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EN BUSCA DE LA VERDADERA

DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA Desde hace un mes Diputados y Senadores discuten la llamada

“Democratización de la Justicia”. En este marco creemos oportuno y necesario debatir sobre lo que realmente significa una democratización de la misma.

EL PODER EJECUTIVO HA PRESENTADO SEIS PROYECTOS QUE SE PROPONEN:

Modificar la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura; limitar las

medidas cautelares interpuestas contra actos u omisiones del Estado; cuestiones vinculadas con la transparencia y publicidad de los actos del Poder

Judicial y el acceso en calidad de empleado al mismo; junto a la creación de instancias de Casación a nivel federal, en las materias Civil y Comercial, Contencioso Administrativa del Trabajo y la Previsión Social, que se ubicarían

entre las Cámaras de Apelación y la Corte Suprema.

La reforma vertebral de este combo es la del Consejo de la Magistratura (órgano que se encarga de designar y remover jueces). El proyecto modificará

la forma de elección y número de miembros que lo conforman, ampliándolo de los 13 miembros actuales a 19. Los mismos serán electos a través del sistema de partidos por voto popular, integrando la nómina de candidatos de los

partidos políticos que se presenten en las elecciones. Se elegirán tres jueces, tres abogados, y seis académicos. En las dos primeras categorías ingresarán 2

por mayoría y 1 por minoría, mientras que en el caso de los académicos ingresarán 4 por la mayoría y 2 por la minoría. El cuerpo estará integrado también por un representante del Poder Ejecutivo, tres senadores y tres

diputados, con cada Cámara designando 2 por la mayoría y 1 por la minoría. De esta manera, y al coincidir las elecciones presidenciales con las de

los miembros del Consejo, quien resultare ser gobierno tendrá un dominio asegurado del órgano que controla al Poder Judicial.

La modificación en la conformación le otorga al partido político que gane la Presidencia el control sobre 13 de los 19 miembros del Consejo, un 68%, a

la vez que modifica la mayoría necesaria para destituir jueces de dos tercios de los miembros a la mayoría absoluta, 11 en este caso. Esta mayoría automática permitirá superar las mayorías exigidas para la designación o

remoción de jueces, lo que es de una extrema gravedad y una amenaza para la independencia de la Justicia, relegando a las minorías e imponiendo la

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voluntad del Poder Ejecutivo sin reparos. Debemos respetar la Constitución,

garantizando la independencia de la justicia y asegurando la representación de las minorías parlamentarias que también son representativas de la voluntad

popular.

En segundo lugar se reglamentan las “medidas cautelares contra el Estado” fijando un mecanismo para evitar que se extiendan sin un plazo determinado. Las cautelares no podrán tener una vigencia superior a seis

meses en el proceso ordinario, ni de tres meses en el proceso sumarísimo o de amparo. Se podrán extender por otros seis meses, siempre que ello resultare

procesalmente indispensable para los casos citados. Sin duda esta medida deja en estado de desamparo y vulnerabilidad a los ciudadanos frente a los abusos del Estado, haciendo más ágil el proceso en detrimento de una solución justa.

Por otra parte, la reforma incluye la publicidad de los actos del Poder

Judicial, la norma es es un avance al obligar la publicación y garantizar el acceso a la información de las causas en trámite, pero es imperioso señalar que esta vocación por la publicidad de los actos de gobierno debe plasmarse

también en la aprobación por parte del Congreso de una ley de acceso a la información pública que permita a los ciudadanos ejercer el control y fiscalizar

a todos los poderes por igual. Respecto de las declaraciones juradas, el proyecto más que un avance

supone un retroceso al unificar el tipo de formulario que deben presentar los sujetos obligados al formato que hoy exige la AFIP. En el mismo la información

que se debe declarar es menos detallada que la actual, por ejemplo funcionarios públicos estarán exentos de declarar lo que tienen en concepto de ahorro, resultando esto un impedimento importante al momento de

observar y evaluar su crecimiento patrimonial. Aún más grave es la supresión de la Comisión Nacional de Ética Pública como autoridad de

aplicación, recepción y evaluación de las declaraciones juradas, pasando estas funciones al ámbito de cada Poder.

Otro de los proyectos aprobados fue la creación de Cámaras de Casación, que hasta ahora sólo tenía el fuero penal. El propósito declarado de estas

nuevas instancias es el de limitar la cantidad de casos que debe resolver la Corte Suprema, pero los efectos no serán tan positivos, una nueva instancia

implica procesos más largos, mayores costos del litigio, y en consecuencia menor acceso a la Justicia. A su vez deberán nombrarse

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nuevos magistrados para esas cámaras, que sin dudas serán de cercanía de la

nueva mayoría política del Consejo de la Magistratura.

Finalmente, y en relación al proyecto de acceso como empleado al Poder Judicial, se estipulan diferentes instancias de evaluación, examen y sorteo

para los empleados de maestranza o de jerarquía menor, y concurso de oposición y antecedentes para los cargos letrados. Sin dudas estas disposiciones serían de un gran avance, pero siendo el nuevo Consejo de la

Magistratura la autoridad de aplicación de las mismas, no cabe otra posibilidad que sospechar sobre la discrecionalidad que podrían llegar a tener dichas

evaluaciones y designaciones en pos de controlar la Justicia desde todos los estamentos y niveles.

El Gobierno Nacional no impulsa una “Democratización de la Justicia”, sino más bien una cooptación de ella para garantizar su impunidad y

avanzar en la suma del poder público, atacando de raíz al sistema republicano y a los derechos y garantías de los ciudadanos. Las presiones ejercidas por el gobierno a la Justicia en los últimos diez años son

evidencia suficiente para saber que el objetivo es proteger a los funcionarios y amigos del poder.

Desde Proyecto Igualitario entendemos que cambiar un orden establecido no significa que necesariamente surja uno mejor. Un

proyecto de reforma judicial debe ser discutido por amplios sectores de la sociedad y debe avanzar en una democratización real de una justicia que se

ocupe de los derechos y el acceso a la misma de los más vulnerables, con independencia suficiente para controlar a los otros Poderes del Estado y a las corporaciones económicas.

Convencidos en que “el día que liberemos las instituciones cautivas,

vamos a liberar a un pueblo cautivo de las instituciones”, desde la

Coalición Cívica - ARI hemos trabajado desde siempre en iniciativas y

propuestas tendientes a mejorar la calidad y el acceso a las instituciones

democráticas y republicanas, con el objetivo y la convicción de liberarlas de la

cooptación del corporativismo corrupto y ponerlas al servicio de todos los

ciudadanos.

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ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS EN RELACIÓN A LA JUSTICIA:

Reformar nuevamente la Ley

del Consejo de la Magistratura y

volver a una composición que

respete la noción de equilibrio

establecida en la Constitución

Nacional, de manera de evitar el

predominio del partido de

gobierno, garantizar la

independencia judicial y

asegurar la representación de

las minorías parlamentarias.

Reformular la composición del

Jurado de Enjuiciamiento, de

modo que sea conformado por

sorteo cuando le sean remitidas

las acusaciones.

Reformular el sistema de

designación de jueces/zas, para

limitar la discrecionalidad de los

poderes políticos en este

proceso. Este sistema de

designación también debe incluir

la participación y control de la

ciudadanía desde las primeras

instancias del proceso, a través

de la incorporación de

observaciones, impugnaciones,

así como la posibilidad de elevar

pliegos de preguntas a los/as

candidatos/as.

Imprescriptibilidad de los delitos

de corrupción.

Promover la igualdad de género

en el acceso a los cargos de los

tribunales.

Reglamentar los juicios por

jurados en materia criminal.

Reforma y fortalecimiento

organismos de control como los

Entes Reguladores y la Unidad

de Información Financiera para

combatir la corrupción y el

lavado de dinero.

Redistribuir la competencia y

crear nuevos fueros en distintas

materias mejorando la calidad

mediante la especialización.

Traspasar la justicia ordinaria a

la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Sancionar Códigos de Ética en el

ejercicio de la función judicial y

reglamentación de las causales

de mal desempeño en las

funciones.

Implementar un sistema que

asegure el derecho de todas las

personas a contar con un/a

abogado/a en forma gratuita,

con consultorios gratuitos en los

barrios y pueblos.

Crear instancias que otorguen la

posibilidad de acceder a la

justicia a las personas con

menos recursos, como la

creación de tribunales vecinales,

de menor cuantía o

multipuertas, casas de justicia,

etcétera.

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Es indiscutible e imperiosa la necesidad de mejorar, agilizar y hacer más eficiente el Poder Judicial, un poder que hoy parece más orientado a asegurar el status-quo y los negocios compartidos de los sectores políticos y

económicos más poderosos de la Argentina, olvidando su finalidad primordial de salvaguardar los derechos de la ciudadanía.

Si el gobierno quiere cambiar el orden republicano y la división de poderes

debe conseguir las mayorías y el apoyo necesario para reformar la Constitución

Nacional.

NOSOTROS SEGUIMOS APOSTANDO Y CONSTRUYENDO

UNA REPÚBLICA IGUALITARIA.

BUENOS AIRES, 7 DE MAYO DE 2013