resultados8.

La Estrategia Nacional considera 6 ejes de acción: institucionalidad, información,

prevención, control y sanción, rehabilitación y asistencia a las víctimas. Mantiene y

tiende a profundizar aspectos de prevención señalados en líneas anteriores. Primero,

dentro de la prevención psicosocial conserva la prevención de conductas violentas en

el sistema escolar, la prevención del consumo y tráfico de drogas en variados ámbitos

(familiar, escolar, laboral, vecinal) y la prevención etiquetada en torno a niños y

jóvenes vulnerables. Segundo, la mantención de acciones en prevención situacional,

dada su eficacia y la posibilidad de transferir recursos a las comunidades locales, y

tercero, la profundización de la prevención policial a través de mayor presencia

policial preventiva mediante el aumento de carabineros y la extensión del “Plan

cuadrante de Seguridad Preventiva” a 100 comunas el año 2010. Con todo, se

visualiza la «extensión» del quehacer gubernamental en el prevencionismo social del

7 Concepto que en su significado amplio busca que individuos y organizaciones sean responsables por su desempeño, medido lo más objetivamente posible, va más allá de una definición legalista y del combate a la corrupción o el abuso en el sector público. 8 Entre otros velar por el cumplimiento de promesas gubernamentales, como por ejemplo: “reducir en un 10% el número de hogares victimizados y en un 9% la victimización por delitos de mayor connotación social”. Entrevista a Felipe Harboe, Subsecretario de Interior en La Nación, domingo 3 de diciembre 2006.

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delito, intentando en esta partida imponer metas y resultados claros, pero enfocados

fundamentalmente en lo concerniente a lo psicosocial y a lo comunitario.

Habrá que esperar a que el Chile del Bicentenario pueda evaluar finalmente los

avances de esta estrategia y dar cuentas a la ciudadanía, como también la

mantención de un discurso que apela a la responsabilidad de la comunidad en

general obviando a actores importantes que tienen atribuciones y facultades

especiales en la materia.

Por otra parte, la estrategia también pone énfasis en la prevención policial a través de

la “disuasión” de conductas, todo ello, buscando propender a la modernización

policial con miras a una policía más comunitaria e integrante de la comunidad. Sin

embargo, profundiza la sobre intervención poblacional –sectores etiquetados que

sufren intervenciones gubernamentales esporádicas, difusas– y aumenta el aparato

burocrático en torno a los fenómenos de la delincuencia, la violencia y la victimización.

Sólo cabe esperar el cumplimiento de las promesas y la evaluación del impacto de

estas acciones públicas y el debido aprendizaje del aparato público y de los expertos

frente al fenómeno.

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Bibliografía

Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Bogotá, Ed. TEMIS, 1987. Becoña, Elisardo. Bases científicas de la prevención de las drogodependencias.

Delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio del Interior, España, Madrid, 2002.

Bergalli, Roberto; Juan Bustos Ramírez y Teresa Miralles. El Pensamiento Criminológico.

Vol. I, Bogotá, Ed. TEMIS, 1983. Dastres, Cecilia. ¿Visiones personales, ideología o mercado al momento de informar?

Un análisis de las noticias sobre inseguridad ciudadana desde el emisor. Serie Estudios, Centro de estudios en seguridad ciudadana, Universidad de Chile, Santiago, 2002.

Figueroa, Carlos. Seguridad Ciudadana: Una tarea del Estado. En Seminario

Internacional Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior y Fundación Konrad Adenauer, Santiago, 1995.

Fouillioux, Luciano. Seguridad Ciudadana en Democracia. Documento de Trabajo Nº

4, Santiago, ICHEM, 2006. García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología. Madrid, Ed. Espasa Calpe,

2003. Lagos, Roberto y Jorge Mardones. La Seguridad Pública en los Gobiernos Locales.

Documento de Trabajo Nº 10, Santiago, ICHEM, octubre, 2006. La Nación: “Estrategia Segura”, 3 de diciembre de 2006. Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Estrategia Nacional de Seguridad Pública

2006-2010. Santiago, Noviembre, 2006. Mir Puig, Santiago. Función de la pena y teoría del delito en el estado social y

democrático de derecho. (2° Ed.), Barcelona, Bosch, 1987. Vanderschueren, Franz; Marcus, Michel; Lunecke, Alejandra y Jean Pierre Buffat.

Políticas de Seguridad Ciudadana en Europa y América Latina. Santiago. División de Seguridad Ciudadana, Ministerio del Interior, 2004.

Werth, Francisca. Prevención social del delito. Pautas para una intervención temprana

en niños y jóvenes. Fundación Paz Ciudadana, abril, 2006. (Fecha de consulta: 12 diciembre 2006). Disponible en: <http://www.pazciudadana/documentos/Pautasparalaprevencion.pdf>

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Publicaciones anteriores Documento Nº 1 “Análisis Jurídico en los gobiernos locales” Autor Marcelo Villagrán Documento Nº 2 “Descentralización y autonomía durante los gobiernos de la Concertación” Autor Andrés Chacón Documento Nº 3 “Gobierno local y participación ciudadana” Autor Manuel Acevedo Documento Nº 4 “Seguridad ciudadana en democracia” Autor Luciano Fouillioux Documento Nº 5 “Paradiplomacia municipal” Autora Claudia Godoy Documento Nº 6 “Educación en Chile” Autor Álvaro Arriagada Documento Nº 7 “Desarrollo económico local” Autores Juan Ibacache y Ricardo Tichauer Documento Nº 8 “Chile: un municipio social con limitaciones para impulsar el desarrollo local” Autor Mario Rosales Documento Nº 9 “La ciudad y la comuna: roles y expectativas” Autor Miguel Laborde Documento Nº 10 “La Seguridad pública en los gobiernos locales” Autores Jorge Mardones y Roberto Lagos Documento Nº 11 “La descentralización del sistema educativo” Autor Leandro Zamorano Documento Nº 12 “El ciudadano como cliente del municipio” Autor Andrés Rodríguez Documento Nº 13 “Justicia de policía local: aplicación Ley de Protección de los derechos del consumidor a los usuarios de concesiones de obre pública” Autor César Rojas Documento Nº 14 “Estudios de métricas de la sociedad de la información” Autor Marcelo Vera Documento Nº 15 “Procedimientos de contratación y licitación municipal” Autor César Rojas Documento Nº 16 “La seguridad pública en el proceso democratizador” Autores Jorge Mardones y Roberto Lagos Documento Nº 17 “Lenguaje y teoría de la mente: un estudio exploratorio” Autores Natalia Salas, Paula Bedregal, Verónica Figueroa, Francisco del Río y Ricardo Rosas Documento N° 18 “Modelos de administración electrónica y su impacto en la gestión municipal” Autor Andrés Rodríguez