Fuerzas Armadas Del Peru
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Universidad Nacional Federico Villareal
Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias y Acuicultura
Escuela Profesional de Ingeniería Alimentaria
Asignatura:
Estrategia Democrática De Las Fuerzas Armadas
Tema : Libro Blanco De La Defensa Nacional
Integrante: Sosa Rojas, Kathleen Andrea
Docente : Ing. Guillermo Gallo Gil
Año : Ciclo Adelanto 2015
ESTRATEGIA DEMOCRATICA DE LAS FUERZAS aRMADAS DEFENSANACIONAL
MIRAFLORES, 28 de Febrero del 2015
LAS FUERZAS ARMADAS
Introducción
Los grupos de presión públicos están compuestos de personas o agrupaciones de ellas
que desarrollan sus funciones dentro del poder gubernamental o estatal (organizaciones
de funcionarios públicos, las fuerzas armadas, organizaciones militares, industriales).
(FAP) es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, forma parte de las Fuerzas
Armadas y como tal integra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Tiene
como función principal la defensa aérea del país, además, participa en campañas de
apoyo social a poblaciones de difícil acceso, organiza puentes aéreos en caso de desastres
y participa en misiones de paz internacional.
Fuerzas Armadas
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Fuerzas Armadas
Las fuerzas armadas de la República del Perú están compuestas por el Ejército del Perú,
la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.
Se considera a la Policía Nacional del Perú dentro de las fuerzas armadas aunque en
realidad se trata de un organismo distinto con una misión civil diferente, sin embargo, su
actuación y preparación en función a más de dos décadas de narco-terrorismo le ha dado
en el caso del Perú, un carácter extremadamente militar, con importantes fuerzas de
ataque terrestres, acuáticas y aéreas y con un personal activo de 114 000 efectivos, y 342
000 reservistas.
Las fuerzas armadas del Perú dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio del
Interior.
Misión
Las fuerzas armadas de la República del Perú están encargadas de defender la soberanía
del Estado y la seguridad de los peruanos. Planean, preparan y coordinan la dirección y
conducción de las operaciones militares conjuntas de las Instituciones Armadas en el
cumplimiento de los objetivos de la política de Defensa Nacional, asegurando su máxima
eficacia en concordancia con los recursos logísticos y presupuestales asignados, y en
observancia de los principios de interoperatividad, eficiencia y accionar conjunto.
El Día de las Fuerzas Armadas del Perú fue instituido el 24 de septiembre de 1977,
mediante el Decreto Supremo Nº 003-77- CCFF publicado el 10 de enero de 1977; con
ocasión de la consagración de la Virgen de La Merced, Patrona de los Institutos Armados y
Gran Mariscala del Perú.
Organización
Fuerzas Armadas
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Las fuerzas armadas del Perú se hallan bajo la autoridad del Presidente de la República
por medio del Ministerio de Defensa, coordinadas por el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
MARINA DE GUERRA
La Marina de Guerra creada un 8 de octubre de 1821, tienen como tarea principal la de
preparar, organizar, mantener y equipar al componente naval de las Fuerzas Armadas, así
como la de vigilar, proteger y defender el patrimonio e intereses marítimos, fluviales y
lacustre garantizando la independencia e integridad territorial. La Marina de Guerra,
Institución Armada, que se forma en el protectorado de San Martín y estuvo bajo el
mando del Capitán de Navío Jorge Martin Guise, quien además fue el encargado de
organizarla, orden que cumplió estableciendo las normas disciplinarias británicas. La
primera nave en la que flameó la bandera nacional fue la goleta “Sacramento”. Como
toda organización moderna, la Marina de Guerra del Perú se encuentra en constante
evaluación y evolución para ser capaz de afrontar los diversos desafíos que plantea el
nuevo siglo, capacitando y entrenando a su personal dedicándose a la investigación, así
como al desarrollo tecnológico.
FUERZA AEREA
Fuerzas Armadas
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La Fuerza Aérea del Perú, cuya compleja y sólida estructura empezó a formarse en los
primeros decenios del siglo XX tiene como principal tarea la de preparar, organizar,
mantener y equipar al componente aéreo de las Fuerzas Armadas para proteger y
defender los intereses nacionales, garantizando la independencia e integridad territorial.
El 27 de noviembre de 1923, el presidente Augusto B. Leguía inaugura la Escuela de
Aviación Militar “Jorge Chávez” de las Palmas, con los mejores aviadores pioneros de
Bellavista, Ancón y Maranga. Ese mismo año se forma el “Cuerpo de Aviación del Perú”, y
en 1932, esta entidad cambia de nombre por la de “Cuerpo Aeronáutico del Perú”, CAP. El
18 de julio de 1950, mediante Resolución Suprema, se cambia la denominación de
“Cuerpo Aeronáutico del Perú”, CAP por la de Fuerza Aérea del Perú (FAP). En los años
siguientes, la FAP como componente aéreo de las Fuerzas Armadas, participó
exitosamente en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Los programas de Acción
Cívica que se ejecutan cada año son un factor decisivo para el bienestar y progreso de los
pueblos. A estos lugares remotos llevan los aviones y helicópteros de las FAP alimentos y
medicinas, librando de esta manera una lucha contra la pobreza.
EJERCITO
El Ejército del Perú presente en todas las batallas por nuestra independencia y defensa de
nuestro territorio e intereses tiene la misión de preparar, organizar, mantener y equipar
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al componente terrestre de las Fuerzas Armadas para garantizar la independencia e
integridad territorial.
El Ejército tiene sus orígenes desde el período pre – inca con la cultura Chavín, sin
embargo es en 1819, cuando San Martín llega al Perú con 4,500 efectivos, que dicha
fuerza alcanzaría los 10, 000 efectivos con el alistamiento de 6,000 peruanos. Sobre las
base de estos hombres se organizan las unidades netamente peruanas: el Escuadrón
Auxiliares de Ica y los batallones Cazadores del Ejército y Veteranos de Jauja, las cuales
forman parte del Ejército Unido Libertador, al mando del General Bolívar, quien obtendría
en 1824 las victorias de Junín y Ayacucho. En 1825 se organiza el Ejército, de acuerdo a lo
estipulado en las ordenanzas para el tiempo de paz. Hoy el Comando del Ejército ha
emprendido una reforma del Instituto, la cual busca como primera premisa busca el
cambio de mentalidad. En ese norte, oficiales, técnicos, suboficiales y soldados se
preparan para el cambio, teniendo como base legal el respeto a la Constitución y a las
leyes, amor a la patria y respeto a la sociedad.
El Rol de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia
Cuando Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980, no solo sorprendió a todos los
sectores políticos y al gobierno, sino que también encontró desprevenidas a las Fuerzas
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Armadas. Sendero Luminoso logró expandirse debido a la crítica situación por la que
pasaba el país y a cómo la población percibía la miseria, el atraso, la exclusión y la
injusticia. Y por otro lado estaba el contexto político, la ideologización, la voluntad de los
insurgentes y el comportamiento de los factores sociales, políticos y militares.
Abimael Guzmán inició su lucha en un momento en que sabía que era imposible la
represión por parte de las Fuerzas Armadas y también supo avizorar de antemano los
desaciertos que ellas iban a cometer, no solo políticos y militares, sino también las faltas
del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por combatir el terrorismo debido a que la
información que tenían sobre el maoísmo era insuficiente y la bibliografía sobre
insurgencia era escasa. Otra dificultad con la que se encontraron fue que la mayor parte
de los textos estaban desarrollados por el gobierno de Estados Unidos para combatir la
guerrilla panameña, y difícilmente se podía aplicar al caso peruano. Los lineamientos
estratégicos y las normas generales para la conducción de la contra subversión no se
desarrollaron con la profundidad necesaria para plantear claros los objetivos
fundamentales. A esto se sumó la equivocada concepción que tenían los militares sobre
los aspectos de inteligencia; los cuales no se aplicaron correctamente. Por último las
Fuerzas Armadas se encontraban frente a un Estado altamente burocratizado, que
demoraba meses en decidir su intervención frente al problema del terrorismo. Fue en
1982 que el gobierno de Belaúnde decidió que las Fuerzas Armadas actuaran.
El plan constaba de tres fases; intervención, pacificación y consolidación de la zona
convulsionada. Lo que las Fuerzas Armadas no previeron fue que Sendero Luminoso no
sólo actuaba en el interior del país, sino que recibía ayuda y conducción externa. Esto
generó la falta de coordinación entre las directivas presidenciales y las militares. Había
además vacíos de poder en aquellas zonas donde Sendero había logrado obtener una
importante presencia antes del ingreso de las Fuerzas Armadas.
Para 1984 la estrategia militar no cambió, pero se intensificó el accionar represivo y se
mostró una preocupación especial por la organización de rondas antisubversivas. Para
evitar el crecimiento posterior de Sendero era necesario aplicar estrategias en el campo
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político, económico y sociocultural. Ese mismo año, Abimael Guzmán declaró que fueron
los momentos más difíciles por los que atravesó el partido, lo que significó un gran avance
para el gobierno, pero no fue suficiente. El gobierno de Belaúnde erró gravemente
cuando se demoró en decidir el ingreso de las Fuerzas Armadas para combatir a la
subversión y cuando esto ocurrió creyó, al igual que con las guerrillas de 1965, que
bastaba la simple represión militar para batirlas exitosamente.
“La interrelación del terrorismo, la inflación, la informalidad y el descenso general de la
producción, así como la imposibilidad de pagar la deuda externa, contraída en su mayor
parte durante el gobierno militar, contribuyeron al desgaste del gobierno de Fernando
Belaúnde.”
Cuando la DINCOTE (Dirección Contra el Terrorismo) fue creada en 1981, dentro de la
policía de investigaciones, las cosas empezaron a cambiar. La Dirección realizó un
excelente trabajo pese a la falta de personal y de recursos. Con lo que sí contaban era con
paciencia, y utilizaron la mística y las buenas habilidades para estudiar al enemigo.
En 1985 Alan García decide no pagar la deuda externa, y se esperaba de él y de su
aparato político, el aporte necesario para que el nuevo gobierno perfilara una estrategia
contrasubversiva integral y democrática. Nada de eso sucedió, ya que el énfasis del
nuevo gobierno se centró casi exclusivamente en la necesidad de terminar con la guerra
sucia y el llamamiento a los militares para que respetasen los Derechos Humanos.
En septiembre del mismo año, Alan declaró ante las Naciones Unidas que su gobierno
defendería la democracia contra el terrorismo pero con respeto a las leyes y los derechos
humanos; sin embargo no se lograron mayores avances. Fue en 1989, que el gobierno
aprista decidió otorgarle una importancia principal a la lucha contra la subversión
terrorista. Pero las indecisiones anteriores, los errores cometidos y la desconfianza
generada dentro de las Fuerzas Armadas hacían muy difícil desarrollar una estrategia
contrasubversiva coherente y eficaz. Además, el grado de deslegitimación gubernamental
era muy grande y se le veía como un gobierno que estaba de salida.
En 1990 cuando Fujimori asumió la presidencia, decidió que los pilares de su gobierno
serían, primero la reinserción económica y financiera internacional y segundo, utilizaría
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una estrategia contra subversiva en cada campo, no sólo en lo militar. Pero su principal
arma sería el uso del servicio de inteligencia para llegar a los líderes de Sendero Luminoso
a través de los esfuerzos combinados de DINCOTE y SIN (SERVICIO de INTELIGENCIA
NACIONAL).
Los militares buscaron mejorar su relación con la población, más acción cívica, protección
de los poblados atacados por Sendero y la creación de organismos de Defensa Civil. Esto
no sólo le crearía serios problemas tácticos a Sendero, sino que además se convirtió en
una gran fuente de inteligencia. El problema para el Estado peruano se localizó en las
ciudades, sobre todo en Lima.
El trabajo en equipo y el uso de un buen servicio de inteligencia llevó a la captura de
Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Hasta entonces, la DINCOTE había atacado
exitosamente el Comité Metropolitano, uno de los elementos más importantes de
Sendero y capturado a muchos líderes y cuadros políticos del movimiento. El problema
residía en que los senderistas eran liberados por la justicia civil por falta de pruebas. Esta
situación terminó en abril de 1992 después del auto-golpe de Fujimori, cuando los juicios
fueron conducidos en secreto tanto por jueces civiles como militares. DINCOTE se
convirtió en un aparato de seguridad y la excelencia de su trabajo fue reconocida en el
Perú y en el exterior.
El uso de una buena inteligencia y no de una estrategia de represión indiscriminada, llevó
a la captura de Guzmán y a la crisis de Sendero. Esa fue la forma de enfrentar a un grupo
que incluso ahora está tratando de reorganizarse en los niveles estratégicos y tácticos. Un
grupo que no sólo ha disminuido cuantitativa y cualitativamente sus acciones, sino que
también ha sufrido una serie de reveses de nivel estratégico después de la captura de su
líder.
Características
1. La cuestión de los roles de las fuerzas armadas: Los escenarios de posible conflicto
que se ha revisado y la existencia de amenazas activas y latentes a la seguridad nacional
determinan la incuestionable necesidad de que el Perú cuente con unas fuerzas armadas
con la capacidad operativa adecuada para defender los intereses nacionales. Salvo
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opiniones radicales, existe un amplio consenso acerca de que las fuerzas armadas deben
estar permanentemente en condiciones de cumplir su misión primordial de defensa. Pero
el consenso se debilita sensiblemente cuando el debate aborda la cuestión de los roles
militares en una sociedad como la nuestra y, en innegable dependencia de este tópico, la
cuestión de cómo un país relativamente pobre en recursos económicos puede garantizar
el poder militar necesario.
Esto último coloca el tema de los roles de las FFAA en un plano material concreto y
específicamente ante la disyuntiva de admitir que los institutos armados deben limitarse
a existir en previsión de enfrentar una amenaza de guerra exterior o interna, tesis de la
unicidad del rol castrense, o admitir que pueden y deben actuar otros roles adicionales,
creando el espacio de debate acerca de cuáles deben ser tales roles.
Por ello, enclaustrar a los militares en sus tareas primordiales supone la re-arcaización de
las FFAA y remitirlas al ambiente vigente hasta los años 60, cuando el dominio político
sobre los altos mandos era condición suficiente para abusar del poder desde el gobierno.
Como lo enseña la historia peruana esa situación no impidió el golpismo, como
ciertamente tampoco una mayor intervención de los militares en la vida nacional ha
evitado la politización institucional. Pero queda claro que evitar la politización de las
fuerzas armadas no tiene por condición excluir a sus integrantes de los problemas de la
vida nacional.
Creo que, contrariamente a lo que piensan los defensores del rol único de las fuerzas
armadas, la pluralidad de roles militares que se ha materializado en la experiencia
peruana de los últimos 40 años no es resultado de la arbitrariedad de los gobernantes de
turno ni simplemente el fruto de la creciente intervención militar en los asuntos políticos
y en la gestión estatal desde los años 70. Es una parte del contrato social que se ha
materializado en tres constituciones políticas (1933,1979 y 1993) y expresa un período de
la configuración histórica de la sociedad y del estado peruanos. La cuestión de si la
participación militar en diversos asuntos concernientes al desarrollo económico y social
produce o no un ahorro al estado o si la "acción cívica" es o no necesaria, eficaz y
económicamente rentable, como cuestiona Fernando Rospigliosi, no es un asunto de
principio sobre el ámbito de competencia de las fuerzas armadas sino materia de una
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evaluación empírica y de que, como resultado, el estado circunscriba y planifique
adecuadamente las actividades militares concernientes y ejerza los controles pertinentes.
2.- Fuerzas armadas, política y deliberación
1) Los roles militares pertinentes
El rol primordial y principal de las fuerzas armadas es la defensa de la integridad
territorial y de la soberanía del estado nacional, de amenazas activas y latentes,
provengan éstas de agentes o vectores externos o internos. Esto incluye el
restablecimiento del orden interno cuando la amenaza activa sobrepasa la capacidad de
intervención policial.
La perennidad de este rol debiera ser indiscutible, pero considerando que hay académicos
(antes citados en este trabajo) que opinan ha caducado la "misión de guerra" de las
fuerzas armadas, no será excesivo reiterar que en países como el Perú todavía y por un
tiempo indeterminado la subsistencia del estado nacional exige mantener una estrategia
militar disuasiva hacia el "frente externo" y un dispositivo militar de restablecimiento del
orden interno (defensa interior del territorio, en términos militares), para enfrentar
amenazas activas y latentes a la seguridad nacional, que pudieran provenir de otros
estados o de la subversión.
Adicionalmente, en el marco de la participación institucional contra el narcotráfico la FAP
ha experimentado pérdida y daño de equipos en el orden de la destrucción de dos
aviones A-37B (marzo de 1998 y agosto del 2001), daño reparable de un tercer A-37B y
destrucción total de dos aviones T-27 Tucano (diciembre de 1998 y marzo del 2001). Y la
invaluable pérdida por fallecimiento de tres oficiales pilotos (marzo de 1998 y agosto del
2001) y de un instructor norteamericano.
Estos datos permiten apreciar objetivamente que la participación de la Fuerza Aérea del
Perú en la lucha contra el narcotráfico, si bien ha generado hasta abril de este año el
exitoso abandono progresivo y virtualmente total del transporte aéreo de droga desde las
más de 400 pistas de aterrizaje que podrían operar clandestinamente en los 833.822
kilómetros cuadrados de las zonas de vigilancia y control, ha obtenido este destacable
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logro al elevado precio de la distracción de sus recursos económicos en el orden de los 80
millones de dólares (en diez años), la pérdida total de cuatro aeronaves y la muerte de
tres pilotos para que, a fin de cuentas, el beneficio sea casi exclusivamente para los
Estados Unidos de América.
3.- Problemas del rol socioeconómico de las fuerzas armadas
Es así que por las razones expuestas un segundo rol pertinente de las fuerzas armadas es
contribuir al desarrollo económico y social del país. Pero justificar a futuro este rol exige
operar modificaciones en su forma actual. En el rubro de participación del sector Defensa
en el desarrollo del país se ubican actividades muy diversas y algunas de ellas no califican
apropiadamente en la categoría.
En el período 2000-2001 ciertas actividades son típicamente de "acción cívica": Los tres
institutos armados brindan atención médica y odontológica a poblaciones socialmente
deprimidas, en diversas zonas del territorio nacional; apoyan la refacción de centros
escolares y locales comunales; brindan apoyo en material y víveres a poblaciones
damnificadas; apoyan actividades de alfabetización, brindan apoyo de aeronaves para
evacuación en casos de emergencia. Otras actividades pueden ser consideradas más bien
como aportes técnicos al desarrollo. En este sentido la Marina de Guerra ha efectuado el
estudio de intercambio bioceánico del eje fluvial Amazonas-Marañón, y de las corrientes
del puerto de Bayovar, para su difusión a los interesados y ulterior explotación; la
Dirección de Hidrografía y Navegación ha ejecutado trabajos de señalización y producción
de radio aviso para navegantes. La Fuerza Aérea ha creado un Instituto Superior
Tecnológico Aeroespacial abierto a la población en general, además de perseverar en el
desarrollo de tecnologías y equipos electrónicos e informáticos en apoyo al
entrenamiento de vuelo, al monitoreo de equipos en aeronaves y a la navegación aérea.
Una tercera parte de las actividades son propiamente productivas de bienes y servicios, y
califican como actividades empresariales. Así, la Marina de Guerra produce miles de
toneladas de productos hidrobiológicos congelados en la estación naval de Paita, al punto
que el aumento del procesamiento ha generado un aumento de la demanda de personal,
debiendo contratar trabajadores civiles.
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El Ejército participa, con sus unidades de ingeniería, en la ejecución de proyectos del plan
vial nacional y en el programa de caminos locales y protección ambiental, con el
financiamiento de organismos públicos. En construcción, conservación, rehabilitación y
mejoramiento de carreteras, en asfaltados de pistas en zonas urbano marginales, en
construcción y mejoramiento de aeródromos ha manejado entre 1999 y febrero del 2001
un presupuesto de aproximadamente 30 millones de soles. Además ejecuta obras de
camino carrozable por administración directa; en convenio con municipalidades ejecuta
obras de pistas y veredas; y desde abril del 2001 realiza trabajos del programa de
conservación vial con un presupuesto de 8 millones de soles.
La Fuerza Aérea brinda servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves nacionales
y extranjeras, militares y civiles, así como aporta servicios de fotografía aérea para la
confección del catastro rural de todos los valles del país en apoyo del programa de
titulación PETT, y para el completamiento del catastro urbano en apoyo de la COFOPRI.
Hasta julio del 2001 integraba en exclusividad el directorio y controlaba los cuadros
gerenciales de la empresa de aviación comercial TANS Perú, que alquila aviones
adquiridos por la FAP.
Naturalmente se cuestiona que los institutos armados, bajo cubierta de contribuir al
desarrollo económico y social, participen en la producción de bienes y servicios, y que por
ello desplacen del mercado a las empresas privadas en un ejercicio que es calificado de
competencia desleal toda vez que los institutos armados tendrían estructuras de costos
de producción con varios rubros subsidiados indirectamente por el estado, utilizarían
recursos presupuestales como capital de trabajo, tendrían equipos, materiales y personal
con costos de operación y de mantenimiento cargados al presupuesto sectorial, y
emplearían bienes de capital de los institutos militares, lo que les permitiría omitir la
formación de capital de inversión.
Estos son cuestionamientos realmente gravitantes y todo indica que irrefutables, pero de
ellos es posible inferir que las fuerzas armadas no deben participar en absoluto en la
producción de bienes y servicios en los rubros en que actúa la empresa privada, o bien,
que la participación de las fuerza armadas en la actividad productiva no es inaceptable en
principio, pero que debe experimentar un "sinceramiento" para desvelar su carácter
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netamente empresarial (por tanto, lucrativo) y que debe normarse para adecuarla a los
términos de la leal competencia en el mercado, normando asimismo el origen y destino
de los recursos comprometidos.
4.- La renovada importancia del rol de conservación de la paz
La vigencia de las estrategias militares disuasivas en los países latinoamericanos –signo de
la no extinción de escenarios de conflictos en la región- demanda la permanente
preparación de las fuerzas armadas para la contingencia de la guerra, externa o interna.
Pero en los últimos seis o cinco años ocurre que las fuerzas armadas cuentan cada vez con
menos recursos económicos para mantener su estado de preparación, en relación a la
necesidad del flujo creciente de recursos que supone la preparación para una guerra que
inevitablemente sería cada vez más sofisticada en uso de tecnologías y cada vez más
costosa.
El tema de los roles de las fuerzas armadas concluye aquí en plantear la necesidad y
conveniencia de mantener, además de su rol primordial y principal en defensa (lo que
incluye la lucha contra la subversión y el narcotráfico) el rol modificado de contribución al
desarrollo económico y social del país, y el de participación en misiones de conservación
de la paz, en el entendido que los roles secundarios pueden aportar recursos para
mantener la operatividad y el entrenamiento adecuado de las fuerzas en función de su
rol primordial. El delicado equilibrio que debe establecerse entre las necesidades de
seguridad nacional, las capacidades operativas estratégicas y tácticas de las fuerzas
armadas existentes y las limitaciones de su poder militar en función de los recursos
económicos disponibles en una proyección del mediano plazo cuando menos, debiera
permitir precisar la dimensión de fuerzas armadas que el Perú necesita.
5.- Avances en la racionalización de las fuerzas armadas
En mayo de este año la Secretaría de Defensa Nacional había culminado la elaboración
del proyecto de directiva de planeamiento estratégico para defensa, para la consideración
y aprobación del Consejo de Defensa Nacional, y en consecuencia iniciar el proceso de re-
dimensionamiento de las fuerzas armadas. Pero no se tiene conocimiento que el proceso
se haya iniciado, probablemente debido a que el gobierno en funciones era de transición
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y a que el presidente electo anunciaba entonces importantes cambios en las fuerzas
armadas y en el sector Defensa; cambios que es prematuro exigir en las primeras cuatro
semanas de gestión del nuevo régimen, cumplidas al momento de escribir estas líneas.
Sin embargo los institutos armados tienen pautado un proceso de racionalización que en
parte puede realizarse con independencia del planeamiento estratégico de la defensa,
aunque convergerá con el nuevo "dimensionamiento" de las fuerzas armadas. Es así que
habían programado efectuar hasta fines de este año 2001 acciones individuales
orientadas a racionalizar recursos humanos, como: adoptar la doble especialización del
personal superior y subalterno; iniciar la reducción progresiva de efectivos; y disminuir
progresivamente el número de ingresos al servicio ("altas") de personal.
También se había programado la racionalización de los medios materiales y organizativos:
la salida de servicio ("baja") sin reposición del material de combate y de apoyo a combate
que ya no posee suficiente capacidad operativa para cumplir su misión primaria y cuya
recuperación de operatividad resulta anti-económica bajo el concepto de costo-beneficio;
la fusión o desactivación de unidades y dejar sin efecto la creación de "armas"
(especialidades) en años recientes; y la fusión o desactivación de dependencias.
Asimismo, se había programado acciones conjuntas para el planeamiento de la
integración y complementación de los medios disponibles en los institutos, para optimizar
su empleo.
Estas propuestas de racionalización, que indican la firme voluntad militar de
comprometerse con el re-dimensionamiento de las fuerzas armadas, sólo pueden tener
solución de continuidad en el planeamiento estratégico para la defensa cuyo inicio debe
aprobar el renovado Consejo de Defensa nacional mediante la directiva correspondiente,
único camino para arribar a una definición cualitativa y cuantitativa de poder militar
adecuado para enfrentar disuasivamente amenazas a nuestra seguridad nacional.
Sin embargo, por ahora la racionalización sólo producirá como resultado capital el
"sinceramiento" de la situación del material, del personal y de la estructura organizativa
de los institutos armados. Es decir, producirá una apreciación clara y actualizada de la
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brecha existente entre los medios existentes y los medios necesarios para el
cumplimiento de la misión de cada instituto armado.
En la Fuerza Aérea la racionalización implica retirar del servicio parte de la flota de
aviones, complejos de radar y de misiles. Pero es precaria la situación de algunos otros
equipos de importancia táctica y estratégica, como los helicópteros MI-25, gravemente
devaluados en su capacidad operativa, los aviones SU-22, que han cumplido su tiempo
límite calendario y algunos ya no son operativos, o los aviones A-37B, varios de los cuales
no son recuperables en su capacidad operativa. También es muy preocupante el nivel de
deterioro del entrenamiento y de la preparación de las tripulaciones y otros efectivos por
falta de medios económicos, y la decadencia de la capacidad operativa del material y de
los sistemas de armas realmente sofisticados que se adquirió en los últimos cinco años,
considerando su falta de mantenimiento suficiente por la misma falta de recursos
económicos.
En la Marina de Guerra la capacidad operativa de los navíos de superficie y submarinos es
marcadamente insuficiente por encontrarse incompletos sus sistemas de armas, y la
pretensión de convertir al BAP Grau en una plataforma de guerra electrónica podría ser
un despropósito considerando su vulnerabilidad a misiles. En este instituto la
racionalización implica el retiro sin reposición de un crucero, un submarino y dos buques
de apoyo, y la inactividad de otro submarino y varias aeronaves, de manera que la
capacidad operativa institucional se torna significativamente restringida.
En suma, la racionalización de equipo y material de los institutos armados significa dejar
en claro las carencias e insuficiencias que los afectan, aunque no implica necesariamente
liberar recursos para atender necesidades y requerimientos con impacto favorable en la
operatividad de otro equipo y material, ni para mejorar la preparación operacional de las
fuerzas. Así, por ejemplo, es difícil que la racionalización en la Fuerza Aérea libere
recursos para aumentar la asignación presupuestal de operaciones para el año 2001, que
alcanza solamente al irrisorio 0,62% (US$ 1.183.098) del presupuesto total del instituto,
ya que el 99,38% (US$ 190.808.115) es asignado para cubrir rubros imprescindibles:
remuneraciones, pensiones, gastos administrativos y combustible.
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Bibliografía y fuentes
CÁCERES RUPAY, Guillermo: Artículo en el diario Expreso, edición del 8 de julio del
2001.
CARTA DE NAVEGACIÓN: Propuestas de acción para el estado. Julio 2001.
COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ: Memoria noviembre del
2000 – julio del 2001.
ESCUELA DE INTELIGENCIA NACIONAL:Diccionario de inteligencia del SINA. Lima, 1996
ROSPIGLIOSI, Fernando: Las fuerzas armadas y la democracia. La necesidad del control
civil de las instituciones castrenses. APRODEH, Lima, 2001
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