INFORME DE COYUNTURA

EL PLAN BRADY Economía y Política tras el Acuerdo Acreedor

Agosto de 1999

ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO

Instituto de Estudios sobre Estado y Participación

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Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP)

Director

Claudio Lozano

Área Estudios Políticos

Artemio López

Área Economía

Eduardo Basualdo

Roberto Feletti

Claudio Lozano

Área Distribución del Ingreso Y Políticas Sociales

Marcela Jáuregui

Área Legislación Laboral

Beatriz Fontana

Área Administrativa y Centro de Documentación

Paolina Bustos Fernández

Alejandra Maddonni

Cora Rojo

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ÍNDICE I. PANORAMA GENERAL

• ¿BRADY ECONOMICO Y BRADY POLITICO? • NOTAS SOBRE EL DISCURSO MACROECONOMICO, LOS PLANES DE

ESTABILIZACION Y LA CRISIS DE 1989 • PRECISIONES SOBRE UNA NUEVA ETAPA

II. EL BRADY Y LOS AMADOS NIÑOS. La Trama Política del Acuerdo

• SUBORDINACION JURIDICA • SUBORDINACION POLITICA • SUBORDINACION SOCIAL

III. EL PLAN BRADY. Un Nuevo Escenario para Viejos Interrogantes

• CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE LA ETAPA El fin de un modelo La reforma estructural: acuerdos de fondo en el seno del bloque dominante Tendencias generales de la reforma y políticas de corto plazo

• NEGOCIACION EXTERNA. EL BRADY Y EL CREDITO DE FACILIDADES EXTENDIDAS

• LA MARCHA DEL AJUSTE FISCAL El cumplimiento del ajuste La marcha de las cuentas fiscales

• LA SITUACION MONETARIA Y FINANCIERA Política monetaria Mercado financiero Mercado de capitales

• EL RUMBO PRODUCTIVO Tendencias generales y precariedad del corto plazo Reactivación y producción industrial Mercado interno: reactivación para pocos Comercio exterior

IV. SITUACION SOCIAL. Salario, Empleo y Seguridad Social. Los Cambios en la Legislación Laboral

• EL MERCADO DE TRABAJO Y LOS CAMBIOS EN EL PATRON DE EMPLEO Limitaciones de los indicadores Análisis de la información estadística

• EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Propuesta de reforma para el Sistema Previsional Lineamientos de la reforma del Sistema de Obras Sociales Conclusiones

• EL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES Promulgación de la Ley de Empleo. Normas Observadas Tendencias para la reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Negociación Colectiva Conclusiones

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I. PANORAMA GENERAL

Este Informe de Coyuntura aparece luego de haberse alcanzado una anhelada meta oficial: "la Argentina ha ingresado al Plan Brady". Nuestra opinión, si bien diferente de la formulada por el discurso dominante respecto de las bondades de la etapa que se inicia, coincide en la necesidad de pensar este momento como un punto de inflexión relevante a la hora de reflexionar sobre los comportamientos económicos y políticos que nos propone esta Argentina.

El presente Panorama General obra como síntesis del conjunto de caracterizaciones que, en los

distintos capítulos de este Informe, se desarrollan en profundidad.

¿BRADY ECONÓMICO Y BRADY POLÍTICO? De algún modo, y con la provisoriedad del caso, se pone en juego la siguiente tesis: el Brady

plantea, en principio, la consolidación de la primacía acreedora al interior de los sectores dominantes. Se instalaría así, como parámetro inamovible del futuro, una clave de la política económica: más concretamente el nivel de las transferencias al exterior.

Por otra parte, y en directa relación con lo afirmado, en este Informe se considera que el

predominio político del Poder Ejecutivo, típico de la gestión estatal menemista, constituye un rasgo temporal propio de la presencia de inestabilidades y disputas en el mapa de las facciones dominantes y no necesariamente permanente.

Por lo tanto, el ingreso del país al Plan Brady, y la probable institucionalización de un

predominio acreedor estable, abre las condiciones de posibilidad para la emergencia de un nuevo formato de Estado. En este sentido, el ingreso al Brady puede implicar también el punto de llegada a un poderoso dispositivo político institucional de construcción de hegemonía al interior de las facciones dominantes, De este modo, el acuerdo con los acreedores puede resultar un asombroso reemplazo externo de una de las funciones principales que, en cualquier espacio nacional con desarrollo autocentrado, realiza el aparato de Estado: disciplinar el comportamiento de los sectores dominantes para la reproducción del régimen social de acumulación hegemónico. El Estado Nacional argentino fue incapaz –entre otras tantas incapacidades– de garantizar el desarrollo de un régimen social de acumulación que respondiera a un patrón hegemónico autocentrado. Sin duda, la salvaje disputa entre los poderosos parecía no reconocer normatividad alguna en estas tierras. Las proximidades del año 2000, sin embargo, amenazarían resolver este problema: no sería el Estado Nacional el que lo impusiese, ni un desarrollo autocentrado su consecuencia, pero se trataría, eso sí, de un régimen social de acumulación que responda al fin a un patrón hegemónico: el de los acreedores externos.

Paradojalmente, lo que esto puede significar es que la gestión estatal del menemismo,

imprescindible para lograr (decretazo mediante) la consolidación acreedora, no necesariamente resulta ser el formato de Estado, que los acreedores consideran adecuado para legitimar el predominio adquirido. En esta dirección, creemos que deben interpretarse por ejemplo las seis páginas que la Argentina ocupó en el diario conservador especializado en Economía más prestigioso de Europa. El pasado 14 de Mayo, el Financial Times afirmó textualmente: "El programa de reforma (económica) debería reducir las posibilidades de corrupción de la Argentina. Pero llevará tiempo borrarlas del sistema. Como dijo un ex presidente del Banco Central (que no identifica), hay

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todavía miles de contactos subterráneos entre el Gobierno y el sector privado que pueden llevar a la corrupción". A continuación señala que: "El presidente de una compañía norteamericana declaró al Financial Times que su empresa había ganado la licitación para la construcción de un nuevo puerto, pero la autorización estaba detenida porque se negaba a pagar una coima". El diario londinense sostiene que los lineamientos de la reforma económica podrían mantenerse, aun en el caso hipotético de que el ministro Cavallo dejara la función. Dice, incluso, que su continuidad es vista como crítica para el mantenimiento de la confianza, porque "... es difícil encontrar a otro que lo haga mejor que Cavallo. Sin embargo, hay legiones que podrían hacerlo peor..." Agrega que el compromiso de Menem con la reforma económica despierta dudas: "Es la adhesión de un populista muy astuto más bien que la de un político de convicciones. Por lo tanto, su respuesta frente a los posibles resultados impopulares de la reforma es imprevisible. Existe el riesgo de que negocie parte de su programa económico para asegurarse el apoyo para un cambio institucional" (en obvia referencia a una eventual reforma constitucional con reelección). Respecto de la relación entre Carlos Menem y Domingo Cavallo sostiene que ésta ha sido construida en la necesidad: "Es un matrimonio hecho en el infierno, donde conviven el temor, los celos y las sospechas mutuas".1

Las crisis entre Menem y Cavallo, expresadas en hechos públicos como la reciente publicación

del listado de morosos por parte del Banco Central o traducida incluso en informaciones periodísticas,2 han planteado la realización de una reunión entre el presidente de los EE.UU., George Bush, y dos empresarios relevantes de nuestro país (Federico Zorraquín del grupo Garavaglio y Octavio Caraballo de Bunge y Born) para discutir dicha situación; el renacimiento del discurso anticorrupción y, juicio de Miami mediante, la proliferación de noticias que vuelven a destacar las relaciones entre el narcotráfico y el entorno presidencial son elementos que permiten sospechar que, con el acuerdo externo reciente, no sólo se plantea un punto de inflexión en el terreno económico, sino también en el político. Probablemente al Brady económico le corresponda un Brady político, y las próximas elecciones en la Capital Federal seguro legalizarán una nueva etapa institucional. Etapa en la que el Presidente sentirá en carne propia que los "conversos" nunca son aceptados definitivamente como parte de la Iglesia.

Las afirmaciones que hemos transcripto del Financial Times (muy fácilmente asociables a las

que han pululado durante las últimas semanas entre miembros del establishment económico y político local) reflejan que, una vez más, la estrella del doctor Menem vuelve a ser puesta en cuestión. Bajo otras formas y con distintos contenidos se reproduce en parte la parábola de Alfonsín. Luego de "vender el alma al diablo" es éste el que terminó instalándolo en el infierno. La parábola se reproduce también, aunque aumentada, con la sola observación de lo ocurrido con los dos partidos mayoritarios. El discurso democratizador y progresista de Alfonsín en 1983 fue sustituido en la campaña de 1989 por un definido planteo neoliberal. Sin embargo, al doctor Angeloz podría cuestionársele cualquier cosa menos el hecho de tener una dilatada trayectoria en la Unión Cívica Radical. La conversión del populismo peronista no sólo parece decretar su agotamiento definitivo como alternativa popular de transformación, sino que amenaza con su virtual desaparición. A sólo tres años de mandato, forma parte del debate público (más allá de su viabilidad o no) la posible candidatura presidencial del doctor Cavallo. Sin duda, el perfil populista parece desterrarse en beneficio de hombres cuyos vínculos orgánicos con el bloque dominante son de público y notorio conocimiento y su relación con el partido decididamente inexistente. Pese a lo fantasioso que pueda

1 Párrafos transcriptos por el diario Clarín el viernes 15 de mayo de 1992 en pág. 23. 2 “Panorama Empresario" de Marcelo Bonelli en Clarín 8-5-92.

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resultar hablar hoy de la candidatura de Cavallo para 1995, lo cierto es que esta posibilidad también forma parte de la nota del Financial Times que transcribimos antes.

NOTAS SOBRE EL DISCURSO MACROECONOMICO, LOS PLANES DE ESTABILIZACION

Y LA CRISIS DE 1989

Algunas aclaraciones acerca del significado de los programas de estabilización parecen relevantes ante el discurso dominante de una macroeconomía que, muchas veces, confunde más que aclara. Así, buena parte del debate en curso afirma sus críticas o especulaciones respecto del futuro del Plan Cavallo, señalando sus dudas sobre la estabilización, en base a pronósticos y perspectivas de la evolución fiscal.

Otro aspecto que suele mencionarse refiere a la posibilidad de que este plan inaugure o no un

proceso de crecimiento, remitiendo con esto al nivel que hoy presenta el tipo de cambio, y el efecto disuasivo que esto podría tener en la afirmación de un proceso de inversión. Especularmente, el discurso macroeconómico tradicional reproduce en el terreno teórico las problemáticas que son claves para las facciones más importantes del poder económico local. Así, las dudas sobre la situación fiscal revelan la importancia de cumplir con los acreedores los pagos comprometidos. Remiten, además, a la preocupación de los grupos locales, tanto por la futura obtención de los recursos impositivos necesarios, como también por la existencia o no de oxígeno fiscal (luego de las transferencias externas) para garantizar el mantenimiento de subsidios actuales o futuros de los que se consideran naturales beneficiarios.

La cuestión del tipo de cambio, la inversión y el crecimiento refieren, de manera dominante, a

la rentabilidad de los exportadores y a las dificultades que podrían encontrar los acreedores para realizar sus pagos en divisas, en caso de que el déficit comercial no pueda ser refinanciado por el ingreso de capitales compensatorios. Como puede observarse, el tecnicismo macroeconómico reproduce en el terreno discursivo la lógica y el interés del poder establecido. Más aun, el papel que cumple este discurso en la constitución de sentido común, funcional al modelo en vigencia, define el papel articulado que éste adquiere en la reproducción global de las condiciones no sólo económicas sino políticas por las que atravesamos. A esta altura, no resulta menos importante dejar en claro que planteos de este tenor colocan tanto al futuro de la estabilización como a la perspectiva de crecimiento en directa relación con la capacidad que la política económica tenga para garantizar la realización del interés de los sectores dominantes. Este es el restringido campo de "lo posible" que el discurso macroeconómico le otorga a la política económica. Así, resulta obvio que al hablar de los problemas fiscales poco importan los recursos que faltan para Salud, Educación, Vivienda o Previsión Social. Se alude, con precisión, al nivel de superávit fiscal compatible con las transferencias externas establecidas. También resulta claro que la discusión en tomo de la competitividad de nuestras exportaciones, fundada en la evaluación del tipo de cambio real con independencia del precario perfil productivo que evidencia nuestro país, deja afuera la evaluación de la responsabilidad empresaria en materia de inversión y el papel del cambio técnico a escala mundial, colocando casi exclusivamente el logro de una mayor rentabilidad exportadora en directa relación con el deterioro de las condiciones laborales vía flexibilización, del salario real vía devaluación o del salario indirecto vía asignación de recursos fiscales, para garantizar un mayor tipo de cambio efectivo. Esta capacidad de la macroeconomía tradicional de duplicar en el terreno discursivo los intereses del bloque dominante, transforma al poder constituido en un parámetro

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indiscutible, instala la lógica de sus intereses como legalidad inexorable del modelo, impide la efectiva comprensión de la etapa que transitamos e inhibe incluso ponerla en discusión.

En este marco, debe inscribirse la "bonanza" que suelen expresar indicadores

macroeconómicos coherentes con la perspectiva teórica aquí descripta; indicadores a los que, por otra parte, se les hace decir "oficialmente" mucho más de lo que efectivamente dicen.

Quienes esto escriben consideran conveniente, en el actual contexto, comenzar precisando

algunas definiciones que el desarrollo del Informe intentará demostrar. En principio, el presente plan económico continúa la senda abierta por los diferentes planes de

estabilización inaugurados en 1976. Planes estos, que orientaron la reestructuración capitalista argentina en un sentido regresivo, concentrador, devaluador del espacio de "lo público" y con efectos complicados respecto de la inserción internacional presente y futura de nuestro país.

Los programas de estabilización vividos (y el actual no es la excepción) implicaron la

primacía de estrategias destinadas a reestructurar el proceso económico antes que a promover su crecimiento. Se trata de momentos donde la destrucción y centralización de capitales (distribución del capital en un número menor de propietarios) ocupan un lugar prioritario en el movimiento de concentración de los mismos (crecimiento de los capitales). En este sentido, las estrategias antiinflacionarias tienden a redefinir el papel e influencia de los distintos agentes en el proceso económico.

Resuelto en la Argentina posterior a 1976 el conflicto distributivo que afecta la relación capital

/trabajo, el predominio del discurso antiinflacionario en la política económica expresó (y expresa) desde 1979 la necesidad de dirimir jerarquías al interior del bloque capitalista en general y, más concretamente en los últimos tiempos, de sus facciones dominantes (grupos empresarios y bancos acreedores). Por lo tanto, toda estabilización, al implicar una reestructuración, nunca es neutral y define triunfadores y postergados para un eventual y futuro proceso de crecimiento.

Vista la caracterización general, e identificado aquel aspecto que unifica a este plan con otros

que ya hemos conocido, cabe señalar que este programa se inscribe en una etapa diferente del funcionamiento estructural de la economía argentina. Por lo tanto, esto exige reflexionar acerca de la perspectiva del plan en curso de modo distinto de experiencias anteriores.

Hablar de un cambio estructural exige considerar el período 1989/1990 como punto de

inflexión tanto en el terreno político (cambio de gobierno) como en el económico. La quiebra del Estado –definida por el conjunto de subsidios, transferencias y pagos externos en que éste se hallaba comprometido y la incapacidad progresiva de realizarlos– redundó en la interrupción de los pagos a la banca acreedora.

La regresiva regulación fiscal, vigente hasta ese momento, llega a un límite cuando la

contracción del mercado interno y el nivel de actividad se refleja en el deterioro de una recaudación impositiva fuertemente asociada a tributos y tarifas dependientes de variables en claro retroceso, cuales eran el consumo y los salarios. Esto define la imposibilidad de resolver, vía regresividad fiscal, el financiamiento de los monumentales niveles de transferencias ya mencionados. Por lo tanto, agotado el mecanismo del "Estado Hood-Robin", como forma de apropiación de excedentes, vía redistribución regresiva de los ingresos, éste es sustituido por una disputa salvaje (asociada con

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la distinta capacidad de presión de mercado de las diferentes facciones) que, en tanto se traducía en la apropiación de excedentes en moneda dura (divisas) por parte de cada facción, transformó al mercado cambiario en el ámbito natural de este conflicto y se expresó en la evolución exponencial del dólar.

La hiperinflación, hija de esta situación, significó por tanto el final de una etapa. Implicó a su

vez el disciplinamiento brutal de los sectores populares. Reveló el nivel de disputa desatado al interior de los sectores dominantes y la tendencia a definir, por esta vía, jerarquías y predominios y, en consecuencia, definió una agenda nueva de política económica cuya clave de estructuración residía en la recomposición de los pagos a la banca acreedora.

PRECISIONES SOBRE UNA NUEVA ETAPA

Aparecen como signos de la etapa que transitamos nuevas condiciones de funcionamiento económico que deben precisarse.

a) Desplazamiento de la primacía de lo financiero por un escenario económico donde lo

productivo adquiere mayor relevancia. Esto no supone que estemos en presencia de un .relanzamiento económico acompañado por inversión genuina". Vivimos una reactivación fundada en el impacto de una demanda, sostenida por el desplazamiento de excedentes del circuito financiero hacia ciertas ramas productivas, y por la reanudación del crédito hacia el consumo de los sectores medios y de altos ingresos, Paralelamente, se profundiza el proceso de centralización de capitales por una vía distinta de la de la etapa pasada. Si la valorización financiera fue el mecanismo clave del citado proceso en el período 76/89, hoy cumple esa función el remate de activos que caracteriza al desguace estatal. El comportamiento de la inversión (más allá de que no existan cifras oficiales con niveles de desagregación que permitan el análisis) debe pensarse como la lógica recomposición ante el impacto de demanda, luego de décadas de desinversión y dirigida a garantizar la reposición de equipos y a detener el deterioro del stock de capital. Este proceso se opera, por otra parte, en un marco de utilización de la capacidad ociosa instalada. Ciertamente, pareciera que esta etapa no puede ser caracterizada como un momento de radicación de nuevas plantas productivas o de realización de inversiones de producción para los mercados externos. Seguramente, incluso, podrá percibirse el desplazamiento de inversiones de grupos empresarios con presencia en el perfil exportador hacia el área de bienes no transables internacionalmente (p. ej., servicios públicos). Pese a lo afirmado, no estarnos pensando que el futuro no pueda depararnos un relanzamiento productivo con inversión: planteamos sí la necesidad de precisar que no es esto lo que hoy está ocurriendo y que difícilmente dicha etapa pueda inaugurarse antes de la finalización del proceso privatizador. A futuro, incluso, creemos conveniente señalar que todo proceso de recuperación de la inversión deberá habérselas con factores que la debilitan estructuralmente:

• pérdida de la importancia de la inversión pública, fruto del desguace estatal y el ajuste fiscal;

• Vigencia de regímenes promocionales que disuaden la inversión (p. ej., Promoción Industrial);

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• apertura global de la economía que, por un lado, posibilitará la importación de equipos completos limitando así el efecto multiplicador en la economía local; y, por otro, abre la posibilidad de que en el marco de una fuerte oligopolización de mercados, la plena ocupación de la capacidad instalada transforme a la importación en parte del "mix comercial" de la misma unidad productiva, efecto que debilitará también el proceso inversor.

b) El perfil productivo de la Argentina, significativamente precario y de rumbo incierto, mantiene una restricción definida a futuro. Debe garantizar las divisas necesarias para el pago de la deuda.

c) Una gestión fiscal distinta, tendiente a limitar subsidios y a garantizar: superávit fiscal permanente, con destino a transferencias externas y privatizaciones dirigidas a completar dichas transferencias, a posibilitar la instrumentación del mecanismo de capitalización de la deuda y articuladas con las estrategias empresarias de los grupos locales más importantes. Debe precisarse que estamos en presencia de la relación fundamental de la etapa en curso. En el período 76/89, la relación deuda externa-valorización financiera con cargo en el Estado, permitió profundizar la centralización de capitales en la Argentina y consolidó en la cúpula del poder económico local a la banca acreedora y a un conjunto de grupos empresarios nacionales y extranjeros. Hoy, la centralización de capitales se refuerza (afectando, incluso, a los propios integrantes del bloque de poder anterior) por medio de la relación deuda externa-capitalización privatizaciones. No está de más señalar que el agotamiento de la primera relación trajo como contrapartida la disputa hiperinflacionaria ya citada. Cabe preguntarse por la perspectiva de la economía argentina ante el agotamiento de esta segunda relación que consideramos clave de la etapa actual. Efectivamente, el final del proceso privatizador abre interrogantes respecto del modo en que se obtendrán los recursos fiscales y también en lo relativo a la consecución de divisas en un contexto de evaporación del saldo comercial. Indudablemente, tal situación exigirá un cambio en el dispositivo actual de política económica. No obstante, los interrogantes remiten al planteo inicial de este Informe, acerca del significado del Brady. Si éste implicase la institucionalización de un predominio acreedor estable, el cambio en el dispositivo de política económica reconocerá un tránsito donde los conflictos podrán dirimirse de manera institucionalmente más ordenada. De lo contrario, será la disputa inflacionaria el puente entre una política y otra.

d) Se consolida el patrón distributivo existente. Patrón asociado con la pérdida de importancia del

salario en el total de la demanda interna (esto es independiente de sus oscilaciones coyunturales), con la cristalización de niveles de desempleo estructuralmente más altos que los que históricamente caracterizaron a nuestro país y con la creciente importancia de las ocupaciones precarias en el total del empleo.

e) Se afirma una fase de ajuste donde el alineamiento con los precios mundiales, a un dólar

relativamente más bajo que el histórico, y con fuerte apertura de la economía, es el marco de la reorganización productiva. En este contexto, la estrategia de las firmas se asocia con la reducción de costos, y lo que en definitiva se resuelva respecto del marco regulatorio en electricidad y energía definirá el carácter del perfil productivo argentino y el lugar que se le asigna al sector industrial en el nuevo patrón de precios relativos. Más concretamente, si la renta petrolera queda recluida en el sector, ya sea en la fase productiva o en el área de distribución, se estará cancelando el futuro de la política industrial en nuestro país.

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Las condiciones descriptas definen un nuevo marco estructural para la etapa, que se impone como restricción para las distintas políticas económicas. Más aun, el incumplimiento de alguna de ellas, tarde o temprano desencadenará la modificación de la política en vigencia, en tanto ésta pretenda ser coherente con el modelo en curso.

Sobre este escenario han funcionado hasta el momento dos gestiones distintas: Erman

Conzález y Cavallo. En el Capítulo III de este Informe se especifica la razón de sus diferencias. Pero, a los efectos de este Panorama Global, cabe señalar que, en tanto la política de Erman González combinaba el objetivo de generar superávit fiscal con la inducción de un fuerte proceso recesivo, Cavallo articuló idéntica meta fiscal con la reactivación. Mientras que en el primer escenario, la caída de la actividad económica resentía el superávit por descenso de la recaudación fiscal, generando una situación de falta de australes con exceso de dólares, el escenario actual plantea lo contrario, combina una realidad donde sobran pesos pero tienden a faltar divisas.

Se plantea por tanto un ciclo económico conflictivo que no tiene resolución, dado que no

aparece mecanismo alguno que le garantice a futuro al Estado argentino la capacidad de capturar renta de exportación (divisas).

La diferencia de la economía local respecto de lo que ocurre con los paradigmas del ajuste,

que normalmente suele plantear el neoliberalismo (Chile y México), reside en el control de una parte del comercio exterior que ambos estados mantienen a través del cobre y del petróleo, respectivamente.

Sin embargo, el caso argentino no sólo no presenta esta característica sino que, además, al centrarse en la apropiación de excedentes en moneda dura, y por lo tanto en el control de la oferta de divisas, el conflicto al interior de los sectores dominantes tiende a gestar un Estado que no sólo hoy carece de un control relevante sobre el comercio exterior, sino que tiende a perderlo absolutamente. De esta forma, en la actualidad, el conflicto por las divisas se mantiene. En tanto las políticas monetarias y fiscales tienden a transformar la gestión fiscal en garantía de los pagos externos, las privatizaciones se orientan a transferir aquellas empresas públicas generadoras de divisas al gran capital interno local. La ausencia de un mecanismo, que le permita al Estado capturar renta de exportación, ya sea por vía directa (control del comercio exterior) o indirecta (progresividad tributaria), define conflictos futuros para la política en curso. Difícilmente la confianza que despierte la Argentina a partir del Brady sea tal que compense con el ingreso de capitales la dificultad señalada.

Los paralelos con México parecen olvidar no sólo el hecho de que este país sí tiene resuelto el

mecanismo al que aludimos, sino que también presenta una situación geopolítica y comercial sustancialmente diferente: una frontera común con los EE.UU. y un 70% de su comercio exterior asociado con el país del Norte. No hay que olvidar que ser parte de la reestructuración productiva norteamericana habilitaría a otorgarle una mayor chance a México para sostener en el tiempo un ingreso de capitales, inclusive, de largo plazo. Parece aventurado asimilar una situación de este carácter con la que presenta la Argentina. Máxime si se toma en cuenta que el probable ingreso de Brasil al Brady lo transformará en un duro competidor de nuestro país en tanto demandante de fondos externos.

Señalados los problemas que presenta la gestión de política económica, resulta importante

destacar que, en el marco de una etapa como la abierta a partir de 1990, cuya agenda de política económica incorporaba como clave la recomposición de los pagos a la banca acreedora, el ingreso al

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Brady supone la coronación de este proceso y la afirmación de un punto de inflexión a partir del cual toda política debiera estructurarse reconociendo como eje básico "el juntar los recursos para honrar al Brady". Es decir, hacer frente al nivel de transferencias comprometido.

De ser esto así, estaríamos pensando en la probable institucionalización de un predominio

acreedor estable al interior de los sectores dominantes. Con la provisoriedad que supone hacer afirmaciones fuertes en una Argentina difícilmente previsible, y dejando en claro que esto no implica desconocer las restricciones que presenta la actual política sino que habla del modo en que éstas podrían ser resueltas, conviene señalar algunos elementos que fortalecen esta perspectiva.

La internacionalización –desarrollada por los capitales predominantes en la economía local y

expresada en la presencia de activos financieros, productivos y comerciales de estos grupos en el exterior– transforma en difícilmente pensable una estrategia (por parte de estos capitales) orientada a quebrar el Brady. Máxime si se toma en cuenta que el dispositivo que encierra el acuerdo externo articula al FMI, al gobierno de los EE.UU. y a los bancos acreedores, al tiempo que significa el reingreso de los grupos empresarios locales al circuito de crédito internacional. Más allá de eventuales reprogramaciones del acuerdo que seguramente se "pagarán" con ajustes más duros, resulta impensable la idea de "retirar el corsé" que, en materia de política económica, supone el Brady, por lo menos sin atender a que esto implicaría un fuerte cuestionamiento al alineamiento y a la inserción internacional de estos capitales. A diferencia de lo que hasta aquí acontecía, donde las transferencias externas eran materia de negociación permanente, pudiendo incluso transformarse en variable de ajuste de la disputa interna de los sectores dominantes (de hecho la Argentina ingresó en moratoria), a partir del Brady estas transferencias no están sujetas a negociación alguna. Se instituyen como parámetro a partir del cual se discute el resto de la política económica. Más allá de toda duda respecto de si el Brady configura la afirmación de un predominio acreedor estable al interior de los sectores dominantes, lo que efectivamente debe consignarse es que se trata de una fuerte señal en esa dirección. Por otra parte, este predominio no supone la permanencia perpetua de la presente política económica. Más aun, cumplir con el Brady (como ya se dijo) exigirá modificaciones en la propia política.

Lo que sí implica un predominio estable es que dichos cambios supondrán un modo de

procesar los conflictos entre las facciones dominantes distinto del que hasta hoy representaron las experiencias hiperinflacionarias. Significa, entonces, que el carácter que adopte el ajuste fiscal, el nivel del tipo de cambio y los niveles de inversión con su lógico impacto en el perfil productivo se transforman en cuestiones residuales y subordinadas al objetivo superior de "PAGAR".

Hay un segundo elemento, quizás central, para pensar un procesamiento diferente de los

conflictos. Se trata, sin duda, del marco político resultante de la etapa 89/92. Luego del pasaje por la gestión estatal de las dos fuerzas políticas mayoritarias, el resultado es la definitiva deconstrucción del populismo peronista y el desplazamiento del protagonismo de la "centroizquierda" radical. Ambos efectos confluyen en la perspectiva de un discurso parlamentario fuertemente divorciado de la conflictividad social. Marco propicio para instalar un debate de carácter instrumental, que procese las diferencias internas que existen entre los sectores dominantes, pero que no ponga en discusión los contenidos de regresividad y exclusión del modelo en curso.

Quizás sirva como ejemplo para proyectar a futuro el resultado del funcionamiento

parlamentario, lo ocurrido en ocasión del tratamiento del IEPE (Impuesto al Excedente Primario de las Empresas): el urgente retiro del proyecto y su posterior reemplazo por el incremento en la

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alícuota del IVA. Parábola que evidencia que, ante el más mínimo atisbo de progresividad en el ajuste, éste es obturado por la alta permeabilidad del poder político a las demandas de los grupos empresarios más importantes.

Sin duda alguna, la posibilidad de pensar un modelo de política económica, de Estado y de

país diferente, descansa en la afirmación de una alternativa de poder político fundada en estrategias partidarias, sindicales y sociales con mayor autonomía respecto de los lobbies del gran empresariado y fuerte vinculación con los conflictos sociales que genera el ajuste.

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II. EL BRADY Y LOS AMADOS NIÑOS

La Trama Política Del Acuerdo

"Paz sin victoria"

Woodrow Wilson

La actual coyuntura muestra por lo menos tres grandes problemáticas que modelan fuertemente los comportamientos político-institucionales: 1) subordinación jurídica; 2) subordinación política, 3) subordinación social.

Para su análisis hemos tomado como hipótesis de trabajo aquella que supone que si bien las

tres son en apariencia diversas, todas, sin embargo, diseñan con claridad el formato estatal que actualmente requiere el modelo de gestión peronista del ajuste, cuya característica principal reside en la vinculación orgánica de los diversos aparatos constitutivos del formato estatal, en subordinación franca al aparato político de Estado, cuya modalidad de aparición dominante en esta etapa es el Poder Ejecutivo.3

SUBORDINACIÓN JURIDICA

Las más sólidas investigaciones periodísticas muestran, casi cotidianamente y hasta el

hartazgo, cómo la Corte Suprema, tras la ampliación de su número de miembros, ha demolido todo espacio de relativa autonomía del aparato jurídico de Estado respecto de las demandas del Poder Ejecutivo.4

De esta forma, y tal como puntualmente se señala en el Capítulo IV de este Informe acerca de

la legislación laboral, los decretos del Ejecutivo prevalecen sistemáticamente sobre normas dictadas por el Congreso, y las violaciones constitucionales tales como "promulgación parcial de leyes" son práctica corriente por parte del Poder Ejecutivo.

Esta realidad supone la optimización de los mecanismos de un tipo de gestión estatal, donde la

verticalización de las decisiones resulta una práctica imprescindible en la actual administración peronista. Como puede observarse, la división de poderes se encuentra consecuentemente cuestionada y no sólo por las veleidades del príncipe y sus cortesanos que desde luego no negamos sino, en forma dominante, debido al tipo de Estado que requirió la etapa pre-Brady de gestión del ajuste. La fortísima exclusión social de los sectores subalternos y los complejos y hasta ayer

3 Quien brinda las mejores pistas para la comprensión del tipo de distribución de poder existente al interior del aparato de Estado es Nicos Poulantzas. El marco general de este análisis es tributario de algunas de sus claves conceptuales, en particular las que desarrollara en el Capítulo 5 de Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista, Siglo XXI, México, 1985. Así es que, con respecto al predominio del Ejecutivo expresa: "El predominio característico del Ejecutivo (...) responde directamente a la incapacidad específica de organización hegemónica en el marco del Parlamento respecto del bloque en el poder de la facción dominante. Por regla general, el predominio del Ejecutivo característico de una forma de Estado, señala la incapacidad particularmente aguda de la facción monopólica para organizar, por sus propios partidos, la hegemonía respecto del pueblo-nación (transformaciones de legitimidad) y la hegemonía respecto del bloque en el poder: en resumen, un recrudecimiento de la práctica política organizadora del aparato de Estado". Si se reemplaza "fracción monopólica" por "facción acreedora", la caracterización de Poulantzas, resulta muy adecuada para el formato estatal vinculado al peronismo que se desarrolla desde 1989 hasta 1992, ocupando toda la extensión de la etapa pre-Brady. (Poulantzas, op. cit., pp. 412/13). 4 Nos referimos particularmente a las investigaciones que sobre este terna realizara Horacio Verbitsky, cuya biografía reciente es ella misma una muestra de la subordinación jurídica que sus escritos denuncian: enfrentando al Poder Ejecutivo es acosado judicialmente. Un círculo de hierro.

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inestables predominios de las facciones acreedoras que sacudieron el mapa de los sectores dominantes exigió, entre otras cosas, un duro disciplinamiento jurídico, impulsado en forma excluyente por el Poder Ejecutivo.

En esta dirección debe ser analizada la reforma constitucional lanzada con inusitada y pertinaz

energía por parte del Gobierno. Se trata, mediante una pesada maniobra jurídica, de reproducir en el tiempo el actual modelo

de gestión peronista del ajuste, que requiere de un formato estatal de excluyente predominio del Poder Ejecutivo.

Es lógico, entonces, que desde el riñón del menemismo resulte absolutamente prioritario

apostar duro a la reelección presidencial, en tanto en esta gestión peronista y en sincronía con la etapa pre-Brady del ajuste de predominio acreedor inestable, fue en el Poder Ejecutivo donde se demarcó claramente el lugar de ejercicio del poder. Desde el aparato Estatal, se silenció toda otra trama institucional alternativa, transformando al Parlamento y a las múltiples instituciones jurídicas en pura ficción respecto del ejercicio concreto de poder político.

Como es de suponer, el primer paso a dar en dirección a la reelección presidencial será su

habilitación jurídica, con lo cual la necesidad de una reforma constitucional se instala en la portada de la agenda gubernamental.

Sin embargo, las tensiones que recorren hoy el conjunto del arco político partidario con

respecto a la reforma, y que muy probablemente irán en aumento, tienen su razón de ser en que el debate instalado al interior de los grupos de poder no ha definido aún si una vez institucionalizado el predominio acreedor (vía Brady) en forma relativamente estable, el modelo que garantizará a futuro la continuidad del ajuste acreedor requerirá del neto predominio del Ejecutivo como rasgo característico del formato estatal.

El predominio del Ejecutivo, como resultante de la actual distribución de poderes al interior

del aparato estatal, es un rasgo temporal propio de predominios inestables en el mapa de las facciones dominantes y no necesariamente permanente. La recurrente crisis de hegemonía que atraviesa la historia de los sectores dominantes en la Argentina es la responsable principal de las drásticas alteraciones en el formato estatal y las no menos dramáticas mutaciones en las formas de régimen político institucional. A formatos de Estado con predominio del Poder Ejecutivo correspondieron formas de régimen democrático-restringido, formatos de Estado con predominio de los aparatos represivos supusieron formas de régimen dictatorial,

La inestabilidad estructural de los predominios, que recorre la historia de las facciones

dominantes en la Argentina, no permitió sin embargo la emergencia estable y prolongada en el tiempo de formatos estatales con predominio parlamentario. Pues bien, el desarrollo de este Informe de Coyuntura intenta mostrar que, con el ingreso del país al Plan Brady y la probable institucionalización del predominio acreedor estable que comporta, por primera vez en décadas están creándose las condiciones de posibilidad para la emergencia de un nuevo formato estatal con una distribución interna del poder de gestión diferente de la actual, que traslade los predominios desde el Poder Ejecutivo hacia, el aparato parlamentario. Es razonable, entonces, que a las puertas del ingreso argentino al Brady, parezca afirmarse cada vez con más fuerza en los sectores de poder vinculados a las facciones acreedoras –y la Embajada norteamericana no es la excepción– el

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cuestionamiento más o menos abierto a la continuación del modelo de gestión ejecutivista del ajuste, del cual la reforma constitucional para la reelección presidencial es un efecto tan espectacular como necesario.

En efecto, la reforma constitucional para la reelección presidencial como tema prioritario en la

agenda política del actual partido de Estado supone, como señalamos, el reconocimiento explícito del predominio absoluto del Poder Ejecutivo como característica central del modelo de gestión a futuro del ajuste acreedor. Esta tesis de formato estatal futuro con predominio ejecutivista, desarrollada con certeza absoluta desde las usinas ideológicas peronistas, desconoce la tendencia al predominio estable de las facciones acreedoras que al interior de los sectores dominantes, como ya se señaló, podría institucionalizar el ingreso al Brady. Siendo así, reiteramos que la gestión excluyentemente ejecutivista del ajuste puede debilitarse como alternativa institucional deseable por los sectores de poder vinculados a las facciones acreedoras.

Para avalar esta hipótesis, el lector debe recordar que la estrategia acreedora siempre supuso

para nuestro país, como hipótesis político-institucional deseable, la constitución de un sistema de gestión del ajuste con predominio parlamentarista que ampliara al máximo posible la extensión del consenso político del ajuste acreedor.5 Si el Brady transformara los predominios facciosos acreedores, al interior del mapa de los sectores dominantes, de inestables a estables, no se observarían ya motivos fuertes por los cuales la estrategia parlamentarista acreedora deba relegarse en favor del hegemonismo presidencialista que descoloca a las segundas minorías de la gestión del ajuste. La concentración de poder en el Ejecutivo, que las prácticas presidencialistas hegemónicas trae aparejada necesariamente, abre el camino de oposiciones altamente críticas. El lector observará que el predominio ejecutivista recorta los compromisos políticos, acrecentando aun más la penuria de legitimidad estructural típica de los modelos de ajuste acreedor periféricos, de indisimulable exclusión social.

Las tendencias reformistas, que puedan resultar funcionales al ajuste acreedor pos-Brady,

están en franca oposición a las tendencias medularmente presidencialistas propias del actual texto constitucional y que la reelección, de legitimarse, no haría más que reforzar al límite. Una estrategia reformista adecuada al nuevo contexto de predominio acreedor estable, por el contrario, supone reforzar los mecanismos constitucionales tendientes a redistribuir el poder de gestión estatal, limitando el predominio del Ejecutivo, cuya consecuencia necesaria es el debilitamiento de la figura presidencial.

En fin, de consumarse la estabilización del predominio acreedor vía Brady, el peronismo

menemista gobernante habría sentado las bases de su propia extinción como experiencia de gestión estatal eficaz para el futuro político institucional argentino.6

Por otra parte, la evolución político-institucional del continente latinoamericano parece

angostar aun más los caminos de la reelección menemista. Obsérvese, por ejemplo, la lectura que el Departamento de Estado ha privilegiado respecto del intento de alzamiento militar en Venezuela

5 Las formas que asuma el parlamentarismo podrán ser diversas. La consolidación institucional de un sistema bipartidario clásico o multipartidario dependerá de si se profundiza o detiene en algún punto la dispersión de las identidades políticas tradicionales. Este fenómeno definirá el futuro de la típica arquitectura bipartidista argentina. 6 Desde una perspectiva discretamente más optimista que la nuestra, James Neilson comenta que Menem "...está 'primermundizando' el país tan rápidamente que su propio gobierno ya comienza aparecer anacrónico ..." Si aceptamos la pizca de parodia que el columnista ha volcado necesariamente en su caracterización del actual ajuste peronista, la cita es feliz. (Página12. 13-5-92, "Peripecias de un Out Sider").

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cuya causa, según los técnicos norteamericanos, hay que buscarla en la fuerte subordinación al Poder Ejecutivo de las instancias jurídicas y parlamentarias del Estado venezolano.7

Del mismo modo, las precisas "recomendaciones" de la administración Bush para la rápida

resolución del grotesco institucional indisimulable que supuso el "autogolpe" del Ejecutivo, encabezado por Fujimori en Perú, debilitan aun más las pretensiones de reelección del Gobierno. Parece ser que hasta para el Departamento de Estado norteamericano comienza a quedar claro que, en Latinoamérica, el formato de "llegada" del predominio incontenible del Poder Ejecutivo por sobre los demás poderes del aparato estatal, supone, en el límite, la emergencia de regímenes lisa y llanamente dictatoriales.8 Cabe recordar que, desde el inicio de la década del '80, los regímenes excluyentemente autoritarios resultan ofertas de gobernabilidad poco apetecibles por las administraciones norteamericanas.

Tras el colapso de los marxismos, y agotado el ciclo de los populismos antiimperialistas

latinoamericanos, los teóricos del Departamento de Estado han diseñado una módica pero contundente estrategia para su patio trasero: garantizar el predominio acreedor en los ajustes nacionales, en el marco de regímenes políticos dominantemente consensuales.

Mal que le pese entonces al Gobierno, para los especialistas norteamericanos es ésta la lección

de Carlos Andrés y Alberto Fujimori: Hacía el fin del milenio, todo indeseable "latín dictator", no podrá ser más que un demócrata de aquellos que, mordiéndose la cola, ha llegado al fin a engullirse la testa. ¿No advirtió esto acaso aquel otro "think tank" japonés, cuando predicó la completitud de la historia bajo el piadoso manto de su finitud?9

SUBORDINACIÓN POLITICA

Una de las características sobresalientes de la transición democrática argentina, desde 1983 a nuestros días, es la creciente clausura de los espacios de autonomía que todo régimen democrático formal observa entre las prácticas partidarias y las estatales. Tanto el radicalismo cuanto el justicialismo, en sus respectivos turnos de gobierno, han sido simples correas de transmisión partidaria de las demandas del Poder Ejecutivo, verdaderos aparatos de Estado, vinculados orgánicamente y en franca subordinación al Poder Ejecutivo.

En este sentido preciso, tanto el radicalismo como el justicialismo, en sus respectivos períodos

de gobierno, se han transformado en típicos partidos de Estado, reabsorbidos en el aparato estatal

7 No sólo los analistas norteamericanos caracterizan así al Estado venezolano. La jueza en lo Penal del Distrito de Sucre, Virginia Contreras Navarrete, fue recientemente amenazada de muerte por sectores vinculados al Poder Ejecutivo venezolano, cuando dictó un auto de detención contra el actual ministro de Defensa, debido a que éste no acató el Recurso de Amparo en favor de los comandantes rebeldes, decidido por el juez. La jueza en cuestión sostiene que: "En Venezuela no hay Estado de Derecho, el Poder Judicial obedece órdenes del presidente, y es imposible que se haga respetar un amparo, inclusive aceptado por un juez. Estamos en una barbarie, en un sistema de democracia autoritaria". (Página12, 26-4-92). 8 Quien también observa claramente este avance del Poder Ejecutivo de los estados latinoamericanos como límite indecoroso de los regímenes democráticos continentales es George Landau. El actual titular de la Americas Society, y ex embajador norteamericano en Chile y Venezuela, en una reciente conferencia desde Washington con el matutino Página12 sentenció: "...Porque democracia no es votar únicamente. Democracia es tener un Congreso independiente y un Poder Judicial independiente..." 9 La paradojal figura de 'dictador civil", que se ha ensayado en los análisis periodísticos más sugerentes del grotesco institucional peruano, se sitúa en uno de los bordes de la problemática que aquí sobrevolamos: la desdicha de los engullidores de su propia testa. Sin embargo, nadie la describió mejor que los rebeldes comandantes venezolanos cuando en referencia al irreflexivo garguero de Carlos Andrés sentencian: "El gobernante va quedando solo y desnudo ante un amo que rechaza su desnudez. Un amo, su amo, por decisión unilateral del siervo, que conoce perfectamente sus debilidades, su inconsistencia personal, su ausencia de bases populares Solo y desnudo ante un amo que no lo quiere, porque no es útil para nada".

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como un engranaje más en su funcionamiento.10 No es de extrañar, entonces, que en el caso actual del partido justicialista, la candidatura a senador porteño se resuelva mediante expreso mandato del Poder Ejecutivo que subordina una vez mas a sus demandas la actividad político-partidaria. Se suprime así un mecanismo elemental de autonomía partidaria y democracia interna, como es la elección de los candidatos mediante el voto directo de los afiliados.

Tal como señalamos antes, estamos en presencia de groseros mecanismos de subordinación al

Poder Ejecutivo que, si antes buscaba disciplinamiento jurídico, en este caso intenta modelar el comportamiento político comunitario mediante el encorsetamiento partidario más absoluto.

Ciertamente, desde el aparato político del Estado se intenta dar forma partidaria –discursiva y

organizacional– a la singular mutación político -ideológica que, a nivel nacional, está desarrollando el peronismo desde la asunción presidencial del Dr. Menem.

En líneas generales, y como ya ha sido analizado en forma pormenorizada en nuestro Informe

de Coyuntura Nº 2, el comportamiento que, de hecho, se registrara en las últimas elecciones a diputados de 1991, tanto a nivel nacional cuanto distrital, tendrá en 1992 su bautismo electoral formal.

Como se recordará, en esas elecciones, el PJ porteño registró una migración del 49% de su

voto histórico que, sin embargo, logró ser compensada con la transferencia a sus filas del 43% de los votos obtenidos por la Ucedé en 1989, lo que dio forma al 27,8% de los votos acumulados por el PJ porteño en 1991.

La nueva base social del voto justicialista, según lo muestra el mapa electoral de 1991 tanto

nacional como en el distrito Capital, surge de la articulación inestable aunque exitosa de los sectores sociales más postergados y de fuerte tradición político-ideológica peronista, junto a los sectores de mejor posicionamiento económico-social y de tradicional implantación liberal.

Es este novedoso dispositivo político ideológico, que se manifestó de hecho en 1991, el que

tiene en Avelino Porto a su candidato fundacional. En este sentido, su performance electoral será una prueba inaugural de proyección nacional, y no sólo distrital, del nuevo perfil justicialista, más allá de las maniobras presidenciales y "pejotistas" por restar magnitud a la elección capitalina ante una eventual gran derrota.

Cabe destacar que si bien la campaña en tomo de Porto está lanzada en su punto de máxima a

la reproducción de la performance electoral justicialista de 1991 –27,8% de los votos–, la candidatura de Fernando de la Rúa complicó las especulaciones liberal-peronistas, ubicando al rector/empresario en una situación electoral francamente débil.

Por una parte, la postulación de Porto parece haber recalentado aun más, si cabe, la

complicada interna liberal porteña y, por otra, no resulta particularmente atractiva para la mitad más uno de los peronistas que, según los resultados de las últimas elecciones de 1991, aún navegan sobre el bergantín justicialista porteño. De esta forma, el justicialismo de Capital está ya en condiciones de 10 La experiencia de los países del Este muestra un posible modelo de llegada de los regímenes en los que el Partido se reabsorbe en el Estado. Los partidos comunistas también, y fundamentalmente, eran partidos de Estado. La ventolina ideológica que bambolea al shopping peronista, desde luego no permite registrar este inocente dato. Los diputados justicialistas siguen enunciando sus peroratas jactándose del final ruinoso de los "regímenes totalitarios".

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producir nuevas fugas electorales, pero esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 1991, por medio de ambas vertientes constitutivas, peronista y liberal, que amalgamara en 1991 con reconocida eficacia.

Aquí no acaban las desventuras del hierático ex-ministro. Su futuro electoral parece opacarse

aun más si se tiene en cuenta que, con idéntico candidato, el radicalismo porteño superó en 1991 en un 40% sus votos de 1989. Ciertamente, de la mano de los votantes de la ex Confederación Federalista Independiente y ex peronistas o peronistas disidentes –que, particularmente en la periferia distrital, caso Lugano, aportaron 130.000 y 70.000 sufragios, respectivamente–, la UCR porteña obtuvo en 1991 un 39% de los sufragios contra sólo un 28% en 1989. No observamos motivos fuertes para que no repita su última performance electoral en el distrito. La UCR incluso está en condiciones de receptar una mayor cantidad de votos de ex peronistas o peronistas disidentes, junto a un porcentaje importante de sufragios de centroizquierda (muy particularmente los que en 1991 fueron acumulados por la Unidad Socialista, dada la renuncia de Alfredo Bravo a su candidatura de 1992), en tanto esta fuerza y cualquier otra del espectro centroizquierdista no garanticen explícitamente el voto al radicalismo en el Colegio Electoral.

Ciertamente, la ausencia absoluta de articulación social coloca al conglomerado de

centroizquierda en una situación electoral precaria frente a una hipótesis de polarización en tomo de los candidatos del PJ y la UCR. Si esta polarización ocurriera, es muy probable esperar una performance electoral del mosaico progresista porteño por debajo aun del exiguo piso de sufragios acumulados en 1991. La suerte de la centroizquierda se juega por entero en el desarrollo de estrategias electorales que apunten a despolarizar la elección capitalina, instalando la certeza de una segura derrota del candidato peronista.

En este sentido, y frente al muy moderado nivel de adhesiones que ha despertado la

candidatura de Avelino Porto, la estrategia oficial del PJ parece destinada también a evitar la polarización, asumiendo frente a la opinión pública como hecho irreversible la derrota anticipada y por amplio margen de su candidato, De esta forma, tanto el PJ como el mosaico progresista debieran coincidir en el desarrollo de estrategias preelectorales de despolarización, como núcleo de sentido en sus respectivas campañas distritales.11

Por último, el MODIN porteño intentará politizar en torno de la figura de Aldo Rico su

campaña distrital, eludiendo así los efectos de su notoria ausencia de figuras fuertes en Capital Federal, imprescindibles para el tipo de construcción populista vinculada a los sectores dominantes locales, característica del conglomerado "riquista". Así planteadas las cosas, es altamente probable que el MODIN recepte naturalmente un porcentaje significativo de los votos en blanco y electores ausentes de 1991, que treparon en 1,5% y un 6% respectivamente respecto de los niveles de 1989. Sin embargo, la posibilidad de captar el voto peronista disidente, y así repetir su performance electoral de provincia en el distrito capitalino, dependerá exclusivamente de su capacidad de instalar en el centro de la campaña porteña la figura del ex coronel, tarea por cierto compleja.

11 El retaceo explícito de apoyatura partidaria a la candidatura de Avelino no responde sólo a una "astucia de la razón menemista", sino también y fundamentalmente a una estrategia electoral de despolarización cuasi-chaplinesca: "Porto ya perdió", parecen sugerir los compañeros.

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SUBORDINACION SOCIAL

Así como el modelo de gestión estatal peronista del ajuste requirió del predominio del Poder Ejecutivo por sobre las instancias jurídicas y partidarias, en igual perspectiva, y en función de los altos niveles de exclusión social que el desarrollo del modelo descarga sobre los sectores subalternos, se hace necesario implementar dispositivos institucionales de fragmentación y control de las demandas comunitarias tanto efectivas cuanto potenciales, por parte del aparato estatal.

En esta perspectiva, se deben analizar las recientes prácticas de disciplinamiento sindical

promovidas desde el Poder Ejecutivo, donde la unificación de la CGT oficial el 26 de marzo pasado es el punto de llegada, la tarea consumada.

En efecto –y citando sólo los efectos jurídicos más evidentes del disciplinamiento sindical que

se analizan en este Informe– luego de la regulación del derecho de huelga, la sanción de la Ley Nacional de Accidentes de Trabajo, la Ley de Empleo, la propuesta de reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y Negociaciones Colectivas, etc., el Poder Ejecutivo y la mayoría de las instituciones jurídicas de Estado, vinculadas orgánicamente a las dirigencias sindicales oficialistas, han desarrollado la más profunda ofensiva estatal sobre los Sujetos sindicalizados de que se tenga memoria en el marco de los gobiernos constitucionales. El congreso de unidad del 26 de marzo consagra la vinculación orgánica de las dirigencias sindicales, que participan en esta CGT, a las demandas de subordinación social desarrolladas desde el Poder Ejecutivo. Las organizaciones sindicales oficialistas resultan, entonces, verdaderos dispositivos estatales de control social, último y grotesco capítulo de una práctica tradicional e histórica de amplios sectores de la dirigencia sindical: la mimesis absoluta con las demandas estatales.12 Las conducciones sindicales oficialistas garantizan así al Poder Ejecutivo la orfandad jurídica, política y económica de sus representados, a cambio de perpetuarse en la gestión sindical a través de tres vías fundamentales:

a) Económica: El poderío que otorgan los fondos del sistema de obras sociales, cuyo manejo no se

les niega en totalidad.

b) Jurídica: La introducción en los nuevos proyectos de Ley de Asociaciones Sindicales, de figuras tales como "carrera sindical", trabas a las listas opositoras y representación de minorías que impiden la movilidad en los niveles diligénciales.

c) Política: El oficialismo peronista más contumaz. Sin embargo, los predominios de este tipo de dirigencia oficialista en el terreno sindical están

atados, definitivamente y como nunca antes, al actual modelo de gestión peronista del ajuste que, como señalamos, requiere de una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo y cuya vigencia en

12 Efectivamente, las prácticas que promueven las dirigencias oficialistas actuales poseen una fuerte tradición en la historia del sindicalismo argentino. La experiencia más acabada de la modalidad de gestión sindical, vinculada orgánicamente al poder político de Estado, fue la desarrollada por la dirigencia del sindicato más poderoso en el país en épocas de apogeo metalmecánico: la UOM. Bajo la dirección de su secretario general, Augusto Timoteo Vandor, el gremio metalúrgico dio origen a un tipo de gestión sindical cuyas cuatro características más regresivas heredan las burocracias sindicales actuales: a) incapacidad y renuncia explícita de este modelo de dirigencias sindicales a situarse como poder por fuera de las demandas estatales: b) vinculación orgánica con el aparato político de Estado; e) corporativización de las prácticas sindicales, cuyo desarrollo se produce exclusivamente en torno de intereses sectoriales e incluso facciosos -privilegiando un sector de trabajadores en detrimento de otros. Estas características fundan la incapacidad absoluta de este tipo de dirigencias sindicales, para promover y/o acompañar prácticas políticas progresivas, capaces de vincular al conjunto de los sectores sociales en estrategias de proyección nacional; d) silenciamiento, persecusión y supresión física y/o legal de opositores, en vinculación explícita con los aparatos políticos y represivos de Estado.

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el tiempo es incierta. La modalidad específica en que el predominio voraz del Poder Ejecutivo se materializa en los aparatos sindicales es mediante las direcciones gremiales solidarias con el Ejecutivo, nucleadas el 26 de marzo pasado en la CGT unificada. Como ya dijimos, las prácticas "ejecutivistas" son propias de los predominios inestables al interior de las facciones dominantes que, tras el ingreso al Brady, parecieran resolverse en favor del predominio estable de las facciones acreedoras. Siendo así, es probable que la estrategia parlamentarista, desde 1983 sostenida por el Departamento de Estado, como hipótesis más deseable de comportamiento político institucional para la Argentina, pueda instalarse en el escenario local. Las tendencias que sostienen la reelección presidencial habrán de debilitarse. Si esto sucede, y la probable consolidación acreedora estable abre las condiciones de posibilidad a la emergencia de otro formato estatal y otra estructura de distribución de poder en su interior clausurando la etapa de predominio del Ejecutivo, el trípode de poder económico, político y jurídico en que los actuales caciques sindicales oficialistas reposan su fuerza, estallará irreversiblemente en sus propios fundamentos:

a) En lo económico: En tanto el sistema de obras sociales, vinculado a salarios declinantes y con

modelos de gestión administrativa altamente ineficientes, es irremediablemente insostenible.

b) En lo político: Donde su ya poco redituable oficialismo perderá su escaso sentido frente al declinar de la hegemonía peronista y al agotamiento de la estrategia de partido de Estado/ predominio del Ejecutivo.

c) En lo jurídico: Uno de los efectos centrales del quiebre del hegemonismo del partido de Estado

supondrá una mayor participación de las minorías en la vida política y sindical, con lo cual cláusulas restrictivas existentes hoy en los marcos jurídicos, que regulan el comportamiento de organizaciones sindicales, estarán en condición de ser fuertemente cuestionadas.

Frente a la posibilidad de una estabilización del predominio acreedor vía el Brady, la

consecuente crisis del ejecutivismo y la actualización de condiciones para estrategias político institucionales parlamentaristas, como mecanismo de reproducción del ajuste acreedor, la por demás persistente estrella de las dirigencias sindicales oficialistas tenderá a declinar. Apostar entonces a otro modelo sindical puede resultar desde luego deseable y, en el marco futuro de los comportamientos político -institucionales argentinos: POSIBLE.

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III. EL PLAN BRADY

Un Nuevo Escenario parar Viejos Interrogantes

CARACTERIZACION ESTRUCTURAL DE LA ETAPA13

El Fin de un Modelo

La hiperinflación exteriorizó el fin del modelo de funcionamiento económico instaurado por la dictadura militar.

La valorización financiera con cargo al Estado, la transferencia de cuantiosos recursos

públicos a un reducido número de consorcios empresariales y la fuga sistemática de capitales concluyeron con la quiebra fiscal, la destrucción de la moneda y, como resultante, un proceso hiperinflacionario que evidenciaba la agudización de la puja distributiva entre las facciones dominantes de la Argentina, banca acreedora y grupos económicos de origen local.

El rasgo esencial de esta puja distributiva es la apropiación de excedentes en moneda dura, sea

en concepto de pagos de intereses de la deuda o en la realización de beneficios empresarios. Este rasgo se origina en la internacionalización de la economía argentina, operada desde el modelo de acumulación antes reseñado -iniciado en 1976–, que permitió que los grupos empresarios más concentrados desvincularan una parte sustantiva de sus capitales del circuito económico local.

En consecuencia, dada la conversión en dólares de los excedentes captados por el bloque

dominante, la disputa entre sus distintas facciones tenderá a situarse en tomo de mecanismos que garanticen el control de la oferta de divisas, aspecto que se reflejará en las políticas de corto plazo -sobre todo en el plano monetario y fiscal- destinadas a instrumentar la reforma estructural que reemplace el modelo agotado.

La Reforma Estructural: acuerdos de fondo en el seno del bloque dominante

El reemplazo del patrón agotado y los ejes de funcionamiento del nuevo modelo son la

resultante de coincidencias de fondo del conjunto del bloque dominante. Los ejes básicos de acuerdo incluyen:

a) La concreción de un modelo productivo exportador, donde convergen la exigencia de generar

divisas para el pago de la deuda y la consolidación de negocios empresariales desvinculados del mercado interno.

b) El desguace del Estado, que produce recursos fiscales, garantiza el pago del principal de la

deuda vía capitalización y, simultáneamente, se vincula a las estrategias de reordenamiento productivo de los grupos económicos locales.

c) La regresividad en la distribución del ingreso y la precariedad de las condiciones de empleo, con el doble propósito de garantizar la desarticulación social de los sectores populares y compatibilizar los costos laborales con la salida exportadora.

13 Para profundizarla comprensión de esta etapa, véase el Documento de Trabajo del IDEP "La Etapa Menem", de Roberto Feletti y Claudio Lozano.

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Ahora bien, el origen de los recursos necesarios para financiar el cambio provoca fricciones al interior del bloque dominante y define, según quien aporte dichos recursos, además del expoliado pueblo argentino, las características propias de las políticas económicas aplicadas.

Tendencias Generales de la Reforma y Políticas de Corto Plazo

Es indudable que la regresividad del modelo es el punto de mayor coincidencia en el bloque

dominante, tanto en su costado político –porque garantiza una mayor desarticulación de los sectores populares, facilitando su subordinación– como en el aspecto económico, en virtud del cambio de funcionalidad del salario, el cual, de componente de la demanda interna (en el modelo de sustitución de importaciones) pasa a ser exclusivamente un factor del costo de producción (en el modelo exportador), por lo tanto cuanto más bajo, mejor.

Las diferencias pronunciadas aparecen en la concreción del ajuste fiscal y su incidencia en las

transferencias a la banca acreedora y el rumbo productivo del país. Esto se evidencia en los sucesivos cambios de las conducciones económicas desde el "Plan B.B.", que constituyó el intento más definido de afirmar la salida exportadora en detrimento del pago de la deuda externa, hasta el vigente "Plan de Convertibilidad" –respaldado en alguno de sus aspectos en la etapa previa de los "Erman"– que orienta el ajuste nítidamente en beneficio de los acreedores externos hasta ingresar en la actualidad en la propuesta de regularización de pagos, delineada por éstos y conocida como "Plan Brady".

Si bien altera la prioridad de sus beneficiarios –la banca acreedora respecto de los grupos

económicos–, la reorientación de la reforma estructural reseñada respeta las tendencias generales ligadas a los acuerdos de fondo del bloque dominante: convalidar la dolarización de la economía, retirada del Estado, desplazamiento de la valorización financiera hacía la actividad productiva.

Las políticas monetaria, fiscal y de equilibrio macroeconómico de corto plazo reflejan los

conflictos, triunfos y concesiones entre las facciones del bloque dominante.

Política Monetaria La política monetaria apunta a convalidar la dolarización de la economía, ratificando la

destrucción de la moneda de creación autónoma derivada de la quiebra del Estado. Sin embargo, en el marco de esta tendencia general a colocar la emisión monetaria en función de la oferta de divisas, la propuesta de dolarización de los grupos económicos –formulada en el ocaso del "Plan B.B."– suponía convertir en dólares la totalidad de la moneda local existente (circulante, depósitos a la vista y a plazo), a lo que agregaba un nivel de reservas casi diez veces inferior al actual. De concretarse, esto hubiera significado un tipo de cambio muy elevado –producto de la paridad de conversión–, funcional al modelo exportador prioritario del plan en curso, al cobro al contado y en moneda dura de la deuda interna, (sustento de la valorización financiera de los grupos empresarios) y, finalmente, la inviabilidad de un equilibrio fiscal que incluyera transferencias relevantes hacia la banca acreedora.

A la inversa, la dolarización diseñada por los acreedores externos, iniciada por Erman

González y completada por Cavallo, se centró en reducir la paridad de conversión ––lo que implica un tipo de cambio bajo– de modo de optimizar las cuentas públicas para el pago. En este sentido en el esquema de dolarización acreedor se ejecutaron las fases siguientes:

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a) Dolarización a largo plazo de los excedentes financieros –bonos y depósitos a plazo fijo–

mediante su conversión a Bonex 89.

b) Revaluación de la moneda local y su estabilización, vía la absorción de australes que produjo el Plan Bonex –58% de los depósitos a plazo fijo–, fijación de encajes bancarios no remunerados por encima de los niveles técnicos, consolidación del superávit fiscal y reconstitución del monto de las reservas -de U$S 900 millones en diciembre '89 a U$S 4800 millones en abril '91.

c) Finalmente, convertibilidad del signo monetario local –a la postre el peso–, a una paridad de

conversión funcional al pago de la deuda externa. En síntesis, el Plan Bonex –enero '90– operando sobre los excedentes financieros cuando éstos

representaban el 75% de los agregados monetarios y el Plan de Convertibilidad –abril '91– actuando sobre el circulante propiamente dicho, cuando –invirtiéndose las proporciones– éste significa el 60% de dichos agregados, se articularon entre sí para alcanzar la dolarización de la moneda a un tipo de cambio compatible con las exigencias acreedoras.

La moneda convertible –originada en la dolarización y acompañada del equilibrio fiscal

necesario para su sustento– desplaza a la devaluación corno mecanismo del ajuste permanente de la economía argentina, en tanto no existan fuertes desfases en el sector externo vinculados al nivel de la paridad de conversión.

Por otra parte, al final de este proceso, la política monetaria queda reducida a un instrumento

de regulación pasivo, cuyo objetivo es garantizar el atesoramiento de reservas. Además, al no existir moneda de creación autónoma, se impide la distribución de ingresos a través de la política monetaria, consolidándose la pauta distributiva vigente al momento de la convertibilidad, es decir, que la neutralidad de la política monetaria cumple por omisión con una de las condiciones de los acuerdos de fondo del bloque dominante: la regresividad distributiva.

Política Fiscal

Por constituir el nudo central de la reforma, es en el ajuste fiscal donde se observa el mayor

número de controversias. Al igual que en el plano monetario, la tendencia general de desguace del sector público y

generación de superávit fiscal para el pago de la deuda –materializada en la sanción de las leyes base del ajuste–, se ha visto afectada por las disputas de los sectores dominantes, al impactar éstas en las características intrínsecas del ajuste, definidas por el modo de alcanzar el superávit de las cuentas públicas y los problemas inherentes a dicho modo de gestión respecto de la continuidad y el acrecentamiento en el futuro del superávit.

El principal rasgo intrínseco del ajuste en curso es su carácter eminentemente regresivo, tanto

por el costado del gasto –profundización de recortes sobre el personal, provincias y seguridad social, a la vez que se mantienen transferencias por promoción industrial y cierto volumen de valorización financiera– como por el perfil de los ingresos tributarios –el grueso de la recaudación descansa en impuestos indirectos.

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El segundo elemento constitutivo del ajuste es el papel de las privatizaciones como sostén del

superávit, como cobro del capital adeudado vía capitalización y, simultáneamente, como medio de compensación de la rentabilidad de los grupos más concentrados, deteriorada por la política aplicada,

Por último, resulta notorio, en una economía trasnacionalizada, abierta y dolarizada, la

ausencia de un mecanismo definido que le garantice al Estado la apropiación de parte de la oferta de divisas, siquiera para efectuar transferencias a los acreedores externos sin exponerse a desequilibrios macroeconómicos.

Estos rasgos, distintivos de la gestión intrínseca de la política fiscal, revelan la preocupación

constante del Gobierno de cumplirlos compromisos externos respetando los intereses del poder económico local, lo que en la práctica implica hacer recaer el peso del ajuste sobre los sectores populares, el acuerdo de fondo de mayor coincidencia en el bloque dominante. Esta gestión, sin embargo, tiene límites centrados en: a) la continuidad de la reducción del gasto, asentada exclusivamente en la racionalización de

personal y prestaciones sociales:

b) la dependencia de la recaudación impositiva del actual nivel de actividad y la inviabilidad de incrementar la presión tributaria sobre el consumo por encima de la magnitud actual;

c) el agotamiento de los activos públicos para su remate;

d) el reordenamiento productivo resultante del proceso privatizador, que dificultaría aun más la

posibilidad del Estado de controlar porciones relevantes de la oferta de divisas.

Políticas de Equilibrio Macroeconómico y Rumbo Productivo El fin del patrón de funcionamiento económico delineado por la dictadura militar, y la

necesidad de su reemplazo, implica el paulatino desplazamiento de la valorización financiera de los capitales –con cargo al Estado– hacia la actividad productiva. Esta última, conforme a los acuerdos de fondo del bloque dominante, debiera ser la consolidación de un modelo exportador. No obstante, señalada esta tendencia, es imprescindible reseñar las políticas de corto plazo y su incidencia en dicho rumbo productivo.

El primer turno de política económica para los grupos locales –Plan B.B.– priorizó la

concreción de un modelo exportador, con mayor valor agregado en la estructura de las ventas externas. En esta orientación, se procuró alcanzar una relación dólar/costos internos –esencialmente salarios– muy alta, permitiendo la misma laxitud en la ejecución del ajuste fiscal, de forma de articularlo con la estrategia productiva del gran empresariado local, en torno de la salida exportadora. Este diseño relegaba a un segundo plano el pago de la deuda externa, factor que, junto al resquebrajamiento de las alianzas implícitas que sostenían al Plan B.B., determinó su crisis.

El ingreso al gabinete de la dupla Erman González-González Fraga delineó un esquema que

apuntaba a compatibilizar el pago de la deuda externa con la salida exportadora. Con este objeto, se intentó controlar la oferta de divisas combinando superávit fiscal con recesión.

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La fuerte absorción de recursos en moneda local que produjo el "Plan Bonex" permitió el

posicionamiento del Estado, como poseedor de los escasos australes de entonces –remanentes de la punción– y con posibilidad de demandar divisas, lo cual exigía: generar, en forma constante, excedente en las cuentas públicas e impedir la formación de excedentes internos de magnitud, que compitieran con el Estado en la demanda de divisas, para lo cual se optó por inducir un cuadro recesivo agudo.

De este modo, el superávit fiscal se convierte en condicionante del tipo de cambio –cuanto

mayor sea el primero más crecerá el segundo– y también de las transferencias a la banca acreedora, pues las –únicas divisas que se pueden afectar al pago, sin alterar el equilibrio del programa, son aquellas adquiridas con el superávit.

Esta reseña es obligada, porque define rasgos que estarán presentes en la política económica a

futuro. En primer lugar, aparece el desplazamiento de la devaluación como mecanismo de ajuste

sistemático de la economía argentina, asociado a la ausencia de mecanismos que permitieron –con posterioridad a la quiebra del Estado– aplicar los excedentes de la balanza comercial al pago de la deuda externa. El ajuste ortodoxo del FMI sobre las cuentas externas cedía paso al ajuste estructural como determinante de las transferencias a los acreedores.

En segundo orden, en el marco de una economía trasnacionalizada donde los sectores

dominantes realizan sus ganancias en dólares, el equilibrio fiscal –incluyendo en él los servicios de la deuda– se revela como un instrumento idóneo de control del tipo de cambio.

Finalmente, asumiendo las características de trasnacionalización y dolarización referidas,

controlar el tipo de cambio desde el equilibrio fiscal con apertura económica –Otro rasgo que define la etapa– implica inducir una fuerte reestructuración de los precios internos y, por ende, de las tasas de ganancia empresaria, tendiendo a hacer converger estas últimas, a mediano plazo, con los promedios internacionales. Debe quedar claro que esto se plantea como tendencia a nivel de las firmas. Sin embargo, en el período que transitamos y que supone la progresiva ocupación de la capacidad instalada, la reducción de los costos fijos define un fuerte incremento de productividad y tasa de ganancia a nivel de las empresas. Este proceso se detiene al llegar a la plena ocupación de planta. En términos de grupo empresario, la cuestión resulta más compleja: exige ponderar la situación previamente enunciada con el recorte de subsidios y el planchado de la revalorización financiera, a lo cual debe agregarse la diferencial participación que cada grupo tiene en el proceso privatizador. El canje en curso entre recorte de subsidios (no todos) y absorción de activos redundará probablemente (más allá del alineamiento con los precios internacionales) en un incremento de la tasa de ganancia futura de los conglomerados, mejor posicionados luego del desguace estatal. Se trata, para esto, de un canje de ingresos por activos que devengarán a su vez, ingresos futuros.

Casualmente la participación en el remate de activos públicos, es decir las jerarquías que

induzca la centralización de capitales, es lo que tiende a acotar los excedentes dolarizados. En síntesis, el ajuste fiscal, como determinante del pago de la deuda, y el anclaje del tipo de

cambio con apertura, como medio de forzar una reestructuración productiva que acote los

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excedentes internos dolarizables, constituyen rasgos centrales de la política económica, que se vinculan con el ingreso de la conducción acreedora al Gobierno.

Las disputas en el bloque dominante impondrán condicionantes a la ejecución del ajuste fiscal

y a la reestructuración productiva, que se reflejarán en las políticas de corto plazo. En este sentido, debe interpretarse la crisis del "Erman", las alternativas de la "convertibilidad" para superarlas y el nuevo escenario para estas disputas que supone el ingreso al Plan Brady.

Si bien la ejecución del ajuste, asentada en la combinación superávit fiscal/ recesión, delineada

por el "Erman", contenía en su base la articulación de los pagos de la deuda con el modelo exportador, a un tipo de cambio de equilibrio entre el superávit fiscal y el superávit del comercio exterior, su consecución en el corto plazo llevaba implícito una acumulación de presiones del poder económico local y de conflictos sociales que lo tomaban inviable.

En la medida en que el superávit fiscal era insuficiente para absorber el excedente de la

balanza comercial, agudizaba la política recesiva. La sobreoferta de divisas sólo podía ser neutralizada mediante la compra con emisión lo cual, si bien permitía reconstruir las reservas internacionales, requería de una política financiera cada vez más dura –altos encajes bancarios– para contraer la expansión monetaria derivada de la compra de divisas. La recesión, a su vez, como un cepo del ajuste fiscal, vulneraba la recaudación tributaria, sustentada en impuestos al consumo, y agudizaba la conflictividad social resultante de recortes del gasto en personal, provincias y seguridad social. Las alternativas dentro del esquema "Erman" incluían la nivelación del superávit fiscal y comercial a un tipo de cambio más bajo, acelerando la reprimarización de la economía o la profundización del ajuste fiscal alterando el perfil tributario y/o recortando, de manera salvaje, el gasto en personal. Cabía, también, una combinación de ambos senderos. La continuidad del "Erman", entonces, acumulaba presiones políticas insostenibles, máxime ante la proximidad del comicio de 1991.

El "Plan de Convertibilidad" de Cavallo reemplazó la dupla superávit fiscal/recesión por

superávit fiscal/reactivación y con un año de vigencia permitió reconducir el ajuste, superando con éxito el trance electoral; pero introdujo modificaciones en su ejecución que desembocan en restricciones parecidas a las del "Erman" y que se exteriorizan con fuerza con el ingreso al Plan Brady.

En el diseño de política económica, pasar de un tipo de cambio flotante a uno virtualmente

fijo, a partir de la convertibilidad, implica desentenderse, explícitamente, de compatibilizar el pago de la deuda externa con la salida exportadora, subordinando en general –por ausencia de políticas específicas– la reestructuración productiva a la lógica del ajuste acreedor.

La reconstitución del nivel de reservas internacionales, operada durante el lapso "Erman",

viabilizó completar la dolarización de la moneda, recortar aun más la valorización financiera y, como resultante de este proceso, liberar capacidad de préstamo para el consumo en moneda dura. A la vez que se dolariza crecientemente el circuito crediticio, el tipo de cambio fijo y la apertura importadora acotan la formación de excedentes internos de magnitud, tanto productivos –vía precios– como financieros –tasa de interés–, que presionan en el mercado de cambios. La reactivación, en consecuencia, se sustenta en la expansión crediticia, el desplazamiento de activos financieros y una inicial estabilidad de precios que impactó favorablemente sobre los sectores de ingresos fijos.

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Este proceso reactivador supera, en el corto plazo, las restricciones del "Erman", en cuanto a

generar aumentos en la recaudación tributaria por incrementos en el consumo; atenuar, por elevación del empleo, los efectos sociales de la racionalización en el sector público y expandir sensiblemente el volumen de las importaciones, reduciendo la brecha entre el superávit fiscal y el comercial. Además, es necesario tener presente que el tipo de cambio fijo –si bien desvincula explícitamente el pago de la deuda de la salida exportadora– instala la reestructuración productiva en un horizonte de mediano plazo, que amortigua las disputas en el interior del bloque dominante.

La tendencia a limitar los excedentes internos dolarizables, para hacerlos compatibles con el

plan, se realiza en tiempos que facilitan el reordenamiento productivo de los grupos empresarios locales. Esto se expresa en las políticas de Gobierno orientadas a reducir costos internos funcionales a la reestructuración, no afectados por la apertura importadora: flexibilización laboral, desregulación de producciones regionales, comercio interior y servicios y nueva metodología en las privatizaciones, basada en la entrega de la administración del ente, con el pago de sólo el 30% de su valuación, destacándose la importancia de empresas a privatizar como insumos fabriles –energía y transportes.

En síntesis, la convertibilidad permitió resolver, en el corto plazo, las restricciones para

profundizar el ajuste fiscal y la reconversión productiva, en consonancia con los intereses acreedores, hasta alcanzar –como objetivo de este esfuerzo– la regularización de los pagos que supone el ingreso al Plan Brady. Sin embargo, la aparición de parámetros definidos a largo plazo en el frente externo –es decir que las transferencias a la banca acreedora se convierten en un dato de la realidad– desplazan al plano interno las disputas sobre la concreción del ajuste fiscal y la reestructuración productiva.

El nuevo escenario del Plan Brady otorga plazos precisos para la realización de estos últimos –

implícitos en las metas fiscales comprometidas con el FMI y en los servicios de los bonos de la reprogramación–, dado que el ingreso al Brady pone límites a la posibilidad de demorar la reconversión disminuyendo los pagos externos.

Este escenario reflota los viejos interrogantes sobre el desarrollo del ajuste. El perfil tributario,

los límites a la reducción del gasto, el agotamiento de los activos públicos, la inflexibilidad de los precios de bienes y servicios no transables internacionalmente o susceptibles de ventajas comparativas, las dificultades por parte del Estado de apropiarse de una porción de la oferta de divisas –sin alterar el equilibrio macroeconómico del salario– y la conflictividad social asociada cuestionan la continuidad del Plan de Convertibilidad en la etapa que se inicia. Es real, también, que el Gobierno cuenta con un abultado nivel de reservas, el oxígeno fiscal de casi un año suministrado por las privatizaciones, la relativa estabilidad de precios y un triunfo electoral reciente que le otorga margen de maniobra para reconducir la coyuntura.

Es imprescindible resaltar, una vez más, que las disputas en tomo del ajuste devienen –con

mayor énfasis en esta etapa que en las anteriores– de la insoslayable necesidad de afectar intereses del bloque dominante, habida cuenta de la insuficiencia del producido del ajuste sobre los sectores populares, expoliados en forma recurrente. No existen dudas de que, de consolidarse la reconversión en curso, se afirmará un proyecto de neto corte conservador en lo político y excluyente en lo social, el punto de mayor contacto entre las facciones dominantes es afianzar la pauta distributiva desigual y la precariedad de las relaciones laborales, la neutralidad de la política monetaria, y la regresividad

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de la política fiscal, y los contenidos explícitos e implícitos de las políticas específicas no admiten controversias al respecto.

En los apartados que siguen se reseña la evolución de los indicadores de coyuntura y se los

evalúa en perspectiva de las posibles alternativas de resolución de los interrogantes de la etapa que se abre con el ingreso al Plan Brady.

NEGOCIACION EXTERNA: EL BRADY Y EL CREDITO DE FACILIDADES EXTENDIDAS

El ingreso de la Argentina al "Plan Brady", en abril del corriente año, concluye una etapa

abierta en 1990. signada por la reconducción de la política económica en beneficio de la banca acreedora, cuyo objetivo esencial es precisamente el definido por el Brady: la regularización de los pagos de la deuda con los bancos.

Esta es la principal lectura que debe realizarse del ingreso al Plan Brady, el cual no constituye

una renegociación de la deuda con la finalidad de atenuar el impacto de las transferencias sobre la economía argentina sino, por el contrario, resulta una reprogramación que aumenta los pagos con el objeto de eliminar los atrasos acumulados.

Para evaluar correctamente la incidencia de los pagos derivados del Brady en las cuentas

fiscales, su análisis debe enmarcarse en el reordenamiento de la totalidad de la deuda que implica la vigencia del plan.

Cuadro Nº 1. Composición de la Deuda Externa a Fin de 1991

–Cifras en millones de U$S–

Bancos comerciales- Capital 24.300

Intereses atrasados 8.000

32.300

Organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID y BIRF)

12.900

Títulos Públicos 7.900

Club de París 6.700

Otros 1.300

28.800

Deuda Total

61.100

Fuente: Diario Clarín

La deuda refinanciada en el marco del Brady incluye los U$S 32.300 millones, contraída con los bancos privados multinacionales –mayoritariamente estadounidenses– verificaba, a diferencia de la restante, atrasos en su cumplimiento. La Argentina negoció y fue cediendo desde sus propuestas originales ante la articulación de intereses entre el FMI, el Tesoro de los EE.UU. y el comité de

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bancos acreedores ("steering comitee") que resultaron, como consecuencia del acuerdo celebrado, beneficiarios en mayor o menor medida de éste. Las características intrínsecas del acuerdo incluyen:

a) Sobre el capital adeudado –U$S 24.300 millones– se emitieron tres tipos de bonos, en canje de

los últimos vigentes, entre los cuales podrán optar los bancos acreedores.

• Bonos de Descuento (Descount Bond), emitido con una quita de 35%, a tasa flotante libor más 0.81%, a treinta años, con pago único de capital al vencimiento, garantizado con bonos de cupón cero del Tesoro de los EE.UU.:

• Bono a la par (Par Bond), emitido a una relación uno a uno con los títulos anteriores, a tasa

fija –año 1: 4%; año 2: 4,25%–, año 3: 5%; año 4: 5,25%; año 5: 5,5%5; año 6: 5,75%; años 7 al 30: 6% fija–, a treinta años, con pago único al vencimiento, garantizados con bonos de cupón cero del Tesoro de los EE.UU.;

• Bono de privatizaciones durante 1992, emisión de U$S 3.000 millones para ser aplicados al

canje de deuda por activos públicos.

b) Los intereses atrasados se regularizan del siguiente modo:

• pago en efectivo de U$S 400 millones;

• entrega en pago de bonos cero cupón del Tesoro de los EE.UU. por U$S 300 millones;

• refinanciación del remanente –U$S 7.300 millones–, con bonos emitidos a doce años, con tres de gracia, pagos semestrales y tasa flotante –Libor +0. 81%.

Este acuerdo, consensuado con el comité de bancos acreedores, tuvo como requisito previo, la

obtención del Crédito de Facilidades Extendidas (extended facility –E.F.F.) otorgado por el FMI, sin el cual la negociación ni siquiera se hubiera iniciado. Este crédito a tres años de plazo, distinto de los "stand by" tradicionales de un año de duración, y de montos menores, tiene dos papeles: uno, específico, que es suministrar los fondos necesarios para adquirir las garantías funcionales al acuerdo y, el otro, condicionar a mediano plazo, las pautas fiscales que viabilicen el acuerdo alcanzado con los bancos.

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Cuadro Nº 2. Crédito de Facilidades Extendidas

–Cifras en millones de U$S–

Monto básico del crédito 2.745

Otros desembolsos que producirá el FMI durante el período del E.F.F. –1992/1994–

Tercera cuota del "stand by” actualmente en vigencia 200

Liberación de las reservas constituidas por la Argentina sobre los montos del "stand by"

para recomprar títulos de su deuda ("set aside")

260

Aporte especial en función del acuerdo alcanzado con el comité de bancos acreedores

("augmentation")

460

Total de Desembolsos Trienales 3.665

Fuente: Diario Clarín

Con estos fondos, la Argentina reúne una porción importante de la denominada "masa crítica", necesaria para perfeccionar el acuerdo con los bancos acreedores, es decir el "costo de entrada" o "valor llave" de ingreso al Plan Brady.

Cuadro Nº 3. "Costo de Entrada" de Ingreso al Plan Brady

–Cifras en millones de U$S– Adquisición de los bonos del Tesoro de EE.UU. que garanticen los títulos que emergen

del acuerdo –capital U$S 2.500 millones, y los intereses correspondientes al primer año

U$S 1.000 millones–

3.500

Adquisición de los bonos del Tesoro de EE.UU. para el pago de intereses atrasados 300

Desembolso en efectivo para regularizar atrasos 400

4.200

Fuente: Diario Clarín

En suma, el ingreso al Plan Brady exige un desembolso inicial de U$S 4.200 millones, de los cuales el FMI aproxima U$S 3.665 millones en la forma del Crédito de Facilidades Extendidas.

Este esquema, Brady/EFF, se articula en directo beneficio de los bancos acreedores, pues les

permite canjear títulos de la deuda argentina depreciados en los mercados internacionales –cotizando a un 30% de su valor nominal–, por bonos a la par o con una paridad del 65% respecto del valor nominal –sensiblemente superior a la de mercado–, según la opción que tomen, garantizadas ambas por el Tesoro de los EE.UU.

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Es decir, que la Argentina se ve obligada a endeudarse con el FMI para comprar bonos del Tesoro estadounidense que respalden la renegociación de la deuda. Estos bonos no devengan renta –por ello su denominación "cero cupón"–, y su valor presente –U$S 2.500 millones iguala al valor futuro al cabo de treinta años del capital refinanciado –U$S 24.300 millones.

En la práctica, este mecanismo tiene un doble efecto: mejora la situación patrimonial de los

bancos acreedores, reduciendo el riesgo de incobrabilidad de sus carteras y, por ende, revaluando las mismas, a la vez que obliga a los países que ingresan al Brady a financiar gratis y a largo plazo al Tesoro de los EE.UU., mediante la compra forzosa de sus bonos. Al cabo de este proceso, los bancos tienen deuda garantida por los EE.UU., financiada con deuda argentina con el FMI.

El otro elemento a considerar es el pago único de capital al fin del plazo de la refinanciación –

treinta años–, que define la clara intención de los bancos de mantener colocado el capital y percibir los intereses regularmente. De este modo, la banca acreedora se beneficia en lo económico por la revaluación de sus activos crediticios y, en lo financiero, al asegurarse un flujo regular de transferencias.

Finalmente, el Crédito de Facilidades Extendidas exige la previa aprobación de una carta

intención de vigencia similar al crédito, conteniendo metas fiscales –a ser monitoreadas trimestralmente por el FMI– que viabilizan el acuerdo arribado en el Brady, es decir, que a las garantías del Tesoro estadounidense se le suma el control permanente del FMI. ambos a través del EFF.

Cuadro Nº 4. Metas Fiscales Comprometidas por el Gobierno argentino para el Lapso 92194

–Cifras en millones de U$S– 1992 1993 1994

Superávit primario 3.007 3.397 3.603

Privatizaciones 1.860 350 -

Superávit Privatizaciones 4.867 3.747 3.603

Fuente: Diario Clarín

Estas metas exhiben con nitidez las crecientes exigencias de pago y, simultáneamente, el agotamiento del producido de la venta de los activos públicos.

El progresivo aumento del superávit primario respecto de los niveles de 1991 –25% para el

'92, 40% para el '93 y 50% para el '94– se entronca con el aumento de las transferencias a los acreedores externos. Las estimaciones de estos pagos para el trienio '92/94 tienen en cuenta que los pagos a los bancos dependerán de las opciones de canje que tomen, Bonos de Descuento o a la Par; pero el aumento proyectado en los mismos es del 75%, de U$S 60 millones mensuales en la actualidad –U$S 720 millones anuales– a U$S 105 millones mensuales –U$S 1.260 millones anuales. Y, además, que los servicios de los préstamos de los organismos multilaterales de crédito, Club de París y de los títulos dolarizados de emisión interna, se estiman sin demasiadas oscilaciones en el trienio, respecto de la situación actual. En 1991 las transferencias netas fueron de U$S 2.100 millones, lo que arroja un promedio mensual de U$S 175 millones.

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En consecuencia, las transferencias por deuda pública externa para el lapso 92/94 oscilan en

un promedio mensual de U$S 280 millones, en consonancia con el superávit primario comprometido con el FMI para el período. El producido de las privatizaciones de 1992 es probable que se aplique, además de a las transferencias mensuales, a aumentar reservas –U$S 900 millones previsto en la carta de intención–, de forma de utilizarlas como "colchón" para los pagos a partir del '93 y completar los U$S 4.200 millones requeridos para ingresar al Brady –U$S 600 millones.

Las proyecciones sólo pueden alcanzar el trienio '92/94 porque, a partir de 1995, se

distorsionan al comenzar a operar los vencimientos de los bonos de refinanciación de los intereses atrasados, al cesar la vigencia del EFF y reducirse los servicios de Bonex.

El desarrollo precedente permite, en esta instancia, realizar un conjunto de reflexiones conclusivas del Plan Brady y su significado para la Argentina.

a) El Brady es un plan de regularización de pagos en beneficio exclusivo de los bancos acreedores.

b) Implica un fuerte incremento (75%) de las transferencias líquidas a los bancos y la revaluación

del capital adeudado al reducir el riesgo de incobrabilidad. Resuelve el problema económico y financiero de los bancos.

c) El aumento de los pagos en efectivo constituye el eje del plan, y su determinación en el mediano

plazo convierte a los mismos en un dato externo, que despeja la incógnita acerca de la magnitud del ajuste y desplaza al plano interno, exclusivamente, los interrogantes sobre los modos de ejecución y obtención de los recursos.

d) Con respecto a la difundida reducción del stock de deuda, en realidad, la articulación del comité

de bancos acreedores, el FMI y el Tesoro de los EE.UU., en torno de la dupla Brady/EFF, producen un aumento de la misma por revaluación del capital. En efecto, el canje de títulos que cotizan a una paridad del 30%, por títulos garantizados por el Tesoro de los EE.UU., a una paridad mínima del 65% a tasa flotante, elevándose al 100% si optan por rendimiento fijo, no sólo no opera ninguna disminución efectiva que implique reducción de transferencias, sino que tiende a consolidar el nivel de éstas en el largo plazo. Esto es funcional a la estrategia de la banca acreedora, cual es priorizar la percepción de fondos líquidos –dado que sobre el capital ya han constituido las suficientes reservas patrimoniales– y además tiene un importante efecto sobre el proceso privatizador, ya que el Brady desplaza el mecanismo de capitalización de deuda para la venta de empresas por el producido en efectivo de éstas, lo que incidirá negativamente en el precio de venta que se obtenga, en virtud de las urgencias de liquidez de la Argentina y las características de las empresas a vender (véase apartado acerca de las privatizaciones).

Por último, la reducción máxima de stock de deuda sería de U$S S. 500 millones, suponiendo

que todos los bancos optarán por el Bono de Descuento –disminución del 35% del capital de la deuda "elegible" (U$S 24.300 millones).

e) El beneficio para la Argentina, si es que se 10 puede denominar así, es el pleno reingreso al

mercado financiero internacional, lo que en los hechos implica el acceso al crédito internacional de los grandes grupos de origen local, los mismos que, algo más de una década atrás, gestaron el endeudamiento externo.

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El Brady, en definitiva, tiende a coronarla etapa de disciplinamiento acreedor de la economía, iniciada en 1990, fijando a mediano plazo el nivel de transferencias a la banca acreedora e incrementándolo respecto de las actuales. Este constituye el nuevo escenario económico, en principio inamovible, que regirá el ajuste fiscal y las políticas conexas. LA MARCHA DEL AJUSTE FISCAL El Cumplimiento del Ajuste

En el marco del ajuste acreedor, la evolución de las cuentas fiscales, y su comparación con las

metas comprometidas con el FMI, pautadas trimestralmente, se convierte en decisiva para evaluar la gestión de corto plazo. En este sentido, si se observa en el Cuadro Nº 5 el último trimestre del '91 y el primero del '92 se advertirán excesos sensibles respecto de las metas proyectadas.

Cuadro Nº 5.

–Cifras en millones de U$S– IV Trimestre '91

meta I Trimestre '92

meta Alcanzado FMI Dif. Alcanzado FMI Dif.

Superávit Primario

1.217

883

334

867

727

140

Privatizaciones 610 538 72 983 601 382

Superávit Total 1.827 1.421 406 1.850 1.328 522

Fuente: Diario Clarín

Esta holgura en el cumplimiento de las metas comprometidas ante el FMI –29% de exceso para el IV trimestre '91 y 39% para el I trimestre '92–, aceleraron el otorgamiento del Crédito de Facilidades Extendidas, puerta de acceso al Plan Brady, pero también determinaron una mayor exigencia de ajuste del FMI acorde con las cifras presentadas; se debe tener presente, además, que estas últimas son producto de hechos extraordinarios, que no reflejan una genuina consolidación del superávit fiscal en los niveles exhibidos. A modo de ejemplo se pueden citar:

a) La postergación del pago de aguinaldos a empleados públicos y jubilados, que permitió reducir

del IV trimestre '91 una erogación de U$S 400 millones, coincidente con el importe que supera las metas.

b) Diferimento en el cómputo y aplicación a otros rubros de ingresos extraordinarios por

privatizaciones, como el caso concreto de la venta de las acciones telefónicas, que significaron para el Estado un ingreso total de U$S 2075 millones –U$S 848 millones en diciembre '91 y U$S 1227 millones en marzo '92–, cifra superior al producido de las privatizaciones, imputado al semestre de U$S 1593 millones. El sistema de seguridad social recibe mensualmente el 30% de lo generado por las privatizaciones.

c) Al papel que cumplen los ingresos extraordinarios por privatizaciones, se le agrega el Banco

Nación como "caja chica" del Estado o "segunda Tesorería", como lo denominan los operadores de la "City». Esta Institución asumió el papel de solventador de los desequilibrios de corto plazo en distintas áreas del sector público, esencialmente el sistema previsional y la asistencia

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financiera a otros bancos oficiales –función cumplida por el BCRA hasta el Plan Bonex–, extendiéndose a fines de 1991 a otorgar adelantos a la Tesorería, a cuenta del producido futuro de las privatizaciones y a las empresas públicas.

Estos factores –diferimento de pago, privatizaciones y asistencia del Banco Nación– le han

facilitado al Estado sortear el cepo que implica la convertibilidad, como fuente de financiamiento del déficit a través de la emisión monetaria. El tratamiento del sector público como un todo a partir del principio de "unidad de caja" –criterio impuesto en la etapa "Erman"– permite disolver los resultados concretos de cada sector en el flujo financiero y exponerlos en forma contable como mejor convenga a la situación. De hecho, las cifras de superávit vertidas para seguridad social –U$S 170 millones para el IV trimestre '91 y U$S 27 millones para el I trimestre '92–, y empresas –U$S 70 millones en el IV trimestre '91 y U$S 130 millones en el I trimestre '92– no se condicen con la realidad de esos sectores. Concretamente, en marzo '92, el resultado operativo del consolidado de empresas fue negativo en U$S 45 millones y, sin embargo, se expuso un superávit de U$S 43 millones.

Este manejo de las cuentas constituye un arma de doble filo porque, como ya se refirió, allanó

el camino al Brady pero también –a la luz de los resultados favorables– endureció las exigencias del FMI. Sin embargo, lo esencial son los limites del esquema para eludir la concreción del ajuste fiscal en la ecuación ingresos-egresos. El agotamiento de las privatizaciones y las presiones para reestructurar al Banco Nación confluyen a sincerar el ajuste en su real dimensión y consecuencias; el perfil tributario y la factibilidad de continuar la reducción del gasto son tópicos que el Gobierno debe abordar a corto plazo, así lo requiere la lógica acreedora en el marco del Plan Brady.

La Marcha de las Cuentas Fiscales Evolución de la Tesorería

La evolución de la Tesorería exhibe una paulatina tendencia a consolidar el superávit

operativo, en consonancia con los requisitos del ajuste, tanto por incremento en la recaudación tributaria como por caída del gasto, evolución que se refleja en el Cuadro NI` 6 (las cifras son en moneda constante de abril '92). A este respecto se observa que:

a) La recaudación tributaria promedio mensual del IV trimestre '91 es de $ 829 millones, del I

trimestre '92 de $ 848 millones, y abril ha comenzado próximo a este último promedio con una recaudación de $ 842 millones. Se destaca la incidencia del aumento en la percepción del IVA, pasando de $ 308 millones promedio mensual en el IV trimestre '91 a $ 323 millones en el 1 trimestre '92, y de los derechos de importación que evolucionaron de $ 71 millones promedio mensual en el IV trimestre '91 a $ 103 millones en el I trimestre '92.

b) Los gastos operativos promedio mensual del IV trimestre '91 son de $ 864 millones, en el I

trimestre '92 de $ 853 millones, y abril presenta un importe de $ 755 millones. La mayor reducción se verifica en el rubro personal, cayendo de $ 317 millones en el IV trimestre 9 1 a $ 303 millones en el I trimestre '92 –incidido además por el pago de aguinaldos– y presentando abril una suma de $ 273 millones.

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Cuadro Nº 6. Evolución de la Tesorería General de la Nación

En millones de pesos abril '92 1991 1992 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO OCT N0V DIC ENE* FEB* MAR* ABR*

1 Resultado Operat. c/Privat. 97 167 592 40 98 1096 176 Resultado Operat. s/Privat. 97 167 204 33 85 261 111

TOTAL INGRESOS 1067 936 1446 1060 875 2340 952 1. INGRESOS CORRIENTES 888 780 930 947 794 1436 883 1. 1. Tributarios 848 760 880 889 774 1364 843 – Coparticipados 729 645 723 757 664 1143 699 *Ganancias 39 54 46 59 70 43 40 *Capitales 1 1 0 0 0 0 0 *IVA 367 274 282 314 297 359 402 *Internos 70 77 97 73 82 562 84 Cigarrillos 47 52 65 49 55 536 56 Resto 23 25 32 24 27 26 28 *Débitos 76 67 82 92 79 27 24 *Combustibles 80 112 109 145 79 100 96 *Otros 96 60 107 74 57 52 53 – No Coparticipados 119 115 157 132 110 221 144 *Importación 61 45 106 81 66 162 88 *Exportación 3 3 1 1 2 1 2 *Otros 55 67 50 50 42 58 54 1.2. No Tributarios 40 20 50 58 20 72 40 2. INGRESOS DE CAPITAL 0 0 389 7 13 835 65 3. AHORRO OBLIGATORIO 0 0 1 1 0 0 0 4. CONTRIB. DE EMPRESAS 5% 110 107 88 43 41 0 0 5. EXTRAPRESUPUESTARIOS 69 49 38 62 27 69 4 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 968 769 854 1018 778 763 775 1. PERSONAL 323 339 288 358 263 288 273 2. BIENES Y SS. 109 91 65 111 70 75 97 3. TRANSFERENCIAS 436 271 428 467 373 356 368 Empresas 98 71 so 85 102 58 54 Provincias 46 39 59 63 52 68 54 Act. no lucrativas 27 26 27 41 8 8 7 Sist. Seg. Social 0 0 0 0 0 0 0 Pasividades 98 51 61 113 77 81 76 Org. Descentralizados 138 63 174 136 113 112 144 Cuentas Especiales 29 21 27 27 21 28 32 Otras Transferencias 0 0 0 2 0 1 1 4. OTROS EGRESOS 100 68 73 82 72 44 37 5. GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 SALARIOS (% del Gasto) 72% 63% 66% 67% 62% 65% 59%

2 a. Intereses y Avales M. N.

49

42

42

58

425

107

211

b. Amortizaciones 800 99 170 141 932 507 828 a. Intereses y Avales M. E. 136 100 229 165 93 208 93

3 b. Amortizaciones 90 48 161 71 319 224 54

TOTAL A FINANCIAR (-1+2+3)

978

122

10

395

1671

-50

1010

4 FINANCIAMIENTO

979

123

10

397

1671

-50

1011

a.1. Cuenta 3855 B.N.A. 71 -39 -113 31 16 9 -220 a.2. Fondo Unificado 5 13 107 157 103 152 0 a.3. Crédito Interno 614 8 125 43 1124 455 919 a. 4. Otras – 1 2 0 0 0 64 65 a.S. Adelantos BCRA (Aus.) 0 0 0 0 0 0 0 b. 1. Crédito Externo 330 55 398 214 0 0 0 b.2. Uso Cta. M.E. -112 78 -143 -27 52 -670 496 b.3. Otras 72 7 -364 -21 376 -60 -249

SALDO CTA. 3855 (fin mes)

81

119

229

115

179

140

*Provisorio.

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

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Las privatizaciones resultan todavía esenciales en la consolidación del superávit; en el semestre octubre '91 /marzo '92, el resultado sin privatizaciones fue de U$S 847 millones y con privatizaciones de U$S 2090 millones. El resultado neto entre recaudación tributaria y gastos operativos es deficitario, si bien la brecha se angosta por elevación de los impuestos al consumo interno y externo y caída del gasto en personal. Otro elemento a considerar es la creciente recurrencia al crédito interno para cubrir las necesidades de financiamiento, después del pago de los servicios de la deuda pública en moneda nacional y extranjera; en el IV trimestre '91 se utilizaron $ 249 millones promedio mensual y, en el mes de abril, $ 919 millones, la mayoría en colocaciones de corto plazo. Los elementos reflejados en la evolución de la Tesorería, –importancia significativa del producido de las privatizaciones en el resultado operativo, recaudación tributaria sustentada en el nivel de actividad, reducción del gasto en personal y aumento del endeudamiento interno– constituyen limites, cada vez más cercanos, respecto del compromiso de transferencias que determina el Brady, en tanto el Gobierno continúe con la decisión de hacer recaer el mayor peso del ajuste sobre los sectores populares, sin afectar los intereses de los consorcios locales ni con presión tributaria, ni por el recorte del gasto.

Cobrar impuestos al consumo, cesantear personal, rematar activos públicos y endeudarse

internamente conforma una inviabilidad técnica de las exigencias de ajuste requeridas por el Brady, pero también, su superación, una colisión política con una de las facciones dominantes de la Argentina.

Situación Tributaria (Evolución de la recaudación (cifras citadas en moneda constante de 1992)

Se advierte, sin lugar a dudas, un crecimiento sostenido de la recaudación total, acentuado en

el transcurso de 1992, pasando de $ 2.419 millones, en diciembre '91, a $ 2.643 millones promedio mensual en el trimestre enero/marzo '92 para alcanzar $ 2.781 millones en abril, conforme se puede apreciar en el Cuadro Nº 7 de "Evolución de los recursos tributarios".

Esta suba se explica, prácticamente en su totalidad, por el fuerte incremento de la recaudación

del IVA, pasando de $ 645 millones en diciembre '91 a $ 1.089 millones en abril '92, lo que supone un 69% de aumento, confluyendo en este efecto el nuevo régimen de facturación y la alícuota 2 puntos mayor en abril –de 16% a 18%. En virtud de estas cifras, cabe enfocar la cuestión tributaria sobre tres aspectos: la fuerte dependencia de la recaudación del nivel de actividad interno–, la regresividad de la presión tributaria y el vínculo de los aspectos precedentes con las pautas comprometidas en el Crédito de Facilidades Extendidas.

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Cuadro Nº 7. Evolución de los Recursos Tributarios

En millones de pesos - Valores constantes -

1991 1992

Concepto DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.

I. Coparticipados

1179.3

1308.3

1240.1

1245

1436.1

- Ganancias 98.7 127.6 153.9 98.1 109.7 - Activos Copartic. 11.8 53.8 46.2 43.4 40.1 - I.V.A. 573.9 682 644.2 801.9 969.1 - Internos 206 175.5 161.3 183 198.1 - Débitos 162 198.7 173.7 63.1 58.4 - Serv. Financieros 5.9 13 10 8.8 0 - Present. Espontánea 107.9 42.3 38.1 37.8 37.9 - Otros Coparticipados 13.1 15.4 12.7 8.9 22.8 II. No Coparticipados 131.2 134.9 115.6 233.7 172.8 - Sellos 26.8 32 19.8 26.8 32.3 - Der. Importación 76.5 73.6 69.7 170.6 106.3 - Der. Exportación 0.9 1.3 1.6 1.6 2.2 - Tasa Estadística 27 25 24.5 34.7 32 - Com. Exter. S/Discr. 0 3 0 0 0 Total Rec. Adm. Central 1310.5 1443.2 1355.7 1478.7 1608.9 III. Asig. Específica 414 437,8 363.6 347.6 369.7 - Combustibles 165.8 230.4 180.3 187.8 200.8 - IVA p/Seg. Soc. 70.9 84.3 79.6 99.1 119.8 - Activos (Educación) 55.3 51.4 44.8 41.7 38.7 - Divisas (Educación) 0.2 0.2 0 0 0 - Bienes Personales 3.2 2.9 2.7 2.9 0 - Varios p/Tesoro 89.6 53 49.5 9.3 0 - Varios p/Pcias. 15.5 9.6 1.3 0.2 0 - Varios p/Ctas. Espec. 13.5 6 5.4 6.6 0 - Ganancias (Pcias) 0 0 0 0 0 - Otros (1) 0 0 0 0 10.4 Total 1724.5 1881 1719.3 1826.3 1978.6 Total D.G.I. 1678.7 1778.2 1623.5 1619.4 1838.1 Total Aduana 108.1 102.9 95.8 207 140.5 Ap. y Contr. Seg. Soc. 575.9 818.7 613.9 654,9 674.5 PAMI Y ANSSAL 119 167.5 125.9 121.6 127.6 Recursos Totales 2419.4 2867.2 2459.1 2602.8 2780.7

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

Estructura Tributaria: exigencias y equidad del ajuste (cifras en millones de pesos constantes de abril '92)

Los Cuadros 8A y 8B reflejan en forma elocuente las tendencias señaladas acerca de la

significatividad de los impuestos al consumo y transacciones internas respecto de la recaudación –76% de la impositiva y 53% de la total– y la regresividad inherente a un esquema de estas características, acentuada en relación a la década del '80, tal como lo muestra el Cuadro 8C (definido el sesgo de la estructura de recaudación del corriente año, Cuadros 8A y 8B, se la compara con otros períodos de la Argentina en el Cuadro 8C).

El interrogante aparece sobre el tercer planteo que acompaña las tendencias señaladas, es

decir, si es posible sostener y aumentarla recaudación profundizando la estructura precedente,

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habida cuenta de que los montos percibidos por el Fisco se encuentran todavía por debajo de los comprometidos con el FMI. En efecto, la meta de ingresos fiscales es de $ 3.000 millones mensuales, ubicándose la recaudación del primer cuatrimestre del año en tomo de $ 2.650 millones, un 12% por debajo.

Cuadro Nº 8A. Estructura de la Recaudación Tributaria durante el Corriente Año. Período ene/abr '92

Importe de recaudac.

% s/recaudac. Tributaria

Renta

521

7

Ganancias 489

Servicios Financieros 32

Patrimonio 369 5

Activos 360

Bienes Personales 9

Consumo y Transacciones 5.602 76

I.V.A. 3.480

Internos 718

Sellos 111

Débitos Bancarios 494

Combustibles 799

Comercio Exterior 546 7

Derechos de Importación 420

Derechos de Exportación 7

T. Estadística 116

Otros 3

Otros 367 5

Regularizac. Tributaria 156

Varios de asig. espec. 211

Total Rec. Tributaria 7.405 100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

Cuadro Nº 8B. Estructura de la Recaudación Tributaria Total, incorpora Seguridad Social. Periodo enero/abril '92

% s/recaudac. total Importe de recaudac.

Renta 521 5

Patrimonio 369 3

Consumo y Transacciones 5.602 53

Comercio Exterior 546 5

Otros 367 3

Seguridad Social 3.305 31

Totales 10.710 100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda

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Cuadro Nº 8C. Estructura de la Recaudación

en % 1980 1985 1990 ene/abr '92

Renta 8 6 5 5

Patrimonio 4 3 6 3

Consumo y Transacciones 46 47 47 53

Comercio Exterior 11 17 11 5

Otros - 1 1 3

Seguridad Social 31 26 30 31

100 100 100 100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Hacienda.

Reforma Tributaria Reciente En este marco, profundizar el actual esquema de recaudación presenta dificultades vinculadas

con la continuidad del actual nivel de actividad económica; con los límites en el aumento de los ingresos por caída de la evasión impositiva, con la reforma del sistema de seguridad social –previsional y obras sociales–, que plantea reemplazarlos aportes patronales por otros tributos, y la elevada alícuota del Impuesto al Valor Agregado –18%–, que torna virtualmente imposible aumentar aun más las cargas fiscales sobre las transacciones internas.

En función de las restricciones precitadas, resulta importante evaluarlas medidas tributarias

que ha adoptado el Gobierno –o intentado llevar a la práctica sin éxito–, en lo que va del año y que se pueden sintetizar en tres ejes: avanzar paulatinamente en la captación de renta concreta, simplificar el sistema impositivo y consolidar el Impuesto al Valor Agregado y reducir, a través de una combinación de mecanismos represivos y disuasivos, la evasión fiscal.

En el primero de los ítems, el Gobierno tropezó con la resistencia más tenaz; debió retirar del

Parlamento los proyectos de implantación del Impuesto al Excedente Primario de las Empresas (IEPE) y el Impuesto a las Ganancias Distribuidas, dispuestas y consumidas (IGDDC). Ambos tributos incidían sobre renta efectivamente percibida, determinada en forma presunta. El IEPE tenía por objeto gravar el valor agregado no salarial de las empresas, en tanto que el IGDDC recaía sobre toda salida de fondos del ente que no estuviera vinculada a su explotación específica.

Esta reforma intentaba evitar la elusión fiscal del Impuesto a las Ganancias, mediante el uso de

los artilugios contables que licuaban la base imponible, ejemplo elocuente de esta afirmación son los U$S 20.000 de quebrantos impositivos acumulados a fin de 1991, cuya compensación pendiente reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias en U$S 800 millones anuales.

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La resistencia de los sectores capital intensivos –más afectados por el IEPE–, grupos exportadores y agro esencialmente, concluyó con este intento. Finalmente, se concretó una reforma asentada en:

a) Aumento y unificación de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, del 20% al 30% para las

sociedades, continuando con el principio de renta contable devengada, origen de la exigua base imponible determinada hasta el presente.

b) Incorporación del principio de tributación sobre renta y patrimonio mundial, agregando a la base

imponible los bienes y ganancias en el extranjero de los residentes en el país.

c) Suspensión del mecanismo de compensación de quebrantos de ejercicios anteriores. La deuda acumulada en la actualidad por casi dos mil empresas, de U$S 20.0OO millones, se pagará con BOCON a 16 años, previa verificación de los cálculos por la DGI, lo que hace inferir que numerosas empresas no se presentaron a cobrar su crédito fiscal.

d) Eliminación del "ajuste por inflación" en la determinación de la ganancia impositiva, medio por

el que se espera suprimir las distorsiones en su cálculo, que tendían a licuarla.

e) Se mantiene una fuerte presión sobre la renta del trabajo, al fijar el mínimo no imponible de una familia tipo de $ 1.200 mensuales.

f) Se prorroga el Impuesto a los Activos hasta el año 2000.

En definitiva, se sostiene el esquema tributario previo a la reforma, acotando las posibilidades

de erosionar la base imponible, acentuando la presión tributaria sobre la renta personal y del trabajo. Al haberse abortado la implantación del IEPE y del IGDDC, continúa sin aparecer un mecanismo de captación significativa de renta por el Estado. En tanto sea el contribuyente el que informe su propia ganancia, ésta será siempre susceptible de distorsiones, la aplicación de criterios tributarios sobre renta presunta por actividad tiende a suprimir estas distorsiones. Aunque imperfectos, el IEPE y el IGDDC constituían avances en ese sentido.

Los otros elementos a tener en cuenta incluyen la elevación de alícuota del IVA en un 2% –de

16 a 18%–, rebajando la del Impuesto a los Activos –del 2 al 1%– y la supresión del Impuesto a los Débitos Bancarios, profundizando la regresividad del sistema impositivo, a lo que agrega el intento de utilizar el Impuesto al Valor Agregado como parte de la estrategia antiinflacionaria al inducir una suba de precios –por el traslado del tributo– que no pueda ser absorbida por el mercado y termine recayendo en los empresarios.

Por último, el nuevo régimen de facturación, la ampliación de las facultades represivas de la

DGI y su recientemente dinámico accionar –casi 70.000 operativos en el transcurso del año– acompañado de la amnistía fiscal para la exteriorización de capitales en el país y en el extranjero y bienes en el exterior –en tanto se realice un depósito bancario de los fondos para ser aplicados en proyectos productivos–, conforman un conjunto de medidas a través de las cuales el Gobierno espera elevar la recaudación por blanqueo de transacciones y activos.

Con la entrada en vigencia de las medidas reseñadas, el Gobierno aspira a elevar la

recaudación en un promedio cercano a los U$S 250 millones mensuales.

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Reducción del Gasto Privatizaciones

El Gobierno exhibe un sensible retraso en el cumplimiento del autoimpuesto "cronograma de

privatizaciones", debido a tres factores: retracción de compradores, reticencia de los inversores a ofertar sin previa sanción parlamentaria de los denominados "marcos regulatorios" de cada actividad y tendencia a la desaparición del negocio financiero de la capitalización de la deuda, al ingresar la Argentina al "Plan Brady".

La oferta masiva de activos públicos a nivel mundial, el menor atractivo como negocio –

excepto las áreas petroleras– de las empresas argentinas a remate y los cambios en los métodos de compra han determinado un retraso promedio de un cuatrimestre en la ejecución del "Cronograma de Privatizaciones". El cuadro general del proceso privatizador incluye, respecto de los ferrocarriles. las siguientes adjudicaciones:

• El corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca al grupo Techint.

• Delta-Borghi al grupo Soldati.

• El FFCC Mitre, de 5.011 km, resulta un buen ejemplo del negocio que se realiza. Se entrega a un

consorcio liderado por Aceitera General Deheza, en concesión por treinta años, por los cuales le pagará al Estado, durante los primeros quince años, U$S 49,1 millones –U$S 273.000 mensuales– y percibirá, sólo por el transporte de pasajeros, U$S 148 millones –U$S 822.000 mensuales–, incorporará 1.800 personas de las actuales 7.000. La empresa aceitera exportó –desde puertos propios sobre el Paraná– un millón de toneladas de productos agrícolas transportados mayoritariamente por el FFCC Mitre.

• El FFCC Urquiza y el FFCC Roca sólo tuvieron un aspirante interesado, Pescarmona y Fortabat

respectivamente, en tanto que el transporte urbano de pasajeros –FEMESA– requiere de un subsidio de U$S 70 millones anuales –15% del gasto total– para viabilizar su adjudicación.

En el caso de la energía eléctrica, la situación aparece como mucho más compleja, porque

origina la desarticulación del suministro eléctrico al conjunto del país, aspecto que se visualiza con claridad en la empresa Agua y Energía. Esta última es una empresa extendida en todo el país y se encarga de una diversidad de tareas que pueden verse seriamente afectadas por su desguace. El ente se ocupa de la generación, la transmisión, la distribución, de obras de ingeniería y de los sistemas de riego en las provincias más áridas –Chubut, Río Negro, La Rioja y Santiago del Estero. Los ejes del desmembramiento incluyen:

• La provincialización de los sistemas de riego y las redes de distribución por las que la empresa

abastece a las jurisdicciones provinciales –Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.

• Vender separadamente las centrales y las redes de transmisión que no se traspasen a las provincias. Las centrales ofrecidas son "Alto Valle" –la más atractiva comercialmente, y es bueno recordar que el interventor de AA.yEE. Arnoldo Gusanti, es dueño de la productora de manzanas "Tres Ases"–, "Güemes" de Salta, "Sorrento" de Rosario, "San Nicolás" de Rosario, "Los Nihuiles" –Luján de Cuyo– "Cruz de Piedra" de Mendoza.

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En el caso de Segba, se ha adjudicado el 40% de la generación de energía de la empresa en la

venta de las centrales de Nuevo Puerto y Puerto Nuevo en U$S 92,5 millones al grupo chileno Chugener y Chilectra, que adquirió el 60% del paquete accionario, reteniendo el 30% el Estado y el 10% a través del programa de propiedad participada a los trabajadores de la empresa. El pago se hizo en efectivo. El 60% restante de la generación de energía se transferirá a fines de mayo al adjudicar la Central Costanera y veinte usinas menores.

Situación más compleja es la que presenta la venta de las centrales hidroeléctricas en poder de

Hidronor, que debe sortear para su venta las deudas con las provincias de Neuquén y Río Negro por U$S 300 millones y con el BID de U$S 1.000 millones. La venta de las centrales por separado –tal como plantea el Ministerio de Economía en detrimento de las opiniones técnicas– desarticularía el complejo hidroeléctrico montado sobre el Río Limay a un costo de U$S 3.000 millones. Acerca de esta última cifra también es necesario observar su incidencia en el precio de venta final de las centrales, abriéndose además incertidumbre sobre la conclusión de las obras en curso –Piedra del Aguila y Picún Leufú.

En el caso de Gas del Estado, se prevé la división de la empresa en ocho escisiones como paso

previo a la venta. En los servicios de energía y transportes se observa una característica común, el

desmembramiento de las empresas para facilitar su venta. Esta prioridad, que apunta a vincular, en el caso de los transportes y energía, el activo en venta con un negocio concreto del comprador, tiende a producir la desarticulación absoluta de la prestación del servicio al conjunto del país. En efecto, la venta por separado de las centrales eléctricas, la provincialización de ciertos servicios como el riego, el subsidio estatal al transporte ferroviario de pasajeros, o su directa supresión, no garantizan el suministro de energía eléctrica adecuado a todas las regiones del país ni el desplazamiento de sus habitantes –en el Conurbano se desplazan por ferrocarril diariamente 400.000 personas.

En la actual etapa, el proceso privatizador asume características de grave fermentación en las

empresas a vender y que se refleja en las unidades geoeconómicas regionales y nacionales, estructuradas en torno del sector público de la economía. Fragmentación que se liga a intereses de grupos empresarios trasnacionales, lo cual además de ser exclusivamente rentístico, coloca a la Argentina ni siquiera en el primer lugar en sus prioridades de inversión o negocios.

Los desequilibrios internos, que introduce esta fragmentación de las empresas públicas para

facilitar su venta, se ven potenciados por las alternativas de inserción internacional, particularmente el Mercosur. Este cuadro se agudiza con el desmantelamiento del complejo militarindustrial, materializado en la privatización de las empresas de defensa –siderurgia, petroquímica, astilleros, etc.– y la dilapidación de las reservas petroleras, temas que, en su especificidad, serán tratados exhaustivamente en el próximo número del presente informe.

Semejante costo colisiona con los beneficios de este tramo del proceso privatizador, excepto

por la obtención inmediata de fondos líquidos. En principio aparece como dificultosa la reducción de volúmenes relevantes del stock de

deuda externa, tal como ocurrió con Entel a través del mecanismo de capitalización.

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El ingreso de la Argentina al Plan Brady genera una revaluación de los títulos de deuda, que

elimina la ganancia derivada de canjearlos por acciones de empresas públicas de mayor valor. Esto ha sido convalidado por el Gobierno al modificar el modo de determinación del precio de los entes a vender. Para el mismo, se fijará un valor mínimo a abonar en efectivo y el resto en bonos de la deuda externa –Bonos de Descuento, Bonos a la par, Bonex y otros– y el Bono de Consolidación –BOCON– de la deuda interna, resultando adjudicado el que más títulos ofrezca.

Esta prioridad por el cobro en efectivo, sumada a la desaparición del negocio financiero de la

capitalización, inducen fuertemente a la baja del precio de venta y explican el acentuado desguace de las empresas de servicios esenciales como luz, gas, agua y transporte.

El Interrogante es si los fondos líquidos a obtener por las privatizaciones –U$S 2.400

millones, de acuerdo con lo proyectado por el Gobierno en el lapso 92 /93– justifican semejante desmantelamiento de los servicios esenciales del país con su impacto en la estructura económica, dado que, además, los procesos previos de equilibrio financiero para su traspaso –recomposición de tarifas, depuración de pasivos y racionalización de personal– deben ser costeados por el Estado.

En este tramo del esquema privatizador, las urgencias del pago de la deuda confluyen

nítidamente con las concesiones al sector empresarial. Es lo único que explica la rápida entrega de empresas equilibradas por poca plata. Lo que resulta inexplicable es la magnitud del desmantelamiento para resolver un problema coyuntural, que agiganta las incertidumbres sobre la etapa posprivatizaciones.

El ingreso al Brady, en definitiva, fuerza este cambio en el rumbo del desguace del Estado, sobre todo porque el stock de capital se encuentra garantizado, y lo que importa es el nivel de transferencias líquidas.

El Ajuste Provincial

El avance del ajuste en las provincias, a marcha forzada por el Gobierno, mediante el simple

expediente del traspaso de servicios, comienza a delinear un nuevo mapa económico en el país, trazado por la línea divisoria que separa aquellos estados provinciales capaces de autofinanciarse de los que no pueden superar estos desequilibrios. Los primeros podrán suministrar salud, educación, seguridad social y hasta servicios esenciales en trámite de provincialización –agua, luz, etc..–, los restantes sufrirán un creciente deterioro en esas prestaciones.

La división comienza a exteriorizarse en un trazado genérico, entre el Norte y el Sur del país.

Las más perjudicadas resultan las provincias situadas al norte de un eje definido por Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, respecto de las más equilibradas al sur del mencionado eje.

La eliminación de los organismos reguladores de las producciones regionales, la evasión fiscal

de los tributos jurisdiccionales, el empleo como una fuente de ocupación –Creció de 750.000 personas en 1983 a 1.100.000 en 1991–, la crisis financiera y patrimonial de los bancos oficiales de provincia y la ausencia de inversión –excepto la engañosa promoción industrial– en actividades con retorno productivo, diseñan un cuadro de debilidad extrema de los estados provinciales, que es utilizado por el poder central para inducir el ajuste.

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En este marco general, algunas provincias se posicionaron mejor que otras ayudadas, antes que por mejores administraciones, por la disponibilidad de recursos naturales de disposición inmediata –concretamente energéticos y minerales– que facilitaron su reestructuración. No es el caso de aquellas sustentadas en economías regionales monoproductivas, ligadas al mercado interno. Esto explica la divisoria antes comentada.

Cabe mencionar, no obstante, que si bien la lógica del ajuste tiende a abandonar a cada

jurisdicción a su suerte, es real el aumento de los fondos coparticipados al interior del país. La última reforma tributaria lo definió en las siguientes proporciones de distribución de la recaudación de impuestos nacionales: 10% al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, 4% a las provincias con necesidades básicas insatisfechas –excepto Buenos Aires–; 2% cuenta especial para catástrofes o emergencias y 84% de coparticipación, de ellos 42% recibe la Nación y el 58% las provincias en los porcentajes que se detallan en el Cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 9

Buenos Aires 22,00%

Catamarca 2,76%

Córdoba 8,90%

Corrientes 3,72%

Chaco 5,00%

Chubut 1,58%

Entre Rios 4,89%

Formosa 3,65%

Jujuy 2,84%

La Pampa 1,88%

La Rioja 2,08%

Mendoza 4,18%

Misiones 3,31%

Neuquén 1,74%

Río Negro 2,53%

Salta 3,84%

San Juan 3,39%

San Luis 2,29%

Santa Cruz 1,58%

Santa Fe 8,95%

Sgo. del Estero 4,14%

Tucumán 4,76%

Los desequilibrios entre las provincias, producto del ajuste, impactarán también en la estructura demográfica del país, provocando migraciones internas. Por otra parte, la apropiación de recursos para políticas sociales en el Conurbano bonaerense –U$S 190 millones–, actúa sobre el problema más agudo del primer estado argentino, que administra un presupuesto anual de U$S 4.200 millones, de los cuales destina cerca de U$S 3.600 millones –86%– a gastos en personal. La puesta a disponibilidad de los 300.000 empleados públicos provinciales, como primer paso de su racionalización, el paulatino saneamiento del Banco Provincia, tanto en su deuda externa como con

46

el sector público provincial, y los fondos sociales antes citados, equilibran la posición del principal distrito electoral del país.

Racionalización del Personal

A fines de 1989, el personal ocupado en el Estado Nacional, incluyendo empresas, oscilaba en

874.000 agentes. Desde el inicio del proceso de racionalización en 1990 hasta el presente, se ha operado una reducción de casi 315.000 personas, tal como lo refleja el Cuadro Nº 10.

Cuadro Nº 10. Racionalización del Estado

Organismo Año 89 Año '2*

Tribunal de Cuentas 833 811

Presidencia 13.253 20.194

Interior 38.114 36.296

Relaciones Exteriores 3.082 3.105

Justicia - 10.199

Defensa 67.143 54.275

Economía 33.655 182.926

Educación 357.587 222.611

Trabajo 9.168 6.144

Bienestar Social 48.732 22.036

Obras y Servicios Públicos 302.615 -

Total 874.182 558.597

Datos estimativos a abril del '92.

Fuente: Secretaría de la Función Pública.

El Gobierno todavía aspira a disminuir la planta en alrededor de 260.000 personas más por medio de privatizaciones, pases a las provincias y retiros voluntarios. No sólo las provincias expulsan trabajadores.

LA SITUACION MONETARIA Y FINANCIERA Política Monetaria

El esquema monetario de la convertibilidad se desenvuelve con una solidez creciente tal como

lo reflejan los Cuadros Nº 11A, 11B y 11C.

47

Cuadro Nº 11A. Agregados Monetarios

En millones de pesos

Periodo Base

Monetaria

Billetes

Monedas

Depósitos

a la Vista

Ml Caja de

Ahorro

Depósitos

Plazo Fijo

M2

1991

Abr. 4,921 2,593 1,769 4,363 1,463 2,324 8,150

May. 5,235 2,944 1,937 4,882 1,636 2,153 8,672

Jun. 5,581 3,182 2.304 5,487 1,853 2,279 9,620

Jul. 6,037 3,626 2,071 5,697 1,531 2,285 9.514

Ago. 6,137 3,600 2,237 5,837 1,592 2,568 9,998

Set. 6,213 3,731 2,418 6,150 1,632 2,671 10,454

Oct. 6,669 3,934 2,523 6,457 1,725 2,792 10,975

Nov. 7,006 4,103 2,633 6,736 1,722 3,085 11,543

Die. 7,608 4,685 3,129 7,814 1,833 3,081 12,729

1992

Ene. 8,141 5,019 3,316 8,335 1,970 3,092 13,397

Feb. 8,473 4,915 3,219 8,134 1,985 3,265 13,384

Mar. 8,496 4,943 3,461 8,403 2,083 3,546 14,031

Abr. 8,481 5.138 3,680 8,818 1,875 3,787 14.480

Fuente: elaboración propia en base a datos del diario Ambito Financiero.

Cuadro Nº 11B. Reservas del B.C.R.A.

(En millones de U$S) -A valores de mercado-

Período Total Ley Líquidas Bonex

1991

Abr. 4,906.2 3,975.7 466.1

May. 5,498.1 4,561.2 712.9

Jun. 5,616.2 4,874.3 245.9

Jul. 6,014.4 5,026.5 445.3

Ago. 6,140.1 4,781.6 672.5

Set. 6,226.0 4,901.9 605.4

Oct. 6,726.5 6,157.4 569.1

Nov. 7,220.8 6,806.8 414.0

Die. 7,564.6 7,564.6 -

1992

Ene. 7,992.5 7,992.5 -

Feb. 8,299.6 7,751.7 547.9

Mar. 8,028.4 8,028.4 -

Fuente: elaboración propia en base a datos de Tendencias Económicas.

48

Cuadro Nº 11C. Cobertura de los Agregados Monetarios con Reservas Líquidas. (En porcentajes).

Período Base Monetaria Ml M2

1991 % % %

Abr. 80.8 91.1 48.8

May. 87.1 93.4 52.6

Jun. 87.3 88.8 50.7

Jul. 83.3 88.2 52.8

Ag. 77.9 81.9 47.8

Set. 78.9 79.7 46.9

Oct. 92.3 95.4 56.1

Nov. 97.2 101.1 59.0

Dic. 99.4 96.8 59.4

1992

Ene. 98.2 95.9 59.7

Feb. 91.5 95.3 57.9

Mar. 94.5 95.5 57.2

Fuente: elaboración propia en base a datos del diario Ámbito Financiero.

Esta mejora, tanto en la composición de reservas como en la cobertura de los agregados monetarios, respecto de los inicios del Plan de Convertibilidad, tiene sustento en buena medida en la utilización del Banco Nación como soporte de una política monetaria que, en los hechos, sortea el rígido esquema de la paridad de conversión. En la práctica, durante el trimestre enero/ marzo '92, alrededor del 47% de los dólares comprados por el BCRA son vendidos por el Banco Nación. Este último recurre a dos fuentes de divisas: las acumuladas en la cuenta del Sistema de Seguridad Social, producto del giro del 30% de las privatizaciones, las cuales se venden para financiar los desequilibrios del sistema y no se reponen, y las provenientes de sus depósitos en dólares. De este modo, se cubren "baches" fiscales del sector que provengan –provincias, empresas, seguridad social, etc.– y el BCRA puede realizar una política monetaria expansiva muy superior a la real oferta de divisas del sector privado. Las reservas, en consecuencia, se acumulan en buena medida con endeudamiento interno, lo que obtura cualquier intento de desmantelar al Banco Nación.

Otro factor importante a considerar es que el actual nivel de reservas –U$S 8.028,4 millones–

facilita la posibilidad de utilizar una porción de ellas –no superior al 10% del oro y reservas en activos externos– para cancelar vencimientos. Esto se observó en febrero de 1992. cuando se rescata el remanente de los Bonex '82 por U$S 385 millones y disminuyen las reservas líquidas en U$S 240 millones, aumentando la composición de Bonex en U$S 548 millones.

49

Mercado Financiero En el mercado financiero se pueden apreciar tres movimientos:

a) Fuerte aumento de los depósitos en moneda extranjera, en forma creciente desde el inicio del Plan de Convertibilidad, representando al mes de abril el *% de la totalidad de los recursos prestables en poder del sistema financiero sustitucional. El Cuadro Nº 12 refleja la evolución de los depósitos en moneda extranjera.

b) Tendencia a consolidar la participación relativa de los depósitos a la vista y en Caja de Ahorro

respecto de las imposiciones a plazo fijo. En el segmento de intermediación de recursos en moneda local, pasaron de representar el 58% del total, en abril '91, al 60% en abril '92, en el de moneda extranjera a su vez crecieron del 23% del total al 29% en iguales períodos. Esta nueva mezcla de recursos financieros impulsa la reducción de la tasa pasiva y disminuye el cortoplacismo del sistema, dado que las colocaciones en caja de ahorro y cuenta corriente son estables y periódicas en promedio.

c) La concentración de los depósitos se realiza por sector de propiedad de los bancos y segmento

de intermediación de recursos. Los bancos públicos reúnen el 57% de los recursos en moneda local y los privados el 62% de las colocaciones en moneda extranjera, de acuerdo con el Cuadro Nº 13.

En síntesis, se observa una política monetaria expansiva asentada en el endeudamiento interno,

dolarización creciente del sector financiero, y concentración de depósitos en moneda extranjera en los bancos privados, y captación de recursos más baratos que ha mejorado el "spread" de los bancos en la medida en que no se advierten disminuciones de la tasa activa.

Cuadro Nº 12. Evolución de Depósitos en Moneda Extranjera

(En millones de dólares)

Mes Depósitos Totales Cuentas a la Vista Caja de Ahorro Plazo Fijo

1991

Abr. 2,710 402 234 2,074 May. 3,008 407 290 2.311 Jun. 3,277 430 366 2,481 Jul. 3,370 404 429 2,537 Ag. 3,616 385 548 2,683 Set. 3,986 472 613 2.901 Oct. 4,330 524 666 3,140 Nov. 4.484 481 730 3,273 Dic. 4.610 518 819 3,273

1992 Ene. 6.952 750 1.226 4,976 Feb. 7,372 735 1,290 5,347 Mar. 7.809 851 1518 5440 Abr. 8.154 858 1488 5808

En el lapso abril '91/abril '92 la suba fue de U$S 5.444 millones.

Fuente: elaboración propia en base a datos del diario Ambito Financiero.

50

Cuadro Nº 13. Participación en el Total de Carteras. (Datos al 31 de enero 1992)

Banco

Depósitos Moneda Nac+Ext

Depósitos Moneda Nacional

Depósitos Moneda

Extranjera

Total

18.411.305

9.098.344

9.312.961

Bancos Oficiales 8.682.441 5.164.291 3.518.150

% sobre total 47 57 38

Bancos Privados 9.728.864 3.934.053 5.794.811

% sobre total 53 43 62 (*) Debe tenerse en cuenta que algunas cifras de Bancos Oficiales están subdimensionadas debido a que la información de los mismos tiene un

considerable atraso. Por ejemplo: Banco Hipotecario Nacional 30. 11.91: C.N.A.S. 30.09.91; BANADE 28.02.91; BANCO NACION 30.11.91.

Fuente: CEFIM.

Mercado de Capitales

La evolución fuertemente expansiva del mercado de capitales abre dos planteos sobre éste: la captación de fondos provenientes del exterior y la consolidación como fuente de financiamiento de largo plazo.

En el primer tema, surge obligadamente el informe de la banca de inversión estadounidense

Salomon Brothers –difundido en el Suplemento Económico de Página 12, "Cash", en una nota elaborada por Marcelo Slotowiazda el 12/4/92–, en él se señalan algunas precisiones como la extraordinaria entrada de capitales del exterior en América Latina durante 1991, correspondiendo a la Argentina la suma de U$S 5.1OO millones –13% de total– de acuerdo con el Cuadro Nº 14.

De dicho ingreso, U$S 1.377 millones –27%– correspondieron a préstamos financieros, U$S

746 millones –15%– a colocaciones de instrumentos financieros, U$S 1.379 millones –27%– a privatizaciones y U$S 1.598 millones –31%– a diversas inversiones directas, conforme a lo detallado en el Cuadro Nº 15.

Cuadro Nº 14. Entrada de Capitales del Exterior; 1989-1991

(En millones de dólares) Año 1989 1990 1991

Argentina 1.400 522 5.100

Brasil 150 406 11.626

Chile 1.150 2.045 1.669

México 703 8.395 16.073

Venezuela 1.020 1.843 4.797

Resto de la región 577 175 829

Total

5.000

13.386

40.094

Fuente: Suplemento Económico Página 12 "Cash" 12/4/92.

51

Cuadro Nº 15. Dinero Fresco

1991 Monto (Mil.U$S) Banco Agente

1) Préstamos

a) Bonos

Massuh 25 n.d.

Candipsa 25 Citibank

IBM 20 Credit Suisse/First Boston

República Argentina 300 JP Morgan

Siderca 50 Lehman Brothers

Banco Galicia 75 Chase

República Argentina 200 Credit Suisse/First Boston

Pérez Companc 100 Chase

IBM 50 Citibank/Merrill Lynch

PASA 25 Merrill Lynch/ B. Francés

Ipako y Acíndar 200 n. d. n. d.

Emisiones por menos

de 20 mill. U$S, total 34

b) Eurocertificados

Banco Rio 75 Citibank

Banco Río 100 Chase

c) Líneas bancarias

Astra 30 CFI

Astra 68 CFI

2) Inv. de Portafolio

a) Fondos de inversión

Argentinien Investment 50 Latin American Management

Argentina Fund 60 Scudder, Stevens & Clark

b) Adra

Telefónica 636 Merrill Lynch

3) Inversiones Directas

a) Privatizaciones

Austral 20 Iberia y Pescarmona

YPF - Arcas centrales - 812 Rio Bank International

ENTEL 288 JP Morgan

YPF - Secundarias - 201 n.d.

Operaciones por menos

de 20 mil. U$S, total 58

b) Otras

Massuh 40 Continental Bank

Telefónica 200

Resto de inversiones 714

4) Otras inversiones directas 644

TOTAL 5.100

Fuente: Suplemento Económico Página 12 "Cash", 12/4/92.

52

Los analistas coinciden en que las principales causas de este flujo de capitales obedece en el plano externo a la caída pronunciada de la tasa de interés internacional y, en lo interno, a la reforma estructural acometida por los países receptores. En la Argentina, el grueso de la entrada de capitales se vincula con el proceso privatizador, tanto los de ingreso directo como los recibidos por asistencia crediticia, destinados a afrontar los compromisos de inversión que exige la compra de empresas estatales. Es notorio el endeudamiento del grupo Pérez Companc por U$S 274 millones (es de esperar que luego no lo transfiera al Estado nuevamente).

El otro factor importante a tener presente es la revaluación de los activos físicos, producto del

fin de la valorización financiera. Este "efecto riqueza", originado en las denominadas ganancias por tenencia de bienes, se verifica en los "boom" bursátil e inmobiliario.

El informe de la banca Salomon Brothers refiere al aumento del valor de mercado en dólares

de las empresas latinoamericanas con el cuadro que sigue.

Cuadro Nº 16. El Boom Bursátil. Valor de Mercado en Empresas a Fin de Cada Año

–en millones de dólares–

1989 1990 1991

Argentina

4.225

3.268

14.000

Brasil 44.368 16.354 46.000

Chile 9.587 13.645 19.000

México 31.905 32.725 84.989

Venezuela 1.472 8.361 8.700

TOTAL

91.557

74.353

172.689

Fuente: Suplemento Económico de Página 12 "Cash", 12/4/92.

A su vez, el valor de la propiedad inmueble en 1991 registró un aumento promedio del 60% en dólares respecto del año anterior, impactando éste también en el nivel de los alquileres –renta inmobiliaria.

Este relevante ingreso de capitales –como el aumento de los depósitos en moneda extranjera–

en la Argentina se orientó masivamente hacia la compra de activos físicos estatales y privados devaluados, originándose un "efecto riqueza" en dólares en beneficio de sus adquirentes por su revaluación. En definitiva, el elevado rendimiento en moneda dura, medido en relación con los márgenes internacionales, vuelve a ser decisivo –al igual que con la valorización financiera– en la afluencia de capitales.

Si bien las colocaciones se realizan en activos físicos, lo que le otorga cierto carácter

productivo y sustenta el actual proceso de reactivación económica, no ha aparecido la inversión empresaria de carácter estratégico en el crédito de largo plazo para la producción. A esto se suma que este ingreso de capitales apunta a financiar un nivel de importaciones más vinculado a la política antiinflacionaria y de sostén del consumo interno, que al equipamiento y modernización industrial.

53

Por último, la captación de ahorro interno por el mercado de capitales espera dar un gran salto

a partir de 1993, cuando disponga del mercado cautivo de U$S 3.500 millones, derivado de la reforma del sistema previsional. El esquema de las administrad oras de fondos de previsión facilitará que muchos de los actuales inversores en activos, en vías de revaluación, realicen sus ganancias –hoy devengadas– y egresen sus capitales contra la fuente de fondos de los aportes jubilatorios.

EL RUMBO PRODUCTIVO Tendencias Generales y Precariedad del Corto Plazo

El recorrido por los diversos aspectos de la coyuntura, efectuado en capítulos anteriores,

instala la sensación de que la Argentina es un país a la deriva, excepto por la firme determinación del pago de la deuda externa. La articulación de todas las medidas gubernamentales, en torno de ese fin, genera un vacío de políticas que afirmen a mediano plazo un objetivo estratégico alternativo al ajuste pagador. No obstante, es necesario precisar dos tendencias que se fortalecen en este esquema: la reprimarización general de la actividad productiva y la creciente vulnerabilidad de dicha actividad frente a factores externos, por la referida ausencia de políticas,

Estos rasgos estructurales se encontraban en el modelo agroexportador consolidado a fines del

Siglo XIX, pero con la carencia actual de la homogeneidad de la alianza de los sectores dominantes y de la inserción internacional privilegiada, vigente en aquella época. Es más, si se tiene en cuenta que:

a) Los sectores dominantes, banca acreedora y grupos económicos disputan la oferta de divisas y

agudizan esta disputa en tiempos de crisis externa.

b) La inserción internacional de la Argentina aparece como indefinida, tanto por la inviabilidad de una integración con los EE.UU., como por las dificultades en la constitución del Mercosur.

c) La desestructuración de regiones enteras del país, como resultado del desguace del sector

público.

d) La debilidad actual del sector externo, signada por la caída del superávit comercial: la ausencia de un flujo de capitales del exterior ligado a un proceso de inversión sostenido, sólo a compra de activos devaluados como opción a la baja de la tasa de interés internacional y parte de la acumulación de reservas internacionales, que se financia con endeudamiento en dólares.

e) El desequilibrio externo impacta negativamente sobre el nivel de actividad y éste induce a una

crisis fiscal por caída de la recaudación. Surge un conjunto de factores que contrastan con la declamada solidez del "Plan de

Convertibilidad" y el carácter fundacional que se le pretende otorgar. Este marco relativiza la validez de las cifras sobre el nivel actividad, máxime si se las compara con períodos inmediatamente anteriores.

Reactivación y Producción Industrial

54

En el Cuadro Nº 17A se sintetiza la evolución de la actividad industrial en el primer trimestre del año. En él se advierten tres tendencias en la evolución de la producción: aumento en los bienes de consumo durable, caída de consumo popular y deterioro o estancamiento de los bienes intermedios.

En los apartados se pondera el efecto de la política económica en curso sobre estas

orientaciones.

Cuadro Nº 17A. Evolución de la Actividad Industrial en el Primer Trimestre del Año

Concepto Total 1992 1990 1991 Ene. Feb. Mar.

PRODUCCION INDUSTRIAL

103

111

115

132

117

(BASE 1977=100)

AGROQUIMICA -Ton.

Amoníaco 86.652 86.057 3.958 7.071 7.535

Urca 109.794 108.852 4.546 9.004 9.111

Sulf. de amonio 6.662 8.047 480 546 n.d.

Ácido 2,4 D 3.031 3.399 58 69 150

Ácido 2,4 DB 526 679 0 0 50

-000 litros-

Glifo zato 494 393 49 40 0

Atrazina 190 854 0 49 153

ALUMINIO -Ton.-

Colado 165.607 168.275 13.078 11.968 6.491

Transf. secundaria

(BASE 1979=100) 80 123 115 103 129

ART. P/HOGAR -000 unid-

Heladeras 216,7 420,6 65,2 29,5 59

Lavarropas 180,1 209,6 22,2 18,6 21,4

AUTOMOTRIZ -Total unid- 99.639 138.958 17.689 5.380 18.108

Automóviles 86.937 120.755 14.632 4.544 14.954

Utilit. Livianos 8.049 12.264 2.477 467 2.268

Utilit. Pesados 4.653 5.939 580 369 886

55

Cuadro Nº 17A. Continuación

CEMENTO -000 ton.- 3.673,8 n.d. 390 395 405

CONSTRUCCION -000M2-

Permisos Acordados

Capital Federal 1.084,1 1.785,8 0 185,3 118,7

Hierro redondo -000ton- 199,6 209,2 26,5 28,9 26,9

CONSUMO POPULAR -Ton-

Aceites comest. 3.638.900 2.651.558 134.100 265.000 290.000

Galletitas 138.802 160.000 14.100 12.000 14.500

Jabones 118.084 108.078 9.600 10.000 10.500

Harinas 2.919.719 3.251.500 216.000 234.700 280.000

-000 hIs.-

Vino 17.714 17.051 1.265 1.212 1.445

Cerveza 6.151 7.987 1.077 954 965

Licores 568 726 54 32 63

Gaseosas 10.062 15.764 1.870 1.880 1.600

-000 ton.-

Consumo de carne 2.211,5 2.259,2 202 189 193

Azúcar 732 991 85 90 93

-Mill. paquetes-

Cigarrillos 1.655,5 1725.4 157 142 153

ENERGIA ELECTRICA

-mill. kwh- 47.973 51.083 4.300 3.900 4.200

FARMACEUTICA

(BASE 1984=100)

Vta. de medicamentos 76 85 93 85 108

PETROLEO -000m3- 27.955 28.255 2.437 2.499 n.d.

GAS NATURAL -00Om3- 18.394 18.679 n.d. n.d. n.d.

PAPELERA -000 ton. -

Pasta de papel 739,2 654,2 65,9 58,5 64,3

Papel y cartón 950,6 991,5 87,8 84,7 83,5

PETROQUIMICA -ton.-

Etileno 281.850 256.344 24.587 23.516 23.955

Aromáticos 424.268 348.587 30.967 32.774 38.397

Anhidrido Ftálico 21.541 19.248 1.020 1.658 1.499

56

Cuadro 17A. Continuación

TDI 17.623 16.570 1.521 1.435 1.543

LPG 12.352 13.382 2.291 11.304 1.907

Caucho SBR 56.727 40.028 3.300 3.300 3.400

NEUMATICOS -000 unid.- n.d. n.d. 91,2 85,9 115

PLASTICA -ton. -

Poliestireno 32.274 57.015 5.747 5.466 1.641

Polietileno 225.153 247.594 20.307 14.989 n.d.

P.V.C. 105.788 105.825 8.198 5.988 8.335

Polipropileno 54.803 66.431 5.173 6.210 4.579

QUIMICA -ton. -

Ácido sulfúrico 200.294 236.183 18.644 15.341 19.032

Soda cáustica 211.869 200.469 16.335 14.252 11.920

Cloro utiliz. 160.135 137.991 11.142 8.255 10.534

SIDERURGICA -000 ton-

Hierro Primario 2.900,6 2.322,2 97,1 139,3 185,1

Acero Crudo 3.623,9 2.972 101,5 181,3 215,8

Laminados terminados

en frío 2.802,1 2.562 113,2 139,1 214

Laminados terminados

en caliente 707,8 664,8 47,4 33,9 56,9

TEXTIL -ton-

Fibras Artificiales 2.653 3.198 63 154 n.d.

Fibras sintéticas 48.416 56.728 3.609 4.348 n.d.

Consumo de algodón 132.065 127.900 9.800 8.700 10.100

TRACTORES -unid- 4.868 3.100 311 140 377 Fuente: elaborado en base a datos de "Tendencias Económicas".

57

Cuadro Nº 17B. Producción y Ventas Industriales

Concepto Promedio 12 Meses 1992

1990 1991 ENE. FEB. MAR.

INDICE AJUSTADO DE VENTAS

(BASE 1977=100) 103 117 125 138 119

Alimentos

122

132

149

158

155

Art. para el hogar 27 43 57 44 41

Automotriz 45 65 97 36 98

Cemento 60 75 79 77 81

Energía Eléctrica 177 186 200 202 206

Papelera 165 150 182 174 172

Plástica 296 255 354 262 260

Química 91 116 84 74 72

Siderúrgica 73 84 80 83 88

Tractores 20 15 11 13 19 Fuente: elaborado en base a datos de "Tendencias Económicas”

Mercado Interno: reactivación para pocos Rasgos de la Reactivación

El aumento de la producción automotriz, construcción y artículos para el hogar en general

(véase Cuadro Nº 17B) revela el carácter de la reactivación, consumo de medios y altos ingresos sustentado en: la disponibilidad de crédito de largo plazo en cuotas fijas, a una tasa activa elevada; el desplazamiento del ahorro Interno hacia activos físicos, originado en el bajo rendimiento de los primeros y el revalúo de los segundos: los efectos concretos de la apertura importadora para la contención del nivel de precios de los bienes de consumo durable y en la fuerte concentración de riqueza y elevada capacidad de ahorro, no canalizada hasta el momento por el sistema financiero ni por el mercado de capitales para incrementar la inversión.

El proceso de reactivación descripto, tras un año de creciente dinamismo, comienza a

presentar síntomas de desaceleración, originada por la saturación de un mercado restringido, debido al nivel de ingresos y las características de los bienes demandados y la acentuación de dichas restricciones por el nivel de las importaciones y la caída salarial.

Límites al Consumo Popular

58

Las cifras de la producción de alimentos (véase Cuadro Nº 17B) muestran que el impacto reactivador en estos rubros no alcanzó la magnitud de lo ocurrido en los bienes de consumo durable. Si se parte de una sociedad en la cual un tercio de los habitantes padece de necesidades básicas insatisfechas, el escaso aumento del consumo de alimentos en una fase de reactivación de la economía, indica –reforzando lo descripto en el punto precedente– el acotamiento de los beneficios del mayor nivel de actividad a un círculo de altos ingresos, aspecto que se expresa en la característica de los bienes demandados.

Entre los factores que confluyen para limitar el consumo popular se incluyen la suba de

precios de los productos alimenticios y gastos esenciales –alquileres– por encima del promedio general, dado que el torniquete arancelario no es efectivo para contenerlos, en virtud de las históricas ventajas comparativas de la Argentina en la producción de alimentos; también el deterioro salarial, originado en el virtual congelamiento de las remuneraciones que implicó la "negociación por productividad".

Las cifras que detallan los Cuadros Nº 18, Nº 19, Nº 20 y Nº 21 respaldan las afirmaciones

precedentes. Precisamente, estos cuadros ratifican los movimientos antes señalados, evolución de los precios de alimentos y alquileres por encima del nivel general y retroceso salarial desde el inicio del Plan de Convertibilidad, movimientos que restringen, sin lugar a dudas, el consumo popular.

59

Cuadro Nº 18. Evolución de Productos Alimenticios y Alquileres

Canasta Familiar (Variación porcentual)

Producto 1992

Enero Febrero marzo Abril Dic. '91/Abr. '92 Pan Francés 15.7 14.6

11.1 0.9 1.3 36.3

Facturas 12.5 0.5 -2.5

1 26.8 Arroz 1.8 0.6 -3.2 -9.7 Harina 9.1 25 8.9 0 48.8 Fideos 0 7.1 1.3 3.9 13.3 Asado 5.3 1.3 5.6 -0.3 12.3 Paleta 2.4 1.7 6 0.5 11 Nalga 3.2 2 5.2 0.7 11,7 Cuadril 3.4 1.4 5.4 1.1 11,8 Bife Angosto 3.3 1.9 5.2 0.7 116 Pollo 10.8 -8 4.9 -6.8 -0.2 Filet de Merluza 18.3 1.9 0.3 -4.1 15.9 Jamón Cocido 0.6 1.7 8.8 2.3 14.5 Salame 1.2 1.8 7.1 3 13.6 Salchicha Viena 1 0 3.8 0.9 5.6 Caballa en Aceite 1.9 0 2.4 1.9 2.6 Aceite Mezcla 0.6 0 1.3 1.3 3.3 Leche Entera 0 0 4.5 2.2 6.5 Queso Fresco -3.3 5.5 26.9 16.3 50.5 Manteca 0 1.1 2.2 2.2 5.5 Huevos 0 9.6 21.4 7.2 41.9 Manzana 25 -5.1 -31.9 0.7 -18.5 Naranja 50 42.1 14.8 -19.4 98.6 Banana 9.5 5.8 13.6 9.6 44.2 Duraznos en Almíbar -3.8 -4.5 -4.7 - 1. 1 -13.4 Papa 5.9 0 2.8 -2.7 5.4 Tomate -8.1 25.3 20.2 26.9 75.6 Cebolla 4 1.9 3.8 -3.6 6.8 Lechuga 33.7 4.4 -9.9 -6.3 17.3 Tomates al Natural -2 2.1 0 2 2.5 Arvejas al Natural 2.4 2.4 2.3 2.3 8.5 Azúcar 1.9 0 1.9 0 4.3 Café 0 0 0.7 0.7 1.5 Yerba 0.9 0.9 1.8 2.7 6.1 Gaseosa 2.1 1 1 0 4.4 Soda 2.6 2.5 7.3 2.3 14.2 Vino Común 0 0.8 1.6 3.1 5.9

Alquileres –Variación abr. 91 /abr. 92–: 60.77%. Índice Precios al Consumidor –Variación abr. 91 /abr. 92: 31.89%.

Fuente: elaboración propia en base a datos del diario Clarín.

60

Cuadro Nº 19. Evolución de Salarios Reales Medios Devengados por Sector Actividad - Base Dic. '86= 100

Período Industrial Bcario. Adm. Pública

Empresas Públicas Educativo

Jubilaciones Comercio Construc. Agropec.

Mínima Máxima

Promedio '89 87.4 94.9 147.8 101.3 100.0 75.3 93.1 84.2 69.6 68.2

Promedio '90 80.9 93.3 111.9 74.5 85.7 72.8 66.8 81.2 58.7 75.3

Promedio'91 73.1 74.4 108.6 58.1 77.5 69.0 59.0 73.1 54.7 64.9

1991

Abr. 75.4 78.2 120.5 63.2 86.7 66.9 61.7 75.9 59.2 66.0

May. 75.0 76.1 117.2 61.5 84.4 65.1 60.0 73.9 57.6 64.2

Jun. 74.8 75.0 113.6 59.7 81.7 63.1 58.2 71.6 55.8 64.1

Jul. 79.7 73.1 110.7 58.2 79.7 61.5 56.7 69.7 54.4 63.1

Ago. 74.2 72.1 109.2 57.4 78.6 75.8 58.1 68.8 53.7 62.9

Set. 73.6 70.8 107.3 56.4 77.2 74.4 57.1 67.6 52.7 62.2

Oct. 72.3 69.8 105.8 55.6 76.1 73.4 56.3 66.6 52.0 62.1

Nov. 72.3 69.6 105.4 55.4 75.8 73.1 56.1 73.2 51.8 62.5

Dic. 71.9 69.1 104.7 55.0 75.4 72.7 55.7 77.1 51.5 62.1

1992

Ene. 69.8 67.1 101.7 53.4 73.2 70.6 54.1 76.4 50.0 60.3

Feb. 68.3 65.7 99.5 52.3 71.6 69.0 53.0 74.7 48.9 59.0

Mar. 68.4 64.3 97.4 51.2 70.1 67.6 51.9 74.6 47.9 68.7

Fuente: elaboración propia en base a datos UADE.

61

Cuadro Nº 20. Evolución del Poder Adquisitivo de los Obreros Industriales Calificados - Base Dic. '88=100

Período Canasta Total

Alimen- tos y

Bebidas

Indu- men- taria

Vivienda Combust. Electric.

Equipo Función Hogar

Salud Transp. y Co- munic.

Esparci- miento Educ.

Bienes y Servi-

cios Promedio '89 74.9 75.5 70.3 78 63.9 80.9 75.7 72.9 73.3 77.4

Promedio '90 76.2 84 83.3 72.4 57.5 67.5 82.4 64.8 50.7 71.2

Promedio '91 77.4 89.5 92.3 63.4 57.2 62 97.8 60.7 38.8 69.2

1991

Abr. 67.5 81.8 76.2 55.1 49.2 54.4 82.6 53.9 30 59.3

May. 80.2 95.7 90.9 64.4 59 64.5 99.4 64.6 36.8 70.7

Jun. 80.1 93 92.7 65.6 59.6 64.8 101.4 64.6 37.9 70.9

Jul. 79.6 91.5 94.9 65.5 59.7 65.2 103 60.7 38.5 71.1

Ago. 81.3 92.8 99.1 66.9 60.5 65.9 106.2 63 39.5 73

Set. 80.7 90.9 99.6 66.9 60.6 64.9 107 63.9 39.6 71.6

Oct. 80.7 90.4 99.7 67.4 60.3 64.3 108.2 64.2 40 71.7

Nov. 80.7 90.9 99.6 66.7 60 63.7 108.3 64.3 40.2 71.5

Dic. Si 91.9 100.7 66.1 60.6 63.5 109.3 62.4 40.5 71.8

1992

Ene. 78.8 87.9 101.5 63.9 60 62.3 109 58.4 40.6 71

Feb. 77.7 85.8 102.9 61.2 59.9 61.5 109.9 57.3 40.4 70.7

Mar. 76.1 83.7 100.3 60.3 58 60.3 107.7 59.7 37.5 69.3

Abr.* 76.3 83.7 99.9 60.3 58.5 60.3 108.8 62.1 37.7 69.8

* Estimado.

Fuente: elaboración propia en base a datos UADE.

62

Cuadro Nº 21. Evolución del Poder Adquisitivo de Obreros no Calificados - Indice Base (Dic. '88=100)

Período Canasta Total

Alimen- tos y

Bebidas

Indu- men- taria

Vivienda Combust. Electric.

Equipo Función Hogar

Salud Transp. y Co-

munic.

Esparci- miento Educ.

Bienes y Servi-

cios

Promedio '89 71.2 71.7 67.0 74.1 61.1 76.8 72.1 69.5 69.8 73.7

Promedio '90 76.3 84.1 83.4 72.1 57.6 67.3 82.6 64.7 50.4 71.3

Promedio '91 90.3 104.6 107.8 74.0 66.9 72.4 114.5 70.9 45.1 80.8

1991

Abr. 84.2 102.0 95.0 68.6 61.3 67.7 102.9 67.2 37.4 73.9

May. 96.6 115.3 109.5 77.6 71.1 77.7 119.9 77.8 44.3 85.2

Jun. 94.6 109.9 109.6 77.5 70.4 76.6 119.9 76.4 44.7 83.8

Jul. 95.9 110.3 114.3 78.9 72.0 78.5 124.1 73.1 46.4 85.7

Ago. 97.5 111.3 118.8 80.3 72.6 79.0 127.3 75.6 47.4 87.5

Set. 96.4 108.6 119.0 79.9 72.3 77.5 127.8 76.3 47.4 85.5

Oct. 96.1 107.7 118.8 80.3 71.8 76.6 128.9 76.5 47.6 85.4

Nov. 95.9 108.1 118.4 79.3 71.4 75.7 128.8 76.5 47.8 85.0

Dic. 96.3 109.2 119.7 78.5 72.1 75.5 129.9 74.1 48.2 85.4

1992

Ene. 93.7 104.5 120.6 76.0 71.3 74.1 129.6 69,5 48.3 84.4

Feb. 91.9 101.6 121.8 72.4 70.9 72.8 130.1 67.8 47.9 83.7

Mar. 90.1 99.1 118.7 71.4 68.6 71.3 127.6 70.7 44.4 82.0

Abr. * 88.6 97.1 116.0 70.0 67.9 69.9 126.3 72.1 43.7 81.1

* Estimado.

Fuente: elaboración propia en base a datos UADE.

Comercio Exterior Intercambio Comercial. Exportaciones e Importaciones

Conforme con las últimas cifras suministradas por el INDEC, la evolución de la balanza comercial

revela una desaceleración del crecimiento sostenido de las exportaciones, verificado a partir de 1988. En el lapso enero/noviembre '90, las ventas externas fueron de U$S 11.322 millones, en tanto que en igual período de 1991 fueron de U$S 11. 100 millones. Resulta notable, además, la duplicación de las importaciones, desde U$S 3.577 millones en el lapso enero/ noviembre '90 hasta U$S 7.175 millones en enero/noviembre '91, el volumen más alto desde 1981.

63

El cuadro de intercambio y la consecuente caída del superávit de la balanza comercial asume la forma que se muestra en los Cuadros Nº 22 y Nº 23.

Esta reversión de las tendencias del comercio exterior, respecto de las verificadas en el trienio '88/'90,

fruto de la política cambiaria y arancelaria –condicionadas ambas por lo fiscal y monetario–, obliga a evaluar la composición de las exportaciones e importaciones.

Las ventas externas tienden a "reprimarizarse", perdiendo valor agregado. Precisamente, el Cuadro Nº

24 revela esta tendencia.

Cuadro Nº 22.

–Cifras en millones de U$S–

Período Exportaciones Importaciones Saldo

1988

9.136

5.321

3.815

1989 9.490 4.200 5.291

Fuente: INDEC.

Cuadro Nº 23.

Período 1990 1991(1)

Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo

Enero 796 386 410 674 492 182

Febrero 811 226 585 807 400 407

Marzo 1.163 303 860 867 407 460

Abril 1.015 277 738 1.000 613 387

Mayo 1.106 302 804 1.227 517 710

Junio 1.076 268 808 1.142 603 539

Julio 1.279 313 966 1.301 744 557

Agosto 1.127 312 815 1.074 748 326

Setiembre 1.025 326 699 1.078 742 336

Octubre 973 425 548 1.009 890 119

Noviembre 951 439 512 921 1.019 -98

Diciembre 1.031 500 531 - - -

Total 12.353 4.077 8.276 11.100 7.175 3.825

Fuente: INDEC.

64

Cuadro Nº 24. Tendencia de las Exportaciones

–Cifras en millones de U$S–

1989 % 1990 % 1991* %

Productos Primarios 1.960 20.4 3.486 28.2 3.175 28.6

M.O.A. 4.061 42.2 4.664 37.8 4.514 40.7

M.O.I. 3.163 32.9 3.364 27.2 2.694 24.3

Combustible y Energía 437 4.5 839 6.8 715 6.4

9.621 100.0 12.353 100.0 11.100 100.0 *Cifras enero/noviembre Fuente: INDEC.

El análisis de las importaciones por uso económico (véase Cuadro N" 2 5) refleja el aumento de compras externas de bienes de consumo y la disminución de las importaciones de partes y piezas de bienes de capital y bienes intermedios. Estos rasgos son compatibles con el sesgo de reprimarización que adopta la economía argentina.

Cuadro Nº 25. Tendencia de las Importaciones

–en % según uso económico–

1987 1988 1989 1990 1991

Total 100 100 100 100 100

Bienes de capital 18 17 18 16 18

Partes y piezas bienes de capital 21 20 17 17 14

Bienes intermedios 44 49 51 51 41

Bienes de consumo 6 5 5 8 19

Combustibles 11 9 9 8 6

Vehículos automotores pasajeros 0 0 0 0 2

Resto 1 0 0 1 0 Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

65

IV. LA SITUACION SOCIAL

Salario, Empleo y Seguridad Social

Los Cambios en la Legislación Laboral

De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior de este Informe, la reactivación en curso, además de su contenido des industrializador, fundado en el impacto de la apertura económica a la producción importada, incorpora elementos de clara regresividad social. En cuadros anteriores se especificó el deterioro salarial implícito en la coyuntura. Cabe destacar, en este mismo sentido, que el salario real industrial resultó en 1991 un 10% inferior al de 1990. Fue también un 3,3% más bajo que el de 1989; 5,6% menor que en 1988 y se ubicó un 10% por debajo de 1987. De más está decir que los años respecto de los cuales desciende no fueron, casualmente, años de bonanza salarial.

Los cálculos oficialmente distribuidos, respecto de la favorable evolución del poder

adquisitivo, se fundan en artificios estadísticos que utilizan como mes de base para la elaboración de las series el mes de Marzo de 1991, mes éste lo suficientemente bajo como para fundamentar cualquier recupero. Con sólo cambiar de base y usar Abril 199 1, los éxitos oficiales se desmoronan, y el poder adquisitivo muestra caída.

Esto demuestra no sólo que los indicadores suelen construirse sobre la base de lo que se quiere

demostrar, sino también que es poco serio hablar de recuperación salarial en una Argentina sumida en la pobreza y la marginación cuando, con sólo mover un mes de la serie oficial, desaparece el maravilloso incremento.

En realidad, tanto la serie de salario real como la de poder adquisitivo describen el siguiente

periplo a partir del Plan de Convertibilidad: ligera recuperación hasta Mayo de 199 1, estabilización hasta Septiembre del mismo año y deterioro desde ese mes hasta el presente.

Por último, y siempre en el terreno salarial, la definición de ajustar salario por productividad

define el compromiso oficial de mantener el actual patrón de distribución regresiva de los ingresos. (Este aspecto ya fue desarrollado en los números anteriores de nuestro Informe). De igual modo, las transformaciones estructurales de la Argentina en los últimos quince años, la fuerte heterogeneidad salarial y las grandes diferencias de productividad por empresa, impiden hoy considerar los promedios salariales como representativos del conjunto de los trabajadores.

Los elementos hasta aquí señalados completan el cuadro de situación salarial que ya se

planteara en el Capítulo anterior. Nos centraremos ahora en el comportamiento del empleo. EL MERCADO DE TRABAJO Y LOS CAMBIOS EN EL PATRON DE EMPLEO

66

Las modificaciones ocurridas en el mercado de trabajo en el último año y medio parecen revelar, a primera vista y de acuerdo con el informe del INDEC de octubre de 199 1, una mejora en la situación del empleo en el país. Tanto el total general corno el subtotal correspondiente al Gran Buenos Aires (Capital Federal y diecinueve partidos del Conurbano) revelan una evolución modesta pero positiva en las tasas de actividad (+), desocupación (-) y subempleo (-). Sólo en el subtotal correspondiente a los aglomerados del Interior, encontramos un leve ascenso en la tasa de desempleo (0.3%). Sin embargo, una mirada más atenta revela una cantidad de fenómenos que desmienten el optimismo inicial. Pero antes de internarnos en las estadísticas, recordemos cuáles son y qué miden exactamente los indicadores del INDEC, así como SU pertinencia en la actualidad.

a) La tasa de desempleo abierto se calcula como porcentaje entre la Población Desocupada y la

Población Económicamente Activa (PEA). Se refiere estrictamente a personas que no teniendo trabajo lo están buscando activamente. No brinda información, por lo tanto, sobre aquellas personas que realizan trabajos transitorios (precarios), mientras buscan una ocupación fija, ni sobre el Desempleo Oculto que remite a los desocupados "desalentados", que han suspendido la búsqueda por faltas visibles de empleo.

b) La tasa de subocupación horaria se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la

PEA. Registra sólo una de las formas de subocupación: la referida a personas que trabajan –a su pesar– menos de 35 horas semanales y tienen, por lo tanto, ingresos reducidos. Se denomina también, Subempleo Visible.

Quedan fuera de esta medición el resto de las formas de subempleo, el Subempleo Invisible,

que remite al deterioro global en las condiciones de contratación produciendo ocupaciones precarias con bajos niveles de productividad e ingresos en sus variadas formas: empleo intermitente, trabajo a destajo, trabajo inestable, sin seguridad y/o sin calificación.

La subocupación también se expresa en toda la gama de trabajo asalariado en negro, no registrado y sin beneficios sociales, cuya expansión exime de comentarios: la población asalariada carente de todo beneficio social subió del 5% en 1980 al 25% en 1991.

Para la economía argentina, normalmente el subempleo se asociaba a los cuentapropistas de

bajo nivel de calificación, a los asalariados de microempresas, a los trabajadores familiares sin remuneración fija y al servicio doméstico. Pero las situaciones descriptas, que se instalaron de hecho fuertemente a partir de 1976, cobran ahora carácter legal a partir de la política de flexibilización laboral impulsada por el Gobierno bajo el eufemismo de los "contratos flexibles" que agregarán, por ejemplo, topes reducidos de indemnización para los trabajadores que tomen parte de las nuevas políticas de "promoción" del empleo.

Limitaciones de los Indicadores

Indicadores tradicionales como la tasa de desempleo abierto y subocupación visible, que en los

últimos tiempos muestran una tendencia descendente a nivel global, han perdido parte de la importancia que tenían, tradicionalmente, para detectar y denunciar la precarización que sufren las condiciones de vida y trabajo de la población argentina.

67

Históricamente, la participación en el mercado de trabajo o la condición de "ocupado" implicaba en el país salario digno y, protección laboral garantizados, acceso a los distintos beneficios sociales para el trabajador y su familia y la permanencia, por fuera, de los focalizados "bolsones de pobreza". Pero la condición de "ocupado" ya no alcanza para dar cuenta de la situación real de precariedad laboral en que vive la población en la actualidad, porque asistimos a un sistemático deterioro de las condiciones de empleo que invalida el análisis anterior.

A partir de 1976, se modificó el perfil productivo del país, pasando de un modelo industrial,

basado en el mercado interno y expresado en una considerable participación asalariada en el ingreso (40%), a un modelo excluyente, caracterizado por el predominio de la valorización financiera del capital y la transferencia de recursos al exterior, con la consiguiente desindustrialización y caída de los salarios.

Estos cambios en el modelo económico produjeron modificaciones relevantes a nivel de la

estructura ocupacional argentina. La caída en la tasa de asalarización (que pasó del 75% en 1974 al 69.7% en 1990), se vio acompañada por el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, desde un 18.5% hasta un 25% de la PEA, en el mismo período. Este proceso implicó una transferencia de la mano de obra asalariada hacia formas de trabajo independiente, por lo general más precarias, y el comienzo del proceso de reducción del mercado formal de trabajo. Paralelamente, se verificaron traslaciones desde el sector industrial hacia el sector servicios. En efecto, se produjo una significativa reducción en la demanda de trabajo, en particular en el sector urbano industrial. La terciarización conlleva de por sí mayor informalización de la mano de obra y un incremento de la precarización laboral, dado el carácter poco estructurado que caracteriza a los servicios personales, como el trabajo doméstico y las reparaciones en general.

El año 1990 marcó un hito poco glorioso: por primera vez, el desempleo masculino superó al

femenino, provocando un incremento de los jefes de hogar sin ocupación y, por lo tanto, sin ingresos. La participación de las mujeres en el trabajo doméstico subió del 13 o 14%, en 1974, a más del 22% en 1990. Pero también creció mucho la participación de los varones en este segmento, tradicionalmente femenino por ser desprotegido y mal remunerado. Hoy, los varones representan el 25% del servicio doméstico, sobre todo como peones de limpieza en empresas de servicios.

Los antiguos "bolsones de pobreza" se extendieron hasta abarcar entre 13 y 15 millones de

argentinos, y la definición por necesidades básicas insatisfechas (NBI) fue superada por aquella que alude a los denominados "pauperizados", población ocupada con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

En los últimos dos años se agregaron a este panorama nuevas definiciones de política, con el objetivo de adaptar aun más el mercado de trabajo y la organización de las relaciones laborales en consonancia con las necesidades del modelo en Curso. Estas medidas, cuya incidencia real no puede medirse hoy con claridad, abarcan la expulsión neta de mano de obra de las áreas consideradas secundarias, la reducción de los costos laborales y la promoción ya mencionada de contratos flexibles, que dejan de lado las viejas conquistas en materia de protección laboral.

Al compás del ajuste fiscal, se presiona para lograr la reducción del gasto del Sector Público

provincial y municipal, esencialmente en personal, y en el sector bancario. El descenso del costo laboral, por su parte, se fundamenta en la pérdida de relevancia del salario como fuente de demanda interna. Hoy sólo constituye un costo por la vigencia de un modelo que privilegia la salida exportadora.

68

En este marco, es engañoso suponer que el deterioro en las condiciones de vida y empleo de la

población puede definirse sólo por su inserción en el mercado de trabajo. La pobreza no puede medirse a partir del nivel de desocupación visible, porque su existencia ya no proviene sólo de la marginalidad, provocada por la desvinculación total respecto del mercado laboral, sino también de los efectos que producen determinadas inserciones como el empleo intermitente, inseguro y mal retribuido. El viejo concepto se amplió al de "Nueva Pobreza", para abarcar a la población que, pese a estar trabajando, lo hace en condiciones precarias que llevan a descensos verificables en sus condiciones de vida.

En la medida en que no registran el empleo intermitente propio del momento actual, los

indicadores de desocupación abierta y subocupación horaria sólo tienen relativa eficacia para dar cuenta de las modificaciones reales que registra el empleo en el país.

Análisis de la Información Estadística

La tasa global de desempleo abierto se redujo en un 1% desde Octubre de 1990. Sin embargo,

el promedio nacional oculta importantes desigualdades. En realidad, la TDA bajó poco en el Conurbano (-0.7%) y se expandió Un 0.3% en el interior

del país. Esta diferenciación en las tendencias seguramente seguirá afirmándose en el futuro, dadas las fuertes presiones que produce el Gobierno para acelerar el ajuste fiscal en las provincias y que derivará en la expulsión masiva de trabajadores del sector público provincial y municipal.

El aumento registrado en el empleo en Capital Federal y el Conurbano puede explicarse por la

incorporación de obreros especializados en las fábricas de productos electrodomésticos, ubicadas en la Capital, y por la reactivación ocurrida en el sector de la construcción, que afectó sobre todo a las zonas más ricas del Gran Buenos Aires. Se calcula que, a lo largo de 199 1, la construcción duplicó su personal ocupado, que pasó de 100.000 a 200.000 personas.

Como decíamos al comienzo, la situación es totalmente distinta en el interior del país: los

grandes cinturones industriales del Interior muestran tendencias preocupantes, que se ven reflejadas en el Gran Córdoba y el Gran Rosario. En el primero, los datos del INDEC no admiten discusión en cuanto a la crisis que enfrenta. Cayó la tasa de actividad, y subieron las referidas a desocupación y subempleo. El índice combinado asciende a 3.3%, el más alto del país.

En el Gran Rosario, donde se concentran pequeños y medianos talleres alrededor de SOMISA

y Acíndar, la tasa de actividad subió un 1.8%, y la de subocupación horaria descendió poco más de 1 punto. Sin embargo, el desempleo abierto alcanza al 9.4% y registró un alza de 3 puntos porcentuales entre octubre de 1990 y octubre de 199 1 en relación, obviamente, con los despidos producidos.

69

Cuadro Nº 26.Tasas de Actividad, Desocupación Abierta y Subocupación Horaria por Aglomerado. Octubre 1991

Provincia N Aglomerado Urbano Octubre 1991 Variación Oct.90/Oct.91

T. Act. T.Desoc. T.Suboc. T Act. T.Desoc. T.Suboc.

Bs.As. 1.B. Blanca 39.6 7.2 7.9 3.0 -1.5 -1. 1 2. G. La Plata 39.0 7.0 8.5 Catamarca 3. G. Catamarca 34.2 9.0 12.3 -2.3 -0.2 1.6 Córdoba 4. G. Córdoba 37.8 5.4 9.8 -0.8 1.2 2.1 Corrientes S. Corrientes 32.4 4.3 7.3 -1.4 -2.0 0.0 Chaco 6. G. Resistencia 33.1 4.7 11.1 -1.0 -0.3 -0.1 Chubut 7. Comod. Rivadavia 39.1 10.3 Entre Ríos 8. Paraná 34.3 5.6 10.0 -0.4 -3.1 -0.8 Formosa 9. Formosa 32.9 8.3 6.9 0.0 2.9 -1.5 Jujuy 10. S.S. de Jujuy y Palpala 33.0 3.3 12.7 0.5 -2.4 0.3 La Pampa 11. Santa Rosa y Toay 39.6 2.7 3.4 1.2 0.5 1.0 La Rioja 12. La Rioja 35.6 5.7 7,3 -0.4 -0.4 -1.2 Mendoza 13. G. Mendoza 39.3 4.4 10.3 1.9 -1.4 -3,6 Misiones 14. Posadas 37.8 7.6 12.0 2.7 1.5 1.6 Neuquén 15. Neuquén 39,4 6,5 5.2 0,2 -2.3 0.0 Salta 16. Salta 34.0 4.7 9.0 -1.3 -3.0 -7.3 San Juan 17. G. San Juan 35.1 7.0 12.3 -0.8 -2.7 1.3 San Luis 18. San Luis y El Chorrillo 38.0 5.3 7.0 -0.1 0.6 0.5 Santa Cruz 19. Río Gallegos 36.7 3.7 2.4 -1.6 0.7 -1.2 Santa Fe 20. G. Rosario 40.1 9,4 8.1 1.8 2.9 -1.3 21. Santa Fe y Santo Tomé 41.3 11.2 13.1 2.0 0.1 0.9 Sgo. del Estero 22. Sgo. del Estero y La Banda 34.1 3.2 8.8 -1.0 0.4 -5.1 Tierra del Fuego 23. Ushuaia y Río Grande 43.6 10.9 8.6 1.9 1.6 1.7 Tucumán 24. G.S.M. de Tucumán y Tafí Viejo 37.8 11.4 12.5 0.8 2.0 -0.2 Total Aglomerados Interior del País

37.6

7.0

9.4

0.7

0.3

-1.0

1. Capital Federal

45.6

4.4

6.0

0.0

0.1

-1.8

2. Partidos Conurbano 39.0 5.7 7.4 0.7 -1.0 -0.8 Total Gran Buenos Aires

40.8 5.3 7.0 0.5 -0.7 -1. 1

Total General

39.5

6.0

7.9

0.5

-0.3

-1.0

Varias ciudades del Interior, entre ellas Santa Rosa, Posadas y San Luis registraron aumentos en las tasas de desocupación abierta y subocupación horaria, así como en el índice que las combina (1.5, 3.1 y 1.1%, respectivamente).

La situación en provincias como Tierra del Fuego, que, junto con la promoción industrial

perdieron las empresas armadoras de aparatos electrónicos, registra la misma tendencia pero más acentuada. Allí, las tasas de desempleo abierto y subocupación horaria subieron 1.6% y 1.7%, respectivamente, entre octubre '90 y octubre '91. El índice combinado aumentó en el mismo período 3.3%, el porcentaje más elevado del país, junto con Gran Córdoba (3.3%) y Posadas (3.1%).

70

En el último relevamiento, Gran San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo concentraron el mayor índice de desocupación del país (11.4%) debido, probablemente, a la crisis de la actividad azucarera y a la importación de celulosa, que también influyeron sobre el descenso de la tasa de actividad. El nivel de subocupación horaria prácticamente no registró variaciones entre octubre de 1990 y octubre de 199 1, de modo que continúa por encima del 12% de la población.

Cuadro Nº 27. Desocupación Abierta

Provincia N Aglomerado Urbano Tasa de Desocupación Abierta Variaciones

May.90 Oct.90 Jun.91 Oct. 91 May/Jun Jun/Oct Oct/Oct Bs.As. 1. B. Blanca 11.4 8.7 10.1

6.7 7.2 -1.3 -2.9 -1.5

2. G. La Plata 6.2 7.0 0.5 0.3 Catamarca 3. G. Catamarca 10.5 9.2 7.8 9.0 -2.7 1.2 -0.2 Córdoba 4. G. Córdoba 7.4 4.2 4.1 5.4 -3.3 1.3 1.2 Corrientes 5. Corrientes 6.7 6.3 4.0 4.3 -2.7 0.3 -2.0 Chaco 6. G. Resistencia 5.1 5.0 5.7 4.7 0.6 -1.0 -0.3 Chubut 7. Comod. Rivadavia 11.3 13.7 10.3 2.4 -3.4 Entre Ríos S. Paraná 9.1 8.7 7.7 5.6 -1.4 -2.1 -3.1 Formosa 9. Formosa 7.3 5.4 8.5 8.3 1.2 -0.2 2.9 Jujuy 10. S. S. de Jujuy y Palpa] a 7.7 5.7 5.1 3.3 -2.6 -1.8 -2.4 La Pampa 11. Santa Rosa y Toay 3.2 2.2 2.4 2.7 -0.8 0.3 0.5 La Rioja 12. La Rioja 5.5 6.1 6.6 5.7 1.1 -0.9 -0.4 Mendoza 13. G. Mendoza 6.0 5.8 4.2 4.4 -1.8 0.2 -1.4 Misiones 14. Posadas 8.0 6.1 7.8 7.6 -0.2 -0.2 1.5 Neuquén 15. Neuquén 6.6 8.8 7.8 6.5 1.2 -1.3 -2.3 Salta 16. Salta 8.8 7.7 6.2 4.7 -2.6 -1.5 -3.0 San Juan 17. 0. San Juan 9.3 9.7 11.0 7.0 1.7 -4.0 -2.7 San Luis 18. San Luis y El Chorrillo 4.6 4.7 5.5 5.3 0.9 -0.2 0.6 Santa Cruz 19. Rio Gallegos 3.3 3.0 3.8 3.7 0.5 -0.1 0.7 Santa Fe 20. G. Rosario 10,4 6,5 10.9 9.4 0.5 -1.5 2.9 2 1. Santa Fe y Santo Tomé 10.6 11.1 14.5 11.2 3.9 -3.3 0.1 Sgo. del Estero 22. Sgo. del Estero y La Banda 4.2 2.8 4.1 3.2 -0.1 -0.9 0.4 Tierra del Fuego 23. Ushuaia y Rio Grande 12.4 9.3 12.1 10.9 -0.3 -1.2 1.6 Tucumán 24. G.S.M. de Tucumán y Tafí Viejo 11.5 9.4 11.8 11.4 0.3 -0.4 2.0 Total Aglomerados Interior del País

8.3

5.7

7.9

7.0

-0.4

-0.9

0.3

1. Capital Federal

5.2

4.3

5.4

4.4

0.2

-1.0

0.1

2. Partidos Conurbano 10.2 6.7 6.7 5.7 -3.5 1.0 -1.0 Total Gran Buenos Aires

8.8

6.0

6.3

5.3

-2.5

-1.0

-0.7

Total General

8.6

6.3

6.9

6.0

-1.7

-0.9

-0.3

La magnitud de ambos indicadores hizo que el índice combinado sumara, en este aglomerado, 23.9%, el segundo del país después de Santa Fe.

Gran Catamarca, Jujuy y San Juan son representativos de otro fenómeno: entre octubre de

1990 y el mismo mes del año pasado, la caída del desempleo se vio acompañada por un crecimiento de la subocupación horaria, es decir que al menos parte de los desocupados, que entraron al mercado de trabajo, lo hicieron en condiciones precarias, trabajando –a su pesar menos de treinta y cinco horas semanales.

Esta situación se extiende al Chaco, La Rioja, Posadas, San Luis y Santa Fe, si consideramos

las variaciones producidas entre junio y octubre de 1991.

71

Cuadro Nº 28. Subocupación Horaria

Provincia N Aglomerado Urbano Tasa de Subocupación Horaria Variaciones

May.90 Oct.90 Jun.91 Oct. 91 May/Jun Jun/Oct Oct/Oct. Bs.As. 1. B. Blanca 8.0 9.0 8.6 7.9 0.6 -0.7 -1. 1

2. G. La Plata

7.9

7.9

8.5

0.0

0.6

Catamarca 3. G. Catamarca 12.6 10.7 16.1 12.3 3.5 -3.8 1.6 Córdoba 4. G. Córdoba 12.2 7.7 7,5 9.8 -4.7 2.3 2.1 Corrientes 5. Corrientes 8.9 7.3 5.9 7.3 -3.0 1.4 0.0 Chaco 6. G. Resistencia 10.8 11.2 9,9 11.1 -0.9 1.2 -0.1 Chubut 7. Comod. Rivadavia 6.5 3.4 -3.1 -3.4 Entre Ríos S. Paraná 13.4 10.8 10.3 10.0 -3.1 -0.3 -0.8 Formosa 9. Formosa 9.9 8.4 7.9 6.9 -2.0 -1.0 -1.5 Jujuy 10. S.S. de Jujuy y Palpala 12.9 12.4 12.6 12.7 -0.3 0.1 0.3 La Pampa 11. Santa Rosa y Toay 4.6 2.4 3.1 3.4 -1.5 0.3 1.0 La Rioja 12. La Rioja 9.0 8.5 6.8 7.3 ~2.2 0.5 -1.2 Mendoza 13. G. Mendoza 11.1 13.9 7.5 10.3 -3.6 2.8 -3.6 Misiones 14. Posadas 12.4 10.4 10.7 12.0 -1.7 1.3 1.6 Neuquén 15. Neuquén 6.5 5.2 6.0 5.2 -0.5 -0.8 0.0 Salta 16. Salta 14.7 16.3 10.0 9.0 -4.7 -1.0 -7.3 San Juan 17. G. San Juan 13.3 11.0 17.8 12.3 4.5 -5.5 1.3 San Luis 18. San Luis y El Chorrillo 6.9 6.5 6.8 7.0 -0.1 0.2 0.5 Santa Cruz 19. Río Gallegos 3.2 3.6 4.2 2.4 1.0 -1.8 -1.2 Santa Fe 20. G. Rosario 11.3 9.4 9.3 8.1 -2.0 -1.2 -1.3 21. Santa Fe y Santo Tomé 12.6 12.2 12.5 13.1 -0.1 0.6 0.9 Sgo. del Estero 22. Sgo. del Estero y La Banda 8.5 13.9 12.7 8.8 4.2 -3.9 -5.1 Tierra del Fuego 23. Ushuaia y Rio Grande 8.6 6.9 8.2 8.6 -0.4 0.4 1.7 Tucumán 24. G.S.M. de Tucumán y Tafí Viejo 12.3 12.7 17.8 12.5 5.5 -5.3 -0.2 Total Aglomerados Interior del País

10.9

10.4

9.9

9,4

- 1.0

-0.5

-1.0

1. Capital Federal

7.6

7.8

6.9

6.0

-0.7

-0.9

-1.8

2. Partidos Conurbano 8.8 8.2 8.1 7.4 -0.7 -0.7 -0.8 Total Gran Buenos Aires

8.4 8.1 7.7 7.0 -0.7 -0.7 -1.1

Total General

9.3

8.9

8.6

7.9

-0.7

-0.7

-1.0

Para terminar, vale recalcar que la tasa de desempleo abierto hubiera registrado niveles más altos de los que surgen en las estadísticas, de no haberse reducido la Tasa de Actividad en varios puntos del país.

La Tasa de Actividad da cuenta del porcentaje que representa la Población Económicamente

Activa (PEA) respecto de la Población Total. Su caída representa una reducción de la oferta de trabajo, y remite a los desocupados que se retiraron desalentados del mercado laboral, suspendiendo la búsqueda de empleo. Como dijimos, así se conforma la Desocupación Oculta que el INDEC no mide directamente. Esta situación se verificó en once de los veinticuatro aglomerados del interior del país, entre octubre de 1990 y octubre de 1991, y se amplía a quince ciudades y al total del Gran Buenos Aires, si tomamos en cuenta la variación entre las dos ondas de 1991.

72

Cuadro Nº 29.Tasa de Actividad

Provincia Aglomerado Urbano Tasa de Actividad Variaciones

May.90 Oct.90 Jun.91 Oct. 91 May/Jun Jun/Oct Oct/Oct.

Bs.As. 1. B. Blanca 38.7 36.6 38.3 39.6 -0.4 1.3 3.0 2. G. La Plata 36.8 38.6 39.0 1.8 0.4 Catamarca 3. G. Catamarca 36.2 36.5 35.0 34.2 -1.2 -0,8 -2.3 Córdoba 4. G. Córdoba 37.5 38.6 37.6 37.8 0.1 0.2 0.8 Corrientes 5. Corrientes 32.9 33.8 32.9 32.4 0.0 ~0.5 -1.4 Chaco 6. G. Resistencia 35.4 34.1 33.3 33.1 -2.1 -0.2 -1.0 Chubut 7. Comod. Rivadavia 39.0 39.2 39,1 0.2 -0.1 Entre Rios S. Paraná 34.4 34.7 35.0 34.3 0.6 -0.7 -0.4 Formosa 9. Formosa 32.7 32.9 33.4 32.9 0.7 -0.5 0.0 Jujuy 10. S.S. de Jujuy y Palpala 31.7 32.5 31.8 33.0 0.1 1.2 0.5 La Pampa 11. Santa Rosa y Toay 39.5 38.4 40.0 39.6 0.5 -0.4 1.2 La Rioja 12. La Rioja 35.1 36.0 36.1 35.6 1.0 -0.5 0.4 Mendoza 13. G. Mendoza 37.4 37.4 39.8 39.3 2.4 -0.5 1.9 Misiones 14. Posadas 35.9 35.1 36.6 37.8 0.7 1.2 2.7 Neuquén 15. Neuquén 38.3 39,2 39.7 39.4 1.4 -0.3 0.2 Salta 16. Salta 34.7 35.3 34.6 34.0 -0.1 -0.6 -1.3 San Juan 17. G. San Juan 34.5 35.9 36.4 35.l 1.9 -1.3 -0.8 San Luis 18. San Luis y El Chorrillo 37.0 38.1 36.7 38.0 -0.3 1.3 -0.1 Santa Cruz 19. Río Gallegos 38.0 38.3 36.4 36.7 -1.6 -0.3 -1.6 Santa Fe 20. G. Rosario 37.9 38.3 39.7 40.1 1.8 0.4 1.8 21. Santa Fe y Santo Tomé 38.3 39.3 41.3 41.3 3.0 0.0 2.0 Sgo. del Estero 22. Sgo. del Estero y La Banda 34.4 35.1 35.2 34.1 0.8 -1.1 -1.0 Tierra del Fuego 23. Ushuaia y Río Grande 42.3 41.7 43.6 43.6 1.3 0.0 1.9 Tucumán 24. G.S.M. de Tucumán y Tafí Viejo 36.9 37.0 38.3 37.8 1.4 -0.5 0.8 Total Aglomerados

Interior del País

36.6

36.9

37.5

37.6

0.9

0.1

0.7

1. Capital Federal 45.6 45.6 46.1 45.6 0.5 -0.5 0.0 2. Partidos Conurbano 39.1 38.3 38.9 39.0 -0.2 0.1 0.7 Total Gran Buenos Aires

40.9

40.3

40.9

40.8

0.0

-0.1

0.5

Total General 39.1 39.0 39.5 39.5 0.4 0.0 0.5

73

Cuadro Nº 30. Tasa de Desocupación + Tasa de Subocupación. Variación 90/91

Provincia N Aglomerado Urbano D+S Variación

Oct.90/ Oct.91 O 1990 O 1991

Bs.As. 1. B. Blanca 17.7 15.1 -2.6

2. G. La Plata 0.0 15.5

Catamarca 3. G. Catamarca 19.9 21.3 1.4

Córdoba 4. G. Córdoba 11.9 15.2 3.3

Corrientes 5. Corrientes 13.6 11.6 -2.0

Chaco 6. G. Resistencia 16.2 15.8 -0.4

Chubut 7. Comod. Rivadavia 0.0 10.3

Entre Ríos 8. Paraná 19.5 15.6 -3.9

Formosa 9. Formosa 13.8 15.2 1.4

Jujuy 10. S.S. de Jujuy y Palpala 18.1 16.0 -2.1

La Pampa 11. Santa Rosa y Toay 4.6 6.1 1.5

La Rioja 12. La Rioja 14.6 13.0 -1.6

Mendoza 13. G. Mendoza 19.7 14.7 -5.0

Misiones 14. Posadas 16.5 19.6 3.1

Neuquén 15. Neuquén 14.0 11.7 -2.3

Salta 16. Salta 24.0 13.7 -10.3

San Juan 17. G. San Juan 20.7 19.3 -1.4

San Luis 18. San Luis y El Chorrillo 11.2 12.3 1.1

Santa Cruz 19. Río Gallegos 6.6 6.1 -0.5

Santa Fe 20. G. Rosario 15.9 17.5 1.6

2 1. Santa Fe y Santo Tomé 23.3 24.3 1.0

Sgo. del Estero 22. Sgo. del Estero y La Banda 16.7 12.0 -4.7

Tierra del Fuego 23. Ushuaia y Rio Grande 16.2 19.5 3.3

Tucumán 24. G.S.M. de Tucumán y Tafí Viejo 22.1 23.9 1.8

Total Aglomerados Interior del País 17.1 16.4 -0.7

1. Capital Federal 12.1 10.4 -1.7

2. Partidos Conurbano 14.9 13.1 -1.8

Total Gran Buenos Aires 14.1 12.3 -1.8

Total General 15.2 13.9 -1.3

74

EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL En los últimos tiempos, surgieron multitud de pronunciamientos desde los ámbitos más

diversos, acerca de la crisis del sistema previsional y de obras sociales. Y, en efecto, ambos regímenes se encuentran en crisis. Justamente, porque asumimos la realidad contundente de esta crisis y la necesidad de dar urgente respuesta a sus efectos más perniciosos sobre las condiciones de vida de una población progresivamente más desprotegida, es que intentamos acercar algunos elementos que permitan organizar una reflexión sobre los ejes, sectores y propuestas que articulan el debate actual. En primer lugar, especifiquemos los términos del diagnóstico.

La Organización Internacional del Trabajo plantea que la seguridad social no es la causa de la

crisis ni de la recesión: "La crisis de la seguridad social, si es que existe, no es una crisis de la estructura de la institución, sino del cimiento económico indispensable para su funcionamiento".14 Un enfoque como éste permite recordar que la crisis no puede analizarse aislada del contexto económico y social en que se expresa y pretende enfatizar, en cambio, que se trata de una crisis derivada de otra más general, que se vincula fundamentalmente con la recesión, la falta de crecimiento económico sostenido y los resultados acumulados de un largo cielo de políticas de ajuste y estabilización, que afectaron seriamente la base financiera del sistema de seguridad social.

La caída del salario, el aumento del empleo informal y las ocupaciones precarias, y en los

últimos años también el desempleo abierto, minaron de manera drástica las posibilidades de recaudación de los sistemas que –en base a cotizaciones salariales– han venido proporcionando prestaciones en materia de salud (obras sociales), vivienda (FONAVI) y previsión (jubilaciones y pensiones), afectando seriamente el cumplimiento de sus objetivos específicos y, por ende, su función redistributiva.

Son estos mismos factores los que permiten comprender la disminución progresiva de la

cobertura en los distintos regímenes. El techo hacia la universalización de las prestaciones de la seguridad social está dado por las dimensiones del mercado formal de trabajo, que sufrió la reducción en la tasa de asalarización y el constante incremento de asalariados en negro, carentes éstos de todo beneficio social, y cuya magnitud osciló en los últimos tiempos alrededor del 25%.

Los efectos de estos factores externos sobre el sistema previsional se expresan, por un lado, en

la existencia de un crónico déficit operativo y la consiguiente necesidad de financiamiento estatal y, por el otro, en el freno a la extensión de la cobertura y el bajísimo nivel de los haberes que funcionaron como variable de ajuste de un sistema cada vez más desfinanciado, que hablan por sí solos de la situación de desprotección de la mayor parte de los beneficiarios del sistema. En la última década, el porcentaje de jubilados que percibe el haber mínimo creció del 50% en 1980 al 65% en 199 1, registrando picos aun más altos en algunos momentos.

En el régimen de obras sociales, la crisis de financiamiento se expresó en serias limitaciones

para brindar servicios a sus afiliados, lo que llevó a reducciones en el tipo y calidad de las prestaciones. Este proceso fue acompañado por el encarecimiento de los servicios, producto del cobro de diversos plus y coseguros, por encima de los aportes mensuales, y la elitización que se desprende de la necesidad de efectuar pagos directos. Este fenómeno derivó en la reducción de la cobertura de salud, por parte de las obras sociales, del 70% de la población del país, en 1980, al 55%

14 Informe de la O.I.T. "La Seguridad Social en la perspectiva del año 2000". 1984, pág. 115.

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en la actualidad y en el desplazamiento hacia el abandonado hospital público de cerca de un 40% de los afiliados al sistema.

Hemos explicitado ya los problemas específicos que deberían atender las propuestas de

reforma de ambos regímenes. Sin embargo, los proyectos hoy en discusión–tal como se conocen hasta el momento– no parecen haber tenido estos problemas como eje ni han contemplado las viejas metas de la seguridad social.

A grandes líneas, el proceso en marcha puede definirse por la progresiva desvinculación del

Estado, respecto de la seguridad social, el quiebre del principio de solidaridad a expensas del discurso que asigna al mercado una indiscutible capacidad para asignar eficientemente los recursos, el desplazamiento de la responsabilidad hacia los propios individuos demandantes de protección, frente a las diversas contingencias sociales, y el consiguiente traslado de mercados cautivos importantes al sector privado que, obviamente, se mueve con una lógica basada en el lucro y la acumulación de capital y no con un interés de tipo social.

Propuesta de Reforma para el Sistema Previsional

La propuesta oficial, cuya versión definitiva aún no se conoce, está siendo diseñada en el

ámbito de la Subsecretaría de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, bajo las gestiones del Dr. Walter Schulthess y el ministro Rodolfo Díaz. Se prevé que el proyecto entre este mes en el Congreso, y se espera su aprobación para mediados de julio, de modo que entre en vigencia a partir de 1993.

Plantea un modelo de régimen previsional conformado por tres subsistemas: uno asistencial,

uno propiamente previsional y uno complementario. El subsistema asistencial es aquel que está dirigido a las personas que no tienen la posibilidad

de cumplir con los requisitos que establece el régimen previsional. Sustituye al sistema actual de pensiones graciables y engloba todo aspecto distributivo en lo previsional. Es un sistema público destinado a proveer una prestación básica que asista sólo las necesidades primarias y básicas de sus beneficiarios, teniendo como único requisito la edad. Su financiamiento ya no provendrá de las cotizaciones salariales de los activos sino de rentas generales, ya que el tramo asistencial se considera responsabilidad del conjunto de la sociedad.

El segundo subsistema es el tramo propiamente previsional: sistema mixto o concurrente que

tiene un componente privado –se considera el más importante– y un componente público. El componente privado resulta un sistema de capitalización individual, que vinculará el aporte

al beneficio. Se plantea como obligatorio para todos los trabajadores en actividad menores de cuarenta y cinco años, y optativo para aquellos que superen esa edad. Ese punto de corte se habría establecido a partir de cálculos actuariales, que determinan el momento en que resulte indistinto para una persona quedarse en el sistema viejo o incorporarse al nuevo.

Cálculos de diversos especialistas estiman la población menor de Cuarenta y cinco años que

aportará a este segmento privado en unos 3.350.000 personas, cuyos aportes movilizarán unos 150 millones de dólares mensuales, unos 2.000 millones de dólares sólo en su primer año de vigencia, que podrían incrementarse hasta alcanzar los 4.000 millones de dólares hacia el año 2000.

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El Cuadro Nº 31 adelanta proyecciones sobre las principales variables del nuevo sistema.

Cuadro Nº 31. El Futuro Sistema en Cifras. (En millones de pesos.)

Año (1) Aportantes

(2) Contrib.

Prev. Anual

(3) Comisión 10% de

(2)

(4) Seguro Vida

22% de

(5) Fondo a

Capitaliz. 68% d

(2)

6) Fondo

Acum. + Renta

(7) %PBI

140.000

1993

3.10

2046.0

204.6

450.1

1391.3

1391.3

0.99%

1994 3.47 2291.5 229.2 504.1 1558.2 3102.5 2.22%

1995 3.89 2566.5 256.6 564.6 1745.2 5189.1 3.71%

1996 4.36 2874.5 287.4 632.4 1954.6 7714.5 5.51%

1997 4.88 3219.4 321.9 708.3 2189.2 10752.3 7.68%

1998 5.46 3605.8 360.6 793.3 2451.9 14387.0 10.28%

1999 6.12 4038.4 403.8 888.5 2746.1 18715.7 13.37%

2000 6.85 4523.1 452.3 995.1 3075.7 23850.1 17.04%

2001 7.68 5065.8 506.6 1114.5 3444.8 29918.3 21.37%

Supuestos:

(1) Los aportantes se incrementan a una tasa del 12% anual, igual que en Chile.

(2) 10% de la masa salarial calculada en base a un sueldo medio de $550 no varía.

(3), (4), (5), forma en que se distribuye el aporte.

(6) fondo capitalizado más una renta del 11% por año, similar renta Bonex '89.

(7) Se estima un PBI invariable de 140.000 millones.

Fuente: Revista Negocios, abril 1992.

El financiamiento de este sistema de capitalización estará exclusivamente asentado en el aporte obligatorio del 10% del salario que los trabajadores destinan hoy al régimen estatal. A partir de la reforma, esos aportes se acumularán en Cuentas de Capitalización Individual (CCI). Del 10% del aporte, alrededor del 2% sería destinado al seguro de invalidez y muerte, 1% a las comisiones de las empresas que administren los fondos de pensión, y los 7 restantes conformarán lo que efectivamente se va a capitalizar para la jubilación.

La administración será privada; estará a cargo de sociedades comerciales anónimas –

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones– del tipo de las AFP chilenas, de objeto único, destinadas exclusivamente a este tipo de función y que competirán entre sí. Serán objeto de auditorías permanentes, deberán efectuar depósitos de garantía en función de los recursos que administran y asegurar la libre entrada y salida de los fondos. A diferencia de lo que ocurre en Chile, el Estado no garantizará los fondos depositados en estas empresas, sólo se plantea tener una función de control sobre la administración. Habrá una clara diferenciación entre las colocaciones de las personas (propiedad de los aportantes) y el patrimonio de las AFJP. Esto constituiría el resguardo mínimo para los afiliados en caso de quiebras. Las inversiones en papeles de empresas o títulos públicos estarán depositadas en el Banco Central o en la Comisión Nacional de Valores. Respecto de las colocaciones, éstas deberán tener gran liquidez y negociabilidad, y su destino será reglamentado según un mix de posibilidades, regulado por el Estado, que fijará los topes máximos

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en cada caso. Según las iniciativas oficiales que trascendieron, las AFJP podrán invertir de acuerdo con la tabla de topes máximos que detalla el Cuadro Nº 32.

Cuadro Nº 32. Tabla de Topes Máximos

Inversiones %

Títulos Públicos 100%

Títulos Provinciales 50%

Obligaciones Negociables y Debentures 40%

Acciones de S.A. Argentinas 40%

Obligaciones Negociables de Empresas Privatizadas 20%

Depósitos a Plazo Fijo 20%

Fondos Com. de Inversión 10%

Títulos Extranjeros 10%

Contratos de Futuro 10%

Se garantizará la libre elección de la AFJP por parte del beneficiario, así como la posibilidad de cambiar, tras un plazo de 6 meses, de una administradora a otra. Últimamente ha trascendido que el capital mínimo o patrimonio inicial que deberán tener las AFJP se encontraría entre 1 y 3 millones de dólares, y se estima que el monto que percibirán ellas en concepto de comisiones rondará el 25 o 30% de la recaudación, incluyendo seguros de invalidez y muerte que se contratan, aparte del de vejez.

Se ha explicitado que podrán participar en el mercado administradoras públicas,

fundamentalmente entidades bancarias (Banco Nación o bancos provinciales). Sin embargo, una mirada a los grupos y empresas interesados en este nuevo negocio permite adivinar cuáles serán aquellas con mayores posibilidades de controlar el mercado (véase Cuadro Nº 33).

Vale remarcar el interés que tienen en el negocio los bancos acreedores de la Argentina. Si se

dispusiera un sistema similar al de Chile, podrían capitalizar títulos de la deuda. Así lo hizo el Bankers Trust en Chile: invirtió 45 millones de dólares en Próvida, que hoy controla cerca del30% del mercado, y sus ganancias anuales alcanzan los 18 millones de dólares. Por otro lado, la experiencia chilena mostró altísimos niveles de concentración y extranjerización de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Allí las tres primeras AFP (de las catorce existentes) concentran las dos terceras partes de los aportes y fondos acumulados.

Al habérseles concedido, no hace mucho tiempo, la posibilidad de invertir en el extranjero, probablemente se vuelquen hacia el mercado argentino, que resulta atractivo por ser más grande y porque podrían aportar a sus socios locales la experiencia acumulada durante once años de gestión en Chile.

En cuanto a la rentabilidad en el régimen de capitalización, se estaría pensando en tasas reales de un 3 a 3.5% anual.

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Cuadro Nº 33. Grupos y Empresas

Pérez Companc-Banco Río-Citibank: propietarios de SUR Seguros de retiro. Grupo Roberts: incluye al Banco Roberts, la Buenos Aires y sus aseguradoras asociadas. Banca del Lavoro-Grupo Juncal: Compañías aseguradoras del Grupo Juncal. La Estrella, seguros de retiro. La Meridional-Deutsche Bank. Sud América: incluye a los actuales socios de Asegurar, seguros de retiro (Banco Francés, de Galicia. Crédito Argentino y de Boston). El Banco de Boston estudia la posibilidad de integrar su propia AFP. Grupo Inca: Inca, varias compañías de seguros y ahora [,a República Retiro. Bunge y Born: a través de Océano y Prudencia. Próvida: AFP chilena propiedad de Bankers Trust-Cruzat -Banco (te Santiago. Banco Provincia: en sociedad con el grupo La Fortuna. Cenit: grupo de bancos del Interior. Santa María: grupo chileno. La Santa María controla el 16% de los fondos de pensión en su país. Omega Seguros: En asociación con dos bancos extranjeros. Grupo Mañana: Unión de comerciantes, Segurometal, Pergamino, etcétera.

Aseguradora Zurich-lguazú: representante local de Zurich Group, tiene interés pero todavía no obtuvo el permiso de Suiza.

Los aportantes al sistema de capitalización tendrán dos opciones al momento de retirarse (sesenta y cinco años): o retiran todo el monto y contratan una renta vitalicia en una compañía de seguros, (lo que derivará en un gran negocio paralelo para aseguradoras de retiro, estimado en un volumen de primas de $ 2.000 millones dentro de veinte años, cuando comiencen a jubilarse unas 100.000 personas), o lo dejan en la administradora y se avienen a un sistema de retiros voluntarios mensuales o trimestrales. En este último caso, debe quedar siempre en la AFJP un fondo que les permita asegurarse una renta vitalicia, ya que el objetivo del sistema es garantizarles a las personas una renta a través del tiempo.

La recaudación de este sistema, que es obligatorio y de administración privada, intenta

mantenerse en el campo público a través de la boleta única de recaudación previsional recientemente creada. Los fondos personales irían al SUSS, desde donde se derivarían luego hacia la AFJP de elección del aportante.15

Este componente privado del sistema previsional concurre con un subsistema público,

planteado como no transitorio por el subsecretario de Seguridad Social, que estará destinado a los jubilados actuales (3.300.000), a todos los trabajadores en relación de dependencia y a los autónomos del sector formal de la economía. Va a funcionar como un sistema de reparto puro,

15 El terna de la recaudación y distribución pública de los aportes podría ser revisado ante las dificultades surgidas en su implementación para el régimen de obras sociales. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios no se han expedido al respecto.

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denominado "Sistema Básico Público Previsional", que respetaría el cociente directo entre lo que se recaude y la cantidad de beneficiarios, sin relación con el salario o el nivel de los aportes realizados durante la actividad.

El terna de la recaudación y distribución pública de los aportes podría ser revisado ante las

dificultades surgidas en su implementación para el régimen de obras sociales. Sin embargo, hasta el momento los funcionarios no se han expedido al respecto.

Este tramo garantizará una prestación mínima, básica, igual para todos sus beneficiarios,16 que

rondaría los $120/150, y cuya actualización dependería únicamente de los aumentos en la recaudación.

Existen versiones contrapuestas respecto del carácter transitorio o permanente de este nuevo

régimen de reparto y de su haber. Y, como es lógico, semejante definición es fundamental para evaluar el proyecto de reforma. Ya dijimos que el propio Dr. Schulthess aseguró que este tramo no será transitorio (desapareciendo juntamente con los jubilados actuales), sino permanente en el tiempo, más allá del período de transición, y que su prestación sería, en el nuevo régimen previsional, una base a la que se sumaría la prestación lograda por capitalización en el sistema privado. Sin embargo, esto resulta contradictorio con otras definiciones.

En primer lugar, se está hablando de un plazo de dos años para que los activos mayores de 45

años opten por pasarse o no al régimen de capitalización individual. Además, se plantea que los 45 años establecen el corte, a partir del cual los activos no conseguirían capitalizar lo suficiente en el nuevo régimen. Siendo así, no están considerando que todos los activos cobrarán esa prestación básica a la que sumen lo capitalizado.

Por otra parte, ningún sector, incluyendo a los empresarios que se están preparando para lanzar

Administradoras de Fondos de Pensión, calcula en las estimaciones sobre los futuros haberes esta prestación base y si, en cambio, los $120 que pagaría el Estado por todo reconocimiento de los aportes pasados. De acuerdo a los montos que se manejan, ($370), el haber mínimo del actual sistema de reparto sólo correspondería a los jubilados actuales y a aquellos activos mayores de 45 años que NO opten por el nuevo régimen.

En la revista "Negocios"17 se explica la diferencia entre jubilación privada (como la que existe

en la actualidad y corresponde al segmento complementario y optativo del nuevo régimen) y el Fondo de Pensión: "La jubilación privada complementa a la estatal y es optativa. El Fondo de Pensión será privado y reemplazará, para aquellos que deseen pasarse a dicho sistema. a la jubilación estatal".

Los requisitos para acceder al tramo de reparto del nuevo sistema incluyen una edad mínima

de sesenta años para las mujeres y sesenta y cinco para los hombres y veinte años con aportes.18 Esta parte del subsistema previsional será de administración pública, a través del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). 16 El subsecretario de Seguridad Social había afirmado que se contempla una dispersión máxima del 10%, derivada probablemente de considerar la antigüedad de los beneficiarios en el sistema, es decir, de los años de servicios con aportes. Posteriormente trascendió que, por reconocimiento a cualquier antigüedad en el actual sistema de reparto, se pagarían otros $120 al momento de pasar a retiro. 17 Revista Negocios, año 1, Nº 11, abril 1992, pág. 46. 18 En el mes de Septiembre último, por decreto 2016/91, se elevaron de quince a veinte el mínimo de años de servicio con aportes requeridos para acceder a la jubilación ordinaria, tanto para el régimen de trabajadores en relación de dependencia (ley 18.037) como para los autónomos (ley 18.038).

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La lógica del sistema planteado permite inferir que se abolirá el 82% establecido en la ley

18.037. En recientes declaraciones, el Dr. Schulthess planteó que el haber total factible sería 50% del salario medio de la economía.

En cuanto al financiamiento de este segmento, no existe aún definición precisa. La intención

del Gobierno era desvincularlo de las imposiciones al trabajo, con el fin de descomprimir el salario desde el punto de vista impositivo, y bajar así los costos laborales. Sin embargo, en lo concerniente al financiamiento previsional, el proyecto de reforma tributaria fue desarticulado recién por presiones empresarias, quedando indefinido por el momento. En ese proyecto se eliminaba el 16% de contribución patronal destinado al sistema jubilatorio y se lo sustituía por el IEPE, Impuesto al Excedente Primario de las Empresas, que gravaría la diferencia entre el valor agregado y los costos laborales, con una tasa del 18%. Al desaparecer del esquema el IEPE, los funcionarios de Economía y Trabajo siguen buscando impuestos que lo reemplacen.

El ministro Díaz anunció hace pocas semanas la sustitución del IEPE por el IPS, Impuesto

para la Previsión Social, que se presenta aun confuso por cuanto la base de imposición no es clara. Con una tasa del 10%, este nuevo impuesto reemplazaría a los aportes patronales y financiaría este segmento del régimen jubilatorio. Por otro lado, se trabaja en el mejoramiento de la recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales, a partir de la inclusión de los bienes personales en el exterior. Cavallo estimó que, por este concepto, "por lo menos un millón de argentinos deberá presentar para el 24 de julio, una declaración jurada de sus bienes". Es decir que, por ahora, quedan firmes sólo aquellos ingresos que se planteaban como adicionales: el 10% de la recaudación del IVA, previo a su coparticipación, el impuesto a los patrimonios personales no productivos, considerado de poca importancia por los bajos montos que viene recaudando (3 millones de pesos contra el total de la recaudación que alcanzó a los 1.709 millones) y el 30% de los ingresos brutos por privatizaciones, asignado este año al sistema previsional y que Schulthess considera proveerá sumas muy significativas (alrededor de 1.000 millones de dólares en 1992).

El financiamiento del nuevo sistema de reparto se definirá, entonces, en las próximas semanas.

La reducción de los costos laborales constituye Lino de los objetivos del proyecto económico global y, seguramente, se intentará atenderlo. Por otro lado, sería difícil mantener la contribución patronal en un régimen que, como veremos, intenta desconocer los aportes de los activos.

Finalmente, el tercer subsistema es el complementario. Será optativo y está destinado a

aquellos trabajadores que decidan ahorrar más, para recibir una mayor prestación en el futuro a través de rentas vitalicias o seguros de retiro de administración absolutamente privada, a cargo de compañías de seguro de retiro. La recaudación, en este caso, será obviamente privada.

Cancelación de la Deuda Previsional

El SNPS ha contraído una enorme deuda con sus beneficiarios, por el pago de haberes

inferiores al 82% que marca la ley 18.037. Las últimas estimaciones calculan su monto, hasta el 31-3-91, en 7.000 millones de dólares. Sin embargo, a partir de abril, esta deuda siguió incrementándose –dado que no se alteró el incumplimiento respecto de lo establecido en la legislación– a razón de unos 200 millones de dólares mensuales. Para evitar que esta deuda mensual crezca demasiado, la Subsecretaría se propone modificar en la nueva ley previsional el artículo que establece la movilidad de los haberes, en función de un índice de remuneraciones. Basándose en la

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vigencia de la convertibilidad que prohíbe cualquier indexación, sustituirán el art. 53 de la ley 18.037 por uno que establezca la movilidad, a partir de una remuneración media conformada por la recaudación y el número de jubilados. Esa remuneración media se actualizará cada seis meses, y los aumentos que registre se volcarán a los haberes.

La propuesta oficial plantea que el nuevo sistema nazca libre de toda deuda. El mecanismo

para cancelarla se basa en su pago con "Bonos de Cancelación de la Deuda Previsional", que se emitirán a diez años de plazo y devengarán un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común. Una vez establecidos los montos que reconocerán a cada beneficiario, estos bonos comenzarían a acreditarse a los jubilados y pensionados en las cuentas bancarias donde reciben sus pagos habitualmente a partir de este mes. Sólo unos 10.000 jubilados –el 0.3% del total que ya tenía sentencia judicial de la deuda desde el año pasado–, cobrarán en efectivo. En estos casos, el Estado establecería una quita del 40%, pagando el 60% restante en quince cuotas. Schulthess estimó recientemente que los pagos por este concepto alcanzarían unos 46 o 48 millones de dólares, que provendrán de los recursos del sistema.

La deuda que se está acumulando a partir de abril de 1991 será cancelada luego con un nuevo

bono. Se estima que, hasta el momento en que se apruebe la reforma, el pasivo sumará casi 4.000 millones de dólares,

Desconocimiento de los Aportes Previos

A diferencia de lo ocurrido en Chile, el proyecto del Gobierno argentino no considera la

extensión de bonos en reconocimiento de los aportes, realizados por los trabajadores activos al régimen que se intenta modificar. Aun cuando se plantea que esos años de aporte previo serán considerados como antigüedad, se desconocerá el valor monetario de ellos, que debería sumarse a lo ahorrado en el sistema de capitalización al momento del retiro.

La razón aducida para adoptar tal decisión es la incapacidad fiscal del Gobierno para asumir

esa deuda con la sociedad, ya que su monto, actualizado por una tasa mínima del 2.5%, superaría los 65 millones de dólares.19

De implementarse, esta medida implicaría la transferencia a la población activa de uno de los

componentes que efectivamente conforman el costo fiscal total del traspaso de un régimen de reparto, como el existente en la Argentina, a otro de capitalización individual. En Chile, ese costo total, que aumentó enormemente el déficit previsional y fiscal a partir de la reforma, se conformaba con las distintas obligaciones que debe asumir el Estado, sin contar ya con los recursos que pasan al sector privado. El proyecto oficial, que no consideró la perspectiva de ese costo fiscal como un impedimento para encarar ese tipo de reforma de nuestro sistema previsional, pretende no asumir parte de dicho costo y renegar de una deuda que en efecto está contrayendo con la población trabajadora.

Como vimos, los empresarios que intentan manejar las futuras AFJP plantean que habrá un

reconocimiento global de $120 fijos por los aportes pasados de los trabajadores menores de 45 años. Después de reconocer que en la Argentina no habrá ningún bono al estilo chileno, la revista

19 Tomado por el diario Clarín, (1-3-92, pág. 2) de la versión taquigráfica de la reunión del Dr. Schulthess con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

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"Estrategas" afirma: "Sin embargo, el Estado tiene un plus bajo la manga. Cuando quienes aporten a una AFJP lleguen a la edad jubilatoria (...) recibirán 10 que hayan logrado capitalizar en forma individual, más un 'reconocimiento' estatal de Linos $120. Y eso es todo".

Cambios en la Fórmula de Determinación del Haber

Para la determinación del haber jubilatorio, actualmente se consideran los tres mejores años de

los últimos diez de actividad y aportes, Sobre ese promedio se determina el salario medio, sobre el que se aplica el 70 u 82%. La intención de la Subsecretaría de Seguridad Social es modificar esta fórmula –que estima habría contribuido a desfinanciar el sistema– considerando el promedio salarial de los últimos diez años para calcular el haber sobre una media salarial y no sobre los tres mejores años. La medida, que reduciría los haberes, se plantea además como una forma de evitar acuerdos entre trabajadores y empleadores para eliminar el pago en negro parcial o total sólo en los últimos años de actividad que son los que finalmente se consideran. Quedarán fuera del sistema de reparto, por medio de un seguro contratado en forma privada en el régimen de capitalización con un 2% del aporte.

Medidas contra la Evasión

Uno de los objetivos de la reforma pasa por controlar los altos niveles de evasión de las

obligaciones previsionales. En este sentido, se espera que actúen los siguientes instrumentos:

a) El régimen de capitalización por sí mismo. ya que al vincular directamente los aportes a la prestación futura acentuaría el incentivo a efectuar aportes en las personas menores de treinta años contra el requisito vigente en el régimen de reparto actual, que obliga a registrar treinta años de servicio y sólo veinte años con aportes.

b) La Contribución Unificada a la Seguridad Social, ya que al atar el aporte previsional al destinado

a las obras sociales evitará el aporte diferencial para salud.

c) La Ley de Empleo, porque consideran que permitirá que un porcentaje importante de trabajadores regularice su situación laboral a través del blanqueo.

d) El nuevo sistema de computación y los pagos con tarjeta magnética.

Una evaluación sintética acerca de los posibles efectos de la aplicación de la propuesta oficial

en el área previsional revela que difícilmente posibilite la reducción de su tan criticado déficit. El análisis de la experiencia chilena demuestra que el traspaso de un régimen estatal de reparto

a otro privado de capitalización individual implica un costoso y prolongado período de transición, que agrava fuertemente el déficit previsional y, por consiguiente, el déficit fiscal. Esto se produce debido a las obligaciones que el Estado debe afrontar con sus pasivos sin percibir recursos que, a partir de la reforma, se derivan al sector privado.

Estas obligaciones incluyen: mantener los pagos a los actuales beneficiarios, reconocer las

contribuciones pasadas de los trabajadores activos y abonar prestaciones asistenciales, tres

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componentes que llevaron el déficit previsional del Estado chileno del 1.7% del PB1 en 1981 –antes de la reforma– al 5.4% del PB1 en 1987. En ese país, este tipo de reforma pudo implementarse en el marco de una significativa expansión económica.

En el caso argentino, el equilibrio fiscal resulta sumamente frágil y demanda recursos

permanentemente para cumplir con el pago de la deuda a los acreedores externos. Sin embargo, y más allá del objetivo explícito de reducir el déficit previsional, este dato –proveniente de una experiencia cercana y conocida por los funcionarios y especialistas en el tema– no fue considerado como un factor relevante al momento de diseñar reformas en la previsión social. Por el contrario, la alternativa escogida en la propuesta oficial para evitar el endeudamiento público, que efectivamente implica el traspaso en cuestión, derivó en la decisión de desconocer los aportes efectuados durante años por los trabajadores activos al régimen estatal de reparto. De más está decir que esta "solución", que intenta eludir Lino de los componentes del costo de la transición, no lo reduce realmente sino que lo transfiere a la población activa.

Uno de los puntos salientes para emprender la reforma previsional consistió en devolver

credibilidad al sistema, tomarlo confiable. Eso permitiría –entre otras cosas– disminuir la evasión. Sin embargo, de implementarse la medida citada, todos aquellos que efectuaron puntualmente sus aportes durante años los perderían en términos monetarios, porque en la propuesta oficial no se reconocería esa deuda. Por otra parte, el hecho de que esos aportes se consideren como antigüedad no resulta muy consolador, ya que los haberes del nuevo subsistema de reparto serán uniformes, con una dispersión máxima del 10%.

Mejorar o extender las prestaciones previsionales tampoco parece haber constituido el eje para

pensar la reforma del régimen actual. El sistema privado de capitalización individual por propia definición no tiende a la solidaridad social ni a la universalización de la cobertura. Sólo cubre a un segmento de la población. Los desocupados, subempleados y gran parte de los cuentapropistas quedaron fuera del nuevo sistema en Chile y lo mismo ocurrirá en nuestro país. Esto resulta de gran importancia al analizar este régimen como el posible sustituto del actual, dado que las tasas de desocupación, subocupación y cuentapropismo alcanzan en la Argentina niveles lo suficientemente significativos como para ser tomadas en cuenta, si se plantea una reformulación estructural de la previsión social.

La necesidad de financiamiento vía Tesoro continuará vigente, y es probable que se

incremente, aun cuando su reducción haya constituido otro de los objetivos explícitos para impulsar la reforma, ya que el acceso a las prestaciones previsionales de los sectores mencionados, así como el de los mayores de 45 años y los jubilados actuales dependerá de alguno de los subsistemas estatales (ya sea el tramo asistencial o el previsional de reparto). Sin embargo, las propuestas reducen los fondos que el Estado podría emplear para mejorar las condiciones de vida de estos amplios sectores, al trasladar una parte importante de los recursos al sector privado que, obviamente, no opera con una lógica de tipo social. Las fuentes de financiamiento de los dos segmentos públicos, entre tanto, no se han podido definir hasta el momento, tras la desarticulación del IEPE por parte del lobby empresario.

Respecto del nivel de los haberes, digamos, en primer lugar, que deja de ser un problema de

política social en el nuevo esquema, al convertirse en el resultado de un contrato individual. Por otro lado, los haberes de ambos regímenes no son comparables, porque el nuevo sistema presentará condiciones excedentarias típicas de todo régimen nuevo. Baste recordar que en 1987, el 75% de los

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cotizantes activos aportaban en Chile al nuevo sistema mientras que el 98% de los jubilados recibían sus pagos del Estado. Aun cuando, al principio, el monto de las prestaciones alcance en el régimen de capitalización niveles superiores a los que otorgue el segmento público –que trabaja con hipótesis de 120 a 150 dólares–, su nivel real sólo podrá ser evaluado a largo plazo.

Debe tenerse en cuenta que, tal como se proyecta el sistema, las AFJP tendrán flujos positivos

durante más de treinta años, porque la edad promedio de los menores de cuarenta y cinco años ronda los veintinueve. Como la reforma lleva la edad de retiro en el régimen de Capitalización a sesenta y cinco años, hasta dentro de veinte años el nuevo sistema no tendrá beneficiarios. Pero aun entonces, al comienzo la relación beneficiarios– activos sería muy baja. Se podría afirmar entonces que hasta el año 2023, el sistema es, por definición, superavitario.

En cuanto a lo previsional, la ventaja fundamental de la capitalización individual parece ser la

desaparición del problema de la relación activo-pasivo, problema que denuncia los efectos que tiene el patrón de empleo e ingresos actual sobre el sistema de seguridad social. Por lo demás, implica olvidar los objetivos específicos del sistema, para atender en cambio a otros vinculados con la afirmación del modelo económico. Estos son: la reducción de los costos laborales –que se fundamenta en la pérdida de relevancia del salario como fuente de demanda interna, en un esquema que privilegia la salida exportadora– y la reestructuración de un mercado de capitales que apunta a conseguir una dudosa recuperación de importantes niveles de inversión privada pero derivará, sin duda, en enormes negocios para las AFJP.

Citamos la conclusión de un representante de una consultora extranjera aparecida en la revista

"Estrategas": "Los jubilados argentinos de principios del Siglo XXI serán tan pobres como los actuales. La reforma previsional no está pensada para garantizarle a los ancianos un buen pasar, sino para que el Estado se saque de encima un déficit de U$S 480 millones anuales (cifras de Macroeconomía) y, paralelamente, la economía reciba una fuerte inyección de ahorro. Obviamente, quien por su juventud tenga mayor tiempo para capitalizar aportando a las AFJP, recibirá una jubilación más suculenta. Pero, por ahora, los cálculos de los especialistas son concordantes. Daniel Marcu, director ejecutivo y socio local de Towers, ha llegado a la siguiente conclusión: una persona de 35 años, que gana $1.000 por mes, y aporta a la AFP el 10% obligatorio ($ 7 para su cuenta jubilatoria, $ 2 por seguro de vida e invalidez y $ 1 por comisiones a las AFJP), percibirá a los 65 años una jubilación de $370, incluyendo el plus estatal. Es decir, será pobre. (...) Realmente es ingenuo pensar que la reforma previsional les solucionará la vida a los futuros jubilados, pero no lo es afirmar que las AFJP serán una gran oportunidad para distintos negocios y que contribuirán en forma decisiva a la formación del mercado de capitales. La experiencia chilena demuestra ambas cosas".20

La conclusión remite entonces al hecho de que, con la excusa de discutir la necesaria reforma

del sistema, se debaten alternativas que en realidad intentan resolver otros problemas de orden económico-financiero y no aquellos que específicamente atañen a la cuestión previsional como política social.

20 op. cit., pág. 9.

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Lineamientos de la Reforma del Sistema de Obras Sociales

Al analizar los lineamientos de la propuesta de reforma en el régimen de obras sociales nos

encontramos con una situación similar a la descripta para el sistema previsional. En efecto, en ella se elude dar respuesta a los acuciantes problemas del sector salud y se prioriza, en cambio, una propuesta parcial, que acentúa la tendencia –ya muy pronunciada– hacia la privatización de la atención médica en el régimen de obras sociales y el quiebre del principio de solidaridad que, aunque con limitaciones, se encuentra presente en el sistema actual.

Los dos ejes fundamentales del proyecto oficial, denominado OSAM (Organización Solidaria

de la Atención Médica) incluyen: la libre elección del prestatario por parte del beneficiario, vieja reivindicación de la medicina prepaga que pondría en competencia a obras sociales y entidades privadas, y la Instauración de un mecanismo de distribución de la recaudación del sistema a través de una cápita uniforme por beneficiario, destinada a cubrir la atención médica básica.

El sistema, dependiente del Ministerio de Salud, sería obligatorio para todos los trabajadores

en relación de dependencia del ámbito nacional, así como para los autónomos y desocupados y su grupo familiar primario.21 La afiliación se plantea como única para evitar la doble cobertura. Las fuentes de financiamiento se mantienen, es decir que la OSAM recibiría, básicamente, los mismos aportes que hoy se realizan sobre el salario, esto es, 3% a cargo del trabajador y 6% a cargo del empleador. A éstos se sumarían las contribuciones de los autónomos y los aportes que, por los desocupados realice el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. El proyecto plantea que el sistema funcione sólo con sus recursos genuinos. Se eliminarían, por tanto, los recursos de distinta naturaleza, que constituyeron un importante financiamiento adicional para algunos gremios, así como toda asistencia proveniente del Tesoro. La recaudación quedaría, al igual que en el nuevo régimen previsional, en el ámbito público a través de la CUSS (Contribución Única de Seguridad Social) para luego derivarse al prestador que elija cada beneficiario entre las entidades registradas.

En cuanto a la distribución de los fondos recaudados, se efectivizaría a través de la CUPAM

(Cuota Parte Dineraria de Atención Médica). El valor de esta cápita será, como máximo, el que resulte del cociente entre el total de la recaudación y la totalidad de los beneficiarios, teniendo en cuenta los costos estimados de la cobertura básica. Hasta el momento se habló de 20 o 22 dólares por beneficiario. El proyecto no establece su monto mínimo.

Los requisitos para constituirse en prestatario del régimen proyectado son bastante amplios por

lo que podrían intervenir, entre otros, obras sociales, mutuales y prepagos privados. Sin embargo, se plantea la necesidad de tomar recaudos para evitar que los entes prestatarios establezcan requisitos para seleccionar a los beneficiarios, o impongan períodos de carencia (lo que habitualmente sucede en el sector privado) de modo de garantizar el pleno acceso a la Atención Médica Básica establecida por la autoridad de competencia.

La Atención Médica Básica, comprendería el 100% del costo a cargo del ente prestatario.

Implicaría una cobertura amplia que incluye: atención primaria (prevención, promoción); programas por grupo de riesgo (plan materno infantil, SIDA, IES, drogadicción y alcoholismo, odontología

21 Los trabajadores de nivel provincial y municipal pueden adherir mediante convenios entre sus jurisdicciones y la OSAM.

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preventiva); atención secundaria ambulatoria (consulta general, especializada, atención odontológica, medicamentos) internación institucional o domiciliaria, medios de diagnóstico, emergencias, prótesis y órtesis, atención médica terciaria (crónicos, gerontosiquiátrica) y salud mental.

Los entes prestatarios deben someterse a un doble contralor, médico y económico-financiero de las Direcciones de Superintendencia respectivas.

El hospital público podría incorporarse como prestador, a través de contratos con entes

prestatarios, con el único requisito de mantener un manejo de fondos independiente, según el destino de los servicios, que evite cualquier financiamiento público de los servicios a la OSAM.

Para la implementación de este sistema se prevé un período de transición para dar lugar a la

adecuación de las obras sociales al funcionamiento dentro de la nueva normativa, en este período recibirían apoyo técnico y financiero.

El período de transición comprendería tres etapas de nueve meses cada una. En la primera, las

obras sociales serían habilitadas provisoriamente, esperando su conversión en Entes Prestatarios según los requisitos definidos. En la segunda etapa, los beneficiarios quedarán habilitados para optar entre entes prestatarios, ex-obras sociales. En la última etapa, se prevé la incorporación de entidades de distinta forma jurídica, dando la opción a la libre elección dentro de un conjunto más amplio de prestadores.

En su estado actual, la propuesta presenta puntos oscuros, algunos de los cuales podrían

modificar, al aclararse de determinada manera, el sentido y cualquier evaluación de esta política. Entre otros podríamos citar las formas de cálculo de los costos de atención médica, los mecanismos para hacer transparente la información sobre dichos costos y sobre la recaudación del sistema, el establecimiento de mecanismos que permitan compensar las diferencias que se puedan producir por la fluctuación de los costos y de la recaudación Pudiendo generar déficit o excedentes, quiénes intervendrán en la toma de decisiones sobre el uso de dichos fondos, etcétera.

De hecho, y ante las dificultades surgidas con la distribución de la recaudación, siguen

debatiéndose muchos de sus aspectos al ritmo de una negociación política que tiene como eje fundamental el manejo de los cuantiosos fondos del sistema –que rondan los 3.000 o 4.000 millones de dólares– y la posición de poder de los sindicatos. Pero, a partir de los lineamientos conocidos, pueden extraerse algunas conclusiones sobre todo de los aspectos que no fueron tomados en consideración al diseñar la modificación del régimen actual.

El proyecto oficial, de implementarse, no reducirá la estratificación que el sistema actual

nunca pudo quebrar. La población probablemente vuelva a dividirse según su nivel de ingresos. Pero este fenómeno ya no estará ligado al salario promedio por sector de actividad, sino a la posibilidad individual de elegir prestatario de acuerdo a la capacidad, individual también, de pago directo. Es importante recalcar que la otra cara de la moneda la constituirán todos aquellos sectores que efectivamente no podrán "elegir libremente" el lugar de atención, debido a su imposibilidad de afrontar pagos más allá de su aporte mensual. La mayor parte de estos trabajadores pasarán a engrosar la fila de asalariados teóricamente cubiertos por la seguridad social, que sólo pueden atenderse en el hospital público para el que prácticamente no hay políticas.

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La ausencia de definición sobre el hospital público revela la inexistencia de una planificación integral para que el sector salud dé respuesta a las necesidades y derechos de los once millones de argentinos, que quedan fuera del sistema de obras sociales. Así, el proyecto no toma en consideración a una fracción nada despreciable de los demandantes de salud.

Tampoco demuestra intención alguna de integrar los tres Subsectores del área, salvo para

seguir agrandando el sector privado. Una política que tendiera a la integración racional del hospital público, las obras sociales y el sector privado permitiría combinar los distintos recursos de acuerdo a un plan integral de salud. Pero medidas de este tipo supondrían la consideración de las necesidades de toda la comunidad demandante de salud y no sólo. como es el caso actual, de los sectores de mayores ingresos.

En este proyecto se sigue focalizando la discusión en la medicina curativa, en la atención de la

enfermedad y la cuestión médica (cautiva del sector privado), en lugar de tender a la ampliación de medidas de prevención y promoción características de la salud pública.

Difícilmente contribuya a reducir el costo de las prestaciones. Por el contrario, probablemente

éste se verá incrementado como resultado de poner en competencia a las obras sociales con prestadores privados que cuentan con mayores recursos económicos y harán jugar tecnología innecesaria en la determinación de los precios. En este contexto, la cápita uniforme destinada a cubrir servicios básicos funcionará, sin duda, como piso a partir del cual se discutirá la cotización de cada prestación.

La existencia de prácticas corruptas seguramente continuará. Si el sistema anterior incentivaba

la sobreprestación y el consecuente sobregasto para las obras sociales, el método oficial inducirá la subprestación y sobrefacturación del servicio frente a la distribución de una cápita uniforme.

No se atiende a la necesidad de tornar más participativas o democráticas a las obras sociales

que sobrevivan ala reforma proyectada. La participación de la comunidad sigue sin considerarse un objetivo promovible, cuando se piensa en reformular los aspectos en que sin duda falló el actual sistema de obras sociales. En cambio, y al igual que en el proyecto de reforma previsional, parece atenderse a brindar mayores posibilidades de negocios al sector privado que obviamente se maneja con criterios que poco tienen que ver con lo social, a través de ampliar su influencia en el manejo del sector salud.

Conclusiones

Asistimos hoy a una ofensiva inédita sobre el sistema de seguridad social. En este contexto,

sus objetivos básicos de proteger a la población frente a las contingencias sociales derivadas de la vejez, la invalidez y la enfermedad a partir de un modelo que tienda a la universalidad, la equidad y la solidaridad, han perdido relevancia y se intenta sustituirlos por principios que difícilmente respeten el derecho irrenunciable de los trabajadores a la salud y la previsión.

Un análisis sencillo, que vincule los cuellos de botella que enfrentan los respectivos sistemas

con las tradicionales metas de la seguridad social, resulta suficiente para descartar la promovida privatización parcial o total de la previsión y la salud, como herramienta clave para atender a su resolución.

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Con respecto a la equidad, la privatización –lejos de liberar recursos para asignar a quienes más necesitan– trae aparejados serios problemas, por cuanto sus beneficios sólo pueden ser afrontados por los sectores de altos ingresos. En este sentido, la eliminación o disminución de los servicios estatales –sobre todo en situaciones de crisis– puede dejar sin cobertura a importantes grupos poblacionales, dado que los sectores asalariados medios no se encuentran en condiciones de renunciar a los recursos públicos remanentes en favor de los más pobres.

Las apelaciones a la eficiencia y racionalidad también se encuentran a la orden del día, sobre

todo cuando se refieren a las limitaciones del sector público y a las "potencialidades" del sector privado y el mercado. Sin embargo, en el país ya hubo experiencia –y no muy alentadora– al respecto.

En el caso de las obras sociales, el sistema operó casi exclusivamente desde su nacimiento por

medio de la contratación de servicios de salud con un sector privado, que ha producido niveles de sobreprestación de tal magnitud que implican una ineficiencia global alarmante. Sin embargo, la impronta del proyecto que hoy se discute está dada por un nuevo avance hacia la privatización del sector. El actual planteo de la "libre elección" del prestador de salud por parte del beneficiario esconde la intención de poner en competencia a las obras sociales con prepagos privados que cuentan obviamente con condiciones privilegiadas en el plano económico y sumamente dudosas en el aspecto social. En definitiva, en lugar de tomar medidas para fortalecer o integrar a un subsector, que cubrió durante años una proporción importante de la demanda de salud, se postula dejarlo morir –dado el necesario incremento que sufrirán sus precios– y alentar el éxodo, ya muy avanzado, de sus beneficiarios hacia un sector público que no está en condiciones de absorberlos.

En el campo previsional, y ante lo que se define como el colapso económico –financiero del

régimen de reparto, en los últimos tiempos fueron disminuyendo en importancia las propuestas de reforma que planteaban el ajuste parcial de los puntos críticos del sistema vigente. Crecieron las que apuntan a su sustitución por un sistema privado de capitalización individual, basado en seguros de retiro o Fondos de Pensiones, similar al implementado en Chile a partir de la reforma que Pinochet impuso en 1980. Ya citamos las opiniones de los futuros administradores de fondos de pensión: fundamentalmente, el proyecto asegura negocios diversos al sector privado y elude la responsabilidad de garantizar una jubilación digna a los pasivos. Los objetivos de la previsión social, como suponíamos, son ajenos a los objetivos del proyecto oficial.

Nuestra conclusión principal remite a señalar que las propuestas de reforma que hoy se

discuten para el régimen previsional y el sistema de obras sociales sólo cobran sentido si se las analiza en el siguiente marco:

a) Una profunda reestructuración del Estado y la Seguridad Social, que tiende a su desvinculación

progresiva, como viene sucediendo en otras áreas en el proceso de desguace estatal.

b) El objetivo privilegiado de atender a la afirmación del modelo económico global, asegurando el equilibrio fiscal que permita cumplir con el pago a los acreedores externos, trasladando importantes mercados cautivos a los grupos económicos para ser explotados en su beneficio –conformando un amplio mercado de capitales– y, finalmente, reducir los costos laborales, en un modelo que prescinde del mercado interno.

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Los objetivos implícitos en ambas propuestas de reforma no apuntan a resolver los problemas que realmente enfrenta el sistema de seguridad social. Por el contrario, los eluden como eluden la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho irrenunciable de la comunidad a la salud y la previsión.

EL SISTEMA DE RELACIONES LABORALES Promulgación de la Ley de Empleo. Normas Observadas

El nuevo año encontró ya "promulgada" la Ley Nacional de Empleo (NI' 24.013) y la Ley de

Accidentes del Traba o (Nº 24.028). Mientras en esta última no se produjeron mayores cambios en relación con los anteproyectos analizados en el Informe de Coyuntura anterior (Diciembre 1991, pp. 54/56), la Ley Nacional de Empleo merece cuando menos algunos comentarios.

El artículo 8 del decreto 2565/91, de fecha 5/12/91, expresa que, "con las salvedades

establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlguese, y téngase por Ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el N' 24.013". Los "artículos precedentes contienen disposiciones por las que se observan" varias normas del proyecto de ley.

De acuerdo con los considerandos del decreto en cuestión, la promulgación parcial de la ley

que se ejecuta se fundamentaría en "... la facultad conferida al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 72 de la Constitución Nacional".

El citado artículo 72 de la Constitución Nacional dice textualmente: "Desechado en el todo o

en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones ala Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año".

La letra del artículo es suficientemente clara en cuanto a que cualquier objeción total o parcial

por parte del Ejecutivo implica el retorno del proyecto a las Cámaras, a fin de reabrir su debate, debiendo someterse luego a votación nominal, garantizándose una adecuada publicidad por los medios de difusión de todo lo ocurrido durante este procedimiento. De no ser así, es decir, si el proyecto no es devuelto al Congreso en el término de "10 días útiles", se debería reputar aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución Nacional. Aprobado en su totalidad, claro está.

En el capítulo de la Constitución Nacional titulado "De la formación y sanción de las leyes"

(arts. 68 a 73) no se prevé ningún mecanismo que autorice la promulgación parcial de una ley. En consecuencia, la Ley 24.013 debería considerarse promulgada en su totalidad o, en todo caso, observada, poniéndose entonces en funcionamiento el procedimiento antes descripto. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Simplemente se continúa coexistiendo con una ley parcialmente promulgada".

Cabe destacar, además, que nada se ha mencionado respecto del trámite a seguir con los

artículos observados por el Ejecutivo. Lo que ha ocurrido en definitiva ha sido la ya conocida y

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habitual reforma de una Ley por un Decreto, pero en una variante diferente: la modificación no se produce sobre una ley vigente sino antes de ponerla en vigencia. Para el caso, lo mismo da.

No deja de ser interesante, sin embargo, efectuar una rápida revisión de los artículos

observados. •"Art. 32: Para poder contratar bajo las modalidades promovidas, el empleador no deberá

tener deudas exigibles con los organismos previsionales, de asignaciones familiares, obra social, FO.NA.VI., Fondo Nacional de Empleo y asociaciones sindicales."

Teniendo en cuenta el Indulto Laboral, acordado por esta ley para los empleadores que

hicieran uso del blanqueo espontáneo, la sustancial rebaja de costos que se les acuerda a través de las modalidades de contratación flexible-precaria, y la bonificación respecto de los aportes al sistema de seguridad social, la exigencia del artículo 32 del proyecto aparecía como sobradamente razonable. Sin embargo, de acuerdo con los considerandos del decreto 2565/91, esa imposición "... puede constituirse en serio obstáculo para la efectiva utilización de esas modalidades contractuales e impedimento para el consiguiente crecimiento del empleo..." De dichos considerandos pueden deducirse algunas conclusiones:

a) Que el Gobierno no tiene ninguna intención de cobrar las deudas pendientes de las empresas

morosas.

b) Que el Gobierno intenta que la contratación laboral se encamine, de aquí en adelante, a través de las modalidades flexible -precarias, o sea, que se acabe la estabilidad laboral.

c) Que el Gobierno reconoce que cualquier creación de empleo –si la hubiere– será sólo a través de

la contratación flexible –precaria. • "... Art. 145, inc. a) 3 y 4: Los recursos destinados al Fondo, Nacional del Empleo son los

siguientes: a) Aportes y Contribuciones:... 3.- Una contribución del 0. 5% de las remuneraciones sujetas a contribuciones previsionales,

a cargo del empleador privado, 4.- Un aporte del 0.5% de las remuneraciones sujetas u aportes previsionales, a cargo del

trabajador. El resto de los aportes con que se sostendrá el fondo incluyen:

• 1,5% de la contribución patronal a las cajas de subsidios y asignaciones familiares;

• 3% del total de remuneraciones pagadas por empresas de servicios eventuales,

• Partidas anuales del Presupuesto;

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• Recursos provinciales y municipales:

• Donaciones, rentas, saldos no utilizados, cooperación internacional, etcétera. Teniendo en cuenta que el primero y segundo rubro dependen de las remuneraciones

"blanqueadas". –o sea que no es muy alentador–, que las partidas del presupuesto dependerán del ajuste fiscal –cuya prioridad es el Brady y no el desempleo– y que las provincias y municipios son víctimas de dicho ajuste, el aporte y la contribución del inciso a) 3 y 4 eran evidentemente un reaseguro para que el seguro de desempleo no sólo pudiera ascender a un monto digno, sino que además abarcara a más cantidad de personas, especialmente teniendo en cuenta los índices de desocupación abierta reconocidos por las encuestas oficiales. Y ello sin mencionar que el Fondo debería atender otros objetivos además de pagar el subsidio por desempleo.

Muy por el contrario, en los considerandos del decreto 2565/91 se sostiene que dicha

imposición, redundaría "... necesariamente en un incremento de los costos laborales, con ineludible incidencia negativa sobre el nivel de vida de los trabajadores y la población consumidora en general..."

Parece evidente que entre la "población desocupada" y la "población consumidora" se ha

optado por esta última, con la salvedad de que, a pesar de lo expresado en el decreto, la población consumidora" poco tiene que ver con la "población traba adora", sobre todo si se compara canasta familiar y niveles de ingresos.

Lo más importante tal vez del decreto 2565/91 es el sinceramiento del Gobierno respecto de

los objetivos de la Ley Nacional de Empleo. En efecto, en los considerandos del mismo, relativos a la conformación del Fondo Nacional de Empleo, se sostiene: "Que esta disposición aparece así como incongruente con los objetivos perseguidos al generarse el proyecto de la Ley Nacional de Empleo que entre sus fines manifiestos se propone disminuir los costos laborales...”22

Al respecto, véase el Informe de Coyuntura N' 2 - Dic. 1991, pág. 54 y ss. • "Art. 19 inc. g): El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, tendrá a su cargo la organización, conducción y supervisión del Sistema Único de Registro Laboral, a cuyo fin tendrá las siguientes atribuciones.

g) Diseñar y hacer aplicar la boleta única de pago de aportes y contribuciones emergentes de la relación laboral, con excepción de las obras sociales. Por este último concepto ti con fines informativos, sólo constará la fecha y la institución recaudadora del pago correspondiente al mes anterior de que se trate."

Los fundamentos por los que se procede a observar esta norma configuran una joya del

accionar anticonstitucional. En efecto, además de utilizar un procedimiento no previsto por la Constitución, como es la promulgación parcial, en este caso se fundamenta la "derogación-veto observación" de una norma dictada por el Congreso, haciendo prevalecer sobre la misma el contenido de un decreto –Dec. 2284/91 que instituyó la contribución unificada de la seguridad social– dictado por el Ejecutivo. 22 Al respecto, véase el Informe de Coyuntura N' 2 - Dic. 1991, pág. 54 y ss.

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Por lo tanto, en lugar de aprovechar la sanción de la Ley de Empleo para sanear la creación del

CUSS por decreto, se utiliza aquel decreto para velar inconstitucionalmente la norma sancionada por el Congreso.

Tendencias para la Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Negociación Colectiva

En medio de esta catarata de violaciones constitucionales, normas impuestas por obra del

autoritarismo y pérdida cada vez mayor de derechos del trabajador argentino, se presentaron en sociedad los proyectos de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales y de Negociaciones Colectivas, en su primera versión.

Anoticiadas las cúpulas sindicales de los contenidos propuestos para modificar la 'Ley 23.551,

se produjo "el gran milagro". Ante la Ley Nacional de Empleo, la reforma de la Ley de Accidentes, el avance de la precariedad y la marginalidad, el agotamiento de los fondos de la seguridad social, la rebaja de las indemnizaciones por despido mediante topes aberrantes que remiten a salarios negociados hace ya un año, 1 rente a todo esto, los sindicatos seguían mostrándose ausentes de la escena. Pero bastó un proyecto de modificación de la Ley de Obras Sociales, y un intento de apuntar al debilitamiento del continuismo en el poder sindical, para que como el Ave Fénix, la CGT resurgiera unificada, sobre las cenizas de tanto discurso vacío y sin sentido.

El 26 de marzo nadie dudó en reconocerlo: los sindicatos presentes se unieron frente al peligro

de perder sus obras sociales y de encontrarse con una legislación que facilitara el crecimiento de sindicatos simplemente inscriptos y la presentación de listas opositoras dispuestas a disputar la conducción de los gremios. Poco se habló en cambio, en esos días de la pérdida de la tutela de la que se pretendía hacer víctima a los delegados del personal, del retroceso que significaba la reforma proyectada de la Ley de Negociación Colectiva –con la que se intentaba derogar el carácter de derechos adquiridos de las mejoras convencionales– que un convenio posterior pudiera derogar a uno anterior de cualquier nivel, que el plazo máximo de la jornada laboral pueda medirse en un período de seis meses, sin limitaciones, etc., etc. Tampoco se habló de la promulgación inconstitucional de la Ley de Empleo, ni de los topes indemnizatorios publicados el 11 de marzo en el Boletín Oficial, que demuestran que los perjudicados no son los trabajadores de cargos directivos o gerenciales, sino aquellos que tienen la suerte de llegar a cubrir con su sueldo la canasta familiar.

La señal fue clara y el Gobierno contestó también con claridad. En oportunidad del Congreso de Reunificación de la CGT, ingresaron al Congreso de la

Nación las dos nuevas versiones de las reformas de Ley Sindical y de, Negociación Colectiva, al tiempo que se hacía saber que la proyectada reforma de la Ley de Obras Sociales se liaría por "consenso".

En cuanto a la Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales, es de destacar que, en la nueva

versión, no sólo han sido derogados todos los puntos que facilitaban la disputa por el poder sindical (requisitos para presentar listas opositoras; porcentaje para pedir asamblea o congreso extraordinario; obligación de respetar a la minoría: requisitos para postularse a un cargo directivo; etc.), sino que el nuevo proyecto acaba incorporando al texto legal la "carrera sindical", creación

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estatutaria de la burocracia sindical estatalista, generada al amparo de la flexibilidad del Ministerio de Trabajo al interpretar la ley 23.551 todavía vigente.

En lo que se refiere a la Ley de Negociación Colectiva, por el contrario, las modificaciones

propuestas en esta segunda versión no son en modo alguno relevantes, y dejan vigentes todas las propuestas regresivas en perjuicio de la relación individual de trabajo. En efecto, a pesar de los contenidos del Mensaje de Elevación, de fecha 25/3/92, en los que se hace gala de un espíritu moderno y democrático, la nueva versión del proyecto de Ley de Negociación Colectiva plantea muchas dudas respecto de los derechos de los trabajadores argentinos. Ante todo, porque con el pretexto de introducir la articulación de la negociación colectiva, lo que se pretende es derogar el principio de la norma más favorable al trabajador.

Nadie discute las ventajas de la negociación colectiva articulada, siempre y cuando ella tenga

lugar en un marco legislativo que respete los derechos adquiridos, el principio protectorio, y que promocione verdaderamente la libre negociación en todos sus aspectos.

En este marco, la articulación daría como resultado efectivamente una coordinación jerárquica

entre varios niveles, obrando el nivel superior como paraguas protector en el que, además de pautas globales, se fijaran los pisos mínimos inderogables, derivando a los niveles más específicos la posibilidad de superar esos mínimos cuando sea posible.

Muy por el contrario, el sistema propuesto en el proyecto del PEN establece expresamente la

posibilidad de derogar un convenio colectivo anterior, sin que el trabajador pueda alegar derechos adquiridos (art. 1l); y también autoriza a que un convenio prevalezca sobre uno anterior de cualquier ámbito "... siempre que el nuevo convenio sea globalmente más favorable para los trabajadores, a cuyo efecto será unidad de comparación el texto íntegro de cada convenio" (art. 10).

Con esta norma se modifica sustancialmente el art. 9 de la LCT, generando una discriminación

injustificada. Cuando el conflicto sea entre ley y convenio, regirá el art. 9 LCT y, por ende, la norma más favorable se determinará comparando las instituciones involucradas. (p. ej., vacaciones, salarios, licencias, etc.). Pero cuando el conflicto se instale entre dos convenios colectivos, habrá que aplicar el procedimiento del conglobamiento, es decir, comparar todo el convenio en su totalidad, situación que no sólo contraría opiniones doctrinarias vigentes a la fecha, sino que se contrapone con el principio receptado tanto por el art. 9 de la LCT como por el art. 7 de la Ley 14.250.

Otro tópico a tener en cuenta es el relativo a la jornada de trabajo. Según el art. 14 bis de la

Constitución Nacional, las leyes deberán asegurar al trabajador "... jornada limitada...". Y tanto la Ley 11.544 como el art. 196 y ss. de la L.C.T. configuran una reglamentación adecuada, –si bien perfectible– de dicha garantía constitucional. No se discute que pueda permitirse una reglamentación más descentralizada de la jornada (provincial o por regiones), pero lo que no puede concebirse es que se pretenda derogar la tutela legal de jornada máxima, al autorizar lisa y llanamente que la modulación del tiempo de trabajo Pueda ser fijado por el convenio colectivo, con el único requisito de que se respeten "los límites máximos de tiempo de trabajo acordados por las partes" (art. 16 del proyecto).

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Si se comparan estas propuestas con el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores de España, se deduce fácilmente qué lejos estamos del ponderado "Primer Mundo". En la normativa española, se determina que la duración de la jornada será la pactada en convenios colectivos, pero se aclara que:

a) La duración máxima de la jornada ordinaria será de cuarenta horas semanales.

b) En los convenios colectivos podrán regularse jornadas anuales, respetando el límite que para la

jornada ordinaria fija la norma: nueve horas ordinarias de trabajo efectivo, y un mínimo de doce horas entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente.

En todo caso, como las normas de la Ley 11.544 continúan vigentes, el proyecto en cuestión

generará gran conflictividad judicial. Debe señalarse también que, mientras el Mensaje de Elevación se explaya respecto de las preferencias de la O.I.T. por un sistema de negociación colectivo libre, en nuestro sistema legal no sólo se establecen materias de obligatoria negociación (art. 24, Ley 24.013) sino que continúa vigente el decreto 1334/91 que limita y condiciona gravemente la negociación salarial.

Por último resulta importante mencionar el punto relativo a la vigencia de los convenios. Una de las conquistas de la ley 14.250 había sido la derogación de la distinción entre cláusulas

normativas y obligacionales, a los fines de la vigencia de un convenio, una vez vencido su plazo (art. 6, Ley 14.250). Dicha conquista fue en SU momento defendida corno muy importante, incluso por quienes hoy son funcionarios del Gobierno. Sin embargo, sin dar ninguna fundamentación, el proyecto retorna la distinción entre los dos tipos de normas. Esta nueva versión de la reforma resulta, en todo caso, más suave en cuanto a las posibles prórrogas de las normas de un convenio que lo que se desprendía del proyecto original. Pero, de todos modos, introduce una modificación que sólo puede calificarse de arbitraria.

Como ya se ha dicho, el sistema que el proyecto pretende reinstalar con algunas variantes es

aquel vigente en el país hasta 1988, y que fuera modificado en ese año ya que se alegaba ausencia de resultado equitativo y adecuado. Se propone reeditarlo ahora con la excusa de que, de esta forma, se tiende a inducir a las partes a renovar los convenios periódicamente.

Lo cierto es que, en todo caso, la parte sindical no necesita que se la "induzca" y, en lo que

respecta a la parte empresaria, si la no renegociación conlleva la caducidad de normas que puedan implicar mayores costos, no parece que la norma en cuestión sea acicate para que se avenga a renegociar un convenio.

A todo ello, debe agregarse que aún no hubo tiempo para que el art. 6 de la Ley 14.250

demostrara si se requiere o no su modificación. En todo caso, si alguna demora existiera en renegociar convenios, debería atribuirse a las trabas que la propia administración impone a la libre negociación salarial. En ese sentido, sería más apropiada la derogación del decreto 1334/ 91.

El panorama descripto resulta coronado con el nuevo proyecto de reformas a la Ley Sindical.

Nos encontramos frente a un claro caso de esquizofrenia jurídica, ya que el contenido del Mensaje de Elevación no tiene nada que ver con el texto del proyecto. El Mensaje se explaya en el análisis de los contenidos de la libertad sindical, rescata al sindicato como institución fundamental en la sociedad moderna, defiende la necesidad de promover la democracia interna de los sindicatos pero,

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en realidad, la única norma del proyecto coherente con estos postulados es la que dispone que la Junta Electoral sea designada por los órganos deliberativos (art. 16, inc. i, del proyecto actual). En los demás casos, el contenido del Mensaje pareciera tener mayor relación con el proyecto anterior, de fecha 14-2-92, que con el actual.

En efecto, excepción hecha del capítulo dedicado al tenia del delegado de personal, cuyo

tratamiento era en nuestra opinión una grave involución, en los demás rubros el proyecto de febrero de 1992 promovía la democracia interna y la libertad sindical. En este sentido, se prohibía la posibilidad de exigir avales a las listas opositoras (art. 16, inc. g), se clarificaba cuáles eran los únicos requisitos para ser candidato a un órgano directivo, derogando absolutamente la llamada "carrera sindical" (art. 18); se disminuía sustancialmente el porcentaje necesario para convocar a asamblea y/o congreso extraordinario (art. 19); se establecía la "inscripción automática" de las asociaciones sindicales, una vez trancurrido el plazo legal acordado al Ministerio para formular observaciones (art. 22 in fine), etcétera.

En la nueva versión, por el contrario, se percibe la intención de mantener el oxígeno a las

cúpulas sindicales, una vez logrado el disciplinamiento de éstas. Es así como se reinserta la exigencia de avales a listas opositoras, si bien se los reduce del 3% al 2%; se incrementan los requisitos para postularse a órganos directivos, legitimando en la norma legal la "carrera sindical"; se diferencian y aumentan nuevamente los porcentajes requeridos para convocar a asamblea o congreso extraordinario.

Afortunadamente se modifica el estatuto del delegado, manteniendo la tutela hoy vigente, y

dando un pequeño margen en lo que hace a la información respecto de sanciones disciplinarias, despidos o suspensiones por causas económicas o tecnológicas. Este punto se vincula con el procedimiento de crisis reglamentado por la Ley de Empleo y, en el caso de ser promulgado, habría que esperar qué sorpresas deparará la reglamentación,

Un punto sumamente peligroso es el que faculta a la Autoridad de Aplicación a cancelar una

inscripción sin acudir a la justicia, en caso de constatar que la asociación sindical haya dejado de funcionar en forma permanente. Esta norma, contenida en ambos proyectos de reforma, no se justifica, por cuanto si esa situación se produjera, el trámite judicial respectivo no sería para nada engorroso. Aun en el caso de que otra asociación estuviera reclamando la personería gremial, podría llevarse adelante el trámite normal sin que pudiera alegarse la existencia de ningún perjuicio.

Como se podrá deducir, la norma que comentamos no viene a solucionar ningún problema,

sino que sólo amplía peligrosamente facultades discrecionales de la autoridad administrativa, contrariando lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 23.551 y "olvidando", si cabe, la forma en que el Ministerio ha pretendido utilizar las facultades legales a fin de ejercer presiones políticas (p. ej., huelgas de ferroviarios y telefónicos).

Conclusiones

La tendencia apuntada en nuestros Informes anteriores parece consolidarse: pérdida sustancial

de derechos de los trabajadores, disimulada bajo el manto de la "estabilidad de la miseria"; incremento del poder de gestión de la relación laboral en manos del empleador; marco legal y convencional que permiten, sin duda, reducir costos: burocracia sindical estatalista, dependiente y

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condicionada e incremento del margen de discrecionalidad de la administración para domar posibles díscolos que cuestionen el ajuste.

Las dificultades cada vez mayores para dar respuestas a los problemas sociales y los

condicionamientos a la negociación salarial están generando algunos conflictos incluso entre la burocracia sindical y el Gobierno. Esto podría influir en el debate parlamentario de las reformas en estudio, si bien no sería lógico ser optimistas en lo que respecta a la negociación colectiva. Mientras tanto, los efectos de la Ley de Empleo y de la Ley de Accidentes del Trabajo se van consolidando silenciosamente, hiriendo de muerte a la estructura laboral caracterizada por la tutela del trabajador.