IZQUIERDA UNIDA FEDERAL

I JORNADA SOBRE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y CREACIÓN DE UNA BANCA PÚBLICA EN ESPAÑA

Documento de síntesis

Madrid, 25 de julio de 2009

Introducción

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La I Jornada sobre Reestructuración del Sistema Financiero y Creación de una Banca Pública en España, que se ha celebrado en Madrid el 25 de julio de 2009, ha tenido como objetivo comenzar a definir una alternativa frente al esquema de reestructuración del sistema financiero español que está concretando el Gobierno del PSOE mediante la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y elaborar los ejes de un sistema de Banca Pública, como instrumento esencial para un nuevo modelo productivo alternativo al que ha profundizado la crisis en España. Se trata de propuestas estratégicas que deben contar con la participación más amplia posible de la izquierda política, social y sindical alternativas.

Con esta intención, esta I Jornada se ha hecho sobre un modelo de debate muy abierto, con más preguntas que propuestas, con la finalidad de que haya un proceso de discusión lo más participativo y fresco posible. Una de las conclusiones de la Jornada es la continuación del trabajo en una II Jornada, a celebrar en otoño, para la que este Documento de Síntesis tendrá el carácter de documento preparatorio.

Al mismo tiempo, este Documento es ya un Documento de trabajo a disposición de la Dirección de IU, y de sus federaciones y organizaciones, para el desarrollo de los acuerdos adoptados en el Pleno del Consejo Político Federal celebrado el 27 de junio de 2009, en el marco del Informe político aprobado con relación a la valoración del FROB y de su repercusión en las Cajas de Ahorro.

I.- EL RESCATE DE LA BANCA PRIVADA, EJE DE LA POLÍTICA ANTICRISIS DEL GOBIERNO DEL PSOE.

I.1.- Las políticas de enfrentamiento de la crisis por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero han aparecido hasta principios del verano como faltas de coherencia, aparte de equivocadas.

Sin embargo, tras la aprobación del FROB comienzan a aparecer con una mayor coherencia y articulación. En definitiva, responden al concepto de que la crisis es sólo una crisis financiera y que el rescate de la Banca Privada es el objetivo estratégico al que debe sacrificarse todo lo demás. No ha existido ninguna medida, entre las adoptadas hasta ahora por el Gobierno, que no conduzca inevitablemente a la ventanilla de un Banco (bien con ayuda directa o avales, bien para pagarle intereses o bien para pagarle comisiones). Hasta las ayudas a los Ayuntamientos para adelantar sus pagos a los proveedores, en lugar de hacerse directamente por el ICO, por ejemplo, se ha hecho a través de créditos de la Banca privada que generan intereses e incrementan el endeudamiento de los Entes locales.

Sin embargo, no hay ninguna condición para los Bancos; ni siquiera se concreta la lucha contra los paraísos fiscales que se presentó como el gran acuerdo del G-20.

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El profesor Torres plantea en un reciente artículo que es precisa la regeneración del sistema financiero, estableciendo nuevas reglas y mucha mayor disciplina, limitar radicalmente la capacidad de crear dinero de los bancos y establecer mecanismos para que el ahorro fluya hacia la actividad productiva. Para ser eficaces, añade Juan Torres, hay que nacionalizar entidades financieras y recuperar la lógica del servicio público.

No es posible una regeneración del sistema financiero, acorde con el interés general, desde la lógica de la banca privada. Cuando Rodríguez Zapatero pide a los bancos que trasladen crédito a las empresas y las familias, la respuesta de la AEB es meridiana: los bancos no son ONG; su primera obligación es obtener beneficio.

I.2.- Tres ideas fuertes para comenzar el debate

El sector financiero es tan importante que cuando funciona mal no puede ser penalizado por el mercado, sino rescatado por el Estado. Eso mismo exige que esté bajo control público y que un fuerte sector público garantice que el alcance de sus crisis no es sistémico.

El sector financiero privado está demostrando no ser funcional para la salida de la crisis ni para un modelo progresista post-crisis. Es decir, no cumple su papel de intermediación. La existencia de un polo financiero público estaría asegurando en estos momentos los recursos necesarios para asegurar la intermediación y una política contracíclica.

La configuración de un nuevo modelo productivo, alternativo al que ha generado la crisis, no puede hacerse sin un liderazgo público y, por tanto, sin que el sector público tenga una presencia importante en el sistema financiero. Es evidente, además, que la reestructuración del sistema financiero esta íntimamente ligada a la construcción del modelo productivo que permita salir de la crisis. El sistema financiero debe estar al servicio de la reconversión productiva del país. Es ahí donde gana fuerza la apuesta por un tipo de banca distinta a la convencional, en su capacidad potencial de canalizar recursos en función de criterios del largo plazo, para crear una nueva estructura sectorial que obedezca a otra forma de producir, a una racionalidad social y ambiental, laboral etc. Es altamente improbable que la banca privada pueda hacer frente a este objetivo.

I.3.- El papel del Sistema financiero de Maastricht

Las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) se establecen en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y quedan especificadas en los Estatutos del SEBC y del Banco Central Europeo (BCE), que son un protocolo anejo al Tratado.

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El texto del Tratado se refiere al «SEBC» y no al «Eurosistema». Su redacción se basó en el supuesto de que todos los Estados miembros de la UE adoptarían el euro. Hasta ese momento, el Eurosistema llevará a cabo las funciones atribuidas al SEBC.

El objetivo primordial del SEBC será mantener la estabilidad de precios (es decir, controlar la inflación y «sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas generales de la Comunidad con el fin de contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el artículo 2». (apartado 1 del artículo 105 del Tratado)

El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central de la moneda única europea, el euro. La función principal del BCE consiste en mantener el poder adquisitivo de la moneda única y, de este modo, la estabilidad de precios en la zona del euro. La zona del euro comprende los dieciséis países de la Unión Europea que han adoptado el euro desde 1999.

Los bancos centrales nacionales pueden ejercer también otras funciones, además de las especificadas en los Estatutos, a menos que el Consejo de Gobierno decida, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que dichas funciones interfieren en los objetivos y tareas del SEBC. Dichas funciones se ejercerán bajo la responsabilidad de los bancos centrales nacionales y no se considerarán parte de las funciones del SEBC.

Este objetivo central de controlar la inflación ha conducido a efectos contradictorios sobre el empleo y el desarrollo de la economía real. ViÇens Navarro afirma en un reciente artículo: “¿Cómo ha contribuido el Banco de España a aumentar el desempleo? El eje del crecimiento económico en España ha sido el maridaje del capital financiero con la especulación inmobiliaria y la industria de la construcción, todo ello realizado bajo la supervisión del Banco de España, que se ha caracterizado por su defensa de los bancos (pero no de sus usuarios), que incluso hoy constan como las entidades empresariales bancarias con beneficios más elevados en la UE-15. La constante argumentación en defensa del Banco de España indica que gracias a su supervisión y exigencia, la banca española no ha sido afectada negativamente en la crisis actual, sin experimentar quiebras bancarias. Pero una cosa es la salud del empresariado financiero y de los accionistas (que han continuado gozando de amplios beneficios), y otra es la salud de los usuarios de la Banca. En realidad, España continúa teniendo el crédito de mayor coste en Europa, incluyendo el de las tarjetas de crédito, sobre lo cual el Banco de España tiene gran responsabilidad. ¿Por qué el Sr. Miguel Ángel Fernández Ordóñez no ha hecho una autocrítica (pues eso ha ocurrido también durante su mandato) y ha hecho tan poco para resolver esta situación? El Banco de España confunde su responsabilidad pública de proteger y apoyar los intereses de los usuarios (empresas e individuos) con la defensa de los intereses empresariales de la banca. No es función pública ayudar a la banca, sino el ayudar a sus usuarios, labor que ha estado muy poco desarrollada en España.”

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La legislación europea dificulta la creación de un polo público financiero, no obstante, por citar algunos ejemplos, en Alemania existen bancos públicos en cada uno de los lander, aunque algunos de ellos en una situación financiera comprometida. Recientemente se ha aprobado la Ley Alemana para la nacionalización de bancos en crisis (18 de febrero de 200)). El gobierno británico utiliza el nacionalizado Northern Rock para hacer llegar crédito a las familias y las empresas.

En general, en Europa existe un modelo semejante al de las Cajas de Ahorro muy extendido, por ejemplo el de las Caisse d’Epargne en Francia, banca pública como la Banca Postal y la Caisse des Dépôts et Consignations en Francia, los Bancos ya citados de los Lander alemanes, la Caixa Xeral de Depósitos en Portugal, etc.

A los efectos que nos interesan resultan muy interesantes la fuerza y el papel de los bancos cooperativos y mutualistas en algunos países europeos.

Fuera de la UE, conviene destacar que el principal accionista bancario del mundo es hoy el Gobierno de los Estados Unidos

1.4.- Los antecedentes recientes de la Banca Pública en EspañaEn 1987 se aprueba la constitución de un holding financiero para reunir a los cuatro bancos públicos existentes, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrario y Banco de Crédito Local. En 1991 nace la Corporación Bancaria Española, que une los cuatro bancos anteriores con la Caja Postal y el Banco Exterior. Este sería el antecedente inmediato de Argentaria, Corporación Bancaria creada para facilitar la privatización acelerada de la Banca Pública, que desarrollaron desde 1993 Solchaga, Solbes y Rato. Los bancos serían entregados al BBVA y la Caja Postal al Deutsche Bank.

El ICO fue creado en 1971, pero hasta 1999 no se dirimió su doble papel de entidad de crédito especializada y agencia financiera del Estado. En 2009, como exigencia de la crisis, ha empezado a financiar circulante.La crisis de la Banca Española fue la crisis de la Banca Privada, la crisis de Rumasa y la de Banesto, cuya solución costaron al erario público cientos de miles de millones de pesetas. La crisis de CCM se ha utilizado como punta de lanza de la ofensiva contra el carácter público y democrático de las Cajas. La crisis de CCM está originada por dos factores: un modelo erróneo de desarrollo acordado por la Junta de Comunidades y una operativa clónica con relación a la Banca Privada.

En 2007, el Banco de España pudo evitar la gravedad acentuada de la crisis en España, si hubiera exigido el cumplimiento de la normativa a la Banca española, adaptando préstamos e hipotecas a los recursos propios disponibles y evitando el endeudamiento acelerado de la banca española que además tomaba préstamos a corto para prestar a largo.

TALLER 1

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LA REFORMA DE LAS CAJAS DE AHORRO

1.1.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y las Cajas de Ahorro

Es evidente que estamos ante un modelo acabado de reestructuración financiera que se corresponde con los intereses de los grandes sectores financieros, avalados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Un ejemplo evidente de ello es el FROB, recientemente aprobado con el voto en contra de IU.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley que aprueba el FROB, los procesos de reestructuración de entidades se acometerán en tres fases:

I. Búsqueda de una solución privada por parte de la propia entidad de crédito para reforzar su solvencia. En ausencia de esta solución entra en juego el proceso de reestructuración ordenada previsto en el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.

II. Adopción de medidas para afrontar las debilidades que puedan afectar a la viabilidad de las entidades de crédito con participación de los Fondos de Garantía de Depósitos en entidades de crédito. La propia entidad de crédito o el Banco de España deberán presentar un plan de viabilidad donde se detallen las actuaciones a tomar para acometer la reestructuración de la entidad (reforzamiento de patrimonio y solvencia o proyecto de fusión o absorción por otra entidad). Este plan de viabilidad debe ser aprobado por el Banco de España previa consulta del Ministerio de Economía y Hacienda y de las Comunidades Autónomas afectadas. En esta fase la reestructuración de la entidad de crédito se llevará a cabo con el apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos correspondiente, que podrá obtener apoyo financiero del FROB.

III. Los procesos de reestructuración con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Cuando no se haya aprobado el plan de viabilidad o no sea posible su cumplimiento, o cuando haya sido rechazado por el Fondo de Garantía de Depósitos o por el propio Banco de España, la reestructuración de la entidad se ajustará al nuevo procedimiento. Se sustituirán a los administradores de la entidad de crédito y asumirá la gestión el FROB, que elaborará un plan de reestructuración con medidas organizativas, medidas de apoyo financiero (garantías, préstamos en condiciones favorables, adquisición de títulos, valores y activos de la entidad, etc.) y con la solución a adoptar: fusión con otra entidad, traspaso del negocio a otra, subasta, etc.

El FROB también puede intervenir en los procesos de fusión, absorción y concentración de entidades de crédito, adquiriendo participaciones preferentes

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convertibles en acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social emitidas por éstas que deberán ser recompradas en cinco años. En caso contrario el FROB ejercerá su derecho y entrará en el capital de la entidad afectada.

El ataque de los grandes intereses financieros frente a las Cajas de Ahorro tiene por objetivo lograr a medio plazo su privatización, mediante tres ejes:

1) La entrada de capital privado con derechos políticos en las Cajas.2) La desvinculación de Caja y territorio, hasta el punto de que algunos

expertos anticipan que sólo quedaran 6 Cajas de Ahorro en 2012. Es decir, 11 Comunidades Autónomas se quedarían sin Caja propia.

3) La llamada “profesionalización de la gestión”, eliminando o limitando el papel de los representes de las Instituciones políticas, sindicales y sociales.

2.1.- La alternativa de IU

En su último Consejo Político Federal (27 de junio de 2009), IU aprobó la siguiente posición:

“El Gobierno ha aprobado el llamado “Plan de Reestructuración Ordenada Bancaria”. IU no se opone a que se dediquen fondos públicos para apoyar a las instituciones bancarias con dificultades siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

No se puede aplicar el mismo tratamiento a la restructuración de la banca privada, con sus accionistas y capital privado que reparten sus beneficios mediante dividendos, que a las instituciones financieras de carácter social que no cuentan con capital privado y que dedican sus resultados a obra social. Por tanto, no aceptamos las mismas medidas para los bancos privados que para las Cajas de Ahorro.

En cuanto a los bancos, las aportaciones de capital público deben ser acompañadas de los derechos políticos correspondientes y por tanto el Estado debe intervenir y controlar la gestión del banco. Somos partidarios de que si el Estado entra con ayudas no salga del capital del banco ayudado.

En cuanto a las Cajas de Ahorro, nos oponemos radicalmente a cualquier intento de privatización abierto o encubierto. Las ayudas públicas no deben de ser acompañadas de ningún tipo de derechos políticos puesto que el control público y social ya esta asegurado en sus órganos. La reestructuración de las Cajas de Ahorro debe de respetar en todo momento la conservación de los puestos de trabajo. Y las posibles fusiones entre éstas no podrán hacerse con Cajas de otras CC.AA. Para cualquier fusión será preciso la autorización de la CC.AA correspondiente.

Los proyectos de Ley de Cajas recientes y la aprobación de los Reglamentos que lo desarrollen deben de corresponderse con estos criterios para que puedan ser apoyados por Izquierda Unida.”

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En función de ello, Izquierda Unida propone al debate los siguientes objetivos:

a) la defensa de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro, es decir su carácter parapúblico, evitando cualquier atisbo de privatización..

b) La vinculación entre Caja y territorio, de modo que las Cajas de Ahorro puedan ser instrumentos de apoyo a la Planificación Democrática de la Economía, realizando una política financiera acorde con los objetivos determinados por cada CCAA, para lo que no sería útil la fusión o absorción de cajas de distinta Comunidad Autónoma.

c) La garantía del control público de la gestión y la operativa, mediante la representación equilibrada de las Instituciones y de los trabajadores de la Caja.

d) La defensa y garantía del empleo.

Las primeras conclusiones obtenidas en el debate son las siguientes:

1.- Deben suprimirse los derechos políticos de las cuotas participativas, que aunque el FROB los instituye solamente a efectos de la participación del Estado, podrían trasladarse en el momento de venta de esas cuotas participativas.

2.- Hay que delimitar conceptualmente y en la práctica de forma clara la diferencia entre el negocio de las cajas de ahorros y el de la banca comercial. Esta cuestión se resuelve en buena medida definiendo con claridad las diferencias entre rentabilidad social y rentabilidad comercial. Las cajas han perdido en los últimos años su particular orientación y se han convertido en instituciones financieras no diferenciables de la banca comercial. Una sucesión de prácticas especulativas similares a las de la banca comercial explican en buena medida el colapso de algunas de ellas, el primero que sufren en sus ciento cincuenta años de existencia. Se defina de una forma o de otra, la rentabilidad social no puede obedecer a los mismos principios que regulan la actividad de la banca comercial. Las cajas no deben formar parte de la gran banca y las altas finanzas sino retornar a su condición de tenedoras del ahorro popular. de parte del sistema de finanzas populares. En ese sentido es preciso:

a) Disponer de un sistema de indicadores que permita objetivar la aplicación del criterio de eficiencia social. No es suficiente con dejar que ellas mismas definan ellas solas estos criterios de la misma forma como, por ejemplo, las empresas privadas están marcando su propia agenda de responsabilidad social corporativa.

b) Combatir la idea de que la eficiencia social se reduce a actividades caritativas y filantropía social propias del siglo XIX y con nula capacidad de generar cambios estructurales en las condiciones de vida de las personas. En consecuencia, es necesaria una reformulación de los objetivos y

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contenidos de la Obra Social de las Cajas, que no debe sustituir ningún aspecto de las políticas sociales exigibles a la Administración.

c) Clarificar la utilización de ciertos argumentos fáciles para encubrir actividades cuyo fin último o primordial no es coherente con la eficiencia social. El argumento más peligroso, especialmente en época de crisis, es el de la creación de puestos de trabajo, ampliamente utilizado en la operación del Aeropuerto de Ciudad Real, financiado por Caja de Castilla-La Mancha y una de las operaciones que han conducido a su quiebra. También en este contexto gana peso la necedad de establecer un sistema de indicadores objetivos consensuados y discutidos políticamente.

d) No aceptar la compraventa de productos financieros arriesgados, la venta de planes de pensiones privados, el mantenimiento de cuentas en paraísos fiscales y el conjunto de las operaciones hacia y desde ellos. En cuanto a la participación accionarial en grandes empresas privadas como Iberia, no deberían aceptarse sin más como una actividad propia de las cajas y deberían estar, en su caso, sometidas a mecanismos especiales de aprobación y control.

e) Aplicar criterios propios y diferenciados en ciertos aspectos de la operativa:

a. En el sector inmobiliario, una práctica diferenciada en coherencia con las políticas sociales de las Comunidades Autónomas: ejecutar los impagados teniendo en cuenta las condiciones del deudor y como último recurso, modificar la cuota en función de los ingresos, considerar el valor histórico del bien hipotecado, etc. Su actividad tiene que contribuir a asegurar el derecho constitucional a la vivienda

b. En cuanto a fondos privados de pensiones, lo dicho en el punto d) tendría una fase de transición condicionada a invertir el 100% del fondo en deuda pública.

c. En cuanto a otros aspectos, mantener un modelo de gestión con criterio social y de desarrollo sostenible. Como ejemplo, no conceder créditos para postgrados vinculados al Proceso de Bolonia, puesto que la solución social son las becas.-

3.- Es preciso cambiar el sistema de gobierno de las cajas en un sentido más democrático. Su gestión debe ser mucho más transparente que ahora, los ciudadanos e impositores tienen que disponer de información mucho más precisa y directa de los que se hace con su dinero Sólo así podrán desarrollar su particular funcionalidad y poner el sistema financiero al servicio de las necesidades sociales. Tres aspectos deberían ser tenidos en cuenta: hay que definir protocolos y articular mecanismos eficaces para que se les pueda exigir responsabilidades a los gestores de las cajas. Precisamente al tratarse de instituciones que deberían estar al servicio del interés general, es especialmente grave que no existan estos mecanismos, que los equipos directivos no puedan ser sancionado por sus comportamientos irresponsables: los mecanismos de supervisión no deben ser menos sino más estrictos, Intensificando el control y vigilancia a cargo de dichos Órganos de la gestión dela entidad, su política de inversiones y empresas participadas y la política deretribuciones de altos directivos.

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a) Además de los partidos políticos y los representantes de los trabajadores (que deberían tener un porcentaje significativo de representación) sería importante que el resto de la sociedad civil también tuviera representación en los consejos de administración de las cajas a través de sus organizaciones. Fomentar la presencia de entidades sociales realmente representativas, particularmente las así reconocidas en los Consejos Económicos y Sociales, evitando los modelos tendentes a reforzar intereses de parte a través de entidades afines, en ocasiones sin relevancia social suficiente (como es el caso en la CAM de las Universidades privadas.

b) Esta presencia aseguraría un funcionamiento más democrático, más representativo de la sociedad y también más inmune a las decisiones no transparentes de algunas de las organizaciones que hoy tienen presencia en sus órganos de gobierno.

c) La necesidad de articular unos mecanismos mucho más estrictos de control ciudadano de la actividad de las cajas se deriva también de su carácter territorial. La territorialidad facilita la aplicación de los criterios de rentabilidad social pues facilita la permanencia del activo en aquellas regiones, ricas o pobres, que hayan generado el ahorro. Sin embargo también fomenta el clientelismo local y las formas no transparentes de gestión, particularmente a través de las políticas de recalificación de suelo.

4.- En función de todo ello, es necesario establecer una vinculación clara, debatida y transparente ente la gestión de las Cajas y los objetivos de desarrollo regional. Esta vinculación puede ser establecida a través del instrumento legal que apruebe los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma, que deberá contener un apartado con las orientaciones necesarias para priorizar el uso de los recursos financieros de las Cajas y un mecanismo de control parlamentario para verificar anualmente su aplicación.

5.- Esta vinculación obliga a definir un modelo territorial para las Cajas de Ahorro. En el proceso de reestructuración que parece inevitable, debería garantizarse la continuidad de, al menos, una Caja por Comunidad Autónoma. Esta propuesta es inseparable del papel de las Cajas, como banca parapública al servicio de los objetivos del desarrollo regional fijados democráticamente.

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Alternativamente, es positivo e importante, a efectos de mejorar la potencialidad de las Cajas sin necesidad de proceder a procesos de fusión extracomunitarios desarrollar el Art. 19 de la LORCA en la redacción que se modificó mediante el Art. 8, 12º de la Ley 44/2002 (Ley Financiera) en materia de Alianzas de Cajas de manera que, alternativamente a procesos de fusión, se puedan articular procesos de colaboración para aumentar su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales de capital; todo ello sin riesgo para la naturaleza jurídica de las cajas que la integren por la creación una sociedad instrumental conjunta que gestione los proyectos que compartan.

6.- Reforzar la simetría supervisora con otros subsectores de crédito a través de los reguladores y supervisores comunes (Banco de España, CNMV), sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en su ámbito.

TALLER 2

ESTRUCTURA Y PAPEL DE UN MODELO DE BANCA PÚBLICA EN ESPAÑA

El objetivo que se propone Izquierda Unida en esta fase es equilibrar Estado y mercado hasta lograr que las crisis del mercado no puedan poner en grave riesgo el trabajo digno y estable y un modelo de desarrollo humana y medioambientalmente sostenibles.

Izquierda Unida no propone volver al modelo de Banca Pública de los años 60 y 70, sino a un nuevo modelo, cuyas características esenciales serían:

a) Criterio predominante de rentabilidad social, compatible con la eficiencia y los resultados positivos.

b) Modelo de gestión que excluye cualquier operativa especulativa y/o vinculada a paraísos fiscales.

c) Participación democrática en la gestión de los impositores, en su caso, y de los trabajadores.

d) Vinculación a los objetivos de desarrollo acordados democráticamente. Para ello, la ley de presupuestos de cada año incorporaría un apartado acerca e las prioridades de utilización de los recursos financieros públicos.

El modelo de reestructuración del sector financiero propuesto por Rodríguez Zapatero, responde a los intereses de los grandes grupos del capital financiero español y entronca con la hegemonía que históricamente ha tenido el capital financiero en la formación social española. La correlación de fuerzas existente actualmente no es favorable para las propuestas de IU, pero no tomar posición

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clara es, simplemente, quedar en una posición subalterna frente a esos intereses. Posición subalterna en lo político para IU y posición subalterna en el modelo económico para los sectores sociales cuyos intereses pretendemos representar.

Por otra parte, jamás habrá cambios en la correlación de fuerzas sin posiciones y objetivos claros y coherentes.

En estos momentos es necesaria una Banca Pública, pero la negativa expresa de Rodríguez Zapatero hace difícil su implantación.

La Banca Pública que proponemos debe competir en la captación del pasivo con la Banca Privada, con una estructura de polo financiero público, dentro del que hay que tratar también aspectos como los seguros y la cooperación con la Banca Social (Cooperativas de crédito, secciones de crédito de las Cooperativas, experiencias de Banca ética etc.).

En este sentido, existe de una red creciente de instituciones bancarias alternativas como cooperativas de crédito, que funcionan ya hoy con criterios distintos a los de la banca privada (tratamiento del crédito como un servicio público, banca ética, sistema de microcréditos, mayor transparencia y participación de los impositores en su gestión etc.). Uno de los aspectos interesantes, desde la izquierda alternativa, es el apoyo a este nuevo tipo de banca, propiciando que cada vez más personas movieran sus activos desde los bancos privados hacia estas instituciones alternativas de crédito.

ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL SISTEMA PÚBLICO FINANCIERO

ÁMBITO ESTATAL

Banca de Inversión

ICO, Instituto de Crédito Oficial, con escasez de recursos humanos (cuenta con 289 trabajadores) y materiales (sólo su sede central)

Desarrollo:1.- Apertura de una antena ICO en las 22 sucursales del Banco de España. Este hospedaje es meramente funcional y no implica ningún tipo nuevo de dependencia con relación al Banco de España.2.- Convenios con las Instituciones Financieras de las CCAA.3.- Creación de una red ICO con sucursales, al menos, en las 50 capitales de provincia. (la fuente puede venir de la reducción de sucursales de bancos y Cajas)

Banca Pública Comercial:

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Nacionalización de la Caja Postal de Ahorros (actualmente denominada Bancorreo), que actuará como Banca Comercial del Estado.

Banca Mixta:

Participación sin límite en el tiempo en los Bancos donde se tomen participaciones de capital como consecuencia de la aplicación del FROB. En función del volumen de esa participación es posible plantear la nacionalización de la gestión, creando una nueva Banca Mixta con participación de capital público/capital privado..

Banca Pública Especializada

Recuperación para el sector público del Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, Banco Exterior, como bancas comerciales especializadas.

Con todo ello, no se estaría planteando un sector público superior al existente en 1991.

ÁMBITO AUTONÓMICO

Banca de Inversión:

Creación de Agencias Públicas de Inversión Autonómicas bajo el modelo del Instituto Catalán de Finanzas.Existen ya, al menos:- Instituto Catalán de Finanzas (ICF)- Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha. (ICMF)- Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)- Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.- Instituto de Finanzas de Cantabria.- Instituto Vasco de Finanzas.

Banca Comercial:

Entidades parapúblicas: Cajas de Ahorro, actualmente 45

Cooperación y apoyo a la Banca Social

Cooperativas de CréditoCajas RuralesSecciones de crédito de CooperativasBanca Ética

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