Intervención en el Primer Debate de las

Enmiendas Constitucionales

Sesión 302. Diciembre 2 de 2014

Los jueces de la Corte Constitucional en una actitud de franco vasallaje frente

al poder político, permitieron a través de un fallo ilegítimo y espurio que los

cambios propuestos a nuestra Carta Política que en su gran mayoría, no

todos, afectan derechos y alteran la estructura del Estado, sean tratados

como Enmiendas en detrimento del pronunciamiento ciudadano, sino que

ejerciendo indebidamente facultades omnímodas, han querido subyugar a

este Parlamento Ecuatoriano, al mero papel de tramitador de puntos y comas

e inclusive a que rindamos cuentas.

Esa misma Corte no cumplió con su obligación jurídica e histórica de proteger,

defender y salvaguardar la Constitución, al determinar que un Proyecto

Político se encuentra por encima de la voluntad popular y de la Carta Magna,

asestándole un golpe mortal a la democracia que lo sufrirán las presentes y

futuras generaciones.

La Constitución de los 300 años les quedó estrecha. El Garantismo del que

tanto se vanagloriaban ha quedado reducido una vez más. Los adalides de la

participación ciudadana ahora quieren menoscabarla y restringirla. Los que

han venido violando sostenidamente y ultrajando a la Constitución ahora

quieren cambiarla, pero no para darle más derechos y garantías a los

ciudadanos, sino para quebrantar esos derechos y esas garantías con la

finalidad de consolidar un modelo estatista, totalitario y concentrador de

poder.

Es justamente en ese sentido, que estas mal llamadas Enmiendas,

constituyen un traje a la medida para avalar el autoritarismo, ante el flagrante

temor de conocer el pronunciamiento ciudadano, de lo que el pueblo

ecuatoriano pueda decidir sobre ellas.

Lo que quieren hacer, de frente –y eso es lo que queda de este debate- es

quitar los frenos que tiene el poder y que son propios de un Estado

Democrático, para extenderle los derechos a una sola persona para que

pueda seguir gobernando.

En esa línea, el oficialismo se inaugura como el primero que desde el retorno

de la democracia, -porque si bien, ha habido muchas Reformas de carácter

legal sobre el tema de la participación en elecciones- pero será el primero que

en materia de reelección de dignidades no acuda al pueblo ecuatoriano. En el

año 1978, el pueblo en referéndum dijo “no” a cualquier tipo de reelección,

hastiado de 40 años de Velasquismo; en 1994, a través de consulta popular,

la ciudadanía manifestó que exista reelección ilimitada para prefectos,

alcaldes, diputados, concejales y consejeros y pasando un período para

Presidente de la República, principio que fue recogido textualmente por la

Constitución de 1998, y diez años después en el referéndum de la

Constitución de Montecristi, el pueblo se pronunció en el sentido que exista

reelección, si, por una vez, consecutiva o no. Y ahora, que se quiere la

reelección presidencial indefinida, que es la más profunda y poderosa en una

Reforma constitucional por el sistema caudillista que ha arrastrado la Historia

del Ecuador, se la quiere pasar por las tranqueras, irrespetando el sentir de

los ecuatorianos.

Es realmente penoso como en el intento de adecuar la Ley Fundamental a las

pretensiones de la élite gobernante, caen en preceptos, por decir lo menos,

absurdos, incluso en el Dictamen y en el informe se descontextualiza a

Norberto Bobbio y a Sartori, y se nos dice que “no se puede desperdiciar un

buen presidente” y que la democracia se entiende como “la más amplia

participación posible”.

Nadie discute eso, nadie está en contra de la mayor participación ciudadana

ni de la reelección –que ya existe-, porque parece por el debate que recién la

vamos a poner. Inclusive no discuto la facultad que tiene este órgano

legislativo de presentar Enmiendas y Reformas constitucionales. Es el

procedimiento: este tema debió pasar por Reforma, tramitarlo en la Asamblea,

es su derecho por tener la mayoría, pero el resultado de estos dos debates,

que se dan en 90 días, 45 días después debe ser refrendado por el pueblo

ecuatoriano, eso manifiesta el artículo 442 de nuestra Constitución. ¿Y por

qué? Porque la participación electoral de quienes ejercen el gobierno, no la de

los ciudadanos en derecho de participación, como establece el artículo 61, se

da dentro de los límites al poder, puesto que, reelección presidencial

ilimitada y sin consulta es igual a absolutismo.

Se argumenta que la consulta al pueblo se la hará en las elecciones del 2017

cuando se vote a favor o no del actual Primer Mandatario. Pero esto no es un

combo, no es un 2x1: primero se aprueba el concepto, la institución jurídica

denominada “reelección de dignidades”, y después los sujetos políticos que

se sientan acreedores, pueden ejercer el derecho a participar. En ese sentido,

ahí es donde la alternancia, que es un principio democrático republicano, se

ve seriamente afectada y tiene que ver con la estructura del Estado, de la

República. Y digo República, en los más altos e imperecederos valores e

ideales como son: Democracia, Libertad, Igualdad de oportunidades y

Esperanza inquebrantable.

También se esgrime que muchas autoridades se han reelegido, muchos

alcaldes, muchos diputados. Efectivamente, pero aquí hay una gran

diferencia, en la mitad del juego, no cambiaron las reglas para elegirse

sino que se candidatizaron con las reglas preestablecidas, y al revés, a

medida que han ido avanzando, estas normas han restringido los derechos de

quienes ejercen, momentáneamente, el poder político.

Aquí esta tarde he escuchado tres ejemplos que no pensé que iba a

escuchar: citaron al señor François Mitterrand, 14 años en Francia, solo dos

períodos de siete, nada más. Y en el 2000, vía referéndum lo achicaron a

cinco. Citaron a Felipe González, de España: democracia parlamentaria, se

vota por partido, no se vota en papeleta por el Presidente del Gobierno; se fue

porque perdió la mayoría en 1996. Y se citó a Franklin Delano Roosevelt, gran

presidente norteamericano, quien fue candidato en el año 1932, 144 años

después que la Constitución preveía que exista reelección. Años después de

su fallecimiento, en su cuarto mandato en ejercicio, se limitó la reelección a

dos períodos. Esa es la gran diferencia, que entre otras cosas, la Corte

Constitucional en su servilismo político y su precariedad jurídica no pudo o no

quiso descifrar.

Algunas de estas Reformas tapiñadas de Enmiendas son realmente lapidarias

para el pueblo ecuatoriano. En lo referente al art. 104 inciso 4, la iniciativa

ciudadana, ¿cómo no va a ser restricción, limitación de derechos, si se puede

consultar sobre cualquier asunto y ahora se la elimina? Salvo las excepciones

tributarias y de organización territorial. Eso inclusive amerita una Asamblea

Nacional Constituyente. Inclusive se olvidaron, o quien hizo la enmienda se

olvidó, de argumentarlo, y al principal de la Corte, que se prestó para aquello,

no le importó y dijo que se puede hacer minutos antes de la sustentación de la

argumentación. Así que es falso que exista una contradicción en ese sentido,

lo que quieren es aprobarlo, para que vía Ley limitar aún más lo que el pueblo

ecuatoriano pueda consultar, para que sólo sea el Presidente de la República

quien tenga esa facultad. Y ya sabemos que a estas alturas no quieren

consultar absolutamente nada.

Esto se termina de consumar de forma inaudita, quitándole a la Contraloría su

control de gestión en base a conjeturas para pasárselo a los tecnócratas

gubernamentales, militarizando la seguridad ciudadana con la gravedad que

esto conlleva, rebajando el derecho de comunicación y de libertad de

expresión de los ecuatorianos a un servicio que es prestado por el Estado y

que es equiparable al alcantarillado y finalmente y como no podía ser de otra

manera, afectando competencias municipales en expresas actitudes

centralistas. En conclusión, todo para el Poder, nada para el pueblo.

Este paquetazo de Enmiendas lo único que busca es usurpar los derechos y

garantías constitucionales, demostrando el desprecio y el miedo al

pronunciamiento del pueblo ecuatoriano para consolidar el Proyecto y así

perennizar en el poder a quien ejerce en la práctica y de forma

autoproclamada, la Jefatura de todas las Funciones del Estado.

Pero hay un dicho: “Hay que ser esclavo de la ley para no ser esclavo de los

déspotas.” Ante aquello, hay que romper los dogales y las cadenas porque si

queremos vivir en una República de ciudadanos libres, hemos de rechazar la

amenaza de un Ecuador constituido por súbditos y azotado por autócratas.