El impacto fiscal y financiero que tendría una nueva extensión de la prórroga del Gobierno...

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E&R Memo Nº 157 24/04/2014 Economía & Regiones Tte. Gral. Juan D. Perón 725 Piso 8º - Capital Federal - CP (C1038AAO) TE/Fax: (54.11) 4325.4339/4373 www.economiayregiones.com.ar - E-mail: [email protected] MEMORANDO Nº157 POLÍTICAS CORTOPLACISTAS: LA NACIÓN VOLVERÍA A PRORROGAR POR TRES MESES LA DEUDA PROVINCIAL El próximo 30 de abril vence el plazo de gracia para el pago de intereses y amortizaciones de la deuda que las provincias mantienen con el Gobierno Nacional en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial. Ese día, las 18 provincias firmantes verán retenidos $667 millones de sus recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal, destinados a cubrir el vencimiento mensual. En este marco, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación anunció que: "el próximo lunes 28 de abril la presidente Cristina de Kirchner suscribirá junto a los gobernadores de las provincias el proceso de reestructuración del flujo de servicios de capital e intereses de deuda". Manteniendo las mismas condiciones de endeudamiento (plazo y tipo de interés), una potencial reprogramación en los vencimientos del II Trimestre derivaría en una disminución de $1.883 millones en los servicios provinciales de deuda, quedando un remanente de $4.083 millones para la segunda mitad del año. Al margen de mejorar la posición de caja para el pago del medio aguinaldo en junio, es limitado el efecto que tendrá la prórroga sobre las cuentas del Consolidado a nivel anual. Partiendo de un déficit primario de $10.100 millones, y en caso de materializarse el diferimiento de los servicios del II Trimestre, los vencimientos de deuda se reducirían a $31.700 millones (-5.7%), llevando a las necesidades anuales a $41.800 millones. 24 Abril 2014 Director Alejandro Caldarelli Economistas Verónica Sosa Diego Giacomini Guillermo Giussi Mario Sotuyo Esteban Arrieta Mariano Eriz ECONOMIA & REGIONES

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E&R Memo Nº 157 24/04/2014

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MEMORANDO Nº157 POLÍTICAS CORTOPLACISTAS: LA NACIÓN VOLVERÍA A

PRORROGAR POR TRES MESES LA DEUDA PROVINCIAL � El próximo 30 de abril vence el plazo de gracia para el pago de intereses y

amortizaciones de la deuda que las provincias mantienen con el Gobierno Nacional

en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial.

� Ese día, las 18 provincias firmantes verán retenidos $667 millones de sus recursos

provenientes del Régimen de Coparticipación Federal, destinados a cubrir el

vencimiento mensual.

� En este marco, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación anunció que: "el

próximo lunes 28 de abril la presidente Cristina de Kirchner suscribirá junto a los

gobernadores de las provincias el proceso de reestructuración del flujo de servicios

de capital e intereses de deuda".

� Manteniendo las mismas condiciones de endeudamiento (plazo y tipo de interés),

una potencial reprogramación en los vencimientos del II Trimestre derivaría en una

disminución de $1.883 millones en los servicios provinciales de deuda, quedando

un remanente de $4.083 millones para la segunda mitad del año.

� Al margen de mejorar la posición de caja para el pago del medio aguinaldo en

junio, es limitado el efecto que tendrá la prórroga sobre las cuentas del

Consolidado a nivel anual. Partiendo de un déficit primario de $10.100 millones, y

en caso de materializarse el diferimiento de los servicios del II Trimestre, los

vencimientos de deuda se reducirían a $31.700 millones (-5.7%), llevando a las

necesidades anuales a $41.800 millones.

24 Abril 2014

Director Alejandro Caldarelli

Economistas Verónica Sosa

Diego Giacomini

Guillermo Giussi

Mario Sotuyo

Esteban Arrieta

Mariano Eriz ECONOMIA & REGIONES

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Políticas Cortoplacistas: la Nación volvería a prorrogar por tres meses la deuda provincial

Breve recuento de los antecedentes del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial

Por Decreto del PEN N°660/2010 el Gobierno Nacional creó el Programa Federal de Desendeudamiento

de las Provincias Argentinas (PFDP), con el objeto de aliviar la situación financiera de las jurisdicciones

subnacionales. La deuda reestructurada ascendió a $65.500 millones, e incluyó la deuda que las

provincias mantenían con la Nación en concepto de Bogar 2018, Boden 2011 y 2013 y PAF. La

reprogramación previó un período inicial de gracia de intereses y amortizaciones hasta fines de 2011,

que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2013. A su vez, la Nación reconoció la deuda por Fondos de

ATN no distribuidos a las provincias, que ascendía a unos $9.600 millones. Esto último, permitió una

reducción del stock de deuda provincial del 15%, saldo que fue reprogramado a 20 años (a partir del 1º

de enero de 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2030) y una tasa de interés del 6% anual, sin ajuste por

CER.

En diciembre último, se volvió a reprogramar el stock vigente ($77.300 millones), en concepto de PFDP

y Programas de Asistencia Financiera (PAF) 2010, 2011, 2012 y 2013. Con una tasa aplicable del 6%

anual, los servicios originales vinculados al PFDP alcanzaban a $4.513 millones en concepto de intereses

y $4.545 millones por amortizaciones de capital. Al igual que en 2010 se realizó una quita sobre el

capital equivalente a $11.000 millones adeudados en concepto de ATN, a lo cual se agregó una prórroga

para el pago de los vencimientos (intereses + capital) del I Trimestre. De este modo, la deuda

resultante quedó en $66.300 millones, generándose un ahorro de $3.091 millones para el ejercicio

fiscal 2014, y un pago neto anual de $5.967 millones.

“Anuncio” oficial: a fines de mes se volverían a prorrogar los servicios del PFDP

Una vez finalizado el período de tres meses de prórroga, no existen aún mayores precisiones respecto a

cual sería la decisión a futuro del Gobierno Nacional, es decir, si optaría por la continuidad del

diferimiento en los pagos, o si por el contrario, reducirá la asistencia financiera a los estados

subnacionales. En caso de caerse la prórroga, el próximo 30 de abril las 18 provincias firmantes1 verán

1 Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza,

Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

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retenidos $667 millones de sus recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal,

destinados a cubrir el vencimiento mensual.

Vale subrayar que en la reprogramación de diciembre, las Convenios Bilaterales firmados por las

provincias establecieron las cláusulas que debían cumplir las provincias a fines de mantener y

extender la reestructuración de los vencimientos. En este sentido, las provincias firmantes debieron

presentar, con anterioridad al 31 de marzo, un programa de metas fiscales trimestrales para todo el

ejercicio. Asimismo, las jurisdicciones se comprometieron a realizar el envío de información fiscal y

financiera en forma mensual y exhaustiva, abarcando aspectos de ejecución presupuestaria, stock de

deuda, uso del crédito (endeudamiento) del período, situación del Tesoro y saldos bancarios, entre

otras cuestiones.

En resumen, para no ser excluidas del programa, cada 90 días las provincias deben negociar con el

Gobierno Nacional, incrementando el poder de injerencia y control de éste sobre las finanzas

provinciales.

En este marco, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación anunció que: "el próximo lunes 28 de abril

la presidente Cristina de Kirchner suscribirá junto a los gobernadores de las provincias el proceso de

reestructuración del flujo de servicios de capital e intereses de deuda". Es decir, dos días antes del

primer vencimiento, se volvería a extender el período de gracia por otros tres meses, replicando el

plazo otorgado en diciembre de 2013, aunque en este caso sin operarse quitas sobre el capital

adeudado. De concretarse, esta medida tendría una cierta conveniencia para las provincias, ya que

permitiría “ahorrar” recursos para pagar el medio aguinaldo, uno de los puntos más críticos para las

finanzas provinciales a lo largo del año. Con aumentos promedio del 30.5%, dicho pago implicaría una

erogación de $13.000 millones durante junio, que se agregan a la nómina mensual de $26.000 millones.

A continuación se presentará la estimación del ahorro fiscal adicional que generaría la implementación

efectiva de la medida, para mostrarse posteriormente que la situación del Consolidado de Provincias no

presentará una mejora sustancial una vez instrumentada la prórroga.

No se pagarían vencimientos al menos hasta junio. El ahorro adicional sería de $1.900 M

De acuerdo a nuestras estimaciones, la deuda al 31 de marzo ascendía a $67.300 millones, ya que a los

$66.300 millones originales (al 31/12/2103), se agrega la capitalización de los intereses durante el I

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Trimestre, que a una tasa anual del 6% equivalen a $999 millones. Dicho stock derivaba en un flujo de

vencimientos de $5.967 millones para los últimos 9 meses de 2014, desagregado en $2.968 millones en

concepto de intereses y casi $3.000 millones en cuotas de capital.

Manteniendo las mismas condiciones de endeudamiento (plazo y tipo de interés), una potencial

reprogramación en los vencimientos del II Trimestre derivaría en una disminución de $1.883 millones

en los servicios provinciales de deuda, quedando un remanente de $4.083 millones para la segunda

mitad del año (ver tabla).

Vencimientos del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial

Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias

En términos desagregados, cerca del 60% del ahorro se concentraría en 3 jurisdicciones (Buenos Aires,

Córdoba y Jujuy), en tanto que las restantes 15 provincias, absorberían el 40% del total.

Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias

De este modo, el ahorro acumulado ascendería a $4.975 millones durante 2014, reduciendo los pagos

de deuda al Gobierno Nacional en un 55% desde los $9.058 millones originales.

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Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias

Con necesidades financieras de $43.700 millones, la prórroga del PFDP no cambia la ecuación

Como señala el título, al margen de mejorar la posición de caja para el pago del medio aguinaldo en

junio, es limitado el efecto que tendrá la prórroga sobre las cuentas del Consolidado a nivel anual.

Partiendo de un déficit primario de $10.100 millones, los servicios de deuda sin prórroga alcanzarían los

$33.600 millones, y de este modo las provincias requerirían financiar unos $43.700 millones para cerrar

el ejercicio 2014 (1% del PIB). En caso de materializarse el diferimiento de los servicios del II Trimestre,

los vencimientos de deuda se reducirían a $31.700 millones (-5.7%), llevando a las necesidades anuales

a $41.800 millones.

Fuente: E&R, en base a datos del MECON y Provincias

Si bien representa una compresión superior al 4% en el requerimiento de fondos, se deduce que se

mantiene como una cifra muy compleja para financiar, más aun teniendo en cuenta el contexto de

encarecimiento del crédito interno, menor liquidez local, y reducido margen para hacer colocaciones

en los mercados de deuda internacionales. En este aspecto, recientemente trascendió una supuesta

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emisión de $8.700 millones del BCRA para recomprar LEBACs en manos del Banco de la Nación

Argentina, los que serían utilizados para otorgar financiamiento a las provincias a lo largo del ejercicio.

Vale recordar que la Carta Orgánica del BCRA impide a dicho organismo otorgar financiamiento directo

a los niveles inferiores de gobierno (provincial y municipal).

En conclusión, si bien sería necio negar el beneficio financiero que genera para las administraciones

provinciales la postergación de vencimientos (incluso cuando esto termina concentrando los pagos

futuros, ya que no se incrementan la cantidad de cuotas para el pago del capital), se debe señalar que

no deja de ser otra política cortoplacista, que aporta una solución transitoria al problema de las

finanzas subnacionales y que incluso no abarca a la totalidad de los distritos. El Gobierno Nacional

debería transitar otros senderos en caso que quisiera encontrar una solución de fondo, ya sea el

rediseño del esquema de coparticipación, la (re)distribución del 15% de la masa coparticipable que

queda en manos de la ANSeS, o la inclusión integral del impuesto a los débitos y créditos en la

distribución primaria (hoy del 30%). Estas últimas serían soluciones intermedias frente a la redacción de

una nueva ley de coparticipación.