7/23/2019 El agua, un bien comn mercantilizado

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El agua, un bien comn mercantilizado

Antonio Madrid

Patricia Araya

Hoy, ms del 80% de los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentran en manos

de empresas mineras, hidroelctricas y agroexportadoras; de hecho, slo ENDESA

concentra el 81% de aquellos derechos de aguas que permiten emplear el agua sin

consumirla (una figura muy conveniente para hidroelctricas). Como si la excesiva

concentracin fuera poca, la DGA (institucin estatal encargada de la gestin de los

derechos de aguas) ha sobreotorgado derechos en zonas que apenas logran satisfacer las

necesidades de sus habitantes, ejemplo de ello es la comuna de Petorca, hace aos en

crisis por el sobreotorgamiento a grandes empresas agricultoras, muchas de ellas

propiedad de importantes militantes de la DC.

La escasez de agua es un problema que afecta a miles de chilenos, de sur a norte hay

comunidades que han visto cmo se desertifica su territorio y actualmente dependen de

camiones aljibe para abastecerse de agua. Esta situacin a todas luces atenta contra la

subsistencia humana, pues el agua no slo se bebe; se come y se respira gracias a ella.

Tener derecho al agua es tener derecho a la vida.

Pero cmo llegamos a esta crisis? Si alguien pide un derecho en un cauce natural y el

agua de aquel cauce excede lo que se necesita, la DGA simplemente lo otorga -cuestin

que hoy prcticamente no ocurre-. Pero si sobre esa misma agua aparecen ms

interesados, estos concurren a la misma peticin, lo que deriva en un remate al mejor

postor. As se asignan los derechos de agua en Chile; es por ello que hablar de un sistema

de asignacin por la autoridad carece de sentido, la asignacin de aguas en nuestro pas

est completamente entregada al mercado. Casualidad? Imposible. Estamos frente a

una institucionalidad creada en la dictadura a la medida del gran empresariado. El

sistema chileno de gestin de aguas cre un mercado, donde antes no lo haba, para

administrar y distribuir este recurso, el que actualmente resulta escaso y concentrado en

las manos de unos pocos.

Debido al agitado clima poltico que vivimos, ya no causa sorpresa observar un sistema -

como el de otorgamiento de derechos de agua- y descubrir a quin beneficia. Los casos

de corrupcin nos han mostrado el extremo delictual del sistema y han evidenciado la

estrecha relacin de subordinacin de la Nueva Mayora y la Derecha a los grupos

empresariales. Este vnculo no ve color poltico, aqu pinochetistas financian a los

supuestos herederos de Allende y entre todos, buscan un acuerdo transversal para cerrar

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el conflicto. La relacin de polticos y empresarios lleva aos decidiendo cmo se hacen

las cosas en Chile, este matrimonio es el que ha mercantilizado nuestros territorios y

bienes comunes, por esta razn la institucionalidad que regula el agua favorece a

hidroelctricas y mineras en desmedro de las comunidades y ecosistemas.

El Gobierno, al tanto de la crisis hdrica que atraviesa el pas, ha tenido un actuar

equvoco frente a la reforma del Cdigo de Aguas. En su indicacin sustitutiva, donde

echa por tierra importantes avances impulsados por la Comisin de Recursos Hdricos y

Desertificacin de la Cmara de Diputados, no se pronuncia sobre una reforma

constitucional para declarar las aguas bienes nacionales de uso pblicos, necesaria si se

quiere que la ley sea verbo y no letra muerta; no se hace cargo del problema actualmente

existente pues no toca los derechos ya otorgados, permitiendo el funcionamiento impune

del mercado de aguas y tampoco resguarda los ecosistemas ni las economas locales,

ambos vctimas de la especulacin, agotamiento y contaminacin de las aguas producto

del actuar coordinado del sector pblico y privado. Vemos que el nimo del Gobierno es

similar al que presenta ante la Ley de Glaciares, donde los protege dejndolos a merced

del extractivismo minero.

La contracara a la aridez de este panorama, nos la dan las comunidades afectadas, las

que desde sus territorios se han levantado unidas en continuas movilizaciones por la

recuperacin del agua, exigiendo la desmercantilizacin de este bien comn;

evidenciando la incompatibilidad de los grandes proyectos de inversin de corte

extractivista con la proteccin de ecosistemas y demandando del Estado una

reestructuracin institucional que permita una reasignacin democrtica, racional y

equitativa de los recursos hdricos. El 2014, Santiago fue escenario de un masivo

encuentro, este ao, es Valparaso el que reunir a los que marchan por la recuperacin

del agua y la vida. Y no es tampoco casualidad; si bien las grandes decisiones polticas se

toman en la capital, las consecuencias se esparcen sobre todo el territorio nacional, las

movilizaciones masivas en regiones son un llamado de atencin: gritan por calles y

avenidas lo deficitaria que es nuestra democracia y reclaman la injusticia del centralismo.

Sabemos que la movilizacin no es suficiente, es necesario que los actores sociales

empujen procesos de democratizacin para poder ser parte de la resolucin de los

conflictos que los afectan y este es el momento. El debilitamiento de la vieja poltica

ofrece una oportunidad nunca antes vista para la irrupcin de nuevas fuerzas sociales

que sean capaces que llevar adelante reformas de cara a la ciudadana, que favorezcan a

la mayora de los chilenos y le arrebaten el poder a los grandes empresarios. Es momento

de incidir en el rumbo de nuestro pas, llevamos muchos aos observando el robo de

nuestros recursos naturales y la destruccin de los ecosistemas, en nuestras manos est

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la inauguracin de una nueva poltica, profundamente democrtica y comprometida con

los intereses de todos los chilenos y chilenas.