Político o funcionario, dilema en campaña

w w w. l a p a t r i a . c o mDOMINGO 28 DE FEBRERO DE 20102 b e n d o m i n g o

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA, RAZONES A FAVOR Y EN CONTRA

Foto/LA PAtRIA

Político o funcionario, político o funcionario.

Si conoce casos de funcio-narios que estén partici-pando en política, puede escribirnos al correo editor-noticias@lapatria.com

Prohibiciones para funcionarios públicos

La Directiva Unificada 005, de octubre del 2009, expedida por la Procuraduría General de la Nación establece las restricciones de los funcionarios públi-cos, en la temporada electoral. Estas son algunas de las restricciones: u Presionar a sus subalternos para que respalden algún candidato o campaña. u Difundir propaganda a favor o en contra de al-gún candidato a través de medios de comunicación oficiales. u Aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado. u Favorecer con bonificaciones o ascensos a subalter-nos que participen en su misma campaña política. u Ofrecer beneficios a ciudadanos como obras o actuaciones de la administración, para influir en la intención de voto. u Despedir funcionarios de carrera, aduciendo razo-nes de “buen servicio”. u Inaugurar obras o dar inicio a programas sociales en reuniones en los que participen candidatos o sus voceros. u Destinar recursos de las entidades a su cargo o en las que sea miembro de junta, para financiar reunio-nes proselitista. u Dan contribuciones a los partidos o candidatos, o inducir a otros para que lo hagan. u Usar su cargos para participar en las actividades de los partidos o presionar a subalternos para que lo hagan. u Usar su poder para favorecer o perjudicar electo-ralmente a un candidato. u Usar instalaciones públicas para actividades prose-litistas, facilitar alojamiento o transporte a electores de candidatos. u Las nóminas del ente territorial no se pueden modificar dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones, salvo que sea por falta definitiva, muerto o renuncia irrevocable. u Prestar vehículos oficiales para facilitar el ejercicio de las actividades de los candidatos o movimientos políticos.

Servidor público Personas que prestan sus servicios al Estado o a la administración pública. Su llegada a los cargos está regulada por un régimen de inhabilidades e incompatibilidades especiales. Entre ellos existen los empleados de carrera administrativa, los traba-jadores oficiales, los nombrados en provisionalidad (que lo hacen mientras nombran empleados de carrera) y los de libre nombramiento y remoción. Existen tres tipos: 1. Empleados públicos: Están vinculados formal-mente y cumplen funciones que están establecidas con anterioridad. 2. Trabajadores oficiales: Mediante contratos de trabajo, que pueden rescindirse según el desem-peño del trabajador. 3. De elección popular: que son elegidos por medio del voto popular.

Se debería abrir la posibilidad LA PATRIA habló con Gilberto Toro Gi-raldo, Director Ejecutivo de la Federa-ción de Municipios, sobre la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan participar en política.

- La Federación de Municipios ha planteado que todos los funcionarios puedan hacer política Debería existir una revisión al régimen de inhabilidades y se debe abrir la po-sibilidad de que todos los funcionarios públicos hagan política abiertamente y no bajo cuerda.

- ¿Cuál es la razón? Actualmente nos estamos diciendo mu-chas mentiras en el país con este tema y se nota en las campañas. Obviamente,

respetando y velando por el cuidado de los recursos públicos, todas las per-sonas que están en un cargo público deberían tener la posibilidad de hacer política.

- ¿Eso no sería más riesgoso para el país? Por el contrario, eso sería más sano y más honesto. Mi pregunta es ¿cómo se le puede decir a una persona que toda la vida ha hecho política, que por el hecho de estar en un cargo público no puede hacer política en la época preelectoral? Debe tener la posibilidad de decir por quién vota o a quién le está haciendo campaña. Eso sí, respetando y sin tocar los recursos públicos. Por eso creo que se debería abrir la posibilidad.

Casos de empleados que derivan sus sustento del erario público y

que hacen política para mantenerse en sus puestos. Analistas están en

contra y Federación de municipios plantea la opción de permitirlo.

dilema.

REdACCIÓN/LA PATRIA

Manizales

María del Pilar Ja-ramillo, empleada del área contable del Centro de Diagnóstico Automo-tor de Caldas (empresa comercial del Estado), pidió una licencia no remunerada y salió de

correría política. Hoy es asesora personal de Carlos Uriel Naranjo, aspirante por el movimiento de Salvación Nacional, el mismo partido del Alcalde de Manizales.

Por la clase de contrato, Jaramillo es em-pleada oficial. Su salario sale de recursos propios del Diagnosticentro. La licencia se le cumple el 16 de marzo, justo dos días después de los comicios. Sin importar el resultado de su candidato, ese día regresaría a su puesto sin inconvenientes.

Otro es el caso del docente César Gaviria, quien labora en un colegio oficial de Aguadas y al mismo tiempo es el actual líder del Partido de La U en esta población. Durante su tiempo libre, dicen que ha estado muy activo prestan-do sus servicios al movimiento.

Estas prácticas, que son recurrentes entre contratistas y funcionarios cercanos a las administraciones locales, de nuevo abren el debate sobre la conveniencia de la intervención en política de los trabajadores que devengan su salario del erario público.

Se sabe que muchos contratos y puestos en los entes oficiales (de libre nombramiento o por prestación de servicios) se otorgan por recomendación política y sin la bendición de un "padrino" difícilmente se accede a ellos.

Pero ese respaldo, no es gratis. El que acep-ta queda "empeñado" con el político y atado a una relación de servilismo. Se registran casos como cobro de "donaciones" mensuales a favor del partido, favores en las entidades que trabajan y, finalmente, trabajo durante la campaña electoral.

Actualmente la ley prohíbe la participación de funcionarios públicos en política e, incluso, lo castiga con sanciones disciplinarias. A pesar de esto, existen casos especiales que si bien no llegan a infringir la norma, su actuar puede ser éticamente reprochable, según analistas políticos.

En contra y en contra Frente al dilema, analistas políticos como

Elizabeth Ungar, de Transparencia por Colom-bia, y Rodrigo Santofimio Ortiz, profesor Uni-versidad de Caldas, rechazan la participación

Es desventaja

Caso Pilar Jaramillo

Antecedente En el año 2000 el Secretario Jurídico de la Chec Henry Ramírez Montes resolvió sa-car vacaciones para hacer su campaña a la Alcaldía de Manzanares. En una entre-vista concedida a LA PATRIA, el funcionario dijo que como estas empresas se regían por el régimen especial de Servicios Públicos no tenía que apartarse del cargo para aspirar al Municipio. No obstante, el entonces Go-bernador de Caldas, Tony Jo-zame Amar, como Presidente de la Junta Directiva, solicitó la renuncia de Ramírez Mon-tes, quien así lo hizo para poder hacer su campaña sin mayores críticas. Fue elegi-do finalmente alcalde de su municipio para el periodo que se inició en el año 2001 y hasta el 2003 por el Partido Conservador.

Dos analistas políticos se refi-rieron a la participación de fun-cionarios públicos o cercanos al poder en política u Elizabeth Ungar, Direc-tora de Transparencia por Colombia “No es un problema legal, sino de legitimidad. Sin duda una persona en esas condiciones está en ventaja comparativa frente a otra persona que no tiene vínculos con la admi-nistración. El hecho de pedir una licencia, no quiere decir que haya roto sus vínculos con la empresa pública. Esto se traduce en que tiene mayor incidencia que otro. Es como la frase con sello pierde usted y con cara gano yo”.

u Rodrigo Santofimio Or-tiz, profesor Universidad de Caldas Es un llamativo mensaje sobre la flexibilidad con la que se plan-tea la política. Sirve para anali-zar si hay un comportamiento pulcro a la hora de cumplir con el ejercicio político y los asuntos del Estado. El caso de un fun-cionario que trabaja en alguna campaña le debe servir al ciu-dadano para analizar los reales propósitos de los aspirantes y pienso que debería existir cierta

desconfianza. Hay que ver si la opinión lo asimila así y expresa una negativa ante las prácticas de estos candidatos. Por el otro lado, creo que es muy interesante el papel que juegan los medios revelando esas situaciones, que se ma-nejan entre telones y que poco llegan a la opinión pública. Lo medios son importantes a la hora de hacer públicas esas situaciones que están lejanas al conocimiento de la gente. Esto es clave en estos países, porque con la información están mostrando si los políticos a la hora de llegar a las corporacio-nes van a tomar decisiones para el pueblo o, por el contrario, lo van a hacer de una forma mas privada, patrimonial o de intereses. El elector debe evaluar con mu-cha sensatez y considerar si es válido darle el voto a esa persona o no. Estoy de acuerdo con la opinión sobre la desventaja que representa para los otros candi-datos el que un funcionario haga parte del equipo de campaña de un aspirante. Seguro que los candidatos se beneficiarán de ese apoyo. Hay una desfavorabilidad frente a los otros candidatos que están actuando aparentemente de manera ética.

El Centro de Diagnóstico Automotor de Cal-das es una empresa cuyos accionistas son entidades oficiales y por eso es una empresa industrial y comercial del Estado. En su nómina existen tres empleados públicos que son el Gerente, el de Jefe Control Interno y el Jefe Técnico. A los demás trabajadores se les considera empleados oficiales, como es el caso de Pilar Jaramillo. Bernardo Ocampo, Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas, confirmó que ella regresará el 16 de marzo. “Tiene una licencia no remunerada. Me dijo que trabajando con un amigo. Pero quiero acla-rar que ella puede hacer lo que quiera con su tiempo libre, porque está desvinculada de la empresa. Sobre su trabajo en alguna campaña política, no le veo problema. Ade-más, el abogado de la empresa dijo que no se configuraba ninguna falta”. Por su parte, Pilar Jaramillo dijo que no está cometiendo nada ilegal. “No estoy percibiendo salario. Además, en el caso de los empleados oficiales no aplican esas

restricciones. En el caso de los funcionarios públicos, ellos lo pueden hacerlo mientras estén retirado del cargo y no sean candi-datos”. “Que los funcionarios públicos participen en política me parece completamente nor-mal. Alguien me decía que era una comple-ta hipocresía decir afirmar no participa en política, cuando todos los cargos públicos son políticos. Cómo no va a retribuir con trabajo en una campaña, cuando es de ese cargo del que está comiendo. Me pa-rece que la restricción es una hipocresía y la participación no me parece algo mal hecho”. En este caso, funcionarios de la Procura-duría indicaron que deben analizarlo para establecer si existe violación a la Ley o no. Gonzalo Salgar, abogado de la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales, indicó que, al revisar la norma, “en principio nin-gún empleado público puede participar en actividades políticas, ni hacer campaña en favor de un candidato”.

de funcionarios en política (ver recuadro "Es desventaja"). Argumentan que es riesgoso para la democracia, que envía un mensaje equivo-cado y desventaja para otros aspirantes.

Con la norma que regula la participación en política se pretende evitar es que el funcionario sea una puerta para que recursos y programas públicos se usen a favor de un candidato. Además, evitar que direccione los votos de sus subalternos, los obligue a dar aportes a deter-minado movimiento o a organizar reuniones, a cambio de garantizar su permanencia en el empleo público.

Sin embargo, actualmente se escucha una voz, que poco a poco toma fuerza, pidiendo que se acepte abiertamente la participación de

los funcionarios públicos en los debates electo-rales. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Municipios afirma que en caso de establecer un código de ética claro, sería más transparen-te y permitiría a la gente tener un panorama sobre la tendencia de los funcionarios.

Además, el conocer a qué candidato o par-tido apoya el funcionario serviría para ejercer una vigilancia más rigurosa a todas las activi-dades que cumple como empleado público.

Mientras se da nuevamente el debate sobre la conveniencia o no de la participación de los funcionarios públicos en política, sigue vigente la norma que prohíbe a cualquier empleado que devengue salario del Estado participar en el debate electoral.

Por esta razón, está en manos de los ciuda-danos denunciar los casos que se registran en la actual contienda electoral, para garantizar la transparencia del debate y la igualdad de condiciones de los candidatos.

POLÍTICO

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FUNCIONARIO

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FUNCIONARIO

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