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Reporte sobre el Estado de los Sistemas Judiciales en las Américas 2002-2003 __________________________________________________________________________________________________

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Guatemala tenía en 2001 una población estimada de 11.689.106 de habitantes.2 Seis de cada diez guatemaltecos vivía en zonas rurales y un número similar eran indígenas. Guatemala, de hecho, es uno de los países de la región con mayor población perteneciente a pueblos originarios. La mayoría, de origen Maya, se distribuye en 21 comunidades lingüísticamente diversas, y dos pequeños grupos no Mayas, el Xinca y el Garífuna.3 En 2001, el 23,3% de los hombres y el 38,1% de las mujeres mayores de catorce años eran analfabetos. Aproximadamente 6,4 millones vivían en condiciones de pobreza y un 15,7% de la población total se mantenía en situación de pobreza extrema.4 Entre 1990 y 1998 la economía del país creció a un promedio de 4,1% anual. La tasa media de inflación en ese mismo periodo fue de 12,1%.5 Según cifras del Banco Mundial, el ingreso per cápita, a diferencia de parte importante de las economías de la región, experimentó un leve aumento en los últimos años (pasó de US$ 1.570 en 1997 a US$ 1.670 en 2001).6 Visión panorámica del sistema judicial

• El sistema judicial de Guatemala se basa en la tradición del derecho continental europeo. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, con los que se dio término a un conflicto armado interno de más de tres décadas, el país intensificó su proceso de cambios, especialmente en la administración de justicia.

1 Este capítulo se basa principalmente a partir de las respuestas a nuestro cuestionario y colaboración adicional proporcionada por las siguientes instituciones y personas: la Corte Suprema de Justicia, a través de su Magistrado Presidente, Dr. Carlos Larios Ochaita; la Unidad de Estadigrafía, del Organismo Judicial, a través a Roxana Beatriz García del Águila; el Ministerio de Gobernación, a través de su Ministro, Adolfo Reyes Calderón; el Instituto de la Defensa Pública Penal, a través de su Director General, Jorge Armando Valvert Morales; la Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento de la Justicia, a través de Carmen López de Cáceres; y la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, a través de la Licenciada Leslie Karina Figueroa. La recopilación de fuentes estuvo a cargo de Carlos Paz, abogado de la Fundación Myrna Mack y becario de CEJA durante el segundo semestre de 2002. Adicionalmente, la información oficial ha sido complementada a través de estudios y fuentes externas, principalmente el trabajo coordinado por Luis Rodolfo Ramírez, “Informe de Guatemala”, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Guatemala, ICCPG, en CEJA, Proyecto de seguimiento de las reformas procesales penales en las Américas (Segunda etapa), 2003. Disponible en http://www.cejamericas.org. Y, Luis Pásara, “Reforma y desafíos de la justicia en Guatemala”, Sistemas Judiciales Nro. 5, CEJA-INECIP, Buenos Aires, 2003. 2 Banco Mundial, World Development Indicators. 3 Carlos Paz, “Pluralismo Jurídico y Derecho Indígena: El Caso de Guatemala”, Boletín Nexos, Año II, Nro. 15, CEJA, septiembre de 2002. 4 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida – ENCOVI 2000. http://www.segeplan.gob.gt/ine 5 Pablo Schneider, “Guatemala”, en PNUD, Gasto Público, Gasto Social y Servicios Sociales Básicos en América Latina y el Caribe. Análisis desde la iniciativa 20/20, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1999. http://www.undp.org/rblac/documents/poverty/gastosoc 6 Banco Mundial, World Development Indicators. La cifra está expresada en dólares corrientes según el sistema Atlas method del Banco Mundial.


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• Los procedimientos en materia civil son esencialmente escritos. Para las causas criminales, en cambio, rige desde 1994 un sistema de enjuiciamiento de tipo acusatorio, que entregó las funciones de investigación y acusación de los delitos a un Ministerio Público e incluyó el juicio oral entre las etapas del procedimiento.

• En el año 2002, el país destinó el 3,44% del presupuesto público al poder judicial,

equivalente al 0,47% del PIB. Para el año 2003, ese porcentaje disminuiría a 2,93% en términos de presupuesto público (y a 0,44% en relación con el PIB).

• Guatemala contaba en 2002 con 6 jueces, 5 fiscales, 4 defensores, 63 abogados y

175 policías por cada cien mil habitantes.

• Más de tres cuartas partes de los asuntos ingresados al sistema judicial en 2002 correspondió a causas criminales. Sin embargo, los tribunales sólo lograban dar término al 12,2% de los casos de ese tipo (y al 16,3% del total de casos ingresados).

• En 2001 por cada cien mil habitantes, había 61,3 personas privadas de libertad. De

ellos, un 56,5 % permanecía en prisión sin sentencia. 1. Las instituciones Organismo Judicial de la República de Guatemala Los poderes del Estado en Guatemala se organizan en instituciones llamadas Organismos. De este modo, el poder judicial en el país recae sobre el Organismo Judicial. Está integrado por los siguientes órganos:

• Corte Suprema de Justicia y sus Cámaras • Corte de Apelaciones • Magistratura coordinadora de la jurisdicción de menores y de los tribunales de

menores • Tribunal de lo contencioso-administrativo • Tribunal de segunda instancia de cuentas • Juzgados de primera instancia • Juzgados de menores; y • Juzgados de paz.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por el Congreso de la República7 por un periodo de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside; los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país; un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de

7 Constitución Política de la República, artículo 215.


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Guatemala, e igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de la Constitución. La elección de candidatos requiere del voto, de al menos, dos terceras partes de los miembros de la Comisión. Los magistrados de la Corte Suprema eligen, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, para un periodo de un año. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. La Constitución Política, garantiza al Organismo Judicial:

• La independencia funcional • La independencia económica • La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos

establecidos por la ley; y • La selección del personal.

De acuerdo con la información remitida por el Organismo Judicial, en 2002 había en el país un total de 637 tribunales (incluidas todas las instancias). En 2001, en tanto, se registraba un total de 752 jueces8 (con una densidad de 6,4 jueces por cada cien mil habitantes).

8 Cifras de la Unidad de Modernización del Organismo Judicial, citadas por Luis Pásara, “Reforma y desafíos de la justicia en Guatemala”, Sistemas Judiciales Nro. 5, CEJA-INECIP, Buenos Aires, 2003.


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Tabla 1 Número de tribunales según niveles (1997-2001)

Fuente: Unidad de Modernización Organismo Judicial, Pásara 20039

Órgano 1997 2001 Increment

o %

Salas de Corte de Apelaciones 21 24 3 Juzgados de primera instancia y de sentencia 104 173 69 Juzgados de paz 242 360 118 Totales 367 557 190

Tabla 2 Número de jueces y personal auxiliar 1997-2001

Fuente: Unidad de Modernización Organismo Judicial, Pásara 2003

Cargo* 1997 2001 Incremento %

Magistrados de Corte de Apelaciones 61 75 23% Jueces de primera instancia 170 293 72% Jueces de paz 253 384 52% Personal auxiliar 2.603 3.304 31% Totales 3.100 4.063 31%

El Organismo Judicial recibió en 2002 el 3,44 % del presupuesto público (equivalente a 0.47 % del PIB). Para 2003, el presupuesto aprobado para la institución disminuyó al 2,93% como porcentaje del presupuesto público, equivalente a 0,44 % del PIB de ese periodo (Tabla 3).

Tabla 3 Presupuesto Aprobado del Organismo Judicial periodo 2002-2003 (en US$)

Fuente: Organismo Judicial

Años Presupuesto Organismo Judicial Presupuesto General PIB (en millones)

2002 103.323.868 3.007.380.498 22.071,8 2003 114.252.836 3.901.267.288 25.749,6

9 Citado por Pásara, 2003, Op. cit.


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Consejo de la Carrera Judicial Es el organismo que tiene a su cargo la administración de la carrera judicial. Se integra con cinco miembros, a saber:

• El Presidente del Organismo Judicial, quien podrá ser sustituido por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia designado por ésta, con carácter de suplente

• El titular de la Unidad de Recursos Humanos del Organismo Judicial o quien lo sustituya con carácter de suplente

• El titular de la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo Judicial, o quien lo sustituya con carácter de suplente

• Un representante y un suplente, electos por la Asamblea de Jueces; y • Un representante y un suplente, electos por la Asamblea de Magistrados.

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Carrera Judicial, al Presidente del Organismo Judicial le corresponde ejercer la Presidencia del Consejo de la Carrera Judicial, y en su ausencia, al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia designado por ésta para suplir al Presidente, teniendo el Presidente, o quien lo sustituya, voto de calidad para dilucidar cualquier empate. Corresponde a este organismo realizar todas las tareas relacionadas con la administración de la carrera judicial en Guatemala. Es dependiente del Organismo Judicial. Corte de Constitucionalidad Es un Tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como Tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Se integra con cinco Magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o Vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos Magistrados por sorteo de entre los suplentes.

La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad es desempeñada por los mismos Magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en periodos de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. Los Magistrados duran en sus funciones cinco años y son designados en la siguiente forma:

• Un Magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia • Un Magistrado por el pleno del Congreso de la República • Un Magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros • Un Magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala; y


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• Un Magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala.

Este organismo actúa como Tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Procuraduría General de la Nación Es la institución del Poder Ejecutivo responsable de los asuntos relativos al sector justicia: Su máxima autoridad es el Procurador General de la Nación, quien es nombrado directamente por el Presidente de la República, para un periodo de cuatro años, pudiendo ser removido por la misma autoridad nominadora únicamente por causa debidamente justificada y establecida. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. También, le corresponde el ejercicio de la personería del Estado de Guatemala, lo que comprende las siguientes funciones:

• Representar y sostener los derechos de la Nación en todos los juicios en que fuere parte, de acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, y promover la oportuna ejecución de las sentencias que se dicten en ellos

• Intervenir si así lo dispusiere el Ejecutivo y conforme a las instrucciones de éste, en los negocios en que estuviere interesada la Nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean necesarios a tal fin; y

• Cumplir los deberes que señalen otras leyes al Procurador General de la Nación. La personería la ejerce directamente el Procurador General de la Nación, quien está facultado para delegar dicha representación en casos específicos. Sus funciones específicas son, entre otras:

• Representar provisionalmente a los ausentes, menores e incapaces, mientras éstos no tengan personero legítimo

• Intervenir ante los Tribunales de Justicia en todos aquellos asuntos en que esté llamado a hacerlo por ministerio de la ley

• Promover la recta y pronta administración de justicia • Investigar de oficio cualquier negocio en que esté interesada la Nación, así como

recibir denuncias sobre tales negocios e investigarlas; y • Rendir informes de los asuntos que esté interviniendo, cuando se lo pida el

Ejecutivo. Ministerio Público Es la institución responsable de la persecución penal pública de los delitos en Guatemala. Según la Constitución Política de la República, posee autonomía funcional y no está subordinada a ninguno de los poderes del Estado.


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Su organización a nivel nacional es de carácter jerárquico. Su jefe máximo es el Fiscal General de la República quien es nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside; los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del País; el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio. La gestión y planificación de sus actividades la ejerce la Unidad de Planificación, compuesta por dos departamentos: organización y métodos e informática y, dos secciones: Proyectos y cooperación técnica. Como rector de la Carrera del Ministerio Público y controlando y asesorando al Fiscal General se encuentra el Consejo10, integrado por siete miembros: El Fiscal General, que lo preside, tres fiscales electos en asamblea general de fiscales y tres miembros electos por el Organismo Legislativo. Normativamente, cuenta con dos estructuras: Una administrativa, a cargo del Jefe de Administración11, y una técnica-fiscal12, a cargo de fiscales de diversa jerarquía que ejercen la persecución penal pública. La Fiscalía General cuenta con dos órganos de apoyo: La Dirección de Investigaciones Criminalísticas y la Oficina de Protección de Sujetos Procesales en Materia Penal13. Existen en el país 45 fiscalías y un total de 545 fiscales de los cuales 226 (41,5%) se encuentra en la capital. Se dividen en fiscalías distritales, fiscalías municipales, fiscalías de sección y fiscalías especiales. A nivel nacional existen

• 23 fiscalías de distrito • 10 fiscalías municipales • 9 fiscalías de sección;14 y • 3 fiscalías especiales (una para delitos contra periodistas y contra sindicalistas; otra

para delitos contra operadores de justicia; y una última para delitos contra activistas de derechos humanos).

Todas ellas se estructuran conforme lo hace la Fiscalía General, vale decir cuentan con una estructura administrativa y otra técnico-fiscal, que se conforma por Agencias Fiscales15, 10 Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 9.2, 17, 18, 72 y 77. 11 Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 57. 12 Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 9. 13 Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 40 y 41. 14 Estas son: La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibiciones Personales; la Fiscalía contra la Corrupción; la Fiscalía contra el Crimen Organizado; la Fiscalía de delitos contra el Medio Ambiente; la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual; la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad; la Fiscalía de Ejecución; la Fiscalía de la Niñez; y la Fiscalía de la Mujer.


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encabezadas por un Agente Fiscal, tres o cuatro auxiliares fiscales y tres o dos oficiales.16 Instituto de la Defensa Pública Penal

Es el organismo responsable de la defensa pública en Guatemala. Fue creado en 1997, luego del compromiso adquirido por el Estado en los Acuerdos de Paz, donde se estableció la necesidad de contar con un órgano autónomo que asumiera la efectiva defensa de los ciudadanos. Antes del establecimiento de este Instituto, la defensa era asumida por los Bufetes Populares de las universidades del país17.

El Instituto cuenta con autonomía funcional, es independiente de los tres poderes del Estado y tiene la misma jerarquía que el Ministerio Público. La defensa opera mediante un sistema mixto, con abogados defensores públicos de planta que mantienen una relación laboral permanente con el Instituto, y defensores públicos de oficio, es decir, por abogados privados a quienes se contrata para la defensa de imputados en delitos menores y para casos concretos. Al año 2002, había en el país un total de 471 defensores públicos. De ellos, 91 eran defensores permanentes o de planta y 380 de oficio. De estos últimos, 120 ejercían sus funciones en las sedes policiales. El Director General del Instituto es elegido por el Congreso de la República, de una terna propuesta por el Consejo del Instituto18. Este Consejo está integrado por el Presidente del Consejo de la Judicatura; el Procurador de Derechos Humanos; un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; un representante de los decanos de las facultades de derecho del país; y un representante de los defensores de planta, electo en asamblea.19 Luego se encuentran las Secciones Departamentales, establecidas en cada uno de los departamentos del país. Cuentan con un máximo de 3 defensores de planta, uno de los cuales será el Coordinador Departamental20, nombrado por el Director General, debiendo actuar conforme a las directrices del mismo y a las atribuciones que le otorga la ley. Primordialmente deben supervisar el trabajo de los defensores de planta,21 que son aquellos que, en la práctica, están encargados de la adecuada defensa de los imputados que no

15 Luis Rodolfo Ramírez (coordinador), “Informe de Guatemala”, en CEJA, Proyecto de seguimiento de las reformas procesales penales en las Américas (Segunda etapa), 2003. Disponible en http://www.cejamericas.org. El número de Agencias Fiscales depende de la carga laboral de las fiscalías, así como también de la extensión y características del ámbito territorial que cubre y también de la presencia de otros operadores de justicia e instituciones sociales, entre otros criterios. 16 Ramírez, 2003, Op. cit. 17 Idem. 18 Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, artículo 9. 19 Sus funciones principales son: Conformar la terna de postulantes para Director General que presentará ante el Congreso de la República; aprobar los reglamentos que proponga el Director General; pedir al Congreso la destitución del Director General cuando éste incurra en grave incumplimiento de sus funciones y dictar políticas generales de administración del IDPP, la expansión y atención del servicio. 20 Debe ser un defensor con carácter permanente. 21 Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, artículo 18.


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pueden solventar su defensa técnica22; además, debe recibir los casos en su departamento y proceder a su distribución entre los defensores; ejercer las funciones del defensor de planta que le son propias y aquellas que el Director General le delegue. Además, existe la Sección Metropolitana, a cargo de un coordinador y 4 asistentes. Está integrada por 25 defensores, 20 de los cuales son permanentes o de planta, abocados principalmente a casos de impacto social. Esta sección cuenta con unidades especiales:23 Unidad de Defensoría de menores;24 Unidad de Ejecución;25 Unidad de Notificaciones y, la Defensoría de Género.26 A fines de 2001 se implementó un proyecto piloto de “defensores públicos en sede policial”, quienes tienen a su cargo la defensa de personas acusadas de faltas. Finalmente, existen las denominadas Defensorías Indígenas (seis en el interior del país) integradas por un defensor, un asistente y un intérprete. Dentro de las principales funciones del Instituto de la Defensa Pública, se encuentran:

• Intervenir gratuitamente en la representación de personas de escasos recursos económicos que se encuentran sometidas a proceso penal a partir de la sindicación de posible autoría o participación de un hecho punible

• Asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoría jurídica cuando ésta considere que pudiera estar sindicada en un procedimiento penal;27 y

• También debe proporcionar defensa técnica a quienes, aún teniendo recursos económicos, prefieran sus servicios, no tuviere o no nombrare defensor de su confianza, aunque en estos casos debe pagar por este servicio.

Tabla 4

Casos atendidos por el Instituto de la Defensa Pública Penal desde su creación (por tipo de defensor) Fuente: Instituto de la Defensa Pública Penal, CEJA 200328

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002

Defensores de adultos 15.254 10.769 9.045 8.307 Defensores de menores 2.123 3.830 3.657 3.606 Defensores de oficio 617 5.458 8.707 13.277 Defensores de sedes policiales 0 0 0 1.822 TOTAL 17.994 20.057 21.409 27.193

22 En este sistema todos los abogados colegiados del país forman parte del Servicio Público de Defensa Penal. Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, artículo 4. 23 Los defensores de planta o permanentes que integran estas unidades, se encuentran dentro del total de 290 defensores de planta con que cuenta la Sección Metropolitana. 24 Compuesta por un subcoordinador, 3 defensores de planta, 3 asistentes y una trabajadora social. 25 Compuesta por 2 defensores de planta y 2 asistentes. 26 Compuesta por 2 defensores de planta. 27 Ley del Servicio Público de la Defensa Penal, artículo 1. 28 Instituto de la Defensa Pública Penal, Informe de Labores 2001 – 2002, en Ramírez, 2003, Op. cit. Los periodos corresponden al año de labores de junio a julio.


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Procuraduría de Derechos Humanos El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado, de cada partido político representado en el correspondiente periodo. Esta Comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección de un Procurador, que deberá reunir los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. El Procurador será electo para un periodo improrrogable de cinco años, por el Pleno del Congreso, por dos tercios del total de votos, en sesión especialmente convocada para el efecto, dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha de haber recibido la Junta Directiva del congreso, la terna de candidatos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos. Es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración; y debe rendir un informe anual al pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Constitución y la ley establecen, no está supeditado a organismo institución o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia29. Policía Nacional Civil De acuerdo con la Dirección General de la Policía Nacional Civil, había en 2001 un total de 20.452 efectivos policiales de esa repartición en el país. Es decir, se registraban ese año 175 policías por cada cien mil habitantes. 2. Los procedimientos Causas penales A partir del año 1994 rige en Guatemala un nuevo Código Procesal Penal, el cual establece un procedimiento penal de carácter acusatorio y cuyas etapas son: una preparatoria o de investigación a cargo del Ministerio Público; una etapa o procedimiento intermedio; y la de juicio, que a su vez se divide en una preparatoria y una de debate oral y público. Por último, pueden presentarse diversos recursos a la sentencia.

• Etapa preparatoria, también llamada investigación penal: Se inicia con un acto introductorio (denuncia, querella, prevención, policial). Tiene como finalidad la investigación de un hecho punible. Es el Ministerio Público quien tiene a su cargo

29 Ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador.


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el procedimiento y la Dirección de la Policía Nacional Civil, en su función de investigar dentro del proceso penal30.

• Etapa intermedia: Cuya función es evaluar y decidir judicialmente sobre las

conclusiones planteadas por el Ministerio Público con motivo de la investigación preparatoria. Tiene como objeto principal que el juez evalúe la existencia o no, de fundamento serio para someter a juicio al procesado31.

• Etapa de juicio oral:32 Es la etapa plena y principal del proceso penal, donde todas

las partes discuten la imputación en un único acto, continuo y público.

• Etapa de las impugnaciones: En ella las partes ejercen los recursos que prevé la ley con el objeto de modificar una resolución judicial que consideren injusta o ilegal, ante el juzgado o tribunal que dictó la resolución, o uno superior33.

• Etapa de ejecución: Está a cargo de un juez especializado (Juzgado de Ejecución

Penal). Su función es controlar el cumplimiento de la pena de prisión y del régimen penitenciario. Entre otras medidas, obliga a disponer inspecciones de los establecimientos carcelarios, escuchar al penado sobre los problemas que enfrentará al recuperar su libertad, y asegurar las medidas de seguridad y corrección.34

La ley procesal guatemalteca, si bien desarrolla este modelo de procedimiento común que es aplicable a la mayoría de los casos, también prevé procedimientos específicos35 que son los siguientes:

• Procedimiento abreviado • Procedimiento especial de averiguación • Juicio por delito de acción privada • Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección; y • Juicio por faltas.

Causas civiles36 El procedimiento civil es principalmente escrito. Sus fases fundamentales son la de discusión, a la cual se da inicio con la demanda, la de prueba, la de alegatos, la de autos para mejor fallar y la de sentencia. Posteriormente se puede recurrir de la resolución.

30 Código Procesal Penal, artículos 207, 285- 331. 31 Código Procesal Penal, artículos 332- 345. 32 Código Procesal Penal, artículos 346- 397. 33 Código Procesal Penal, artículos 398- 463. 34 Código Procesal Penal, artículos 488- 491. 35 Código Procesal Penal, artículos 464 - 491. 36 Mario Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil. Tomo I, Editorial Académica Centroamericana, Guatemala, 1982 pp. 264, 278, 279, 779. Véase también Mario Estuardo Gordill, Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Aspectos Generales de los Procesos de Conocimiento, Impresos Praxis, Guatemala, s.d., p. 4.


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Emplazamiento 9 días Artículo 111

6 días

Artículo 120 15 días Artículo 142 LOJ

15 días Artículo 142 LOJ Contra las sentencias emitidas por los juzgados de Primera Instancia que resuelven procesos ordinarios, procede el Recurso de Apelación, que se constituye en la Segunda Instancia y contra éste, procede el Recurso de Casación como un recurso extraordinario, y siempre que el juicio ordinario haya sido de mayor cuantía. La resolución que se dicte en Segunda Instancia debe confirmar, revocar o modificar la de Primera Instancia, y en caso de revocación o modificación, se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda. Las sentencias de casación revisten la mayor importancia, tanto en sus requisitos de forma como en los intrínsecos, porque son las que van determinando la jurisprudencia. Son

Demanda Artículos 61, 63, 79, 106 y 107

Actitud del Demandado - Allanamiento, artículo 115 - Rebeldía, artículos 113-114 - Contestación Negativa, artículo 118 - Contestación Negativa y Excepciones

Perentorias, artículo 118

Prueba - El periodo ordinario es de 30 días que se pueden

ampliar en 10 días. Artículo 123 - Periodo extraordinario de 120 días si existiere prueba

fuera de la República. Artículo 124

Excepciones Previas Por ellas se depuran la falta de presupuestos procesales, su trámite es incidental. Artículo 116

Vista y Alegatos Artículo 196

Sentencia Artículo 198 CPCM

Artículos 143, 147 LOJ

Auto para Mejor Fallar Optativo antes de pronunciar elfallo en un plazo no mayor de 15días. Artículo 197 CPCM


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diferentes los efectos que producen las sentencias que declaran con lugar un recurso de casación por quebrantamiento de forma, de aquellas que declaran procedente uno por infracción legal. En el primer caso, al casarse la sentencia de Segunda Instancia, se ordena la reposición de lo actuado desde el momento en que se cometió la falta. En cambio, si la casación es de fondo y el Tribunal estima procedente el recurso, casa la resolución y a continuación falla conforme a la ley. 3. Volumen y movimiento de causas De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Estadigrafía del Organismo Judicial, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2002, ingresaron un total de 276.453 causas (Tabla 5). De ese total, la gran mayoría (76,1%) correspondió a asuntos criminales, seguida, a una distancia significativa, por controversias familiares (8,2%). Del total de causas iniciadas en ese periodo, los tribunales dieron término al 16,3% de los asuntos. La mayor tasa de resolución se registró en las controversias laborales (50,9%), de familia (45,6%), y, en menor medida (17,8%) en las demandas civiles y comerciales. Sólo el 12,2% de las causas penales y un 1,5% de las controversias de menores lograron ser terminadas en el periodo.

Tabla 5 Volumen y movimiento de causas (1 de enero al 31 de octubre, 2002)

Fuente: Unidad de Estadigrafía, Organismo Judicial

Criminales Civiles y comerciales De Familia De Menores Laborales Administrativas TOTAL

ingresadas 210.363 16.931 22.683 7.917 8.998 9.561 276.453

terminadas 25.716 3.016 10.342 122 4.579 1.257 45.032


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Gráfico 1

Total de causas ingresadas y terminadas, todos los tribunales(enero a octubre 2002)

Fuente: Unidad de Estadigrafía, Organismo Judicial

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Crim inales Civiles y

com erciales

De Fam ilia De M enores Laborales Adm inistrativas

ingresadas

term inadas

Tabla 6 Flujo de causas penales 1998 -2001

Fuente: Ministerio Público y Ramírez 2003

1998 1999 2000 2001

CASOS RECIBIDOS 160.562 184.965 205.107 222.436 Denuncias 63.525 69.691 91.707 69.334 Querellas 8.843 2.268 2.695 377 Prevenciones policiales 88.164 113.006 110.768 98.442 En investigación y resueltos en fase preparatoria 91.626 80.019 74.609 70.310

Resueltos vías alternativas y traslados 68.936 104.946 130.561 152.126 DESESTIMADOS 17.611 30.254 32.805 35.527 DESJUDIALIZADOS 4.896 7.197 8.074 8.002 Criterio de oportunidad 4.452 6.634 7.501 7.436 Suspensión condicional 267 360 505 477 Conversión 177 193 68 89 ACTOS CONCLUSORIOS 38.123 53.889 70.933 87.431 Clausura provisional 3.982 5.576 4.850 5.299 Sobreseimiento 4.829 5.934 6.628 7.976 Archivo 26.149 39.706 57.105 72.016 Acusaciones formuladas 3.163 2.673 2,350 2.140 Con procedimiento abreviado 1.167 798 675 255 Debates 1.422 1.348 1.030 675 TRASLADOS 8.306 13.616 18.749 21.166


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4. Tasa de delitos De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en 2001 se registraron en el país 3.110 delitos que tuvieron como resultado la muerte de la víctima, y un total de 13.721 robos y hurtos en sus figuras simples y calificadas. 5. Población penal y situación penitenciaria De acuerdo con estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario, al año 2001 había en Guatemala un total de 7.146 personas recluidas en las prisiones del país. Se registraba así, una tasa de 61,3 internos por cada cien mil habitantes. De todos ellos, 56,5 % permanecían en prisión, sin sentencia.

Tabla 7 Población penal en Guatemala 1992 -2001

Fuente: Internacional Centre for Prison Studies, Dirección General del Sistema Penitenciario

Año Total de internos Internos por cada 100,000 habitantes

1992 5.476 56 1994 6.436 62 1996 6.387 58 1999 8.460 71 2001 7.146 61 6. Temas complementarios Resolución Alternativa de Conflictos A fines del año 2001, el Organismo Judicial contaba con cinco Centros de Mediación, dos de ellos ubicados fuera de la ciudad capital. Un informe de 2003 señala que el establecimiento de estos centros constituye una de las reformas al sistema judicial que ha mostrado resultados efectivos.37

Tabla 8 Procesamiento de casos en los centros de mediación 1999 y 2001

Fuente: Pásara, 2003

Solicitudes recibidas Casos mediados Acuerdos alcanzados

Ciudad de Guatemala 2.542 1.105 632 Santa Eulalia 717 457 353 Poptún 648 416 323 Totales 3.907 1.978 1.308

37 Pásara, 2003, Op. cit.


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Profesión legal Según cifras del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en noviembre de 2002 había en el país un total de 7.394 abogados, con una tasa de 63,2 profesionales de esa orden, por cada cien mil habitantes. La carrera de Derecho, en tanto, era impartida en siete universidades del país. 7. Proyectos de reforma judicial en marcha En Guatemala, los Acuerdos de Paz firmados en 1996 han resultado vitales para fortalecer el proceso de reforma de la justicia iniciado a fines de la década de los ochenta. Estos acuerdos pusieron fin al conflicto armado interno que durante más de tres décadas vivió el país. En ellos se plasma la necesidad de realizar modificaciones en la estructura del Estado con el fin de profundizar el proceso democrático, en especial el sector justicia y el proceso de desmilitarización de la sociedad.38 En 1994 entró en vigencia un nuevo código de procedimientos penales que cambió el sistema inquisitivo vigente por más de cien años, por un sistema adversarial, acusatorio, oral y público. Para el caso, se conformó una Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, encargada de desarrollar recomendaciones sobre las transformaciones de este sector, integrada por diversas personalidades de los sectores gubernamentales y de la sociedad civil. Dicha comisión presentó un informe que constituye una fuente de información para realizar un plan estratégico del sector justicia. También se creó la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), con el propósito de posibilitar una mejor coordinación entre las cuatro instituciones encargadas de la administración de justicia, es decir, el Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Ministerio Público e Instituto de la Defensa Pública Penal. La ICMSJ se reúne por lo menos una vez al mes. La Secretaría Ejecutiva es el órgano ejecutor y el coordinador de los proyectos, planes y acciones iniciados por la ICMSJ. Los proyectos principales que ha realizado son:

• La creación de cuatro Centros de Administración de Justicia (CAJs) • La aprobación en diciembre 2002 de un Plan de Política Democrática contra el

Crimen • El inicio de la implementación del Sistema Informático de Apoyo al Sector Justicia

(SIASEJU); y • La elaboración de un Plan de Capacitación conjunta, continua y permanente por los

Directores de las Unidades de Capacitación de las instituciones que conforman la ICMSJ, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva, y el desarrollo de varias capacitaciones.

A continuación se reseñan los principales proyectos actualmente en desarrollo. 38 Ramírez, 2003, Op. cit.


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Plan de Modernización del Organismo Judicial El Organismo Judicial ha adoptado varias medidas para ser más independiente, eficiente y propiciar un cambio sustancial en la administración de justicia. Para ello preparó y está implementando un plan a mediano plazo que finaliza en el 2004, aprobado por la Corte Suprema de Justicia. El Plan se basa en un diagnóstico formulado a partir de talleres de consulta con participación de magistrados y jueces; funcionarios administrativos del Organismo; entidades del sector gubernamental; miembros de la comunidad legal; entidades representativas de la sociedad civil en materia de derechos humanos; la comunidad internacional; el sector económico; universidades y los medios de comunicación. Como resultado de los talleres de consulta surge el Plan de Modernización que plantea cinco objetivos estratégicos:

• Mejoramiento de la función tribunalicia • Fortalecimiento del acceso a la justicia • Combate a la corrupción • Fortalecimiento de la gestión institucional; y • Mejoramiento de la comunicación social.

La ejecución del programa está a cargo de la Unidad de Modernización del Organismo Judicial. La iniciativa cuenta con apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de donaciones y cooperación técnica de los gobiernos de Japón, Noruega, Suecia, Holanda, Estados Unidos (a través de USAID), España, Dinamarca y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público Este proyecto comenzó en marzo de 2001. Se deriva de la segunda etapa de un proyecto de fortalecimiento institucional en el Ministerio Público, iniciado en su primera fase por la Misión de Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA. En su primera fase, el programa se focalizó prioritariamente en la capacitación y asesoría a los fiscales. En una segunda etapa, las actividades se dirigieron a la propuesta de reorganización de las fiscalías distritales y el acompañamiento de su implementación. Esta última se inició con la Fiscalía Metropolitana de Guatemala y se extendió a las fiscalías distritales del interior del país. La segunda fase del proyecto (administrada por el PNUD), incluyó la ejecución de actividades de monitoreo a las fiscalías reorganizadas. Se elaboraron diagnósticos y una propuesta de reorganización de las Fiscalías de Sección, elaboración de propuesta para la creación de la Fiscalía Contra la Corrupción y un documento de líneas de acción para el

http://www.bancomundial.org/

http://www.bancomundial.org/

http://www.iadb.org/exr/espanol/index_espanol.htm

http://www.pnud.org.gt/

http://www.pnud.org.gt/


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diseño de políticas de persecución penal, así como la elaboración y difusión de la 2ª. Edición del Manual de Fiscal, corregida y actualizada. El objetivo del Proyecto en su tercera fase es contribuir al mejoramiento de la persecución penal, alcanzar la excelencia profesional de los fiscales y la consolidación de la implementación del nuevo modelo de organización y funcionamiento de las fiscalías, y su acompañamiento en mejoras. El programa dispuso una duración de 2 años y 6 meses, y cuenta con apoyo de la Embajada de Noruega y la asistencia del PNUD. Fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal - Defensorías Indígenas Iniciado en abril de 2002 y con una duración de tres años, este proyecto se orienta a mejorar el acceso a la justicia para la población indígena. Busca fortalecer la administración de justicia por medio de la creación de tres nuevas defensorías que se suman a las tres ya existentes. A partir de las seis defensorías indígenas, se desarrollarán programas de sensibilización y capacitación a los funcionarios del sistema nacional de justicia, se impulsará la creación de glosarios de términos jurídicos técnicos, y se desarrollará un programa de becas que incremente el número de abogados graduados maya hablantes. Un componente fundamental de este proyecto será el incremento de la actuación de las autoridades tradicionales indígenas en la aplicación de su propia justicia, para lo cual se contribuirá al desarrollo de mecanismos de coordinación entre el derecho estatal y el derecho practicado por autoridades tradicionales. El proyecto es ejecutado por el Instituto de la Defensa Pública, su monto es de US$ 1.170.000 (US$ 870 mil provenientes del Gobierno de Noruega, a través del PNUD, y US$ 300 de contraparte local). El proyecto finaliza el 31 de marzo de 2005. Apoyo a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia Este proyecto fue suscrito el 17 de octubre de 2001, pero sus antecedentes se remontan a la firma de los Acuerdos de Paz. En el transcurso del proceso de paz, se ha formado una serie de tres comisiones multisectoriales como un mecanismo de apoyo a la implementación del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Como fue previsto en este Acuerdo, se instaló la primera Comisión por Acuerdo Gubernativo Nro. 221-97 en marzo de 1997. Esta Comisión de Fortalecimiento de la Justicia fue integrada por doce personas quienes actuaron ad honorem en su calidad de ciudadanos, no representando a ningún sector o institución. En abril de 1998 se entregó un informe final en un documento titulado Una nueva justicia para la paz. En diciembre de ese mismo año, se instaló una segunda comisión, por Acuerdo


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Gubernativo Nro. 576-98, con el mandato de dar seguimiento a las recomendaciones de la primera comisión, así como continuar promoviendo la definición, implementación y monitoreo de planes y acciones a favor de la transformación del sector justicia. Esta instancia entregó su informe de trabajo en enero de 2000. En el mismo mes, se conformó la tercera comisión, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, la cual está activa hasta la fecha. El programa cuenta con financiamiento del Gobierno de Suecia a través del PNUD, por un monto de U$ 288.462. Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Justicia Este es un proyecto amplio destinado a fortalecer el Estado de Derecho mediante el apoyo a las instituciones del sector justicia, a nivel de cada institución y de coordinación entre las mismas, para mejorar el acceso y la calidad de los servicios. El Programa está dividido en dos subprogramas:

a) Acceso a la Justicia (US$ 12,1 millones). Busca mejorar la cobertura judicial de las comunidades marginadas, facilitando el acceso físico, lingüístico y cultural a la justicia mediante la construcción y puesta en marcha de ocho centros de administración de justicia (CAJs), 47 juzgados de paz y 10 fiscalías distritales, y la implementación de actividades especiales dirigidas a las comunidades indígenas. b) Fortalecimiento Institucional (US$ 5,7 millones). Se propone, en primer término, apoyar a las instituciones del sector en el fortalecimiento de sus capacidades gerenciales, técnicas y administrativas, con el fin de mejorar su eficiencia interna y la calidad de los servicios prestados al público; y, en segundo término, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para aumentar los espacios deliberativos y de acción conjunta para abordar los problemas comunes del sector.

El programa se financia con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$ 25 millones, y una contrapartida local de US$ 6 millones. La ejecución es coordinada por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (ICMSJ). También participan como entidades coejecutoras el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Ministerio de Gobernación.


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Otros proyectos Reformas al Código Procesal Penal Como parte de las acciones encaminadas a promover el acceso a la justicia, el Congreso aprobó, el 23 de septiembre de 2002, una ley39 que amplía la competencia de los juzgados de paz a los delitos de menor gravedad y contribuir así al descongestionamiento de los tribunales de primera instancia penal. La ley entró en vigencia el 24 de marzo de 2003. Complejo Judicial Departamental de Huehuetenango Enmarcado en el Plan de Modernización del Organismo Judicial (ver supra), el Complejo Judicial Departamental de Huehuetenango constituye el proyecto piloto de regionalización administrativa y desconcentración operativa. El Complejo se basa en el desarrollo de una organización sustentada en las siguientes premisas:

• Integración de funciones y servicios en las sedes judiciales • Satisfacción de usuarios • Generación de formas de trabajo ordenado y eficiente • Concentración del juez en la función jurisdiccional • Diversificación de los servicios de justicia con la dotación de centros de mediación • Incorporación de tecnologías de la información • Mejoramiento de los servicios en calidad, eficacia y eficiencia • Integración cultural en la prestación de los servicios • Racionalización y optimización de los recursos; y • Motivación de los servidores judiciales.

El Complejo comenzó a operar el 7 de octubre de 2002. 8. Sitios web Organismo Judicial www.organismojudicial.gob.gt Página oficial del Organismo Judicial de Guatemala. Contiene información sobre el proceso de reforma judicial en Guatemala. Incluye el Código Procesal Penal, leyes y noticias importantes. Ubicación de juzgados, sugerencias y quejas. El sitio da la posibilidad de hacer denuncias o quejas on line. Sitio disponible en inglés y español.

39 Decreto Nro. 51- 92, reformado por los Decretos 32- 96, 103- 96, 114- 96 y 79- 97, todos del Congreso de la República.

http://www.organismojudicial.gob.gt/


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Ministerio Público www.mp.lex.gob.gt Sitio oficial del Ministerio Público de Guatemala que da cuenta de la misión, visión, organización y funcionamiento del Ministerio Público de Guatemala. Estadísticas de casos por sector de la población. Direcciones y noticias. En español e Inglés. Gobierno de Guatemala http://www.guatemala.gob.gt Información sobre las Secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo, de los Ministerios, instituciones descentralizadas autónomas y afines, enlaces a diversos sitios web de interés. Disponible sólo en español. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala - ICCPG http://www.iccpg.org.gt El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala ICCPG- es una institución académica en el área de justicia penal, creada para contribuir en la construcción de un movimiento de pensamiento y acción, a favor de un modelo de política criminal respetuoso de los derechos humanos. A través de su sitio web se puede tener acceso a un centro de documentación con información general sobre informes y publicaciones en las siguientes áreas: derecho penal, derecho procesal penal, derechos humanos, criminología, derecho penitenciario, resolución alternativa de conflictos, filosofía del derecho, administración de justicia, derecho constitucional, género, derecho internacional, y derecho indígena. También se pueden consultar las ediciones de la revista El Observador Judicial. Disponible en español. El ICCPG es miembro de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Justicia de las Américas (Red OSC). 9. Directorio básico Organismo Judicial Gerencia de Comunicación Social Edificio de la Corte Suprema de Justicia, 1er. Nivel 21 calle 7-70 Zona 1 Ciudad de Guatemala PBX: 221-2525 ext. 4043 Tel: (502) 230-4902 Fax: (502) 220-0156 E mail [email protected] www.organismojudicial.gob.gt

http://www.mp.lex.gob.gt/

http://www.guatemala.gob.gt/

http://www.iccpg.org.gt/

mailto:[email protected]



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Corte Suprema de Justicia 21 calle 7-70 Zona 1 Ciudad de Guatemala Tel: (502) 221-2585 www.organismojudicial.gob.gt Procuraduría General de la Nación 15 Avenida 9-69, Zona 13, Ciudad de Guatemala Tel: (502) 331 1006 Fax: (502) 334 8465 Ministerio Público www.mp.lex.gob.gt Instituto de la Defensa Pública Penal 7ª. Avenida 3-67, Zona 2 Ciudad de Guatemala Tel: (502)230-2035 Fax: (502)230-2035 E mail [email protected] Consejo de la Carrera Judicial Edificio de la Corte Suprema de Justicia, 3er, Nivel 21 calle 7-70 Zona1 Ciudad de Guatemala Tel: (502) 221-2525 ext. 4000 Fax: (502) 221-2525 ext. 4000 Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento de la Justicia Avenida La Reforma 7-62 zona 9 Edificio Aristos Reforma, oficina 1001 B Ciudad de Guatemala Tel: (502) 360 4238 y 360 4266 Fax: (502) 360 4300 E mail [email protected] Dirección General del Sistema Penitenciario 7ma. Calle entre 11 y 10 Avenida Zona 1, Ciudad de Guatemala


http://www.mp.lex.gob.gt/




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Tel: (502) 253 44 20 Fax: (502) 253 44 01 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG 5a. Calle 1-49, Z. 1 Guatemala, C.A. Tel : (502) 2301841 - 2202736/ 7 - 2325121 E mail [email protected] http://www.iccpg.org.gt


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