Informe del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas...- Ismael de la Fe - Adolfo García -...

Informe del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas

Indicadores de contextos social y económico, red de protección y presupuestos en Canarias. Una mirada desde los Derechos Sociales.

III Informe. Enero 2018. Resumen ejecutivo.

Informe del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas. Una mirada desde los Derechos Sociales

1

Índice

PRESENTACIÓN ................................................................................................................ 3

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7

PARTE I. TOMAR PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL DESDE LOS DERECHOS SOCIALES ...... 9 1. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL TRABAJO SOCIAL 2004-2016 ................................... 9 2. BALANCE 2004-2016 ........................................................................................................ 12

PARTE II. OBSERVATORIO Y PROPUESTAS: RESUMEN EJECUTIVO .................................... 15 1. CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO ......................................................................................... 17 2. RED PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL .................................................................................... 35 3. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA .............................................................................................. 41 4. CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS DE INDICADORES ................................................................... 45 5. PROPUESTAS ..................................................................................................................... 46

ÍNDICE DETALLADO ........................................................................................................ 55

3

Presentación

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas se ha realizado la

actualización del II Informe de 2014 de la situación de los Servicios Sociales en

Canarias con el objeto de:

- Fomentar el debate compartido, el análisis crítico de las políticas públicas

y definición de propuestas con las personas colegiadas.

- Compartir el análisis y las propuestas posibles con administraciones

públicas y resto de profesionales.

- Informar y divulgar los diferentes informes, indicadores sociales e

instrumentos disponibles en la acción de profesionales, entidades y

decisores en torno a las políticas públicas.

Para ello se ha mantenido el esquema en tres bloques de contenido del Informe

elaborado en 2014:

- Condiciones sociales y económicas de la población

- Red pública de Servicios Sociales

- Evolución presupuestaria.

Disponer de esta aproximación de conjunto es clave, puesto que en primer lugar, se

parten de datos que se encuentran muy dispersos (número de fuentes) y el informe

supone un aporte al unir estos indicadores en un solo documento.

En segundo lugar, es necesario contar con una visión del panorama canario y de la

provincia de Las Palmas, que vaya más allá de la exposición de datos, donde se haga

una mirada de las situaciones individuales y colectivas desde el enfoque de los

Derechos Humanos, en el que las Administraciones son titulares de obligación al

tener que proteger y garantizar estos derechos, y las personas profesionales del

Trabajo Social, como titulares de responsabilidad, hemos de abordar dichos


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derechos de manera ética y comprometida, además de conocer la realidad para

generar y contribuir en procesos de transformación de la misma, hacia la justicia

social.

Cada uno de los tres bloques de contenido, vienen a definir tres aspectos claves para

que los derechos sociales sean un hecho:

En primer lugar, es necesario transformar las condiciones sociales y económicas para

garantizar una redistribución de la riqueza, las oportunidades de vivir fuera de

marcadores de pobreza y que las personas sean titulares activas de derecho.

En segundo lugar, es necesaria una red que garantice la protección de los derechos,

y no sólo la cobertura de necesidades básicas y emergencias sociales, lo que

conllevará que la intervención social se realice actuando desde un marco de respeto

a los derechos sociales y no de compasión ni de beneficencia.

En tercer lugar, un compromiso político que redunde, tanto a nivel normativo como

presupuestario, en unas administraciones públicas que respondan, como titular de

obligación, a la garantía de los derechos.

Como Colegio Oficial de Trabajo Social, hemos querido dar un paso más en relación a

la titularidad de responsabilidad respecto al avance y conservación de los Derechos

Sociales, Económicos y Culturales. Para tratar de desplegar esta responsabilidad, se

ha realizado un aporte al II Informe que consiste en el planteamiento de una matriz

para la contextualización en el análisis de los datos e indicadores sociales.

Esta iniciativa no pretende ni criminalizar las distintas acciones políticas, ni

culpabilizar a las personas profesionales, ni olvidar el compromiso individual de la

ciudadanía. Muy al contrario lo que se busca es fomentar espacios de reflexión sobre

los fenómenos actuales que afectan al acceso a los derechos sociales.

La visión problematizadora ya fue planteada por Paulo Freire con el objetivo de

realizar estrategias de cambios desde y para la sociedad. El trabajo social no tiene el

objetivo de analizar la realidad social sino conocer la misma, las causas y efectos de

los cambios sociales, políticos, culturales etc. con el fin de proponer cambios tanto a

nivel personal, grupal, comunitario y estructural para fomentar el bienestar social.

Presentación

5

Por ello este colegio profesional quiere ser facilitador de cambio de las políticas

sociales, indicando las carencias de dotaciones de los servicios sociales no sólo en

dotación presupuestaria, personal o infraestructura, sino también de la falta de una

política que fomente el desarrollo de las personas, grupos y de la comunidad en

general.

A continuación se recoger por orden alfabético la relación de las personas que

hicieron aportes en la investigación:

- Lidia Betancor

- Magüi Blanco

- Zoila Brito

- Celsa Cáceres

- Ana Demetrio

- Ismael de la Fe

- Adolfo García

- María Esther García

- Guacimara Gil

- Rosario Guerra

- David Henríquez

- Ruth Hernández

- Eva Hombre

- Mª del Carmen Jiménez

- Rosa Jiménez

- Francisca Lema

- Teresa Martín

- Pilar Mayor

- Elizabeth Miranda

- David Muñoz

- Auxi Naranjo

- Nicolás Ojeda

- Rosa María Pérez

- Lucía Rodríguez

- Jorge Santana

- Koldobi Velasco

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Introducción

El presente documento se estructura en dos partes. Una primera, “Tomar

perspectiva del Trabajo Social desde los Derechos Sociales” en la que se presenta la

trayectoria del Colegio de Trabajo Social en particular y del Trabajo Social en general

que lleva a desarrollar el presente trabajo. Para ello, se analizan hitos relevantes el

conocimiento científico-técnico entre 2004 y 2016 del Colegio de Trabajo Social de

Las Palmas, así como de Canarias y el ámbito estatal. Tras ello, se realiza un balance

de este periodo para terminar esta parte en 2017.

La segunda parte, análisis autonómico y propuestas, presenta un resumen ejecutivo

de la actualización estadística de la actualización del informe 2014 del Colegio de

Trabajo Social de Las Palmas1. Del conjunto de fuentes y datos analizados, se

presenta un resumen ejecutivo de 100 indicadores. Además se realiza un análisis de

una sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la Ley de racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local. Esta parte se cierra con diferentes

propuestas recogidas en las sesiones de presentación de los datos. El documento lo

cierra un Índice detallado.

1 El informe de 2014, a su vez, era un avance del I Informe de los Servicios Sociales en Canarias. En la presente edición, se mantienen los tres bloques definidos en el informe de 2014 tanto en el informe de datos como en el resumen ejecutivo.

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PARTE I. Tomar perspectiva del Trabajo Social desde los Derechos Sociales

El informe del Colegio Oficial de Trabajo Social 2017 continúa camino iniciado por el

Primer Informe REDESSCAN de Servicios Sociales en 2010 –realizando el informe de

los incumplimientos de la Prestación Canaria de Inserción- y el II Informe de Servicios

Sociales de 2014 desarrollado por el propio Colegio.

En esta ocasión se parte del informe 2014, en la medida que permanece la intención

de agrupar datos públicos dispersos en múltiples fuentes y presentarlos en tres

grandes bloques: contexto social y económico, red de protección y evolución

presupuestaria de Canarias. También se recogen propuesta para cada uno de los

bloques. En esta actualización la mayor parte de los datos se cuenta con el detalle

anual de cerca de una década al recoger, en la medida de los posible, datos del

período 2007-2017.

A estos datos y propuestas en este tercer informe se suma un trabajo cualitativo que

ha consistido, por una parte en la revisión de los documentos, hitos y publicaciones

en torno al Trabajo Social para avanzar en la construcción teórica y conceptual que

guíe una mirada crítica y activa en defensa de los Derechos Sociales. Por otra, y a la

vista de la revisión realizada, se presenta una matriz de análisis orientada a

incorporar el enfoque basado en los Derechos Humanos, el enfoque ecológico y los

factores de (des) profesionalización del Trabajo Social.

1. El conocimiento científico-técnico del Trabajo Social 2004-2016

Las desigualdades no son naturales, son construidas, y el trabajo social está siendo

un aporte en el análisis y abordaje de esa construcción2. En la siguiente tabla se

2 Parte de los contenidos recogidos son parte de la comunicación “La investigación transformadora: el aporte científico-técnico del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas” presentada en el XIII Congreso Estatal de Trabajo Social.


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recoge el aporte científico-técnico impulsado o fuertemente relacionado con la

marea naranja por unos Servicios Sociales Públicos que implica, entre otros agentes,

a profesionales y Colegios de Trabajo Social.

Año Colegio de Trabajo Social de Las Palmas

Canarias España

2016 Fichas por municipio de la provincia e informe y presentación de alegaciones al borrador de Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Plan de Salud de Canarias 2016/17

Ley de Servicios Sociales de Andalucía

2015 Estudio: Vulnerabilidad y Exclusión en la Zona Rural de Gran Canaria

Índice DEC II Informe sobre los Servicios Sociales en España 4º Informe El estado de la pobreza EAPN Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2014 II Informe de Servicios Sociales en Canarias

Índice DEC I Informe sobre los Servicios Sociales en España (Consejo)

2013 Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares Canarios Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias (FOESSA)

Catálogo de Servicios Sociales Índice DEC

2012 Índice DEC Código Deontológico de Trabajo Social

2011 Diagnóstico situacional del Colectivo de Trabajadores/as Sociales en la provincia de Las Palmas

Informe REDESSCAN

2010 Condiciones de vida y Salud en Canarias. Documento de referencia para el III Plan de Salud de Canarias

2004 Congreso Estatal de Trabajo Social en Gran Canaria

Fuente: Balance de informes según año e impulso. Elaboración propia.

Una revisión de algunos hitos, tomando como referencia el Congreso Estatal de

Trabajo Social que tuvo lugar en Canarias muestra la siguiente línea del tiempo.


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1.1. Línea del tiempo: Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas

La actividad del Colectivo en la isla ha sido relevante, y se pueden destacar cinco

hitos:

1) La organización del Congreso Estatal de Trabajo Social en Gran Canaria,

2) El informe REDESSCAN en 2010,

3) El diagnóstico situacional del Colectivo de Trabajadores/as Sociales en la provincia

de Las Palmas,

4) El II Informe de Servicios Sociales en Canarias en 2014.

5) El profundo trabajo en torno al Catálogo de Servicios por municipios de la

provincia de Las Palmas y la elaboración coordinada de un informe de alegaciones al

borrador de la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

1.2. Línea del tiempo: Canarias

En el marco del conocimiento científico-técnico se destacan en Canarias tres hitos:

El primero se refiere a un estudio realizado para el III Plan de Salud de Canarias. Este

es el informe Condiciones de vida y Salud en Canarias en 2010 que muestra la

profunda correlación entre las condiciones sociales, económicas y ambientales y el

estado de salud de la población. Esta importancia queda reflejada en el Plan Canario

de Salud 2016/17 cuyo eje central son los determinantes sociales de la salud.

También es de destacar el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en

Canarias que se publica el mismo año, 2013 en el que también se realiza la última,

hasta el momento, Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. Ambas

fuentes muestran cuantitativamente el impacto social y económico de la crisis en el

año de mayor dificultad de la serie.

Por último, se recoge un estudio “Vulnerabilidad y Exclusión en la Zona Rural de

Gran Canaria” en 2015. Este estudio se toma como referencia fundamentalmente

por tres motivos, el primero, porque es el primer estudio en Canarias que se tenga

referencia hasta la fecha que recoge en Enfoque Basado en los Derechos Humanos;

el segundo, porque se desarrolla en el ámbito municipal y concretamente, en el rural


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y el tercero, porque aporta una realiza una aproximación cualitativa a través de

entrevistas a profesionales de ayuntamientos.

1.3. Línea del tiempo: ámbito estatal

En el ámbito estatal se identifican hitos de dos tipos. Los primeros, informes y

aportaciones colectivas. Los segundos, relativos a la normatividad.

Los informes y aportaciones colectivas tienen fundamentalmente dos fuentes. La

primera es la asociación de coordinadores y directores de Servicios Sociales que en

2012 emiten por primera vez el Índice DEC (Decisiones políticas, relevancia

Económica y Cobertura de derechos). Estos informes se realizan nuevamente en

2014 y 2015. La segunda fuente, es el Consejo General del Trabajo Social que publica

en 2014 y 2015 el Primer y Segundo Informe de los Servicios Sociales en España.

Entre los relativos a la normatividad se encuentran los que guardan relación directa

con los servicios sociales y otro cuya relación directa es el trabajo social.

En los primeros encontramos el Catálogo de Servicios Sociales aprobado en 2013 por

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2015 el Decreto 185/2015,

de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de

Servicios Sociales y en 2016 la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

El segundo, que relaciona a la profesión de Trabajo Social, es que se publica en 2012

Código Deontológico de Trabajo Social que vincula directamente la acción del trabajo

social con los Derechos Sociales.

Fuera de foco de los hitos recogidos en la tabla-resumen se encuentra la aprobación

de la Ley 27/2013 de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local y la

posterior secuencia de reclamaciones y sentencias del Tribunal Constitucional.

2. Balance 2004-2016

El balance 2004-2016 si nos ceñimos a los datos podemos constatar que se da un

serio retroceso en las condiciones de vida mientras paralelamente se reduce la

garantía de los Derechos, al reducirse la cobertura efectiva. Tal es la limitación de los

derechos que el informe de 2012 del Consejo Económico y Social de Naciones unidas


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constata este retroceso y los detalla entre sus principales motivos de preocupación y

recomendaciones.

Canarias se caracteriza por encontrarse entre los territorios donde más empeoran

las condiciones sociales y económicas. En este sentido, los datos de la Encuesta de

Condiciones de Vida de los Hogares Canarios son claros. Si se mira en clave de

Derechos Sociales, se encuentra, a su vez, en la tercera posición por la cola en el

Índice DEC.

2.1. El trabajo social es una acción basada en los Derechos Sociales

Si bien en la última década se constatan retrocesos en el compromiso de la

administración en la protección, garantía y respeto de los Derechos Sociales,

paralelamente, desde el Trabajo Social se ha ido avanzando.

Diversos informes han constatado que un contexto social y económico de

desigualdad afecta a la salud y la salud es un bien colectivo que se correlaciona con

la promoción de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

Como se recoge con anterioridad, a través del trabajo del colectivo que dio como

resultado en 2012 la publicación del Código Deontológico del Trabajo Social que

reconoce la facultad de la profesión en la defensa activa de los Derechos Humanos.

En enfoque basado en los Derechos Humanos se convierte así en un instrumento

central para analizar, plantear, desplegar y reclamar los derechos sociales ante

gobiernos e instituciones.

Los derechos sociales son una fundamentación ética, una cobertura legal y un haz de

facultades de los profesionales del Trabajo Social.

Por este motivo, desplegar una mirada sensible a los derechos de las personas que

permita desvelar la responsabilidad que implica aplicar mecánicamente criterios de

estabilidad presupuestaria o qué modificación se encuentra detrás de una

“armonización” de competencias.

En este campo el aporte del trabajo social, de la capacidad de análisis de contexto y

el diseño de políticas públicas e intervenciones sociales con personas, grupos y

comunidades es un acerbo colectivo.


14

2.2. El cierre de la cuarta década: 2017

Cuando se cumplen cerca de 40 años de la andadura del trabajo social en el marco

democrático, esta disciplina se ha convertido en grado y se accede directamente a la

posibilidad de desarrollar tesis desde el Trabajo Social. Este hecho no es baladí. Si

bien la formación continua de las personas profesionales del Trabajo Social es un

hecho y muchas han accedido licenciaturas y realizado la tesis doctoral, se empiezan

a producir tesis específicas de Trabajo Social.

Una de estas tesis defendida recientemente por la doctora Arantxa Hernández

Echegaray desarrolla la tesis de la (des) profesionalización del Trabajo Social. Este

análisis es central para poder convertir la experiencia directa de la profesión en

análisis científico y propuestas basadas en la experiencia y fundamentadas desde

marcos teóricos.

Otro Trabajo Social es Posible es el nombre del libro publicado en 2017 mismo año

por Alex Curbelo y Loli Hernández, que viene a ser el número 14 de la colección

Construyendo Ciudadanía. En este trabajo lo recogemos como hito y como

inspiración de la praxis Canaria.

15

PARTE II. Observatorio y propuestas: resumen ejecutivo3

En esta segunda parte se actualizan los datos y propuestas del II Informe 2014 para

las condiciones sociales y económicas, la red de protección y la evolución

presupuestaria en Canarias. Estos tres bloques se dividen en 8 apartados y una serie

de indicadores, como se puede ver a continuación:

Bloque Apartado Nº

indicadores

Condiciones sociales y

económicas

Demografía 6

Económicos 7

Empleo y prestaciones 16

Condiciones de vida 10

Limitación vida

diaria/dependencia

8

Red pública de Protección Plan Concertado de

Prestaciones Básicas

27

Prestación Canaria de

Inserción

6

Política presupuestaria Presupuestos

Autonómicos

25

En total, se revisaron 14 fuentes. El listado de éstas es el siguiente:

3 Se puede consultar la evolución de datos del resumen ejecutivo en la tabla de 100 indicadores que se recoge en el Anexo.


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• Padrón municipal.

• Contabilidad Regional de España.

• Índice de Precios al Consumo.

• Encuesta de Presupuestos Familiares.

• Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares Canarios.

• Encuesta de Población Activa.

• Estadística de Empleo Registrado.

• Estadísticas de Prestaciones por Desempleo.

• Encuesta de Condiciones de Vida.

• Avance de la evacuación 2015 del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Instituto de Mayores y Servicios Sociales. IMSERSO.

• Estadística de dependencia. Solicitudes, dictámenes, personas beneficiarias y prestaciones en Canarias por periodos.

• Estadística del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

• Datos del Informe del Tribunal de Cuentas de Canarias recogidos en el II Informe de Servicios Sociales de Canarias. Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas. 2014

• Ley de Presupuestos de Canarias.

Todos los datos recogidos son públicos y proceden de diferentes fuentes. El número

de fuentes puede dar una idea de la dispersión. Por ello, el agrupar los diferentes

datos, posteriormente sintetizar los resultados en 100 indicadores consideramos que

es un resultado relevante del trabajo realizado.

El que los datos sean públicos no implica necesariamente que sean accesibles, tanto

la dispersión como la presentación en diferentes formatos (Excel, PDF) hace que, en

ocasiones sea necesario copiar y pegar los datos uno a uno. Como es el caso de la

Ley de Presupuestos.

PARTE II. Observatorio y propuestas: resumen ejecutivo2F

17

Además, hay que destacar los tipos de fuentes. Salvo el padrón o datos “censales” de

discapacidad o dependencia, por ejemplo, buena parte de las fuentes son Encuestas,

luego suponen una muestra limitada con las implicaciones que conlleva para un

territorio fragmentado y diverso como el es canario.

Otro elemento a destacar es temporal y esto implica tanto el tiempo de disposición,

que dista entre la fecha a la que hacer referencia y la fecha de publicación, como la

cadencia temporal de su actualización. De este modo, hay algunos datos mensuales

o trimestrales, aunque la mayor cantidad de datos es anual. Los datos específicos

relacionados con las condiciones de vida o con la red de protección pueden tener

una periodicidad mayor a la anual o tratarse de datos producidos puntualmente.

Por último, otro elemento a tener en cuenta es la desagregación territorial. Se

dispone en muchas ocasiones de datos autonómicos o insulares, pero es más

complicado disponer de datos de ámbito local (insular o municipal).

1. Contexto social y económico

Los indicadores socio- económicos son relevantes para constatar las situaciones de

dificultad y vulneración social y los consecuentes recursos y servicios que deben

poner a disposición de la ciudadanía las Administraciones Públicas de Canarias.

De esta forma, tal y como especificaremos a continuación, ante una sociedad cada

vez más envejecida; donde el empleo cada vez es más restrictivo, y menor generador

de acceso a derechos, y en la que ya no es sinónimo de estabilidad socio-económica;

que los niveles de ingresos y renta por hogar está cayendo a niveles de otro tiempo;

mientras que los precios no descienden en la misma medida; que obligan a los

hogares a restringir el gasto, y a su vez la alta incidencia del endeudamiento y la cada

vez menor capacidad de ahorro están abocando a las familias a no cubrir las

necesidades básicas, y como consecuencia de ello al empobrecimiento y a la

desigualdad, cada vez más amplio en número, pero también en características y

perfiles de exclusión y riesgo que hace unos años no se contemplaban.

Todo ello está aumentando la demanda de atención social de manera exponencial

en estos últimos años, y en base a las constataciones observadas detectaremos con


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la mayor objetividad posible si la Administración está actuando coherentemente en

base a este nuevo balance de indicadores de la situación del conjunto de la sociedad.

1.1. Evolución demográfica

Los indicadores demográficos son de gran utilidad para conocer la evolución de la

población, número y distribución por unidades territoriales, tasas de crecimiento

real, etc., con la finalidad última de disponer de un soporte analítico

fundamentalmente para

1. Conocer la distribución de población por municipios. Si bien la Ley 27/2013, de 27

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ha sido

objeto de múltiples recursos ante el Tribunal Constitucional y han tenido lugar

diferentes sentencias, ha generado una clara inseguridad jurídica.

2. Analizar el crecimiento poblacional real para prever los niveles de dependencia

(sobre todo desde el punto de vista del envejecimiento), ya que si se constata con los

datos, se convertirá en un factor de crecimiento en la demanda de Servicios Sociales

(promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de

dependencia) en años venideros, así como otros elementos que sean destacados por

los datos poblacionales.

1.1.1. Estructura Poblacional

La población en Canarias asciende a 2.135.209 personas de las cuales, el 50,3% son

mujeres y el 49,7% son hombres. La población aumentó un 7% entre 2006 y 2016.

Se ha producido un estancamiento desde 2010, en cierta medida provocado por el

factor del crecimiento vegetativo y por el saldo migratorio (crecimiento real

poblacional).

En la provincia de Las Palmas están registradas 1.097.800 personas (un 51.4 % de la

población total de Canarias), de las cuales 845.195 viven en Gran Canaria (40,2 %),

145.084 personas en Lanzarote (6,9%), y 107.521 personas en Fuerteventura (5,1 %).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife habita el 49,7 % de la población total de

Canarias (1.004.124 personas).


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Atendiendo a la distribución de la población, en Canarias hay 8 municipios (de los 88)

de más de 50.000 habitantes, que engloban el 51,45% de la población total.

Acotándolo a las áreas metropolitanas de Gran Canaria y Tenerife (Las Palmas de

Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna) el porcentaje sobre la

población total de Canarias llega casi al 39,24 %. Este hecho nos da una visión por un

lado, de la concentración de más de la mitad de la población en 8 municipios, pero a

su vez, nos muestra claramente la dispersión poblacional existente en las islas tanto

desde el punto de vista interinsular como intermunicipal (80 de los 88 municipios no

llegan a sumar la mitad de la población total de Canarias). Aquí hay una cuestión de

fondo que tiene que ver con dos factores diferenciadores relacionados con el hecho

insular y orográfico de las islas y con el modelo productivo de concentración.

Centrándonos en la provincia de Las Palmas tenemos que los cinco municipios de

más de 50.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía, San

Bartolomé de Tirajana y Arrecife), que aglutinan el 60 % de la población de la

provincia.

De los 88 municipios de Canarias, 20 de ellos se encuentran en ratios poblacionales

de entre 20 y 50 mil habitantes, 9 de ellos situados en la provincia de Las Palmas

(Tías, Mogán, Teguise, Gáldar, La Oliva, Ingenio, Agüimes, Arucas, Puerto del

Rosario).

Como aspecto fundamental en esta fase de estudio, debemos tener en cuenta que

los municipios de menos de 20 mil personas (representan el 68% de los municipios

de Canarias), han visto la regulación de sus competencias afectada por la nueva ley

de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local. En el total de Canarias la

modificación de competencias alcanza a 60 de los 88 municipios (28 de los cuales

son de menos de 5 mil habitantes). Si bien esta ley ha sido suspendida por el

Tribunal Constitucional, también ha sido objeto de recursos y sentencias. Estas

últimas están creando jurisprudencia y estableciendo, a través de ellas, criterios

jurídicos relevantes. Algunos de estos criterios y argumentaciones se recogen en el

siguiente apartado.


20

Estamos hablando de 442.014 personas (un 21% de la población) con una legislación

diferenciada en lo referente a la prestación de servicios básicos, y entre ellos los

Servicios Sociales.

A esto habrá que sumar la situación doblemente compleja de los 28 municipios de

menos de 5 mil habitantes (5 de ellos en la provincia de Las Palmas: Betancuria,

Artenara, Tejeda, Valleseco y Haría) que representan un 3,8 de la población total

(87.592 personas) que formalmente ha sido alterada, por la centralización de los

recursos y servicios su acceso reconocido de sus derechos sociales básicos, así como

la posible extinción/fusión/absorción municipal que este hecho puede conllevar.

1.1.1.1. Efectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local ha generado inseguridad jurídica aún suspendida por el

Tribunal Constitucional y objeto de diferentes sentencias que anulan su contenido

parcialmente. Tácitamente, ha supuesto una extensión a la realidad local del criterio

de estabilidad presupuestaria, eje central de la acción pública tras la reforma del

artículo 135 de la Constitución Española.

A continuación de recogen cuatro elementos destacados de la argumentación del

Abogado del Estado tras el análisis de la sentencia 107/2017, de 21 de septiembre de

2017 del Tribunal Constitucional referente a un conflicto de defensa de la autonomía

local planteada por 1.393 municipios.

Alusión a la Unión Europea para justificar la reforma y no para destacar la

ratificación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “La reforma

representa la primera apertura expresa de la Constitución al ordenamiento europeo

y consagra una nueva atribución de competencias. La Ley Orgánica 2/2012 desarrolla

el artículo 135 CE e incorpora las exigencias europeas de estabilidad presupuestaria.

Sus medidas resultan necesarias para dar cumplimiento, no solo al mandato

constitucional, sino también a los compromisos de España ante la Unión Europea.”

Reducción a servicios de los derechos sociales: “En primer lugar, la gestión

coordinada está prevista para municipios de menos de 20.000 habitantes en el

entendido de que los de mayor población disponen de una organización e ingresos


21

que permiten la prestación eficiente de los servicios públicos. En segundo lugar, tal

gestión se aplica a servicios concretos, tasados y predeterminados. Se trata de

servicios que, por su configuración y naturaleza, admiten una eficaz prestación desde

una perspectiva supramunicipal. La prestación coordinada de un máximo de seis

servicios en modo alguno puede suponer un desapoderamiento de las competencias

municipales. En tercer lugar, el criterio determinante de la aplicación de estas

fórmulas de cooperación es el «coste efectivo», como elemento objetivo,

ponderable, fácilmente calculable y cierto de acuerdo con el artículo 116 ter LBRL.”

Establecer el criterio económico y no criterio de derechos para ordenar los recursos

públicos: “el legislador estatal (...) ha optado por revitalizarla para la consecución de

fines constitucionales (eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria); favorece la

gestión coordinada en detrimento de la gestión municipal aislada porque ello

permite aplicar economías de escala y realizar una más eficiente asignación de

recursos públicos”.

Desplazar la intervención social a la competencia del interventor municipal: “La Ley

reguladora de las bases de régimen local desdibujó los antiguos cuerpos de

secretarios, interventores y depositarios de la Administración local, que pasaron a

denominarse «funcionarios con habilitación nacional». No obstante , conservó sus

funciones al considerar la secretaria, así́ como el control y fiscalización de la gestión

económico-financiera, presupuestario y la contabilidad, tesorería y recaudación

como tareas necesarias de toda corporación reservadas a «funcionarios con

habilitación de carácter nacional» (art. 92.3). (...) La sumisión de la entidad local a la

legalidad y al control financiero requiere de una regulación de los cuerpos de

funcionarios encargados de asegurar que potencie su imparcialidad e independencia.

” En alguna sesión de trabajo con trabajadora sociales se ha hablado de casos en los

que el criterio económico competencia del interventor municipal ha influido en la

acción municipal y se generado una confusión entre la competencia económica de

éste y la competencia técnica de los profesionales de la intervención social.


22

1.1.2. Crecimiento poblacional

Actualmente en Canarias estamos viviendo una inversión en la pirámide poblacional,

donde aumentan las personas mayores de 40 años, y disminuye la población joven

según datos definitivos de 2016.

Las estimaciones reflejan que la población menor de 15 años retrocede del 14,5 al

13% entre 2011-2021, mientras que los nacimientos proyectados ya están por

debajo de las previsiones iniciales del INE.

La población menor de 40 años es de 996.211 personas, que representa el 46,7% de

la población total (503.178 hombres y 493.034 mujeres). Este porcentaje era del 56%

en 2007, es decir, en nueve años la población menor de 40 años ha descendido en

nada cerca de 10 puntos.

Por otro lado, centrándonos en la población de 65 y más años, esta alcanza las

326.323 personas (147.345 hombres y 178.977 mujeres), lo que supone un 15,28%

de la población total de Canarias. Hace siete años representaba un 12% del total, y

en la estimación proyectada por el INE para 2021 se prevé que la población mayor

de 65 años llegará al 20% del total de la población Canaria.

La evolución demográfica en los próximos años estará marcada tal como hemos

descrito y si ningún factor no lo revierte, por una fuerte caída de la natalidad y un

progresivo envejecimiento de la población.

Esta tendencia provoca un nuevo escenario, que puede repercutir en el sistema y en

los servicios públicos (sistema de pensiones, atención y ayudas a personas ancianas,

sistema de dependencia, etc.), y por ello hablamos de indicadores base para el

posterior análisis y de las actuaciones implantadas para garantizar los derechos

sociales.

Otro dato que caracteriza la población canaria es que del 2007 al 2016 el porcentaje

de personas nacidas fuera de España pasa del 15,64 al 17,73%. Este dato contrasta

con la eliminación de la partida “inmigración” en 2013 y la ausencia de programas o

funciones orientados a la gestión de la diversidad.

Envejecimiento de la población y tipo de políticas públicas que se activan. El

proyecto de Ley de Presupuestos destina 45 millones del plan sociosanitario para


23

construir 8 mil plazas públicas. Esto lleva a la pregunta, ¿por qué tenemos que

institucionalizar a las personas mayores? Además de destinar recursos necesarios a

abordar el envejecimiento de la población, es importante el tipo de política que se

define, que, por ejemplo, podría estar orientada a la eliminación de barreras

arquitectónicas en las urbanizaciones, que activaría el empleo y redundaría en la

mejora de la movilidad del conjunto de la población.

Inmigración y diversidad. En 2013 se eliminan las partidas de inmigración. Se crea la

partida de “personas en el extranjero”. Los movimientos de población se

caracterizaban por la emigración canaria hasta que se invirtió este flujo y Canarias

pasó de ser un territorio de emigración a convertirse en un territorio de inmigración.

En este tercer momento, aunque el flujo de llegada se ha reducido la sociedad

canaria es una sociedad más diversa, alcanzando en 2016 el 17,17% de población

canaria de origen extranjero. Además de la diversidad, simultáneamente, se han

vuelto a activar los flujos de emigración desde Canarias.

1.2. Indicadores económicos

Se ha intensificado la pérdida de peso de los ingresos con relación al PIB per cápita,

que ha pasado de 21.186 € en 2008 a 18.761 € en 2013 (último dato definitivo) y a

una estimación provisional de 19.231 € en 2015. Esto supone una reducción de 2.425

euros en 5 años (-11%). La media estatal se sitúa unos 3.252 euros por encima de la

de Canarias.

Por otro lado el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha aumentando 8,18 puntos de

2008 a 2013, cuestión que ligada al descenso del PIB per cápita e indicadores de

ingreso y renta nos dan una idea clara de cómo ha afectado la crisis económica a la

población.

A pesar de ser valores no verificables al 100%, el gasto en 2013 de los hogares

canarios (22.070 €) superó a la renta media por hogar (22.037 €). En 2016 el gasto

medio es de 23.638 y la renta media de 22.450 €, lo que supone un balance de -

1.188 € entre ingresos y gastos.

Si tenemos en cuenta que se trata de valores medios y que el índice que mide la

desigualdad, esto es, el índice de Gini (en el que 0 es igualdad total y 1 desigualdad


24

total) pasa en 2007 del 0,290 al 0,345 en 2013, podemos constatar hay coherencia

entre los datos macroeconómicos y los ingresos y gastos de las familias y hogares.

En el periodo del que se disponen de datos, ha disminuido la capacidad de producir

riqueza (PIB) y los ingresos de las familias y hogares mientas aumenta el coste de la

vida (IPC). Esto genera un balance negativo entre el ingreso y el gasto de las familias

y hogares.

Esta pérdida de peso de los ingresos, a la que hay que añadir una bajada en la

intensidad laboral de los hogares4, explica en parte la desigualdad en función de la

renta disponible de los hogares. El ingreso medio disponible por hogar era de 1.950 €

en 2007, mientras que en 2013 la media se situó en los 1.619 € al mes, es decir, el

ingreso medio por hogar se redujo en un 17% en 6 años. No se dispone de datos

posteriores al 2013.

El gasto medio por hogar se ha reducido en unos 6.500 euros anuales en un período

de seis años (-22%). Mientras que en 2007 el gasto casi llegaba a los 29.000 euros, en

2013 no alcanzaba los 22.500 euros. La comparativa con la media estatal arroja una

conclusión muy alarmante. A la ya consabida desigualdad en los indicadores de

renta, precios, etc., hemos detectado un incremento muy significativo en la

evolución de los diferenciales de gasto entre Canarias y España. Antes del comienzo

de la crisis se situaba en diferenciales algo superiores a los 2.500 euros menos que la

media estatal, sin embargo ya desde el 2010 hasta 2013 se han situado en un

diferencial de 5.000 euros menos que la media estatal.

A todo este panorama hay que incluir el endeudamiento de la población y su

incapacidad para superarlo, lo que deriva en la emergencia social que afecta a la

vivienda, alimentación, servicios o recurso básicos en general, entre otros aspectos.

El modelo económico desarrollado en Canarias se caracteriza por un

comportamiento “contracíclico”. Esto es, la desigualdad en la renta aumenta cuando

hay recesión, pero que no reduce las diferencias cuando expansión económica. Este

4 Personas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el

año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado

trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se

calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%. Fuente: INE


25

aspecto unido al descenso de la renta, produce un mayor empobrecimiento que se

acentúa más en las personas y familias con una mayor vulnerabilidad social. Este

hecho apunta que no se están garantizando los derechos sociales y económicos de

buena parte de la población, que ve cómo los gastos son constantes y en aumento

mientras que los ingresos se reducen y tienden a ser discontinuos, tanto en el acceso

al empleo, como veremos más adelante en el apartado que detalla la red de

protección.

En conclusión, en Canarias ha aumentado la brecha social, los índices de pobreza y

las dificultades de los hogares, pero también es de destacar que en los años de

bonanza económica tampoco hubo una reducción importante de las desigualdades

sociales.

1.3. Indicadores de empleo y prestaciones relacionadas

Se destaca:

1) El deterioro de las condiciones de trabajo debido al cambio en las condiciones de

contratación, a la reducción de salario y al aumento de la discontinuidad del empleo,

2) la acusada debilidad del sistema de protección social, reflejado en la limitación de

cobertura de prestaciones y servicios, y

3) la ausencia de trabajo para un cada vez mayor número de personas activas, han

dado origen a mayor precariedad en el empleo (tanto por cuenta propia como por

cuenta ajena) y a un aumento sin precedentes de la desigualdad social. Esto ha

supuesto una reducción en los derechos sociales y la emergencia distintas

manifestaciones de la pobreza.

Aunque no todas las personas trabajadoras se enfrentan a la precariedad en un

mismo grado, el aumento de las situaciones precarias es palpable. Se ve

representada en las crecientes realidades de riesgo de pobreza, cada vez más agudas

y persistentes, tanto dentro como fuera del mercado laboral.

Los proyectos vitales se limitan al reducirse la capacidad de planificar a medio y largo

plazo. Las estrategias de las familias se centran en superar situaciones cotidianas de

limitación y en buscar las posibilidades de salir de ellas. Genera un círculo vicioso

entre desempleo, trabajos y empleos de baja cobertura, dificultad de acceso a


26

derechos básicos como la vivienda, la educación o la sanidad en un contexto de

reducción de los derechos y recursos públicos.

De forma paralela a la precarización del empleo se está asistiendo a un intenso

proceso de devaluación salarial y de reducción del poder adquisitivo de la población

trabajadora.

Ligadas a las transformaciones de las condiciones de empleo por la vía de la

precarización, es necesario también resaltar los cambios que se están produciendo

con respecto al tiempo de trabajo, si se considera que el empleo puede medirse en

horas de trabajo; empleos de jornada completa por parciales “flexibles”.

El trabajo representa la principal fuente de ingresos para una gran parte de la

población, por lo que es preocupante que tan solo en torno al 45,75% de la

población económicamente activa está ocupada en Canarias en el segundo trimestre

de 2017 según el INE.

1.3.1. Datos de ocupación

La tasa de actividad, o lo que es lo mismo, el porcentaje de personas que están en el

mercado de trabajo (ocupadas/desocupadas demandantes) se mantiene en niveles

del 60,15% de la población en Canarias para el primer trimestre de 2017.

Destacar dos aspectos en la interpretación de los mismos: por un lado el descenso

producido entre 2010-12 a los valores actuales derivado de la movilidad de las

personas en edad de trabajar que son centrifugadas del mercado canario; y por otro

lado aclarar que los altos niveles en la tasa de actividad en Lanzarote y

Fuerteventura en relación a la media de Canarias tienen una explicación demográfica

(inmigración y población joven en edad de trabajar).

En el mismo sentido de análisis de la ocupabilidad, destacar la evolución de las tasas

de empleo, ya que se detecta la realidad de las personas que han perdido su puesto

de trabajo (o que han salido del mercado laboral canario). De las personas activas en

2007, un 55% estaban ocupadas. En 2017 la tasa se sitúa en el 45,07%, 6 puntos

menos que en 2007. O lo que es lo mismo, en los últimos 10 años unas 77 mil

personas dejaron de estar ocupadas. Hemos pasado de las casi 900 mil personas


27

ocupadas en 2007 a 735 mil a finales de 2014 y se aprecia un aumento hasta 813 mil

en 2016.

Se ha dado un repunte de la ocupación desde 2013. Uno de los factores que inciden

directamente en la precarización y desigualdad salarial, viene dado en gran medida

por el aumento en la contratación a tiempo parcial, que ha aumentado en 4,8 puntos

porcentuales entre 2008 y 2016. Lo que es lo mismo, hay unas 33 mil personas más

en el mercado laboral con estas condiciones.

Unido a esto, la inestabilidad que genera la temporalidad se convierte en otro factor

clave en la deriva de la empleabilidad. En el segundo trimestre del año 2017, el

30,6% del total de contratos registrados son temporales y el 69,4% de duración

indefinida.

Las medidas para el fomento y la creación de empleo, así como las reformas

laborales y reducciones salariales nos obligan a constatar algunos hechos y a

reflexionar en algunos aspectos:

Tener un trabajo remunerado no implica escapar de la pobreza. Factores como los

descritos anteriormente (trabajo a tiempo parcial, contratos temporales) influyen

directamente en la reducción del poder adquisitivo de la población trabajadora. El

hecho es que cada vez hay más personas trabajadoras que tienen rentas más bajas, y

menos que por el contrario las han aumentado. Hoy en día, la existencia de

trabajadores y trabajadoras pobres es una realidad palpable.

La pobreza en el trabajo no afecta a todos los perfiles socio-laborales u hogares por

igual. En Canarias, la situación de los/as trabajadores/as pobres puede venir dada

por alguno de estos factores:

Las y los trabajadores/as por cuenta propia son más vulnerables a las situaciones de

pobreza.

Las personas sujetas a contratos temporales sufren un riesgo de pobreza mayor que

la media europea. La tasa de riesgo de pobreza es mayor en las personas que llevan

trabajando menos de un año.

Las personas ocupadas con jornada parcial tienen mayor riesgo de pobreza.


28

Los hogares en los que hay mujeres trabajando remuneradamente son menos

pobres.

Las personas jóvenes tienen un mayor riesgo de experimentar situaciones de

pobreza.

Las personas con niveles formativos más bajos tienen mayor riesgo de pobreza.

Las personas ocupadas con mayor nivel formativo muestran tasas de pobreza

inferiores aunque superiores en comparación con la media europea.

La baja intensidad laboral en el hogar duplica la tasa de riesgo de pobreza de los

hogares de alta intensidad laboral.

El riesgo de pobreza de la población ocupada está condicionada por la existencia de

menores económicamente dependientes en el hogar.

1.3.2. Datos de ocupación en el sector público

En 2011 había 165 mil personas ocupadas en el sector público. Esa cifra se ha

reducido en 35 mil personas (130 mil) en 2014. El balance entre 2011 y 2017 es

negativo (-31 mil personas). Si se contrastan los datos de 2008 y de 2017

encontramos una diferencia de -15.700 personas ocupadas en el sector público.

Del total de empleos públicos registrados en la administración pública en 2011

(77.075), se han perdido poco más de 10.000 empleos hasta llegar a 2017 (67.512).

Es decir, se ha recortado el empleo en más de un 12% entre 2011 y 2017.

Extrayendo los datos de contratación por parte de la administración pública en el

sector de “actividades y Servicios Sociales sin alojamiento” ha aumentado en 1.300

personas entre 2011 (5.304) y 2017 ascendiendo en el segundo trimestre de 2017 a

6.604 puestos de trabajo.

De este modo, mientras se ha recortado el empleo entre 2011 y 2017 en un 12% en

el sector “actividades y servicios sin alojamiento” la contratación ha aumentado un

25 %.Este aumento de contratos en contraste con la bajada del número de empleos

registrados puede apuntar que además de la reducción de la contratación en el

sector público ésta se está caracterizando cada vez más por la discontinuidad y

temporalidad.


29

Respecto a las Entidades Locales, la tendencia general es a la reducción. En

Canarias se han perdido 9.204 empleos en la década entre 2007-2017 y 14.113 entre

2011 (68.830) y 2017 (54.717) esto es, una reducción del 20 %.

La distribución de esta reducción entre 2015 y 2017 supone una disminución de

1.007 personas contratadas en todas las administraciones locales canarias, de las

que 301 se localizan en la provincia de Las Palmas. Es de destacar, que en Gran

Canaria el valor es negativo, se reducen 575 mientras que en Fuerteventura y

Lanzarote es positivo, esto es, aumenta 61 y 213 respectivamente.

1.3.3. Datos de desempleo y prestaciones

En el año 2013 se llega al número más alto de personas desempleadas, llegando a

registrarse 371,4 (datos expresados en miles). Los datos de personas desempleadas

de 2017 (266,1) son más bajos que en 2009 (272,36).

La tasa de paro ha pasado del 9,87 % en 2007 al 24,3 % en 2017. Las personas

demandantes de empleo de larga duración en el segundo trimestre de 2017

ascienden al 41,9 %. Es decir, 4 de cada 10 personas registradas como demandantes

de empleo en el segundo trimestre de 2017 lleva buscando y sin trabajar 12 meses.

El número de hogares con algún miembro en paro en 2017 afecta al 26,51 % (219 mil

hogares) de los 804.820 hogares en Canarias. Esto implica que entre 2013 y 2017 el

número de hogares con algún miembro en paro ha descendido en un 9 % lo que

supone una reducción de 62 mil hogares. De este modo, se eleva hasta 829 mil los

hogares que no tienen ningún miembro de su familia en paro.

El 41,9 % de la población parada lleva en esa situación un año (99 mil personas), este

número se viene reduciendo desde el año 2015 que alcanzó la cifra de 155 mil

personas paradas de larga duración. En 2007 el porcentaje de parados de larga

duración asciende al 16,89% (27 mil personas).

Este factor está siendo determinante para que aumente la tasa de parados sin

prestación y a su vez se gaste menos en prestaciones por desempleo. El proceso ha

sido el siguiente. En 2007 80 mil personas recibieron prestación por desempleo.

Comienza la crisis y aumenta el número de prestacionistas que alcanzan los 188 mil

en 2010 (108 mil personas más que en 2007). A partir de ahí (combinando


30

desempleo de larga duración más agotamiento de la prestación) el número de

personas que accede a prestación se ha ido contrayendo hasta las 142 mil personas

de mediados de 2014, y parece que tras ese año se ha estabilizado en torno al 60% la

población parada sin prestación. Es decir, 6 de cada 10 personas desempleada no

recibe prestación por desempleo.

Como explicábamos anteriormente, el gasto en prestaciones por desempleo se ha

reducido sólo en un año un 18%, y la tasa de cobertura ha descendido al 52% en

2016, mientras que en 2010 era del 78%. Es decir 1 de cada 2 personas en situación

de desempleo (alrededor de unas 174 mil personas) no recibe ningún tipo de

prestación ligada al empleo. Es decir, no ha logrado a través del empleo acceder a la

cobertura que garantice sus derechos. Este elemento es central, puesto que el hecho

de que las personas a través del empleo no accedan a la protección de desempleo

las desplaza automáticamente a la red de protección.

Los derechos están condicionados por las posibilidades de acceder a la cobertura y

se están limitando a ésta.

Este cambio de tendencia hace necesaria una nueva concepción de la red de

protección, ya limitada, condicionando si no determinando la acción de la política

pública a la respuesta económica para garantizar la subsistencia en lugar de

potenciar la promoción o prevención de las condiciones de vida de las personas y el

desarrollo de sus capacidades.

La Renta Activa de Inserción ha pasado de casi 10 mil en 2009 a 21 mil en 2013, a

más de 18 mil en 2016. Desde 2012 se han endurecido los requisitos de acceso y las

condiciones (tiempo, cantidad económica, etc.).

Con relación a los ingresos por prestaciones concluimos que más de la mitad de las

personas inscritas en las oficinas de empleo como demandantes no cobra ningún

tipo de prestación ni subsidio por su condición de desempleada. De las 286 mil

personas paradas 112 mil reciben prestación en 2016 (40 mil la prestación

contributiva, 52 mil el subsidio, y unas 18 mil la Renta Activa de Inserción), mientras

que 174 mil personas carecen de cobertura.


31

Según la última actualización de la Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares

Canarios en 2013, de los 810 mil hogares de Canarias, 58 mil (7,15%) no percibe

ningún ingreso. En 2010 era el 4,5% de los hogares.

Todos estos datos están generando un aumento de la población en pobreza y

exclusión social o riesgo de padecerla. La incertidumbre y la angustia en el curso

normal de la vida son dos factores presentes en los hogares con mayor dificultad.

Ya no se trata de dar respuesta puntual a la población sino respuesta continua a un

sector amplio de la población cuya situación ya no es puntual y tampoco se

encuentra en su campo de acción inmediato.

1.4. Indicadores de Condiciones de Vida: ingresos y pobreza

La pobreza, en sus múltiples dimensiones y la duración en el tiempo se han

convertido en uno de los mayores dramas a los que se enfrenta la sociedad

española, no sólo por la urgencia y extensión que ha adquirido, sino porque implica

la puesta en un primer plano de las serias deficiencias del Estado de Bienestar y del

marco legal para proteger los derechos sociales adquiridos hasta el momento. La

modificación del marco legal de protección de las personas en el trabajo ha reducido

la creación de derechos laborales y se ha traducido en el acceso al sistema de

protección social.

Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y

exclusión social de España. Entre los rasgos de vulnerabilidad de la sociedad canaria

se encuentran del aumento del riesgo de pobreza, el aumento de la desigualdad, el

aumento de la baja intensidad laboral de los hogares, y el aumento importante de la

carencia material severa. Concretamente el haber tenido retrasos en el pago de los

gastos relacionados con la vivienda. Reflejamos los valores más destacados de los

indicadores que hemos analizado:

Entre 2008 y 2016 la renta media anual de los hogares Canarios se recortó en 2.060

€, pasando de 24.510 a 22.450 euros, es decir, una reducción de la renta media por

hogar del 9% en 8 años.

Los ingresos de los hogares en Canarias en 2013 se estimaban en torno a 1.619

€/mes, regresando a valores de hace 10 años.


32

Tenemos que detenernos en las consecuencias para la población con niveles de

vulnerabilidad muy altos.

En Canarias en 2017 no perciben ningún ingreso unos 40 mil hogares, cerca del 5%

de los 828 mil hogares de Canarias. En 2011 los hogares en esta situación no

llegaban a los 33 mil, es decir, en cinco años 7.000 hogares canarios se han quedado

sin ingresos. Y es que 1 de cada 2 los hogares canarios declara tener dificultades para

llegar a fin de mes en 2017 (52,7%). De éstos, un 34,5 expresan tener mucha

dificultad. Este incremento está ligado al incremento de personas paradas de larga

duración sin cobertura en prestaciones al que se suman las personas que,

trabajando, no consiguen llegar al fin de mes.

Al mismo tiempo la renta disponible de los hogares baja, también lo hace el umbral

de la pobreza. Circunstancia a tener en cuenta a la hora de medir y analizar la tasa de

riesgo de pobreza, que es el porcentaje de personas cuyos ingresos están por debajo

del umbral de pobreza (menor del 60% de la mediana de ingresos por familia), y esta

se sitúa en el 35%. Canarias está 8 puntos porcentuales por encima de la media

estatal. Hablamos que 1 de cada 3 personas en Canarias están riesgo de pobreza o

exclusión social, o lo que es lo mismo, más de 700 mil personas.

Es preciso aclarar que el descenso apreciado entre 2012 y 2013 de casi 5 puntos

porcentuales se debe a una variación metodológica y no a la mejoría económica y

social de la población, y como consecuencia de ello de la mejora en las condiciones

de vida.

Y es que si tomamos como referencia la estimación de riesgo de pobreza y exclusión

social de la Estrategia Europa 2020, la tasa se eleva sobre el 44,6 % de la población

total de Canarias (más de 900 mil personas y casi 20 puntos sobre la media nacional).

La situación de la infancia es la más grave con altísimos porcentajes de niños y niñas

bajo el umbral de la pobreza.

Con relación a la pobreza material, ésta ha pasado de un 3,5% de la población en

2013 a un 10,8% en 2016. Esta suma supera las 200 mil personas.

De los aproximadamente 800 mil hogares de Canarias, un 21,4%, es decir 172 mil

hogares, se sitúan bajo la línea de pobreza relativa (ingresos inferiores a 456 €/m).


33

En el año 2016 el 29,5 % de la población –más de 66 mil personas- vive en hogares

con baja intensidad en el trabajo frente al 14,9 estatal.

En 2013 Canarias es una de las comunidades donde un mayor volumen de población

declara haber tenido retrasos de gastos relacionados con el hogar (15,1%), mientras

que la media estatal se sitúa en torno al 9%.

Los datos revelan que en Canarias más de siete de cada diez personas no se

encuentran plenamente integradas, sobresaliendo de la media española en

integración precaria y las personas en exclusión moderada.

Los siete factores más determinantes que inciden en el empobrecimiento son:

1. Los hogares se agotan como recurso de apoyo ante esta situación.

2. Destrucción de empleo estable y creación de empleo que no genera acceso a

la protección o cuyos ingresos son discontinuos e inferiores a los gastos fijos.

3. El desempleo se cronifica en el tiempo siento más largo en población de

mayor edad y generando un elevado número de hogares con personas activas

económicamente sin trabajo o con baja intensidad en el trabajo.

4. Crece el número de hogares sin ingresos con gastos fijos.

5. Crece la desigualdad de la renta aumentando el número de personas que se

sitúan en los tramos de menor remuneración.

6. Existencia de personas empleadas empobrecidas con dificultades para

afrontar gastos inesperados y con limitaciones en el acceso a una alimentación

saludable.

7. Insuficiencia del sistema de políticas sociales que genera efectos perversos

como que las familias apuesten por encontrase en una franja de dificultad que le

garantice acceso a subsidios.

Estos datos, a modo de resumen de los indicadores analizados en este apartado,

muestran la gravísima situación de la desigualdad y la pobreza en Canarias, y de su

evolución negativa y de las desviaciones tan acentuadas con respecto a las medias

estatales.


34

Cuando intentamos buscar la correlación con las acciones políticas que se podían

adoptar para cambiar la situación descrita, nos encontramos con un descenso

continuado del gasto total en Servicios Sociales y de un alejamiento de las

competencias de los municipios que suponen un alejamiento de la accesibilidad a

éstos. La función del sector público de velar por el cumplimiento de los derechos

sociales no se está produciendo.

1.5. Indicadores de condiciones de vida: personas con limitación de la vida diaria y/o en situación de dependencia

En Canarias más de 163.000 personas están en una situación de dependencia, ya que

tienen alguna limitación en la actividad diaria (alrededor del 8% de la población total

de las islas) según datos de 2013; de las cuales el 65% necesita ayuda y cuidados de

otras personas, y de ellas unas 6.000 personas no tienen acceso a los mismos, y el

42% no tiene reconocimiento oficial de su situación.

La tasa o índice de dependencia demográfica5 en las islas en 2016 es del 41,1%.

En Canarias es donde menos presupuesto se dedica de todo el Estado español en

dependencia, llegando a 39 euros persona al año en el 2013, mientras que la media

estatal era de 109,6 euros. Es cierto que en cierta medida el deterioro del Sistema de

atención a las personas en situación de dependencia ha sido causado por el recorte e

incumplimiento de la financiación a nivel estatal (disminución de los 41 millones de

euros en 2009 a los 23 millones de 2013, la cual se ha reducido hasta el 28% de la

aportación de gasto total, muy por debajo del 50% previsto). En el 2015 el

presupuesto es de casi 28 millones.

De esta manera, la evolución de la financiación que aporta el Gobierno de Canarias

al programa para la atención a personas en situación de dependencia ha ido

creciendo a lo largo de estos años alcanzando para 2015 los 96 millones de euros,

pero sin duda no lo suficiente para dar respuesta y cobertura a toda la población que

tiene derecho, y se demuestra la situación de colapso que muestra el sistema.

5 La tasa o índice de dependencia demográfica hace referencia a las personas menores de 16 años o mayores de 64 sobre la población en edad de trabajar

(entre 16 y 64 años).


35

Hablamos de colapso porque las solicitudes que ascienden a un total de 45.376. De

estas casi 10 mil (un 22%) no son dictaminadas; no se da acceso a nuevas personas

usuarias; muchas en situación de desatención; se producen largas esperas cuando a

las personas ya se les ha reconocido su derecho, y un largo etc., del que destacamos

lo siguiente:

Canarias está a la cola en personas pendientes de concesión suponiendo un 40,30%

sobre el total de solicitudes, mientras que la media estatal está sobre el 13,3%.

En Canarias, 2015, más del 58% de personas (unas 17.433 de las 29.975) con derecho

a prestación no la están percibiendo, mientras que la media del estado se sitúa en el

28%, diferencial respecto a la media completamente desorbitado. Somos, según

datos de 2015, la penúltima Comunidad Autónoma con un mayor número de

personas dependientes con derecho reconocido pendientes de atención, a 17 puntos

de la media estatal.

Destacar respecto a las personas beneficiarias con derecho a prestación que se han

reducido paulatinamente desde los máximos de 2012, mientras que han aumentado

las solicitudes. Considerando que ya no está presente el efecto de haber retrasado el

derecho a atención a los dependientes con grado I, las causas de dicha disminución

solo pueden explicarse por las bajas (fallecimientos) de los titulares y por revisiones

de grado practicadas de oficio.

Queremos hacer hincapié en que en Canarias no se desarrolla la prestación

económica para asistente personal, verdadera propuesta que genera procesos de

autonomía.

El perfil mayoritario de las atenciones de las personas en situación de dependencia

es de mujeres mayores.

2. Red pública de protección social

2.1. Indicadores del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales

El Plan Concertado ha supuesto el diseño, la construcción y el mantenimiento de la

red pública en los equipamientos básicos (Centros de Servicios Sociales), desde


36

donde se prestan estos servicios, así como instrumento de cooperación con las

corporaciones locales para que puedan afrontar como administración más próxima a

la ciudadanía sus competencias de gestión en materia de Servicios Sociales, siendo

ésta la principal fortaleza de los Servicios Sociales Municipales; todos/as los/as

ciudadanos/as tienen cerca por pequeño que sea el municipio de residencia, un/a

Trabajador/a Social como profesional de referencia y cauce de acceso al sistema

público de Servicios Sociales.

En Canarias, el Sistema Público de Servicios Sociales está desarrollado a partir de la

Ley 9/1987 de Servicios Sociales, por lo que puede decirse que se configura como

referencia de los derechos sociales para el Conjunto de Canarias. No obstante, este

marco normativo debe adecuarse a los cambios experimentados por esta

Comunidad Autónoma a lo largo de estos 25 años.

La legislación estatal vigente, reconoce la necesidad y obligatoriedad de los Poderes

Públicos de garantizar a toda la ciudadanía la cobertura del Sistema Público de

Servicios Sociales. Esta garantía sólo viene dada por la estructura de la red básica de

Servicios Sociales.

Las situaciones de emergencia social y de atención a las necesidades más básicas han

aumentado, lo que está ocasionando un colapso de los recursos tanto humanos

como materiales.

La demanda de atención en los Centros de Servicios Sociales de Canarias, así como

de los equipamientos contemplados en el Plan Concertado ha experimentado un

incremento drástico. Por ejemplo, la diferencia de personas atendidas entre 2007 y

2016 apunta un aumento del 75% (256.319 en 2007 y 447.625 en 2016).

El hecho es que la financiación por proyectos entre 2007 y 2016 presenta una

diferencia del 32%. Se ha pasado de una financiación total de 50.776.906 € en 2007 a

67.139.237 € en 2016.

La diferencia de personas atendidas (75%) y la financiación (32%) en el periodo 2007-

2016 arroja un saldo negativo del 43%. Esta diferencia conlleva la desprotección de

la ciudadanía. Y es que si no hay financiación suficiente no se pueden cumplir los


37

principios y objetivos del Plan Concertado, lo que conlleva el progresivo

desmantelamiento del primer nivel de atención de los Servicios Sociales.

Si se compara la financiación del año 2016, 67.139.237€, con 2011, el año de mayor

financiación de la serie, con 71.692,355 €, estamos ante una diferencia de -6%.

Sobre el total de la financiación del Plan Concertado en 2016 el gasto por habitante

es de 31,86. El más alto de la serie es 33,31 en 2011. Sí se da un aumento de los

valores de 2007 que se cifraban en 24,92.

Esta evolución va acompañada de dos tendencias, a la re centralización de

competencias, por un lado, y a la privatización de la gestión, por otra. Ambas

implican decisiones políticas que implican un modelo específico y que condicionan

los derechos sociales de la ciudadanía.

Otro factor preocupante deriva del incumplimiento del Gobierno estatal y del

Gobierno de la Comunidad Autónoma en los porcentajes distributivos de

financiación del Plan Concertado, suponiendo una sobrecarga a los Ayuntamientos

de Canarias que alcanza el 80%.

Los datos disponibles en la actualización del informe de 2015 apuntan una diferencia

respecto a 2009 de la aportación del Gobierno de España del -71,64 % y del -19,47 %

del Gobierno de Canarias. Tan sólo se da un aumento del 3,96 por parte de los

Ayuntamientos.

Por otro lado, y en relación al Sistema de Información de Usuarios de Servicios

Sociales (SIUSS), decir que ni se ha implantado ni se desarrolla; lo cual conlleva que

no contamos con datos de realidades palpables que nos ayuden a los/as

profesionales a implantar procesos de adecuación de la oferta a las necesidades

reales y específicas de cada persona atendida, por medio de diagnósticos y

evaluaciones adecuadas.

Del análisis de los datos podemos destacar además de lo señalado que:

Los gastos en prestaciones económicas aumentan y ascienden en 2015 a 10.507.860

€. Este importe supone una diferencia respecto del 2007 del 150% (cuando los

gastos ascendieron a 4.220.023€).


38

Sin embargo, además de un fuerte giro de las políticas públicas a una respuesta

asistencialista, economicista, y de desmantelamiento de las prestaciones de atención

de las personas en su medio-contexto.

La tasa de población por Unidad de Trabajo Social, o lo que es lo mismo, el número

de personas susceptibles de ser atendidas por cada profesional se sitúa alrededor en

13.209 por profesional. Se supera en más del doble la tasa recomendada por

profesional (5.000 personas). La tasa más alta de la provincia de Las Palmas está en

Gran Canaria donde se superan las 19 mil personas por cada profesional y la más

baja en Fuerteventura con 10.737 personas por cada trabajador social, cifra que

duplica el ratio recomendado.

En 2015 se ha atendido en los Centros de Servicios Sociales a 411.017 personas,

menos de la mitad de la población que se estima en riesgo de pobreza y exclusión

social en Canarias si tomamos como referencia los indicadores de pobreza de Europa

2020 que sitúa en esta situación a más de 900 mil personas (44,6% de la población

Canaria). El incremento respecto a 2007 es de 154.000 personas, una diferencia del

60% más.

La tasa de personas atendidas y que han recibido algún tipo de servicio o

prestaciones es del 19,57 % del total de la población en Canarias en 2015.

En este sentido las personas y colectivos que acuden en mayor proporción a los

Servicios Sociales son: familias (36 %), mayores (17%), y e infancia (16%). Aclarar que

no entendemos como a la hora de establecer sectores de la población se limite

“mujer y familia por ejemplo” como hecho diferenciador, cuando resulta más lógico

desglosar los datos según sexo/edad, o según otras variables relativas a la necesidad

por la que acuden a los Servicios Sociales, que permitirían obtener resultados más

fiables y como consecuencia más reales. En este sentido evitaríamos la identificación

de mujer con familia, y por otro lado podríamos acceder a una adecuada clasificación

de la diversidad de situaciones por las que las personas (principalmente mujeres)

acuden a solicitar apoyo social.

Se constata la caída de gasto medio por prestación de Servicios Sociales. Este

importe ascendía a 48 € en 2007 y a 57 euros en 2009 . En el 2015 el importe es de


39

39,72 €. Este importe se obtiene al dividir el gasto total en prestaciones básicas entre

el número total de prestaciones.

Respecto al personal adscrito al Plan Concertado, en 2015 aumenta a 2.065

quedando muy cerca de las cifras de 2007, donde el número era de 2.092. Los datos

detallados por islas de la provincia de Las Palmas serían 144 para Lanzarote, 68 para

Fuerteventura y 693 para Gran Canaria.

Poco más de un tercio del personal es de plantilla (701 personas), el resto (1.254

personas) están contratadas por proyectos y prestaciones específicas de manera

eventual, lo que genera una acusada inestabilidad laboral y personal, y sobre todo

redunda negativamente en el proceso de acción social.

La tasa de población por trabajador/a de plantilla y prestaciones en Canarias en 2015

es de 1.017. Es decir que hay un/a trabajador/a por cada 1.017 personas susceptibles

de acudir a los Servicios Sociales. Si lo calculamos por el personal estable “de

plantilla”, la tasa se queda cerca de lo recomendado al ascender a 2.996 personas, y

ser 3.000 personas la recomendación.

2.2. Indicadores de la Prestación Canaria de Inserción

La falta de ingresos de la población se está viendo agravada por las políticas de

recorte del gasto público que queda reflejado, entre otras cuestiones en la reducción

de la cobertura de la protección social. Las rentas mínimas de inserción están

reduciendo su capacidad de protección tanto desde una perspectiva cualitativa

como cuantitativa dado que las diferentes administraciones ponen sus propios

requisitos para acceder y mantener las diferentes prestaciones y éstos cada vez son

más estrictos.

Las personas perceptoras titulares han aumentado un 30% desde 2009 a 2013,

pasando de 4.500 a 5.860.

Sólo 1 de cada 1.000 hogares sin ingresos accede a la PCI. En total podemos estimar

que en Canarias existen unos 58 mil hogares sin ingresos.

La mayoría de las solicitudes son de la provincia de Las Palmas (64%)


40

Hay una reducción progresiva entre el número de personas que solicitan, las que se

tramitan, las concedidas y las denegadas. Destacando en el 2014 el aumento de

solicitudes y el descenso de las concesiones en un 25%.

La situación en la que normalmente se encuentra la persona perceptora de la PCI es

de desempleo y precariedad económica, así como un bajo grado de empleabilidad,

siendo en su mayoría mujeres (un 71%), entre 35 y 44 años, y más de la mitad no

tiene estudios o sólo los primarios.

Los plazos se vulneran. De los ayuntamientos a la Consejería tardan más de cinco

meses.

Se resolvió el 66,7% de las solicitudes, aunque para el 34% la resolución se dictó

fuera de plazo, con una media de 272 días. Se autorizó el pago para el 57,6% de estas

resoluciones.

En la serie que se analiza, no todas las solicitudes informadas favorablemente para la

percepción de la ayuda económica de la PCI pudieron pagarse al ser insuficiente el

crédito del ejercicio con el que hacerles frente, dando lugar a una situación

denominada “prebastanteo”, modalidad que carece de regulación normativa.

El presupuesto insuficiente de esta partida hizo que a las personas con la resolución

de la prestación aprobada cesare el abono de las cantidades mensuales, además de

que se dejan de tramitar nuevas solicitudes, vulnerando el cumplimiento de esta ley.

Por otro lado en los últimos años se ha reducido la partida para personal de los

ayuntamientos y esto deja a mucha gente sin posibilidad de tramitar e iniciar la

solicitud, restringiendo el derecho.

De lo anterior se desprende una planificación deficitaria en la dotación económica al

no atender al progresivo aumento de las personas en situación de desprotección

(mayor número de personas sin prestación por desempleo y de hogares sin personas

activas), que debería mejorarse con el objeto de prever los recursos financieros

necesarios y su distribución, para lo cual se dispone de un instrumento como son las

Encuestas de Condiciones Sociales elaboradas por el INE y el ISTAC.


41

La “solución” que se ha encontrado es desviar presupuestos de partidas preventivas

o promocionales a la Prestación.

3. Evolución presupuestaria

3.1. Acerca de la evolución de los Presupuestos Autonómicos

Los Presupuestos Generales de Canarias en 2017 ascienden a 6.649.874.342 €. Si

comparamos con los del año 2007 son menores que éstos en 171.569.586 €, lo que

equivale al 2,5% menos.

Si se comparan los presupuestos de 2017 con los más altos de la serie, en 2010, han

sufrido un retroceso en el apartado de 848.932.559 euros, lo que equivale a un 11%

menos. Esta reducción se debió a la reducción derivada del cumplimiento los

objetivos del déficit y estabilidad presupuestaria (reducción de transferencias del

estado y de los ingresos en general de la Comunidad Autónoma). Compromiso este

que ha repercutido directamente en dar respuesta a los derechos básicos y en

concreto a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable. Destacar el

descenso producido en las transferencias corrientes a las Entidades Locales que

tienen asignadas y transferidas las competencias para gran parte de los Servicios

Sociales.

3.1.1. Desglose por funciones

Centrándonos en la política de gasto por funciones, y analizando el apartado de

Actuaciones de protección y promoción social (que engloba los Servicios Sociales, el

fomento de empleo y vivienda), hemos detectado un recorte del 27% respecto al

2010 (unos 135 millones de euros menos).

Si comparamos el gasto en 2007, año en el que todavía no se había iniciado la crisis

socioeconómica en la que aún nos encontramos, resulta que la inversión en 2017 ha

aumentado poco más de 56 millones.

El porcentaje de gasto total en este apartado de Actuaciones de Protección y

Promoción Social respecto al total presupuestado tiene un peso de 9,41 puntos,

situándose entre los 8,35 de 2007, y el 10,15 de 2010 únicamente superado por el


42

10,30 de 2011. Podríamos decir que 9 de cada 100 euros del presupuesto total de

gastos se destinan a estas actuaciones.

Al desglosar este apartado de funciones entramos a analizar la sección dedicada a los

Servicios Sociales y Promoción Social (que abarca casi todos los programas

relacionados con las políticas de Servicios Sociales).

La partida de Servicios Sociales y programas de promoción social en los presupuestos

generales del Gobierno de Canarias se ha incrementado hasta llegar a los

281.849.576 euros en el año 2017, esta cifra es la misma que en 2015 y supone un

descenso del 9% respecto al año anterior en el que la partida ascendió a

310.944.977€, la más alta de la década. En el año 2016 el gasto en Servicios Sociales

y Promoción Social rozó los 5 de cada 100 euros del presupuesto general.

Hay que destacar que esta partida supone el 4,24 % del total del gasto

presupuestado (poco más de 4 euros por cada 100 del presupuesto general), algo

que resulta insuficiente debido al incremento del empobrecimiento y la

vulnerabilidad social tal como hemos descrito en el análisis del contexto socio

económico. Y esta situación queda reflejada en el hecho de que muchas de las

personas que tendrían derecho a esta protección acudan a otras organizaciones

privadas ante la falta de soluciones públicas (tendencia a la privatización y

precarización de los Servicios Sociales que merecería una reflexión profunda por

parte de la sociedad y agentes implicados). En 2007 el porcentaje de gasto sobre el

total alcanzaba el 4,4%.

El Gobierno de Canarias ha destacado el esfuerzo de gasto realizado en materia de

Servicios Sociales, y es cierto que desde el año 2012 el porcentaje de gasto sobre el

total presupuestado ha ido creciendo del 4,04 hasta el 4,55 en 2015, volviendo a

reducirse al 4,24 actual. En cualquier caso, en términos cuantitativos no sigue la

misma tendencia ascendente, y teniendo en cuenta la situación de aumento de la

demanda social actual, las partidas destinadas a esta materia deberían ir en

consonancia con dicho diagnóstico; es decir, si aumenta la demanda habrá que

incrementar el gasto necesario para cubrirla. Todo ello sin entrar a valorar la eficacia

y eficiencia del mismo Sistema de los Servicios Sociales.


43

Las partidas destinadas a los otros apartados referentes a las Actuaciones de

protección y promoción social también han sufrido importantes recortes:

En fomento del empleo se repite la cifra de 2015 para 2017. Se ha reducido en 88

millones respecto a 2007. Sin embargo, como el presupuesto total ha aumentado, el

porcentaje de gasto sobre el total del presupuesto del 2015 que ascendía al 2,93 se

reduce al 2,73 en 2017. En 2007 suponía el 3,96% del 2007 y el 4,88 en 2011.

En Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación se ha reducido en unos 56

millones de euros respecto al año anterior. En el global de gasto del Instituto Canario

de la Vivienda el descenso respecto a 2007 ha sido de 68 millones. El presupuesto

actual supone una diferencia del 55% el respecto al pico más alto de la serie de 2008

con un presupuesto de 147.125.700 €.

El recorte presupuestario también afecta al Instituto Canario de Igualdad con casi 3

millones y medio menos que en 2007. La tendencia a la baja ha sido evidente, y se ha

estabilizado desde 2012 entre los 7 y 7.5 millones anuales. En el 2017 supera los 8

millones anuales.

3.1.2. Desglose por Programas

Haciendo un repaso al apartado desglosado por programas, además de la ya

mencionada desaparición del gasto en Integración social de inmigrantes en 2013,

constatamos el ascenso en sólo dos de los programas contemplados en el gasto:

Fomento de la Inclusión Social que incluye la PCI (nos centraremos en ella en el

apartado siguiente de conclusiones del gasto respecto al año anterior), asciende a

los 55 millones de euros, alrededor de 36 millones más que en 2010 (60%).

Atención a las personas en situación de dependencia, muestra un incremento de

54.5 millones de euros (un 51%) del gasto, que igualmente resulta insuficiente para

dar cobertura al conjunto de personas que tenían reconocida la prestación, tal y

como se ha referido en apartados anteriores.

Sí queremos pararnos un momento en este punto. Hasta el año 2009 existían dos

partidas de gasto contempladas en los presupuestos, destinadas a los programas:

Atención a la dependencia, asistencia y participación de personas mayores, y

Atención a la dependencia, asistencia e integración social de personas


44

discapacitadas, por un montante total para ese año de aproximadamente 56

millones de euros. Pues bien, dichas partidas desaparecen en 2010, año en que el

gasto en Atención a las personas en situación de dependencia crece en 30 millones.

Esto supone y recorte encubierto de 26 millones de euros.

Por lo demás constatamos un descenso desde 2010 hasta 2015 de aproximadamente

46 millones de euros, que resumimos a continuación:

Cooperación para el desarrollo desciende alrededor de los 10 millones de euros

desde 2010, presupuestando para 2017 con cerca de 5 millones y medio. Este

presupuesto duplica el de 2015.

Atención a las drogodependencias lo hace en 1,9 millones desde 2010, situándose el

gasto para 2017 en unos 11 millones.

Ya dentro de los programas recogidos en la función 23. Servicios Sociales y

protección social, Coordinación y Planificación en asuntos sociales en unos 4

millones. En este apartado entra el gasto destinado al Plan Concertado. Entre 2010 y

2012 hubo una serie de ingresos y transferencias externas que acrecentaron

significativamente el gasto, pero no repercutió directamente en la financiación del

Plan.

Planificación y apoyo a los Servicios Sociales descendió en unos 400 mil euros, si bien

tocó fondo en 2013 (2,8 millones menos que 2010), la previsión de gasto para 2015

es de 13.2 millones de euros.

Prestaciones y otras ayudas sociales lo hizo en unos 5,4 millones, hasta los 3 millones

actuales.

Prevención e intervención en el área del menor y la familia ha descendido respecto a

2010 nada menos que en 31 millones de euros (38 millones para 2017).

Ejecución de medidas judiciales para menores infractores lo hizo en 8,5 millones

(23,3 millones para 2017).

Descenso también en la Promoción y fomento de la calidad de vida de los jóvenes de

unos 1,3 millones hasta los 3,6 millones actuales (repunta desde 2015 ya que el

ejercicio anterior se presupuestó en 2.1 millones).


45

En Promoción para la igualdad de oportunidades para mujeres desciende en 2.6

millones, mostrando un aumento continuado desde el 2013 hasta llegar a los 7,8

millones en 2017.

En definitiva, el presupuesto es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de

la población, y para facilitar así el cumplimiento de los derechos sociales básicos,

dado el creciente aumento de la demanda derivada del aumento de la precariedad,

desigualdad e índices de pobreza en las islas, no desarrollándose lo contemplado en

los propios objetivos, competencias y funciones de la administración en materia de

Servicios Sociales.

Por último queremos hacer constar que no se ha consultado con el Consejo General

de Servicios Sociales a la hora de establecer unos presupuestos acordes con la

situación social y de los recursos y servicios que se ofertan desde la Administración

Pública.

4. Consideraciones del análisis de indicadores

Del análisis de indicadores se extraen 8 consideraciones:

- Aumento de la precariedad del empleo y de las prestaciones.

- Vaciamiento de “lo social” en la esfera de la política pública y de la

intervención social. Esto de aprecia tanto en el contenidos de las partidas

presupuestarias como en la intervención. Ésta se está dirigiendo a una

mayor carga de trabajo que hace que se desplace el trabajo de casos al

trabajo de expedientes. Además, desaparecen o se reducen drásticamente

las políticas preventivas y promocionales.

- Tenemos presupuestos de políticas sociales pero no tenemos políticas

sociales.

- Desplazamiento/condicionamiento de la intervención social hacia/del

interventor del ayuntamiento.

- La responsabilidad de acciones de promoción se desplaza a las

organizaciones privadas a través de la externalización.


46

- Discontinuidad en el trabajo es sinónimo de discontinuidad en la

cobertura de Derechos.

- Necesidad de distinguir titularidad de gestión. La administración es la

titular de obligación aunque el modelo de gestión sea indirecto y no sea

de titularidad pública.

- Necesidad de distinguir entre la delegación por gestión indirecta de

programas y proyectos de las administraciones públicas hacia el Tercer

Sector como una forma encubierta de externalización y privatización, de la

participación de organizaciones sin ánimo de lucro o entidades sociales en

actuaciones de interés social enmarcados en proyectos de acción social o

para la defensa de los intereses de un colectivo concreto.

5. Propuestas

En este apartado se recogen propuestas que se han generado en los diferentes

espacios de puesta en común de los datos. Más que un texto articulado, se ha

tratado de agrupar y organizar las diferentes aportaciones.

Para ello, se recogen dirigidas a agentes concretos y aquellas que se refieren a los

bloques de indicadores analizados.

5.1. Dirigidas a actores concretos

5.1.1. Referente a la legislación

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local, ha generado un contexto de inseguridad jurídica pone de

manifiesto la necesidad de definir las transferencias competenciales, con su

correspondiente ficha financiera. que eliminen vacíos legales. Por ello, se hace

necesario:

1 Derogación por ir contra los Derechos sociales

2 Clarificar la organización competencial

3 Cumplir la obligación de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de

la administración y de la legislación.


47

Además, es preciso denunciar que, en aplicación de la Ley de Extranjería, las

personas que estén en situación administrativa irregular no pueden acceder a

ayudas económicas.

5.1.2. A los grupos parlamentarios

Hacer llegar el informe y solicitar que presenten preguntas en el Parlamento

solicitando el detalle de gastos de gestión indirecta en acciones de promoción y

protección social.

5.1.3. Al Comisionado de Transparencia

Poner en conocimiento del Comisionado de Transparencia la limitación de los

indicadores sociales y explorar las posibles formas de mejorar la accesibilidad y

adecuación de los datos.

5.1.4. Para desarrollar desde el Colegio por los profesionales

Identificar, desarrollar y proponer líneas de trabajo deberían ir enfocadas a trabajar

la supervisión de apoyo y la oferta de formación sobre "otras formas de hacer

Trabajo Social desde los Servicios Sociales que impidan la aparición de inercias y de

prácticas inadecuadas.

Difundir el desarrollo de los distintos niveles y modelos de intervención existentes

dentro del Trabajo Social que faciliten la generación de respuestas tanto a la

situación general como a la práctica profesional e intervención.

Reforzar la posición y acción del trabajador y la trabajadora social como agente de

cambio.

5.2. Contexto social y económico

5.2.1. En base al análisis de los indicadores demográficos

Los datos constatan que

1) la evolución demográfica está marcada por una fuerte caída de la natalidad y un

progresivo envejecimiento de la población.

2) Canarias es un territorio con población nacida en diferentes países y personas

nacidas aquí con diferentes referentes culturales.


48

3) aspectos aparentemente objetivos como el tamaño del municipio en el que se

vive afecta al reconocimiento de derechos.

Esta es una clara muestra de que hay criterios aparentemente objetivos que

colisionan con la igualdad de las personas de acceder a protección social. Por ello, se

concluye que de normas legales, como la ley de racionalización, o de contención del

gasto, aparte de tratarse de medidas específicas, suponen una limitación y

redefinición de las políticas públicas.

Por todo ello, la propuesta central es adaptar las políticas sociales a la situación real

del territorio y de la población, reforzando la atención a los colectivos mayoritarios,

sin descuidar a la infancia.

Otras propuestas son:

• Trabajar nichos de empleo en municipios pequeños.

• Mejorar condiciones sociales que redundan sobre el estado de salud de la población.

• Eliminación del Decreto de copago de farmacia.

• Inclusión de prestaciones orto-protésicas (camas articuladas) vinculadas a la población mayor y dependencia.

• Delegación de competencias de las CCAA con ficha financiera a los municipios.

• Eliminación de las barreras arquitectónicas en urbanizaciones. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y dado que ya es un hecho que las barreras suponen aislamiento ya.

5.2.2. Sobre la evolución de los indicadores económicos

Entre las propuestas al hilo de los indicadores económicos se recoge:

• Promover mecanismos de reparto de la riqueza en Canarias, entre ellos, el desarrollo de políticas sociales que garanticen la renta básica a todas las personas, estrechando de esta forma el incremento constante de la desigualdad socio-económica.

• Eliminar los mecanismos de acumulación de la riqueza.


49

• Reducir los precios y aumentar los ingresos en los hogares canarios, lo que generará mayor renta disponible en el hogar, lo que supondría un desahogo para las familias al límite de la exclusión, aumentaría el consumo y a su vez fomentaría la creación de empleo.

• Incorporar políticas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda.

• Afrontar segundas adjudicaciones de vivienda social.

• Poner en mercado viviendas vacías mediante la estimulación a propietarios y el apoyo al alquiler.

• Establecer mecanismos de control sobre la adjudicación.

• Implementar medidas fiscales para la redistribución de la riqueza

5.2.3. Sobre el análisis de la situación del empleo

Como ya hemos constatado, el empleo es uno de los pilares fundamentales para el

impulso de la mejora social, pero no sólo hablamos del fomento del empleo y la

formación adaptada (que debe adecuarse y enfocarse hacia las tendencias de un

mercado productivo en coherencia con los nuevos yacimientos de empleo), sino de

la dignidad en el trabajo, el cual satisfaga las necesidades básicas tanto económicas

como personales y sociales. Por ello se propone:

• Ampliar la cobertura en prestaciones a las personas paradas de larga duración, de manera escalonada en relación a la renta por hogar, patrimonio y otros ingresos.

• Incorporar cláusulas sociales en la contratación pública.

• Potenciación de otros mercados de empleo y aprovechamiento de recursos naturales.

5.2.4. Sobre las condiciones de vida

Para dar respuesta al deterioro en las condiciones de vida se plantea:

• Implementar políticas de redistribución de la riqueza y no familiaristas ni asistenciales como se están llevando actualmente.

• Proponemos que se equiparen en percepción y legalmente los derechos sociales a otros derechos considerados fundamentales. Que las políticas sociales sirvan


50

para mejorar las condiciones económicas de todas las personas y sus accesos a todos los bienes necesarios para una existencia digna.

• Aumentar las transferencias económicas a la población que sufre la desigualdad, mediante mecanismos unificados en las Administraciones Públicas y equilibrados, que lleguen eficazmente a los colectivos con mayor dificultad, para los cuales ya existen recursos técnicos y humanos adaptados a tal fin.

• Aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Inmediata prestación a las más de 12.000 personas en el limbo.

• Desarrollo de la prestación para asistente personal.

5.3. Red pública de protección social

Necesidad de trabajar en equipo en los Servicios Sociales. Definir fines, objetivos y

metas.

5.3.1. En relación a las carencias detectadas en la ejecución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales

Se plantea

• Aumento de la financiación en consonancia con la realidad actual, para que garantice los derechos de acceso a los Servicios Sociales y del resto de sistemas de bienestar.

• Equidad en la distribución y cumplimiento de los porcentajes en la financiación por parte del Gobierno Central, Comunidad Autónoma y Entidades Locales.

• Mejora en el reparto de los fondos para Servicios Sociales y otros Servicios Públicos Básicos, poniendo en valor su eficiencia y equidad.

• Implantar el Sistema de Información de usuarios y usuarias de los Servicios Sociales para entre otras cuestiones: mejorar los diagnósticos, la planificación, la evaluación, etc.

• Aumento del número de Centros de Servicios Sociales y Unidades de Trabajo Social, así como de otro tipo de equipamientos y recursos descentralizados y adaptados a la situación específica del municipio, para mejorar la eficacia de las prestaciones básicas, haciéndolas más próximas y cercanas a la población.


51

• Aumento de la inversión en las prestaciones, no sólo de las económicas, sino de aquellas que propicien una atención integral y coordinada, donde la prevención cobre una mayor relevancia.

• Adecuar el número de servicios a la demanda de personas con necesidades de atención en los Servicios Sociales actuales y potenciales.

• Que los Servicios Sociales lleguen al % restante de la población para alcanzar su vocación universal como principio fundamental, o como mínimo doblando sus actuaciones a aquellas personas con unas condiciones de vida inestables o precarias.

• Incrementar las plantillas de personal en los Centros de Servicios Sociales, U.T.S., Albergues o Alojamientos alternativos para dar una mejor respuesta a los derechos sociales, fomentando su estabilidad laboral, tan importante no sólo para las y los profesionales, sino para las personas atendidas.

5.3.2. Para “hacer realidad una Prestación Canaria de Inserción”

Insistimos en las propuestas recogidas en el Informe sobre el incumplimiento de la

Prestación Canaria de Inserción (PCI) realizado por REDESSCAN desde 2012, y las

distintas aportaciones de los Colegios profesionales de Canarias en materia de esta

prestación.

• Que se prescinda de la situación de expediente en prebastanteo, reconociéndose la deuda del perceptor de la ayuda económica al dictar resolución de concesión, desde que la solicitud sea valorada favorablemente, figurando así como acreedor por operaciones pendientes de imputar al presupuesto. Dada la naturaleza de la ayuda económica de la PCI, que tiene por objeto dar cobertura a las necesidades básicas, se exige que el presupuesto se ejecute en su totalidad, evitando, además, que parte del crédito quede en situación de no disponibilidad por política presupuestaria.

• Se recomienda que se realice con preferencia el estudio de los requisitos para la obtención de la ayuda económica y su cuantía, como trámite separado a la configuración del PAI, con objeto de que no se retrase la percepción de la ayuda económica que, como se mencionó anteriormente, tiene por objeto dar cobertura a las necesidades básicas.

• El sistema de distribución de trabajadores y trabajadoras sociales establecido en el Plan Concertado que garantiza al menos un trabajador social por Ayuntamiento para la gestión de la PCI no está siendo eficiente, por lo que


52

debería ser objeto de revisión, de modo que se establezca una nueva distribución del personal y de los créditos presupuestarios, dotando de más medios especializados a los Ayuntamientos que más demanda reciben y a la Administración Autonómica, para lo cual habría que actualizar los criterios de reparto, pudiendo servir de base para ello las Encuestas de Calidad de Vida elaboradas por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

5.4. Evolución presupuestaria

Se propone:

• En la elaboración de la ley de presupuestos, que se implique al resto de colegiados profesionales o sindicatos en función de la temática, para que cada colegio y sindicato pueda aportar en los presupuestos e su ámbito de actuación. Por ejemplo: educación, sanidad, etc.

• Vemos que los presupuestos inciden especialmente en asistencia (asistencialismo). Consideramos necesario invertir también en promoción, prevención, creación de empleo.

• Que el Colegio Oficial de Trabajo Social elabore informes gráficos donde establezca comparativas de los presupuestos, mostrando en qué se invierte y haciendo “contra-publicidad” a las campañas de Gobierno.

• Que antes de llevar los presupuestos a pleno sean debatidos en el Consejo General de Servicios Sociales, teniendo en cuenta nuestras propuestas basadas en nuestros diagnósticos y en la experiencia directa con los servicios y la población atendida.

• Una vez aprobados, que la participación en los mismos no sea sólo en la elaboración inicial, sino que se genere una mesa de seguimiento trimestral en la que participe el Gobierno y agentes sociales ligados a los Servicios Sociales, velando por el cumplimiento en la ejecución y adecuando los gastos a la realidad social.

• Promover la estabilidad y suficiencia presupuestaria acorde con la demanda, y que aumente lo necesario para que sea suficiente para el gasto anual. Las partidas que deben aumentar el gasto son:

Cooperación al desarrollo.


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Actuaciones de Protección y promoción social (Servicios Sociales y promoción social, fomento del empleo, acceso a la vivienda)

Instituto de Igualdad

Y todos aquellos programas sociales en general (en especial los relacionados con infancia y familia, además de los consabidos aumentos en las partidas para la Inclusión social (PCI) y Personas en situación de dependencia.

• Proponer el aumento de la inversión social como valor de avance y mejora en la calidad de los servicios y la percepción social, cumpliendo así con los objetivos, funciones y actuaciones del propio sistema de los Servicios Sociales. De esta forma proponemos que aparezca como derecho subjetivo: Cartera de prestaciones Catálogo de recursos Financiación suficiente Exigibles vía judicial.

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Índice detallado

PRESENTACIÓN ................................................................................................................ 3

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 7

PARTE I. TOMAR PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL DESDE LOS DERECHOS SOCIALES ...... 9 1. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL TRABAJO SOCIAL 2004-2016 ................................... 9

1.1. Línea del tiempo: Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas ....................... 11 1.2. Línea del tiempo: Canarias .................................................................................... 11 1.3. Línea del tiempo: ámbito estatal ........................................................................... 12

2. BALANCE 2004-2016 ........................................................................................................ 12 2.1. El trabajo social es una acción basada en los Derechos Sociales .......................... 13 2.2. El cierre de la cuarta década: 2017 ....................................................................... 14

PARTE II. OBSERVATORIO Y PROPUESTAS: RESUMEN EJECUTIVO .................................... 15 1. CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO ......................................................................................... 17

1.1. Evolución demográfica .......................................................................................... 18 1.1.1. Estructura Poblacional................................................................................... 18

1.1.1.1. Efectos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad ........................................................... 20 1.1.2. Crecimiento poblacional................................................................................ 22

1.2. Indicadores económicos ........................................................................................ 23 1.3. Indicadores de empleo y prestaciones relacionadas ............................................. 25

1.3.1. Datos de ocupación ....................................................................................... 26 1.3.2. Datos de ocupación en el sector público ...................................................... 28 1.3.3. Datos de desempleo y prestaciones.............................................................. 29

1.4. Indicadores de Condiciones de Vida: ingresos y pobreza ...................................... 31 1.5. Indicadores de condiciones de vida: personas con limitación de la vida diaria y/o en situación de dependencia .................................................................................... 34

2. RED PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL .................................................................................... 35 2.1. Indicadores del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales ........................................................................................................................... 35 2.2. Indicadores de la Prestación Canaria de Inserción ................................................ 39

3. EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA .............................................................................................. 41 3.1. Acerca de la evolución de los Presupuestos Autonómicos .................................... 41

3.1.1. Desglose por funciones ................................................................................. 41 3.1.2. Desglose por Programas ................................................................................ 43

4. CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS DE INDICADORES ................................................................... 45 5. PROPUESTAS ..................................................................................................................... 46

5.1. Dirigidas a actores concretos ................................................................................ 46 5.1.1. Referente a la legislación .............................................................................. 46 5.1.2. A los grupos parlamentarios ......................................................................... 47 5.1.3. Al Comisionado de Transparencia ................................................................. 47 5.1.4. Para desarrollar desde el Colegio por los profesionales ............................... 47

5.2. Contexto social y económico ................................................................................. 47 5.2.1. En base al análisis de los indicadores demográficos ..................................... 47


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5.2.2. Sobre la evolución de los indicadores económicos ....................................... 48 5.2.3. Sobre el análisis de la situación del empleo .................................................. 49 5.2.4. Sobre las condiciones de vida ....................................................................... 49

5.3. Red pública de protección social ........................................................................... 50 5.3.1. En relación a las carencias detectadas en la ejecución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales ...................................................... 50 5.3.2. Para “hacer realidad una Prestación Canaria de Inserción” ......................... 51

5.4. Evolución presupuestaria ...................................................................................... 52 5.4.1. Cooperación al desarrollo. ............................... ¡Error! Marcador no definido. 5.4.2. Instituto de Igualdad ........................................ ¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DETALLADO ........................................................................................................ 55

“la gente no sabe lo que le pasa y eso es lo que le pasa”

Ortega y Gasset

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