IMPACTO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ

 En los últimos tiempos la actividad minera en el Perú ha enfrentado conflictos de diversa intensidad con las comunidades locales en las que se ubican (o pretenden ubicarse) los yacimientos y con sus propios trabajadores. En varios de estos conflictos las poblaciones y los trabajadores se han opuesto radicalmente al desarrollo de los proyectos mineros. Neoliberalismo y minería

El gobierno autoritario de Fujimori, con un programa neoliberal brindó las condiciones propicias para atraer la inversión extranjera. Por su parte el gobierno de Alejandro Toledo, con la misma política económica, obligo a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y facilito la inversión de las empresas mineras.

Con esta política el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, se convierte en propietario o accionista de empresas mineras; en regulador de la política del sector minero, en fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y, a la vez, en promotor de las inversiones mineras. En consecuencia, no existe ninguna institución que vigile las actividades del Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. Aun cuando en el Perú las exportaciones mineras ascienden a US$ 4 573 millones de dólares anuales y representan el 51% de las exportaciones totales, la producción minera sólo contribuye con el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), aportando en impuestos con un promedio anual de 1.9 % de sus exportaciones. El efecto de la compra de tierras para uso minero ha generado el desplazamiento de campesinos, principalmente, a ciudades cercanas. Dentro de este contexto, se dictaron normas que otorgaron prioridad a la actividad minera sobre la actividad agrícola; facilidades para el acceso a tierras y agua para uso minero, vulnerando los derechos de propiedad de las comunidades; facilidades económicas para el desarrollo de la minería en mejores condiciones que otros sectores económicos, a través de contratos de estabilidad tributaria, beneficios por la reinversión de utilidades, la exoneración de impuestos, la flexibilización laboral, la fiscalización ambiental, etc.

Ha sido y es asunto vergonzante la ausencia o presencia débil del Estado para resolver los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras. Su rol de promotor de las inversiones mineras hace que su actuación en los conflictos se incline a favor de las empresas mineras.

Minería, medio ambiente y agua:

Los pasivos ambientales y sociales del sector minero no han sido resueltos totalmente hasta la fecha: cuencas, lagos, lagunas y ciudades contaminadas y en destrucción permanente, conflictos entre las comunidades y las empresas por el control de la tierra. Sin embargo, es el propio Estado que, mediante el procedimiento de servidumbre que le compete al Ministerio de Energía y Minas, viola la Constitución y el derecho de propiedad con el fin de otorgar tierras a las empresas mineras cuando las comunidades no están de acuerdo en cederla para la realización de actividades mineras, con ello el propio Estado viola derechos de sus ciudadanos.

El conflicto generalmente se origina cuando se hacen contratos de compra-venta de tierras para que las empresas mineras tengan acceso y desarrollen sus actividades.

El Estado no ha implementado procedimientos de participación y consulta adecuados y efectivos, para que las comunidades tomen decisiones en la función a sus prioridades de desarrollo o sobre el desarrollo de actividades mineras en sus territorios, de acuerdo al Convenio Nº 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado Peruano.

CONFLICTOS ENTRE MADERERAS Y COMUNIDADES NATIVAS

IMPACTO DE LAS EMPRESAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS¿La ley de la selva?

Las protestas ocurridas hace unos meses en Ucayali dieron origen a la conformación de la Mesa Nacional de Diálogo Forestal, que surgió para poner freno a la extracción ilegal de madera en la Amazonía y a la explotación de mano de obra para beneficio exclusivo de los grandes empresarios forestales. Ocurre también que la normatividad forestal vigente, que favorece el proceso de concesiones, es modificada de manera permanente y sistemática, lo que desvirtúa incluso la propia LeyForestal (27308) y su Reglamento.Estos bosques se dividen en dos áreas: Amazonía Alta y Amazonía Baja. La Amazonía Baja comprende hasta los 800metros sobre el nivel del mar, y la Amazonía Alta por encima de los 800 hasta los 3.000 ó 3.400 metros sobre el nivel del mar. Gracias a que la mitad del territorio peruano está ocupada por bosques naturales, el Perú es el segundo país en América Latina y el sétimo en el mundo en términos de cubierta forestal. Los bosques son uno de los recursos naturales más importantes del país por su valor de producción, debido fundamentalmente a los servicios que proveen.Madera, plantas medicinales, alimentos y leña son algunos de los usos directos de estos bosques, que además proporcionan los recursos para la supervivencia de un gran número de poblaciones rurales, incluyendo pueblos indígenas y campesinos pobres en recursos. En 1999, de 1.400 contratos de extracción forestal tan solo en Madre de Dios, únicamente treinta eran mayores de 1.000 hectáreas y ninguno había cumplido con ejecutar planes de manejo forestal.En muchos casos las concesiones forestales se superponen con los territorios pertenecientes a comunidades nativas, lo que da origen a conflictos cada vez más violentos entre indígenas que defienden su territorio y madereros que alegan que ese territorio se les ha dado en concesión.En la comunidad indígena de Alto Tamaya han muerto dos pobladores como resultado de los enfrentamientos con la empresa.El problema se agudiza cuando las empresas madereras ingresan en territorio donde viven pueblos indígenas aislados.Como resultado del enfrentamiento entre los madereros y los pobladores han muerto cinco indígenas murunahuas de la comunidad nativa de Raya.Los conflictos ambientales son conflictos por el acceso privilegiado a la naturaleza entre actores con cuotas desiguales de poder. Este problema se agudiza cuando se trata de indígenas aislados o no contactados. El desencuentro cultural produce asimismo diversas visiones de la Amazonía. El problema del territorio es un tema crucial para la Amazonía, en especial para los pueblos indígenas que habitaban en ella antes de la conformación del Estado peruano.

EL GAS DE CAMISEA, LA RESERVA DE PERÚ

Uno de los eventos de mayor trascendencia para Perú es la explotación del gas natural, principalmente procedente de los yacimientos del área de Camisea.

Tras múltiples negociaciones con la compañía Shell, en 1996 Petroperu suscribió el contrato de explotación de este yacimiento con el consorcio Shell-Mobil, pero en julio de 1998 dichas empresas decidieron no continuar. Posteriormente, hacia diciembre de 2000, se concluyó el proceso de convocatoria y suscripción del contrato del proyecto de gas natural de Camisea. Para el desarrollo de este proyecto se diseñaron dos módulos ofrecidos como proyectos integrales, siendo el primero el de explotación de los yacimientos y el segundo el de transporte -gas y líquidos del gas- desde Camisea hasta la costa peruana, y la distribución -gas- en las zonas de Lima y Callao.El módulo de explotación de hidrocarburos en el "Lote 88 - yacimientos de gas de Camisea", fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. (Corea) e Hidrocarburos Andinos (Argentina), firmándose el correspondiente contrato de licencia el 9 de diciembre de 2000. Del mismo modo, el módulo de transporte y distribución fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Techint (Argentina), Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil Co. (USA), SK Corp. La explotación del gasEl plan de desarrollo de las estructuras de San Martín y Cashiriari contempla la perforación de pozos productores de gas húmedo y pozos inyectores de gas seco, teniendo el objetivo de la recuperación máxima de líquidos a partir del gas producido, así como el suministro de gas al mercado interno. El proyecto consiste en captar y conducir el gas natural hacia una planta de separación de líquidos ubicada en Las Malvinas. En esta planta se separarán el agua y los hidrocarburos líquidos contenidos en el gas natural y se acondicionará este último para que pueda ser transportado por el gasoducto hasta los mercados en la costa, mientras que el gas excedente se reinyectará a las reservas naturales. El transporte de los hidrocarburosPara acceder al mercado, los hidrocarburos serán transportados desde Camisea hasta la costa central, para lo cual se construirán dos conductos paralelos: uno para el transporte del gas natural y el otro para el transporte de los líquidos del gas natural. Finalmente en Lima y Callao se instalará un red de distribución del gas natural, que en primera

EL GAS DE CAMISEA Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA PERUANA LAS COMUNIDADES La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP y el Consejo Machiguenga del río Urubamba, COMARU, organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana a nivel nacional y local, respectivamente, presentamos el documento “El gas de Camisea y los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana”, con la finalidad de informar sobre el grave impacto socio ambiental que viene ocasionando la explotación de gas en la región del río Camisea, en la selva sur del Perú; así como proponer medidas que vayan frenando este atentado contra la integridad física, cultural, territorial y ambiental de nuestros hermanos indígenas que habitan la zona afectada. En plena crisis del sector hidrocarburífero nacional, el Estado otorgó los derechos de exploración sísmica sobre el lote 88, ubicado en el bajo Urubamba, Cusco, al consorcio petrolero Shell Chevrón. El lote se encontraba superpuesto a territorios habitados por pueblos indígenas desde hace miles de años, algunos de ellos en aislamiento voluntario como los pueblos Yora (Nahua) y Nanti. Ambas empresas realizaron trabajos de prospección sísmica y perforación de 9 pozos, los cuales permitieron descubrir el gas. Para la explotación de gas en la misma zona, “la más grande reserva de hidrocarburos descubierta en el Perú”. La parte oriental del lote abarcaba una gran extensión de la Reserva del Estado Nahua Kugapakori, mientras que la parte occidental afectó a comunidades Machiguenga

Explotación petrolera y las comunidades nativas

Perú: el petróleo no trae desarrollo

Durante 35 años las comunidades nativas que habitan la cuenca del río Corrientes, en plena selva amazónica peruana, han consumido agua contaminada por la explotación petrolera que se realiza en la zona mientras los gobiernos de turno han desoído sus reclamos. En su cuenca viven 32 comunidades indígenas achuar, quichua y urarina con aproximadamente 7,800 habitantes, que están representadas por la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), una de las 57 federaciones y 1,250 comunidades nativas agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).En los años 60 sus tierras quedaron en el interior de los lotes de explotación petrolera 1AB y 8 que el gobierno destinó para entregar en concesión. El lote 8, que quedó a cargo de la empresa estatal Petroperú, fue asignado en 1996 a Pluspetrol.Actualmente Pluspetrol lanza diariamente al río alrededor de 1.3 millones de barriles de aguas de producción (de 159 litros cada uno). Estas aguas surgen a temperaturas superiores a los 90º, son altamente salinas y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio y arsénico, entre otros.El consumo de agua contaminada ha afectado seriamente la salud de las comunidades nativas de esa zona. Los metales contenidos en las aguas de producción se acumulan en el organismo de las personas que consumen el agua y alimentos contaminaos, y pueden producir alteraciones genéticas y cáncer."Hay que parar, no hay que permitir que [las empresas petroleras] sigan enriqueciéndose con la muerte de los hermanos indígenas".En 35 años de explotación el pueblo achuar ha encontrado muerte y explotación sin que la empresa indemnice", agregó.Los indígenas advirtieron que tomarían medidas de fuerza si las autoridades no atendían sus demandas que incluían la reinyección del 100% de las aguas de producción a los pozos para diciembre del 2007.También exigían "la participación y fiscalización de las comunidades indígenas afectadas en las decisiones, operaciones y seguimiento de las actividades de reinyección, monitoreo ambiental, salud y desarrollo humano, y de remediación y reparación de sitios degradados", y "la consulta y consentimiento previo, libre e informado sobre nuevos lotes petroleros".Según información periodística, el 10 de octubre unos 700 indígenas achuar tomaron los lotes 1AB y 8, obligando a Pluspetrol a suspender sus actividades. El 15 de octubre se firmó un acuerdo que incluía la reinyección total de las aguas de producción en los lotes 1AB y 8 para fines del 2008. Además, la petrolera argentina aceptó financiar el plan integral de salud durante 10 años de los pobladores afectados, incluyendo la construcción de un hospital rural en Trompeteros junto con el Ministerio de Salud.Pero las resoluciones tampoco recogieron los acuerdos firmados y los indígenas continuaron con su medida de fuerza.El 22 de octubre un nuevo diálogo entre los apus (autoridades) de las 32 comunidades achuares del río Corrientes y representantes del gobierno, Pluspetrol y la Defensoría del Pueblo logró sus frutos con la firma de un nuevo acuerdo, tras el cual los nativos se retiraron de las instalaciones de la petrolera.Entre los compromisos se destaca el nuevo plazo para la reinyección de las aguas de producción, que seguirá siendo diciembre del 2007 para el lote 1AB y julio del 2008 para el lote.

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN AREQUIPA

LA ADMINISTRACION DEL AGUA EN LA REGION CONTINUA SIENDO UN PROBLEMA A PESAR DE PROGRESO ALCANZADO

El rango de problemas incluye la falta de sistemas de agua potable en barrios de bajos ingresos, el manejo de cuencas fluviales enteras, la protección de las reservas de agua y prevención de desastres naturales.

Los resultados del seminario servirán para ayudar a formular un plan de acción de financiamiento dirigido a resolver los problemas de agua más apremiantes de la región.

En el pasado los temas relacionados con el agua eran tratados principalmente a nivel técnico, según Diego Rodríguez, economista del BID y organizador del seminario. "Los recursos de agua contribuyen al desarrollo de un país reduciendo la pobreza y, finalmente, aumentando el crecimiento económico de la región", dijo Rodríguez.

El estado de los recursos de agua es una seria preocupación para el BID, el cual ha dirigido una porción prioritaria de sus recursos a financiamientos para los sectores sociales.

El primer financiamiento en la historia del BID fue para un proyecto de agua en Arequipa, Perú. Actualmente, millones de personas en zonas urbanas y rurales a lo largo de la región se benefician con sistemas de agua potable y saneamiento financiados por el Banco.

Los problemas se agravan más aún por lo que Rodríguez llama "pérdidas mayores" ocasionadas por filtraciones en los sistemas de agua potable y la falta de tratamiento de aguas servidas.

Como causa fundamental de los problemas de agua potable y saneamiento se ha identificado la débil administración de los recursos, así como también la polución del agua, los cortes de agua, la falta de preparación para enfrentar desastres naturales, e ineficientes obras de irrigación.

Actualmente el BID financia una serie de proyectos que coloca los temas de planeamiento y administración en posición prioritaria.

Financiado por el BID, se está realizando en Brasil un grupo de proyectos de administración de agua particularmente ambicioso. En adición a las obras de infraestructura, unos 3,600 funcionarios técnicos y administrativos están siendo capacitados en temas de calidad del agua y tratamiento de aguas residuales.

En la ciudad de Salvador, en el Estado de Bahía, la región más pobre de Brasil, un proyecto de saneamiento básico aumentará los servicios de alcantarillado de un 26% a un 82%, incrementará los servicios de agua potable en 11 municipios de un 57% a un 80%, y brindará servicios de alcantarillado a ocho municipios.

Entre futuros proyectos del BID se incluyen obras de agua potable y saneamiento en Fortaleza, ciudad anfitriona de su próxima Reunión Anual, y en comunidades en el Estado de Caerá. En el Estado de Goiás se realizarán mejoras en los servicios de agua y saneamiento que serán administrados por el sector privado.