INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRIO DE...

XXVII Congreso Nacional de Trabajo social. 11, 12 y 13 de septiembre de 2014

INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN

URBANA EN EL BARRIO DE CONSTITUCIÓN.

Eje Temático: Intervención profesional

Alderete, Diego Ignacio1; Battistessa, Esteban Omar2; Cocco, Mariana3;

Matusevicius, Jorgelina4; Toscani, María de la Paz5

Resumen

Los procesos urbanos que caracterizan a las ciudades capitalistas contemporáneas se

encuentran inmersos en una dinámica que configura de modo particular la demanda

de atención a los servicios sociales. El aumento de los desalojos, la imposibilidad de

pago del alquiler por los salarios provenientes de una inserción precaria en el mercado

laboral, los abusos y episodios de violencia directa que sufren las personas que

padecen esta problemática son algunas de las situaciones que se presentan a los

trabajadores sociales. La posibilidad de encontrar estrategias de abordaje exige

realizar un proceso de reflexión acerca de los determinantes de las experiencias

subjetivas y de los procesos de despojo y expulsión que viven las personas que

presentan problemas habitacionales. De esta manera entramos en un proceso de

ejercicio crítico del propio proceso de intervención en el que se analizan los alcances y

límites en torno a las estrategias de abordaje colectivo tendiente a la organización

comunitaria y la adopción de una perspectiva de derechos.

Introducción

El presente trabajo pretende realizar un análisis de las estrategias de intervención

desarrolladas en el marco del Proyecto “Hábitat y Salud” del Centro de Salud N° 10

ante el proceso de renovación urbana en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.

Esta dinámica de modificación del uso del suelo incluye una recomposición por

desplazamiento, que ha marcado un aumento significativo de la demanda al Servicio

Social del CeSAC por las distintas problemáticas habitacionales que surgen del mismo 1 (trabajador social, UBA 2 (trabajador social, UBA, [email protected] ) 3 (trabajadora social, UNLa) 4 (trabajadora social, UBA, [email protected]) 5 (trabajadora social, UBA). Institución: Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 10, A. P. Hospital Penna, CABA


y que se suman a las ya existentes. Dicho proyecto es llevado adelante en el Barrio de

Constitución que se caracteriza por el predominio de viviendas colectivas: hoteles,

inquilinatos y pensiones. El trabajo realiza un recorrido por el dispositivo de

intervención que se ha constituido como un espacio de producción colectiva de

conocimiento, articulando distintos saberes, para superar las respuestas escasas y

precarias (y en algunos casos represivas) que se proponen para las personas que

viven esta problemática.

Las principales tendencias que influyen en la transformación del espacio urbano

resignifican la demanda y exigen estrategias de intervención que exceden la gestión

de recursos asistenciales. Los conflictos ligados a la resistencia a los desalojos, la

exigencia de respuestas definitivas a la problemática, las luchas por el uso del espacio

público brindan una trama organizativa con la cual dialogar desde las instituciones en

las que trabajamos. En este sentido se presenta la necesidad de conocer en

profundidad las determinaciones del entramado social y su correlato con la dinámica

del mercado, lo que ha suscitado la necesidad de emprender la tarea de investigación

que contribuya a potenciar el proceso de intervención. En el presente análisis

pretendemos mostrar algunos resultados de dicha indagación y sus contribuciones a la

estrategia de abordaje de la problemática que enfrentamos. En este sentido nos

planteamos: ¿Qué procesos hicieron incrementar los desalojos en el barrio?, ¿qué

destino se da a las viviendas desalojadas?, ¿cómo influyen los emprendimientos

inmobiliarios en el rediseño urbano y en la trama social?, ¿se verifica un proceso de

expulsión de la población pobre? ¿qué estrategias despliegan los vecinos afectados?

Pasaremos primero a explicitar los procesos que se vienen dando en el territorio de la

Ciudad de Buenos Aires vinculados a la disputa en torno al suelo urbano y los

procesos de renovación que implica en lo cotidiano desplazamiento de familias hacia

otras zonas de menor valor. Dichos procesos impactan en la configuración de la

demanda al trabajo social en el servicio social de los efectores de salud, lo se

analizará en el siguiente apartado. Posteriormente se describirá el dispositivo de

intervención ligado a la estrategia de abordaje diseñada por el equipo. En función de

este recorrido y de la reflexión crítica en torno a la práctica desarrollada en el marco

del proceso de intervención, se analizarán dos aspectos que consideramos ejes

prioritarios de trabajo. Nos referimos por un lado a los procesos subjetivos que

atraviesan las personas que padecen la problemática habitacional que se encuentran

entre la responsabilización individual y las estrategias colectivas. Por otro lado


analizaremos la distancia entre la formulación abstracta de la perspectiva de derechos

y la correspondencia de dicha perspectiva con la práctica institucional.

Procesos urbanos. La Ciudad de Buenos Aires y la recomposición por desplazamiento.

La ciudad puede pensarse como un espacio construido y modificado a partir de las

distintas intervenciones públicas, inversiones privadas o prácticas autogestionadas o

de ocupación del espacio por parte de la población. Esto va acompañado de

apropiaciones desiguales del espacio, de acuerdo a la capacidad adquisitiva y las

relaciones de poder en el orden existente.

La ciudad se configura como un espacio deseado por los diferentes actores que en

ella coexisten. En términos de intereses de las empresas capitalistas, la ciudad, como

parte de su valor de uso (Topalov, 1979) ofrece los medios necesarios para la

reproducción de la mano de obra y la infraestructura necesaria para que dichas

empresas se desarrollen. En términos de la población que allí habita, la ciudad se

configura como un espacio de posibilidades y de acceso a diferentes servicios,

“expresa la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, a equipamientos de

educación, salud y esparcimiento más especializados, dicho de otro modo, a un

conjunto de atributos complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como

mercancías” (Catenazzi y Reese, 2010: 74).

Se entiende a la ciudad como resultado de un proceso de conformación histórica de

apropiación desigual y privada del espacio. En el interjuego de actores e intereses se

van generando modificaciones en el espacio urbano que conllevan a una lógica de

concentración territorial que, asimismo, conduce a la diferenciación y desarrollo

desigual de los espacios, ya que los capitales privados van a invertir en donde le sea

más rentable. De esta manera, van a existir zonas con sobreacumulación y

concentración de capital y otras de escasa inversión. En este sentido, “la aglomeración

urbana que se conforma es funcional, contradictoria y desigual en su distribución entre

la población” (Lombardo, 2001: 109).

En la Ciudad de Buenos Aires esto se expresa en la conformación de una segregación

socioespacial que implica una diferenciación entre las zonas norte y sur de la ciudad.

La primera, foco de inversiones públicas y privadas y la segunda relegada. Esta

asimetría genera dos áreas diferentes según los distintos grados de concentración y

exclusión social, que dan cuenta de un espacio y una sociedad desigual y

fragmentada. Por un lado, el sur de la ciudad “donde habría una mayor presencia de

los estratos pobres y bajos de la sociedad, y por otro lado, el norte donde se

concentrarían los estratos medios y altos” (Mazzeo; 2008:32).


A partir de la década del 90, en un contexto de globalización, estos procesos se

complejizan aún más, ya que la economía mundial requiere para su desarrollo una red

de lugares estratégicos que incorporen nuevas inversiones e infraestructuras. De esta

manera, se advierten nuevos procesos de transformación urbana, relacionados con la

puesta en valor y rehabilitación de zonas antiguamente olvidadas y degradadas. En

dichos procesos el Estado cumplió un rol fundamental generando las condiciones

necesarias para la inversión de emprendimientos privados. Se trata de la conformación

de ciudades globales6 (Sassen, 2001) que compiten entre sí para ser atractivas a la

inversión de grandes emprendimientos privados y trasnacionales. La intervención de

ambos actores –estado y privados- facilitó un nuevo uso territorial, una valorización

del suelo y con ello la probabilidad de desplazamiento de los sectores de menores

ingresos que lo habitan (Lanzetta y Martin, 2001). Como señalan Rodriguez y Von

Lûcken (2011) “los procesos de renovación y recualificación urbana, contribuyen a un

reordenamiento de la ciudad, poniendo en cuestión la existencia de los sectores de

menores recursos en áreas urbanas consideradas estratégicas” (2011; 212)

Estos procesos se expresan en la Ciudad de Buenos Aires en el diseño y la

planificación de la Ciudad a través de distintos distritos. Entendidos por el gobierno de

la CABA como “la concentración de establecimientos de un mismo sector, en un

espacio geográfico delimitado, dedicadas al desarrollo de actividades similares

incentivadas con beneficios fiscales y de promoción. Se trata de sectores estratégicos

para la Ciudad porque tienen un gran impacto en la economía: son generadoras de

empleo de alto valor agregado y exportadoras por naturaleza”(Sitio web Gobierno de la

Ciudad, 2014) A través de la sanción de diferentes leyes fueron conformándose los

distritos que reorganizan a la ciudad: Distrito Tecnológico7, en los barrios de Parque

Patricios y Nueva Pompeya; Distrito Audiovisual8 en Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal,

Palermo y Colegiales; Distrito de Diseño9 en Barracas; y Distrito de las Artes10 en San

6 A modo de ejemplo de la masividad de este fenómeno, ver nota del diario Clarín “Buenos Aires, cada vez mejor posicionada como Ciudad Global” Edición digital 20/04/14. Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/Buenos-Aires-posicionada-ciudad-global_0_1123687734.html 7 Ley 2972, sancionada en Diciembre de 2008, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras. 8 Ley 3876 sancionada en Septiembre de 2011, comprende desde la intersección de Fray Justo Santa Maria de Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril Bartolomé Mitre ramal José León Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av.Álvarez Thomas; Av. Forest; Av de Los Incas; Holmberg; La Pampa; Av Triunvirato; Av Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin; Paysandú; Av. Wames; Av. Juan B Justo; Av Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta la intersección con la calle Guatemala 9 Ley 4761, sancionada en Noviembre de 2013 y reglamentada en Julio de 2014. En el polígono comprendido por ambas aceras de las siguientes arterias: Av. Australia, Av. Pinedo, calles Dr. Ramón Carrillo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la Av. Vélez Sársfield


Telmo, La Boca y Barracas. A esto se le agrega el proyecto de trasladar las oficinas

gubernamentales del Gobierno de la Ciudad al Barrio de Constitución, lo que

completaría el proyecto para los barrios de la zona sur. Este último proyecto intentó

avanzar a fuerza de una inédita represión en el predio del Hospital Borda.

Las diferentes transformaciones de la ciudad, llevan a la consolidación de un mercado

inmobiliario fuerte y hegemónico en lo que respecta al acceso tanto de compra-venta

de inmuebles como de alquiler de los mismos. Se trata de un mercado que no es

inclusivo, si no que favorece el acceso a quienes disponen de mayores recursos

económicos. Ante esta situación, la ciudad, lejos de ser un espacio para todos, va

imponiendo dificultades y restricciones a su acceso, ante esto la población de menores

recursos económicos desarrolla diferentes estrategias para poder vivir en la Ciudad.

Ejemplo de ello lo configuran las villas miseria, los asentamientos, los conventillos,

inquilinatos, hoteles-pensión y la situación de calle.

A partir de esto se puede pensar a la ciudad como un espacio escindido. Desde las

conceptualizaciones de Duhau (2003), pueden identificarse dos lógicas dentro de la

ciudad i) como ciudad formal, que es producto de un proceso histórico de construcción

de un marco jurídico y normativo de la ciudad y de los procesos de producción de la

misma, relacionada con la construcción de un prototipo de ciudad deseada que logra

imponerse como la correcta; ii) y como ciudad informal, por contraposición, es aquella

que presenta una irregularidad jurídica en la propiedad del suelo y la producción de la

vivienda. Esta ciudad es la que tiende a permanecer invisibilizada por la sociedad y

funcionando al margen del orden hegemónico.

Entre ambas ciudades, se establecen desigualdades en cuanto objeto de inversiones

tanto públicas como privadas. Como señala Cravino (2001) “quienes tienen poder

adquisitivo, son el objetivo de los nuevos emprendimientos inmobiliarios urbanos del

capital concentrado. Quienes tienen la necesidad como prioridad, son el objetivo de

clientelismo político, de propietarios que promueven la ocupación de sus tierras, de

prestamistas usureros, de locadores y proveedores, que obtienen ganancias

generalmente vendiendo productos subestándar sobrevaluados, u obligados a

autoproducir su suelo urbano” (2001:7).

La problemática en el barrio de Constitución se presenta de manera crítica ligada a la

presencia predominante de viviendas colectivas. Se conjugan viejas y nuevas, o

relativamente nuevas, problemáticas. Las primeras se encuentran asociadas a la

10 Ley 4353, sancionada en Noviembre de 2012, para el polígono comprendido por ambas aceras de Avenida Regimiento de Patricios, Río Cuarto, Azara, Avenida Martín García, Tacuarí, Avenida San Juan, Avenida Ing. Huergo, Avenida Elvira Rawson de Dellepiane, las parcelas frentistas de la Dársena Sur, ambas márgenes, y la ribera norte del Riachuelo,


deficiente infraestructura, a las arbitrariedades de parte de dueños y encargados, a la

ausencia de regulación del mercado de alquiler de piezas por parte del Estado. Por su

parte las “nuevas” problemáticas se hayan vinculadas a la generalización de los

desalojos en esta parte de la Ciudad y a la renovación urbana, que incluye obras

financiadas por el Estado, típica de los procesos de recomposición por

desplazamiento.

La problemática habitacional como objeto de intervención del Trabajo Social en un

Centro de Salud.

Las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Ciudad se dirigen

mayormente a generar condiciones para las inversiones inmobiliarias y acompañar con

mecanismos asistenciales el proceso de expulsión de los antiguos habitantes del

barrio. Los sujetos que solicitan respuesta ante las problemáticas de vivienda se

encuentran inmersos en esta dinámica que los excede y ante la cual las herramientas

organizativas y asistenciales existentes resultan escasas e insuficientes. Es así como

el dispositivo de intervención implementado desde el Centro de Salud busca combinar

la recuperación de una mirada colectiva del problema para los que lo atraviesan;

articular respuestas organizativas y de disputa de este modelo de Ciudad; la adopción

de una perspectiva de derechos y el ejercicio de los mismos en los problemas

cotidianos. El dispositivo cuenta con distintos componentes que incluyen: espacio

grupal de abordaje de la problemática, entrevistas individuales y colectivas,

articulación con organizaciones sociales, generación de una red de abordaje

institucional y un proceso de investigación y formación permanente.

- Reuniones grupales: Las mismas constituyen espacios de admisión colectiva de

aquellas personas que concurren al CeSAC a solicitar asistencia por su problemática

habitacional. La puerta de entrada a la participación grupal, consiste en una reunión en

la que cada persona que concurre realiza una breve presentación y descripción de su

situación. A partir de lo que surge en estas intervenciones, se comienzan a trabajar los

temas emergentes ligados a la urgencia que implican las situaciones de desalojo o de

inestabilidad habitacional. El objetivo principal es, además de comenzar a visualizar el

problema como problema social, poder brindar herramientas individuales y colectivas

para defenderse de la vulneración de derechos ante los desalojos. Para esto las

herramientas que se brindan van desde la legislación vigente que regula el mercado

de piezas de alquiler, hasta las posibilidades de resistencia y la socialización de

experiencias exitosas de defensa de los derechos. Se trabaja también los recursos

institucionales involucrados en esta defensa, brindando los datos de referencia para


poder realizar denuncias, presentar pedidos de amparo, exigir intervención ante casos

de vulneración de derechos.

- Entrevistas: Luego de las reuniones grupales las personas son entrevistadas en

forma personalizada. Se establece una continuidad con lo trabajado en las reuniones

grupales. El espacio de entrevista se extiende más allá de la confección de la Historia

Social y el Informe Social. Se trabaja en el asesoramiento personalizado respecto de

la manifestación particular del problema de emergencia habitacional que se expresa

en cada vecino que asiste a la consulta. Se realiza una caracterización de la situación

problemática, tomado un registro de los distintos aspectos que intervienen en dicha

situación. La integración de estas entrevistas en el marco del proyecto local, permite

resignificar el espacio de entrevista. Se crea, entonces, un espacio de reflexión

conjunta. Se indagan las posibilidades de colectivizar la demanda y la acción con otros

vecinos y se pone a disposición la información de las redes de organizaciones

comunitarias que trabajan la problemática y que pueden servir de apoyo para

determinadas medidas de resistencia. Asimismo se articulan los recursos legales y de

defensa de derechos acordes a la situación que trae cada vecino.

- Trabajo de indagación empírico conceptual: A partir del material empírico relevado en

entrevistas y reuniones grupales, de lo indagado bibliográficamente y del conocimiento

que se va adquiriendo en la intervención se presenta la necesidad de organizar toda la

información y relevar los aspectos vacantes que no pueden ser observados de manera

directa. El objetivo principal es conocer cómo se manifiesta en el barrio de

Constitución el proceso de recomposición urbana que se da en la Ciudad de Buenos

Aires y determinar cómo impacta en la cotidianeidad de las familias que viven en

hoteles-pensión.

Con este trabajo de indagación se pretende, por un lado, superar en el plano del

conocimiento la mirada en torno a la manifestación del problema e ir a sus

determinaciones más profundas, esto nos brinda herramientas para pensar la

intervención y redireccionarla. Asimismo la experiencia se constituye en un proceso de

investigación acción, en tanto los nuevos conocimientos se materializan en acciones y

se constituyen en poderosas herramientas para fundar la organización y participación

vecinal.

- Articulación con organizaciones sociales: La articulación se da en los distintos

espacios del proyecto. En sus inicios se trabajó en vinculación con CIBA

(Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires) quienes concurrían a las primeras


charlas para trabajar qué hacer ante los desalojos. Asimismo los compañeros del

Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y del Movimiento Territorial de Liberación fueron

clave en la socialización de su experiencia de lucha por el acceso a una vivienda

definitiva. Para el caso de las situaciones particulares de desalojos en el área del

CeSAC se trabajó y trabaja articuladamente con distintas organizaciones: Movimiento

Popular Latinoamérica, Movimiento de Trabajadores 1º de mayo (FOL). Estas

organizaciones han sido clave en los procesos de resistencia a los desalojos que se

han dado en el barrio, impulsando y apuntalando procesos organizativos. La

experiencia acumulada de estas organizaciones permite forjar nuevas estrategias ante

estas situaciones y dar una disputa, que a partir de cambiar la correlación de fuerzas

entre vecinos y dueños de hoteles y pensiones garantiza la protección de algunos

derechos.

- Seguimiento de hoteles en conflicto: Algunas de las situaciones que llegan a través

de la demanda espontánea o que se ponen de manifiesto en el espacio grupal

ameritan un acompañamiento y apoyo con recursos organizativos y legales por parte

del equipo que lleva adelante el proyecto local. Para ello se realizan reuniones en

algunos hoteles en conflicto y se articula con los movimientos, anteriormente

mencionados, que trabajan el tema. Una pieza clave dentro de esta estrategia es

contar con servicios jurídicos que además de ser gratuitos trabajan desde una

perspectiva de defensa del derecho a la vivienda. Es en esta instancia de participación

en procesos de lucha en la que las personas se apropian de las herramientas que

brindamos en los talleres, porque es allí donde se genera una praxis que permite

transformar conocimientos en acción.

Procesos de aceptación – resistencia frente a los desalojos.

En la dinámica del área de Trabajo social del CeSAC N°10 la problemática se nos

presenta de un modo fragmentario, como una demanda, en la inmensa mayoría de los

casos, que remite a situaciones de vulneración del derecho a la vivienda de una

persona o familia.

La posición subjetiva de dichos sujetos de la demanda, o de la mayoría de ellos, se

caracteriza por la pasividad y la fragmentación. La primera entendida como una forma

de acomodamiento al menos en dos aspectos: 1) la aceptación pasiva del poder que

los locadores ejercen sobre ellos imponiéndoles en general pésimas condiciones de

alojamiento, la amenaza perpetua de desalojo y su asidua concreción; 2) el

acomodamiento a los requerimientos de los programas asistenciales que muchas


veces implican soportar malos tratos y asumir posturas denigrantes para dar el perfil

de pobres meritorios. La segunda, la fragmentación, remite no sólo al modo en que se

expresa la demanda sino al modo en que se piensa la problemática, despojada de sus

determinaciones colectivas. A ambas cosas contribuye la oferta asistencial: no sólo

separando a los destinatarios sino enfrentándolos en una guerra de pobres contra

pobres.

No es difícil imaginar cual es la concepción del mundo, de la sociedad, del sujeto que

subyace a esas posiciones y sus consecuencias más allá de las mismas. En los

espacios de reflexión del programa, fundamentalmente en el dispositivo grupal

problematizamos los aspectos antes mencionados. Respecto de la actitud de los

inquilinos frente a los locadores, predomina la idea de que éstos tienen el derecho de

desalojarlos por el sólo hecho de ser los propietarios del inmueble. El derecho humano

a una vivienda queda subsumido al derecho a lucrar con la vivienda en tanto

mercancía. Cierto es que en un sentido esta conciencia expresa la realidad jurídica y

fáctica. Lo que oculta es la existencia de mecanismos legales de defensa del derecho

a la vivienda. Ello a su vez implicaría contar con el apoyo de un tercero que compense

la relación de fuerzas desfavorable al inquilino. Contar con estas herramientas abre

posibilidades a un cambio en la posición de los sujetos. En ciertos contextos los

sujetos de la demanda logran resultados favorables en la disputa con los locadores.

Resultados que dependen del nivel de apropiación de las herramientas jurídicas por

parte de aquellos y de la respuesta de los locadores. A lo que debe agregarse el

papel jugado, en cada caso, por los organismos judiciales correspondientes.

Cabe destacar tanto el impacto que produce en un número significativo de personas el

conocimiento de sus derechos, como que son excepcionales los casos en que logran

empoderarse a partir de ello.

Con respecto al segundo aspecto, la relación con la oferta asistencial gubernamental

es sumamente problemática. Es unánime la queja por el maltrato recibido en los

organismos efectores de los programas asistenciales, incluso más allá de los casos en

los que se rescata la atención recibida por parte de algunos operadores. Los turnos

lejanos para situaciones de emergencia, la cantidad de requisitos, muchos de ellos

injustificados, los permanentes atrasos en los pagos, etc. son moneda corriente. Sin

embargo las más de las veces las quejas son contra otras víctimas del sistema

(argentinos contra argentinos que supuestamente no necesitan “realmente” la

asistencia, o argentinos contra extranjeros, por el sólo hecho de serlo) que son

identificados como competidores por un recurso escaso. Ana María Fernández (2007),

en relación al fenómeno de la violencia social dice que el estallido de instituciones y


subjetividades está detrás del cada vez más feroz e implacable “todos contra todos”.

Y que éste es producido por muy eficaces políticas de Estado, que operan

destruyendo lazos sociales mediante nuevas y variadas estrategias biopolíticas de

vulnerabilización. Estrategias que promueven el aislamiento, la desconfianza, la

competencia, la pérdida de la experiencia de la propia potencia, el desamparo.

No podemos olvidar que en el capitalismo es cada vez mayor la población obrera

excedentaria, aquella de la que prescinde el capital para reproducirse. Prescindencia

que es relativa dado que aquella población cumple un papel fundamental en el

sometimiento de la población obrera ocupada. Las estrategias políticas antes

descriptas no hacen sino reforzar las contradicciones entre las propias víctimas del

sistema.

Que esa dinámica determinada por la estructura misma del sistema y favorecida por

políticas específicas sea lo predominante, no significa que no se desarrollen procesos

de resistencia ante la sistemática vulneración del derecho a la vivienda.

En el ámbito inmediato de nuestra intervención, barrio de Constitución, en los últimos

años se incrementó considerablemente la cantidad de desalojos individuales

(personas solas o familias aisladas) y colectivos.

En este contexto, pero involucrando a viviendas colectivas, en las que se

desarrollaban procesos de desalojos masivos (numerosas familias de una misma

casa) comenzaron a darse procesos de resistencia colectivos. Que el desalojo

involucre a un conjunto de familias aparece como la primera condición para que se

desencadenen dichos procesos.

No tenemos registro de la totalidad de los casos de ese tipo y por tanto de la evolución

de todos ellos. Sí conocemos la experiencia de algunos de ellos que lograron darse

una organización al interior de cada casa que les permitió primero resistir el desalojo y

luego desarrollar estrategias que les permitieran ampliar el horizonte de permanencia

hasta donde fuera posible para, finalmente, negociar la mejor salida a su alcance. No

era mucho más a lo que podía aspirarse en un principio pero no era poco teniendo en

cuenta el contexto y la práctica social predominante, la aceptación pasiva de los

desalojos.

Un caso paradigmático fue el del hotel El Cid. Allí el conflicto se desencadenó al

rebelarse los inquilinos contra condiciones abusivas del locador¸ precios exorbitantes

de los alquileres y estado deficitario de instalaciones y servicios. El proceso colectivo

se fue consolidando en la misma lucha a medida que iban superando los obstáculos

que se le presentaban por la acción del aparato del estado (jurídico y punitivo) a su

servicio. Un hito en esa lucha fue la resistencia a una orden de desalojo en la que


intervino el grupo GEOF. El éxito de los vecinos unidos al lograr resistir el desalojo a

pesar de la extrema violencia del operativo generó una conciencia de su propia fuerza

(empoderamiento) y la valoración de la organización como herramienta de lucha.

Sin embargo, consideramos que hay otro componente o característica distintiva de esa

experiencia que fue la dinámica participativa, democrática, autogestionaria promovida

por quienes asumieron el rol de coordinación de la lucha colectiva: algunos vecinos

con perfil militante junto a miembros de agrupaciones universitarias.

La herramienta o método por excelencia para la toma de decisiones era la asamblea.

La coordinación de las mismas era llevada adelante por aquellos, aplicando dinámicas

participativas al mejor estilo de la Educación Popular. Consideramos que ese particular

modo de organización permitió superar la tradicional modalidad de funcionamiento

jerárquico-delegativa que concentra el poder en algunos y sume en la pasividad a las

mayorías. Se trataba de una dinámica asamblearia, de democracia directa, horizontal

y no jerárquica que, como dice Ana María Fernández (2007), no busca acumular poder

sino multiplicar potencia.

Y siguiendo la misma lógica de la multiplicación los sujetos de esa experiencia vieron

que a su alrededor otros sujetos se debatían en experiencias que al menos tenían en

común la resistencia colectiva a los desalojos. La articulación con esos otros dio lugar

a la conformación de un espacio de lucha común en el que se difundió la modalidad

asamblearia tanto al interior de cada casa involucrada como del espacio de

coordinación entre todas ellas. La experiencia de El Cid data del año 2.009 y ya en el

año 2.010 el conjunto de las casas en conflicto se constituye como movimiento

autodenominándose MPL (Movimiento Popular Latinoamérica).

Sin embargo, como señala la autora antes citada “En cualquier colectivo que se

proponga autogestivo la tendencia a la reinstalación de modalidades jerárquico-

delegativas (…) opera en permanente conflictividad con la apuesta a la

horizontalidad…”. Es así que cada experiencia tuvo avances y retrocesos, algunas

abandonaron el movimiento e incluso la lucha. Algunas antes del desalojo y otras

como consecuencia de la dispersión provocada por el mismo. Pero el movimiento

continúa con su misma modalidad incluso creciendo hacia adentro, incorporando

nuevas casas y hacia afuera a través de la articulación con otros espacios de lucha

por el derecho a la vivienda en un horizonte de cambio social más amplio.

Nos centramos en la experiencia del MPL porque es propia del ámbito territorial de

intervención inmediato del Programa de Hábitat y salud del CeSAC N°10 en el que nos

insertamos. Sin embargo, como quedó dicho hay otros espacios de lucha

protagonizado por distintos movimientos sociales y políticos. El gran desafío es la


confluencia de esas experiencias en un espacio común orientado a la multiplicación de

las potencias particulares y no a la concentración de poder en un solo grupo. Hoy

todavía reina la fragmentación.

Somos conscientes de las limitaciones de la intervención profesional. Pero creemos

que nuestra potencia está en la capacidad de articularnos con los procesos sociales

que luchan contra la vulneración de derechos, poniendo a su servicio las herramientas

que nos provee nuestra disciplina.

¿Sujetos de derechos o derechos sujetos a la propiedad?

Como dijimos anteriormente, la estrategia de intervención en el dispositivo grupal está

ligada a trabajar en el fortalecimiento de los vecinos en el ejercicio de sus derechos.

Las familias se encuentran sometidas a diversas arbitrariedades por parte de los

dueños y encargados de hoteles, pensiones y casas de familia. Sumado a la

incapacidad de hacer frente al pago del alquiler, se presentan problemáticas

asociadas, que inciden negativamente en la salud de la población. Se agrava

entonces, el padecimiento subjetivo y la vulneración de derechos que enfrentan estas

familias. La resolución de la situación de deuda de alquiler es enfrentada por parte de

los propietarios con mecanismos que distan de estar ajustados a los canales

jurídicamente establecidos. Es usual el relato de situaciones por parte de las personas

que concurren al dispositivo, de desalojos compulsivos que se presentan bajo distintas

formas. Las personas, luego de ser amenazadas, hostigadas para ponerse al día, son

expulsadas de manera repentina. Se les coloca un candado en la puerta de su

vivienda, quedándose el dueño con sus pertenencias o se arrojan estas a la vía

pública.

Las familias pocas veces visualizan esto como un mecanismo ilegal de resolución,

consideran que el dueño tiene el derecho, por ser propietario, de re apropiarse de la

pieza, sin mediar una acción judicial. Contrariamente a esta percepción, la legislación

regula este tipo de situaciones. La ley de locaciones urbanas (N° 23091) considera

que si una persona ha estado viviendo más de 6 meses en una vivienda, existe un

contrato implícito que le otorga a esta persona la condición de inquilino. De acuerdo a

esta normativa la persona para ser desalojada debe ser notificada por escrito y luego

iniciársele un juicio de desalojo. Son muy pocos los casos en los que esta normativa

se cumple. Las personas tienen registro, originada en su propia percepción o a partir

de comentarios o relatos de otros vecinos, de la posibilidad del desalojo violento. Esto

lleva muchas veces a que las familias decidan retirarse de la vivienda antes de vivir


esta situación traumática, lo que le evita al dueño o encargado la realización de los

trámites judiciales.

En el dispositivo grupal se hace referencia a los derechos que otorga la legislación a

no ser desalojado de manera violenta. Se trata de que las familias conozcan la

legislación y los derechos que le otorga para evitar la situación de calle y la

desprotección que conlleva esta condición. Los vecinos descreen de la posibilidad de

aplicabilidad de la legislación en función de la estrategia de ganar tiempo para poder

tramitar los recursos asistenciales que le permitan evitar la situación de calle. Este

descreimiento se encuentra fundado, por cierto, en el reconocimiento de que estas

situaciones por más ilegales que sean, son de ocurrencia frecuente y en el

convencimiento de que ningún dueño o encargado ha tenido consecuencias por

manejarse por fuera de los canales legales. La desprotección ante este tipo de

situaciones se agrava con el accionar de las organizaciones gubernamentales de

asesoramiento jurídico. Al consultar ante este tipo de respuestas por parte de los

dueños, las personas son aconsejadas a recurrir a la solicitud del subsidio habitacional

para superar su situación de calle. El accionar ilegal por parte de los dueños o

encargados no recibe un tratamiento desde el sistema jurídico, no se realizan acciones

para evitar la vulneración de derechos ante los desalojos ilegales. Este tipo de

asesoramiento convalida, en un punto, que la desprotección de las familias se

perpetúe en el tiempo.

Es aquí donde nos parece importante detenernos. Trabajar desde la perspectiva de

derechos debe encontrarse asociada a una práctica que ponga en marcha los

mecanismos para que esos derechos se efectivicen. El primer límite a esto es el

desconocimiento de los marcos regulatorios, no sólo por parte de las personas

afectadas sino también por los organismos encargados de velar por su aplicación. Por

otro lado se presenta otro límite que se vincula con la controversia entre defender el

derecho a la propiedad por sobre el derecho a la vivienda. El campo del derecho se

encuentra atravesado por esta contraposición de derechos que expresa a su vez la

conflictividad existente originada en el propio modo de acumulación capitalista. El

derecho a la propiedad es puesto por encima de la resolución de la necesidad, y del

derecho, al acceso a una vivienda digna. Se presenta de diversas maneras esta

confrontación al interior mismo del campo de lo jurídico. Lo que se encuentra

expresado en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución

de la Ciudad y en los Pactos y Declaraciones incorporados con carácter de

constitucional en el año 1994, se encuentra negado, la mayoría de las veces, en la

práctica institucional de asistencia a las personas que padecen la problemática.


Limitar la protección del derecho a la vivienda a la intervención asistencial implica

desconocer múltiples aspectos que se derivan del modo en el que se defiende el

derecho a la propiedad. Ya sea por canales legales como la resolución de los juicios

por desalojo, como por las informalidades y tratamiento violento a la resolución de los

litigios por falta de pago. En el caso de los desalojos judiciales, existe una controversia

entre los jueces vinculada a si se debe proteger derechos de las personas desalojadas

por sobre la restitución inmediata de la vivienda al propietario. Estos debates no hacen

otra cosa que dejar entrever que en la aplicación del marco jurídico existe un margen

de interpretación en el que entran a operar marcos teóricos ideológicos y políticos de

quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir en estas controversias. Por otro

lado, cuando las personas están libradas a las arbitrariedades originadas en el

accionar ilegal de los propietarios, lo que encuentran como respuesta es la

intangibilidad del derecho a propiedad y el no respeto a su condición de habitantes de

un inmueble, con derecho a la tenencia del mismo, que no deberían ser tratados como

si fueran meros objetos.

La enunciación del reconocimiento de las personas como sujetos de derechos debe

atender, justamente, a los modos en los que esto se ve permanentemente negado en

el recorrido de resolución de las problemáticas. Michel Foucault nos alerta que las

disciplinas, las prácticas institucionales operan como un contraderecho. Las

respuestas institucionales al no intervenir en evitar las prácticas arbitrarias e ilegales

de los propietarios, operan individualizando el problema y, aun sin quererlo,

responsabilizando de modo individual a aquellos que padecen el problema. Las

dificultades para hacer frente al pago del alquiler están vinculadas a problemáticas de

salud que desencadenan dificultades para sostener las inserciones laborales, a la

inserción precaria en el mercado de trabajo. Muchos jefes de familia sostén de hogar

poseen empleos inestables, sin seguridad social y con ingresos que no alcanzan a

cubrir las necesidades básicas. Ya vimos como la política pública desatiende esto

como problemática social, pero vemos aquí cómo la dinámica de respuesta

institucional se corresponde con tal concepción e interviene en el caso por caso, con

estrategias equívocas respecto a la aplicación de la legislación vigente.

Palabras finales

En los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires viene experimentando

transformaciones vinculadas a procesos urbanos propios de las ciudades

contemporáneas. En esta nueva concepción del espacio urbano, las ciudades son

percibidas por los gobiernos locales como un objeto de consumo que debe ser vendido


en el mercado mundial, en función de una imagen urbana hegemónica y dominante;

regidas por los mismos condicionantes que una empresa, compitiendo globalmente

por lograr una posición ventajosa en la red de ciudades para lograr la atracción de

inversiones del mercado financiero e inmobiliario para el desarrollo urbano,

despreocupándose por la tarea de garantizar condiciones de vida digna a los

ciudadanos. Estos proyectos de ciudad se asientan sobre el proceso de expulsión de

la población pobre y una política restrictiva y mercantil respecto del uso del espacio

público. Frente a esto se presentan desafíos a la intervención que no pueden limitarse

al rol institucionalmente asignado, que exigen procesos de reflexión y reconocimiento

de los determinantes más estructurales de la problemática que se nos presente como

demanda. Esto permitirá diseñar e implementar estrategias de intervención que

puedan enfrentar los problemas por los que somos demandados y también aquellos

que se derivan de las respuestas instituidas, que muchas veces convalidan procesos

de padecimiento subjetivo. Dada la complejidad que reviste la problemática se

requiere la necesaria articulación con aquellos actores parte en los procesos de lucha

para la protección de la vulneración sistemática de derechos.

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