Estudio diagnóstico sobre las principales … Peru/Estudio Diagnostico... · Finalizado el ciclo...
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Estudio diagnóstico sobre las principales preocupaciones socio ambientales que podrían potencialmente convertirse en fuente de conflicto en el área de
intervención
Correspondiente al Producto 1.4.6 “Un programa de capacitación dirigido a autoridades en resolución y negociación de conflictos sociales y ambientales (generalmente relacionadas al
control de los excedentes hídricos y tierras forestales o agrícolas.
Lima, setiembre de 2010
Elaborado por : ProDiálogo Agencia solicitante : PNUMA
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Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en
el Perú: Una lectura general.
Índice
Resumen ejecutivo
Introducción
1. Historia reciente de la conflictividad social en el Perú
2. Enfoques e interpretaciones de sobre la conflictividad social en el Perú
3. Los conflictos socio ambientales en el Perú
4. Conflictividad social y socio ambiental en las cuencas de Santo Tomás,
Chumbivilcas, Cusco y Chalhuahuacho, Cotambambas, Apurimac.
5. Prevención y transformación de conflictos: un enfoque para el fortalecimiento de
capacidades
6. Conclusiones
Bibliografía
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Resumen ejecutivo
“Toda la vida social es conflicto, porque es cambio…”
Ralph Dahrendorf
A mediados de los años noventa se cierra un ciclo de alta conflictividad social en el Perú,
fundamentalmente marcada por el desarrollo del conflicto armado interno, iniciado a
principios de los años ochenta. Los actores involucrados en este cruento proceso fueron
de un lado, dos organizaciones alzadas en armas, Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru, contra el Estado peruano, teniendo en medio de esta
encarnizada batalla a la sociedad civil en su conjunto. El saldo final de víctimas, registradas
por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2004), fue de
alrededor de 69 mil ciudadanos muertos o desaparecidos. El 75% de las victimas tenía
como idioma principal el quechua u otras lenguas nativas; el 55% trabajaban en
actividades agropecuarias y las zonas más afectadas por la violencia fueron los
departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco, cuatro de los cinco
departamentos más pobres del país y con las más altas tasas de ruralidad.
Finalizado el ciclo del conflicto armado interno, se abrió otro de distinto carácter, más
bien marcado por la presencia ascendente de protestas sociales en diferentes zonas del
país, alrededor múltiples asuntos en disputa, que fueron desde pliegos laborales hasta
oposición a la privatización de servicios públicos. Se puede sostener que durante el
gobierno del Presidente Fujimori, el nivel de protesta social fue más bien reducido
respecto a lo que sería durante el gobierno del Presidente Toledo y el Presidente García.
Como lo anotan algunos analistas las protestas sociales en el Perú, siguieron una marcada
dinámica ascendente desde finales de la década del noventa, por un conjunto de factores,
entre ellos el fin de un régimen político autoritario y un cambio en la estructura de
oportunidades políticas signado por el proceso de apertura y democratización abierto
hacia el final del gobierno del Presidente Fujimori. (Grompone y Tanaka, 2009).
A partir de mediados del 2000, un nuevo fenómeno empezó a configurarse en la dinámica
de la conflictividad social en el país. Según los registros realizados por la Defensoría del
Pueblo, entre principios y mediados de la nueva década, los conflictos más frecuentes
estuvieron asociados a temas de demandas sociales de distinto tipo, disputas por cargos
electorales, desavenencias entre ciudadanos y autoridades locales y regiones, entre otros.
Desde el segundo semestre del 2005 en adelante, los conflictos denominados socio
ambientales empiezan a ganar marcada centralidad. De pronto, del total de los conflictos
que dicha entidad monitorea, a través de sus reportes mensuales, tendencialmente, entre
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el 48 a 50% empiezan ser conflictos de este tipo, en los que se hallan involucrados
empresas extractivas, fundamentalmente mineras y comunidades locales. Dichos
conflictos se sitúan básicamente en zonas rurales y tienen que ver, entre otras cosas, con
la disputa por el uso, manejo y control de los recursos naturales, principalmente agua y
tierra, además de otros elementos, no menos complejos, como son los temores reales o
percibidos sobre afectaciones ambientales, activación de expectativas y demandas a las
empresas (empleo, fondos de desarrollo, servicios públicos), incumplimiento de acuerdos.
Para el segundo semestre del 2010, la tendencia se mantiene. Según el reciente reporte
de la Defensoría del Pueblo, de 255 conflictos identificados, el 50% son de carácter
socioambiental y, en su mayoría, enfrentan a empresas mineras y comunidades locales
que se encuentran dentro de sus áreas de influencia. Singularmente, los conflictos
detectados en la zona de estudio considerada por el presente diagnóstico, que son las
microcuencas de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco y
la de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotambambas, departamento de Apurimac, el
tipo de conflictos recurrentes son los de carácter socioambiental, al punto que en las
organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas, se han declarado explícitamente
en contra de la actividad minera.
De una mirada general, podemos observar que el actual estado de la conflictividad en el
Perú, se viene dando en un marco de una economía en crecimiento sostenido, que ya
viene cubriendo un ciclo de poco más de una década; niveles de pobreza y pobreza
extrema subsistentes, sobre todo en áreas rurales; una marcada expansión de actividades
extractivas, fundamentalmente minera, además de la petrolera, gasífera, pesquera,
forestal e hidroenergética; una subsistente crisis de representación política y
fragmentación social, que viene complementada por la aún débil capacidad del aparato
estatal de cubrir todo el territorio nacional, a través de su presencia como autoridad y
oferente eficiente y eficaz de bienes públicos. A todo ello, podemos sumar las débiles
capacidades, de las autoridades subnacionales y de los líderes de la sociedad civil, así
como de los agentes públicos y privados, para construir espacios para la deliberación, el
diálogo y la participación constructiva, que prevalezcan sobre las salidas confrontacionales
o violentas. En el Perú, sigue siendo un reto construir y fortalecer la democracia y los
pasos decisivos para lograrlo van en el sentido de cerrar las brechas sociales, hacer que el
crecimiento sea inclusivo, que la explotación de los recursos naturales se de de manera
ambiental y socialmente responsable y, que el diálogo sea asumido por las autoridades y
los ciudadanos como un medio y un fin.
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Introducción
El presente diagnóstico forma parte de la actividad 1.4.6 Un programa de Capacitación
dirigido a autoridades en resolución y negociación de conflictos sociales y ambientales) del
programa conjunto “Gestión Integral y Adaptativa de Recursos Ambientales para
Minimizar Vulnerabilidades al Cambio Climático en Microcuencas Altoandinas (Programa
ODM‐F‐Perú). El mismo, fue encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y realizado por Prodiálogo y fue realizado junto con un folleto
de sensibilización/concientización, el diseño instruccional del taller de capacitación, la
presentación power point y la guía para el instructor.
El objetivo del diagnóstico es presentar de manera sistematizada y organizada
información general referida a la evolución y tendencias de los conflictos sociales y
ambientales en el Perú, básicamente de los últimos diez años, de modo de contar con un
marco analítico que sirva de insumo para la formulación de los materiales de capacitación
comprometidos. La metodología seguida para su elaboración ha considerado la revisión,
análisis y sistematización de material bibliográfico, información secundaria de carácter
estadístico, entrevistas a consultores y la incorporación de un estudio de caso realizado
por el Centro Bartolomé del Cusco. El presente estudio ha tomado como ámbito de
análisis la microcuenca de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, departamento
del Cusco y la microcuenca de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas,
departamento de Apurimac, ambas zonas altoandinas, de sierra sur del Perú.
El esquema general del diagnóstico considera una primera parte en la que sintetizamos la
historia reciente de la conflictividad social y ambiental que se ha venido desarrollando en
el Perú, en los últimos diez años, que es cuando, según el análisis de las estadísticas
referidas al tema, dan cuenta del el incremento tendencial de los conflictos denominados
de carácter socioambiental, que a su vez, van emparentados con la marcada presencia de
la actividad extractiva en el país, en comparación con décadas anteriores. Seguidamente,
buscamos presentar de manera analítica los enfoques recientes desde los que se ha
tratado de entender, explicar e interpretar el incremento de la conflictividad
socioambiental en el Perú, puntualizando sus alcances y limitaciones. En la tercera parte
del documento, nos focalizamos en el análisis de los conflictos socioambientales,
buscando entender su especificidad, complejidad y alcance, así como la alta incidencia
que estos vienen teniendo en el escenario social actual. En la cuarta parte nuestro análisis
se concentra en los ámbitos de estudio elegidos, que son las microcuencas de Santo
Tomás y Chalhuahuacho, identificando el tipo de conflictos que vienen dándose en dichas
zonas, los escenarios en los que se desenvuelven, los asuntos conflictivos, los actores
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involucrados y los modos de abordaje utilizados por las partes involucrados. En la quinta
parte, desarrollamos el enfoque conceptual desde donde entendemos puede resultar
constructivo abordar los conflictos socioambietales y que es el soporte teórico que
sustentará los materiales de capacitación diseñados. Cerramos el presente diagnóstico,
con un conjunto de conclusiones y recomendaciones.
Si bien muchas personas han tenido que ver con el estudio en su conjunto o en parte de
él, la responsabilidad sobre su consistencia y calidad es enteramente del equipo que
formó parte de su formulación y redacción final, compuesto por Javier Caravedo, Alex
Landauro, Gustavo Moreno, Liz Puma y César Bedoya, quien coordinó el equipo. No
queremos cerrar esta introducción sin dejar de agradecer a Andrea Brusco y María
Eugenia Recio del equipo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la
para América Latina y El Caribe.
1. Historia reciente de la conflictividad social en el Perú.
Como lo apunta el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre los casi
veinte años que duró el conflicto armado interno, hubieron muchas más víctimas
mortales que en ciento ochenta y dos años de vida republicana, ni las guerras con Chile y
con el Ecuador, generaron tanto sufrimiento y dolor. Entre los factores que explican este
período de nuestra historia, están, entre otros: la decisión y voluntad política de los
grupos alzados en armas que plantearon su abierta confrontación contra el Estado
peruano, buscando su destrucción y suplantación por otro orden institucional; las brechas
sociales subsistentes expresadas en el sofocante centralismo del país que creó una
abismal distancia entre la capital y el resto del país; la fuerte gravitación económica,
demográfica y simbólica de Lima y la costa en desmedro de los andes; las atávicas
divisiones estamentales expresadas en formas, a veces frontalmente explícitas otras veces
de manera tácita, en discriminaciones étnico culturales y raciales (Degrergori, 1988; CVR,
2004); un Estado poco legitimado ante la sociedad, que lo sentía distante o hasta
amenazador; vacíos de poder en amplías zonas del país, fundamentalmente rurales y
sobre todo altoandinas; debilidad de los partidos políticos o mecanismos de
representación que no recogían o tramitaban las alarmantes necesidades sociales
imperantes y una coyuntura económica vulnerable y de persistente crisis, que aunque en
momentos de expansión el crecimiento económico fue expectante, la redistribución
interna de la riqueza se mantuvo bajo una lógica excluyente. No cabe duda que este
período de la historia reciente del Perú, marcó hacia adelante ciertas dinámicas en el
desenvolvimiento social y político del país. Si bien es cierto que en algunos aspectos se
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encaminaron cambios fundamentales, como es el caso del proceso de descentralización y
la ampliación de los espacios de participación ciudadana, así como intentos de
modernización del aparato estatal; en otros, la condiciones han subsistido, planteando el
desafío de superarlas con mayor rapidez, eficiencia y eficacia, como es el caso de la
pobreza, pobreza extrema y desigualdad interna, que se mantienen persistentes o
decrecen muy lentamente, sobre todo en zonas rurales altoandinas y amazónicas, aun en
un escenario de crecimiento económico sostenido que viene durando más de una década,
pero que aún bajo una lógica de restringida inclusión.
Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2004
Finalizado el ciclo del conflicto interno armado, fundamentalmente, producto de la
captura de los principales líderes de las organizaciones alzadas en armas, se fue
configurando una nueva etapa que inicialmente estuvo marcada por el reflujo de la
conflictividad social en el país. El gobierno del Presidente Fujimori, canceló un
ordenamiento institucional y un modelo de desarrollo estructurado alrededor del Estado,
como agente económico central (Wise, 2003) y puso en marcha un programa de reformas
estructurales que prefiguraron el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo de carácter
neoliberal, orientado por los principios del Consenso Washington (Gonzales de Olarte,
1998). Cabe considerar que el país que dejó el primer gobierno del Presidente Alan García,
estaba prácticamente en la ruina, colapsado por una severa hiperinflación, recesión
económica, el aislamiento internacional producto de la decisión política de restringir el
pago de la deuda externa, el debilitamiento extremo del aparato estatal y la violencia
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política imperante (Crabtree, 2005). El nuevo modelo instaurado se expresó en un
programa de ajuste estructural cuyo objetivo central fue atacar los desequilibrios
macroeconómicos buscando la transformación radical de la estructura productiva del país
y enrumbarla básicamente hacia el crecimiento de la producción de bienes transables de
exportación. El conjunto de medidas asumidas tuvieron como ejes reformar la estructura
institucional que regía la producción, la circulación, la distribución y el consumo,
redefiniendo los roles económicos del Estado y del mercado. Instaurado el modelo este
entró en vigencia y es el que rige hasta hoy.
Singularmente en la etapa de puesta en marcha de este nuevo ordenamiento, las
protestas sociales más bien fueron escasas, hasta finales del año 1997, donde, según las
estadísticas existentes, se empieza a dar un repunte en las protestas sociales, hasta
entrado el año 2000, donde el incremento se hace más marcado y que básicamente
expresaba el rechazo a la reelección del gobierno de Fujimori. De ahí que algunos analistas
planteen que la evolución de la conflictividad social en el país, estuvo marcada por la
regresión autoritaria (Lynch, 2009) que se vivió entre el autogolpe de abril de 1992, hasta
el inicio del gobierno de transición del Presidente Paniagua
Si el año 1995 las protestas registradas fueron de 185, el año 1997, ascendieron a 340,
para llegar al 2001, con 720 protestas sociales registradas. De una revisión general de la
tendencia, tenemos que durante período 1995‐2006, se registraron un total de 5,443
protestas sociales, que distribuidas entre los gobiernos turno, tendríamos 35.70% durante
el gobierno del Presidente Fujimori; 7.39 % durante el gobierno de transición del
Paniagua; 55.4% durante el gobierno del Presidente Toledo y 1.43% durante los primeros
meses del segundo gobierno de García (Grompone y Tanaka, 2009). Los acontecimientos
políticos desencadenan la renuncia del Presidente Fujimori y el inicio de una nueva
transición democrática, que paradójicamente, abrió un ciclo de protestas sociales que
tenían que ver con demandas políticas, laborales, presupuestales, entre otras.
Entre los 2000 y 2005, que coinciden con el gobierno de transición del Presidente
Paniagua y la elección del Presidente Toledo, el incremento de la conflictividad social iría
en ascenso. Al menos cuatro son identificados a la fecha como los que marcaron ciertos
hitos en este proceso. El primero, tuvo que ver con la oposición cerrada de los pobladores
del distrito de Tambogrande, el departamento de Piura, frente al desarrollo de un
proyecto minero impulsado por la empresa canadiense Manhattan Minerals (Paredes,
2008); si bien el conflicto data de fines de los años noventa, las acciones colectivas más
contundentes se dieron entre los años 2000 y 2001. El segundo, llamado la “gesta de
Arequipa” o el “Arequipazo”, que se dio a principios del 2002 y que se expresó en una
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grave revuelta, en el departamento de Arequipa, como oposición al intento del gobierno
de turno para privatizar la Empresa Generadora de Energía Eléctrica de Arequipa. La
protesta fue radical al punto de declararse en emergencia la ciudad (Tejada, 2008), por
más de quince días. Finalmente, a través de la presencia de un Comité de Alto Nivel,
constituido por Ministros de Estado y con la mediación de la iglesia, se lograron una serie
de acuerdos, entre ellos, la anulación del proceso de concesión de la empresa generadora
de energía. El tercero, tuvo que ver también con un tema socioambiental, al igual que el
caso Tambograde; éste conflicto se desarrolló en Cajamarca y tuvo como eje de la disputa
la intangibilidad del llamado “Cerro Quilish”, frente a la intención de la empresa minera
Yanacocha, por ampliar sus operaciones auríferas (Lingán, 2008). Las movilizaciones
fueron masivas, lo que llevó a la empresa a dar marcha atrás en su intención. El cuarto
conflicto emblemático, tuvo que ver con el enfrentamiento de pobladores y autoridades
locales, que se llevó a cabo en Ilave, Puno, en abril de 2004, (Pajuelo, 2009) y que finalizó
con el asesinato en público del alcalde de dicho distrito. En adelante, otros conflictos
surgieron, básicamente en el campo socioambiental, hasta llegar al gobierno de Alan
García, en cuyo período, la acción de protesta más emblemática sería la del llamado
“Baguazo” (Alimonda et al, 2009), que se dio en junio de 2009, luego de más de dos meses
de movilizaciones por parte de un grupo de organizaciones nativas, aunque sus
antecedentes fundamentales se dan durante el 2008, que es cuando dichas
organizaciones se oponen a una serie de decretos legislativos que consideraban que los
afectaban. Esta protesta finalizó con un cruento saldo de treinta víctimas mortales,
veinticuatro de ellas miembros de las fuerzas policiales que se hallaban rehenes por los
nativos en las instalaciones de un campamento petrolero. Según las crónicas del
movimiento, 3,600 nativos se movilizaron por la zona. Los decretos legislativos que
buscaban ser derogados tenían que ver con la desprotección que estos implicaban a los
territorios de las comunidades nativas, buscaban “ordenar” y “formalizar” las tierras
rurales en plazos determinados, establecer nuevas políticas de promoción agraria a través
de la creación de nuevas formas empresariales en el campo. Frente a esta protesta, altos
funcionarios del gobierno, llegaron a manifestar que los reclamos de las organizaciones
indígenas estaban poniendo en riesgo la suscripción del acuerdo de libre comercio (TLC)
con los Estados Unidos, con lo que era inviable derogar dichos decretos. A estas protestas
les sobrevendían otras no menos graves como las que se oponían la actividad minera
(Arequipa, Cusco), a la construcción de hidroeléctricas (Arequipa, Cusco, Puno), contra la
contaminación por actividad petrolera (Amazonas).
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 2009
Hacia fines del 2004, según información del Ministerio del Interior, en lo que iba de ese
mismo año se habían registrado en el país 8,956 acciones de protesta en las que habría
participado más de 3 millones de personas. Ese mismo año la Defensoría del Pueblo, a
través de su Unidad de Conflictos Sociales, empezó a generar reportes mensuales de
conflictos, reportes que hasta hoy son una de las fuentes más importantes al respecto. A
diferencia del Ministerio del Interior y por el tipo de conflictos que la Defensoría optó
registrar, el año 2004, el mes de diciembre hacían un balance general de los conflictos
durante el año, identificando un total de 50. En general, la conflictividad durante esta
etapa y en adelante, ser caracterizaría por la ausencia de marcos organizativos, débil
unidad de objetivos, expresados como estallidos dispersos, con agendas diversas, cuya
capacidad de ejercer presión se sustenta menos en su organicidad, masividad y extensión
nacional, cuanto en el grado de violencia (Remy, 2005). Entendiendo este fenómeno,
como lo plantean otros analistas (Grompone, 2005), en la lógica de un movimientismo
social que no necesariamente cuestiona al sistema como tal y que pueden estar
expresando nuevos modos de hacer política en un escenario de crisis de representación
política y fragmentación social.
A partir del 2005 las cifras difundidas por la Defensoría del Pueblo, empiezan a dar cuenta
de una singular tendencia: los conflictos socioambientales empiezan a dominar la escena
social. En adelante, del total de conflictos identificados por esta institución, este tipo de
conflictos serían los dominantes hasta la fecha, representando entre el 48% y 50% del
total de conflictos registrados a nivel nacional. En dichos conflictos los actores en disputa
son generalmente empresas extractivas, fundamentalmente minera y las comunidades
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sociales de su entorno. Entre los temas en controversia, están los temores reales o
percibidos de la afectación de recursos naturales (aire, agua, suelo); temores reales o
percibidos de la afectación sobre la salud de las personas; activación de expectativas
respecte a acceso a empleo, fondos para el desarrollo, acceso a servicios sociales, entre
otros (Defensoría del Pueblo, 2007).
En general, se puede plantear que en el Perú, a mediados de los noventa se cierra un ciclo
de la conflictividad social, marcada por el conflicto armado interno, luego se entraría en
una suerte de latencia donde en nivel de conflictividad muestra un descenso, por las
características del régimen político, que finaliza con el inicio de la transición democrática a
inicios del 2000. En adelante, la conflictividad social marca una pauta de ascenso,
asumiendo cierta dominancia, los conflictos de carácter socioambiental.
2. Enfoques e interpretaciones de la conflictividad social.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, expone un conjunto de factores para explicar
las razones que generaron las condiciones para el inicio y expansión del conflicto armado
interno en el Perú, desde su inicio en 1982, hasta su finalización, que coincide con las
capturas de los principales líderes de las organizaciones alzadas en armas, a mediados de
los noventa (CVR, 2004). Factores históricos, entre los que se encuentran el marcado
centralismo que creó una abismal brecha entre la ciudad capital (Lima) y las provincias del
interior del país, sobre todo rurales; las antiguas y persistentes divisiones de carácter
estamental, que si bien parecían diluirse no han desaparecido, más bien se han
reconfigurado y sofisticado, esas divisiones estamentales que crean distancias concretas y
simbólicas mestizos, blancos e indios. Factores institucionales, entre los que tenemos a un
Estado poco legitimado, una ciudadanía poco extendida, una modernidad trabada
expresada en una persistente desigualdad de orden social, económica y política. Factores
de coyuntura, que tenían que ver con una persistente crisis económica agravada por el
peso de una deuda externa exorbitante, desastres naturales y desmanejo de política
económica, que hacia finales de los ochenta se expresaba en un Estado prácticamente
quebrado; vacíos de poder sobre todo en extensas zonas andinas, donde el proceso de
reforma agraria desmonto esquemas de autoridad y poder que no lograron ser del todo
remplazados por otros que aseguraran una real democratización del campo; la debilidad
del sistema político expresada en una crisis de representatividad que se anunciaba aún
incipiente y que actualmente se expresa en mayor magnitud.
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En la línea de explicar la conflictividad social a la luz de lo acontecido durante el conflicto
armado interno, se buscaron contrastar algunas hipótesis (Melendez, 2004):
¿Existe continuidad entre la matriz de violencia política desarrollada a partir de la
década del ochenta y los conflictos actuales entre autoridades y sus pueblos?
¿Es la pobreza el “caldo de cultivo” para los conflictos sociales?
¿La existencia y uso de los mecanismos formales de participación ciudadana
disminuyen las posibilidades de conflicto social?
¿El retiro de los partidos políticos nacionales de las zonas más alejadas del centro
del país y la presencia de políticos independientes como autoridades estatales
aumentan los riesgos de algún estallido de violencia social a partir de los conflictos
sociales?
Respecto a la primera hipótesis, contrastando el mapa de incidencia del conflicto armado
interno y el mapa de incidencia de conflictos sociales, no hay necesariamente una
correlación directa, es más bien indiferente la concentración y frecuencia de conflictos en
zonas en donde antes se asentó con mayor crueldad la violencia política respecto a las
zonas donde actualmente se desarrollan dinámicas de conflictividad, lo que estaría
sugiriendo que no existe una sola matriz de violencia que están en la base de la actual
conflictividad social. Respecto a la segunda hipótesis, no cabe duda que la pobreza, así
como la desigualdad puede estar en la base de la insatisfacción ciudadana, y de hecho la
mayor cantidad de conflictos socioambientales se localizan en zonas rurales con altos
índices de pobreza y pobreza extrema, pero este es uno de los factores que inciden en la
activación de la conflictividad social, no es el factor por definición determinante. Sobre la
tercera hipótesis, al contrario de lo que se creería, aparentemente los espacios de
participación se constituyeron en la arena de disputa política abierta, sobre todo en el tipo
de conflictos que enfrentan a ciudadanos y autoridades locales y regionales; ello se puede
expresar en la apelación al mecanismo de revocatoria de autoridades, que últimamente
ha sido bastante utilizado, tanto así que durante el 2004, de las 194 provincias en el país,
en 95 (49%) se realizó al menos una acción de revocatoria; más bien estos mecanismos
muchas veces son desbordados y se manifiestan como insuficientes. Respecto a la cuarta
hipótesis, pareciera que el sistema político peruano ha venido configurándose de modo tal
que se ha visto copado por operadores autónomos, con filiaciones fluctuantes y con
agendas particulares. Sobre este último punto regresaremos más adelante.
Con el cierre de este ciclo, se abre otro marcado por un giro en el modelo de crecimiento y
papel del Estado. Hay autores (Cotler, 2008) que plantean que la nueva lógica de relación
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entre capitalismo y democracia, acumulación privada y participación política, sienta las
bases para el desencadenamiento de conflictos debido al carácter antagónico los actores
sociales en escena y la débil autonomía estatal para conciliar distintos intereses,
determinando una dinámica de alta convulsión social. Finalizada la etapa de regresión
autoritaria del gobierno del Presidente Fujimori, la reconstitución democrática incentivó la
reorganización y rearticulación de sectores excluidos y silenciados, sosteniendo demandas
de toda índole. En este sentido, este nuevo ciclo de conflictividad social se explicaría por el
cambio político así como por la expansión del capitalismo, en un marco de crecimiento
económico. Se configura así, un nuevo escenario signado por conflictos de carácter
redistributivo, que alternan entre la exigencia de participar del crecimiento y la oposición
a un modelo que sienten excluyente.
Las estadísticas indican que el crecimiento y la estabilidad macroeconómica en el Perú ha
venido siendo sostenido, al menos la última década. El promedio del crecimiento
económico ha sido de entre 7.5% a 8% anual. El país luego de cuarenta años ha logrado
alcanzar superávit fiscales.
Oferta y demanda global Perú 2005‐2009
2005 2006 2007 2008 2009
Oferta global
PBI 6,4 7,6 9,0 7,9 7,0
Importaciones 10,7 12,6 12,6 13,9 11,8
Demanda global
Demanda interna 5,5 10,0 11,6 9,3 8,4
Consumo privado 4,4 6,2 8,3 6,5 5,8
Consumo público 9,8 8,7 4,8 8,8 6,2
Inversión bruta interna 7,4 24,7 25,5 17,4 15,7
Inversión bruta fija 13.6 18,9 22,7 21,6 15,9
Privada 13.9 20,1 23,2 19,7 15,8
Pública 12.2 12,7 19,7 32,4 16,8
Exportaciones 15.0 1,2 5,4 7,2 4,9
Fuente: Cuba, 2008.
El despegue económico no ha tenido su necesario correlato con los persistentes índices de
pobreza, pobreza extrema y desigualdad (Cuba, 2008). De hecho estos han ido
disminuyendo, pero no con la rapidez necesaria y dicha caída es más acentuada en
ciudades que en las áreas rurales de sierra y de selva. Los problemas pendientes siguen
siendo la brecha de ingresos entre los diferentes quintiles de la población sobre todo
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entre las zonas urbanas y rurales; las diferencias entre regiones y la creación y distribución
de riqueza a nivel interno, las brechas en infraestructura de servicios públicos expresados
en los aún bajos niveles de acceso a electricidad, agua y sistemas de saneamiento; los aún
altos índices de desnutrición infantil en zonas rurales de sierra y selva que llegaba al 2005
a 24.1% del total de la población infantil de entre 0 a 5 años; déficits en el servicio de
educación, que en términos de expansión el índice es alto, pero en términos de calidad
sigue deficiente según recientes pruebas aplicadas para medir niveles de dominio de
alfabetización lectora, tanto a nivel de alumnos como docentes.
A la interpretación de la conflictividad social que pone acento en la contradicción,
persistente a lo largo de la última década, entre crecimiento económico sostenido y una
limitada redistribución de la riqueza y la interpretación que busca explicar la conflictividad
por la apertura de estructuras de oportunidad política para la acción colectiva de diversos
actores dada la transición de un gobierno autoritario (Fujimori) a un gobierno democrático
(Paniagua, Toledo, García), se suma otra que busca dar cuenta de la ausencia de vínculos
de intermediación política entre ciudadanos y autoridades que permitan establecer
patrones ordenados de canalización de demandas y una adecuada representación política
(Melendez, 2005). Frente a esta estructural debilidad en la representación política, surgen
agentes intermediarios y operadores políticos (vértices articuladores) que estimulan la
protesta, promoviendo una acción colectiva más bien fragmentaria, pragmática y
circunstancial, que responde a determinada correlación de fuerzas localizadas y a agendas
que combinan demandas por bienes públicos como privados.
De otro lado, la activación de conflictos socioambientales, también generaron una serie de
lecturas sobre las fuentes de su origen y tendencias (ver acápite 3 del presente
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documento). Desde las que privilegian miradas de carácter macro, que tienen que ver con
los cambios producidos por la instauración del modelo neoliberal y la afectación de
múltiples dinámicas a nivel territorial, social, económico y político (Bebbington, 2007) y las
que privilegian el análisis de elementos de contexto general, como son el rol del Estado, el
comportamiento de las empresas y de los contextos particulares, expresadas en las
reacciones y demandas de la población (Banco Mundial, 2005; Defensoría del Pueblo,
2007; Caballero, 2009).
En general, existe el consenso que las condiciones de la actual conflictividad fueron
configuradas justamente durante el gobierno fujimorista (1990‐2000). Durante dicho
régimen, por un lado, se restringió y desprotegió el ejercicio de los derechos
fundamentales, debilitándose y reprimiendo, asimismo, a los movimientos sociales; y, por
otro lado, se promovió una serie de cambios económicos y legales que implicaron el
debilitamiento institucional del Estado, el ahondamiento de la crisis de representatividad
política, así como la promoción activa de la presencia del sector privado en el
aprovechamiento de los recurso naturales como eje del modelo de desarrollo, en
contextos culturales y sociales tradicionalmente excluidos de la participación política y
económica. Este proceso profundizó el deterioro de las relaciones sociales, marcada por la
sensación de exclusión e inequidad. A pesar de ello, las demandas colectivas fueron
contenidas, reprimidas e invisibilizadas en lugar de abordadas en su complejidad. Así, con
el regreso a la democracia la agenda social embalsada emergió en medio de un espacio
institucional debilitado e incapaz de responder adecuadamente la gran presión existente.
En los últimos años este contexto ha sido dinamizado por el avance del proceso de
descentralización y el crecimiento económico. En buena cuenta esto ha implicado una
doble tensión distributiva: del poder político entre lo nacional, regional y local, y de los
beneficios del crecimiento (canon, regalías, aporte voluntario, beneficios directos, etc.)
generados mayormente por la actividad minera.
En este panorama cada vez más complejo, los conflictos sociambientales son la expresión
(síntoma) de la tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que implica el
desarrollo. Esta situación de desencuentro está además marcada y alimentada por el
ritmo y las características de la dinámica con la que se han venido dando los procesos, lo
cual dificulta la posibilidad de profundizar el diálogo intercultural desde el cual integrar y
armonizar estas visiones: una expansión de la actividad minera que se da a una gran
velocidad, abarcando espacios territoriales amplios, y con poca disposición real, en
muchos casos, a considerar los intereses y necesidades en juego de todos los grupos de
interés involucrados. Esta dinámica se desarrolla, además, sin la existencia de un
ordenamiento territorial previo, y una regulación y fiscalización eficiente por parte del
16
Estado. A esta dinámica relativamente nueva, se le debe sumar la carga histórica de la
minería y su secuela de pasivos ambientales y sociales (abusos), lo cual ha calado
hondamente en la psique colectiva de las comunidades como factor de desconfianza
frente a la presencia de nuevas empresas. Esto hace difícil y compleja la convivencia, aún
cuando las empresas utilicen tecnologías ambientalmente limpias y practiquen políticas de
responsabilidad social corportativa (Caravedo, 2010).
3. Los conflictos socio ambientales en el Perú.
Una definición directa de conflicto socioambiental alude a aquellos en los que los actores
se disputan el uso, manejo o control de los recursos naturales. Si desarrollamos más está
idea de base tendríamos que los conflictos socioambientales implican ciertas prácticas de
uso y explotación de los recursos de la naturaleza que al afectar o degradar los
ecosistemas pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o desarticulación
en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de la sociedad (Ortiz,
1997). Otros autores amplían el concepto trabajando categorías para distinguir los
elementos centrales que están detrás de los conflictos socioambientales: los conflictos por
simple escasez; por identidad del grupo y los conflictos por deprivación relativa (Homer‐
Dixon, 1991). La Defensoría del Pueblo, no llega a explicitar un concepto operativo de
conflicto socioambiental, pero sí alude al conflicto social como una confrontación pública
entre actores que buscan influir en la organización de la vida social Defensoría del Pueblo,
2005).
Para el mes de mayo de 2005, la cantidad de conflictos sociales registrado por la
Defensoría del Pueblo llegaban a 74, de los cuales, 10 estaban referidos a la categoría de
“conflictos ambientales mineros”. En mayo de 2006, el total de conflictos sociales
registrados llegó a 77, de los cuales, 13 se referían a la categoría de “conflictos
ambientales”. En mayo de 2007, los conflictos sociales ascendieron a 77 en total, de los
cuales, 30 eran “ambientales”. En mayo de 2008, el total de conflictos sociales fue de 65 y
de “socioambientales” llegó a 31. En mayo de 2009 los conflictos sociales registrado
llegaron a 268, de los cuales, 133 fueron “socioambientales”. En mayo de 2010, el total de
conflictos sociales fue de 255, de los cuales 132 fueron socioambientales. Esta somera
revisión de cifras nos muestra el ascenso de los conflictos en general y en particular, la
dinámica que empiezan a mostrar los conflictos de carácter socioambiental, al punto de
determinar una tendencia hacia ser los de mayor frecuencia y predominio.
Conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo al mes de mayo de 2008
17
Fuente: Defensoría del Pueblo, 2008
Una serie de analistas dan cuenta (De Echave, Caballero, Monge) de la centralidad que
empiezan a adquirir los conflictos socioambientales a partir de mediados del 2005 en
adelante. Si se los revisa con detenimiento, la mayoría de ellos tienen que ver con temas
mineros, disputas o controversias entre comunidades locales y empresas mineras.
Conflicto registrados por la Defensoría del Pueblo al mes de mayo de 2010
Fuente: Defensoría del Pueblo, 2010.
Del análisis que hace la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la
Minería (Conacami, 2010), ellos identifican que entre abril de 2008 y 2009, los conflictos
18
entre comunidades y empresas mineras pasaron de 45, en abril de 2008 a 82, en mayo de
2009, de los cuales, el 92% sucedieron en zonas de pobreza y pobreza extrema, 82%
tuvieron como causa la afectación directa o un riesgo ambiental latente, el 75% involucró
directamente a comunidades campesinas y el 62% de dichos conflictos se concentraron en
8 regiones del país: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Ancash, Junín, Loreto, Pasco y Lima.
Otra investigación que da cuenta sobre las características que asumen los conflictos
socioambientales en el Perú (Castro; 2010), concluye, a través de la aplicación del
coeficiente de Pearson, que existe una relación de significancia entre el nivel de pobreza y
el número de conflictos; esto es: a mayor tasa de pobreza, mayor cantidad de conflictos
desplegados. La otra relación de significancia estadística expresa que hay una asociación
directa entre número de conflictos y mayor extensión existente de derechos mineros o
concesiones.
Fuente: Cooperacción s/f.
Según un reciente estudio promovido por el Banco Mundial y el Consejo Internacional de
Minería y Metales (ICMM, 2009), uno de los principales desafíos que enfrenta la industria
minera es que “las actitudes de la población frente a la minería no son a menudo positivas
y recientemente han generado enfrentamientos y conflictos sociales”, subyacen a dicha
situación un conjunto de factores que caracterizan como complejos, entre otros señalan:
el legado de la minería (pasivos ambientales y sociales), las dificultades de comunicación
entre las empresas mineras y las comunidades de su entornos y, sobre todo, puntualizan
que las operaciones mineras se ven a menudo presas en la encrucijada de que las
instituciones y estructuras de gobernabilidad en el Perú, no han permitido a las
comunidades locales participar efectiva y constructivamente en los procesos políticos, que
19
el sistema legal formal no reconoce la propiedad y los derechos de facto y que los
servicios públicos no satisfacen las expectativas de las poblaciones.
Según un análisis aparecido en una revista especializada en temas mineros (Horizonte
minero, 2009), enumera lo que a su modo de entender, a partir de una serie de entrevista
a líderes del sector, son los factores que están alrededor de los conflictos
socioambientales: ausencia del Estado, malas práctica empresariales, incremento de
concesiones mineras y petroleras, falta de información por parte del Estado y de las
propias empresas, falta de transparencia, compromisos incumplidos o pendientes entre
empresas y comunidades, débiles o ausentes mecanismos de consulta, mala distribución y
uso de la riqueza generada por el sector, entre otros.
Principales proyecto mineros 2010‐2014
Proyecto Inversión Millones U$
Operador Ubicación Metal principal
Inicio proyectado
Toromocho 2200 Chinalco Junín Cobre 2012
Las Bambas 4200 Xstrata Apurimac Cobre 2014
Michiquillay 2500 Anglo A. Cajamarca Cobre 2014
Río Blanco 1500 Zijin Piura Cobre n/d
Quelleveco 3000 Anglo A. Moquegua Cobre 2014
Los Chancas 1200 Southern Apurimac Cobre 2013
Tía María 934 Southern Arequipa Cobre 2012
Antamina 1288 BHP,Xstrata Ancash Cobre 2012
Conga 3400 Yanacocha Cajamarca Oro 2014
Antapacay 1500 Xstrata Cusco Cobre 2012
Fuente: Business News América. 2010
En la revista especializada que edita la escuela de negocios de la Universidad Católica
(Centrum, 2009), analizan las conclusiones de un estudio de la firma consultora Apoyo,
que fue presentado en una reciente convención minera. Dicho estudio buscaba dar cuenta
del por qué de la conflictividad en el sector y una de las ideas centrales planteada es que
mineros y críticos confrontan visiones distintas, respecto al desempeño de las empresas, a
los impactos ambientales, a las negociaciones entre empresas y comunidades, en
particular en lo que se refiere a tierras De otro lado, mientras unos (empresarios) ponen el
acento en la poca presencia del Estado y las altas expectativas de sus entornos sociales,
los otros (críticos) llaman la atención sobre los temores que suscita la actividad minera
respecto a los impactos ambientales y los débiles esfuerzos de las empresas por validar su
trabajo con su entorno social.
20
En un dossier preparado por una revista de negocios (Business New America, 2010), sobre
la minería en el Perú, en particular sobre los conflictos que la aquejan, plantean una serie
de ideas: la ausencia de esquemas institucionales eficaces para enmarcar el diálogo entre
los principales actores (Estado, empresa, comunidades), el manejo de recursos naturales
altamente críticos como lo es el agua, que entra en competencia con otros usos
(agricultura), la presencia de distinto tipo de organizaciones (alude directamente la “gran
cantidad de ONGs”) que están detrás de comités, frentes de defensa y otros tipo de
plataformas que dificultan los debates informados entre las partes directamente
concernidas. De otro lado, plantea que el Convenio 169 ha dificultado la situación para
muchas empresas, dado que se lo utiliza como pretexto para presentar reinvindicaciones
o demandas que están más allá de lo que las empresas pueden cumplir, también plantean
como elementos subyacentes a los conflictos, la ausencia de partidos políticos fuertes con
programas consistentes y claros sobre todo a nivel local y regional y, la incapacidad de las
instituciones públicas para canalizar los conflictos, que terminan en la radicalización de
posturas de los dirigentes locales y en el estallido de protestas. A todo esto se suma, la
incapacidad de los gobiernos locales y regionales para invertir de manera eficiente los
recursos que la minería genera, creando desconfianza y frustración entre la población.
En un estudio reciente sobre la conflictividad social en el Perú (Caballero, 2009), aborda
los conflictos socioambientales y empieza por distinguir los conflictos que se dan de
acuerdo a las diferentes etapas del ciclo minero, reconociendo que son de distinta
naturaleza y alcance si corresponden a la etapa de exploración o producción,
probablemente, plantea el autor, dichos conflictos evolucionen acumulando demandas y
plataformas que se diferencien de las iniciales. De otro lado sugiere que si uno se fija en
las tendencias uno puede deducir que estamos frente a un clima de abierto
enfrentamiento entre las poblaciones y las industrias extractivas, en particular la minera,
pero no es tanto así, pues se trata de más bien de complejos procesos de conflictos y
negociaciones particulares entre comunidades o poblaciones y los proyectos que se
instalan en dichos ámbitos. Sobre los conflictos que se desencadenan en durante la fase
de exploración, generalmente se tienen, aquellos que tienen que ver con la obtención de
permisos y contraprestaciones, demandas de empleo y fondos para proyectos de
desarrollo, demandas por servicios sociales básicos. En el proceso se van activando otros
conflictos por incumplimiento de acuerdos y, es muy probable, que si el proyecto pasa a la
fase de construcción, las demandas se incrementen, por el lado del empleo, los fondos
para proyectos de desarrollo y se incorporen agendas de carácter más privado, que tienen
que ver con contrato de servicios de empresas locales, entre otros. De hecho, para el
autor, no es que exista un masivo y articulado movimiento “antiminero” sino múltiples
escenarios de interacción conflictiva con sus propias agendas y lógicas de negociación.
21
Un colectivo de organizaciones, entre las que estaban la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería
y la ONG Cooperacción, editaron un libro con varios ensayos (De Echave, et al, 2009) en
los que plantean una serie de ideas de fondo para comprender la conflictividad
socioambiental en el país. En primer término, constatan que el proceso de
neoliberalización del país es un proyecto de reconstrucción y reterritorialización de las
sociedades en desarrollo, a partir de coaliciones de los poderes fácticos globales, que
buscan refundar los Estados, a través de los tratados de libre comercio, políticas de
privatización y desregulación. Se busca reorganizar los espacios nacionales, poniéndolos
en valor a través de regímenes legales y políticas que facilitan su integración en las redes
transnacionales de inversión , producción y comercio, imponiendo las lógicas de mercado
sin mecanismos adecuados de regulación, siendo que la explotación de los recursos
naturales juegan un papel central en este modelo. Frente a este escenario, las
organizaciones de la sociedad civil de organizan, generan nuevos discursos y resistencias
tanto de defensa como de alternativa y es en este marco mayor que es preciso entender
la conflictividad suscitada entre empresas extractivas y comunidades.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Lima. 2009
22
Otro colectivo de organizaciones de investigación (De Echave et al, 2009) a partir del
análisis de 6 casos de conflictos socioambientales entre comunidades y empresas mineras.
Considerando cada actor estudiado, plantean que las empresas despliegan su actuar en
función a la lógica de maximización de sus ganancias y para ello buscan instituciones
eficientes y eficaces, así como reglas claras (Estado) y de parte de la comunidad buscan
generar relaciones de buena vecindad a partir del despliegue de acciones de
responsabilidad social y minimizar lo más que se pueda el descontento de las poblaciones.
En ese marco, es preciso considerar que al interior de las empresas se juegan también
lógicas distintas que enfrentan instancias como las de operaciones y relaciones
comunitarias; de otro lado, se generan fallas de comunicación entre empresa y comunidad
que derivan en impasses que luego deben sortearse a través de las estrategias
comúnmente desplegadas que combina clientelismo con amedrentamiento, presencia del
Estado o apertura de espacios para el diálogo y negociación. Desde la comunidad, lo que
suele primar es una mezcla de temor y expectativa (dependiendo la zona y las
experiencias con la actividad minera). También se genera un campo de mutuas
desconfianzas y por una escaza credibilidad en las acciones y promesas de los otros
(Estado, empresa). Cabe considerar también que la presencia de actividad minera alterna
los ordenamientos internos de la comunidad, sus jerarquías internas, estructuras de
autoridad y los precarios equilibrios de poder generando tensiones internas que también
afloran a través de los conflictos. El Estado es percibido como un agente inclinado a la
promoción de la actividad minera, de lado de las comunidades y, del lado de las empresas,
como un débil garante del orden público e ineficiente asignador de recursos y servicios
públicos a las comunidad.
En un estudio editado por el Anthony Bebbington (Bebbington, 2009), varios autores
enfocan su análisis sobre los efectos de las industrias extractivas, particularmente la
minera, en ciertas zonas del Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, desde la perspectiva
teórica de la ecología política, buscando explorar las relaciones entre el avance de la gran
minería, las respuestas campesinas y el surgimiento de movimientos sociales. Sus
conclusiones las estructura a partir de tres campos de análisis: neoliberalización,
transnacionalización y movilización. Identificando que los vínculos estrechos entre el
neoliberalismo, las reformas institucionales y el conjunto de cambios en los derechos de
acceso y control de los recursos naturales. La importancia que adquieren los actores
globales dentro de los procesos de cambio en marcha a todo nivel, hasta lo local, los
impactos que se suscitan en la trayectoria de desenvolvimiento de los territorios locales,
los conflictos que se activan alrededor de estos procesos de cambio, activando nuevas
formas de movilización y acción colectiva que se dan a distintas escalas. Es en este marco
23
mayor de suma complejidad que los autores buscan entender la conflictividad suscitada
entre comunidades y actividad extractiva.
Otra lectura de los conflictos socioambientales es el que hace la Defensoría del Pueblo, a
través de su informe extraordinario (Defensoría del Pueblo, 2007) realizado a solicitud del
Congreso de la República, en el que se busca explicar las causas de los conflictos
socioambientales por actividades extractivas en el Perú. El estudio empieza por constatar
la significancia que ha adquirido este tipo de conflictos, el mismo que es identificado
como un “grave problema” dado que “afecta, al mismo tiempo, a los derechos
fundamentales de nuestros ciudadanos, a la inversión privada –indispensable para el
progreso económico y bienestar del Perú‐ y al Estado”. Entre las causas de los conflictos
que el informe detecta están: la debilidad institucional y desatención del Estado; la
posición antiminera y agendas ocultas de algunos líderes y organizaciones; el temor (real o
percibido) a la contaminación de los recursos naturales; el problema social de la exclusión,
desigualdad y discriminación; la afectación de derechos fundamentales, la desconfianza
en el Estado como protector del ambiente; presunta incompatibilidad entre actividades
económicas; la actuación de algunas empresas en los conflictos que no asumen con
responsabilidad sus compromisos sociales y ambientales. Sobre los impactos de los
conflictos, dan cuenta de los de carácter económico en el plano tanto de lo local, regional
y nacional, los impactos sociales (entorpeciendo las relaciones sociales entre los agentes),
impactos políticos (debilitamiento de las estructuras de autoridad).
Otro punto de vista (Caravedo, 2010) plantea que los conflictos sociambientales son la
expresión (síntoma) de la tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que
implica el desarrollo. Esta situación de desencuentro está además marcada y alimentada
por el ritmo y las características de la dinámica con la que se han venido dando los
procesos, lo cual dificulta la posibilidad de profundizar el diálogo intercultural desde el
cual integrar y armonizar estas visiones: una expansión de la actividad minera que se da a
una gran velocidad, abarcando espacios territoriales amplios, y con poca disposición real,
en muchos casos, a considerar los intereses y necesidades en juego de todos los grupos de
interés involucrados. Esta dinámica se desarrolla, además, sin la existencia de un
ordenamiento territorial previo, y una regulación y fiscalización eficiente por parte del
Estado. A esta dinámica relativamente nueva, se le debe sumar la carga histórica de la
minería y su secuela de pasivos ambientales y sociales (abusos), lo cual ha calado
hondamente en la psique colectiva de las comunidades como factor de desconfianza
frente a la presencia de nuevas empresas. Esto hace difícil y compleja la convivencia, aún
cuando las empresas utilicen tecnologías ambientalmente limpias y practiquen políticas de
responsabilidad social corportativa. Estas interacciones conflictivas en el ámbito
24
sociambiental en el sector minero presentan algunos rasgos característicos en cuanto al
tipo de actores, los asuntos conflictivos, los factores condicionantes, así como a las
estrategias de respuesta empleadas. Así, respecto a los actores, se observa que estos
conflictos se dan entre empresas mineras y las comunidades de sus entornos (ámbitos de
influencia), con el involucramiento de las autoridades locales y regionales, las cuales
tienen por lo general una posición ambivalente en función de las circunstancias políticas
locales. Los conflictos se producen en mayor medida en el ámbito de la gran y mediana
minería en el norte (Piura, Cajamarca), centro (Junin, Pasco, Huancavelica) y sur (Cusco,
Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurimac). Son especialmente notorios aquellos conflictos
entre empresas mineras de capital transnacional y las comunidades de sus ámbitos de
influencia (Majaz o Yanacocha, por ejemplo).
En relación con los asuntos en disputa estos giran mayormente en torno a la posibilidad
de obtención, por parte de las comunidades, de mayores beneficios de la presencia
minera, el respeto de sus modos de vida, así como el cuidado de los recursos naturales,
tanto por un interés vinculado al desarrollo de actividades económicas tradicionales
(agropecuaria) como a la preservación del medio ambiente. Puntualmente identificamos
como asuntos claves los siguientes: acceso al sistema de empleo rotativo en la empresa;
contratación de empresas comunales como proveedores locales; provisión de servicios
sociales (postas médicas, aulas, agua, luz, canales riego, etc.); control y uso de recursos
hídricos (cantidad); contaminación del medio ambiente (aire, agua, suelo, flora y fauna);
afectación de la salud de la población local (plomo en la sangre); acceso a la tierra para
trabajos de exploración y explotación minera; percepción de maltrato, falta de
comunicación e incumplimiento de compromisos; demandas locales y regionales en torno
a las posibilidades de desarrollo social y económico; gestión de fideicomisos, fondos
sociales y fondos del canon.
En cuanto a los factores condicionantes que moldean la dinámica de estos conflictos,
encontramos: la sentida exclusión (social, cultural, política y económica); la pobreza en
tanto insatisfacción de necesidades básicas; recursos naturales escasos (agua y tierra);
ausencia, ineficiencia o inacción del Estado; fragmentación y dispersión de la sociedad civil
producto de la guerra interna y procesos de desarticulación social; inadecuada
comunicación e información; surgimiento de políticos locales oportunistas que capitalizan
el descontento ante la ausencia de partidos políticos representativos; las presiones
externas producidas por los procesos internacionales en un mundo cada vez más
interconectado por la globalización (crisis financiera, cambio climático).
25
En conclusión, los conflictos socioambientales surgen como dinámicas complejas en
medio de un contexto complejo. En esa medida las respuestas para que sean adecuadas,
en el marco de la gobernabilidad democrática y enfocadas al desarrollo sostenible, no
pueden ser meramente reactivas limitándose a estrategias simplistas, de corto plazo y
meramente orientadas de la imposición unilateral de agendas, ya sea a través de la
manipulación o la confrontación de fuerzas. Incluso las estrategias legales resultan siendo
absolutamente insuficientes para abordar la dinámica de procesos sociales complejos y
dinámicos como los mencionados, y en muchos casos terminan agravando la situación.
Lamentablemente esa ha sido la pauta general en muchos casos. Por otro lado, cuando el
diálogo es utilizado por lo general no se da en condiciones adecuadas previamente
trabajadas, produciendo como consecuencia en muchos casos una fatiga y sensación de
frustración entre las partes, lo cual se termina repitiendo el ciclo de escalada conflictiva.
4. Conflictividad social y socioambiental en las cuencas de Santo Tomás,
Chumbivilcas, Cusco y Chalhuahuacho, Cotambambas, Apurimac.
La conflictividad socio ambiental durante la última década en el Perú, según la
información de la Defensoría del Pueblo ha estado concentrada en zonas rurales de sierra
de altos índices de pobreza o pobreza extrema en donde los principales activos de las
familias vivientes son la tierra de la que disponen para sus cultivos, dispersadas en
distintos pisos ecológicos, ganado, generalmente de baja productividad e instrumentos de
bajo componente tecnológico. A ello habría que considerar también el ambiente de
producción sometido a una alta incertidumbre y riesgo climatológico y a lo que ahora se
suma las vulnerabilidades producidas por los efectos del cambio climático. De otro lado,
los vínculos con circuitos de mercado modernos son débiles y en ciertos casos nulos, dado
el alto componente de autoconsumo de estas familias. En general, estas son las
características que comparten los dos ámbitos del presente estudio.
La cuenca del Santo Tomás se halla en la provincia de Chumbivilcas, ubicada en la zona
altoandina al suroeste de la región Cusco, su población es eminentemente rural. La cuenca
del Chalhuacho se halla en la provincia altoandina de Cotambambas, en la región
Apurimac, su población también es predominantemente rural. En ambos casos asentadas
en comunidades campesinas que comparten antecedentes históricos ancestrales que
vienen de los señoríos regionales pre incas, pasando luego por la articulación pan andina
de la época inca y luego la desestructuración y reestructuración acaecida durante la
colonia.
26
Población total urbana y rural 2007
Provincia /distrito Población total Población urbana Población rural
Chumbivilcas 75,585 17,505 58,080
Santo Tomás 24,492 9,936 14,556
Cotabambas 45,771 12,205 33,566
Chalhuahuacho 7,321 1,667 5,654
Fuente: INEI 2007
De acuerdo a los recientes datos censales del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), se puede claramente la predominancia de la población rural en ambos
casos. Como anotábamos líneas arriba, es población rural altoandina que comparte más o
menos un ecosistema similar que en términos de zona de vida corresponde a Tundra
Pluvial Alpino Subtropical y Páramo Pluvial Subalpino Subtropical, lo que determina
también la predominancia de un sistema productivo de economía campesina de
autosubsistencia basada en el minifundio disperso, con un repertorio de cultivos de
secano, una ganadería de tipo extensiva de baja productividad, un componentes simples
de actividad artesanal y comercial. En resumidas cuentas son poblaciones cuya existencia
está fuertemente condicionada a las características de las zonas de vida en la que se
hallan.
En términos sociales, en ambos casos las cuencas de Santo Tomás y Chalhuahuacho,
comparten también casi los mismos índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad.
Población en pobreza, pobreza extrema e índice de desigualdad
Provincia /distrito Pobreza Pobreza extrema Desigualdad
Chumbivilcas 85.6 58.1 0.32
Santo Tomás 84.2 55.1 0.33
Cotabambas 71.2 28.9 0.28
Chalhuahuacho 88.5 61.9 0.28
Fuente: INEI 2007, PNUD 2009
27
Los índices de pobreza en ambas zonas son ciertamente alarmantes, a esto hay que añadir
el hecho de la alta incidencia de los efectos de estas condiciones sobre la población
femenina e infantil. Cabe señalar que según los análisis macroeconómicos del país el
crecimiento ha estado bordeando el 8% anual en lo que va de la última década y que si
bien la pobreza y la pobreza extrema ha logrado retroceder sobre todo en las zonas
urbanas y rurales de costa, en general, los pobres siguen siendo los mismo y muchos
(Oxfam, 2010). El 43% de los pobres en el Perú vive en la sierra rural, el 85% de los
indigentes peruanos vive en el campo cuya principal fuente de ingresos es la actividad
agrícola. De hecho, este grupo humano es el de menor acceso a oportunidades, tiene
menos de casi todo: menos servicios públicos, menos servicios privados, menos mercados,
menos instituciones y elevados costos de transacción.
Un dato que recientemente ha sido medido por el PNUD es el de la “densidad estatal”
(IDE), estimado éste, como una canasta de servicios básicos e ineludibles que aquel
(Estado) debe garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas como plataforma mínima
para que aspiren a un horizonte de desarrollo humano. En este sentido, según el primer
reporte que se ha hecho sobre este tema (PNUD, 2010), Lima y Arequipa muestran el
mayor porcentaje de “densidad estatal” con índices de 0.877 y 0.826
correspondientemente.
28
En el caso de Cotabambas, el IDE alcanza el 0.069, que coloca a esta provincia en el puesto
181 y Chumbivilcas el 0.053, colocándola en el puesto 185, siendo Lima y Arequipa el
puesto 1 y 2.
Índice de desarrollo humano, densidad estatal y esperanza de vida
Provincia /distrito IDH Ingreso per cápita Alfabetismo
Chumbivilcas 0.5253 130 74.04
Santo Tomás 0.5339 148 75.93
Cotabambas 0.5216 144 66.81
Chalhuahuacho 0.5122 114 65.07
Fuente: INEI 2007, PNUD 2009
En el marco de análisis transformativo de conflictos, tenemos, en ambas cuencas, la de
Santo Tomás y Chalhuahuacho, escenarios estructuralmente determinados por altos
índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, una baja densidad estatal. Un
esquema de producción familiar de subsistencia sostenido sobre la base de la utilización
de sus principales activos, que son la tierra (agricultura), el ganado de baja productividad
(ganadería extensiva), mano de obra poco calificada, en un marco general de altos costos
de transacción, incertidumbre y alto riesgo, que en los últimos años añade el agravante de
las consecuencias del cambio climático y la presión sobre los principales recursos
naturales de la zona (tierra y agua) por la presencia cada vez mayor de actividades
extractivas como la minería formal e informal.
Tomado como referencia los reportes de la Defensoría del Pueblo, el promedio general de
la cantidad de conflictos sociales en el Perú, en los dos últimos años (2008, 2009) y el
primer semestre del presente año (2010), es de 230 conflictos totales al mes, de los
cuales, también el promedio general, el 46% son de carácter socio ambiental, que en su
mayoría involucra a la actividad minera y sus entornos sociales inmediatos. Para el caso
del Cusco, el promedio general, para el mismo periodo es de 22 conflictos sociales activos,
de los cuales, el 86% han sido de carácter socio ambiental. Para el caso de Apurimac, el
promedio general de conflictos ha sido de 8 conflictos activos, de los cuales el 90% han
sido de carácter socio ambiental, ligados en todos los casos a la actividad minera formal
en ambas zonas, aunque ahora asoma como riesgo la presencia extendida de la minería
informal (CBC, 2010). Esta última involucra un conjunto complejo de actores, como son los
propios comuneros, población invasora, empresas informales y empresas de minería
formalmente asentada, disputándose, fundamentalmente, el recurso suelo.
29
Asuntos conflictivos recurrentes 2009‐2010
Apurimac Cusco
Cotabambas Chumbivilcas
Asuntos
conflictivos
• Reasentamiento de
comunidades vecinas al
proyecto minero Las
Bambas
• Cumplimiento de acuerdos
con la empresa minera
(línea de base de salud,
capacitaciones, empleo).
Ejecución del FOSBAN
(restructuración
administrativa,
financiamiento de
proyectos)
• Rechazo de presencia
minera (Anabis, Ares).
• Cumplimiento de acuerdos.
• Rechazo de presencia minera
por incumplimiento de
acuerdos
• Exigencia de la derogatoria de
la Ley de recursos hídricos.
• Rechazo a la concesión de
terrenos a la actividad minera
(garantizar el uso agrícola y
para fines turísticos).
Fuente: Defensoría del Pueblo 2009/2010.
30
En los últimos diez años, la expansión de la actividad de exploración minera en la zona se
ha ido incrementando. En Apurimac con la presencia de la empresa Xstrata y su proyecto
Las Bambas y otros prospectos como Apurimac Ferro, Los Chankas.
En Cusco, Anabis, Ares, Xtrata Antapacay, Los Quechuas, Norsemont, Panoro, Vale, Aceros
Arequipa, para mencionar solamente a proyectos de gran y mediana minería, que hace
diez años no existían en la zona.
Cabe señalar que el actual Plan de desarrollo regional concertado vigente de la región
Apurimac, fue diseñado el año 2000, consideraba a la minería como una actividad menor,
básicamente referida a la de carácter artesanal, pues la gran minería recién ingresaba a la
zona en su fase de cateo, prospección y exploración en general, siendo el prospecto más
grande el de Las Bambas. El año 2005, dicho plan fue actualizado y para ese momento la
cantidad de proyectos mineros entre grandes y medianos llegaba a los 22, 3 de los cuales
estaban en Cotabambas: Minera Phelps Dogde del Perú, Cordillera de las minas y Río
Tinto.
31
En el Plan actualizado la minería aparece como componente del tercer eje estratégico
referido al Desarrollo económico sostenible, como objetivo número 5 que busca Impulsar
la explotación de recursos mineros energéticos y su transformación con responsabilidad
social y ambiental. Las estrategias establecidas para alcanzar dicho objetivo son: formular
participativamente políticas minero energéticas regionales articuladas con las políticas
nacionales; descentralización y transferencias de competencias hacia la región y
municipios mineros rurales; implementación de un sistema de vigilancia y evaluación del
impacto ambiental y social; sensibilización en la población sobre la necesidad de
diversificar las fuentes de energía limpia y saludable.
Es así que en el plan de desarrollo de la región Apurimac, aparece la minería como una
actividad estratégica. Al respecto, cabe considerar que en recientes revistas de negocios
se refieren a esta región como “la nueva Cajamarca”, por el eventual despliegue de
inversiones mineras que se ejecutarían en los próximos años. De hecho, los proyectos más
grandes que están por desarrollarse serían el de Xstrata Las Bambas, con una inversión
aproximada de 4, 100 millones de dólares; Apurimac Ferrum, con 2,300 millones y Los
Chancas, con 1,200 millones.
En el Plan Estratégico Regional del Cusco al 2012, la minería también aparece inicialmente
de manera marginal, dando cuenta inicialmente del potencial geológico de la zona y en
particular de la operación minera de Tintaya, cuya inversión total para su puesta en
marcha, luego de su privatización, ascendió a los 800 millones de dólares. En dicho plan se
parte de reconocer que la minería actualmente en la región aún está en despegue y lo que
hay que buscar en una articulación interna en función a otras potencialidades económico‐
productivas, tanto así que se pone por delante la propuesta de una zonificación
económico ecológica. Los proyectos mineros que estarían por desarrollarse en el corto y
mediano plazo son: Antapacay (Xstrata), con una inversión de 1,300 millones de dólares;
Constancia, con 860 millones y Quechua, con 450 millones. Lo singular es que la actividad
minera cusqueña está básicamente concentrada entre las provincias de Espinar y
Chumbivilcas.
Además de la mediana y gran minería formal, ahora se suma la minería artesanal informal
que aparentemente se viene expandiendo entre los distritos de Santo Tomás, Llusco,
Quiñota (CBC, 2010), Chamaca y Livitaca. Este tema, así como los otros conflictos
identificados alrededor la disputa por propiedad de la tierra y distribución de agua a nivel
intercomunal no son necesariamente visibilizados por los registros de conflictos sociales
de la Defensoría del Pueblo.
32
De acuerdo a la información secundaria analizada tenemos que para el 2009, en los
ámbitos generales del presente estudio:
Ámbito / Conflicto Total Socio ambiental Otros
Nacional 250 132 118
Apurimac 6 5 1
Cusco 14 11 3
Fuente: Defensoría del Pueblo
De acuerdo a la información secundaria analizada tenemos que para el 2010, en los
ámbitos generales del presente estudio:
Ámbito / Conflicto Total Socio ambiental Otros
Nacional 260 132 128
Apurimac 10 6 4
Cusco 21 15 6
Fuente: Defensoría del Pueblo
Según la Defensoría del Pueblo, los principales conflictos en la zona, entre el 2009 y el
2010, giraron en torno a:
Chalhuahuacho Santo Tomás
Reasentamiento de comunidades de la zona de influencia la empresa minera Xstrata Las Bambas.
Insatisfacción respecto a la ejecución del dinero del FOSBAN (fondo fideicomiso generado por la presencia del proyecto minero Las Bambas).
Rechazo de la presencia de operaciones mineras (Anabis y Ares), derivado de incumplimiento de acuerdos entre comunidades y dichas empresas.
Oposición al otorgamiento de concesiones minera en la zona, proponen que solamente se fomente actividad agrícola y turística.
Rechazo a la Ley de recursos hídricos por considerarla privatizadora de un recurso que es comunal (el agua).
Rechazo a la presencia de actividad minera de la empresa Anabis por afectación ambiental e incumplimiento de acuerdos.
Elaboración: ProDiálogo
33
Desagregando en Cotabambas (Chalhuahuacho) tendríamos:
Asunto Actores principales Posiciones Intereses
Reasentamiento de comunidades de la zona de influencia la empresa minera Xstrata Las Bambas.
‐Dirigentes comunales
‐Comuneros
‐Autoridades nacionales
‐Autoridades regionales
‐Autoridades locales
‐Empresa minera
‐ONGs
‐Rechazo de
reasentamiento
‐Aceptación de
reasentamiento bajo
condiciones
‐Mantener dotación y
disponibilidad de
recursos
‐Mejorar condiciones de
vida en la zona
‐“Paz social” para que la
actividad minera
prospere en la zona
Insatisfacción respecto a la ejecución del dinero del FOSBAN (fondo fideicomiso generado por la presencia del proyecto minero Las Bambas).
‐Dirigentes comunales
‐Comuneros
‐Autoridades nacionales
‐Autoridades regionales
‐Autoridades locales
‐Empresa minera
‐ONGs
‐Rechazo a los
funcionarios que
manejan el FOSBAN
‐Que el FOSBAN se use
en proyectos que las
comunidades decidan
‐Que el financiamiento
se ejecute con rapidez y
efectividad
‐Mejorar condiciones de
vida en la zona
‐Contar con mejores
bienes y servicios
públicos
‐“Paz social para que la
actividad minera
prospere en la zona
Insatisfacción frente a la presencia de operaciones mineras (Anabis y Ares), derivado de incumplimiento de acuerdos entre comunidades y dichas empresas.
‐Dirigentes comunales
‐Comuneros
‐Autoridades nacionales
‐Autoridades regionales
‐Autoridades locales
‐Empresa minera
‐Mineros informales
‐Rechazo a la presencia
de la empresa minera
‐Aceptación de la
presencia de la empresa
minera bajo condiciones
‐Que la minería informal
siga operando en la zona
‐Mantener dotación y
disponibilidad de
recursos
‐Mejorar condiciones de
vida en la zona
‐“Paz social” para que la
actividad minera
prospere en la zona
‐Que la minería
artesanal se convierta en
una nueva fuente de
ingresos
Elaboración: ProDiálogo
Como lo anotamos, estos son los conflictos más visibles en la zona y por tanto son los que
la Defensoría del Pueblo registra. Además de ellos, pueden identificarse una dispersión de
otros conflictos que tienen que ver con temas de linderos comunales (posesión de
terrenos), superposición en el uso de agua, oposición o cuestionamiento a las acciones
realizadas por autoridades locales y/o dirigentes comunales, expansión de minería
informal en la zona, realizada por los propios comuneros viviente y forasteros que vienen
de otras zonas, entre otros.
34
Desagregando en Chumbivilcas (Santo Tomás) tendríamos:
Asunto Actores principales Posiciones Intereses
Oposición al otorgamiento de concesiones minera en la zona, proponen que solamente se fomente actividad agrícola y turística.
‐Dirigentes comunales
‐Comuneros
‐Autoridades nacionales
‐Autoridades regionales
‐Autoridades locales
‐Empresas mineras
concesiones
‐ONGs
‐Rechazo a la actividad
minera en la zona
‐Aceptación de la
actividad minera bajo
condiciones
‐Impulsar la actividad
minera artesanal
‐Mantener dotación y
disponibilidad de
recursos
‐Mejorar condiciones de
vida en la zona
Generar nuevas
oportunidades de
ingreso
Cuestionamiento a la Ley de recursos hídricos por considerarla privatizadora de un recurso que es comunal (el agua).
‐Dirigentes comunales
‐Comuneros
‐Gremios campesinos
‐Autoridades nacionales
‐Autoridades regionales
‐Autoridades locales
‐ONGs
‐Rechazo a la posibilidad
de que el recurso agua
sea privatizado
‐Aceptación de
esquemas de
administración del
recurso agua con
participación de
campesinos
‐Mantener dotación y
disponibilidad de
recursos hídricos en la
zona
‐Mejorar condiciones de
vida en la zona
Rechazo a la presencia de actividad minera de la empresa Anabis por afectación ambiental e incumplimiento de acuerdos.
‐Dirigentes comunales
‐Comuneros
‐Autoridades nacionales
‐Autoridades regionales
‐Autoridades locales
‐Empresa minera
‐Mineros informales
‐Rechazo a la presencia
de la empresa minera
‐Aceptación de la
presencia de la empresa
minera bajo condiciones
‐Que la minería informal
siga operando en la zona
‐Mantener dotación y
disponibilidad de
recursos
‐Mejorar condiciones de
vida en la zona
‐“Paz social” para que la
actividad minera
prospere en la zona
‐Que la minería
artesanal se convierta en
una nueva fuente de
ingresos
Elaboración: ProDiálogo
Como es el caso en Chalhuahucaho, en Santo Tomás (Chumbivilcas) los conflictos más
visibles en la zona y por tanto son los que la Defensoría del Pueblo registra. Además de
ellos, pueden identificarse una dispersión de otros conflictos que tienen que ver con:
temas de linderos comunales (posesión de terrenos), superposición en el uso de agua,
oposición o cuestionamiento a las acciones realizadas por autoridades locales y/o
dirigentes comunales, expansión de minería informal en la zona, realizada por los propios
comuneros viviente y forasteros que vienen de otras zonas, entre otros.
35
En general entre las principales fuentes del conflicto en la zona:
Ámbito /aspecto Estructural Relacional Personal Cultural
Cotabambas
(Chalhuahuacho)
‐Condiciones de
pobreza, pobreza
extrema y
desigualdad
‐Débil presencia del
Estado
‐Restringida oferta de
bienes y servicios
públicos
‐Alta dependencia
sobre la dotación de
recursos naturales
‐Condiciones
geológicas propicias
para la actividad
minera
‐Patrones de
vinculación
condicionados por
relaciones
históricas de
carácter clientelar y
patrimonial
‐Patrones
asimétricos de
relacionamiento
entre población,
autoridades y
agentes externos
(empresas
extractivas)
‐Débil
conocimiento de
derechos
fundamentales.
‐Experiencia de
abordaje de
conflicto por la
vía posicional
Identidad cultural
forjada bajo la figura
del personaje
“varonil”, “macho”,
“agresivo”, que se
expresa en esquemas
de ritualización de la
violencia o
competición (batallas
rituales), como el
Yawar Fiesta, Tupay,
Tinkuy, Takanakuy
(peleas individuales o
colectivas).
Chumbivilcas
(Santo Tomás
‐Condiciones de
pobreza, pobreza
extrema y
desigualdad
‐Débil presencia del
Estado
‐Restringida oferta de
bienes y servicios
públicos
‐Alta dependencia
sobre la dotación de
recursos naturales
‐Condiciones
geológicas propicias
para la actividad
minera
‐Patrones de
vinculación
condicionados por
relaciones
históricas de
carácter clientelar y
patrimonial
‐Patrones
asimétricos de
relacionamiento
entre población,
autoridades y
agentes externos
(empresas
extractivas)
‐Débil
conocimiento de
derechos
fundamentales.
‐Experiencia de
abordaje de
conflicto por la
vía posicional
Identidad cultural
forjada bajo la figura
del personaje
“varonil”, “macho”,
“agresivo”, que se
expresa en esquemas
de ritualización de la
violencia como la
fiesta del Qorilazo
(rodeo andino) y
Takanakuy (peleas
individuales o
colectivas).
Elaboración: ProDiálogo
36
Considerando el estudio de caso en Cusco (CBC, 2010) se resumen los siguientes tipos conflictos
detectados en campo:
Por intervención de actores empresariales mineros
Por el control de la tierra
Por el acceso y distribución del agua para uso poblacional
En cuanto al tipo de abordaje de los conflictos, estos generalmente siguen el patrón de latencia,
rápida escalada hacia crisis, expresada en movilización colectiva, acciones de protestas, a veces
violentas, como medio para hacer visible el conflicto y convocar a espacios de diálogo en los que
se acaba negociando y suscribiendo una serie de acuerdos entre múltiples actores, que la mayoría
de las veces se ven en dificultades para cumplir, sea por parte de la empresa o la autoridad
pública, por lo que el conflicto se suele volver recurrente.
Otro aspecto que es relevante en estos procesos el débil acceso a información, sobre todo, por el
lado de las comunidades campesinas. Al haber una presencia estatal difusa y cierta reticencia por
parte de las empresas a dar información completa sobre sus procedimientos o detalles del
proyecto que buscan desarrollas, se generan una serie de condiciones que alientan la formación
de conflictos: temor a ver afectado sus activos y medio ambiente (agua, tierra, aire), temor a ver
afectada su salud, expectativas sobre los eventuales beneficios que pueda traer la actividad
extractiva asentada: empleo, fondos para proyectos de desarrollo, posibilidad de acceder a bienes
de carácter público (agua, saneamiento, energía eléctrica, servicios educativos, servicios de salud,
etc). Un tema capital lo es también el nivel de conocimiento de derechos. Muchas veces las
propias autoridades, las dirigencias comunales y más extensivamente, los pobladores en general o
comuneros, no tienen conocimiento de sus derechos fundamentales y de las normas que los
protegen o los procedimientos a seguir en caso de presencia de actividad minera en la zona.
Ambas cuencas, la de Chalhuahuacho y la de Santo Tomás, tiene mucho en común, desde zonas de
vida, ecosistemas, condiciones sociales e institucionales (demografía, índices de pobreza, pobreza
extrema, desigualdad, presencia estatal, etc.), problemáticas similares, acceso a información y
conocimiento, en tal sentido, también comparten el tipo de problemas y conflictos sociales y socio
ambientales, al punto que en ambas zonas, la prevalencia de los conflictos de carácter socio
ambiental es una expresión de esta congruencia.
El abordaje de los conflictos en ambas cuencas, debe pasar por un esfuerzo inicial de generar
información, difundirla y fortalecer capacidades a las autoridades locales, dirigencias comunales,
líderes de organizaciones de base y población en general sobre sus derechos como ciudadanos y
las rutas a seguir para llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes involucradas en estos
conflictos.
37
5. Prevención y transformación de conflictos: un enfoque para el
fortalecimiento de capacidades.
“El conflicto es una oportunidad, un regalo”
J.P. Lederach
En el presente acápite buscamos presentar el enfoque y los principales conceptos que dan
sustento a nuestro trabajo en torno al fortalecimiento de capacidades con una perspectiva
de transformación de conflictos, asumiendo como premisas fundamentales que el
conflicto es un elementos constitutivo de la dinámica social y que su abordaje implica
reconocer su complejidad atendiendo a las varias dimensiones o planos en los que estos
se manifiestan que tienen que ver con lo estructural, cultural, relacional y personal
Solemos enfrentar conflictos a diario, produciéndonos confusión, tensión y ansiedad. Por
eso, hay quienes miran el conflicto de manera negativa, como una situación no deseada
que debemos rechazar y suprimir. Esto nos hace actuar de manera reactiva, buscando
salidas rápidas que suelen tener consecuencias negativas. Por el contario, una manera
proactiva nos ayudaría a entender el conflicto como un hecho natural, más bien
anticipándonos y buscando respuestas oportunas y adecuadas.
Mirar el conflicto de manera negativa no ayuda. Para actuar apropiadamente frente al
conflicto, debemos mirar las cosas en forma distinta, es decir, constructivamente,
teniendo en cuenta lo siguiente:
El conflicto es parte de las relaciones humanas.
El conflicto tiene que ver con nuestra percepción de las situaciones que nos rodean y con los sentimientos que nos producen.
Todo conflicto puede ser visto como una oportunidad porque revelan problemas de fondo que han salido a la superficie, y que necesitan ser abordados adecuadamente.
El conflicto no es bueno ni malo en sí mismo.
Lo que importa no es la existencia de conflictos, sino la forma como respondemos ante ellos.
Para que un conflicto sea constructivo debemos responsabilizarnos por nuestras acciones y buscar la colaboración de todas las partes reconociendo que también tienen necesidades legítimas que atender.
La confrontación que busca imposiciones nos conduce al conflicto destructivo.
38
Al conflicto lo entendemos como una situación que se produce cuando dos o más actores,
que se encuentran en relación, se perciben mutuamente como un obstáculo para la
satisfacción de sus respectivos intereses y necesidades. Como consecuencia, cada parte
realiza diversas acciones que buscan neutralizar, controlar o –en un extremo‐ destruir a su
contraparte. Esta definición incluye lo siguiente:
• Situación: Los conflictos se producen en un contexto y tiempo determinados, que
evolucionan.
• Actores o partes: Son los participantes directos en el conflicto, pueden ser dos o más.
Además existen participantes indirectos (aliados, terceros, reguladores).
• Relación: Siempre hay relación de algún tipo y un nivel de interacción entre las partes.
• Intereses y necesidades: Son los aspectos de fondo que las partes buscan satisfacer.
Suelen manifestarse mediante posiciones o exigencias hacia la otra parte.
• Recursos: Los actores disputan determinados recursos que pueden ser materiales
(recursos naturales, territorio, empleo, dinero, etc.) o simbólicos (posiciones de poder,
estatus, imagen, etc.).
• Percepción: Al menos una de las partes percibe a la otra como un obstáculo en la
satisfacción de sus intereses y necesidades.
• Emociones: Las percepciones generan emociones como la frustración, el miedo, la
cólera, la angustia, entre otras; si no se manejan adecuadamente se convierten en el
combustible del conflicto.
• Acciones: Las percepciones y emociones se manifiestan en acciones o conductas visibles
que realiza cada parte o actor. Si no hay acciones, estamos ante un conflicto latente o
potencial. Las acciones pueden ser violentas o pacíficas, legítimas o ilegítimas.
Existen diversos factores que están detrás de los conflictos. Veamos algunos de ellos organizados en cuatro dimensiones:
Personal: Intereses, necesidades, expectativas, conocimientos, actitudes, habilidades interpersonales de los actores.
Relacional: Historia, vínculo, comunicación, información, poder.
Cultural: Valores y creencias, cosmovisiones, idiosincrasias, costumbres y hábitos.
Estructural: Política, económica, sociocultural, ambiental, legal, institucional.
A su vez, es clave observar el conflicto en una perspectiva dinámica:
39
Los conflictos pueden clasificarse de muchas maneras, por ejemplo:
Si se quiere resaltar el tipo de actores y la naturaleza de la relación entre ellos, podemos clasificarlos, por ejemplo, como conflictos interpersonales, familiares, comerciales, organizacionales, laborales, sociales, políticos o internacionales.
Si se prefiere clasificarlos desde el punto de vista del tipo de recursos en disputa podríamos hablar de conflictos económicos, ambientales, territoriales, entre otros.
Si enfocamos la atención en la naturaleza de los factores preponderantes que originan y alimentan el conflicto, podríamos clasificarlos en conflictos relacionales, culturales o estructurales.
Pueden combinarse dos o más tipos según sea necesario. Así, podemos hablar de
conflictos socioambientales, integran la idea de conflicto social y la de conflicto ambiental.
En el Perú, los últimos años, esta clase de conflictos constituyen cerca del 50% de los
casos.
Los conflictos sociales aluden a cuando un grupo se siente afectado en sus intereses y se
organiza frente a quienes identifican como causantes de esa situación. Por otro lado, los
conflictos son ambientales cuando la disputa se produce en torno al acceso, uso, manejo o
control de recursos naturales. Entonces, el concepto de conflicto socioambiental “alude
básicamente a ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza que
al degradar los ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o
40
desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las
sociedades” (Ortiz, 1997).
Analizando en mayor detalle, pueden haber tres situaciones que generen escenarios de
conflictos sociambientales (Homer Dixon, 1991):
La simple escasez que surge del uso de os recursos naturales.
El movimiento a gran escala de poblaciones, como efecto del cambio medioambiental.
Las carencias en la estructura política y legal que rige la explotación de los recursos y la distribución de los beneficios.
De acuerdo con lo que se ha venido observando en el Perú en los últimos años, los
conflictos socioambientales han mostrado una serie de características saltantes:
Se producen en un contexto con procesos económicos y sociales muy complejos.
Se dan en el ámbito de la gran y mediana minería, especialmente entre empresas mineras de capital transnacional y las comunidades locales.
Reflejan el desencuentro y la tensión entre cosmovisiones distintas sobre el desarrollo.
Existe una marcada desconfianza que afecta la relación entre las empresas foraneas y las comunidades, debido a incumplimientos, y de pasivos sociales y ambientales.
Hay muchas dificultades para ejercitar el diálogo intercultural.
Así, tenemos que los asuntos claves sobre los que giran los conflictos entre comunidades y empresas extractivas son, entre otros:
Control y acceso de recursos (agua, tierra)
Acceso a empleo
Contratación de proveedores locales
Provisión de servicios sociales
Afectación de la salud humana
Percepciones de maltratos
Percepciones de incumplimientos
Demandas locales y regionales por expectativas de desarrollo
Gestión de fondos generados por la presencia de actividades extractivas (fondos fideicomisos, canon, regalías.)
Existen también, factores condicionantes que moldean la dinámica de estos conflictos, encontramos:
41
Condiciones de exclusión y pobreza
Recursos naturales escasos o frágiles
Débil presencia del Estado y/o percepción de su “parcialidad”
Débiles niveles de representación social y política
Altos niveles de fragmentación social
Surgimiento de liderazgos “oportunistas”
Débiles capacidades para la negociación
Frente al hecho complejo que es un conflicto, su análisis es una tarea indispensable antes de cualquier intervención, ya que nos permite entender mejor la situación conflictiva para darle respuestas adecuadas. Las semillas de la solución de un conflicto están en su entendimiento. Realizar un análisis implica asumir, cuando menos momentáneamente, el lugar de un observador independiente e imparcial. Hay que situarse en esa perspectiva para que el análisis sea lo menos condicionado posible por los sesgos de nuestra propia percepción. Esto implica entender en profundidad los elementos del conflicto de un caso particular partiendo de la observación de tres grandes aspectos: las Personas, los Problemas y el Proceso. Sugerimos seguir los siguientes pasos:
El primer paso: Tener clara la historia del conflicto haciendo una presentación descriptiva y resumida de los hechos relevantes, ordenados de manera cronológica, y sin emitir juicios de valor.
El segundo paso: Identificar a los actores que son parte del conflicto, su nivel de
involucramiento y rol, así como sus relaciones de poder
El tercer paso: Identificar los problemas detrás del conflicto. Esto lo podemos hacer observando los síntomas y luego profundizando en las causas, fuentes o factores subyacentes. Los síntomas del conflicto son aquellos aspectos palpables a primera vista: los discursos de las partes cargados de subjetividad, así como determinadas conductas.
El cuarto paso: Observar la evolución de la dinámica del conflicto, identificando en qué etapa se encuentra, las estrategias utilizadas, las consecuencias que han producido, asi como los recursos potenciales para cambiar el curso de la situación. Una vez completados los pasos del análisis, podremos vislumbrar con mayor claridad las salidas y determinar las estrategias de intervención más adecuadas.
Las personas interactúan con los demás fundamentalmente a partir de dos orientaciones: por un lado, la búsqueda por satisfacer los intereses y necesidades propias; y, por otro, la disposición por atender los de la otra parte. Sobre la base de estas orientaciones, las personas adoptan actitudes específicas en cada situación conflictiva que deben enfrentar: competir/confrontar, complacer/acceder, evadir, huir, transigir, resolver. Existen básicamente tres vías que las partes pueden utilizar para abordar un conflicto:
42
Vías de fuerza: Implica desarrollar acciones con el fin de lograr la satisfacción de
nuestros propios intereses y necesidades, sin considerar los de la otra parte. Se
busca la imposición de una parte frente a la otra, utilizando los recursos de poder
con los que se cuenta. Este tipo de acciones pueden ser pacíficas o violentas.
Vías normativas: Mediante estas vías se aborda el conflicto recurriendo a un tercero que decide quién tiene derecho y quién no, sobre la base de normas previamente establecidas. La decisión del tercero se puede fundamentar en normas legales formales o también en normas organizacionales, morales o consuetudinarias (costumbres).
Vías consensuadas: En este caso las partes buscan solucionar el conflicto mediante
la comunicación directa que lleve a lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.
Estas vías si son adecuadamente utilizadas, son las más eficientes y perdurables
para resolver conflictos.
Estas vías no son excluyentes, pueden ser usadas de manera complementaria. Por
ejemplo: en una situación de asimetría de poder donde la parte en ventaja se niega a
dialogar, la parte que se siente afectada en sus derechos, y en una desventaja incial,
puede organizarse y recurrir a medidas legales y de fuerza pacíficas para que se
establezcan procesos de diálogo y negociación genuinos y equitativos. Cada tipo de vía de
abordaje ofrece una diversidad de mecanismos como herramientas para el tratamiento de
conflictos. A estos mecanismos relacionados con las vías consensuadas se les llama
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs) porque pueden usarse en
lugar de las vias normativas o de fuerza.
Negociación: Permite que las partes intercambien información de manera directa para arribar a soluciones mutuamente satisfactorias, sin participación de terceros. En la negociación, las partes tienen control absoluto de todo: proceso, tiempo, costos y resultado.
Mediación: Esta conducido por un tercero neutral e imparcial llamado mediador, que asiste a las partes, a través de técnicas y herramientas de comunicación, para que negocien eficientemente y busquen acuerdos que pongan fin al conflicto. El mediador no decide sobre el resultado del acuerdo, más bien busca mejorar la relación entre las partes. A este proceso también se le llama negociación asistida.
Conciliación: Es similar a la mediación, con la única diferencia que el tercero imparcial, el conciliador, está facultado para proponer a las partes algunas opciones de solución, no obligatorias. La conciliación en el Perú está reconocida legalmente a través de la Ley de Conciliación Extrajudicial 26872 y normas reglamentarias conexas.
43
Arbitraje: Proceso por medio del cual las partes acuerdan que un tercero, o un tribunal conformado por tres árbitros, decidan la suerte de la disputa en base a sus respectivos argumentos. Luego de evaluar las pruebas de las partes, el árbitro o tribunal arbitral, ponen fin al conflicto a través de una decisión final llamada laudo arbitral, que es cumplimiento obligatorio.
Adicionalmente, para abordar conflictos multipartes o multiactores, como en el caso de los conflictos socioambientales, existen otros procesos como los que mencionamos a continuación.
Facilitación: Es una metodología en la que un tercero facilita el proceso de inte‐racción para que las partes lleguen a determinados objetivos. Aquí, el facilitador ayuda al grupo a tomar sus propias decisiones de manera eficiente.
Concertación: Se utiliza en espacios en los que participan múltiples actores sociales para generar acuerdos que den solución a una problemática social y, eventual‐mente, a conflictos entre los actores. Estos procesos pueden funcionar por decisión de los actores o disposición legal (institucionalizados); o para afrontar una situación particular (ad hoc).Es recomendable que los procesos de concertación sean conducidos por un facilitador imparcial.
Diálogo: Busca el acercamiento entre los actores para fortalecer la comunicación y la confianza mutua. Se implementan especialmente en conflictos complejos en los que intervienen muchos actores. Por ello, es usual que sean facilitados por un tercero imparcial, que también cumplen otras funciones, como la de intercambiar puntos de vista, compartir información, explorar posibilidades de trabajo conjunto y crear las condiciones para resolver los conflictos.
A su vez, existen diversos enfoques a través de los cuales nos aproximamos a los
conflictos, y determinan nuestras estrategias. Estos enfoques son los siguientes:
Prevención: Nos predispone a estar atentos y tomar medidas antes que los conflictos lleguen a niveles de crisis, evitando así consecuencias destructivas. No se trata de evitar el conflicto sino sus consecuencias negativas (como la violencia).
Manejo de Conflictos: Nos ayuda a administrar el conflicto para que no afecte nuestros intereses. La mirada es de corto plazo y se enfoca en las conductas conflictivas antes que en los problemas de fondo.
Resolución de Conflictos: Ayuda a responder al conflicto atendiendo los intereses y necesidades de las partes, pero con una mirada centrada en la disputa concreta que se tiene por delante.
Transformación de Conflictos: Este enfoque atiende las raíces profundas del conflicto de tal manera que se produzcan cambios positivos y sostenibles en el largo plazo en cuatro dimensiones: personal, relacional, cultural, estructural.
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Nos concentraremos en la negociación como mecanismo de abordaje transformativo de
conflictos, algunas ideas clave sobre este son:
Es un proceso que busca acuerdos que satisfagan los intereses y necesidades de las partes.
Es un hecho de la vida diaria.
Sirve para solucionar problemas y conflictos, así como para realizar todo tipo de transacciones.
Puede darse entre dos partes (negociación bilateral o bipartita) o entre tres o más partes (negociación multilateral o multipartes).
Es no sólo un proceso sino también una técnica, requiere aprendizaje.
Existen dos grandes modelos de negociación: Modelo basado en posiciones (Negociación competitiva): Ésta es la forma antigua de negociar y parte de algunas premisas sobre la negociación:
Cada parte busca salir beneficiada sin pensar en el beneficio de la otra parte.
Se trata de ganar más que la otra parte y que ésta “no se salga con la suya”.
La forma de lograr el objetivo es usando el poder para imponer nuestras exigencias o posición sobre la otra parte.
La interacción es un “tira y afloja” en el que “gana” quien puede resistir la presión.
Los acuerdos no deben ser necesariamente satisfactorios para ambas partes.
La relación con la otra parte no es tan importante, ni tampoco la calidad del proceso. Lo importante es sólo el resultado final.
No es importante resolver el conflicto de fondo, solo se debe “solucionar” lo inmediato.
Los nombres con los que también se le conoce son: negociación distributiva, negociación confrontacional, negociación de suma cero, negociación de ganar‐perder.
Modelo basado en intereses (Negociación constructiva): Este modelo se basa en que las partes resuelven sus problemas identificando y satisfaciendo sus intereses y necesidades. Se basa en las siguientes premisas:
Atendiendo los intereses de la contraparte, los propios intereses será mejor atendidos.
La solución debe ser satisfactoria para todas las partes.
La forma de lograr el objetivo es a través de la colaboración y el empoderamiento de las partes.
Debe actuarse con transparencia, comunicándose constructivamente y cooperando.
Los resultados deben ser justos, equitativos y mutuamente beneficiosos. Por ello tienden a ser respetados y ser más duraderos.
45
Debe fortalecerse la relación entre las partes.
Es importante no sólo la coyuntura sino el conflicto de fondo.
Los nombres con lo que también se le conoce son: negociación integrativa, negociación cooperativa, negociación ganar‐ganar.
En la práctica, puede darse una negociación que mezcle los dos tipos. La negociación basada en posiciones suele obtener resultados que no benefician a ambas partes. Por su parte, la negociación basada en intereses puede requerir un mayor esfuerzo de comunicación entre las partes. El enfoque de Transformación de Conflictos recomienda trabajar con el modelo de negociación constructiva pues promueve la mejora de la relación entre las partes. En contextos interculturales se suelen encontrar relaciones asimétricas de poder. En estos casos la negociación debe promover el reconocimiento mutuo y para ello debe construirse un clima de confianza mínima a través del diálogo. El objetivo es lograr un mutuo conocimiento y mejorar los niveles de comunicación que permitan negociar constructivamente los temas de fondo; todo esto es base para la confianza (Kahane, 2006).
Para desarrollar una negociación que se considere constructiva deben tomarse en cuenta
ciertos principios fundamentales que deben guiarnos a lo largo de todo el proceso:
Atacar los problemas y no las personas
Concentrarse en los intereses y necesidades, no en las posiciones
Buscar de manera colaborativa y creativa opciones de mutuo beneficio
Utilizar procedimientos y criterios
Tener presente una mejor alternativa a un acuerdo negociado
Es importante considerar que en tanto la negociación es un proceso, tiene una serie de
etapas que deberán cumplirse y respetarse para que sea más productiva: la preparación,
el encuentro cara a cara, y la ejecución y seguimiento.
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ANTES
Preparación
DURANTE
Encuentro “cara‐cara”
DESPUÉS
Implementación
Identificar y evaluar:
• Análisis del conflicto • Agenda • Relación • Comunicación • Intereses • Alternativas • Opciones • Criterios objetivos • Compromisos
Seguir pasos:
• Ritualización (“romper hielo”) (Diálogo y Negociación Relacional).
• Definir reglas de juego (Negociación Procesal).
• Presentación puntos de vista. • Elaboración de Agenda común (asuntos
conflictivos). • Búsqueda de acuerdos (Negociación
Sustantiva) • Compromisos y Ajustes • Formulación del Acuerdo
Ejecución y Seguimiento:
• Verificar si los acuerdos se están cumpliendo
• Si hay cumplimiento, señalar a las contrapartes lo positivo
• Si no hay cumplimiento, utilizar los mecanismos acordados para hacerlo
• Negociación de nuevas situaciones
Considerando la negociación constructiva como un proceso dinámico importante recordar:
La clave de una buena negociación se encuentra en una buena preparación.
La duración y la manera como se desarrolle el encuentro “cara‐cara” dependerán del grado de cooperación de las partes.
En la implementación de los acuerdos es sumamente importante no dejar la sensación de incumplimiento. Si las circunstancias hacen difícil cumplir un acuerdo, esto debe ser dialogado oportuna y abiertamente con la contraparte.
La negociación constructiva necesita de determinadas condiciones para que rinda frutos:
• Voluntad.‐ Si las partes están dispuestas a negociar cooperativamente, se ha avanzado
más del 60% para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. • Confianza.‐ Mientras exista mayor confianza, hay mayor posibilidad de colaborar para
encontrar soluciones. • Intercambio de información.‐ No se negocia constructivamente si no se comparte
información de manera transparente, adecuada y oportuna. • Buena fe.‐ Se debe negociar buscando buen resultado para todas las partes. • Creatividad.‐ La capacidad de crear soluciones debe ser ilimitada y constantemente
alentada. • Perseverancia y paciencia.‐ Se debe persistir en la búsqueda de soluciones con una
actitud proactiva, positiva y optimista. • Buena comunicación.‐ Con comunicación asertiva se tendrá más posibilidades de
alcanzar el éxito en la negociación.
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• Colaboración.‐ Cuando las partes están dispuestas a cooperar es más fácil llegar a una negociación constructiva, trabajando como socios.
• Balance de poder.‐ Cuanto más equilibro de poder entre las partes, más disposición para la búsqueda conjunta de soluciones.
• Identificación de intereses y necesidades humanas.‐ Así se estará en mejores condiciones de llegar a acuerdos satisfactorios.
• Respeto por el otro y por las diferencias culturales.‐ Las personas independientemente de sus puntos de vista merecen respeto. Esto implica aceptación las diferencias culturales entre personas de distinta procedencia.
Cabe señalar que el Estado ha ido incorporando dentro del orden normativo, una serie de dispositivos sobre participación ciudadana en el sector, afinando instrumentos de fiscalización, pero estos no necesariamente están pudiendo servir como mecanismos de prevención de conflictos.
En ese acápite hemos querido plantear resumidamente nuestro enfoque y los conceptos
clave que lo constituyen, partiendo de la premisa que el conflicto es un hecho
consustancial a la convivencia humana y como tal tenemos que cambiar nuestra visión
para abordarlo de manera constructiva buscando ante todo el entendimiento mutuo, la
identificación de intereses y necesidades convergentes. Finalmente un elemento
sustancial de la democracia se trata de eso, de negociaciones permanentes entre
múltiples grupos de interés.
6. Conclusiones
Entre principios de los ochenta y mediados de los noventa el país se vio
convulsionado por un conflicto armado interno cuyas pérdidas humanas fue
bastante dramáticas, así como las pérdidas económicas y la destrucción de
infraestructura.
Durante la década del gobierno del Presidente Fujimori, dadas las características
de dicho régimen político, los conflictos sociales en el país fueron relativamente
pocos en número y alcance, quedando embalsadas y pendientes muchas
demandas sociales.
Con el gobierno de transición y la apertura democrática la dinámica conflictiva en
el país cambia y empieza a configurarse un escenario de ascendente protesta
social, que algunos analistas la explican por el cambio en las estructuras de
oportunidad política y la reconfiguración del movimiento social.
Uno de los elementos importantes a considerar, para entender la conflictividad
social en el país, tendrá que ver con el inusitado crecimiento económico en lo que
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va de las dos últimas décadas que contrasta con las persistentes condiciones de
pobreza extrema y desigualdad en las que aún se viven en las zonas rurales del
país.
Son singular del nuevo ciclo de conflictividad social en el país, sería la paulatina
centralidad que adquieren los denominados conflictos socioambientales, en
particular, los conflictos entre empresas mineras y comunidades de su entorno en
zonas rurales.
En las provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurimac) la totalidad de
conflictos registrados son de carácter sociambiental. Estos tienen que ver con
controversias alrededor de procesos de reasentamiento, incumplimiento de
acuerdos entre comunidades y empresas mineras, expectativas de empleo no
satisfechas y temores respecto a la afectación del recurso hídrico. Además de estos
elementos, que son los que resaltan los registros de la Defensoría, están, de hecho,
las afectaciones a la salud humana, el deterioro fáctico del medio ambiente, la
pérdida de recurso hídrico y tierra.
De acuerdo a diversos estudios y nuestra propia experiencia en procesos de
diálogo, los temas en controversia entre empresas extractivas y comunidades del
entorno, giran alrededor de: temores respecto a la afectación de los recursos
naturales (agua, tierra, aire), pérdida de activos, expectativas de empleo,
expectativa por dotación de servicios públicos, expectativa por recursos
económicos, incumplimiento de acuerdos suscritos, entre otros.
Los entornos en los que suscitan este tipo de conflictos generalmente muestran las
siguientes características: altos niveles de pobreza y pobreza extrema, debilidad
institucional interna, baja o nula presencia del Estado, altos grados de
fragmentación social, presencia de líderes oportunistas (brokers políticos) que
interponen dobles agendas en las negociaciones, deficientes niveles de
información, débiles niveles de confianza entre los actores concernidos (Estado,
empresa, comunidad), débiles capacidades para sostener procesos de diálogo o
negociación complejos.
Los enfoques y prácticas de abordaje de conflictos de los actores concernidos,
están signados por una visión perniciosa del conflicto, asumiéndolo generalmente
como un hecho que altera un supuesto orden o equilibrio preexistente. Esto
condiciona muchas veces a que las actitudes y conductas subsecuentes sean de
carácter confrontacional más que cooperativo.
En tal sentido, los conflictos son percibidos como un elemento disfuncional que
hay que evitar o abordar de manera competitiva, buscando la imposición de
intereses, dejando de lado la posibilidad de ver en estos, oportunidades de cambio
en distintos niveles: estructural, personal, relacional y cultural.
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