Nueva época, No. 61 Guatemala, enero de 2008

El (in)cumplimiento de la ley,las instituciones y

la cultura en Guatemala

Pintura original de Delacroix

2 /No. 61, enero 2008

Secretario general de FLACSOFrancisco Rojas Aravena

San José, Costa RicaCONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA

Isabel Rodas N.- directora Virgilio Álvarez / Oscar López / Santiago Bastos

Paola Ortiz / Virgilio Reyes / Luis Raúl Salvadó / Simona V. Yagenova

Publicación mensual de FLACSO-Guatemalay elPeriódico

Edición y corrección de estilo: Mario Maldonado;

Coordinación y diagramación: Hugo de León P.

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ASDI/SAREC

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"Un hombre es libre si no tiene que obedecer a personaalguna, sino a la ley"

E. Kant

Un acto jurídico nunca es una cosa individual y aislada; esparte del orden social prevaleciente

Ehrlich

Introducción

Paola Ortiz Loaiza*

Las páginas siguientes plantean apenas unesbozo de la complejidad que supone analizarla interacción entre las leyes y la práctica

ciudadana; en última instancia, esta relación dedoble vía constituye en sí misma una parte de laexpresión de la cultura de cada sociedad.Esencialmente, se intenta dilucidar cuáles sonalgunas prácticas y actitudes de los ciudadanosfrente a la ley y la forma como las refuerza o las condiciona el marcolegal, todo ello circunscrito al caso de Guatemala.

La idea principal que se lanza para la reflexión es que el escasoo nulo cumplimiento de las leyes en Guatemala redunda eninstituciones que no desempeñan a cabalidad su objetivo de regularlas relaciones sociales e impartir justicia. Esto incide en una crecientedesconfianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones, asícomo en prácticas y actitudes contrarias a la ley (intentos de evadir laley cada vez que se pueda a través de favores o arreglos “personales”o fuera de la ley). Al final, todo esto moldea un sistema que funcionacomo un círculo vicioso: leyes que no sancionan, instituciones que nofuncionan y ciudadanos que no están dispuestos a cumplir la ley, dondela impunidad (a todos los niveles) es más bien la regla y no laexcepción.

Para algunos, esto podría parecer una exageración; pero bastaver a nuestro alrededor para comprender la magnitud del problema:¿cuántos guatemaltecos estamos dispuestos a no cumplir con lasleyes de tránsito (pasar un alto, ir contra la vía, dar “mordida”)?¿Cuántos hacemos cualquier cosa por evitar una cola, saltarnos unproceso, “negociar” para que nos rebajen una multa? ¿Cuántosevitamos pagar impuestos cada vez que se puede? ¿Cuántos estamosde acuerdo con la limpieza social? ¿o con ejercer la justicia por manopropia (los linchamientos entran en esta categoría)? Ya sea en nombrede la justicia o del crimen, traspasar la ley parece más sencillo quehacerla cumplir. Queremos que nuestro vecino respete la ley, pero

nosotros no estamos dispuestos a regirnos por ella.Sin embargo, aún con instituciones endebles y con leyes con

escaso poder coercitivo, la impunidad y la aplicación de la justiciaestá más cercana a los grupos de poder. La exclusión es parte delsistema legal: la necesidad de “interpretar” la norma y la arbitrariedaden la aplicación de la ley (apuntalada por exceso de legislación, faltade claridad, ausencia de reglamentos…) favorece a aquellos máscercanos al poder, con más “contactos”, aquellos que pueden utilizarla ley para gobernar y no gobernar bajo la ley.1

Comprender estos procesos es importante no sólo paracaracterizar la cultura de legalidad que persiste en los guatemaltecos,sino para entender aspectos fundamentales de la cultura política y dela cultura guatemalteca en general. Estos aspectos se vinculan caside manera automática con los valores y referentes culturales quepersisten en los guatemaltecos y que son retomados por los asesorespolíticos y mercadólogos de campaña electoral, que presentanpropuestas como la “mano dura” o reivindican temas como la “limpiezasocial”, tan hondamente arraigados en la sociedad guatemalteca.2

Este ensayo se divide en tres partes; en las primeras dos sehacen algunos apuntes y reflexiones teóricas: la primera trata sobre lainteracción entre ley y cultura, y la segunda relaciona estos dosaspectos con las instituciones. La tercera parte intenta documentarde manera breve y aún exploratoria, algunos rasgos de la cultura delos guatemaltecos en su interacción con la ley: esencialmente sedocumentan percepciones, y opiniones de los ciudadanos sobre elcumplimiento de la ley y la efectividad de las instituciones del Estado.3

Ley y cultura

Definir el término “cultura” es un problema muy complicado, ya que ladiscusión al respecto es vasta e inacabada debido a la amplitud ycomplejidad de temas y relaciones que abarca: creencias, identidades,símbolos, patrones de comportamiento, etcétera. Algunas disciplinas,como la antropología, no han logrado consenso en torno a una definición.De la misma forma, en el campo de la ciencia política, el uso de términosque intentan explorar parte de la cultura, como “cultura política” o “culturade legalidad”, se caracterizan por la misma falta de consenso en cuantoa su significado y por la ausencia de un único concepto que sea claro yaplicable.

* Licenciada en relaciones internacionales por El Colegio de México, México, D. F. ytécnico en comercio internacional por la Universidad Rafael Landívar (URL), Guatemala.Actualmente es coordinadora del Área de estudios sociopolíticos de FLACSO-Guatemala. Ha sidocatedrática de la Facultad de Ciencias Políticas, de la URL.

1. Esta tesis ha sido expuesta en principio por Jennifer Schirmer, Las intimidades delproyecto político de los militares en Guatemala, Guatemala, FLACSO, 1999.

2 Sobre este tema se han hecho algunos análisis por el área de estudios sociopolíticos.Esencialmente, se cuenta con la consultoría realizada por Silvia Osorio sobre el discurso y lossímbolos de la campaña electoral (semiótica y semiología), septiembre 2007.

3 Esta tercera parte se fundamenta en algunas encuestas, entrevistas y grupos focalesrealizados por el Área de Estudios Socipolíticos de FLACSO (septiembre y octubre 2006) asícomo por otras encuestas y fuentes secundarias. Entre septiembre y octubre de 2006, serealizó una serie de diez grupos focales, en barrios populares de la ciudad, con un promedio deonce participantes por grupo (en adelante: los entrevistados). Los hallazgos e hipótesis surgidasde estas entrevistas a profundidad fueron validadas posteriormente con una encuesta realizadaen barrios populares de la ciudad capital, a doscientos hombres y mujeres mayores de 18 años(en adelante los encuestados). Por tanto, los hallazgos, no necesariamente generalizables a todala población, son representativos de un grupo un poco mayor de trescientos entrevistados.

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Además de la dificultad de definir “la cultura”, existe el problemade cómo analizarla. En primer lugar, no hay una fórmula para medirla:se han utilizado diferentes métodos y herramientas para aproximarsea ella (algunas variables como la religión, el idioma o la etnicidad; asícomo diferentes propuestas para medir actitudes, percepciones ycreencias o análisis etnográficos, entre otros). Aún así, la informaciónque se obtiene es parcial o inexacta y sólo permite conocer fragmentosde la realidad o algunas expresiones culturales. En segundo lugar, esrealmente complicado poder determinar relaciones causales entre “lacultura” y el comportamiento, pues al final se trata de interaccionesmutuas y complejas.

De acuerdo con Richard Falk (Ethics, Vol. 72, No.1: p. 13), en unprimer nivel la ley opera como un reflejo pasivo de la cultura,representando sus estructuras de poder y la expresión de preferenciade los valores. En un segundo nivel, la ley opera de manera interactiva:influida por la cultura pero, a la vez, influyendo en la distribución depoder y los valores. En un tercer nivel y de manera variable, la leyfunciona de manera autónoma en relación con la cultura; se desarrollade acuerdo con su propia lógica interna, incluso, siguiendo líneas quepodrían diferir de la cultura y sus propios valores, lo cual podría llegara desequilibrar las estructuras de poder.

Estas reflexiones permiten un primer acercamiento a lacomplejidad del fenómeno ¿no confiamos en las leyes porque éstasno se cumplen, o las leyes no se cumplen porque no confiamos enellas? Esto nos lleva a otra reflexión: ¿es posible cambiar la cultura?¿Es posible que el cambio en las leyes implique un cambio de “cultura”?Dada la forma como ocurre esta interacción, parece casi obvio queno hay una sola respuesta a estas preguntas. Existen algunos ejemplosde cambios culturales acelerados, así como ejemplos de resistenciacultural a los cambios, dependiendo de la circunstancia histórica, eltipo de cambios propuestos, etcétera.

En ese sentido, no puede hablarse necesariamente de lograrcambios culturales mediante una modificación de leyes o instituciones;sin embargo, es más fácil empezar los cambios por la vía formal-legal. Aún así, esto no garantiza el cambio en los valores, percepcionesy prácticas, pero puede contribuir aponer temas sobre la mesa para eldebate y, probablemente a largo plazo,contribuir a modificar algunos rasgosy referentes culturales. Aún así, todoello depende de muchos factores;pero, a mi parecer de manera clave,de la capacidad de hacer cumplir la ley;es decir, de sancionar al que la incumple.

Cultura de legalidad, una expresión de lacultura

En sintonía con lo planteado, para la cienciapolítica no existe un consenso en torno a unadefinición exacta del término “cultura delegalidad”. Muchos la definen como “laaceptación jurídica y moral de las leyes porparte de todos los ciudadanos y, con ello, elrespeto irrestricto al Estado de Derecho”;4

en general, este término se ha puesto demoda en algunas democracias que tra-bajan por “fortalecer o crear” una culturade legalidad. Sin embargo, este términotiene una carga normativa que suponeque si un ciudadano no cumple la ley“carece” de cultura de legalidad. Estaparece una categorización muy simple

y útil; sin embargo, cuando se analizan fenómenos como el casoguatemalteco, en donde pareciera que todos intentamos evadir la leycada vez que podemos, esta definición no es suficiente para analizar elfenómeno. ¿Será que los guatemaltecos carecemos de o tenemos unaendeble cultura de legalidad?

O ¿será que nuestra cultura de legalidad es una expresión muypropia de la forma como nos relacionamos con la ley y nosposicionamos frente a ella? (No es que se haga aquí una apología delincumplimiento de las leyes o de la ilegalidad). Para describir o analizarla interacción de una sociedad con el marco legal, el concepto “culturade legalidad” puede ser muy útil, pero no necesariamente tiene queser tan acotado o normativo, ya que la cultura de legalidad supone laexpresión que cada sociedad tiene en torno a esa relación ciudadano-ley, cualquiera que esta sea.

No es el objetivo de este documento abundar en la discusiónsobre el concepto “cultura de legalidad”; sin embargo, es importantehacer estas reflexiones para aclarar en dónde se inserta esta discusión.Asimismo, se justifica que algunas veces se refiera sólo al término“cultura”, sin adjetivos, para señalar alguna expresión puntual de lamisma, relativa a la interacción entre los ciudadanos y la ley.

Instituciones versus leyes y cultura

De acuerdo con una definición clara que resume la complejidad de las“instituciones”, éstas:

…son las reglas del juego en una sociedad o más formalmente,son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a lainteracción humana. Por consiguiente, estructuran incentivosen el intercambio humano, sea político, social o económico(North, 2001, p. 13).Asimismo, la división que hace North de los tipos de “reglas del

juego” es muy útil para entender la discusión planteada arriba: a) Las “reglas formales” están constituidas por las normas escritas:

leyes, reglamentos, etcétera. Aunque es la parte de lainstitucionalidad más tangible, muchas veces unmismo grupo de leyes puede normar diferentes

instituciones o constituir en sí mismo una institución:por ejemplo, la Constitución (y las leyes que se derivande ella). La Constitución es la piedra angular de lainstitucionalidad democrática en este país; sin

embargo, también norma otras instituciones como, porejemplo, la familia. Si profundizamos en este ejemplo,respecto de la familia, puede decirse que la normativajurídica que la regula refleja en mucho los valoresfamiliares y tradicionales de la sociedad guatemalteca:matrimonios heterosexuales, edad mínima para casarse(mujeres menor edad que hombres), los herederos porgrados de consanguinidad, paternidad, por citaralgunos aspectos. Sin embargo, las institucionesformales no describen el universo completo de lasnormas que definen la interacción humana en cuantoa este tema.b) Las “reglas informales” se refieren a las normasque provienen de las costumbres, los valores, lasanción social… En pocas palabras, vienen de lacultura. Como señalé en el ejemplo de la familia,ésta tiene sus propias normas escritas, perotambién depende en gran medida de los valores,prácticas y costumbres sociales que son muchomás dinámicas y cambiantes que la norma escrita.

La utilidad del enfoque neoinstitucional, queaporta estos elementos teóricos para el análisis,

es que, al separar la institucionalidad formal de la institucionalidad4 Gerardo Laveaga, La cultura de la legalidad, México, UNAM, 2000, p. 18-20.

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informal, se contribuye a la discusión de los dos conceptos plasmadosen el primer apartado: las leyes y la cultura. Aunque ésta es unadiscusión inacabada, la comprensión de esta interacción esfundamental para empezar a pensar mecanismos y acciones distintasy variadas, necesarios para la consolidación de un Estado de Derecho.Además, la razón principal por la que se retoma el análisis de lasinstituciones en este ensayo es que este enfoque contribuye a entenderla relevancia de las instituciones para el funcionamiento y construcciónde un régimen democrático.

Las instituciones y el respeto a la ley

Si yo tuviera un arma, ya me hubiera tronado a alguienVecino entrevistado

El respeto a las leyes está vinculado directamente con el papelde las instituciones5 en la sociedad: cuando las normas nose aplican para todos (hay excepciones, favoritismos oexclusión) y cuando no existe la capacidad parasancionar el incumplimiento de la norma (no hayórganos eficientes que procuren el ejercicio dela justicia, hay corrupción, no hay sancionesni delitos tipificados, entre otros) es muchomás fácil transgredir la ley que cumplirla. Elprimer elemento tiene que ver con el sentidode inclusión, pertenencia y justicia: si unciudadano se siente parte del sistema ypercibe que las leyes son justas tendrá unamayor disposición a cumplirlas. El segundoelemento está vinculado a la capacidadde sanción y a los costos que implicatransgredir la ley.

Desde un punto de vista de lateoría de la elección racional (rationalchoice) podría decirse que, cuandolos costos de violar la ley son muy bajos, se incentiva su transgresión(se incentivan los comportamientos oportunistas o “del gorrón”, segúneste marco teórico). ¿Qué significa esto? Desde una posturatotalmente fría y racional, significa que a simple vista es más fácil ytrae más beneficios incumplir la ley cuando el resto de ciudadanos laincumple y el riesgo de ser sancionados es mínimo. Sin embargo,esta percepción puede ser engañosa y nos remite al famoso “dilemadel prisionero” o a la “tragedia de los comunes”: al final, las accionesque parecen ser beneficiosas para cada ciudadano en lo individual,resultan una tragedia para el grupo o la comunidad. Difícilmente, alguienpodría estar en desacuerdo con la idea de que si todos ponemos enpráctica la justicia por mano propia y anulamos el Estado de Derecho,los costos para todos en esta sociedad (en términos de violencia einseguridad) serían altísimos.

Cuando es obvio que muchos violan la ley sin que impliquecosto alguno, la lección que se extrae erosiona aún más lapredictibilidad de las relaciones sociales; la ilegalidad y eloportunismo generalizados aumentan toda clase de costos detransacción y la texturización de la sociedad por el Estado -en-tanto-ley se debilita con cada vuelta de espiral.6

Además, la existencia de una cultura que implique el respeto a laley, no sólo permite que haya más “predictibilidad” en las relacionessociales, como señala O'Donnel, sino que apuntala la supervivencia ypermanencia del sistema, como señala Laveaga: la cultura política[democrática] lleva a la consecución y al goce de más prerrogativas[derechos ciudadanos], la cultura de la legalidad lleva a la preservaciónde las mismas, a la predecibilidad de las conductas de grupos deindividuos. En suma, al orden social.7

Instituciones e igualdad

Lo legal sería que todos fuéramos tratados por igualVecino entrevistado

Lo ilegal es el número de personas que viajan paradosen los autobuses

Vecino entrevistado

El respeto a la ley en un sistema democráticosupondría dar un primer paso para la posibleexistencia de reglas del juego iguales para todosy aplicables a todos sin distinción. Además, elrespeto al Estado de Derecho supone el primerescalón para lograr que las leyes vigentes seanel “único juego en la ciudad” (the only game in

town).8 Esto significa que si todos aceptan comoválidas las leyes y las cumplen, se está dando un

primer paso en reconocer la validez de un sistemapolítico; en este caso se esperaría la adopción delun sistema democrático como el único “juego” o

sistema válido de las relaciones políticas ysociales. Todo ello conlleva la idea de “normas

universales” no excluyentes y, en el fondo,igualdad y mayor certeza jurídica paratodos.

Esta idea contrasta enormemente con la percepción de algunosciudadanos entrevistados sobre el tema, cuya opinión, aunque no sepuede generalizar por tratarse de un estudio cualitativo, da luces ypermite profundizar, sobre lo que muchos guatemaltecos hanmanifestado en otras encuestas.9 El 70% de los 200 encuestados porFLACSO percibe que en Guatemala las leyes “se usan para defender alos ricos y poderosos”; esto también coincide con los planteamientosde aquellos entrevistados a profundidad en el marco del mismoproceso de investigación. De igual manera, 25 % de los encuestadosseñaló que las leyes “se usan para proteger y encubrir a los culpables”.Esto contrasta con el hecho de que ninguno de los encuestados nientrevistados cree que las leyes en Guatemala sirvan para “hacerjusticia” o para “castigar a los culpables”, lo cual evidencia unapercepción de que la ley es excluyente y que las normas no sonuniversales, y no se aplican a todos por igual.

Aunque probablemente algún jurista alegará que eso no es válido,las percepciones y visiones de los guatemaltecos, sobre todo aquellosque provienen de barrios populares –con ingresos limitados, que seenfrentan día a día a la violencia e inseguridad– debe ser un indicadorlegítimo para comprender el rol del ciudadano frente al (in)cumplimientode la norma, en un sistema en el que el Estado de Derecho no lograconsolidarse. Nuevamente citando a Laveaga, la aceptación einteriorización de las “reglas del juego” es fundamental: tanto la fuerza

5 Los arreglos institucionales son importantes porque establecen los “marcos deinteracción” en donde se realiza la vida cotidiana (…) son las reglas del juego en una sociedado más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacciónhumana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político,social o económico. (North, 2001, p. 13). En Luis Fernando Mack y Paola Ortiz, El marcoinstitucional del sistema político en Guatemala: vacíos y contradicciones, Cuadernos deinformación política No. 2, Guatemala, FLACSO, 2006.

6 Guillermo O’Donnell, en Luis Mack, et al., Redes de inclusión: Entendiendo laverdadera fortaleza partidaria, Cuadernos de Información Política No. 10, Guatemala, FLACSO,2006, p. 11.

7 Laveaga, La cultura de la legalidad, México, UNAM, 2000, p. 20. 8 Frase acuñada por Pzeworski con referencia a la única forma de consolidar la democracia

(Pzeworski 1991, p 26).9 Entre ellas, el Latinobarómetro, la Encuesta de Cultura Política en Guatemala de LAPOP,

las diversas encuestas sobre política y percepciones ciudadanas relaizadas por FLACSO, VoxLatina, Aragón y Asociados, entre otras.

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como la conciliación de los intereses juegan un papel importantísimoen la cohesión social, pero de ningún modo explican, por sí mismos,esta cohesión. Es una vez más el consenso el que hace que unafamilia, una tribu, un pueblo o un Estado, sobrevivan: la voluntad desus miembros de seguir perteneciendo a ese grupo.10

La falta de credibilidad y ausencia de confianza: algunasimplicaciones

Hay muchas cosas que han pasado. Se perdió la confianza.No se confía ni en los vecinos.

El Estado ha fallado demasiadoVecino entrevistado

La percepción de estar “excluido” del sistema, de que las leyes no existenpara dar certeza jurídica a todos sino “para proteger a algunos cuantos”(según palabras de los entrevistados) conlleva a la falta de credibilidaden las instituciones y a la desconfianza en las mismas. Si se acepta unanorma, ésta va a ser legítima y, por tanto, va a tener eficacia para aquellosque la hayan aceptado; si no se acepta, sucederá lo contrario.11 Diversosestudios dan cuenta de esta desconfianza y falta de legitimidad;12 caberesaltar aquí la encuesta realizada por PNUD/POLSEC sobre victimizacióny percepciones de inseguridad en la ciudad de Guatemala.13 Dichoestudio revela un dato muy importante: la “cifra negra”, que se refiere alnúmero de delitos (de cualquier tipo: robo, asalto, secuestro,asesinato…) que no fueron denunciados por la población en 2006 esde 75.5%. Delitos que, por ello, quedarán impunes.

Del resto de casos que sí se denuncian (24.5%) con dificultad2% llega a completar el proceso y a ser sujeto de sentencia judicial(justa o injusta). Si se suma a ello que 11.74% de los que sí denuncian,lo hacen porque no tuvieron opción –se trataba de un requisitonecesario para completar algún trámite– se puede concluir que, enGuatemala, la población (86.79%) no percibe (por las razones quesea) que puede contar con el respaldo estatal para solucionar osimplemente dejar constancia de cualquier hecho delictivo; muchomenos espera que las instituciones designadas para garantizar lajusticia sean capaces de cumplir con dicha función. Sólo 12.76% delos encuestados de POLSEC señaló haber denunciado el crimen para“que se haga justicia” o para recuperar “algo” de lo robado.

Este dato revela, por un lado, la ineficiencia o poca capacidadpara el procesamiento de demandas por parte de las institucionesnacionales de justicia y, por otro, la escasa credibilidad y confianzade los guatemaltecos en las instituciones; a esto se suma, de maneranegativa, la impunidad retroalimentada por el funcionamiento delsistema de justicia. Esto significa que, para los infractores de la ley,que las instituciones de justicia no funcionen no sólo representa unincentivo para actuar, sino que fomenta la impunidad al persuadir alciudadano para no denunciar el delito. Además, esto facilita que elmiedo sea un arma efectiva y poderosa para terminar con cualquierposibilidad de que se realice una denuncia (en una instancia, en dondede acuerdo con la percepción ciudadana, difícilmente ser resolveráalgo: estamos cansados de la violencia. La policía suelta a los ladrones.¿De qué sirve, si se lo llevan y de la cárcel salen peor? Los vecinosestán cansados. Por eso es que se toma la ley en las manos).15

Según el estudio cualitativo del Área de estudios sociopolíticos,los ciudadanos afirman (Tabla I):

Además, se asegura que:

10 Laveaga, op. cit., p. 24.11 Laveaga, p. 34.12 Ver Larinobarómetro, Encuestas de Cultura Política de LAPOP, entre otras. La encuesta

de LAPOP, Cultura política de la democracia en Guatemala para el año 2006, reporta que existemenos de 50% de confianza en las instituciones encargadas de la justicia en Guatemala.

13 Julio 2006.14 Los productos (soluciones) del sistema no son consecuentes con los insumos

(demandas), haciendo referencia al enfoque sistémico de Easton.15 Ciudadano entrevistado.

Lo importante es señalar cómo estos argumentos refuerzan ladesconfianza en las instituciones y, con una visión maniquea, el Estadoaparece como “el malo”, que los “buenos ciudadanos” deben aguantary por cuya causa deben resolver sus propios problemas, ya que éste(de acuerdo con la percepción ciudadana) no tiene capacidad deenfrentarlos.

Ante el panorama señalado arriba –de instituciones ineficientes,leyes que se perciben como excluyentes, desconfianza en los actoresestatales, entre otros– se confirma que la inseguridad percibida comoel principal problema de la población en 2006 es un asunto grave.16

16 En 2004, el principal problema para la población era el tema económico, pero este hapasado a un segundo plano en 2006, año en el cual el tema de la delincuencia/violencia aparececomo el más grave (51.4% delincuencia/violencia versus 19.2% problemas económicos).Barómetro de las Américas, LAPOP, Guatemala, 2006, p. 2. De acuerdo con el estudio de FLACSO,el principal problema que aqueja a los ciudadanos entrevistados es la inseguridad –delincuencia-(según el 70% de entrevistados) y el problema económico (de acuerdo con el 30% restante).

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Esto significa que el Estado guatemalteco no está en la capacidad deresolver una de las principales demandas de la población, reforzandola idea de un Estado fracasado o fallido17 que no responde a lasnecesidades de la población o que responde a las necesidades deunos pocos privilegiados.

La incertidumbre y desconfianza que produce la ineficacia de lasinstituciones de justicia, como se muestra en las tablas III y IV, al final,también redundan en mayor desconfianza e incertidumbre en todotipo de relaciones interpersonales. Así lo corroboran algunos de losentrevistados a profundidad “hay falta de confianza en las leyes y enlas autoridades”, “no se cree en la justicia”, “la policía es corrupta”, “elEstado no hace nada por la justicia”; “estamos peor, andamos sóloentre nuestra familia. Ya ni confiamos en los amigos”. Esto redundaen que se hace más difícil confiar en los “extraños”, pues si no seasegura la veracidad de cualquier tipo de relación, no hay quienresponda por los daños (ya sea que se trate de una compra, uncontrato, etcétera).

a 2006. No debe dejarse de lado la correlación entre la confianza enlas instituciones y la confianza interpersonal, señaladas arriba, puesno se puede fortalecer una sin tomar en cuenta la otra. Se necesitafortalecer el Estado de Derecho para que la confianza interpersonaltambién se fortalezca y, en último término, se fomenten relacionesmenos violentas.

Al final, la relación entre ley y cultura ha llevado a situar el papelfundamental de las instituciones, no sólo para lograr el cumplimientode la ley, sino para favorecer la confianza en las instituciones de justicia,a manera de un círculo virtuoso. En último término, la existencia deinstituciones eficientes y justas también contribuye a fomentarrelaciones de confianza y de seguridad. Todo ello, al final, lleva a reforzarla idea de la necesidad de construir y fortalecer un Estado de Derecho(que por definición es democrático e incluyente), con leyes que logrensu aplicación al ser aceptadas e interiorizadas y que cuenten consanciones firmes. Ello contribuirá, también, a la existencia de unasociedad más justa y solidaria.

Sin embargo, esto no es tarea fácil, pues hay que recordar que larelación ley-cultura es de doble vía: la ley no es ajena a la cultura;pero, para no caer en una visión pesimista, se cita a uno de los clásicosliberales John Stuart Mill: un pueblo está más dispuesto a hacer yhace más fácilmente, aquello a lo que está acostumbrado; pero tambiénaprende a hacer cosas nuevas,20 pues, como señala Przeworski, nohay nada que nos obligue a creer que los obstáculos culturales parala democracia son insuperables.21 Sin embargo, no sólo se trata devoluntades y personas; las instituciones son fundamentales.

Algunas frases de los guatemaltecos entrevistados:

(entrevistas a profundidad Area de estudios sociopolíticos,septiembre-octubre 2006)

– A los criminales no hay que fusilarlos, habría que cortarlos apedacitos.

– Si uno no hace la justicia, la justicia no hace nada.– No es correcto quemar a una persona. Pero como los ladrones

están de dos a tres meses en la cárcel…– No se consigue a un policía, pero rápido se consigue la gasolina

para quemar a los ladrones– Con los delincuentes agarrados, uno se desahoga. Se les quitan

las mañas.– En esta colonia ya no hay tantos mareros. Los han ido matando.– La violencia se debe a la falta de seguridad, porque no se confía

en las autoridades y por eso es que se toma la justicia por propiamano. Es un estado de desesperación.

– Los jóvenes ya están poniendo en práctica la violencia en lacomunidad…Y en la comunidad, ya dicen que le tienen másmiedo al dueño de las cosas que van a robar que a la policía.

– Tenemos que respetar la ley. Pero la cultura no lo permite. Cadaquien hace lo que quiere.

– Tenemos desconfianza de todos en el Congreso. No es legal.Las leyes están (vigentes) sólo unos días. Y después lascambian.

El porcentaje señalado sobre a quiénes se recurre cuando surgealgún se complementa con los resultados de una encuesta realizadapor FLACSO,18 relativa a la confianza que se tiene para hablar de política.Un 60% de encuestados dice no hablar de política y coinciden en igualporcentaje en que hay que ser cuidadoso al hablar de política paraevitarse problemas; 55% coincide en que sólo habla de política confamiliares cercanos. De acuerdo con los encuestados en el estudioque aquí se presenta, 70% declaró estar de acuerdo con la frase “sialguien de mi familia comete delito, tengo la obligación moral de nodenunciarlo.” De igual manera, en una actitud poco solidaria, perocongruente con los problemas que genera la ausencia de institucionesque garanticen la seguridad y la justicia, 90% declaró que “cuandouno es testigo de un delito lo mejor es no meterse.”

Esto redunda en una sociedad que desconfía no sólo de susinstituciones sino también de sus vecinos. El índice de confiabilidaden la “gente de la comunidad” aparece situado en 59.1 en 2006, segúnla Encuesta de cultura política de LAPOP,19 y, aunque se señala que haido en aumento a partir de 2001, probablemente debido al fin del conflictoarmado, cabe señalar que el índice de confianza en las institucionesde justicia se mantiene casi invariable alrededor de 45 puntos de 2001

17 Aunque se ha discutido mucho sobre el uso de este término, cabe destacar aquí laconcepción tradicional de “Estado” de Weber como “el monopolio legítimo de la violencia”, loque implicaría la capacidad para castigar y sancionar aquellos que transgreden la ley, paramantener el orden.

18 Área de estudios sociopolíticos, septiembre 2005.19 Op. cit., pp. 76, 77 y 142.

20 John Stuart Mill, Considerations on Representative Government. Buffalo, NuevaYork, Prometheus Books, 1991 (Publicado por primera vez en 1861), p.10.

21 Adam Przeworski, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi. 1997. Cultura yd e m o c r a c i a . E n : h t t p : / / w w w . i n s u m i s o s . c o m / a r t i c u l o s /CULTURA%20Y%20DEMOCRACIA%20DE%20PRZEWORSKI. p.23, enero 2007.

22 Ciudadanos entrevistados a profundidad durante sesiones de grupos focales realizadosen septiembre y octubre de 2006. Área de estudios sociopolíticos, FLACSO.

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Biblioteca y Centro de Documentación “EdelbertoTorres-Rivas” (BCDETR)

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