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Documentos FCE Escuela de Economía Nº48

Diciembre 2013

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá – Facultad de Ciencias Económicas

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LA UNIVERSIDAD FRENTE A LAS IMPLICACIONES

DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO1

Álvaro Zerda Sarmiento2

RESUMEN

En este documento se desarrolla una reflexión sobre las transformaciones que ha

experimentado el sistema de producción internacional en las últimas décadas, que ha

dado origen a lo que se denomina un nuevo modelo de producción e innovación, y sus

implicaciones para las universidades, en particular para la investigación que se realiza

en ellas, su organización y forma de relacionarse con el aparato productivo.

Palabras clave: Economía del desarrollo. Universidades y empresas. Modelos de

acumulación. Estrategias empresariales.

Código JEL: A22, I22, I, 23, O11

1 Documento originalmente preparado para el Seminario Permanente de Investigación "Las Empresas

como Gestión del Conocimiento”, Universidad Libre-Seccional Cali, 6 de Mayo de 2011. Esta es una

versión actualizada.

2 Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia

Álvaro Zerda Sarmiento


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THE UNIVERSITY VERSUS BUSINESS STRATEGIES OF

INNOVATION AND DEVELOPMENT

ABSTRACT

This paper contains a reflection on the transformations experienced by the international

production system in recent decades, which has given rise to what is called a new model

of production and innovation. From that point, the paper examines the implications of

the model for universities and in particular for research to be performed on them, their

organization and way of relating to the production system.

Key words: Development economics. Universities and enterprises. Accumulation

models. Enterprise strategies

JEL CODE: A22, I22, I, 23, O11


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Contenido:

¿Una nueva fase del capitalismo? ……………………………………………………….5

Modelo productivo………………………………………………………………………6

Conocimiento y su apropiación………………………………………………………...10

Innovación y transferencia de tecnología en Colombia………………………………...11

La Universidad en el nuevo modelo…………………………………………………....12

Investigación……………………………………………………………………………17

La difícil relación con el sector productivo…………………………………………….19

Una reflexión final sobre ética y conocimiento………………………………………...23

REFERENCIAS………………………………………………………………………..26



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¿Una nueva fase del capitalismo?

Hace ya tres décadas que se habla en círculos académicos de las transformaciones por

las que ha pasado la sociedad industrial como resultado de procesos de acelerados

avances científicos y tecnológicos, experimentados en diversos ámbitos de la sociedad

por medio de innovación en la producción, en la manera como circulan los bienes y

servicios producidos y en las modalidades de acceso a ellos para el consumo, y hasta la

manera como este último se realiza.

El reacomodo del capitalismo mundial tras la emblemática caída del muro de Berlín en

1989 llevó a su fin la rivalidad este – oeste durante la época que siguió a la segunda

guerra mundial, periodo que fue conocida como el de la Guerra fría, escenario que

implicaba la competencia de dos modelos de organización de la sociedad en sus

dimensiones políticas y económicas. Para el capitalismo occidental significaba la

existencia de un espejo en donde mirarse y para el mundo del trabajo, la referencia de

un sistema en donde, por lo menos en apariencia, los trabajadores tenían el comando y

recibían directamente los frutos de su participación en los procesos productivos. El

fracaso del llamado “socialismo realmente existente” dejó al sistema capitalista

occidental sin la contraparte que podía servir de barrera a sus excesos, lo que permitió la

difusión y aplicación de una versión extrema de capitalismo planteada desde los años

setenta y llevada a la práctica por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y

Margareth Thatcher en Gran Bretaña. Este enfoque, calificado con el denominativo de

neoliberal fue impulsado al mundo en desarrollo por las entidades multilaterales de

crédito, en lo que se conoció como el Consenso de Washington.

Simultáneamente, en el plano de la producción una amplia gama de innovaciones

materializadas en el capital físico, en los procesos, los productos y en las

organizaciones, se corresponden con las importantes transformaciones en los procesos

sociales y pasan a constituirse en el nuevo paradigma de los procesos productivos,

enmarcados en contextos macroeconómicos definidos por el discurso en pro del libre

mercado pero con diferentes políticas y acciones de protección por parte de los países

avanzados a las inversiones de sus grandes Corporaciones Transnacionales. Esto último

derivó en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, como


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un paso más en el intento por la constitución de un gran mercado mundial, y

posteriormente en la proliferación de los llamados Tratados de libre comercio (TLC).3

Modelo productivo

Las elaboraciones conceptuales interpretativas adelantadas han propuesto, a partir de

estos hechos estilizados, una diversidad de modelos que buscan sintetizar las múltiples

dimensiones de cambio en construcciones abstractas del tipo “sociedad post industrial”

– o de servicios (Bell, 2001), “sociedad de la información” (de Ruiz, 2007), “sociedad

del conocimiento” (Drucker, 1994), “neo fordismo” (Boyer, 1989). En estos modelos

se busca abstraer los rasgos estilizados de los hechos complejos en una formulación

simple que más allá de describir para comprender, permita proyectar posibles rutas de

evolución a futuro de la sociedad moderna (o posmoderna, si se mira desde los ámbitos

de la filosofía). El capitalismo internacional adquiere múltiples configuraciones en lo

político, lo social y lo estrictamente económico; pero desde los países más

industrializados, sus gobiernos, centros de pensamiento y los organismos

internacionales, se proyecta un modelo ideal a seguir, el de libre mercado, que ellos

mismos no aplican (Amable, 2003).

Dicho modelo se ha centrado en la generación y gestión de conocimiento y su

apropiación, lo que teóricos franceses entre los que se cuentan R. Boyer y M. Freyssenet

(2001) han descrito como un proceso ampliamente contingente de los cambios técnicos,

organizacionales y sociales para establecer la coherencia interna de las organizaciones y

su pertinencia con el contexto externo, todo ello como respuesta a los nuevos problemas

de rentabilidad económica y aceptabilidad social de las fluctuaciones económicas, lo

que relaciona los ámbitos micro y macroeconómicos de las estrategias empresariales y

las condiciones macroeconómicas dadas por el comportamiento del consumo, la

inversión y la distribución del ingreso. El paradigma para ello es el de la flexibilización,

tanto en los procesos de producción, en las tareas al interior de la fábrica, como en la

3 Los TLC fueron una estrategia de recambio de los Estados Unidos ante sus fracasos en el intento de

imponer condiciones unilaterales desde la OMC en la Ronda de Doha (2001) y en la configuración de

una zona de libre comercio para sus empresas en la llamada Área de Libre Comercio de las Américas -

ALCA (2005). A finales de 2013 EEUU tiene TLC firmados con 20 países y se encuentra en negociación

de uno con la Unión Europea.



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relación capital – trabajo, en la cual se impone la flexibilidad de contratación y de

remuneración. Desde una perspectiva más amplia, el mundo estaría asistiendo a la

configuración de una nueva fase del capitalismo, en la que los proceso de acumulación

tienden a basarse en lo que se ha venido en llamar “el capital cognitivo” (Blondeau y

otros, 2005; Boutang, 2007), en donde, además, habría tendencias hacia una “nueva

figura hegemónica del trabajo, marcada por su carácter cada vez más intelectual e

inmaterial” (Vercellone, 2003).

En un plano más amplio, el “modo de crecimiento” de un país determinado estaría

definido por la conjunción de su historia nacional, que establece las condiciones

económicas internas en momentos específicos del tiempo, y el contexto internacional

definido por las relaciones y acuerdos que haya establecido con otros países; estos dos

frentes establecen las exigencias al proceso económico de producción y distribución que

junto con los esquemas de regulación acordados por la sociedad definen el compromiso

socio – político para el crecimiento (o lo que algunos denominan “el proyecto

nacional”) (Diagrama 1).

Gráfica 1. Estrategia y Modo de Crecimiento

ESTRATEGIA Y MODO DE CRECIMIENTO

Estrategia de crecimiento

Compromiso Socio - político

Producción Distribución

Regulación

Historia NacionalAcuerdos Internacionales

Condiciones internas Condiciones externas

Exigencias

Mercado Trabajo

Dinámica - contradicción

Freyssenet, 2005


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Las consecuencias de esta nueva situación para la empresa consisten en que debe

plantear sus estrategias de rentabilidad para el capital invertido dentro del marco de

incertidumbre asociada a la venta de sus bienes y servicios producidos, planteado por el

contexto cambiante y en el cual debe identificar su demanda relevante, en línea con una

interpretación de estirpe keynesiana. Los trabajadores se ven compelidos a dar cuenta

de su calificación permanente para desarrollar las competencias en un ámbito flexible

de gran inestabilidad laboral y exigencias de polivalencia, razonamiento abstracto y

habilidades de comunicación. Las implicaciones para los ciudadanos tienen que ver con

la manera como puedan tener acceso a las nuevas tecnologías y manejar sus impactos.

En conjunto, la sociedad percibe costos de diferentes maneras: ambientales y

personales, respecto del mantenimiento de su estatus y condición en el medio cambiante

dentro de ese sistema social de innovación y producción, lo que implica, a su vez, el

surgimiento de nuevas demandas sociales.

La definición de un cierto modo de crecimiento le permitirá a la empresa hacer más

previsible la evolución de la demanda, según la manera como se estructura la

competencia (estrategia) en los mercados de bienes (marcados por monopolios y

oligopolios) y de trabajo (en las relaciones laborales e industriales), así como en sus

componentes de consumo final, inversión y mercado externo de acuerdo, con la

distribución del ingreso vigente, que refleja el grado de desigualdad en la sociedad.

Esta estrategia se diseña a partir de las fuentes de ganancia de la firma, basadas en las

economías de escala o de alcance que pueda explotar, la diversidad de la oferta, la

calidad del producto, el grado de innovación, la flexibilidad productiva en busca de una

reducción permanente de costos, todo limitado por el modo de crecimiento establecido,

resultante de la historia nacional que fija las condiciones internas, y por el contexto

internacional y los acuerdos o tratados firmados con otros países, lo que establece las

condiciones externas del desempeño productivo.

La combinación de estrategia empresarial y modo de crecimiento da como resultado una

configuración socioproductiva acorde con los contextos económico y político en que la

empresa despliega su actividad. Esta configuración recibe el nombre de Sistema social

de innovación y producción (SSIP), que se constituye en la evolución de una visión más

compleja desde la tradicional del Triángulo de Sábato (que relacionaba empresa –

gobierno – universidades), hasta la más difundida recientemente del Sistema Nacional



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de Innovación (Diagrama 2). Este SSIP consiste, en últimas, en la interacción entre seis

sistemas: ciencia, tecnología, industria, educación y formación, el mercado de trabajo y

el sistema financiero, cada uno caracterizado por ciertas instituciones y formas de

organización, así como con su lógica de acción propia.

Diagrama 2. Sistema Social de Innovación y Producción

SISTEMA SOCIAL DE INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN

.Sistema educativo

Sistema financiero

Instituciones mercado laboral

CienciaTecnología

Crecimiento

Industria (formas

de competencia)

Innovación

Competitividad industr

Amable, 2005

Las empresas, en este modelo, están obligadas a buscar el desarrollo tecnológico, para

lo cual tienen diferentes opciones de adquisición, transferencia, implantación,

desarrollo, o investigación e innovación, la cual le garantiza un éxito más permanente y

estable en el mercado. A esto que se le ha dado el nombre de competitividad, resultado

de la combinación de estrategia y mejoras de productividad en lo microeconómico,

actuante en un contexto mesoeconómico (institucional, en últimas). Así entonces, la

innovación se alcanza a partir de procesos de aprendizaje que permiten desarrollar

capacidades para la producción y el manejo de la tecnología como parte del diseño de la

estrategia competitiva en el contexto de una red de agentes sociales que involucra desde

los proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y clientes. Esto posibilita el

desarrollo de un esquema de “nueva competencia” en el que, de acuerdo con la

estrategia definida, es posible conformar alianzas estratégicas con otras empresas,


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emprendimientos de riesgo compartido o nuevos esquemas de negocios, como las

franquicias. Al tiempo, la innovación incorpora no solo el desarrollo de nuevos

componentes y productos sino también de servicios, estándares técnicos, procesos y

modelos de negocios, en una concepción de proceso social, no solo entre máquinas y

equipo sino como acciones de aprendizaje en las personas, grupos, organizaciones y

regiones, en una combinación de recursos y capacidades que debería tener como centro

el ser humano.

Conocimiento y su apropiación

Los procesos productivos, el desarrollo tecnológico y la innovación como su elemento

central tienen en el nuevo modelo su eje de acción y resultados en el conocimiento

(codificado y tácito), convertido primero en mercancía y luego en factor clave de la

construcción de ventajas productivas, razón por la cual constituye un activo estratégico

de crecimiento y de valoración de las firmas. En esa medida, y dadas las características

de circulación del conocimiento, las empresas establecen mecanismos para levantar

barreras que eviten la fuga y apropiación de sus activos intangibles por parte de la

competencia, entre los cuales están los instrumentos que han sido desarrollados para la

protección de la propiedad intelectual (DPI) como el secreto, las patentes, los modelos

de utilidad, derechos de autor y otros, acordes con la naturaleza de ese conocimiento y

el mercado particular en que se desempeñe la organización4. En el escenario

internacional la OMC fijó las pautas de protección del conocimiento y a la vez las

condiciones para su intercambiabilidad en el mercado5.

La apropiabilidad del conocimiento pasa entonces a un primer plano dentro de las

estrategias de rentabilidad descritas, como un mecanismo para proteger las inversiones

realizadas en los procesos de I&D y penetración del mercado, o de su adquisición a

través de mecanismos de transferencia de tecnología, entendida como aquel proceso por

el cual una tecnología, habilidad, saber-hacer o incluso mejoramientos desarrollados por

un individuo, empresa u organización es pasado a otro. La transferencia solo será

4 Lo cual ha dado origen a tendencias calificadas como de tecnomercantilismo.

5 Contenidas en el denominado Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el

comercio (ADPIC), constitutivo de la OMC.



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efectiva si resulta en comercialización de un nuevo producto o servicio o en el

mejoramiento de los existentes. Pero más aun, esa transferencia sólo es exitosa cuando

la empresa desarrolla las capacidades necesarias para apropiar, adoptar y desarrollar un

conocimiento que a su vez permita generar nuevas capacidades y habilidades para

hacerlo avanzar.

En ese sentido, las estrategias de protección deberán tener en cuenta la manera como se

ha recibido o entregado la transferencia en los diversos esquemas de negociación y

entrega, sea por venta o encargo de derechos de propiedad intelectual, licencia o

contrato de licenciamiento, contrato de know-how (en forma tangible o intangible), la

adquisición de equipo y sus bienes de capital (con contrato de licencia o de know-how),

los acuerdos de consultaría (que permiten negociar el conocimiento tácito), los acuerdos

de Joint Venture (sean estas por acciones, o contractuales) o si la trasferencia ha sido

por medio de un proyecto llave en mano.

Otra dimensión de la estrategia deberá tomar en cuenta el sector en que se desempeña la

empresa, dado que si es en un sector en donde la competencia se de por medio de la

innovación acelerada el instrumento de protección utilizado ya no es la patente en sí

sino tal vez el secreto, teniendo en cuenta todas las dificultades y riesgos involucrados

en su utilización. En sectores de innovación “tradicional”, como muchas industrias

maduras, la patente se sigue considerando un instrumento idóneo, como en la

electrónica la protección del diseño de los circuitos integrados, o en el software el

derecho de autor, en un escenario siempre cambiante en la relación economía y derecho.

También incide en la definición de la estrategia el modo de negociación de la

transferencia: si es por una sola vez, a corto plazo o a largo plazo.

Innovación y transferencia de tecnología en Colombia

Para comenzar, si se va a analizar el contexto colombiano a la luz de la estructura y los

componentes del SSIP es claro que el Sistema educativo colombiano es completamente

desarticulado, el Sistema financiero maneja su lógica propia de acumulación de capital,

sin que sea funcional a las necesidades de la economía, el Mercado laboral ha sido

puesto en situación de debilidad y precariedad, el sistema de Ciencia y Tecnología no ha


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logrado ganar un lugar de importancia dentro de las prioridades del imaginario colectivo

del país, el aparato industrial se caracteriza por la fuerte concentración en sectores

específicos y una gran dispersión en los encadenamientos necesarios (Zerda, 2010).

Habría que decir, además, que Colombia está alejada de este modelo general en otros

aspectos claves, por cuanto la innovación como cultura organizacional no es algo que se

haya desarrollado en las empresas, en donde, de acuerdo con diversos estudios (Ibíd.), el

tipo predominante de innovación es uno que se califica como “en sentido amplio”. Este

refleja la configuración de una curva de aprendizaje muy plana, sin que evidencie

esfuerzos hacia la realización de cambios radicales. En las empresas existe también baja

capacidad de negociación tecnológica y una tendencia a reforzar la protección de los

DPI, entre las variadas barreras de acceso al conocimiento que se levantan en un

contexto de escasa adopción de prácticas de organización sistémica, que marca la

presencia de continuidades y rupturas con la organización burocrática así como formas

tayloristas de organización del trabajo (Weiss et al, 2008).

Otros aspectos en los que las empresas colombianas se alejan del modelo ideal

corresponde a la manera como se introducen las nuevas tecnologías a las

organizaciones, en particular las tecnologías de la información y telecomunicaciones

(TIC), que muestran escasos grados de penetración, baja utilización en objetivos

estratégicos y mayor énfasis en el manejo operativo y de coordinación. Además, las TIC

se utilizan más como elemento de soporte para los cambios que se puedan introducir

que su causa misma, más como elemento de control que de estímulo a mayor

autonomía en el trabajo, por todo lo cual no se sustenta la perspectiva “optimista” sobre

el papel que el desarrollo de software pueda tener en el crecimiento económico del país

(Ibíd.), como la sostenida por el recién transformado Ministerio de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones.

La Universidad en el nuevo modelo

En el modelo de SSIP el sistema educativo está interrelacionado con el sistema de

ciencia – tecnología – empresas, enfocado hacia la innovación, todo lo cual debería

estar apoyado por el sistema financiero. Sin embargo, lo que se observa en el contexto



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internacional es que el sistema financiero desempeña un papel que abarca mucho más

que la simple provisión de recursos para la producción y la innovación. Una de las

características centrales del patrón tecnoeconómico instaurado consiste en que los

nuevos frentes de innovación (biotecnología, nanotecnología, genética, entre otros)

requieren de altas sumas de dinero para adelantar los procesos de investigación y eso ha

propiciado nuevos campos para la valoración del capital especulativo que puede proveer

ingentes recursos y moverse en los circuitos financieros y productivos, en lo que se

conoce como la “financiarización de la economía”6.

En este marco, la definición básica de la universidad como un bien público ha sido

cuestionada. De manera clásica, el concepto ha estado asociado con la concepción de la

educación como un bien de mérito que debe ser garantizado obligatoriamente para toda

la sociedad. De esa definición normativa, resultado del consenso social derivado del

SSIP inaugurado en la segunda posguerra y materializado en el Estado bienestar, se

transita a la consolidación de un marco ideológico - normativo basado en el

reconocimiento del mercado como eje coordinador y organizador de los recursos, en

donde la generación del conocimiento se incorpora cada vez más a la lógica del

mercado como una mercancía más, validada por la asignación de derechos de propiedad

intelectual (Zerda, 2010).

Por definición, las universidades abarcan el conjunto de las áreas del conocimiento y

están llamadas a ser uno de los núcleos principales de la producción estética, académica,

científica y cultural en general. En ellas se espera que se concentre el mayor porcentaje

de investigación científica y contribuyan a la creación de identidad nacional y a la

producción de conocimiento regional. Sin embargo, las nuevas condiciones del

capitalismo global y el SSIP imponen retos de diferente naturaleza. Para las

universidades públicas, se trata de mantener el mismo concepto de lo público, tan

cuestionado por las corrientes neoliberales desde los setenta y con gran arraigo en las

élites dirigentes del país. Para todas las universidades en general, dar cuenta de

exigencias variadas provenientes del mismo modelo productivo, como las de eficiencia,

pertinencia y calidad, así como el manejo de las nuevas tecnologías de la información y

6 Esto quiere decir que, en últimas, es el capital financiero el que soporta el modelo productivo hoy en

día, lo cual explica que la crisis que explotó en el año 2008 y que aun no termina, haya sido catalogada

como eminentemente financiera, cuando en realidad corresponde a una crisis generalizada del sistema

capitalista.


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las comunicaciones, no solo para apoyar sus procesos operativos sino para adelantar

actividades pedagógicas y lograr disminución de costos de operación. Por su parte, del

entorno económico provienen las restricciones para el financiamiento y la exigencia de

transparencia en el manejo de los recursos, sus procesos y resultados, en un marco de

gestión marcado por la flexibilidad y la inestabilidad laboral7. Pero además, en un

ambiente de profunda desigualdad social, se plantea la necesidad de introducir criterios

de equidad en el acceso y oportunidades frente a las nuevas demandas que desde el

sector productivo no siempre se concretan, en cuanto a formación e investigación. Todo

esto en un contexto de población con escasos recursos y sin que se establezcan las

condiciones adecuadas de financiamiento para un necesario desarrollo, en el caso de las

universidades públicas8.

En últimas, como se ha manifestado en diversos escenarios, las instituciones educativas

se ven obligadas a diseñar estrategias de sobrevivencia, en nuevos esquemas de

evaluación y acreditación, que buscan garantizar la homogeneización para el mercado,

con búsqueda de recursos propios y pérdida de representatividad, a más de que su

autonomía ha sido cuestionada (bajo el disfraz de la crítica a la falta de “trasparencia”),

situación que las lleva a plantearse el (falso) dilema de si efectuar solo docencia o

adelantar también investigación, en el SSPI que supuestamente la demanda, porque en

nuestros contextos tampoco esta situación es clara (Zerda, 2008).

Sobresale en esta problemática la cuestión de la pertinencia para los mismos programas

de formación en desarrollo de capacidades avanzadas de investigación y si los

doctorados corresponden a un espacio exterior o se trata de diseñar programas propios

que den cuenta de los problemas nacionales (geología, biología, ingeniería, sistemas,

según las necesidades del país y sus regiones) con calidad, de manera que permita

establecer un diálogo con el pensamiento de frontera y al tiempo el diálogo de saberes

dentro de la gran diversidad étnica y cultural existente en el país, en presencia de un

amplio espectro de conocimiento vernáculo -que se constituye en tradición de ciencia

7 Lo que en Colombia ha adquirido mayor profundidad con la creación de las Cooperativas de trabajo

asociado, a través de las cuales se contrata buena parte del personal administrativo, cuando no académico

también. 8 La reforma fallida del gobierno del Presidente Santos esquivaba el problema acudiendo a la

privatización. Más recientemente, la Ley que establece una estampilla para recaudar fondos para las

universidades públicas constituye apenas un paliativo para las carencias reales del sistema, estimado por

el Consejo Superior Universitario en alrededor de 11 billones de pesos.



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propia. Se trata de una falsa dicotomía planteada entre una universidad de docencia

(básicamente con programas de pregrado) y una universidad de investigación (con sólo

programas de posgrado), cuando la investigación tiene una relación intrínseca con la

docencia y responde a su responsabilidad con la extensión hacia la sociedad y la

construcción de una ciencia autóctona (Zerda, 2008).

Se plantea entonces la urgencia de buscar recursos financieros bajo la lógica de

mercado, lo que además de las fuentes tradicionales de matriculas impone esquemas de

captación de recursos vía cursos de educación continua, consultorías, asesorías e

interventorías, cuando no incluso la generación de fuentes internas a las instituciones y

entre sus departamentos, institutos o facultades, que se concretan en el surgimiento de

mercados internos dentro de las mismas instituciones, por la prestación de servicios

facturables, en una lógica de mercado que raya con lo absurdo. Todo lo cual lleva a

plantear la pregunta sobre en dónde queda la responsabilidad del Estado y la

responsabilidad global de la sociedad con respecto a la universidad como espacio

propicio para la formación de nación. La respuesta que ha sido dada desde organismos

internacionales y dirigencias nacionales tiende a considerar a la universidad como un

negocio, una empresa que vende servicios (educativos, de investigación y de extensión)

y que, por lo tanto, hace gestión del conocimiento para el mercado y participa en los

negocios internacionales de servicios.

De manera complementaria, la nueva estructura de la gestión de las universidades está

fundada en la tercerización de algunas actividades (subcontratación). Esto quiere decir

que con el cambio del modelo general de producción, o modelo industrial, en el cual

todo el proceso se lleva a cabo bajo un mismo techo -como era la gran manufactura del

siglo XIX y comienzos del siglo XX-, con el desarrollo de nuevas tecnologías y de

nuevos paradigmas de gestión, se comienza a inducir -pero también a posibilitar- la

separación, la segregación de los procesos dentro de una organización. De este modo,

procesos como la contabilidad, vigilancia, aseo, cafetería y distintos tipos de servicios –

incluida la misma contratación- dejan de ser asumidos por la institución y se contratan

con agentes y empresas externas a ella. Esto implica que el modelo de organización

socio-económico privado se traslapa a este modelo tradicional de organización

universitaria, incluso a la universidad pública. La gestión de estas instituciones

corresponde, entonces, a esas nuevas demandas de la prestación de cualquier tipo de


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servicios –en este caso se estaría hablando de los “servicios educativos”- como han sido

denominados en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios al interior de la

OMC, para que la educación pueda transarse en el comercio internacional como una

mercancía cualquiera. Del otorgamiento de becas, que financiaba alguna porción de los

estudiantes, fundamentalmente en los niveles de postgrado, se pasa al esquema

financiero de otorgamiento de créditos en condiciones de mercado, que luego no pueden

ser pagados y causan tragedias familiares y personales, como ha sido dado en el país

con la redefinición del Icetex hacia una institución financiera (El Espectador, 2013).

Todas estas transformaciones, tanto en la responsabilidad local como en la manera de

actuar y en la reflexión que se hace sobre el deber ser de la educación superior y la

educación pública en particular, se corresponden a las exigencias del SSIP configurado

en las últimas décadas, o si se quiere, al nuevo modelo de acumulación, en términos

económicos. Expresión de esto son los programas de ajuste estructural, formulados en

las décadas de los 80 y los 90 -que se denominan de primera y de segunda generación,

por el tipo de medidas que eran recomendadas tanto por el Fondo Monetario

Internacional como por el Banco Mundial- y que fueron adoptados por los Gobiernos

latinoamericanos, como parte de los compromisos propios de la negociación que se dio

a comienzos de los 80 sobre el pago de la deuda de estos países. La llamada “crisis de

la deuda” obedecía a la existencia de los déficit gemelos en los países, que no son otra

cosa que la presencia de un déficit fiscal (la necesidad de financiamiento del Estado)

que se corresponde con un déficit externo (la urgencia de financiar las importaciones

necesarias para aumentar el aparato productivo a través de exportaciones). Esta

situación no es más que una expresión de las dos caras de una misma moneda, donde

siempre hay una correspondencia: cuando un país tiene un déficit fiscal, es decir, al

Estado los ingresos no le alcanzan para cubrir sus gastos, se corresponde con un déficit

externo porque, en últimas, la financiación proviene del contexto internacional y se

expresa como un déficit en la balanza comercial (menos exportaciones que

importaciones), manifestándose en un déficit en la balanza de capitales o balanza de

pagos que impone serias restricciones económicas internas, las que son trasladadas por

lo general a las poblaciones de ingresos medios y bajos (Zerda, 2009).



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Investigación

La investigación universitaria se ve enfrentada a una tensión entre responder a sus

propios demonios (los de sus académicos) y atender los objetivos de un país en

desarrollo: basada en una educación para generar conocimiento, para fomentar

capacidades creativas, para cambiar e innovar, la formación para formarse, en un ideal

de procesos de formación continua, en posgrados e introduciendo cambios profundos en

la pedagogía, en el estudio autónomo y en los currículos. Así entonces, si la

investigación es una misión fundamental de la universidad, debe corresponder a los

principios éticos de esa investigación y considerar quién controla la agenda de ciencia y

tecnología y por ende de la educación superior, con necesidades de financiación,

cuidando de los conflictos de intereses en científicos que al tiempo son empresarios o

consultores pagados y teniendo en cuenta el efecto de acuerdos de confidencialidad,

cuando se adelantan proyectos conjuntamente con el sector empresarial.

En el mundo, la investigación en las entidades de educación superior atraviesa por una

profunda crisis, la que se refuerza por los intentos de reforma adelantados en diversas

latitudes -como el convenio de Bolonia en la Unión europea y el proyecto Tuning, que

buscan homogenizar para el mercado-, la baja tasa de matrícula nacional en los Estados

Unidos y los diversos intentos de reforma en América Latina. Como siempre, se debate

internacionalmente si esta crisis constituye una amenaza o una oportunidad y si los

modelos híbridos de universidad – empresa constituyen una ventaja, al tiempo que se

cuestiona su pertinencia (Ibarra, 2003).

Existen factores externos a las universidades, que las determinan, como son el patrón

económico – social descrito, la presión demográfica por atender cada vez más un mayor

número de estudiantes, los problemas de financiamiento y el proceso mismo de

“globalización”, entre el cual se deben contemplar los diferentes acuerdos

internacionales, como los de tratados de libre comercio (TLC) que establecen apertura a

la entrada de entidades educativas extranjeras, muchas de ellas con una vocación de

simple broker educativo, que buscan instituciones ya establecidas para subcontratar o

adquirirlas y aplicar una tecnología de gestión en donde los propósitos fundamentales

no son la calidad de la educación brindada sino la eficiencia en la gestión para llenar los

requisitos de rentabilidad (más privada que social). Ejemplos como el de la


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Universidad de Phoenix de los Estados Unidos y otros, como los de franquicias, están

ampliamente documentados en la literatura. Otro factor que puede convertirse en

negativo en la aplicación de los acuerdos de los TLC es la profundización de la

protección a la propiedad intelectual allí pactada, que crecientemente abarca fuentes de

información académica y científica, como las bases bibliográficas y de datos, con lo

cual se levantan barreras de acceso al conocimiento muy difíciles de franquear para

países de bajos ingresos.

Pero también hay factores internos a las universidades, como los problemas de

permanencia, rezago y deserción, los de calidad y pertinencia de los programas, así

como de lo enseñado, la flexibilidad y movilidad de los docentes y la integración de

las funciones básicas docencia – investigación – extensión. La lógica es perversa: la

investigación no obedece a los demonios internos en interacción con las demandas

sociales, sino a las lógicas y a las demandas del mercado, se establecen barreras para el

paso desde el pregrado al postgrado porque no existen esquemas de educación en ciclos

o propedéutica, la educación intermedia es inexistente y no hay oportunidad para que

los estudiantes desarrollen capacidades investigativas desde el pregrado ni en los

posgrados, que tampoco están ligados a programas de investigación dentro de las

instituciones. Todo lo cual constituye un problema para la renovación y preparación

docente con escasez de recursos, e impide la utilización de la infraestructura y su

modernización en lo relacionado con la dotación de laboratorios, y la aplicación

racional de los instrumentos de las nuevas tecnologías (Zerda, 2008). Además, se

plantea el dilema de si los procesos educativos se manejan con una lógica de bienestar

social o con una lógica de ganancia privada, como ha sido la propuesta para la reforma

de la Ley de educación superior presentada por el gobierno del presidente Santos en

2011 y rechazada por la mayor parte de la sociedad colombiana.

Los programas de la investigación universitaria deben responder al principio básico de

pertinencia académica (disciplinar) y social (del contexto). Son muchos los problemas

que aquejan a la sociedad colombiana y, en general, a todos los llamados países en

desarrollo para los que se espera que la universidad contribuya a su solución, por lo

menos en el campo del diagnóstico y las propuestas. El avance del conocimiento se da

no solo mediante acumulación y rupturas, sino también por medio de la

recontextualización, actividad que es fundamental para enfrentar problemas inéditos -



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incluso para el mundo desarrollado desde donde se construyen las teorías y se plantean

las soluciones. De esta manera se requieren y se hacen posibles otras aproximaciones a

la dinámica social: aquéllas construidas sobre una pluralidad de marcos analíticos, en

los que predomine el eclecticismo (en el buen sentido del término) o la integración de

disciplinas para producir nuevas teorías y propuestas (multi y transdisiciplinariedad).

Es claro que muchas de las teorías en boga constituyen tendencias, más que respuestas

ya definidas y completamente perfiladas frente al paradigma fuerte. Pero, justamente,

ese es el reto que se impone a la sociedad (Zerda, 2010).

Es de hacer notar que un porcentaje representativo de la comunidad científica que

investiga en Colombia ha tenido la oportunidad de desarrollar su formación de maestría

o doctorado fuera del país. Cuando no se quedan en el exterior (“fuga de cerebros”), en

muchos casos se encuentran científicos con altísimos niveles de productividad que

investigan temáticas que no tienen repercusión directa en el medio local. Este es un

fenómeno que limita aún más la posibilidad de transferir el conocimiento generado al

resto de la sociedad. Por esta vía se llega, muchas veces, al desprecio por lo empírico,

como por ejemplo cuando se califica a las ciencias sociales como aquellas “en las que

gastan su tiempo las manos ociosas”.

De esta forma debemos ocuparnos, entonces, de lo que se puede definir como la ética de

la educación (su deber ser). Se suele señalar que la equidad social puede afectar

negativamente a los niveles de eficiencia. El prestigioso economista Amartya Sen

señala que ello no tiene que ser así: “atender el aspecto de equidad puede, en muchas

circunstancias, ayudar a promover la eficiencia, en vez de obstaculizarla, pues puede ser

que la conducta de las personas dependa de su sentido de lo que es justo y de su lectura

acerca de si el comportamiento de los demás lo es” (Sen, 2000: 74).

La difícil relación con el sector productivo

El ethos de las universidades como se entiende hoy en día está definido desde

comienzos del siglo XX, cuando las propuestas de reformas de la Universidad de

Córdoba en 1918 dieron origen a la “función social” de la universidad latinoamericana y


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desde entonces se entiende que la triada docencia, investigación y extensión constituyen

sus funciones misionales.

Con el paso del tiempo, y dentro del nuevo SSIP descrito, la función de extensión sufrió

una transformación. De entenderse como aquella proyección de las actividades de

formación e investigación hacia las comunidades con el propósito de acercar la

comunidad académica a las problemáticas sociales en busca del conocimiento de la

“realidad” o de prestar algún apoyo basado en el conocimiento para superar situaciones

puntuales de carencias materiales o conceptuales y así dar cumplimiento a esa función

social (“servicio social”), se reorientó hacia una tarea de “transferencia” de

conocimiento y cada vez menos dirigido a la ciudadanía y más hacia las empresas, lo

cual es necesario pero no debe ser excluyente. Permanecen si acaso las actividades

llamadas de educación continua – o continuada- en cursos cortos o diplomados, pero el

resto obedece a la prestación de servicios técnicos o de asesoría, interventoría o

consultoría que, en la mayoría de los casos, fundamentalmente en las áreas técnicas,

busca solucionar un problema de la producción en las empresas, lo que ciertamente

puede aportar al conocimiento tecnológico y retroalimentar la investigación, pero que

tiende a constituirse en una actividad exclusiva para la búsqueda de recursos

monetarios.

Aun así, tradicionalmente se ha tratado de una relación difícil y es corriente oír, incluso

en los discursos oficiales, referencias al divorcio universidad – empresa o universidad –

sector productivo, para nombrar aquel desencuentro en una relación que se supone

debería ser fluida y permanente. Relación que se construye en el imaginario pero que

no tiene base en el entendimiento de la manera como se podría llegar a una situación

que diera cumplimiento a esa conexión que se plantea en el modelo ideal del SSIP para

establecer circuitos virtuosos de generación de conocimiento – transferencia. Para

comenzar, el empresariado colombiano en su gran mayoría no se ha visto presionado

por factores internos en su relación salarial para introducir innovaciones a sus procesos

productivos: la debilidad de la organización sindical, originaria o impuesta y la

configuración de leyes laborales a su favor no ha establecido el factor básico de

competencia por la innovación y menos aún por la innovación local. Pero por otro lado,

la negativa de la dirigencia política y de las capas que sustentan el poder económico a

ampliar el mercado interno tampoco ha servido de propulsor a la búsqueda de la



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creatividad para generar mercados, nuevos circuitos económicos y empresa. Fue así

incluso en la etapa de la estrategia de industrialización por sustitución de exportaciones

(ISI) cuando los incentivos otorgados por los gobiernos se utilizaron para la

acumulación especulativa, no para la inversión en las plantas y el consecuente

desarrollo de capacidades. También lo ha sido en las aperturas de primera y segunda

generación desde comienzos de los años 90, cuando las importaciones de bienes de

capital en realidad no respondieron a la modernización del aparato productivo sino más

bien a la especulación y las empresas prefirieron hacer conversión de su base

productiva a la comercialización de bienes importados antes que enfrentar el reto de la

actualización tecnológica y de innovación (Misas, 2002).

De tal manera, la teoría del divorcio es una falsa premisa que no deja ver los problemas

estructurales del aparato productivo colombiano y del mismo patrón de acumulación

vigente, que incluso presenta peores perspectivas desde cuando a comienzos del siglo

XXI se definió una estrategia extractivista y de gran plantación para el crecimiento

económico del país como modelo productivo que reprimariza la economía, sacrificando

la actividad industrial y por tanto el escenario para la aplicación y generación de

ciencia, tecnología e innovación.

No obstante las escasas oportunidades generadas por el aparato productivo y los

esfuerzos de investigación que se adelantan desde espacios institucionales y grupos de

investigación universitarios, todo ello plantea la pregunta por la finalidad del

conocimiento generado. ¿Se trata de responder a las necesidades de los primeros o a la

responsabilidad por ampliar el conocimiento mismo? ¿Deben garantizarse y protegerse

flujos de valor hacia los grupos o éstos lo deben dejar fluir hacia a sociedad? Tres

cuestiones por lo menos están inmersas en estos interrogantes. La primera, cómo se

generan las capacidades para crear y poner en circulación el conocimiento; la segunda,

la presión por canalizar recursos que de otra manera no se tendrían disponibles; y la

tercera, el dilema entre generar ciencia abierta o ciencia propietaria.

La primera pregunta remite a la forma como se acumula conocimiento a medida que se

acumula experiencia en la investigación. La segunda cuestión remite a las motivaciones

de los científicos –sociales, básicos o de profesiones- en la búsqueda del conocimiento y

las necesidades de financiamiento. No siempre existe la necesidad de que el


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investigador tenga un incentivo económico, en tanto en muchos casos importa que se

pueda contar con la infraestructura de investigación necesaria (costosa, para ciertas

disciplinas) y que la función natural sea la generación de conocimiento; en estos casos

se espera que por los logros se reciba un reconocimiento por parte de la comunidad

científica y académica. Aun así, no solo es el altruismo el que mueve al sistema de

ciencia abierta, y si bien hay una retribución social, también puede existir retribución

económica. De igual manera, entre las motivaciones de las comunidades científicas,

según Michael Polanyi (2009) se encuentra el reconocimiento por parte de los pares,

mientras que la comunidad tecnológica buscaría producir ciencia apropiable. Por tanto,

pueden surgir conflictos ente las dos comunidades, como incluso en el caso de que un

investigador tenga intenciones de publicar, las que se pueden ver truncadas cuando

están de por medio convenios de confidencialidad. Esto último, debido a la emergencia

del llamado “modo Tipo dos” de producción científica, en el cual el laboratorio se

encuentra dentro de la mismas instalaciones de la fábrica, al servicio de las necesidades

del capital.

Si la expectativa de ganancias es el motivador para hacer el avance del conocimiento

inicial, la parte que cada creador de esa innovación está dispuesto a compartir con

quienes hacen el desarrollo se constituye en los réditos de la invención. En general, se

asume que el innovador primario no está en capacidad para hacer el trabajo de

escalamiento y desarrollo, por lo tanto debe cosechar ingresos a través de la licencia o

de otros acuerdos para compartir beneficios, lo que lo sujeta a mantener la negociación

para el sostenimiento de una patente, por ejemplo, en caso de que se genere, y con esta

expectativa es posible que se vea desanimado a hacer el esfuerzo inicial. Para algunos

autores, las licencias ex ante -que son un acuerdo entre el inventor original y el

potencial desarrollador- celebrados antes de que este último haga la inversión, son vistas

como una posible solución. De hecho, muchas de las negociaciones sobre licencias

vienen después, no antes de que el desarrollo esté culminado. La historia sugiere que

estas negociaciones no son sencillas y que los litigios pueden marcar la velocidad del

desarrollo. La evidencia disponible sugiere que los costos de transacción de la

transferencia de tecnología y de su licenciamiento son usualmente considerables (Teece,

2005).



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Para absolver la tercera cuestión es necesario definir qué esquema es mejor para la

difusión del conocimiento y qué vías alternativas podrían definirse para que el proceso

de generación de invenciones se vea incentivado. En el sistema de ciencia abierta no

hay competencia por recursos y reconocimiento, sino que se comparte todo el

conocimiento y los recursos durante el proceso y es más eficiente socialmente en la

medida que evita la dispersión y la duplicidad en la investigación. ¿Se justifica

levantar barreras a la entrada del conocimiento? El sistema de protección a los derechos

de propiedad intelectual existe pero su configuración no obedece a la necesidad de

circulación de conocimiento y menos a las condiciones de los países “en desarrollo”.

Como tema derivado está el de la ética de la investigación misma y la orientación de sus

resultados por el financiador. Se debe tener la suficiente independencia para definir el

proceso, diseño y resultados sin que medien los intereses particulares de un agente.

Muchos conflictos de intereses se han generado en la investigación financiada e incluso

en los Estados Unidos en donde se promueve el modelo existen muchas voces críticas

que reclaman la independencia de la academia en la investigación. Los cambios que

están ocurriendo en la sociedad no son ajenos, externos, a la universidad y por eso

mismo se debe reivindicar la posición de la universidad crítica, que aporte pensamiento

y conocimiento a partir de su esencia misma, analizando, proponiendo interpretaciones

y nuevos paradigmas más allá de las interpretaciones establecidas, planteando caminos

y soluciones alternativos.

Una reflexión final sobre ética y conocimiento

Las funciones misionales de las universidades deben cumplirse bajo principios éticos

claros (si entendemos la ética como el deber ser o el principio categórico para la

acción). Y esos principios deben estar guiados por una serie de valores que tienen que

ver con el ser humano, con la humanidad como especie. Una ética de la especie humana

en el sentido de Habermas: el ethos de una nación, de una comunidad (Habermas,

2009). En un sentido creativo del Ethos de la vida desde las diversas disciplinas que

constituyen la universidad. Sea pública o privada, en últimas ambas deben buscar lo

mismo. La especificidad se plantea en torno a los objetivos de sus fundadores o

promotores: la universidad pública debe obedecer a los fines más altos de la


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construcción de nación, el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. La

universidad privada puede buscar desarrollar conocimiento en áreas específicas, con

orientaciones filosóficas, ideológicas o prácticas particulares. Lo cual es diferente a

tener un propósito de lucro. En últimas, plantear la denominación “universidades con

ánimo de lucro” es un oxímoron, un contrasentido que solo puede surgir de una

concepción de la sociedad tan solo como un gran mercado y la posibilidad de que las

únicas relaciones en que pueden entrar los seres humanos son las de intercambio: de

mercancías, de sentimientos que son mercancías y de valores que también lo son.

En ese sentido ético las tres funciones misionales de la universidad deben obedecer a -y

buscar dar cuenta de- las necesidades del contexto, es decir, de la población, de los

actores sociales (incluso del mismo mercado), inmersos en contextos regionales que

imprimen a su vez características y necesidades particulares. La Educación podemos

concebirla como el principio básico para disminuir las desigualdades sociales y en esa

medida, junto con la investigación, deben obedecer a los criterios de pertinencia

enunciados atrás. Y con calidad, entendida en el sentido de Freire, como la posibilidad

de que todos tengamos acceso al conocimiento y a relaciones sociales y humanas

renovadas, muy diferente al concepto neoliberal de calidad como “competitividad”,

puesto que las personas no son competentes porque sean competitivas, sino porque

saben enfrentar sus problemas cotidianos junto con otros y no individualmente (Gadotti,

2003).

Lo anterior, complementado con una clara rendición de cuentas hacia la sociedad, en

donde la “gestión del conocimiento” en las tres funciones misionales se adelante no bajo

los principios de la rentabilidad privada sino del manejo responsable de los recursos y

en una interacción social de cooperación con aquellos actores que sí se comportan bajo

las premisas de la rentabilidad. Esquemas de cooperación que establecen deberes y

responsabilidades para las partes, definidos desde el comienzo mismo de la relación y

en donde la organización de las actividades puede darse en grupos, como manera de

acopiar y desarrollar nuevo conocimiento por la interacción y complementariedad. En

esa dirección, los resultados de la cooperación, si contemplan excedentes económicos,

deberán compartirse de acuerdo con una valoración equitativa que aporte a la

universidad posibilidades de desarrollo y ampliación de sus capacidades para cumplir

con sus funciones.



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Todo esto, obedeciendo en lo posible a los principios de ciencia abierta, esquema

preferible para el acceso al comienzo en democracia y equidad, que incluso en los

arreglos institucionales de protección al conocimiento ya se están desarrollando: los

principios del open source, del creative commons y de la open innovation son proclives

a la cooperación en la creación y circulación del conocimiento.


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