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BOSQUEJO DE RESUMEN DEL LIBRO V

La Riqueza de las Naciones,Autor: Adam Smith (1776)

Extractos seleccionados del Libro V de la versión simplificada de

Carlos Rodríguez Braun, PhD1.

L. Carlos Freire, PhD Prof. de Finanzas Públicas

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y PolíticasUniversidad de Guayaquil

1 El Libro V original tendría más de 250 páginas. Todo comentario a pie de página y textos en negrita y ciertas traducciones menores son hechas por L. Carlos Freire. Los puntos suspensivos se refieren a textos eliminados.

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LIBRO VDe los ingresos del soberano o de la comunidad/estado (gastos, ingresos, deuda y objetivos del gobierno)

CAPITULO I – GASTOS PÚBLICOS

El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, sólo puede ser cumplido mediante una fuerza militar. Pero el gasto que comporta la preparación de esta fuerza militar en tiempo de paz y el empleo de la misma en tiempo de guerra es muy diferente en los diversos estadios de la sociedad, en las distintas etapas de su desarrollo. …

En una fase adelantada de la sociedad hay dos causas que coadyuvan a volver totalmente imposible que quienes marchen a la guerra puedan mantenerse a sí mismos. Esas causas son el progreso de la industria y el perfeccionamiento del arte de la guerra.

Aunque un labrador salga en campaña, la interrupción de su trabajo no siempre ocasionará una disminución apreciable en sus ingresos, si la campaña se inicia después de la siembra y culmina antes de la cosecha. Sin la intervención de la mano del hombre, la naturaleza hace buena parte del trabajo que queda por hacer. Pero cuando un artesano, un herrero, un carpintero o un tejedor deja su taller, se agota por completo la fuente de sus ingresos. Por lo tanto, cuando acude al campo de batalla en defensa del estado, como carece de ingresos para mantenerse, debe ser mantenido por el estado. Y en un país en el que el grueso de los habitantes son artesanos y manufactureros, buena parte de los reclutados para la guerra provendrán de esas clases y deberán en consecuencia ser mantenidos por el erario público mientras dure su servicio al país.

Asimismo, cuando el arte de la guerra evoluciona hasta convertirse en una ciencia harto intrincada y compleja, cuando el desenlace de la guerra

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deja de ser determinado, como en los albores de la sociedad, por una sola escaramuza o batalla aislada, sino que se va desarrollando a lo largo de varias campañas que duran cada una buena parte del año, entonces se hace necesario que el estado mantenga a quienes lo sirven en la guerra, al menos mientras estén empleados en ese servicio. …

El primer deber del soberano, entonces, el de defender a la sociedad de la violencia y la injusticia de otras sociedades independientes, se vuelve más y más oneroso a medida que progresa la civilización de la sociedad. La fuerza militar de la sociedad, que originalmente podía no costar nada al soberano ni en la paz ni en la guerra debe ser en el curso del desarrollo mantenida por él en tiempos de guerra primero, y más tarde incluso en tiempos de paz. …

El segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de la justicia, también requiere un gasto muy distinto en los diversos estadios de la sociedad.

En las naciones de cazadores casi no hay propiedad, o como máximo no hay ninguna que supere el valor de dos o tres días de trabajo; y por eso no hay un magistrado permanente ni una administración regular de la justicia. Las personas que carecen de propiedad pueden dañar a sus semejantes sólo en sus personas o sus reputaciones. Pero cuando un hombre mata, hiere, golpea o difama a otro, aunque el que recibe el daño sufre, el que lo produce no obtiene beneficio alguno. La situación cambia cuando se trata de daños a la propiedad. El beneficio de la persona que produce el perjuicio es a menudo igual a la pérdida de quien lo sufre. Las únicas pasiones que pueden impulsar a un hombre a dañar a otro en su persona o su reputación son la envidia, la malicia o el resentimiento. Pero la mayor parte de las personas no se hallan de forma sistemática bajo el influjo de esas pasiones, y las peores personas lo están sólo ocasionalmente. En la medida en que su gratificación, aunque pueda ser atractiva para ciertas personalidades, no viene acompañada de ventajas reales y permanentes, resulta en la mayor parte de las personas restringida por razones de prudencia. Los seres humanos pueden vivir en sociedad con un grado aceptable de seguridad

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aunque no haya un magistrado civil que los proteja de la injusticia derivada de esas pasiones. Pero la avaricia y la ambición en los ricos, y el odio al trabajo y el amor a la tranquilidad y los goces del momento en los pobres, son pasiones que impulsan a invadir la propiedad, y son pasiones mucho más firmes en su actuación y mucho más universales en su influencia. Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres, y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos. La abundancia de los ricos aviva la indignación de los pobres, que son conducidos por la necesidad y alentados por la envidia a atropellar sus posesiones. El dueño de una propiedad valiosa no puede dormir seguro ni una sola noche si no se halla bajo la protección de un magistrado civil. Todo el tiempo se ve rodeado por enemigos desconocidos a quienes nunca ha provocado pero a quienes tampoco puede apaciguar jamás, y de cuya injusticia sólo puede ser protegido mediante el brazo poderoso del magistrado civil, siempre en alto para castigarla. La adquisición de propiedades valiosas y extensas, por lo tanto, inevitablemente requiere el establecimiento de un gobierno civil. Cuando no hay propiedad, o al menos ninguna cuyo valor supere el de dos o tres días de trabajo, el gobierno civil no es tan necesario.

El gobierno civil presupone una cierta subordinación.

Pero así como la necesidad del gobierno civil se desarrolla gradualmente con la adquisición de propiedades valiosas, así una de las causas principales que naturalmente introducen la subordinación paulatinamente crece a medida que lo hacen dichas propiedades.

…

Es evidentemente que la cuna y la fortuna son las dos principales circunstancias que elevan a unas personas sobre otras. Son las dos grandes fuentes de distinción y son por ello las causas principales que establecen naturalmente entre las personas autoridad y subordinación. En las naciones de pastores ambas causas operan con la máxima plenitud. El gran pastor o ganadero, respetado por su caudalosa riqueza y por el vasto número de quienes de él dependen para su sustento, y reverenciado por la nobleza de su linaje y por la antigüedad inmemorial de su ilustre familia, ejerce una autoridad natural sobre todos los pastores o ganaderos inferiores de su

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horda o clan. Puede reunir bajo su mando a un número mayor de personas que cualquiera de ellos. Su poder militar es mayor que el de cualquiera de ellos. En tiempos de guerra todos ellos están naturalmente dispuestos a agruparse bajo su estandarte más que bajo el de cualquier otra persona, y así su cuna y su fortuna le confieren naturalmente una suerte de poder ejecutivo. Al mandar sobre más personas que cualquier otro, él está además en mejores condiciones de compeler a cualquiera de ellos que haya dañado a otro a que compense el mal realizado. Por lo tanto, él es la persona a la que naturalmente acuden para su protección todos aquellos que son demasiado débiles para defenderse por sí mismos. Ante él se quejan por cualquier perjuicio que imaginen haber padecido y todos se someten más fácilmente a él, incluso las personas contra las que se dirigen las quejas, que a cualquier otro. Así, su nacimiento y su fortuna le confieren naturalmente una suerte de poder judicial.

…

La autoridad judicial de un soberano de esa clase, en vez de ser causa de gasto, durante mucho tiempo fue una fuente de ingreso para él. Las personas que recurrían a él para obtener justicia estaban siempre dispuestas a pagar por ello, y toda petición venía siempre acompañada de un regalo. Después que la autoridad del soberano quedó firmemente afianzada, los culpables, además de la indemnización que debía pagar a la parte agraviada, era obligado a pagar una multa al soberano. Había causado problemas, había perturbado o roto la paz del rey su señor, y por esas ofensas debía pagar una multa. En los gobiernos tártaros de Asia, en los gobiernos de Europa fundados por las naciones germanas y escitas que derribaron al Imperio Romano, la administración de justicia constituyó una copiosa fuente de ingresos tanto para el soberano como para todos aquellos jefes y señores menores que ejercían cualquier jurisdicción particular bajo su mando, sea sobre alguna tribu o clan individual, o sobre algún territorio o distrito específico. Originalmente tanto el soberano como los jefes inferiores solían ejercer esa jurisdicción de forma personal, pero con el tiempo vieron que les convenía delegarla en algún sustituto, alguacil o juez. Pero este sustituto estaba obligado a rendir cuentas ante su principal o mandatario de los beneficios de su jurisdicción. Quien lea las instrucciones cursadas a los jueces de circuito en la época de Enrique II comprobará

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claramente que esos jueces era una especie de representantes ambulantes que recorrían el país con objeto de recaudar ciertas ramas de las contribuciones reales. En aquellos tiempos la administración de justicia no sólo aportaba un cierto ingreso al soberano sino que uno de los principales beneficios que él se proponía obtener a través de la administración de justicia era precisamente el cosechar ese ingreso.

Era inevitable que este sistema de subordinar la administración de justicia a la obtención de ingresos produjese abundantes y gruesos abusos. …

Pero cuando por diversas circunstancias, en especial el continuo incremento en el gasto de defensa de la nación contra la invasión de otras naciones, el patrimonio privado del soberano resultó completamente insuficiente para sufragar los gastos del estado; y cuando llegó a ser necesario que la gente, por su propia seguridad, contribuyese a ese gasto a través de impuestos de diverso tipo, fue generalmente estipulado que ni el soberano ni sus alguaciles y sustitutos, los jueces, pudiesen recibir regalo alguno en ningún caso a cambio de la administración de justicia. Se pensó que era mejor abolir esos regalos por completo antes que regularlos y determinarlos. Se fijaron unos salarios para los jueces que debían supuestamente compensarlos por la pérdida de lo que hubiese sido su cuota en los antiguos emolumentos de la justicia, mientras que los impuestos compensaban con creces la pérdida sufrida por el soberano por/ este concepto. Se dijo entonces que la justicia era administrada gratuitamente.

Pero en realidad la justicia jamás ha sido gratis en ningún país. Las partes deben al menos pagar a los abogados y procuradores, que en caso contrario harían su trabajo todavía peor que como lo hacen ahora. Los honorarios que reciben anualmente los abogados y procuradores son en cualquier tribunal muy superiores a los salarios de los jueces. El hecho de que esos salarios sean pagados por la corona en ninguna parte puede reducir apreciablemente los gastos necesarios de un pleito. Pero se prohibió a los jueces el recibir regalos u honorarios de las partes no para disminuir los gastos sino para impedir la corrupción de la justicia.

El cargo de juez es por sí mismo tan honorable que las personas están dispuestas a aceptarlo aunque comporte emolumentos sumamente

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reducidos. El puesto inferior de juez de paz, aunque comporta numerosos inconvenientes y en muchos casos no cuenta con emolumento alguno, es algo codiciado por el grueso de nuestra nobleza del campo. En todo país civilizado, los salarios de los distintos jueces, de mayor o menor jerarquía, junto con el coste total de la administración y ejecución de la justicia, incluso cuando no es gestionada de forma muy eficiente, representan una fracción muy pequeña del gasto público total.

El conjunto del gasto de la justicia podría ser fácilmente sufragado mediante tasas judiciales; y sin exponer a la administración de justicia a ningún riesgo real de corrupción se podría aliviar al erario público totalmente de este gasto cierto, aunque sea pequeño. Es difícil regular las tasas judiciales eficientemente cuando una persona tan poderosa como el soberano posee una cuota de las mismas y obtiene de ellas una parte importante de su ingreso. Pero es fácil cuando el juez es la principal persona que puede cosechar algún beneficio de ellas. La ley podría sin dificultad obligar al juez a respetar la regulación, aunque no siempre podría obligar al soberano a respetarla. Cuando las tasas judiciales son reguladas y determinadas con precisión, cuando se pagan de una sola vez en un momento dado del proceso a un cajero, que las distribuye en ciertas proporciones conocidas a cada juez después del proceso, y nunca antes que termine, no parece haber más peligro de corrupción que cuando esas tasas están directamente prohibidas. … En tribunales con numerosos jueces, al estar la cuota de cada uno en proporción al número de horas y días que empleó en examinar el pleito … esas tasas podrían estimular la diligencia de cada juez. Los servicios públicos nunca son mejor prestados que cuando su pago sólo deriva de su prestación, y está en proporción a la diligencia mostrada en su prestación. …De la misma forma, un impuesto de timbre sobre los trámites judiciales de cada tribunal, a ser cobrado por este mismo tribunal, y dirigido a la manutención de sus jueces y otros funcionarios, podría proporcionar un ingreso suficiente para afrontar el gasto de la administración de justicia sin hacerlo recaer sobre el ingreso general de la sociedad. Es verdad que en este caso los jueces sentirían la tentación de multiplicar innecesariamente las diligencias en cada proceso, para incrementar en todo lo posible el producto de un impuesto de timbre de esta naturaleza. En la Europa moderna la costumbre ha sido en la mayoría de los

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casos regular el pago de los abogados y empleados de la justicia según el número de páginas que escribiesen; y el tribunal determinaba que cada página debía contener tantas líneas y cada línea tantas palabras. Para aumentar su retribución, los abogados y funcionarios judiciales han procurado multiplicar las palabras por encima de cualquier necesidad, y han corrompido así el lenguaje legal de todos los tribunales de justicia de Europa. Una tentación análoga puede haber ocasionado la misma corrupción en los formulismos de los procedimientos judiciales.

Pero sea que la administración de justicia se mantenga a sí misma o sea que los jueces resulten mantenidos gracias a salarios fijos pagados de algún otro fondo, no parece necesario que la persona o las personas que ostenten el poder ejecutivo se encarguen de gestionar ese fondo o pagar esos salarios. El fondo podría derivarse de la renta de propiedades, que serían cada una de ellas gestionadas por el tribunal concreto que mantendrían. …

Cuando el poder judicial está unido al poder ejecutivo, es casi imposible que la justicia no resulte sistemáticamente sacrificada en aras de lo que vulgarmente se denomina la política. Las personas a quienes se confían los más altos intereses del estado, incluso aunque no tenga una mentalidad corrupta, podrán en ocasiones imaginar que los derechos de un ciudadano privado deben ser sacrificados ante esos intereses. La libertad de cada individuo, la sensación que tiene de su propia seguridad, depende de una administración imparcial de la justicia. Para que cada persona se sienta plenamente segura de la posesión de cualquier derecho que le corresponda no sólo es necesario que el poder judicial esté separado del ejecutivo, sino que además debe tener con respecto a este poder la máxima independencia. El juez no debería estar expuesto a ser destituido según el capricho del poder ejecutivo. El pago regular de su salario no debería depender de la buena voluntad y ni siquiera de la buena gestión económica de ese poder.

El tercer y último deber del soberano o el estado es el de construir y mantener esas instituciones y obras públicas que aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos y que, por lo tanto, no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vayan a

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construir o mantener. El cumplimiento de este deber también requiere un gasto muy diferente en las diversas etapas de la sociedad.

Después de las obras e instituciones públicas necesarias para la defensa de la sociedad y la administración de la justicia, ya mencionadas, las demás obras e instituciones de esta clase son fundamentalmente las que facilitan el comercio de la sociedad y las que promueven la instrucción del pueblo. Las instituciones docentes son de dos clases: las destinadas a la educación de la juventud y las destinadas a la instrucción de las personas de todas las edades.

Resulta evidente y no necesita prueba alguna el hecho de que la realización y conservación de las obras públicas que facilitan el comercio de cualquier país —como caminos, puentes, canales navegables, puertos, etc.— requieren un gasto muy diverso en las diferentes etapas de la sociedad. … No parece necesario que el coste de esas obras públicas sea sufragado a partir de los denominados ingresos públicos, cuya recaudación y asignación corresponde en la mayor parte de los países al poder ejecutivo. El grueso de esas obras públicas puede ser fácilmente gestionado para que suministren un ingreso específico suficiente para hacer frente a su propio coste, sin hacer recaer carga alguna sobre el ingreso general de la sociedad.

Una carretera, un puente, un canal navegable, por ejemplo, pueden ser en la mayoría de los casos construidos y conservados mediante un pequeño peaje sobre los vehículos que los utilizan; y un puerto mediante una reducida tasa portuaria sobre el tonelaje de los barcos que en el cargan o descargan. La acuñación de moneda, otra institución que facilita el comercio, en numerosos países no sólo cubre su coste sino que aporta al soberano un pequeño ingreso o señoreaje. El correo, otra institución con el mismo objetivo, compensa su coste y suministra en casi todos los países un considerable ingreso al soberano.

Cuando los vehículos que pasan por una carretera o un puente y las embarcaciones que navegan por un canal pagan un peaje en proporción a su peso o su tonelaje, pagan la conservación de esas obras públicas exactamente en proporción al desgaste que lesocasionan. Casi parece imposible concebir una forma más equitativa para mantener esas obras públicas. Este impuesto o peaje, aunque es adelantado por el transportista,

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es finalmente pagado por el consumidor, al que siempre le es cargado en el precio de los bienes. Pero como el gasto del transporte es notablemente disminuido gracias a esas obras públicas, los bienes llegan al consumidor a pesar del peaje más baratos que en otras circunstancias, puesto que su precio no es tan incrementado por el peaje como reducido por la baratura del transporte. La persona que finalmente paga este impuesto, por consiguiente, gana gracias a él más de lo que pierde al pagarlo. … Parece imposible imaginar un método más equitativo de cobrar un impuesto.

…

No tengo ninguna duda de que se podría obtener un ingreso notable de esa manera, aunque quizás no tan abultado como los elaboradores de este proyecto han supuesto. Sin embargo, el proyecto mismo es susceptible de varias e importantes críticas.

Primero, si los peajes recaudados llegan a ser considerados alguna vez como recursos para satisfacer las necesidades del estado, entonces con toda seguridad serían incrementados en la medida en que dichas necesidades supuestamente lo requiriesen. … Unos peajes continuamente crecientes, en vez de facilitar el comercio interior del país, como sucede ahora, pronto se volverían una muy pesada carga para el mismo. …

Segundo, un impuesto sobre vehículos en proporción a su peso, aunque es un gravamen muy equitativo cuando es destinado al único objetivo de reparar los caminos, resulta muy injusto cuando se destina a otro objetivo, o a satisfacer las necesidades corrientes del estado. … Como el peaje eleva el precio de los bienes en proporción a su peso, no a su valor, resulta pagado esencialmente por los consumidores de las mercancías más rústicas y voluminosas, no ligeras y preciosas. Así, cualquiera sea la necesidad del estado que este impuesto deba satisfacer, lo hará a expensas de los pobres, no de los ricos.…

Tercero, si en algún momento el gobierno descuida la reparación de las carreteras, entonces el obligar a que cualquier parte de la suma recaudada por peajes se dirija hacia su destino adecuado será todavía más difícil que ahora. Incluso aquellas obras públicas que por su naturaleza no pueden generar ingreso alguna para mantenerse por sí mismas, y cuya conveniencia

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se limita prácticamente a un lugar o distrito particular, son siempre mejor conservadas por un ingreso local o provincial que por el ingreso general del estado, cuya administración siempre recae en el poder ejecutivo. Si las calles de Londres fuesen iluminadas y pavimentadas con cargo al tesoro ¿habría alguna probabilidad de que estuviesen tan bien iluminadas y pavimentadas como lo están y a un coste tan reducido? El gasto en ese caso, además, en vez de ser sufragado por un tributo local sobre los habitantes de cada calle, parroquia o distrito londinense, provendría del ingreso global del estado, y sería por consiguiente recaudado mediante un impuesto sobre todos los habitantes del reino, que en su mayor parte no derivan beneficio alguno de la iluminación y pavimentación de las calles de Londres.

Los abusos que en ocasiones se cometen subrepticiamente en la gestión local y provincial de las rentas locales y provinciales, por enormes que parezcan, son en realidad insignificantes en comparación con los que habitualmente tienen lugar en la administración y gasto del ingreso de un gran imperio. Y además, son mucho más fáciles de corregir.

El objeto de las obras e instituciones públicas mencionadas es facilitar el comercio en general. Pero para facilitar alguna rama concreta se necesitan instituciones específicas, que también requieren un gasto particular y extraordinario.

Algunas ramas especiales del comercio, que se desarrollan con naciones bárbaras e incivilizadas, exigen una protección extraordinaria. Un almacén u oficina corriente daría poca seguridad a los bienes de los comerciantes que negocian en la costa occidental de África. Para defenderlos contra los nativos bárbaros, es necesario que el sitio donde se depositan se halle en cierta medida fortificado.

… Los intereses del comercio han hecho a menudo necesario el mantener a ministros en países extranjeros, donde no habrían sido indispensables por razones de guerra o alianza. …

…

Cuando un grupo de comerciantes decide por su cuenta y riesgo abrir un nuevo comercio con una nación remota y bárbara, puede ser razonable hacer que se incorporen en una sociedad por acciones, y si tienen éxito

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concederles durante un cierto número de años un monopolio sobre ese comercio.

…

Las instituciones para la educación de los jóvenes pueden, de la misma forma, proporcionar un ingreso suficiente para sufragar sus gastos. Las tasas u honorarios que el estudiante paga al maestro constituyen un ingreso de este tipo. …

El esfuerzo de la mayor parte de quienes ejercen cualquier profesión está siempre en proporción a la necesidad que tienen de esforzarse. Esta necesidad es máxima en el caso de aquellos cuyos emolumentos profesionales son la única fuente de la que obtienen su fortuna, o su ingreso ordinario y su sustento. Para obtener esa fortuna o ese sustento deben ejecutar en el transcurso de un año una cierta cantidad de trabajo de un valor determinado; y cuando la competencia es libre, la rivalidad de los competidores que se empeñan en desalojarse mutuamente del mercado los obliga a realizar su trabajo con un cierto grado de precisión. La altura de los objetivos a alcanzar con el éxito en algunas profesiones indudablemente fomenta a veces el afán de algunas personas de ambición y ánimo extraordinarios. Pero es evidente que para dar lugar a los máximos bríos no son necesarios grandes objetivos. Incluso en las profesiones más modestas sucede que la rivalidad y la emulación hacen que la excelencia se vuelva un objeto a ambicionar y dan lugar a menudo a los más infatigables esfuerzos. Por el contrario, si los grandes objetivos son aislados y no vienen sostenidos por la necesidad de la dedicación, rara vez bastarán para producir un ahínco muy considerable. El éxito en la profesión de las leyes permite alcanzar en Inglaterra objetivos de la máxima ambición y sin embargo han sido poquísimos los hombres cuya fortuna les vino por nacimiento y que hayan sido capaces en este país de sobresalir en dicha profesión.

Las dotaciones de las escuelas y colegios han disminuido necesariamente en alguna medida la necesidad de aplicación de los profesores. En la medida en que su sustento deriva de su salario, es evidente que deriva de un fondo por completo independiente de su éxito y reputación en sus respectivas profesiones.

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En algunas universidades el salario es una parte, pero con frecuencia una parte pequeña de los emolumentos del profesor, que obtiene el grueso de los mismos a partir de los honorarios o tasas de sus alumnos. En este caso la necesidad de esforzarse, aunque siempre resulta más o menos reducida, no es completamente eliminada. La reputación en su profesión es todavía de alguna importancia para él, y aún depende de alguna forma del afecto, gratitud e informes favorables de quienes han seguido sus enseñanzas; y la mejor manera en que puede ganarse esos sentimientos favorables es sólo siendo merecedor de ellos, es decir, mediante la capacidad y diligencia con que cumpla todas sus obligaciones.

En otras universidades se prohíbe al profesor recibir honorario o tasa alguna de sus alumnos, y el salario constituye el único ingreso que deriva de su trabajo. En este caso su interés no puede hallarse más directamente opuesto a su deber. …

Las fundaciones caritativas de becas, pensiones, bolsas, etc., necesariamente adscriben a unos estudiantes a ciertos colegios de forma totalmente independiente de los méritos de esos colegios. Si los estudiantes que recibiesen esas donaciones caritativas tuviesen plena libertad de elegir el colegio que les pareciese mejor, esa libertad podría incentivar la emulación entre los diversos colegios. Por el contrario, una reglamentación que prohibiese incluso a los miembros independientes de un colegio el dejarlo e ingresar en otro sin haber obtenido antes la autorización del primero tendería muy eficazmente a extinguir dicha emulación.

…

En Roma el estudio del derecho civil formaba parte de la educación de algunas familias, aunque no de la mayoría de los ciudadanos. Ahora bien, los jóvenes que deseaban adquirir conocimientos legales no tenían ninguna escuela pública a la cual asistir, y no tenían otro método de estudio que no fuese la compañía de los parientes y amigos que se suponía eran versados en esa materia. …

No hay instituciones públicas para la educación de las mujeres, y en consecuencia en su instrucción habitual no hay nada inútil, ni absurdo, ni fantástico. …

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Podría preguntarse entonces: ¿debería el estado prestar alguna atención a la educación del pueblo? …

…

La educación del pueblo llano requiere quizás más la atención del estado en una sociedad civilizada y comercial que la de las personas de rango y fortuna. Las gentes de rango y fortuna tienen normalmente dieciocho o diecinueve años cuando ingresan en el negocio, profesión u oficio en el que se proponen destacar. …

Con el pueblo llano ocurre lo contrario. Dispone de poco tiempo para dedicarlo a la educación. Los padres apenas pueden mantener a los hijos, y apenas puedan éstos trabajar deben aplicarse a algún oficio con el que puedan ganarse la vida. Este oficio será normalmente tan simple y uniforme que ejercitará poco la inteligencia; al mismo tiempo, el trabajo será tan constante y severo que dejará poco tiempo de ocio y menos inquietud para hacer y ni siquiera para pensar en ninguna otra cosa.

Pero aunque el pueblo llano en una sociedad civilizada no pueda tener tanta educación como la gente de rango y fortuna, las partes más fundamentales de la educación —leer, escribir y contar— pueden ser adquiridas en una etapa tan temprana de la vida que la mayoría de quienes se dedican a las ocupaciones más modestas tienen tiempo de aprenderlas antes de poder ser empleados en esas ocupaciones. Con un gasto muy pequeño el estado puede facilitar, estimular e incluso imponer sobre la gran masa del pueblo la necesidad de adquirir esos elementos esenciales de la educación.

El estado puede facilitar esa adquisición estableciendo en todas las parroquias o distritos una pequeña escuela donde los niños puedan estudiar pagando una tasa tan moderada que incluso un trabajador común sea capaz de pagarla; el maestro sería pagado por el estado en parte pero no totalmente, porque si fuera totalmente, o incluso principalmente pagado por el estado, pronto se acostumbraría a desatender su trabajo. …

El estado puede incentivar la adquisición de esos conocimientos muy fundamentales mediante la concesión de pequeños premios y distintivos honoríficos a los niños de familias humildes que sobresalgan en ellos.

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El estado puede obligar a casi todo el pueblo a conocer esos elementos fundamentales de la educación estableciendo un examen obligatorio sobre ellos para ingresar en una corporación o ejercer un oficio en un pueblo o ciudad corporativa.

…

Además del gasto necesario para que el soberano pueda cumplir sus deberes, se requiere un cierto desembolso para el sostén de su dignidad. Este gasto varía tanto con las diferentes etapas del desarrollo como con las diversas formas de gobierno.

En una sociedad desarrollada y rica, donde todas las clases del pueblo gastan cada día más en sus casas, sus muebles, sus mesas, sus vestidos y sus equipos, no puede esperarse que el soberano sea la única persona que vaya contra la corriente. En consecuencia, de forma natural o más bien necesaria, él procede también a gastar más en todas esas cosas. Parece como si su propia dignidad así lo exigiese.

En lo relativo a la dignidad, un rey está más por encima de sus súbditos que lo que puede suponerse que está el primer magistrado de una república sobre sus conciudadanos, con lo que se necesitará un gasto mayor para sostener esa dignidad mayor. Es natural que esperemos más esplendor en la corte de un rey que en la residencia de un dux o burgomaestre.

Los gastos de defensa de la sociedad y de mantenimiento de la dignidad del magistrado supremo se realizan en beneficio de toda la sociedad. Es por ello razonable que sean sufragados por la contribución general de toda la sociedad, y que todos sus miembros contribuyan de la forma más aproximada posible en proporción a sus capacidades respectivas.

También puede indudablemente afirmarse que el gasto de la administración de justicia es desembolsado en beneficio de la sociedad en su conjunto. No es por ello inadecuado que sea sufragado por la contribución general de toda la sociedad. Pero las personas que ocasionan este gasto son aquellas que por haber sido injustas en alguna forma u otra hacen necesario la búsqueda de compensación o protección de los tribunales de justicia. Y las personas más inmediatamente beneficiadas por

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ese gasto son aquellas a las que los tribunales restauran en sus derechos o mantienen en los mismos. El gasto de la administración de justicia, en consecuencia, puede muy adecuadamente ser sufragado por la contribución particular de alguno de estos grupos de personas o por ambos, según demande la ocasión, es decir, mediante las tasas judiciales. No debería ser necesario recurrir a la contribución general de toda la sociedad, salvo para las condenas de aquellos delincuentes que no tengan ingreso ni patrimonio alguno suficiente para pagar esas tasas.

Los gastos locales o provinciales cuyo beneficio es local o provincial (por ejemplo el coste de la policía de una ciudad o distrito) deberían ser pagados por un ingreso local o provincial, y nunca representar una carga sobre el ingreso general de la sociedad. Es injusto que el conjunto de la sociedad financie un gasto que beneficia sólo a una parte de la misma.

El gasto en la conservación de buenas carreteras y vías de comunicación es indudablemente beneficioso para toda la sociedad, y puede por ello sin injusticia alguna ser financiado mediante la aportación general del conjunto de la sociedad. Sin embargo, este gasto es más inmediata y directamente beneficioso para los que viajan o transportan bienes de un sitio a otro, y a los que consumen dichos bienes. Los derechos de portazgo y los peajes en Inglaterra y otros países hacen recaer el gasto completamente sobre esos grupos de personas, y liberan así de una pesada carga al ingreso general de la sociedad.

De la misma forma, el gasto de las instituciones educativas y de instrucción religiosa es evidentemente beneficioso para el conjunto de la sociedad y por ello podría sin ninguna injusticia ser sufragado por la contribución general de toda la sociedad

CAPITULO II – INGRESOS PUBLICOS

El ingreso que debe sufragar no sólo los gastos de defensa de la sociedad y de sostén de la dignidad del primer magistrado sino todos los otros gastos necesarios del gobierno para los que la constitución del estado no ha provisto ningún ingreso específico debe provenir, primero, de algún

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fondo que pertenezca al soberano o al estado, y que es independiente del ingreso de la población o, segundo, de los ingresos de la población.

Los fondos o fuentes de ingreso que pertenezcan especialmente al soberano o al estado deben consistir en capital o en tierra.

El soberano, como cualquier otro propietario de capital, puede derivar del mismo un ingreso, sea empleándolo él mismo, sea prestándolo. En un caso su ingreso es un beneficio, y en el otro un interés.

El ingreso de un jefe tártaro o árabe consiste en beneficios. Surge principalmente de la leche y de las crías de sus propias manadas y rebaños, cuya administración es supervisada por él mismo, al ser el principal pastor o ganadero de su horda o tribu. Sin embargo, es sólo en esta etapa temprana y primitiva del gobierno civil que el beneficio puede representar la parte principal del ingreso público de un estado monárquico.

En algunas ocasiones las pequeñas repúblicas han derivado un ingreso copioso del beneficio de empresas mercantiles. Se dice que la república de Hamburgo lo ha obtenido de los beneficios de una bodega pública y una farmacia. No puede ser muy grande el estado cuyo soberano tiene tanto tiempo libre como para convertirse en comerciante de vinos o farmacéutico. En estados más importantes el beneficio de un banco público ha constituido una fuente de ingresos. Así ha ocurrido no sólo en Hamburgo sino en Venecia y Amsterdam. Algunas personas han sugerido que se podría pensar en un ingreso de este tipo en un imperio tan vasto como el de Gran Bretaña.

… La experiencia parece probar que la administración ordenada, atenta y austera de aristocracias como las de Venecia y Amsterdam resulta extremadamente adecuada para la conducción de empresas de este tipo. Pero como mínimo resulta mucho más dudoso que se pueda confiar con alguna seguridad la gestión de una empresa similar a un gobierno como el de Inglaterra que, cualesquiera puedan ser sus virtudes, jamás ha alcanzado fama de administrador eficiente; que en tiempo de paz generalmente se ha conducido con el derroche indolente y negligente que quizás sea natural en las monarquías; y que en tiempos de guerra ha actuado sistemáticamente con la imprudente extravagancia en que suelen caer las democracias.

El correo es propiamente una empresa mercantil. El estado adelanta los

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gastos para establecer las diferentes oficinas y comprar o alquilar los caballos y carruajes necesarios, y los recupera con un suculento beneficio mediante las tarifas pagadas por la correspondencia. Creo que es la única empresa que ha sido gestionada con éxito por cualquier tipo de gobierno. El capital a adelantar no es muy considerable. El negocio no tiene misterio alguno. Y los rendimientos no sólo son ciertos sino inmediatos.

Pero los príncipes se han lanzado con frecuencia a muchas otras empresas y han aspirado, igual que las personas privadas, a amasar fortunas convirtiéndose en empresarios de los negocios corrientes. Casi nunca lo han conseguido, porque el derroche que siempre caracteriza a los asuntos de los príncipes lo hacía prácticamente imposible. Los funcionarios de un príncipe consideran que la riqueza de su patrono es inagotable; no se preocupan de a qué precio compran, a qué precio venden, ni cuánto cuesta el transporte de sus bienes de un sitio a otro. Estos agentes viven con frecuencia con el boato de los príncipes y a veces también, a pesar de esa profusión, manipulando adecuadamente sus cuentas acumulan fortunas principescas. … No hay dos naturalezas más incompatibles que las de empresario y soberano.

…

En consecuencia, las dos fuentes de ingreso que pueden pertenecer particularmente al soberano o al estado, el capital público y las tierras públicas, resultan ser fondos inadecuados e insuficientes para sufragar los gastos necesarios de cualquier estado grande y civilizado. La mayor parte de este gasto debe ser financiado mediante impuestos de alguna clase: el pueblo aporta una fracción de su ingreso privado para constituir el ingreso público del soberano o el estado.

… El ingreso privado de las personas, tal como se demostró en el primer libro de esta investigación, proviene en última instancia de tres fuentes: renta, beneficio y salario. Todo impuesto debe ser finalmente pagado a partir de alguna o algunas de estas tres clases de ingresos. …Se verá seguidamente que muchos impuestos no son pagados al final por el fondo o la fuente de ingreso sobre la que se pretende que recaigan.

Pero antes de examinar los impuestos en detalle, es necesario establecer los siguientes cuatro cánones de la tributación en general.

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I. Los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades; es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado. El gasto del gobierno en los individuos de una gran nación es como el gasto de la administración de una gran finca para los copropietarios, que están obligados a contribuir en proporción a sus intereses respectivos en dicha finca. La igualdad o desigualdad de la tributación consiste en la observación o incumplimiento de esta regla. De una vez y para siempre ha de notarse que todo impuesto que finalmente incida sobre sólo una de las tres fuentes de ingreso antes mencionadas es un impuesto necesariamente desigual porque no afecta a las otras dos. En el siguiente análisis de los impuestos casi no prestaré atención a esta clase de desigualdad, y en la mayor parte de los casos me concentraré en el examen de la desigualdad que surge cuando un impuesto en particular incide desigualmente sobre el ingreso privado particular que grava.

II. El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. El momento del pago, la forma del mismo, la cantidad a pagar, todos deben resultar meridianamente claros para el contribuyente y para cualquier otra persona. Cuando esto no sucede así, cada persona sujeta al impuesto se halla en cierta medida en manos del recaudador, que puede aumentar el impuesto sobre algún contribuyente molesto o arrancarle, por su terror ante tal incremento, alguna propina o regalo. La incertidumbre en la tributación estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de personas naturalmente impopulares, incluso allí donde no son insolentes ni corruptas. La certidumbre sobre lo que cada individuo debe pagar es algo tan importante en la imposición que pienso que la experiencia de todas las naciones demuestra que un alto grado de desigualdad no es un mal tan considerable como un pequeño grado de incertidumbre.

III. Todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente resulten más convenientes para el contribuyente. Un impuesto sobre la renta de la tierra o de las casas que se pague al mismo tiempo que habitualmente se pagan esas rentas es recaudado en el momento probablemente más conveniente para el contribuyente. Los impuestos sobre bienes de lujo son todos finalmente pagados por el consumidor, y generalmente en una forma que le resulta

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muy conveniente. Los paga de a poco, según compra esos bienes. Como tiene además la libertad de comprar o no comprar, si alguna vez sufre un perjuicio considerable debido a esos impuestos, será por su culpa.

IV. Todos los impuestos deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que entre en ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del estado2. Un impuesto puede extraer o impedir que entre a los bolsillos de la gente mucho más de lo que ingresa en el tesoro público de las cuatro formas siguientes. Primero, su recaudación puede requerir un gran número de funcionarios, cuyos salarios pueden absorber una gran parte del producto del impuesto y cuyas sisas pueden imponer a la población un tributo adicional. Segundo, puede obstruir el trabajo del pueblo y desanimado a ingresar en ciertas ramas de actividad que podrían dar sustento y empleo a grandes multitudes. Al obligar a la gente a pagarlo se puede disminuir de esa forma o quizás destruir algunos de los fondos que les permitirían pagarlo más fácilmente. Tercero, por las confiscaciones y otras penas en las que pueden incurrir los desgraciados que intentan evadir el impuesto sin éxito, puede a menudo arruinarlos y liquidar así el beneficio que la sociedad podría haber recibido gracias a la inversión de sus capitales. Un impuesto excesivo genera una gran tentación de evadirlo. Pero las penas por la evasión aumentan en proporción a la tentación. La ley, en oposición a todos los principios normales de la justicia, crea primero la tentación y castiga después a los que ceden ante ella; y normalmente además amplía el castigo en proporción a la misma circunstancia que debería contribuir a aligerarlo: la tentación de cometer el delito. Cuarto, al someter al pueblo a la frecuente visita y la odiosa inspección de los recaudadores, lo expone innecesariamente a muchos inconvenientes, vejaciones y opresiones; y aunque la vejación no es estrictamente hablando un gasto, es ciertamente equivalente al gasto que cada persona estaría dispuesta a pagar para librarse de ella. A través de alguna u otra de estas cuatro vías, los impuestos resultan frecuentemente más gravosos para los ciudadanos que beneficiosos para el soberano.

Un impuesto sobre la renta de la tierra puede ser establecido según una cantidad fija … o variable con la renta efectiva de la tierra. …

2 Principio de Eficiencia.

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Un impuesto territorial como el británico, fijado en cada distrito según una regla determinada, aunque pueda ser equitativo al principio, se vuelve necesariamente desigual con el tiempo, según los grados distintos de progreso y descuido del cultivo en las diferentes partes del país.

… Este impuesto es así contrario al primero de los cánones mencionados, pero perfectamente coherente con los otros tres.

…Los impuestos sobre la producción de la tierra son en realidad

impuestos sobre la renta; y aunque originalmente son adelantados por el agricultor, al final los paga el terrateniente. Cuando una cierta porción de la producción ha de ser pagada como impuesto, el granjero procura calcular lo mejor que pueda cuál será el valor probable de esta porción, un año con otro, y efectúa una deducción proporcional en la renta que acuerda pagar al propietario. …

Los diezmos3 y cualquier otro impuesto similar sobre la tierra, aunque aparentan ser perfectamente equitativos, en realidad son sumamente desiguales, porque una fracción determinada de la producción equivaldrá en situaciones diferentes a una fracción muy distinta de la renta. …Un diezmo sobre la renta de tierras ricas puede ser un impuesto no superior a un quinto, o cuatro chelines por libra; mientras que en tierras pobres puede a veces equivaler a un impuesto de la mitad, o de diez chelines por libra.

Así como el diezmo es a menudo un tributo muy desigual sobre la renta, también es un agudo desaliento para las mejoras del terrateniente y el cultivo del agricultor. Si la iglesia ha de llevarse una cuota tan abultada del beneficio, el uno no se arriesgará a acometer las mejoras más importantes, que generalmente son las más caras; ni el otro a cultivar las especies más valiosas, que también suelen ser las que más cuestan. …

Cuando en vez de una porción determinada del producto de la tierra, o del precio de una cierta porción, el impuesto o diezmo requiere el pago de una cierta suma de dinero, entonces ese gravamen es de idéntica naturaleza al impuesto inglés sobre la tierra. Ni aumenta ni disminuye con la renta de la tierra. Ni anima ni desanima a las mejoras.

3 Los diezmos eran impuestos obligados a pagar a la Iglesia.

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La renta de una casa puede dividirse en dos partes: se podría llamar con propiedad a una renta del edificio; a la otra se la denomina normalmente renta del solar.

La desigualdad con la que el impuesto incidiría sobre los dueños de los diversos solares provendría totalmente de la desigualdad accidental de esta división. Pero la desigualdad con la que incidiría sobre los ocupantes de las casas no se debería a esta causa sino a otra. La proporción del alquiler de la casa con respecto a los gastos necesarios para vivir cambia según los diferentes niveles de fortuna. Es probablemente más elevada en los niveles más altos y disminuye gradualmente, de forma que en general es la mínima en el nivel mínimo. Las necesidades de la vida representan el mayor gasto de los pobres. Les es difícil conseguir comida y gasta el grueso de sus reducidos ingresos en comprarla. Los lujos y vanidades representan el principal gasto de los ricos; y una mansión magnífica embellece y realza todos los demás lujos y adornos que poseen. Así, un impuesto sobre la renta de las casas recaerá en general más sobre los ricos, y esta clase de desigualdad no es disparatada. Resulta razonable que los ricos financien el gasto público no sólo en proporción a su ingreso, sino en una cantidad más que proporcional. …

En Inglaterra se han regulado los impuestos sobre las casas según alguna circunstancia obvia que se pensó guardaba alguna proporción con la renta.

El primer impuesto de este tipo fue el llamado «dinero del hogar», un tributo de dos chelines por hogar. Para averiguar cuántos hogares había en cada casa era necesario que los recaudadores entraran en cada una de sus habitaciones. Esta odiosa visita hizo odioso al impuesto. Poco después de la revolución fue abolido como un signo de esclavitud. … Más tarde se estableció un impuesto sobre las ventanas. …

La principal objeción frente a estos tributos es su desigualdad, una desigualdad de la peor especie porque a menudo inciden más sobre los pobres que sobre los ricos. Una casa de diez libras de alquiler en una población rural puede tener más ventanas que una casa de quinientas libras de alquiler en Londres. …Son impuestos, por tanto, directamente opuestos al primero de los cuatro cánones mencionados, aunque no son contrarios a

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los otros tres.

La tendencia natural del impuesto sobre las ventanas y de todos los demás tributos sobre las casas es reducir las rentas. Evidentemente, cuanto más pague una persona por el impuesto, menos podrá pagar por la renta. Desde el establecimiento del impuesto sobre las ventanas, empero, las rentas de las casas han subido en mayor o menor medida en casi todas las ciudades y pueblos de Gran Bretaña que conozco. El incremento generalizado en la demanda de casas ha sido tal que ha elevado las rentas más de lo que el impuesto sobre las ventanas las ha podido bajar: es una de las numerosas pruebas de la gran prosperidad del país y del creciente ingreso de sus habitantes. De no haber sido por el impuesto, las rentas probablemente habrían crecido más.

El ingreso o beneficio que procede del capital se divide naturalmente en dos partes: la que paga el interés y pertenece al dueño del capital, y la parte excedente por encima de lo necesario para pagar el interés.

…

Un impuesto directo sobre los salarios, entonces, aunque quizás lo pueda pagar el trabajador de su bolsillo, no es en realidad adelantado por él, al menos si la demanda de trabajo y el precio medio de los alimentos resultan idénticos antes y después del impuesto. En todos estos casos no sólo el impuesto sino algo más que el impuesto será adelantado por la persona que es su inmediato empleador. La incidencia final será distinta según las distintas personas. El aumento que un impuesto así ocasiona en el salario del trabajador industrial será adelantado por el empresario, que podrá y deberá cargarlo, junto con un beneficio, en el precio de sus bienes. El pago final de este incremento en los salarios, por lo tanto, junto con el beneficio adicional del empresario, recae en el consumidor. El aumento que un impuesto así ocasiona en los salarios del trabajo rural será adelantado por el granjero, que para mantener al mismo número de trabajadores que antes deberá invertir un capital mayor. Con objeto de recuperar este capital mayor junto con los beneficios normales, será necesario que retenga una porción mayor, o lo que es lo mismo: el precio de una porción mayor del producto de la tierra, y en consecuencia que pague menos renta al propietario. La incidencia final de este aumento de salarios, por

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consiguiente, recae sobre el terrateniente, junto con el beneficio adicional del granjero que lo adelanta. En todos los casos, un impuesto directo sobre los salarios debe, a largo plazo, ocasionar tanto una reducción mayor de la renta de la tierra como un incremento mayor en el precio de los bienes manufacturados que el que se habría producido de haberse recaudado la misma suma por un impuesto en parte sobre la renta de la tierra y en parte sobre los bienes de consumo.

Si los impuestos directos sobre los salarios no siempre ocasionan una elevación proporcional en dichos salarios es porque generalmente dan lugar a una caída considerable en la demanda de trabajo. Los efectos habituales de tales impuestos han sido la depresión de la actividad económica, la disminución del empleo de los pobres y la caída en el producto anual de la tierra y el trabajo del país.

… Un impuesto sobre los salarios rurales no aumenta el precio de los productos primarios en proporción al impuesto, por la misma razón de que un impuesto sobre el beneficio de los granjeros tampoco lo hace en dicha proporción.

Aunque estos impuestos son absurdos y destructivos, han sido adoptados por muchos países. …

He demostrado en el Libro Primero que la remuneración de los artistas talentosos y los profesionales liberales guarda una cierta proporción con los emolumentos de los oficios más modestos. En consecuencia, un impuesto sobre esa remuneración sólo podría elevarla en una proporción algo superior al impuesto. Si así no sucediera, al no quedar las artes y las profesiones equilibradas con las demás actividades, serían abandonadas de forma tal que pronto recuperarían ese equilibrio.

Las remuneraciones de los funcionarios no están reguladas por la libre competencia en el mercado, como las de los oficios y las profesiones, y por ello no siempre guardan una justa proporción con lo que requiere la naturaleza de su trabajo. Es posible que en la mayoría de los países sean más altas de lo que debieran ser, porque las personas que manejan la administración pública están normalmente dispuestas a remunerarse a sí mismas y a remunerar a sus inferiores inmediatos con más que suficiente generosidad. Por lo tanto, los emolumentos de los funcionarios en la mayor

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parte de los casos pueden ser perfectamente susceptibles de ser gravados. Además, las personas que disfrutan de puestos en la administración pública, especialmente los más lucrativos, son en todos los países objeto de envidia generalizada; y un impuesto sobre sus remuneraciones, incluso aunque resulte mayor que sobre cualquier otra clase de ingreso, es siempre un impuesto muy popular.

Los impuestos que se pretende que incidan de forma indiferente sobre las distintas clases de ingreso son los impuestos de capitación y los impuestos sobre los bienes de consumo. Deben ser pagados de forma independiente del ingreso que el contribuyente pueda poseer.

…

No sucede lo mismo con los impuestos de los bienes de lujo, incluso aquellos que consumen los pobres. El aumento en el precio de las mercancías gravadas no necesariamente producirá un aumento en los salarios. …El alto precio de estos artículos no disminuye necesariamente la capacidad de las clases inferiores del pueblo de sacar adelante a sus familias… Todo incremento en el precio de las cosas necesarias, salvo que sea compensado por un aumento proporcional en los salarios, necesariamente disminuye en algún grado la capacidad de los pobres para mantener a familias numerosas, y consiguiente ente para satisfacer la demanda de trabajo útil. …

Los impuestos sobre los bienes de lujo no tienden a incrementar el precio de ninguna mercancía aparte de las gravadas. Los impuestos sobre los bienes necesarios, al elevar los salarios, necesariamente tienden a aumentar el precio de todas las manufacturas, y en consecuencia a disminuir la extensión de su venta y consumo. Los impuestos sobre los bienes de lujo son pagados en última instancia por quienes los consumen, sin compensación alguna. Recaen indiferentemente sobre todas las clases de ingreso, los salarios, los beneficios y las rentas. Los impuestos sobre los bienes necesarios, en tanto afectan a los trabajadores pobres, son finalmente pagados en parte por los terratenientes, a través de la menor renta de sus propiedades, y en parte por los consumidores ricos, terratenientes u otros, a través del mayor precio de los bienes manufacturados; y siempre con un notable recargo. El precio más alto de las manufacturas que son realmente

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necesarias para la vida y que integran el consumo de los pobres, como los tejidos de lana más toscos, debe ser compensado a los pobres con un aumento adicional en sus salarios. Si las clases medias y altas comprendieran mejor sus intereses, deberían oponerse sistemáticamente a cualquier impuesto sobre los bienes necesarios para la vida, y a cualquier impuesto directo sobre los salarios del trabajo. El pago final tanto de uno como de otro recae siempre sobre esas clases, y siempre con un abultado recargo. Incide más duramente sobre los terratenientes, que siempre pagan por dos conceptos: en tanto propietarios, porque cae su renta, y en tanto consumidores ricos, porque aumenta su gasto.…

En un país cuyos inviernos son tan fríos como los de Gran Bretaña, el combustible es durante esa estación estrictamente un bien necesario para la vida, no sólo para cocinar los alimentos sino para la subsistencia confortable de los muchos tipos de trabajadores que trabajan en sus casas. El carbón es el combustible más barato. El precio del combustible ha ejercido una influencia tan intensa sobre el del trabajo que en toda Gran Bretaña las industrias se han concentrado principalmente en las regiones carboníferas, puesto que otras partes del país no resultaban competitivas debido al elevado precio de este artículo. Asimismo, en algunas industrias el carbón es un instrumento de trabajo indispensable, como en las del vidrio, hierro y otros metales. Si un subsidio es razonable, quizás sea el subsidio al transporte de carbón de las partes del país donde abunda a las partes donde escasea. Pero los legisladores, en lugar de un subsidio, han aplicado allí un impuesto. …

En el Libro Cuarto de esta investigación he demostrado que el sistema mercantil no ha sido muy favorable al ingreso de la gran mayoría de la población, al producto anual de la tierra y el trabajo del país. Pero tampoco parece haber sido muy favorable al ingreso del soberano, al menos en lo que depende de los aranceles de aduanas.

Como resultado de dicho sistema, la importación de varias clases de bienes ha sido radicalmente prohibida. Esta prohibición ha impedido por completo en algunos casos, y en otros ha reducido marcadamente la importación de esas mercancías, obligando a los importadores a recurrir al contrabando. Ha impedido totalmente la importación de tejidos de lana extranjeros, y ha disminuido considerablemente la de tejidos de seda y

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terciopelo. En ambos casos ha aniquilado por completo los ingresos de aduanas que podrían haberse recaudado con esa importación.

Los altos aranceles impuestos a la importación de muchas clases de bienes extranjeros, con objeto de desalentar su consumo en Gran Bretaña no han servido en muchos casos más que para avivar el contrabando, y en todos los casos han rebajado los ingresos aduaneros con respecto a los que podrían haber generado unos aranceles más moderados. …

Como se cobran altos aranceles sobre casi todos los bienes importados, nuestros comerciantes importadores procuran contrabandear el máximo y declarar el mínimo posible. Nuestros comerciantes exportadores, por el contrario, declaran más de lo que exportan, a veces por vanidad … y a veces para obtener un subsidio o un reembolso. Como consecuencia de todos estos fraudes, nuestras exportaciones son según los registros de aduanas mucho mayores que nuestras importaciones, para indecible regocijo de los políticos que miden la prosperidad nacional por lo que llaman la balanza comercial.

…

Para que la mayor parte de los miembros de una sociedad contribuyan a la hacienda pública en proporción a su gasto respectivo no es necesario gravar a todos y cada uno de los artículos que integran dicho gasto. Se supone que los ingresos derivados de los derechos de sisa o sobre consumos específicos son tan igualitarios con respecto a los contribuyentes como los derivados de los aranceles de aduanas; y los impuestos de sisa se establecen sólo sobre unos pocos artículos de consumo muy generalizado. Son muchos los que piensan que con una buena gestión los derechos de aduanas podían limitarse a unos pocos artículos sin pérdida alguna para el erario público y con gran ventaja para el comercio exterior.

Los impuestos altos con frecuencia producen un ingreso público menor que el que se obtendría con impuestos más moderados4, a veces porque disminuyen el consumo de las mercancías gravadas y a veces porque estimulan el contrabando.

Cuando la disminución del ingreso es el efecto de la disminución del

4 Curva de Laffer.

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consumo sólo hay un remedio: rebajar el impuesto.

Cuando la disminución del ingreso es el efecto del estímulo al contrabando, hay quizás dos remedios: reducir la tentación del contrabando o aumentar la dificultad del contrabando. La tentación del contrabando puede ser reducida sólo si se rebaja el impuesto; y la dificultad del contrabando puede ser incrementada sólo mediante el establecimiento de un sistema de administración más adecuado para prevenirlo.

…

Como consecuencia de la idea de que los derechos sobre los bienes de consumo eran impuestos sobre los beneficios de los empresarios, esos derechos en algunos países han sido repetidos en cada venta sucesiva de los bienes. Si se gravaban los beneficios del comerciante importador o empresario industrial, la equidad parecía exigir que se hiciera lo propio con los de todos los comerciantes intermedios situados entre ellos y el consumidor. La famosa alcabala de España fue establecida según este principio. …La recaudación de este impuesto requiere una multitud de funcionarios de hacienda para vigilar el transporte de mercancías, no sólo de una provincia a otra sino de una tienda a otra. …En la mayor parte de un país donde se imponga un gravamen de estas características no se producirá nada para su venta en mercados lejanos.

… De ahí que Uztáriz impute a la alcabala la ruina de la industria española. Podría de igual forma haberle atribuido la decadencia de la agricultura, puesto que no sólo grava las manufacturas sino también los productos primarios. …

A veces no sólo se arrienda un impuesto a cambio de una renta fija sino que el arrendatario posee además el monopolio de la mercancía gravada. Así sucede en Francia con el tabaco y la sal. En tales casos el arrendatario no sólo impone un exorbitante beneficio a la población sino dos: el beneficio del arrendatario y el todavía más exorbitante beneficio del monopolista. …

CAPITULO III – DEUDA PÚBLICA

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En el estado rudo de la sociedad que precede a la extensión del comercio y al progreso de la industria, cuando los costosos lujos que sólo pueden proporcionar el comercio y la industria son completamente desconocidos, una persona que posea un gran ingreso sólo puede gastarlo o disfrutarlo manteniendo a toda la gente que ese ingreso sea capaz de mantener, tal como he procurado demostrar en el Libro Tercero de esta investigación. … En tal estado de cosas los grandes y los ricos gastan en una hospitalidad sin lujo y una liberalidad sin ostentación. Pero estos son, como he explicado en ese mismo libro, unos gastos por los cuales no es probable que la gente se arruine. …El extenso período durante el cual las fincas proseguían bajo la misma familia entre nuestros antepasados feudales demuestra claramente la disposición general de la gente a ajustar sus gastos a sus ingresos.…En realidad, casi no podían hacer otra cosa que atesorar cualquier dinero que ahorrasen. El comercio no era una actividad bien vista en un caballero y todavía menos el prestar dinero a interés, algo que entonces estaba considerado usura y prohibido por la ley. …

La misma disposición a ahorrar y atesorar que mostraban los súbditos la tenía el soberano. …

En un país comercial donde abunden lujos costosos de todo tipo el soberano, igual que casi todos los grandes propietarios de sus dominios, gasta naturalmente buena parte de su ingreso en la adquisición de esos lujos. …Su gasto normal llega a ser igual que su ingreso normal, y será una suerte si no lo supera frecuentemente ... La frugalidad que conduce a la acumulación ha llegado a ser tan rara en los estados republicanos como en los monárquicos. Las repúblicas italianas, las provincias unidas de Holanda, todas están endeudadas. El cantón de Berna es la única república de Europa que ha acumulado un tesoro apreciable; las otras repúblicas suizas no lo han hecho. El apego por alguna suerte de pompa, o al menos por edificios espléndidos y otros adornos públicos, prevalece a menudo tanto en la aparente sobriedad de la cámara de senadores de una pequeña república como en la corte disipada del más grande de los reyes.

La falta de frugalidad en tiempos de paz impone la necesidad de contraer deudas en tiempos de guerra. Cuando estalla la guerra no hay en

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el tesoro más dinero que el requerido para hacer frente al gasto normal del gobierno durante la paz. En la guerra la defensa del estado exige un gasto tres o cuatro veces superior, y por tanto un ingreso tres o cuatro veces superior al ingreso en tiempos de paz. Aun suponiendo que el soberano tuviese los medios, que casi nunca los tiene, para aumentar su ingreso en proporción al aumento del gasto, la recaudación impositiva que daría lugar a este ingreso incrementado no ingresará en el tesoro hasta diez meses o un año después de establecidos los impuestos.

… Ante un peligro inmediato se debe incurrir en un gasto inmediato y enorme, que no puede esperar a los rendimientos lentos y graduales de los nuevos impuestos. En tal situación el estado no tiene más recurso que el endeudamiento.

La misma etapa comercial de la sociedad que por acción de causas morales lleva así al estado a la necesidad de endeudarse, genera en los súbditos tanto la capacidad como la inclinación a prestarle. …

En un país donde abundan los comerciantes y los industriales necesariamente abundan las personas que en cualquier momento tienen el poder de adelantar una caudalosa suma de dinero al gobierno, si así lo deciden. De ahí la capacidad de prestar que tienen los súbditos de un estado comercial.

El comercio y la industria rara vez florecen durante mucho tiempo en un estado que no disfruta de una administración regular de la justicia, donde el pueblo no se siente seguro en la posesión de sus propiedades, donde el cumplimiento de los contratos no está amparado por la ley, y donde la autoridad del estado no se ocupa regularmente de obligar a que paguen sus deudas todos aquellos que pueden pagarlas. En suma, el comercio y la industria no pueden progresar en ningún estado donde no haya un cierto grado de confianza en la justicia. La misma confianza que predispone a los grandes comerciantes e industriales en condiciones normales a confiar sus propiedades a la protección del estado, los predispone en circunstancias extraordinarias a confiarle al estado el uso de sus propiedades. Al prestar dinero al gobierno ni por un momento disminuyen su capacidad de llevar adelante su comercio o su industria. Al

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contrario, habitualmente la aumentan. La necesidad hace que el estado en la mayoría de las ocasiones esté dispuesto a pedir prestado en términos sumamente ventajosos para el prestamista. La seguridad que otorga al acreedor original es transferible a cualquier otro acreedor, y a partir de la confianza universal en la justicia estatal los títulos generalmente se venden en el mercado por más que su valor de emisión. El comerciante o persona acaudalada gana dinero cuanto le presta al estado, y en vez de disminuir su capital de giro lo aumenta. …De ahí la inclinación o disposición a prestar de los súbditos de un estado comercial.

El gobierno de un estado de esa clase confía en esta capacidad y disposición de sus súbditos a prestarle dinero en coyunturas extraordinarias. Sabe que puede contar con la posibilidad de endeudarse, y por tanto se considera libre del deber de ahorrar.

En una etapa ruda de la sociedad no hay grandes capitales comerciales e industriales. Los individuos que atesoran todo el dinero que ahorran y que ocultan su tesoro lo hacen porque desconfían en la justicia del gobierno… En tal estado de cosas habrá muy pocas personas capaces de prestar dinero al gobierno ante necesidades extraordinarias, y ninguna dispuesta a hacerlo. El soberano percibe que deberá hacer frente a esas exigencias mediante el ahorro, puesto que el endeudamiento le resultará absolutamente imposible. Esta percepción estimula aún más su disposición natural a ahorrar.

La evolución de las enormes deudas que oprimen hoy a todas las grandes naciones de Europa, y que a largo plazo probablemente las arruinen, ha sido bastante uniforme. Las naciones, como las personas privadas, han empezado a pedir prestado generalmente contra lo que podría llamarse el crédito personal, sin garantizar o hipotecar ningún fondo específico para el pago de la deuda; cuando este recurso ha fallado, han procedido a endeudarse contra la garantía o hipoteca de fondos determinados.

La llamada deuda flotante o no consolidada de Gran Bretaña se contrajo por la primera de esas vías. Consiste en parte en una deuda que no paga o se supone que no paga interés, y que se parece a las deudas de un ciudadano privado que toma dinero a cuenta; y en parte en una deuda que paga interés, y que se parece a la que contrae un particular que firma una letra o pagaré.

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…Las letras del Tesoro 5… son deudas de este segundo tipo. …El Banco de Inglaterra, sea porque voluntariamente descuenta esas letras a su valor de mercado o porque acuerda con el gobierno el hacer circular letras de Tesoro, es decir, rescatarlas a la par y pagar el interés correspondiente, sostiene su valor y facilita su circulación, y por eso permite con frecuencia al gobierno incurrir en una muy cuantiosa deuda de este tipo. …

Cuando se agota esta fuente y la obtención de dinero requiere garantizar o hipotecar una rama concreta del ingreso público para pagar la deuda, el gobierno lo ha hecho de dos forma distintas. A veces ha estipulado esta vinculación o hipoteca sólo por un período breve de tiempo, un año o dos, por ejemplo; y a veces lo ha hecho a perpetuidad. En un caso se suponía que el fondo era suficiente para pagar en ese plazo limitado tanto el principal como el interés de la deuda. En el otro se suponía que era suficiente sólo para pagar el interés, o una anualidad perpetua equivalente al interés, y el gobierno tenía la opción libre de amortizar esta anualidad en cualquier momento, pagando el principal de la deuda. Cuando se consigue dinero por la primera vía se dice que es un anticipo; y cuando se consigue por la segunda, que es una deuda perpetua. …

Como consecuencia de diversas leyes, la mayoría de los impuestos que antes habían sido establecidos sólo durante unos pocos años se convirtieron en permanentes, con objeto de pagar no el capital sino sólo el interés del dinero que había sido tomado en préstamo sobre los mismos en diversos anticipos sucesivos.

… Dado que los gastos normales de la mayor parte de los estados modernos en tiempos de paz son iguales o casi iguales a sus ingresos normales, cuando estalla la guerra ni quieren ni pueden incrementar sus ingresos en proporción al incremento de sus gastos. No quieren hacerlo por temor a la reacción del pueblo, que puede sentir pronto aversión hacia la guerra si se produce un aumento de impuestos abultado y súbito; y no pueden porque no saben qué impuestos serán suficientes para recaudar el ingreso que necesitan. La facilidad del endeudamiento los libera de la incómoda situación a que esa falta de capacidad y de voluntad conduciría en otro caso. El endeudamiento les permite, con un aumento muy moderado

5 Bonos del Estado

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en los impuestos, recaudar de año a año el dinero suficiente para financiar la guerra, y mediante la práctica de la deuda perpetua pueden obtener anualmente la máxima suma posible de dinero con el mínimo aumento posible de impuestos. En los grandes imperios hay mucha gente que vive en la capital y las provincias alejadas del campo de batalla para la que la guerra no representa molestia alguna; están tranquilos y disfrutan leyendo en los periódicos sobre las hazañas de sus flotas y ejércitos. Para ellos esta diversión compensa la pequeña diferencia entre los impuestos que pagan a causa de la guerra y los impuestos a que estaban acostumbrados en tiempos de paz. Es normal que se disgusten cuanto llega la paz, porque acaba con su diversión y con mil visionarias esperanzas de conquistas y glorias nacionales a cosechar si la guerra se hubiese prolongado más.

El advenimiento de la paz rara vez les aligera de la mayor parte de los impuestos establecidos durante la guerra. Estos han quedado hipotecados para pagar el interés de la deuda contraída para financiarla. Si el antiguo ingreso más los nuevos impuestos produce un superávit, después de pagar el interés de dicha deuda y los gastos públicos corrientes, quizás se pueda convertir en un fondo de amortización para liquidar la deuda. Pero en primer lugar este fondo de amortización, incluso suponiendo que no se destine a ningún otro objetivo, es totalmente insuficiente para pagar toda la deuda contraída durante la guerra en el transcurso de ningún período durante el cual puede razonablemente esperarse que dure la paz; y en segundo lugar, el fondo es casi siempre empleado para otros objetivos. …

…Cuando para pagar el gasto público se recauda un ingreso durante el año

a partir de impuestos no hipotecados, una cierta fracción del ingreso de los particulares se desvía del mantenimiento de una clase de trabajo improductivo al mantenimiento de otra. Es claro que una parte de lo que pagan por esos impuestos podría haber sido acumulada en un capital y consiguientemente invertida en el sostén de trabajo productivo, pero la mayor parte probablemente se habría gastado y habría sido así invertida en el mantenimiento de trabajo improductivo. Cuando el gasto público es financiado de esta forma, ello indudablemente impide en cierto grado la acumulación ulterior de nuevo capital, pero no ocasiona necesariamente la destrucción de ningún capital existente. …

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Ahora bien, el sistema de endeudamiento tiene esta ventaja con respecto al otro sólo mientras dure la guerra. Si el gasto de la guerra fuese sufragado siempre mediante un ingreso recaudado durante el año, los impuestos de los que provendría ese ingreso extraordinario no durarían más que la guerra. La capacidad de los ciudadanos para acumular, aunque sería menor durante la guerra, sería mayor durante la paz que bajo el sistema del endeudamiento. La guerra no daría lugar necesariamente a la destrucción de ningún capital antiguo y la paz ocasionaría la acumulación de mucho más capital nuevo. Las guerras serían en general concluidas más rápidamente y se declararían con menos facilidad. …

Además, cuando el endeudamiento adquiere cierto desarrollo, la multiplicación de impuestos que acarrea a veces menoscaba la capacidad de los ciudadanos para acumular incluso en tiempos de paz tanto como el otro sistema lo hace en tiempos de guerra. …El ingreso privado de los ciudadanos de Gran Bretaña está tan sobrecargado en épocas de paz y su capacidad de acumulación tan obstruida como lo estarían en tiempos de la más costosa de las guerras, si nunca se hubiese adoptado el funesto sistema del endeudamiento.

Las dos fuentes originales del ingreso público y privado son la tierra y el capital. … El propietario de tierra está interesado, en aras de sus propios ingresos, en mantener su finca en la mejores condiciones. …Pero debido a los diversos impuestos sobre la tierra el ingreso del terrateniente puede ser tan disminuido, y debido a diversos aranceles sobre los bienes necesarios y convenientes para la vida su ingreso disminuido puede tener un valor real tan pequeño que puede verse imposibilitado de acometer o mantener costosas mejoras … y la agricultura del país deberá inevitablemente decaer.

Cuando debido a los distintos impuestos sobre las cosas necesarias y convenientes para la vida los dueños e inversores del capital comprueban en un país determinado que cualquier ingreso que de él derivan no compra la misma cantidad de esos bienes que un mismo ingreso puede comprar en otros países, estarán dispuestos a trasladarse a algún otro lugar. Y cuando para recaudar esos impuestos la mayoría de los comerciantes e industriales, es decir, todos o la mayoría de los inversores de los grandes capitales, resultan expuestos a las mortificantes y vejatorias inspecciones de los recaudadores, esta disposición a marcharse se transformará pronto en una

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marcha efectiva. La actividad del país necesariamente se resentirá con la pérdida del capital que la sostenía, y la ruina del comercio y la industria seguirá a la decadencia de la agricultura.

La transferencia desde los propietarios de esas dos grandes fuentes del ingreso, la tierra y el capital, desde las personas directamente interesadas en las buenas condiciones de cada porción concreta de tierra, y en la buena administración de cada porción concreta de capital, hasta otro conjunto de personas (los acreedores públicos, que no tienen esos intereses concretos), de la mayor parte de sus ingresos debe ocasionar a largo plazo tanto el abandono de la tierra como la liquidación o fuga del capital. …

La práctica del endeudamiento ha debilitado gradualmente a todos los estados que la han adoptado. Las precursoras fueron las repúblicas italianas. Génova y Venecia, las únicas dos que tienen pretensiones de una existencia independiente, se han visto debilitadas por ella. España parece haber aprendido el sistema de las repúblicas italianas y (sus impuestos son probablemente menos sensatos que los de ellas) ha sido aún más debilitada, en proporción a su fuerza natural. Las deudas de España son muy antiguas. El país se hallaba profundamente endeudado antes de finalizar el siglo XVII, unos cien años antes de que Inglaterra debiese un sólo chelín. Francia, a pesar de sus recursos naturales, languidece bajo una pesada carga de similares características. La república de las Provincias Unidas está tan debilitada por sus deudas como Génova o Venecia. ¿Puede ser totalmente inocua para Gran Bretaña una política que ha arrastrado a todos los demás países a la debilidad o la desolación?

Podría argumentarse que los sistemas fiscales de esos países son peores que el inglés. Así lo creo. Pero hay que recordar que cuando el gobierno más sabio agota todos los objetos imponibles correctos, en casos de apremiante necesidad deberá recurrir a los incorrectos. La sabia república de Holanda ha echado mano en ocasiones de impuestos tan inconvenientes como la mayoría de los españoles. Ha comenzado otra guerra antes de que se pudiese rescatar de manera apreciable el ingreso público, y al llegar a ser tan costosa como la última guerra, puede desembocar por necesidad irresistible en un sistema fiscal británico tan opresivo como el de Holanda, o incluso como el de España. Es verdad y honra a nuestro actual sistema impositivo el que hasta ahora haya provocado tan pocos problemas a la

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actividad económica que durante el transcurso de las guerras más costosas la frugalidad y buena conducta individuales han sido capaces, mediante el ahorro y la acumulación, de reparar todas las brechas que el derroche y la profusión del gobierno ha ocasionado en el capital general de la sociedad. …Gran Bretaña parece soportar con facilidad una presión fiscal que nadie habría predicho que podría soportar hace medio siglo. Pero no vayamos por dio a concluir apresuradamente que es capaz de soportar cualquier carga, y ni siquiera confiemos demasiado en que pueda aguantar sin una notable penuria una presión ligeramente superior a la que ya tiene sobre sí.

Una vez que las deudas públicas han alcanzado un cierto nivel, creo que no hay ni un sólo caso en que hayan sido pagadas de forma honesta y completa. La liberación de los ingresos públicos, si es que se ha producido, siempre ha ocurrido mediante una quiebra, a veces declarada y siempre efectiva, aunque frecuentemente mediante un pago simulado.

La medida más habitual para disfrazar la quiebra de la hacienda pública a través de un pago simulado ha sido la elevación de la denominación de la moneda. …

Con el mismo objetivo, las naciones han adulterado en ocasiones la ley de sus monedas, es decir han introducido una cantidad mayor de aleación. …

Se podría conseguir un incremento mucho mayor en el ingreso mediante la extensión del sistema fiscal británico a todas las diversas provincias del imperio pobladas por gente de origen británico o europeo6. Pero es posible que esto no pueda lograrse de forma coherente con los principios de la constitución británica sin admitir en el Parlamento británico, o si se quiere en los estados generales del imperio británico, a una representación justa y equitativa de todas esas provincias, y que la de cada provincia guarde la misma proporción con el producto de sus impuestos como la representación de Gran Bretaña guarda con el producto de los impuestos recaudados en Gran Bretaña. Los intereses privados de muchos individuos poderosos, los prejuicios arraigados en grandes núcleos de la población parecen por el momento constituir obstáculos tan agudos para un cambio tan profundo que

6 En marzo de 1776 fue publicado La Riqueza de las Naciones, el 4 de julio se firmó la independencia en Estados Unidos.

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parecen difíciles y quizás totalmente imposibles de salvar. Sin pretender determinar si una unión de ese tipo es practicable o no, quizás no resulte fuera de lugar en una obra especulativa como esta el considerar en qué medida el sistema fiscal británico podría ser aplicable a todas las distintas provincias del imperio, qué ingresos podrían esperarse si se aplicara, y de qué manera una unión general de esa naturaleza podría afectar la felicidad y prosperidad de las diversas provincias que la integrasen. Esta especulación podría en el peor de los casos ser considerada como una nueva Utopía, ciertamente menos entretenida pero no más inútil ni quimérica que la antigua.

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