Contratación electrónica.

Inseguridad jurídica

a) Inseguridad jurídica

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Los actores que participan en las plataformas electrónicas

(empresarios, comerciantes, consumidores, y otros operadores) han de poder

contar con un marco jurídico que les permita confiar en una adecuada protección

de sus legítimos derechos y expectativas, en un grado al menos no inferior a la

protección de que disponen en el comercio tradicional:

(a) Al empresario que ofrece o comercializa productos o servicios por

vía telemática, a falta de un contrato escrito en soporte papel firmado

por el cliente, le preocupa no disponer de un medio de prueba de la

efectiva contratación con ese cliente, de la aceptación por este de las

condiciones contractuales, o del efectivo cumplimiento de las

obligaciones contractuales que incumben al comerciante; en definitiva,

en ocasiones se siente menos protegido legalmente frente a la

picaresca y el fraude, o ante otros posibles conflictos jurídicos que se

plantean en el curso de los negocios.

(b) El consumidor y, en general, quien contrata la adquisición de

productos o servicios por vía telemática, también puede sentir

preocupación por la protección legal de sus derechos, especialmente

cuando debe pagar y quedar a la espera de que le sea entregado el

producto o prestado el servicio contratado.

Esta preocupación puede incrementarse en la medida que

intervengan en la transacción o accedan al sitio web personas

residentes en diferentes países, fenómeno infinitamente más

frecuente en el comercio electrónico e Internet (accesibilidad

global y con costes muy reducidos). Los problemas de

determinación de la legislación aplicable y de los tribunales

competentes, para conocer los conflictos jurídicos que puedan

surgir, resultan más complejos debido a que el lugar de

celebración del contrato o de producción del daño difícilmente

pueden servir de referencia cuando se acuerdan las

transacciones y los actos dañosos tienen lugar en el denominado

ciberespacio. Por otro lado, los empresarios temen la exposición

a las normas de protección de los consumidores de múltiples

jurisdicciones.

Ello no obstante, muchos de los riesgos que preocupan se dan

históricamente en el comercio tradicional, y el marco legal vigente

contiene normas que permiten limitar estos riesgos por las

partes. A modo de ejemplo, el artículo 46 de la Ley 7/1996, de

Ordenación del Comercio Minorista permite al titular solicitar la

anulación de cargos realizados en la tarjeta, sin haber estado

presentada directamente o identificado electrónicamente.

Respecto a los contratos del estilo clickwrap, éstos son

utilizados, habitualmente, como contratos de adhesión desde hace años.

Ciertas cuestiones no son nuevas como hasta qué punto pueden dichas

cláusulas imponerse sobre el amparo que la legislación aplicable concede

a una y otra parte. Las primeras cuestiones han sido resueltas por las

innegociables legislaciones aplicables en la jurisdicción del consumidor

mediante la imposición de ciertos requisitos a los contratos de adhesión

realizados con el consumidor en función de su objetivo.

De todas maneras, se debe reflexionar sobre la manera de probar en que

podrá considerarse consumada la celebración de un contrato clickwrap

celebrado en Internet que pueda ser dotado de validez. Ya que tales

contratos no hacen, en su mayoría, uso de firmas electrónicas. Así

pues, vemos que éste es uno de los puntos más conflictivos de los

clickwrap, y, por extensión, de los browsewrap92.

Una solución podría ser la de someter a acta notarial el clausulado del

contrato con anterioridad al acceso a los servicios o bienes ofrecidos. Tal

acta notaria salvaría el mencionado obstáculo. Aún así, se plantearían

importantes reservas a nivel de su reconocimiento internacional.

En cualquier caso, como ya hemos comentado previamente, uno de

los aspectos decisivos para afianzar el comercio electrónico en

Internet está constituido por el entorno jurídico, es decir, las leyes que

sirvan de soporte para las transacciones, e introduzcan el concepto

de seguridad jurídica en el mercado digital.

La opinión generalizada es que si ya es complicado, en la vida

presencial, demostrar la existencia de una deuda que no se ha

formalizado en un título ejecutivo, la dificultad probatoria será mayor

en una plataforma contractual en la que el consentimiento se

transmite en forma electrónica. No obstante, se prevé un cambio

sustancial en el ámbito de la prueba del contrato a tenor de lo

establecido en el artículo 24 de la Ley de Servicios de la Sociedad de

la Información y el Comercio Electrónico.