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Instituciones, democracia y partido político

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El presente cuaderno forma parte del Programa de formación política del Centro de Estudios del Partido Nacional. En cooperación con la Fundación Konrad Adenauer (Alemania).

Responsable y editor general: Francisco FaigRedactores: Magdalena Straneo, Oscar Silveira, Francisco Faig....Diseño y diagramación: Estudio de Diseño "Auxilio Creativo".Videos (producción y edición): .....

Coordinación: Por Fundación Adenauer....

El presente programa se puede ver completo en: www.en-politica.org.

Prohibida la comercialización de esta colección. Este cuaderno se publica bajo licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de las obras y no realice ninguna modificación de ellas. La licencia completa puede consultarse en:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es

Las opiniones vertidas en esta publicación son personales y se realizan a título individual por parte de los autores; El Centro de Estudios del Partido Nacional y la Fundación Konrad Adenuaer no se hacen responsables de la opinión de los autores.

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Presentación Para todos quienes hacemos política es muy importante conocer y comprender qué significan los principales conceptos e ideas que siempre son utilizados en el debate y en la actividad pública. Porque tras esos conceptos e ideas hay distintas maneras políticas de entender la convivencia en sociedad.

El objetivo de este cuaderno de Instituciones, democracia y partido político es ser una herramienta práctica de referencia que contenga las principales definiciones y procesos que nos importan para enfrentar la vida política y partidaria.

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Uruguay es una República que tiene un sistema de gobierno democrático y representativo liberal. En el mundo, invariablemente, todos los países más prósperos, libres, justos y solidarios organizan sus instituciones de gobierno como democracias liberales y representativas.

Por supuesto, entre ellos hay numerosas diferencias concretas: en cantidad de diputados electos, en el poder del presidente, en las funciones del Parlamento, en cómo y cuándo se vota, en la centralidad del poder o en su estructura descentralizada, etc. Existe incluso análisis específico, llamado política comparada, que presenta y estudia todas estas diferencias entre los distintos sistemas políticos del mundo.

Sin embargo, si bien esas diferencias son notorias y se estudian con provecho, todos los países cuyos habitantes gozan de una mejor calidad de vida en el mundo comparten el principio de que el sistema que mejor garantiza la libertad y propende a la igualdad ciudadana es la democracia liberal y representativa.

Importa tenerlo en claro porque en nuestro continente son diversos y numerosos los actores políticos que no se identifican con esta forma de concebirse en sociedad, y que además, aceptan o promueven regímenes no democráticos.

Para el Partido Nacional, el valor más importante en política es la democracia y el respeto de sus instituciones. Porque es desde esa institucionalidad que se pueden garantizar los derechos individuales y se puede vivir en libertad y con prosperidad.

¿Por qué una democracia?

El Partido Nacional contribuyó mucho para fortalecer la democracia en el Uruguay a lo largo de su historia.

En efecto, las batallas del ciclo saravista (1896-1904) tuvieron todas como objetivo las garantías para el sufragio, la consolidación democrática y la modernidad institucional. Luego, en particular a partir de la constitución de 1918 y las leyes electorales de la década de 1920, se aprobaron reformas que garantizaron el respeto a la voluntad popular, que es el sustento de toda la legitimidad de origen del sistema democrático.

En toda la primer mitad del siglo XX y hasta 1958, el Partido Nacional no ganó elecciones presidenciales. Sin embargo, lo que en otras partes del mundo podría haber sido motivo de revuelta y desorden nacional, fue en Uruguay signo de madurez política: aquí primó la aceptación de los resultados electorales, porque ellos se producían con todas las garantías de la libertad del sufragio y reflejaban fielmente la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Así, el convencimiento democrático de los blancos fue fundamental para asentar las instituciones republicanas en el Uruguay.

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¿Qué es una democracia?

Es un sistema de gobierno donde las responsabilidades políticas provienen de un proceso de participación popular. La forma contemporánea es la democracia liberal en la que los dirigentes son elegidos como consecuencia de una competencia electoral pluralista y equitativa.

Para ser considerado plenamente democrático, un régimen debe tener las siguientes ocho características:

1- Derecho a votar.

2- Derecho a presentarse como candidato.

3- Elecciones libres y justas.

4- Lideres políticos que compitan por la búsqueda de apoyos y votos.

5- Libertad de asociación.

6- Libertad de expresión.

7- Pluralidad de fuentes de información.

8- Instituciones de decisión en políticas públicas que dependan de elecciones (en particular, un Parlamento).

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En democracia el poder está separado y dividido porque de esa forma se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos.

Comúnmente hay tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

Existen dos grandes tipos de relaciones entre poderes ejecutivo y legislativo en democracia.

Los sistemas parlamentarios, son aquellos en los que hay separación de funciones entre el jefe de Estado y el jefe de Gobierno; en donde existe un parlamento que procede de una elección de sufragio directo; y en donde hay un nexo vinculante directo entre la composición del órgano legislativo y el ejecutivo: el gobierno es responsable políticamente ante el parlamento, que, por votación, puede hacer caer al gobierno. Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, son países que tienen sistemas parlamentarios de gobierno.

Los sistemas presidencialistas establecen una neta división de poderes. El Jefe del Estado es elegido de forma directa por los votantes por un tiempo determinado y no es políticamente responsable ante el Parlamento. Además de representar formalmente al país, es también Jefe de Gobierno y tiene a cargo la responsabilidad de las grandes decisiones públicas. El parlamento por su lado, es autónomo, no puede ser disuelto por el presidente, y es elegido también por el pueblo. El presidencialismo más emblemático es Estados Unidos.

En Uruguay el poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República actuando con el ministro o ministros respectivos, o con el consejo de ministros. Es la rama de gobierno responsable de la gestión del Estado.

Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y gobierno municipal

El poder legislativo elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos porque los representa, y controla la tarea del ejecutivo. Es ejercido por la Asamblea General que se compone de dos Cámaras: una de Representantes formada por 99 diputados, y otra de Senadores formada por 30 senadores más el vicepresidente de la República, que es además el presidente del Senado y de la Asamblea General. Las Cámaras actúan separada o conjuntamente.

El poder judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados. Es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos.

El gobierno de los departamentos es ejercido por una junta departamental formada por 31 ediles departamentales y por un intendente. La junta departamental tiene funciones legislativas y de contralor del ejecutivo en el departamento, y el intendente funciones ejecutivas y legislativas.

En 2009 se creó un tercer nivel de gobierno y administración llamado municipio. Los municipios están gobernados por órganos de cinco miembros. El presidente del órgano recibe el nombre de alcalde y los demás miembros el de concejales. Los miembros se eligen por voto directo de la ciudadanía en la misma oportunidad en la que se eligen los Intendentes y las Juntas Departamentales. Popularmente los nuevos municipios son conocidos como "alcaldías". Por la ley del 15 de marzo de 2010 se definieron las 89 alcaldías en que esta subdivido el país.

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Nuestra particular forma de sentir y de entender el nacionalismo funda esta concepción política democrática y republicana. Somos nacionalistas porque reivindicamos el carácter primordial de la nación en nuestro sentir colectivo, como lazo fundamental de unión de la sociedad. Pero además de ello, el nuestro es un nacionalismo cívico. Para nosotros, el lazo espiritual fundamental que da sentido a nuestra comunidad nacional es la concepción de la política y del espacio público, de las instituciones políticas del país. Nuestro nacionalismo se entiende a partir del espacio público, de la convivencia y de la participación ciudadana en el quehacer político nacional sobre la base de la democracia: a través del ejercicio del voto y de la representación política.

No es nuestro nacionalismo, por tanto, excluyente. No cree que la nación esté limitada por razones étnicas, raciales, políticas o religiosas, y que haya individuos que no puedan integrarse a ella por profesar tales o cuales convicciones u por provenir de tal o cual origen geográfico.

Es el nuestro un nacionalismo incluyente, que acepta la diferencia, que permite la integración de quienes piensan distinto

¿Cómo es nuestro nacionalismo?

y son de diferente origen, porque el lazo fundamental de nuestra nación es, justamente, el sentido cívico que le impregna la nación a la convivencia colectiva.

Nuestra relación con el liberalismo político surge entonces nítidamente, ya que es la aceptación de la diversidad en el espacio público lo que caracteriza al liberalismo esencialmente individualista y moderno. El liberalismo acepta la diferencia y el relativismo en la escena política como una consecuencia natural de la postura filosófica de la modernidad.

El liberalismo que profesa el Partido Nacional es aquel liberalismo “tranquilo” que alguna vez definiera Luis Alberto de Herrera, que acepta las diferencias de opiniones, sin por ello dejar de estar convencido de las ideas propias. Y en este sentido, es un liberalismo que procura encontrar caminos de unidad nacional desde la negociación y el diálogo con el adversario político, a quien se le reconoce legitimidad para poder ejercer en libertad su derecho de opinión, reunión y asociación.

En esta construcción de la democracia nacional importó mucho el papel que jugaron los partidos políticos y en particular los Partido Nacional y Colorado, quienes a lo largo del siglo XX y hasta 1971, representaron en conjunto a más del 90% de la opinión política del país.

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El lugar de Uruguay en el mundo

Existe un ranking internacional de los países del mundo que muestra cuán democráticos son: democracia plena (del puesto 1 al 26), democracia imperfecta (del 27 al 79), régimen híbrido (del 80 al 111), y régimen autoritario (del 112 al final). El ranking se elabora considerando: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política y cultura política.

En 2010, los 10 primeros puestos del ranking fueron ocupados por Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Suiza, Canadá y Holanda.

Uruguay lidera el ranking de democracia en América Latina y está 21º en el mundo. El puntaje de Uruguay es de 8,1 sobre 10.

Respecto al proceso electoral y pluralismo, y libertades civiles, Uruguay obtuvo 10; en funcionamiento del gobierno, alcanzó 8,57; en cultura política, 7,50. La clasificación consideró que no hay suficientes mujeres en cargos de decisión. En América Latina, además de Uruguay, solamente Costa Rica es democracia plena. Chile está en el puesto 34, Brasil en el 47 y Argentina en el 51 del ranking mundial. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití son regímenes híbridos, es decir que no son considerados democracias. Cuba es considerada un régimen autoritario, como el de China, Irán y Corea del Norte.

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¿Qué visión del mundo?Democrático, nacionalista y actor principal de la vida republicana a lo largo de la historia, el Partido Nacional siempre entendió al país en el mundo y nunca aislado de su coyuntura internacional.

La defensa de la soberanía, el apego al derecho internacional, y un claro sentido de independencia de destino como nación marcaron su rumbo en los tiempos convulsionados de la Guerra Fría del siglo XX (1947- 1991).

En el nuevo escenario internacional del siglo XXI, se ratifica la vigencia del sentido abierto y tolerante de nuestra concepción nacionalista.

En un continente que lamentablemente no conjuga con exigencia los valores democráticos, nuestro nacionalismo reafirma la buena vecindad, a la vez que promueve una inserción internacional del país que tenga como guía, invariable, la defensa del interés nacional.

Ella se traduce en dos dimensiones concretas:

En primer lugar, perseguir siempre el objetivo de independencia política como Estado-Nación en la región.

En segundo lugar, multiplicar los lazos económicos con la mayor cantidad de países, de forma de promover el comercio y de propiciar caminos de prosperidad nacional.

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Nuestra democracia se construyó, a principios del siglo XX, desde la centralidad y autonomía de los partidos políticos.

Centralidad, porque fueron comunidades de identidades muy fuertes que estructuraron la relación política del país. No ocurría eso en otras partes de América: ni en Argentina ni en Brasil por ejemplo, se construyeron democracias tan fuertes como aquí a lo largo del siglo XX, y tampoco en esos países los partidos políticos fueron tan centrales, vigorosos y representativos, como en Uruguay. Autonomía, porque los partidos supieron articular los intereses de distintos grupos de interés y clases sociales, atendiendo sus reclamos, sin dejarse influenciar completamente por ninguno de ellos en particular.

Fue una autonomía que implicó que el sistema político tuvo su propia norma, que implicó que definiera por sí mismo el principio y las reglas de su funcionamiento, sin atender tanto a intereses corporativos o sectoriales. Ni la Iglesia, ni el ejército, ni la clase terrateniente, por ejemplo, tuvieron el peso que se verificó en otros países de la región cuando se trató de definir las políticas públicas del país. Ninguno de ellos condicionó las políticas llevadas adelante por partidos políticos democráticos y autónomos.

Sin esas características de centralidad y autonomía, el sistema político no hubiera podido abstraerse de los intereses corporativos que pueblan la escena pública y hubiera reflejado importantes intereses sectoriales de grupos de presión particulares, en vez de privilegiar los intereses nacionales.

Centralidad y autonomía se forjaron desde una organización partidaria vigorosa, con

¿Qué papel para el partido polít ico?

fuertes vínculos con la sociedad y gran legitimidad popular en la integración de sus cuadros dirigentes.

El fortalecimiento de la democracia precisa profundizar estas características de nuestro partido de cara al futuro. La existencia de reuniones, discusiones, estudios, participación generacional que convoque, efectiva definición de políticas públicas, vínculos con la sociedad civil y grupos de interés, renovación de cuadros militantes: son todas actividades que dan vigor al partido y que le permiten hacer frente a los embates de las corporaciones en el espacio público.

Son todas actividades que dan sustancia al contenido político de sus propuestas para enfrentar los problemas del país. Y son actividades que, también, permiten renovar y ahondar en su papel del partido en tanto articulador entre la sociedad y el Estado.

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Partido políticoCuatro criterios definen un partido político: una organización duradera cuya esperanza de vida es superior a la de sus dirigentes actuales; una organización bien implantada localmente y cuyas organizaciones locales mantengan relaciones regulares con el nivel nacional; una organización cuyos dirigentes tienen la voluntad deliberada de tomar y de ejercer el poder, en forma solitaria o conjunta (y no simplemente de influenciar a los dirigentes políticos); y una organización que busca obtener apoyo popular a través de elecciones (o de cualquier otra forma).

Un partido político tiene una guía en su acción política compuesta por una doctrina (conjunto de creencias que se toman como válidas); una teoría (sistematización explicativa, comprensiva e interpretativa de la realidad); y un programa (que plantea soluciones para los problemas sociales, políticos y económicos).

Un partido tiene por lo general la siguiente composición: una dirigencia que toma las decisiones principales, concentra los recursos de poder y representa el centro de la organización; una burocracia que administra; candidatos potenciales ocupantes de los cargos públicos electivos; técnicos e intelectuales que asesoran a los dirigentes, colaboran en la redacción de proyectos y asisten a los candidatos en épocas de campaña electoral; militantes, miembros que participan activamente y de modo constante en su estructura; afiliados que aportan a su financiación a través de cuotas periódicas, y simpatizantes que se mantienen apartados de la organización pero colaboran con sus votos y opiniones.

Nuestro partido tiene características de lo que se define como “partido atrapalotodo” (en inglés catch-all party): es un partido con distintos sectores, que busca atraer votantes de diversos puntos de vista e ideologías, en contraposición con otros partidos que defienden una ideología determinada y que buscan votantes que se adhieran a ella.

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Estado - República – Nación – Pueblo - GobiernoSon cinco conceptos que se utilizan mucho en política y que no quieren decir lo mismo.

El Estado se refiere a una entidad político-jurídica, con un gobierno soberano que ejerce autoridad suprema sobre una población relativamente fija que reside dentro de ciertas fronteras territoriales, y que dispone allí del monopolio del uso legítimo de la fuerza.

La República está fundamentada en el imperio de la ley. Es un sistema institucional en donde el pueblo tiene la soberanía, y en el cual tanto los gobernantes como los gobernados se someten por igual a un conjunto de principios fundamentales establecidos en una Constitución.

La Nación es un ente político diferenciado, con una cultura distintiva, formada históricamente, cuyos miembros tienen conciencia de integrarlo por compartir determinados lazos materiales y características espirituales y culturales, como una lengua, una religión, una tradición o una historia en común, y un mismo destino. El Pueblo es el conjunto de personas de una nación. Es un término de uso ambiguo en política, porque muchas veces se toma una parte del pueblo como representativa de todo el pueblo. En realidad, la voz de todo el pueblo se manifiesta solamente en el voto el día de las elecciones. Desde la época de los romanos se conserva el dicho “Vox Populi, Vox Dei”: la voz del pueblo es la voz de Dios, que alude a que no hay referencia más importante en política que lo que exprese el pueblo.

El Gobierno son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, y consiste en la conducción política general o el ejercicio del poder del Estado. El gobierno no es lo mismo que el Estado: los gobiernos pasan y cambian, mientras que el Estado permanece a lo largo del tiempo.

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Estado de Derecho. La pirámide de KelsenEl Estado de Derecho es aquel Estado en el que su poder y actividad se encuentran reguladas y controladas por el Derecho; donde los derechos individuales son respetados gracias a la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que permite un adecuado ejercicio del poder público. El poder público es el conjunto de personas e instituciones que tienen a cargo tomar las decisiones públicas.

El poder del Estado siempre está entonces subordinado al orden jurídico vigente creando así un ambiente de respeto absoluto al ser humano y al orden público. En un Estado de Derecho el gobernante no puede hacer lo que quiere: puede hacer solo lo que la Constitución y la ley le permiten.

La pirámide normativa de Kelsen hace referencia al ordenamiento jerárquico de las leyes de Hans Kelsen, jurista austríaco del siglo XX. De acuerdo a este principio, toda norma recibe su valor de una norma superior. Así, todo el ordenamiento jurídico del Estado reposa en el respeto de la ley más importante que es la Constitución de nuestro país. De ella derivan, en sentido descendente, las leyes del Poder Legislativo; los decretos del Poder Ejecutivo, las ordenanzas de los Gobiernos Municipales.

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La representación política es el resultado del proceso mediante el cual una comunidad elige a algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan y argumenten, los temas y los intereses que son comunes. Así, la comunidad define un representante y lo coloca en un órgano de discusión y/o decisión del gobierno.

La representación política en nuestra democracia no acepta la lógica del mandato imperativo según la cual el representante elegido es un mero agente sujeto a las instrucciones precisas e inamovibles de sus representados.

Por el contrario, nuestra concepción liberal y democrática de la representación política cree que cada representante electo se debe a toda la nación y debe procurar el bien general, y se constituye así en un instrumento de construcción de la ciudadanía política.

El individuo y la nación son los valores fundamentales de la representación: los representados son individuos, iguales entre sí, con intereses particulares, y ligados todos por un interés compartido, el de la nación.

Al elegir, la sociedad delega también la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos. Los representados ceden su confianza –mediante el voto libre y voluntario– a la acción y la competencia del representante que actúa en nombre de los representados.

La representación polít ica

¿Cuáles son las características esenciales del gobierno liberal con representación política?

1. Quienes gobiernan y quienes resultan representantes son nombrados por elección periódica, con intervalos regulares.

2. La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto a los deseos del electorado.

3. Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de quienes los gobiernan.

4. Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.

Hoy en día no hay país democrático que no recurra al gobierno representativo. Su diseño permite la función esencial de establecer contrapesos al poder gubernamental, al permitir que las minorías, representadas en el Parlamento, puedan incidir en la vigilancia del poder y en la elaboración de las decisiones.

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Grupos de interés – Grupos de presión - gremios – sindicatos

Un grupo de presión describe una actitud que puede tomar un sector de la sociedad. Es un grupo de presión un agente – por ejemplo: grupos religiosos, sindicatos, empresas nacionales, patronales, gremios, cámaras empresariales, etc. – que mediante distintas actividades busca incidir en las decisiones políticas para colocarlas a su favor.

Un grupo de interés es una entidad que intenta representar a un sector de la sociedad en el espacio público frente a los poderes públicos.

El gremio era un tipo de asociación económica que agrupaba a los artesanos de un mismo oficio, que apareció en las ciudades medievales y se extendió hasta fines de la Edad Moderna. Tuvo como objetivo conseguir un equilibrio entre la demanda y la oferta de obras para garantizar el trabajo a sus asociados y su bienestar económico. Es un antecedente del sindicato moderno y muchas veces se los toma como sinónimos. Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa, etc.) o al empleador con el que están relacionados contractualmente.

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Libertad- Igualdad

La democracia permite vivir en libertad y debe procurar la igualdad de oportunidades de los habitantes del país.

¿Qué se entiende por libertad?:

Libertad es la capacidad del ser humano de obrar o no obrar, de hacer una cosa o de hacer otra, a lo largo de su vida por lo que es responsable de sus actos. Hay dos dimensiones de la Libertad que se complementan: la libertad negativa y la libertad positiva.

Por libertad negativa se entiende la ausencia de impedimentos externos en la realización de lo que se tiene voluntad de llevar a cabo.

Por libertad positiva se entiende la capacidad de hacer algo, no tanto porque nadie lo impida, sino porque el individuo se encuentre posicionado de manera tal que pueda hacerlo.

La igualdad de oportunidades es la que permite el desarrollo de la libertad positiva. Considera que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.

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La democracia representativa es el modelo político exitoso en el mundo. Sin embargo, la construcción democrática ha ganado en complejidad porque las sociedades modernas son mucho más difíciles de administrar que antes.

Así, desde hace décadas se vienen multiplicando en las democracias de vanguardia instituciones concretas que se ocupan de aspectos de la vida colectiva y que no responden a la clásica división tripartita de poderes del Estado.

Nuestro país no fue ajeno a ese proceso y también aprobó reformas institucionales relevantes. Por ejemplo: en los años 1920, la creación de la Corte Electoral; en los años 1930, la creación del Tribunal de Cuentas. Son poderes con autonomía dentro de Estado, y cuya legitimidad deriva de la legitimidad popular porque sus autoridades son nombradas por el poder político – poder ejecutivo y poder legislativo -.

En el mundo occidental, las sociedades modernas también han avanzado en dotar de mayor complejidad a las arquitecturas institucionales de los distintos países.

Por ejemplo, desde los años 1970 se fueron creando en países como Alemania, Francia, Canadá, España o Estados Unidos, entidades que se especializan en la defensa de los derechos de los consumidores, en garantizar las libertades audiovisuales, en la promoción de la libre competencia económica – con especialización por sectores, como energía o transporte por ejemplo -, en la defensa del medio ambiente, en el control y sanción de la corrupción pública, en la garantía de la libertad privada frente al avance de nuevas tecnologías, y en otros numerosos campos de acción.

Siguiendo ese mismo criterio, en nuestro país, por ejemplo, se creó en 1998 la junta anticorrupción, o la dirección de defensa del consumidor que depende del ministerio de Economía y Finanzas.

Importa entender que la especialización técnica y la independencia funcional de todos estos organismos que se han multiplicado en las principales democracias del mundo es condición de su buen funcionamiento.

Sin embargo, en última instancia, la legitimidad de todos ellos no deriva de esa especialización, sino que proviene de haber sido creados por ley

¿Qué perspectivas institucionales?

por el poder ejecutivo y el poder legislativo, que son los que representan la soberanía nacional. Es decir: en democracia, siempre, se verifica la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno.

Finalmente, además de este escenario cada vez más complejo de arquitectura institucional democrática, que seguramente demandará la atención partidaria en los próximos años, precisamos atender a una evolución fundamental de nuestro sistema: el progresivo fortalecimiento del papel jugado por los gobiernos departamentales y la reciente creación de un tercer nivel de gobierno formado por alcaldes y concejales.

Los gobiernos departamentales tienen una integración que asegura al partido ganador la mayoría en la Junta Departamental. Esta adjudicación de bancas de lógica mayoritaria favorece la coherencia del gobierno en el departamento, pero en contrapartida, puede perjudicar la lógica de representación de los distintos actores.

Desde la restauración democrática en 1985, se verifica además una evolución en un sentido de mayor protagonismo de los gobiernos departamentales en la definición e implementación de las políticas públicas que inciden en la vida ciudadana. El Partido Nacional es principal actor en este nivel de gobierno ya que, tradicionalmente, recibe el apoyo en las elecciones departamentales en la mayoría de los departamentos del país.

Precisamos entonces prestar atención al proceso de concentración del poder que se constata a nivel de las intendencias, porque el fortalecimiento de la democracia se beneficia de la calidad de gestión departamental que, invariablemente, está unida al equilibrio de poderes.

En el mismo sentido, alcaldes y concejales vienen a dar sustento a una participación ciudadana más directa en las diferentes localidades del país. Es una evolución muy reciente que precisa de la atención partidaria para evitar que derive en un aumento del peso del Estado sobre las espaldas del contribuyente, y en una plataforma que termine multiplicando las bases del nefasto fenómeno del clientelismo político.

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Legalidad y legitimidad

Hay dos nociones que se utilizan mucho en política y que no quieren decir lo mismo: legalidad y legitimidad.

La legalidad es la calidad de algo que está en acuerdo con lo que la ley establece. El principio de legalidad significa que todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas, por lo que este principio es la base de la seguridad jurídica en un Estado, vinculado pues al funcionamiento del Estado de Derecho.

La legitimidad es distinta. Se trata de la calidad de una norma que es justa y válida. Se considera que ella está en acuerdo que con los valores de una población.

Por tanto, una ley que a algunos puede parecerles legítima, a otros les puede parecer ilegítima, porque esa valoración siempre es subjetiva: la hace cada individuo.

En política además, existe la legitimidad del poder. Será legítimo el gobierno que accede al poder (legitimidad de origen) y lo ejerce (legitimidad de ejercicio) cumpliendo los requisitos propios del Estado de Derecho.

En este caso la legitimidad del poder es fácilmente reconocible, porque refiere al acuerdo estricto con la Ley. Un gobierno que llega al poder por un golpe de Estado, por ejemplo, es ilegítimo en su origen. Un gobierno que es electo por el pueblo pero viola luego la constitución de su país, es ilegítimo en su ejercicio.

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Clientelismo políticoEl clientelismo político es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral o financiamiento de campaña electoral.

En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener un beneficio. El patrón —sea directamente un funcionario él mismo, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y estos las compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado y/o de su entorno.

La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema de clientela.

CorporativismoEl corporativismo se caracteriza por la rígida intervención del Estado conformado por los representantes de los gremios en las relaciones productivas. En el sistema corporativo no hay partidos políticos, sino que todos los ciudadanos tienen una participación política desde la actividad económica que desarrollan en la sociedad, canalizada a través de los gremios, que son quienes dictan las leyes específicas que atañen a cada sector.

Los partidos democráticos critican la evolución del peso de los corporativismos en la sociedad. El mayor protagonismo de los corporativismos desconoce el papel articulador de los partidos y relativiza la legitimidad de origen, individualista y liberal, que proviene de las elecciones de sufragio secreto en democracia.

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Bibliografía indicativaLa bibliografía aquí señalada no es exhaustiva. Pretende señalar simplemente unas pocas lecturas que pu-edan ahondar en algunos de los temas aquí tratados, para el lector que quiera profundizar en esos temas.

www.freedomhouse.orgBernard Manin: Los principios del gobierno representativo. Alianza Editorial, España, 1998.Horacio Cassinelli Muñoz: Derecho público, FCU - Edición 2009.Martín Risso Ferrand: Derecho Constitucional, FCU - 2005.Pablo Da Silveira: “Democracia, representación, deliberación”. En Daniel Corbo et al.: La educación como ética de la libertad. Construcción autónoma de la personalidad moral y de la ciudadanía democrática.

Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung/Fundación Ciudad de Montevideo, 2007.

InformaciónAutor: Francisco Faig

D.E.A. en Estudios Políticos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Docente universitario en “Política y Sociedad uruguaya” y “Economía y Sociedad uruguaya”, entre otras materias, y editor de política internacional del semanario digital Letras Internacionales, en la Universidad ORT; columnista de la página editorial del diario El País; Director del Centro de Estudios del Partido Nacional; Edil Departamental de Río Negro electo por el Partido Nacional.

Centro de Estudios del Partido Nacional

El Centro de Estudios del Partido Nacional se nutre de las estructuras de estudio que ya están funcionando en el Partido Nacional. No compite con ellas, sino que procura coordinar esfuerzos y tareas en una lógica de trabajo partidaria colectiva.

El Centro depende del Honorable Directorio del Partido Nacional, y participa así del objetivo de fomentar la participación de jóvenes en la actividad política como requisito imprescindible de la construcción democrática en el país.

El material completo del presente curso se encuentra disponible en www.en-politica.org

Fundación Konrad Adenuaer

La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana independiente y sin fines de lucro. Está sujeta a los principios del movimiento demócrata-cristiano. La cooperación internacional es, por tradición, uno de los campos prioritarios de su labor.

La unificación europea, el entendimiento internacional y la cooperación al desarrollo son temas que la Fundación Konrad Adenauer apoya. Para ello organiza eventos de formación política, elabora análisis científicos que sirven de base para la gestión política, otorga becas a personas talentosas e investiga la historia del movimiento demócrata-cristiano.

La Fundación Konrad Adenauer está presente en Uruguay desde el año 1967.Desarrolla actividades y proyectos de capacitación de contenido social y político con diversas contrapartes, que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. A su vez, cuenta con un exhaustivo programa de publicaciones que se distribuyen en forma gratuita a instituciones e interesados del país y el continente.