DESCENTRALIZACIÓN

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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Carrera de Relaciones Internacionales

INFORME:

POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Integrantes: -Angela Cristina Rengifo Esquivel

-Juan Pablo Castro la Rosa

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Definición de la Política de Descentralización

La aspiración de un gobierno descentralizado ha sido una constante en el desarrollo

político y social, como medio para superar la heterogeneidad geográfica, cultural y

económica que posee Perú, para lograr el ansiado desarrollo integral y equilibrado.

Sin embargo, es también cierto que a partir del año 2002, las principales fuerzas políticas

han coincidido en la necesidad de impulsar el proceso de descentralización, iniciando las

reformas enfocadas a superar el centralismo político, económico y administrativo que ha

caracterizado a la época republicana y que ha marcado al Perú con una epidémica

configuración, con múltiples desequilibrios e inequidades. A los dos niveles de gobierno

que tradicionalmente existían en el país, como son el gobierno nacional y los gobiernos

locales, se ha sumado un nuevo nivel intermedio: el de los gobiernos regionales.

POR LO TANTO

¿Qué entendemos por descentralización?

Es el proceso de transferir dentro del Estado

Autoridad y capacidad de decidir

Recursos (dinero)

Poder y funciones

¿De quién a quienes?

ANTECEDENTES

En los años ochenta se intentó aplicar la descentralización en el Perú pero por razones

estructurales no se llegó a un mayor nivel, ya que luego de la accidentada

descentralización de fines de los años ochenta, en 1992 se suspendieron las Regiones

que se habían conformado de manera arbitraria en muchos casos y las cuales, en medio

de una de la peores crisis económicas que vivió el país no contribuyeron a mejorar la

Gobierno

Centrál

Gobierno

Regionál

Gobierno

Locál

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calidad de los servicios públicos y agravaron la crisis económicas debido a las potestades

tributarias que se les otorgaron. Ante esta crisis es que se decide, en abril de 1992,

suspender las regiones y establecer los Consejos Transitorios de Administración Regional

(CTAR) como entes desconcentrados del Ministerio de la Presidencia que se volvió a

conformar para tal fin. Los presidentes de los CTARs fueron designados por el gobierno

central y se encargaron de la administración de las direcciones regionales de los diversos

ministerios y de realizar algunas obras de infraestructura.

Ante este panorama, es que durante la campaña electoral del año 2001, el tema de la

descentralización volvió a estar en el centro de la discusión política y los principales

candidatos de dicha justa electoral prometieron una descentralización efectiva en la cual

se fueran transfiriendo mayores responsabilidades e ingresos a los gobiernos sub-

nacionales, una vez iniciada la administración del presente gobierno se decidió tomar el

camino de la regionalización

DIMENSIONES DEL PROCESO

Dimensiones del Proceso Conceptos

1.-Transferencia de responsabilidades y gestión descentralizada

Supone la transferencia de responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales para re dibujar el reparto de competencias estatales entre el nivel nacional, el regional, el provincial y el distrital, con el objetivo de acercar la toma de decisiones y la gestión de los bienes y servicios que presta el Estado a la población.

2. Demarcación y Organización Territorial

Se refiere a la necesidad de ordenar el territorio del Estado de manera racional a través de la conformación de bloques políticos y económicos que hagan contrapeso a la fuerza de la capital. Se trata también de repensar la vinculación de las provincias y distritos con los espacios regionales, así como determinar sus límites para erradicar los repetidos conflictos que se presentan al respecto. Todo ello con el objetivo de superar las limitaciones de escala de los actuales departamentos promoviendo su integración en regiones.

3.Democratización de las Decisiones Públicas y Concertación

Se trata de la promoción del proceso de descentralización a través de la participación de la ciudadanía en la planificación de su desarrollo -plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo-, y en la vigilancia de sus autoridades, mediante prácticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

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Dimensiones del Proceso Conceptos

4. Fortalecimiento Institucional

Alude al desarrollo de capacidades y prestación de asistencia técnica al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, así como también a los representantes de la sociedad civil que participen activamente en la gestión descentralizada. Su finalidad es fortalecer a los tres niveles de gobierno para el cumplimiento de las nuevas tareas que gradualmente vienen asumiendo.

5. Adecuación e implementación de Sistemas Administrativos

Indica la necesidad de que los sistemas administrativos del Estado, que son de aplicación de los tres niveles de gobierno, respondan a la realidad heterogénea del universo de gobiernos regionales y municipalidades del país. Tiene por objetivo que los sistemas administrativos, como son los de presupuesto, abastecimiento, inversión pública o tesorería, se conviertan en verdaderas herramientas de gestión del Estado descentralizado.

6.- Descentralización Fiscal

Se refiere a la autonomía financiera de los gobiernos descentralizados para cumplir con sus responsabilidades, asignándoles lo recaudado por determinados tributos en su zona, y definiendo un sistema de transferencias intergubernamentales para complementar lo que recauden, en especial en las zonas pobres y de bajo desarrollo.

7. Información para la Descentralización

La descentralización requiere que los actores de los distintos niveles de gobierno reciban información constante sobre los avances y nuevos pasos del proceso. Sólo de esta manera se podrá mantener su compromiso e interés en el proceso de descentralización, así como la legitimidad de los ajustes y precisiones que se adopten sobre el mismo.

8. Descentralización Económica

Se orienta a favorecer el desarrollo económico en los distintos territorios, lo cual requiere que el Estado –y en especial los gobiernos regionales– establezca condiciones favorables para la iniciativa privada y que los empresarios apuesten a dar valor a las potencialidades de los distintos departamentos y localidades.

Estas dimensiones en conjunto dan cuenta del proceso político que constituye la descentralización, entendida como la transferencia de poder del nivel nacional de gobierno a los niveles descentralizados, a los que se les reconoce la potestad para decidir sobre el desarrollo y gestión de sus territorios respetando el carácter unitario del Estado. Con esa finalidad se eligen autoridades regionales y locales mediante votación popular

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Márco Constitucionál

Como se recordará, el proceso de descentralización peruano en curso se inició con la

reforma constitucional de marzo de 2002, aprobada mediante la Ley N° 27680, norma que

modificó íntegramente el capítulo de la Constitución Peruana relativo a la

descentralización y ciertamente, implicó un cambio positivo respecto a la forma de

distribución del poder estatal y un perfeccionamiento de los mecanismos de participación

mediante los cuales la ciudadanía se relaciona y contribuye a la toma de decisiones

estatales.

En esa línea, la norma constitucional define a la descentralización como una forma de

organización democrática y afirma que se trata de una política permanente del Estado de

carácter obligatorio, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo integral del país.

El nuevo diseño constitucional plantea el desarrollo de un proceso de descentralización

por etapas, en forma progresiva y ordenada en atención a criterios que permitan una

adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional

hacia los gobiernos regionales y locales (artículo 188°).

Más adelante, precisa que el proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en

los actuales departamentos y en la provincia constitucional del Callao; es decir, contando

con gobiernos regionales sobre bases departamentales. La Constitución delega a la

voluntad ciudadana la decisión de la conformación de regiones, pues establece que

mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales

contiguas para constituir una región (artículo 190°). No obstante, prevé que mientras dure

el proceso de integración regional, dos o más gobiernos regionales podrán crear

mecanismos de coordinación entre sí. Así, el Texto Constitucional asume al proceso de

descentralización como un proceso dinámico y con espacios para que los actores políticos

puedan articular sus intereses en pos del desarrollo integral del país. Por ello, una ley

posterior denominó a estos espacios de articulación como Juntas de Coordinación

Interregional.

El texto constitucional define la estructura orgánica de los gobiernos regionales, su

mecanismo y plazo de elección, sus competencias, así como sus bienes y rentas (artículos

191° al 193°). Hace lo mismo con los gobiernos locales (municipalidades provinciales y

distritales) en los artículos del 194° al 197°.

El diseño constitucional también contempla la realización del mandado de la igualdad y no

discriminación para la elección de autoridades en los niveles regional y local de gobierno.

En efecto, la Carta Constitucional introduce el principio de representación de género para

garantizar el acceso de mujeres y hombres en los consejos regionales y concejos

municipales. Adicionalmente, garantiza la representación de las comunidades nativas y

pueblos originarios en las circunscripciones territoriales que correspondan (artículo 191°).

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Un elemento importante del diseño constitucional comentado es el carácter participativo

que se introduce con la creación del Consejo de Coordinación Regional, integrado por los

alcaldes provinciales y por la sociedad civil (artículo 191°). De igual modo, es preciso

destacar la inclusión de la formulación participativa de los presupuestos de los gobiernos

regionales y locales, así como la rendición anual de cuentas (artículo 199°).

Asimismo, para el marco político constitucional también es necesario que participe la

sociedad civil, sobre todo en los espacios de concertación; muestra de ello son las

políticas adoptadas en el Acuerdo Nacional. En efecto, del diseño político de la

descentralización, podemos destacar la Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional

denominada: Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el

desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Esta política ratifica el enfoque del texto

constitucional al plantear el compromiso de desarrollar una integral descentralización

política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y

recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el

centralismo. Se propone construir un sistema de autonomías políticas, económicas y

administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y

complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con

el fin de fortalecer estos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías.

Los componentes antes mencionados reportan que, en suma, el Perú cuenta desde el

2002 con un diseño constitucional y político claro en torno al proceso de descentralización.

Además, importa tener en cuenta que la Constitución, como norma jurídica de carácter

fundacional, establece las normas básicas –reglas y principios- del proceso de

descentralización, las mismas que deberán ser interpretadas y desarrolladas por los

diferentes actores que participan del proceso. Estas normas básicas no son estáticas sino

que adquieren dinamismo a partir de la voluntad política y las actuaciones concretas de los

diferentes actores estatales desde el Congreso, pasando por los gobiernos regionales, las

municipalidades, el poder ejecutivo o hasta el propio Tribunal Constitucional.

La descentralización siendo un proceso muy complejo y de gran importancia para nuestro

país, la responsabilidad de visionar, encaminar, supervisar y controlar recae en las manos

de la Secretaría de Descentralización como órgano de línea que depende jerárquicamente

de la Secretaría General de la PCM, siendo este el órgano rector de las políticas de

descentralización.

Desárrollo Normátivo

Contando con el marco constitucional comentado, se aprobó en el 2002 la Ley de Bases

de la Descentralización. En el mismo año se aprobaron también la Ley de Demarcación y

Organización Territorial y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el año 2003 se

aprobó la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco del Presupuesto Participativo y

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se inició la transferencia de responsabilidades del gobierno nacional a los gobiernos

regionales y locales.

El 2004 se caracterizó por la aprobación de la Ley y Reglamento del Sistema de

Acreditación, la Ley y Reglamento de Incentivos para la Integración y Conformación de

Regiones y la Ley de Descentralización Fiscal. Adicionalmente, se continuó con el proceso

de transferencia de responsabilidades y se universalizó la formulación del presupuesto

participativo.

En el 2005 lo más relevante fue la realización del referéndum para la conformación de

regiones; aunque ninguna región se conformó.

El 2006 fue un año marcado por las elecciones generales a inicios de año y las elecciones

regionales y locales en el mes de noviembre, y hubo avances muy limitados en el proceso

de descentralización. Lo más destacable fue el “Shock de la Descentralización” que

consistió en el anuncio por el nuevo gobierno de 20 medidas descentralistas en el mes de

octubre, de las cuales la mayor parte se refirieron a acelerar la transferencia de funciones

y activos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. El Congreso, por su

parte, aprobó la eliminación de las prefecturas y subprefecturas, y estableció que

corresponde a los presidentes regionales designar y cesar a los directores regionales y

que las direcciones regionales dependen de los gobiernos regionales.

En el 2007, el Poder Ejecutivo centró su atención en la implementación de las 20 medidas

descentralistas y en optimizar el funcionamiento de los sistemas administrativos –en

especial el Sistema Nacional de Inversión Pública-. Al inicio del año se aprobó un Decreto

Supremo mediante el que se desactivó el Consejo Nacional de Descentralización - CND y

sus funciones fueron asumidas por la Secretaría de Descentralización de la PCM. De otro

lado, también se inició la implementación del presupuesto por resultados. Por su parte, el

Congreso aprobó -en el mes de mayo- normas para promover la fusión de municipios

distritales y su asociación en mancomunidades, y para establecer la separación de

poderes entre el Ejecutivo del gobierno regional y su consejo. En el mismo año, se aprobó

también la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que en el mes de

marzo se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, entre

cuyas disposiciones se establecen lineamientos para los diversos niveles de gobierno,

incluidos los regionales y locales, a efectos de garantizar el principio de igualdad en el

marco de sus competencias.

Asimismo, el Decreto Supremo 027-2007-PCM estableció las políticas nacionales de

obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional y consideró entre ellas

un conjunto de políticas en materia de descentralización y de igualdad de oportunidades.

El 2008 se ha venido caracterizando por los esfuerzos del Poder Ejecutivo en la

implementación de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y también por la aprobación

de cerca de 100 decretos legislativos en el marco de la implementación del Tratado de

Libre Comercio con Estados de Unidos. Algunos de ellos son especialmente relevantes

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para el proceso de descentralización, como las normas para reformar el servicio civil,

modernización institucional facultativa de gobiernos regionales y locales, y al planeamiento

estratégico nacional.

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Actores que párticipán en lá polí ticá de descentrálizácio n del Peru

Entre los principales actores de interés que tienen parte dentro de la política pública de

descentralización en el Perú podemos encontrar los siguientes:

El presidente de la República:

El presidente Ollanta Humala es el responsable de vigilar por la eficiente

realización de la política de descentralización y de que los beneficios de esta

lleguen a toda la población.

Presidencia del Consejo de Ministros:

La Presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por César Villanueva, estará

a cargo de procesar, aprobar o vetar las políticas, en este caso referentes a la

descentralización, que el Ejecutivo proponga con el fin del aumentar el bienestar

del país.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS):

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el encargado de promover

descentralización a través de la participación de la ciudadanía peruana que

frecuentemente es dejada de lado al momento de llevar a cabo programas de

desarrollo o actividades administrativas de interés público.

Presidencias Regionales y Gobiernos Locales:

A nivel regional y local, la responsabilidad de que las políticas de descentralización

e inclusión social, así como del adecuado uso de esfuerzos y recursos recae sobre

el liderazgo regional y local de los respectivos gobiernos, pues serán estos quienes

dispongan y administren los recursos dirigidos al desarrollo de sus respectivas

regiones.

La Prensa:

Además de los actores gubernamentales, el actor no ligado al Estado más

importante es la prensa. Pues es está, a través de los medios de comunicación,

quien transmitirá la información a los gobiernos locales y comunidades de la

periferia nacional con el fin de impulsar su in inclusión en los procesos de

descentralización.

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Lá polí ticá de descentrálizácio n segu n el Acuerdo Nácionál

El cuarto capítulo del Acuerdo Nacional trata sobre el Estado Eficiente, Transparente y

Descentralizado. De estos tres aspectos rescataremos la descentralización. En este

artículo se menciona que se busca “asegurar la participación de los ciudadanos en la

gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos

en los tres niveles de gobierno. Garantizando una adecuada representación y defensa de

los usuarios de estos servicios” (Acuerdo nacional).

Lá polí ticá de descentrálizácio n segu n el plán bicentenário

Dentro del quinto eje estratégico del Plan Bicentenario, específicamente la sección 5.2, se

habla sobre la descentralización del estado. En esta se clasifica el proceso de

descentralización en diferentes niveles de interés nacional. Estos niveles y sus respectivos

objetivos, según aparecen en el Plan Bicentenario, son los siguientes:

A nivel político, la unidad y eficiencia del estado; la representación política mediante la

elección democrática de las autoridades del gobierno nacional, regional y local; la

participación y fiscalización ciudadana en la gestión pública; y la institucionalización de

sólidos gobiernos descentralizados.

A nivel económico, el desarrollo auto sostenido y la competitividad de las regiones y

localidades; la cobertura y el abastecimiento de servicios sociales básicos; la disposición

de infraestructura económica y social; la redistribución equitativa de los recursos del

Estado; y la potenciación del financiamiento regional y local.

A nivel administrativo, la modernización y eficacia de los procesos y sistemas de

administración; y la asignación de competencias que evite duplicidad de funciones y

recursos.

A nivel social, la educación y capacitación para forjar un capital humano para la

competitividad; la participación ciudadana en todas sus formas de organización y control

social; la incorporación de la participación de las comunidades campesinas y nativas; y la

promoción del desarrollo humano y el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida

de la población para la superación de la pobreza.

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A nivel ambiental, el ordenamiento territorial y del entorno ambiental; la gestión sostenible

de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental, y la coordinación, la

concertación interinstitucional y la participación ciudadana en el Sistema Nacional de

Gestión Ambiental. (Plan Bicentenario del Perú)

Medios párá lá implementácio n de lá polí ticá de

descentrálizácio n:

En cuanto a los medios que serán utilizados para llevar a cabo la política de

descentralización, estos serán administrados principalmente por el Ministerio de Desarrollo

e Inclusión Social a través de los cinco ejes de su plan “Incluir para crecer”. Estos ejes y

sus objetivos, según el MIDIS, son los siguientes:

Eje número uno: Nutrición infantil

Este eje busca reducir la desnutrición crónica infantil a través de la implementación de

intervenciones efectivas, tales como: Consejería en lactancia materna y alimentación

complementaria, suplemento de múltiples micronutrientes durante el embarazo,

acceso a agua potable y saneamiento, estrategias que incrementan el lavado de

manos, entre otras.

Eje número dos: Desarrollo infantil temprano

Este eje busca impulsar el óptimo desarrollo físico, cognitivo, motor, emocional y social

en niños, niños, reconociendo el rol fundamental de la familia y la comunidad como

promotores de valores, prácticas y actitudes hacia la crianza y su cuidado, asegurando

su acceso a futuras oportunidades de desarrollo personal, educativo y emocional.

Eje número tres: Desarrollo integral en la niñez y la adolescencia

Este eje busca incrementar las competencias en el desarrollo personal, educativo y

ocupacional de cada niño, niña o adolescente de 6 a 17 años de acuerdo a su edad, a

través de una educación de calidad y la reducción de conductas de riesgo y de trabajo

infantil.

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Eje número cuatro: Inclusión económica

Este eje está orientado a aumentar las oportunidades y capacidades de los hogares

para incrementar sus propios ingresos, a través de la mejora de la cobertura y calidad

de servicios básicos para las familias, en una primera etapa, y la promoción de acceso

a actividades comerciales, mejorando las capacidades y el acceso a servicios

económicos, posteriormente.

Eje número cinco: Protección del adulto mayor

Este eje busca lograr mayor protección y bienestar del adulto mayor a través de la

mejora de su seguridad económica (acceso a una pensión), la calidad de servicios de

salud y el fortalecimiento de redes locales de apoyo social. El adulto mayor se

encuentra mayormente en una situación de riesgo y vulnerabilidad física, económica y

emocional que afecta su independencia y bienestar. En el Perú, este grupo poblacional

se caracteriza por poseer un bajo nivel educativo, tener una alta incidencia de pobreza,

y no contar con seguro de salud ni pensión contributiva.

PROGRAMAS SOCIALES

Para poder llevar a cabo con éxito los ejes mencionados anteriormente es necesaria la

implementación de programas para la realización efectiva de los objetivos para la

descentralización. Dentro de los programas que existen actualmente resaltan

principalmente cuatro de ellos: El programa “Cuna Más”, Qali Warma”, “Juntos” y

“Pensión 65”, todos bajo dirección principal del MIDIS.

Cuna Más:

El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el

desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y

pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y

emocional. (http://www.cunamas.gob.pe)

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Qali Warma:

Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con

complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas

públicas del nivel inicial y primaria, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases,

la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la

corresponsabilidad de la comunidad local. (http://www.qw.gob.pe)

Juntos:

El Programa JUNTOS tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar

que los hijos sigan viviendo en la pobreza que afecto a sus padres y como propósito

generar Capital Humano dentro de los hogares en situación de pobreza extrema, en un

marco de corresponsabilidad hogar – Estado, mediante la entrega de incentivos para

el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación; bajo un enfoque de

restitución de derechos básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los

dirigentes sociales de la comunidad. (http://www.juntos.gob.pe)

Pensión 65:

El propósito de Pensión 65 es dotar de un ingreso periódico que atenúe la

vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 65 años que viven en

condición de extrema pobreza, con la finalidad de mejorar su calidad de vida,

brindando protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años a más, que

viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una subvención económica que le

permita incrementar su bienestar; y mejorar los mecanismos de acceso de los adultos

mayores a los servicios públicos mediante la articulación intersectorial e

intergubernamental. (http://www.pension65.gob.pe)

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EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA

En base a los resultados de los programas dirigidos a una mayor inclusión social y participación

de la ciudadanía, podremos ver qué tan efectiva ha llegado a ser esta política. A través de los

siguientes cuadros mostraremos los resultados obtenidos por el programa “Cuna Más”, “Qali

Warma” y “Pensión 65”.

A partir de este cuadro que compara el progreso del Programa “Cuna Más” entre el periodo 2012 a

setiembre del 2013, podemos observar una mejora en cuanto a calidad en el cuidado brindado a los

niños y niñas, así como una mejora en el apoyo brindado a las familias.

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En los dos cuadros superiores podemos ver el progreso basado en la disminución de la pobreza

entre los periodos 2008 y 2012 por intervención del programa “Juntos”.

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Finalmente en base a los indicadores reportados entre los periodos 2012 y 2013 por el programa

“Pensión 65”, podemos ver un positivo resultado respecto al índice de pobreza de las personas de

65 años a más, el número de horas que han trabajado, su asistencia a establecimientos de salud y

la asignación de pensiones y asistencia monetaria.

CONCLUSIONES

Como conclusión a este análisis de la política descentralización peruana, creemos que

está siguiendo un avance en la dirección correcta, que si bien no es tan rápido como

muchos lo desearíamos, existe y está cumpliendo su rol en cuanto a la inclusión de las

comunidades provinciales y regionales, la atención de salud y alimentación a niños y

jóvenes, la integración y expansión de las oportunidades económicas y la asistencia y

soporte al adulto mayor de las zonas de pobreza y pobreza extrema.

El proceso de descentralización cuenta con las bases normativas para su desarrollo. No

obstante, desde la perspectiva de las políticas públicas, siempre resulta necesario

repensar y evaluar las mismas con la finalidad de ajustarlas y complementarlas para

asegurar la mejora del proceso. Debemos recordar que la descentralización es un proceso

permanente que exige seguimiento y fortalecimiento constantes, tanto en sus

componentes técnicos como políticos. Asimismo, es necesario atender las oportunidades

que pueden brindar la voluntad política de los actores responsables y directamente

involucrados con el desarrollo del mismo.

Finalmente siendo la descentralización una de las reformas más importantes del Estado

peruano de las últimas décadas, su sostenibilidad exige cambios profundos; no sólo de los

gobiernos regionales y los gobiernos locales, sino sobre todo del Gobierno Nacional, en

tanto le corresponde trasladarse del rol ejecutor al rol rector

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BIBLIOGRAFI A:

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