Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. IES Fco. Javier de BurgosProf. Francisco Manuel Amador Sánchez

Historia de España, 2º Bach.

EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868)

I.- MINORÍA DE EDAD DE ISABEL II: PERIODO DE REGENCIAS (1833-1843).1.- La regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840).

1.1.- El inicio de la regencia y la aparición del carlismo.1.2.- La I Guerra Carlista (1833-1840).1.3.- La aparición de los primeros partidos políticos.1.4.- La evolución política de la regencia de María Cristina.

- Estatuto Real.- Constitución de 1837.- Desamortización eclesiástica.

2.- La regencia de Espartero (1840-1843).

II.- MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868). 1.- La Década Moderada (1844-1854). 2.- El Bienio Progresista (1854-1856). 3.- Etapa final del reinado (1856-1868).

I.- MINORÍA DE EDAD DE ISABEL II: PERIODO DE REGENCIAS (1833-1843).

Desde la muerte del rey Fernando VII hasta la proclamación por las Cortes de la

mayoría de edad de la reina Isabel II con trece años, el gobierno efectivo de España

recayó en dos regencias durante las cuales el país vivió una convulsa y agitada vida

política protagonizada por la lucha al trono entre isabelinos y carlistas, y por la difícil

tarea de la implantación del Estado liberal a discusión entre los modelos ideológicos de

moderados y progresistas. La monarquía española cambiaba a partir de entonces el

tradicional régimen absolutista por las novedosas formas liberales; poco a poco soltaba

lastres con respecto al Antiguo Régimen.

1.- La regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840).

1.1.- El inicio de la regencia y la aparición del carlismo.

A la muerte de Fernando VII el 30 de septiembre de 1833 fue nombrada

regente María Cristina de Borbón, cuarta esposa del rey difunto y madre de la infanta

Isabel, que contaba tan solo tres años de edad. La primera medida adoptada fue

encarcelar y/o deponer de sus cargos a los partidarios de su cuñado Carlos María Isidro,

quienes apoyaban su reivindicación al trono en detrimento de Isabel. En consecuencia, a

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fin de mantener el trono para su hija Isabel, María Cristina no contó con los absolutistas

(encuadrados ya en el carlismo), de forma que se vio obligada a apoyarse en los

liberales, a los que concedió una amplia amnistía y permitió regresar del exilio. La

regente demostró habilidad para atraerse a los liberales y conservar con su apoyo el

trono para su hija.

En el mismo momento de la muerte de Fernando VII se inició el

pronunciamiento carlista, dirigido por los partidarios de Carlos María Isidro que habían

sido apartados del poder por María Cristina y que se oponían a que una mujer reinara en

España. Los seguidores de Carlos María Isidro, llamados carlistas, no solo defendían

los derechos de éste al trono, sino también el absolutismo de derecho divino, la

tradicional alianza entre el Trono y el Altar, y la apelación al foralismo de Navarra y

Vascongadas. Fue un movimiento opuesto al mundo capitalista urbano e industrial, de

ahí que no triunfara en las principales ciudades de los territorios sublevados. Desde el

principio, los carlistas crearon juntas encargadas del gobierno de los territorios bajo su

control y Carlos María Isidro, autoproclamado Carlos V, lanzó el Manifiesto de

Abrantes en el que defendía sus derechos al trono.

La existencia de dos monarcas en España, Isabel II y Carlos V, y la división de

los españoles a favor de uno u otro, desembocó en una guerra civil que se prolongó

durante siete años y se conoce como la I Guerra Carlista (1833-1840).

1.2.- La I Guerra Carlista (1833-1840).

De entre las características de la I Guerra Carlista hemos de destacar:

1) Fue un enfrentamiento planteado por la cuestión sucesoria. La Primera Guerra

Carlista estalló a partir del debate abierto en torno a la sucesión de Fernando VII, en

base a la legitimidad de Isabel a ocupar el trono y a la de su madre para ejercer la

regencia, y la legitimidad de Carlos María Isidro a ocupar el trono. Los españoles se

dividieron en dos bandos:

De un lado, los partidarios de María Cristina e Isabel, a los que se conoce como

isabelinos o cristinos, que consideraban la vigencia de la Pragmática Sanción y

por tanto reconocían los derechos de Isabel.

De otro lado, estaban los carlistas, partidarios de que fuera Carlos María Isidro

el rey de España como Carlos V, en tanto consideraban la Ley Sálica no

derogada. Posteriormente, tras la muerte de Carlos, sus descendientes siguieron

defendiendo los derechos de éste: primero su hijo mayor, Carlos, Conde de

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Montemolín (Carlos VI para los carlistas), y después su nieto, descendiente de

su hijo menor, Juan (Carlos VII, para los carlistas).

2) La primera Guerra Carlista fue también un enfrentamiento ideológico, entre los

absolutistas partidarios de Carlos María Isidro y los liberales partidarios de María

Cristina e Isabel.

Los carlistas defendían la tradición, el Antiguo Régimen, la sociedad estamental

y la monarquía absoluta de origen divino. Su lema era Dios, Patria y Rey.

Reivindicaban el foralismo frente al centralismo del Estado liberal, es decir, el

mantenimiento de los fueros, las instituciones de gobierno tradicionales y la

exención fiscal y de quintas, y los privilegios tradicionales de los territorios de la

antigua Corona de Aragón: Cataluña y Aragón (que los habían perdido en 1707

durante la Guerra de Sucesión española por no apoyar a Felipe V) y Navarra y

Vascongadas (que los conservaban en tanto habían apoyado a Felipe V en la

Guerra de Sucesión).

Los liberales defendían el establecimiento del Nuevo Régimen opuesto al

Antiguo, abogaban por un Estado liberal basado en el reconocimiento de las

libertades y derechos individuales a través de un modelo constitucional e

igualitario.

3) En cuanto a los apoyos sociales y territoriales que consiguieron cada uno de los

bandos, se delineó el siguiente panorama:

Los carlistas recibieron el apoyo de los territorios de Navarra y Vascongadas (en

defensa del mantenimiento de sus fueros), y del norte de Cataluña, sur de

Aragón y Maestrazgo (que querían recuperar sus fueros). Sin embargo, no

controlaron estos territorios por completo, sino que se les resistían las ciudades,

habitadas por la burguesía liberal; de ahí que tildemos el carlismo de

movimiento mayoritariamente rural, con el apoyo de los grandes propietarios

agrarios, sectores del clero (alianza del Trono y el Altar) y de la baja nobleza, el

artesanado y el campesinado de estos territorios.

Los isabelinos, por el contrario, contaron con el apoyo del resto del territorio

nacional y las ciudades del territorio controlado por los carlistas. El Ejército, los

altos cargos de la Administración, el mundo urbano y la burguesía comercial e

industrial, partidarios de un Nuevo Régimen liberal, apoyaron a María Cristina.

También la alta nobleza y el alto clero se mostraron, por lo general, partidarios

de la legitimidad de Isabel.

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4) La contienda contó con la intervención de apoyos internacionales. Las potencias

europeas de la época intervinieron en la guerra mediante ayuda financiera y material

a uno u otro bando:

A los carlistas les apoyaron las potencias absolutistas de Europa defensoras del

Antiguo Régimen (Austria, Prusia y Nápoles), aunque solo de manera moral y

no logística.

A los isabelinos les apoyaron Francia, Inglaterra y Portugal, países que firmaron

la Cuádruple Alianza en 1834, con el objetivo de implantar el liberalismo

también en el país luso, que se debatía entre liberales y miguelistas. Llegaron

armas, municiones y tropas, como fueron la Legión inglesa y los navíos

británicos que garantizaron el abastecimiento de Bilbao durante el asedio.

5) Destacaron grandes personajes militares en ambos bandos: los generales carlistas

Maroto, Cabrera y Zumalacárregui; por los isabelinos, Espartero. El característico

protagonismo del estamento militar en la vida política española del s.XIX

(militarismo) nació en este hecho de la guerra carlista.

La Guerra Carlista se ha dividido en cuatro etapas:

La primera fue la formación del foco vasconavarro (1833-1835). Los carlistas

intentaron una insurrección general tras proclamar a Carlos V rey de España

(manifiesto de Abrantes) y consiguieron alguna victoria como la del valle de las

Amézcoas. El ejército isabelino consiguió reprimir los núcleos carlistas, a excepción

del norte de Cataluña y el sur de Aragón y el Maestrazgo, Vascongadas y Navarra,

donde Zumalacárregui se hizo con el poder, si bien no pudo tomar las capitales, lo

cual le restó fuerza. Su muerte en el asedio a Bilbao (junio de 1835) privó a Carlos

María Isidro de su general más capacitado.

La segunda etapa de la guerra se caracterizó por las expediciones nacionales (1836-

1837). Los carlistas controlaban Vascongadas, Navarra y el Maestrazgo, donde se

había hecho fuerte el general Cabrera. Desde tales bases lanzaron ofensivas hacia

los territorios que no controlaban para extender su influencia y recabar apoyos a su

causa:

la expedición Gómez (1836), estuvo dirigida por el general Gómez, quien con 4.000

hombres recorrió más de veinte provincias desde Galicia hasta Andalucía; la

expedición Real (1837) que, encabezada por el propio Carlos María Isidro, salió de

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Estella (Navarra) y enlazó con las tropas de Cabrera en el Maestrazgo, llegando a las

puertas del propio Madrid, no obstante sin ninguna consecuencia.

Este revés marcó el final de las esperanzas de Carlos María Isidro en la victoria.

A ello hemos de sumar el triunfo que había logrado Espartero en la batalla del

Puente de Luchana (diciembre de 1836), gracias a la cual consiguió frenar el

segundo intento carlista de tomar Bilbao. Todo esto hizo caer la moral de los

carlistas, conscientes de que no podrían vencer a los isabelinos, de forma que

empezaron a dividirse entre los intransigentes, partidarios de continuar la guerra a

toda costa, y los moderados, partidarios de llegar a una salida honrosa al conflicto.

La iniciativa isabelina y su final triunfo marcan la tercera etapa del conflicto (1838-

1839). Los isabelinos pasaron a la ofensiva dirigidos por Espartero, mientras que

por parte del general carlista Maroto se quería negociar el final de la guerra, lo cual

fue plasmado en el Convenio de Vergara (agosto de 1839), sellado con el célebre

abrazo entre Maroto y Espartero. Este acuerdo puso fin a la guerra en Vascongadas

y Navarra, en tanto se garantizó la recuperación de los fueros e implicó la admisión

de los militares carlistas en el ejército isabelino, respetándoles la categoría y el

sueldo íntegro.

El final de la guerra en el Maestrazgo (1840). El general Cabrera se negó a acatar el

Convenio de Vergara, por lo que siguió luchando hasta que los isabelinos tomaron

Morella (1840), su reducto en el Maestrazgo. Ello hizo que los carlistas, Carlos

María Isidro incluido, cruzaran los Pirineos destino al exilio francés.

A consecuencia de la primera Guerra Carlista se calcula la muerte de unas

200.000 personas; en el plano dinástico supuso la aceptación de Isabel II como reina de

España por los carlistas, e ideológicamente la inclinación de la monarquía hacia el

liberalismo, que actuó como apoyo de la regente y los derechos de Isabel II. También se

inició el protagonismo de los militares en la vida política española, de la que se

convirtieron en árbitros a través de los pronunciamientos militares, la fórmula más

usada para cambiar gobiernos y reorientar la vida política; el militarismo tendrá una

fuerte presencia en los s.XIX y XX en España. Por último los gastos de la guerra

obligaron a la monarquía a desarrollar ciertas medidas con los que obtener recursos

económicos, destacando aquí la desamortización de Mendizábal.

El carlismo aunque derrotado en 1840 pero aún daría pie a dos conflictos más: la

II Guerra Carlista (1846-1849), recordada como guerra dels matiners, cuando las

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guerrillas rurales en Cataluña luchan ante el fracasado anhelo de unión matrimonial

entre la reina y su primo, el pretendiente carlista Carlos VI; la III Guerra Carlista (1872-

1876) sería la última expresión militar de las pretensiones de Carlos VII (nieto de Carlos

Mª Isidro), sofocadas por la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII.

1.3.- La aparición de los primeros partidos políticos.

A comienzos del reinado de Isabel II aparecieron los primeros partidos políticos

de la Historia española. Surgieron en base a la discusión de la amplitud y profundidad

de las reformas a desarrollar en pro de la construcción del Estado liberal que rompería

con las estructuras del agotado Antiguo Régimen. Los partidos Moderado y Progresista

serán los herederos del primer liberalismo gaditano y de la etapa veinteañista, y los

protagonistas del discurso político de la España decimonónica.

El Partido Moderado recogía la tradición de los liberales doceañistas y estaba

dirigido por el general Narváez. Se caracterizaba por el centralismo, la

oligarquía y el censitarismo. Con respecto a la primera característica los

moderados defendían un modelo de Estado centralizado, con un poder ejecutivo

fuerte cuyo gobierno entendiese por igual en todos los territorios y asuntos

políticos del país; en relación al sentido oligárquico propugnaba que la política

debía estar en manos de las elites, es decir, de minorías que fueran garantes del

buen gobierno; y en esta línea de restricción de derechos políticos abogaban por

el censitarismo como modelo de sufragio, otorgando el derecho de votar a

quienes alcanzaban determinado nivel de renta.

Además defendía la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes; Cortes

bicamerales, en las que una Cámara Alta que estuviera formada por miembros

designados por la Corona, limitara y controlara la Cámara Baja, elegida por

sufragio censitario.

Con tales características el partido moderado encontraba mayor respaldo social

en los grandes terratenientes, la alta burguesía, la clase media-alta, y la alta

oficialidad del Ejército.

El Partido Progresista recogía la tradición de los liberales exaltados o

veinteañistas, y estaba dirigido por el general Espartero. Los progresistas, si bien

compartían la base común del liberalismo político con los moderados, sin

embargo los separaban posturas diferentes. Entre sus características estaban la

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defensa de cierta descentralización administrativa que diera mayores

atribuciones y autonomía a los poderes locales y provinciales con respecto del

gobierno central; asimismo, eran partidarios de la soberanía nacional,

representada exclusivamente en las Cortes, aunque aceptaba el papel moderador

de la Corona; además tenían un sentido más amplio de los derechos políticos y

libertades (sufragio más amplio, libertad de prensa, carácter democrático de los

ayuntamientos…).

Sus apoyos sociales los encontraba en la pequeña y mediana burguesía, las

clases medias y los sectores inferiores del Ejército.

1.4.- La evolución política de la regencia de María Cristina.

Dos periodos podemos distinguir en la evolución política de la regencia.

El primero entre 1833 y 1835 fue la transición desde el absolutismo fernandino

al liberalismo isabelino. Esta fase estuvo protagonizada por monárquicos reformistas

que habían tenido cierto poder durante el reinado de Fernando VII, como Cea Bermúdez

o Francisco Javier de Burgos, y liberales moderados como el Conde de Toreno y Fco.

Martínez de la Rosa, que habían regresado del exilio gracias a la amnistía decretada por

la regente María Cristina. Estos políticos eran partidarios de realizar únicamente las

reformas estrictamente necesarias que condujeran al establecimiento del Estado liberal.

Así fue promulgado el Estatuto Real (1834), redactado por Martínez de la Rosa.

Se trataba de una carta otorgada, concedida de forma graciosa por la regente, a

diferencia de una Constitución que emana del pueblo a través de unas Cortes. Según el

estatuto, las Cortes tenían un carácter meramente consultivo, no decisorio, de forma que

no podían aprobar leyes; solamente introducía la deliberación pública de cuestiones

políticas. Significaba una tibia medida a medio camino entre el absolutismo y el Estado

liberal, por ello también ineficaz e insatisfactoria. Diseñaba una estructura bicameral:

Cámara Alta o Estamento de Próceres, compuesta por altos cargos de la

Administración, nobles, obispos, grandes propietarios e intelectuales destacados,

nombrados por la Corona con carácter vitalicio y hereditario.

Cámara Baja o Estamento de Procuradores, 118 miembros elegidos por sufragio

censitario indirecto, restringido a los mayores contribuyentes del reino. Únicamente

tenía acceso al voto un 0,2% de la población, unos 16.000 electores.

Además, en este periodo de transición al liberalismo, se desarrollaron otras

reformas como la nueva división territorial y administrativa en provincias (debida al

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Ministro de Fomento, el motrileño Fco. Javier de Burgos en 1833), actualmente vigente

con ligeras modificaciones; la liberalización del comercio, de la industria y de los

transportes; la libertad de imprenta, aunque con censura previa; y se recuperó la Milicia

Nacional.

El segundo periodo dentro de la evolución política de la regencia de María

Cristina fue el de la ruptura del Antiguo Régimen entre 1836-1840.

Los gobiernos progresistas de esta etapa (1835-1837) impulsaron el fin del

Antiguo Régimen. La figura política clave del período fue Juan Álvarez Mendizábal,

liberal exaltado destacado en el Trienio Liberal. En estos años fue Ministro de Hacienda

y presidente del Consejo de Ministros. Su cese en 1836 y los escasos avances habidos

hasta ese momento provocaron el recordado como pronunciamiento de los Sargentos de

la Granja de San Ildefonso, movimiento de reivindicación de mayores reformas.

Este pronunciamiento dio el poder a los liberales progresistas, los cuales

elaboraron la Constitución de 1837, la segunda del constitucionalismo español.

Constaba de 13 títulos y 77 artículos. Entre sus características destacan:

Reconocimiento de la soberanía nacional sólo en el plano teórico pues en la práctica

era compartida entre la monarquía y las Cortes.

División de poderes (ejecutivo, en manos del rey; legislativo, en manos de unas

Cortes; judicial, en manos de los jueces), si bien instituía en la práctica un régimen

de soberanía compartida, al afirmarse la potestad de hacer las leyes a las Cortes con

el rey y reconocer el derecho a veto del monarca.

Papel moderador de la Corona en caso de conflicto entre el gobierno y las Cortes, lo

que le daba en realidad un amplio poder, pues podía cesar al gobierno o disolver las

Cortes y convocar nuevas elecciones.

Las Cortes eran bicamerales y se dividían en:

· Cámara Alta o Senado, de carácter más conservador. La mitad de sus miembros

eran nombrados por designación real y la otra mitad elegidos por los votantes

mediante sufragio censitario.

· Cámara Baja o Congreso de los Diputados, cuyos miembros eran elegidos por

sufragio censitario (5% de la población, más amplio que el del Estatuto Real).

Libertades y derechos individuales (de imprenta…).

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Una de las medidas más destacadas fue la desamortización llevada a cabo por

Mendizábal a partir de 1836, que afectó a las propiedades de la Iglesia, especialmente al

clero regular. Consistió en la incautación por parte del Estado de las propiedades

inmuebles, sobre todo tierras aunque también edificios eclesiásticos, que una vez

nacionalizadas eran tasadas y vendidas en pública subasta. El objetivo de la

desamortización era doble: obtener ingresos para financiar la Guerra Carlista y reducir

la deuda estatal, y consolidar el régimen liberal consiguiendo el apoyo de burguesía y

grandes terratenientes beneficiados con la compra de tierras. Lejos quedó la meta social

que se pretendía en la ley, que era la de “crear una copiosa familia de propietarios”,

como tampoco supuso una reforma agraria que corrigiera el problema del desequilibrio

de la propiedad de la tierra.

Previamente a la venta de las tierras desamortizadas, el gobierno promulgó un

decreto de supresión de los conventos y monasterios que tuvieran menos de 12 profesos

(julio 1835), cuyos bienes pasaban a ser de propiedad estatal; en octubre se ampliaba la

medida mediante el decreto de supresión de la mayoría de órdenes religiosas,

consideradas un lastre para la economía del país (“manos muertas”). Se calcula que

entonces había en España unos 49.000 religiosos en 1.925 conventos y monasterios, y

unas 22.500 religiosas repartidas en 1.081 casas; aproximadamente en torno al 18% de

las tierras cultivables del país estaban vinculadas a la Iglesia y sus instituciones.

En febrero de 1836 fue promulgado el decreto por el que se ponían a la venta

todos los bienes eclesiásticos desamortizados con el fin de allegar fondos al Estado y

abrir nuevas fuentes de riqueza para el país. Establecía el decreto dos formas de pago: la

quinta parte del precio debía pagarse en metálico antes de formalizar la escritura, y

luego o bien se pagaba con títulos de deuda pública en un plazo de 8 años, o bien en

dinero en un plazo máximo de 16 años.

El sistema de venta por subasta hizo que los máximos beneficiados de la

desamortización fueron la burguesía, la nobleza y los grandes terratenientes, grupos con

posibilidad económica para comprar estas tierras a las que no pudieron acceder

campesinos y pequeños propietarios debido a las altas pujas que se alcanzaban. Ésta fue

precisamente la crítica que recibió la desamortización por parte de Flórez de Estrada,

quien postulaba por un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra que,

mediante la enfiteusis, permitiera el acceso del campesinado a la explotación directa de

la tierra; lo cual sí hubiera supuesto una mejora social para las clases más

desfavorecidas.

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En 1837 se ampliaba la desamortización a las propiedades del clero secular.

Los datos derivados de la desamortización eclesiástica estiman que se vieron

afectadas unos 10 m. de hectáreas, entre un 12-15% de la tierra cultivable cambió de

manos, y las ventas alcanzaron unos 3.500 m. de reales.

A partir de tales datos se derivan diversas consecuencias:

- En primer lugar los ingresos por las ventas no cumplieron las expectativas y el

Estado no recaudó suficiente como para mejorar la situación de crisis que arrastraba, en

parte porque muchos pagos se hicieron en títulos de deuda y no en metálico.

- No supuso un gran avance de las actividades agrarias porque aunque aumentó

la producción por la puesta en explotación de más tierras, sin embargo no hubo

inversión en mejorar los rendimientos agrícolas.

- La compra de tierras desamortizadas pudo actuar además como obstáculo a la

incipiente industrialización del país por el desvío de capitales susceptibles de ser

invertidos en la industria pero que terminaron pagando las tierras adquiridas.

- Empeoraron las condiciones del campesinado porque ahora se endurecían las

condiciones de los arrendamientos para sacar rentabilidad y beneficio a la inversión que

había desembolsado el propietario en adquirir la tierra. En realidad la tierra había

cambiado de manos pero la estructura de la propiedad seguía muy desequilibrada.

- Sin duda, el mayor beneficio que produjo la desamortización fue el apoyo que

ganó el Estado liberal de las clases medias y altas que se vieron favorecidas por la

medida y se convirtieron en propietarios, ahora agradecidos y leales al liberalismo.

Aunque por otro lado motivó un profundo malestar de la Iglesia debido a la enajenación

de sus bienes y la supresión de sus privilegios a causa de la política anticlerical que

desarrolló el Estado liberal en este periodo.

Otras medidas del período que contribuyeron a liberar el mercado de la tierra

fueron:

La supresión de los mayorazgos (1836), que convirtió los bienes de la nobleza en

propiedades libres y plenas en poder del titular con facultad para venderlas, donarlas

e incluso perderlas en caso de embargo por deudas. De esta forma, al tiempo que

aumentaba la tierra disponible en el mercado, desaparecía la protección que había

mantenido intactos los patrimonios nobiliarios a través de las vinculaciones desde

tiempos de los Reyes Católicos.

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La abolición del régimen señorial (1837), que tenía una doble vertiente: de un lado,

se anulaban los derechos jurisdiccionales de los señores (administración de justicia y

nombramiento de autoridades municipales), y de otro lado se convertía la propiedad

vinculada en propiedad libre (en manos de los antiguos señores, ahora simples

propietarios) que podía circular por el mercado.

A esas dos se suman otras como: la abolición de la Mesta, la libertad de

arrendamientos agrarios, la libertad de precios, la supresión de los gremios, la

libertad de industria y comercio, la supresión de las aduanas interiores…

Sin embargo, los progresistas tuvieron problemas para consolidar su dominio

político por la inclinación de María Cristina hacia los moderados y la victoria de estos

en las elecciones, quienes dominaron los distintos gobiernos entre 1837 y 1840. De esta

forma, empezaron a aparecer juntas en las principales ciudades españolas alentadas por

los progresistas, aprovechando el malestar creado por la Ley de Ayuntamientos de 1840

según la cual el nombramiento y cese de los alcaldes recaía en el Gobierno y no en los

vecinos, en pro del centralismo preconizado por el partido moderado.

Las juntas aclamaban a Espartero, pedían la anulación de la Ley de

Ayuntamientos y la destitución de la regente. María Cristina, ante esta tesitura decidió

abandonar y se exilió en Francia, convirtiéndose Espartero en su sustituto al frente de la

regencia.

2.- La regencia de Espartero (1840-1843).

Espartero, convertido en héroe tras derrotar el carlismo, impuso como regente un

régimen liberal autoritario apoyado en el Ejército, en el que era él quien tomaba las

decisiones de una forma personalista, sin tener en cuenta a las Cortes, que no dudó en

cerrar cuando consideró oportuno. Se ganó la oposición incluso de los progresistas que

lo habían apoyado, y la aparición de rivales dentro del Ejército como Francisco Serrano,

Juan Prim, Ramón María Narváez y Leopoldo O’Donnell, casi todos ellos veteranos de

la Guerra Carlista. Incluso ya en 1841 hubo una conspiración por parte de algunos

oficiales del Ejército descontentos con él, quienes intentaron secuestrar a la niña Isabel

II y hacer valer sus poderes frente al regente, aunque fracasó.

Algunas medidas tomadas por Espartero en este período merecen ser destacadas,

como por ejemplo la desamortización de los bienes del clero secular (1841), y la

abolición del diezmo, lo cual provocó la protesta de la Iglesia.

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España firmó un acuerdo de librecambio con Inglaterra, que le supuso una doble

enemistad: la de Francia, país perjudicado por la preferencia que se dio a los productos

ingleses y, por otro lado, la de la incipiente industria textil catalana, que reivindicaba un

mayor proteccionismo para sus productos. Todo ello hizo estallar una revuelta de

carácter fiscal y republicana en Barcelona (1842). Para reprimirla, Espartero bombardeó

la ciudad, haciendo gala de su carácter autoritario, lo que le granjeó una gran

impopularidad.

Otras medidas consistieron en la ilegalización de las asociaciones obreras para

evitar nuevas protestas del proletariado; y la supresión de los arrendamientos urbanos

protegidos, lo que perjudicó a las clases más humildes. También debe ser señalada la

aparición de la ideología republicana en el panorama político español, que aunque sin

peso específico pero ya naciente y posteriormente pujante en décadas posteriores.

Finalmente, los diferentes elementos de oposición (Ejército, Iglesia, obreros,

campesinos) convergieron en una insurrección general, civil y militar en la primavera de

1843, una vez que Espartero hubo disuelto las Cortes por dos ocasiones. El moderado

general Narváez, regresado del exilio, derrotó a las tropas gubernamentales en Torrejón

de Ardoz (Madrid) y se hizo con el control de la capital. Por su parte, el progresista

general Prim se hizo con el poder en Cataluña, después de controlar Barcelona. La

sublevación se extendió rápidamente a otros territorios como Andalucía o Valencia.

Espartero, que se encontraba en Andalucía haciendo frente a la sublevación, viendo que

prácticamente todo el territorio estaba controlado por sus enemigos, acabó embarcando

en un buque británico en Cádiz, desde donde se exilió a Inglaterra.

II.- EL REINADO DE ISABEL II: LA MAYORÍA DE EDAD (1843-1868).

A los trece años Isabel II fue proclamada mayor de edad y Reina de España. Se

inicia su reinado personal aunque siempre muy mediatizado por influencias de

personajes cortesanos como los generales Narváez y O’Donnell, deseosos de poder,

pero también por personas de su camarilla. A ello contribuyó enormemente la escasa

preparación y formación que María Cristina se había preocupado por procurar a su hija;

además en 1846 fue obligada a casarse con su primo Francisco de Asís, a partir de lo

cual la reina llevó una vida sentimental desordenada que aireaba la prensa en la época.

A pesar de ello, Isabel II, debido a su cercanía y carácter, gozó siempre de una enorme

popularidad y simpatía entre el pueblo español, al menos hasta la década de los sesenta

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cuando la mala situación política, económica y social hizo que se preparara su

destronamiento.

Desde el punto de vista político, en esta etapa de la mayoría de Isabel II se

procedió a la construcción del Estado liberal, que fue dirigida principalmente por los

moderados, que ostentaron el poder durante la mayor parte del reinado.

1.- La Década Moderada (1844-1854).

En 1844 formó gobierno el general Narváez, líder de los moderados y

protagonista indiscutible de la Década Moderada, pues dirigió la mayor parte de los

gobiernos de esta etapa. Fueron años de estabilidad política. Los moderados crearon un

sistema político estable, en el que primaba el orden sobre la libertad. Para ello,

suspendieron las Cortes a menudo, de modo que el Gobierno tomaba las decisiones en

solitario, sin tener en cuenta al Parlamento; además, el Gobierno procedió en ocasiones

a falsear los datos electorales, para obtener las mayorías parlamentarias que necesitaba y

marginar así a los progresistas del poder. En esa estabilidad fue clave el apoyo de los

oficiales del Ejército y de las elites, satisfechas con el crecimiento económico de estos

años. Los moderados mostraron su concepción conservadora y burguesa de la política

mediante el denominado liberalismo doctrinario, una versión restringida y oligárquica

de la ideología liberal, considerando concluidas las reformas políticas, económicas y

sociales que efectuaron por la construcción del Estado liberal.

Una de las piezas clave del modelo estatal que construyeron los moderados fue

la Constitución de 1845, tercera del constitucionalismo español y compuesta por 13

títulos y 80 artículos, transcripción de la de 1837 pero con los rasgos del liberalismo

conservador:

- La soberanía compartida, de forma que la reina tenía en sus manos el ejecutivo,

teniendo el poder para nombrar y deponer ministros, pero también parte del

legislativo, al poder convocar y disolver las Cortes, y sancionar y vetar las leyes.

- La religión oficial del Estado era el catolicismo.

- Las Cortes eran bicamerales, compuestas por Senado (de miembros vitalicios

nombrados por la reina entre la nobleza, altos cargos militares…) y Congreso de los

Diputados (elegido por un sufragio censitario restringido a los mayores

contribuyentes, el 1% de la población).

- Los derechos y libertades individuales eran recortados, prevaleciendo la idea

de orden, autoridad y centralismo estatal.

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Otro de los hitos fundamentales en la construcción estatal que ejecutan los

moderados fue la creación de la Guardia Civil en 1844. Dirigida por el Duque de

Cepeda y Ahumada, nació como un cuerpo militar del Estado encargado del orden

público y de la defensa de la propiedad. En sus estatutos designaba su función para

“proteger el orden, personas y bienes de los vecinos honrados y pacíficos”. Era un

instrumento muy útil como fuerza al servicio de la autoridad del Estado. A la vez se

disolvía la Milicia Nacional.

Reformaron la Administración local y provincial tomando medidas de control

para hacer prevalecer el centralismo estatal, a través de una ley electoral restrictiva y de

una ley municipal que facultaba el nombramiento de alcaldes por el Gobierno entre los

concejales electos. En las provincias se estableció la figura del Gobernador Civil como

representante del poder central y estrecho vínculo para el control de los poderes locales.

En la línea de asentar un Estado centralizado y unificado se adoptó un único

sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal; se promulgó un nuevo Código

Penal (1848), también el Código Civil (1851); y se procedió a la jerarquización y

regulación de la Administración central y del cuerpo de funcionarios gracias a la labor

de Bravo Murillo. Con respecto a la Hacienda, el ministro Alejandro Mon acometió la

reforma fiscal que imponía dos tipos de impuestos: directos (sobre la propiedad) e

indirectos (sobre el consumo); el pago de impuestos se regía por los principios de

igualdad (todos pagaban impuestos, incluidos nobleza y clero) y proporcionalidad (cada

contribuyente pagaba en función de su renta). Los impuestos indirectos eran

impopulares pues gravaban el consumo afectando directamente a las economías

familiares.

Los moderados realizaron un acercamiento a la Iglesia, cuyas relaciones estaban

deterioradas por los procesos desamortizadores de años pasados. Se suspendió en 1845

la venta de las propiedades desamortizadas del clero en 1841 y se devolvieron las

propiedades aún no vendidas. Lo más importante fue la firma del Concordato de 1851,

por el que Roma aceptaba como un hecho consumado la desamortización eclesiástica y

ratificaba el Patronato Regio según el cual la Corona presentaba a sus candidatos a

obispos para cubrir las sedes vacantes. A cambio, el Estado reconocía la unidad católica

y la confesionalidad del Estado, se comprometía a hacer frente a los gastos de la Iglesia

(dotación de culto y clero), en compensación por la pérdida de los bienes

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desamortizados y subastados, así como el reconocimiento del papel de la Iglesia en la

enseñanza y del matrimonio canónico como el único legítimo.

Durante esta etapa comenzó construcción de las primeras líneas de ferrocarril en

España: Barcelona-Mataró (1848), Madrid-Aranjuez y Gijón-Langreo. En su impulso

destacó el empresario José de Salamanca.

Entre 1846-1849 aconteció un nuevo conflicto contra el carlismo, la segunda

Guerra Carlista que fue conocida como Guerra de los Madrugadores; tuvo como

pretexto el fracaso del pretendido enlace entre Isabel II y el pretendiente carlista (Carlos

VI, conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, en quien éste había abdicado en

1845), lo que hubiera resuelto, según los carlistas, el pleito dinástico. Poco duró esta

guerra, pues las tropas carlistas dirigidas por el general Cabrera, fueron fácilmente

derrotadas.

La oposición política a los moderados era cada vez mayor, debido a que su

autoritarismo iba en aumento y la suspensión de las Cortes fue continua, lo que aumentó

el descontento de los progresistas e incluso del sector más a la izquierda de los

moderados. Además surgió el Partido Demócrata en 1849, formado por republicanos y

simpatizantes del incipiente socialismo, defensor de la soberanía nacional, del sufragio

universal, de la libertad de expresión, del derecho de reunión, así como de una

educación universal y gratuita.

En 1854 la situación se había vuelto insostenible. Al margen de los escándalos

de la Familia Real (relaciones entre la reina y personajes de la vida pública, asuntos

económicos corruptos), se agravó la inestabilidad política por desgaste y división de los

moderados, e irrumpe una crisis de subsistencia y una epidemia de cólera, generando

todo ello crispación y tensión social.

2.- El Bienio Progresista (1854-1856).

En ese contexto, el 16 de junio de 1854 tuvo lugar un pronunciamiento militar

organizado por los moderados izquierdistas más cercanos a los progresistas y dirigido

por el general O’Donnell, que por iniciarse en Vicálvaro es recordado como la

Vicalvarada. Coincidiendo con ella, Antonio Cánovas del Castillo hizo público el

Manifiesto de Manzanares el 7 de julio; en él pedía mayores reformas, rebaja de los

impuestos, un sufragio más amplio, mayor autonomía local, y la recuperación de la

Milicia Nacional.

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La sublevación se extendió a otras ciudades y aparecieron juntas revolucionarias.

El episodio decisivo lo protagonizaron las clases populares levantando barricadas en

Madrid (17-19 de julio de 1854) en demanda de mayores reformas sociales. Tras días de

tensión, Isabel II se vio obligada a llamar a Espartero para encargarle la formación de un

nuevo gobierno. De este modo, los progresistas regresaron al poder.

Una de las primeras medidas de Espartero fue convocar Cortes constituyentes,

encargadas de redactar una nueva constitución. El texto no llegó a entrar en vigor, de

ahí que la Constitución de 1856 fuera non nata. De signo progresista, de entre sus

características destacamos las siguientes: afirmaba la soberanía nacional; establecía

unas Cortes bicamerales en las que tanto el Senado como el Congreso de los Diputados

eran de carácter electivo, mediante un sufragio censitario ampliado; reconocía una serie

de derechos como la libertad de prensa, la libertad de imprenta y libertades individuales;

se reconocía la preponderancia del catolicismo pero permitía la profesión de otras

religiones; además, concedía mayor nivel de autonomía a los ayuntamientos,

compuestos por alcaldes y regidores de nombramiento directo por los vecinos.

Los progresistas culminaron en este periodo el proceso desamortizador con

desamortización civil llevada a cabo por Madoz en 1855, que completaba la de

Mendizábal (1836-1837) que afectó a las propiedades del clero regular y la de Espartero

(1841) que afectó a las propiedades del clero secular. La desamortización de Madoz se

aplicó a todas las tierras propiedad del Estado y de los ayuntamientos,

fundamentalmente. Al afectar a los bienes de propios (propiedad del municipio que

cedían en arrendamiento) y los bienes del común (de aprovechamiento común, como los

bosques y montes), hizo que muchos campesinos perdieran su medio de vida, y se

decidieran a emigrar a las ciudades en busca de trabajo en la industria.

También se tomaron importantes medidas de tipo económico, como la Ley de

Concesiones Ferroviarias (1855), para impulsar la construcción del ferrocarril en

España; la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, y otras disposiciones cuyos

efectos fueron la dinamización de la economía nacional. En este momento se funda el

Banco de España.

A pesar de las reformas, los motines y las huelgas por la carestía de la vida y las

malas condiciones laborales fueron en aumento. Se produjeron huelgas organizadas por

sociedades obreras en Barcelona (julio de 1855), estallaron motines de subsistencia en

Castilla (carestía de grano, 1856. Esta situación fue aprovechada por los moderados para

forzar un giro político. Espartero, incapaz de controlar la situación, fue destituido. De

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este modo finaliza el Bienio Progresista justo dos años después de iniciarse, entre un

ambiente de tensión social y política los días 15 y 16 de julio de 1856.

3.- La etapa final del reinado (1856-1868).

La recta final del reinado isabelino estuvo caracterizada de nuevo por el dominio

de los moderados en alternancia con los unionistas y con un fondo de oposición y

conspiración políticas que asestará el golpe definitivo a la monarquía de Isabel II en

1868.

Tras un también fugaz gobierno de Narváez, en el que se pusieron en evidencia

las tensas relaciones entre el general y la reina, fue llamado de nuevo al gobierno

O’Donnell, quien había formado el nuevo partido político de la Unión Liberal. Era una

formación política, considerada de centro, que se nutría de personalidades procedentes

del ala derecha del Partido Progresista y del ala izquierda del Partido Moderado. Bajo el

lema Somos conservadores porque somos hombres de bien, somos liberales porque

consideramos buenas las reformas de la revolución, explicaba su programa político: el

orden y la autoridad propios de los moderados, y la implantación de reformas propia de

los progresistas.

El gobierno de O’Donnell y la Unión Liberal (1858-1863) coincidió con una

época de prosperidad económica debida a la construcción de miles de kilómetros de red

ferroviaria y al desarrollo de las industrias siderúrgica vasca y textil catalana; también

se favoreció la entrada de capital inversor extranjero. A los avances económicos hay que

añadir la Ley Moyano (1857), que dividía la enseñanza en los tres niveles que aún se

mantienen: la enseñanza primaria, obligatoria y gratuita en el nivel elemental (6-9

años); la enseñanza secundaria o media, impartida en institutos, a la que solo tenía

acceso quien tuviera recursos económicos; y la enseñanza superior o universitaria,

reservada casi en exclusiva a las élites.

Fomentadas principalmente por la Unión Liberal de O’Donnell se llevaron a

cabo varias empresas coloniales en este período conocidas como las guerras de

prestigio, con el fin de unir a la población bajo un sentimiento nacionalista y recuperar

el prestigio internacional de España ante el resto de potencias inmersas en la etapa

imperialista de la segunda mitad del s.XIX. España participó en estos conflictos:

La guerra con Marruecos (1859-1860), con el pretexto de responder a los ataques

rifeños contra Ceuta y Melilla. Esto llevó a 40.000 hombres dirigidos por O’Donnell

a luchar contra los marroquíes, a los que se venció y obligó al tratado de Wad-Ras

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(1860), por el que España aumentaba el territorio alrededor de Ceuta, anexionaba

Sidi-Ifni y recibía 400 millones de reales por indemnización. Los generales Prim y

O’Donnell ganaron un gran prestigio militar y popular; éste recibió el título de

Duque de Tetuán.

La participación junto con Francia en la invasión de la Cochinchina (1857-1863), a

raíz de una matanza de misioneros católicos entre los que había algunos españoles.

Y si bien Francia reafirmaba su presencia en dicho territorio, España no obtuvo

nada, aparte de una pequeña indemnización de guerra.

En 1861 España se une a Inglaterra y Francia para intervenir en México (1861-

1862), interesados en la estabilidad de su gobierno para el pago de la deuda y la

libertad en la actividad comercial.

También en 1861 aconteció la anexión voluntaria de Santo Domingo buscando la

protección española ante el peligro imperialista de Haití que amenazaba su territorio,

aunque pronto se restableció su condición independiente.

El último episodio de estas guerras de prestigio lo protagonizó la flota española en el

Pacífico, en la que destacó la labor del almirante Méndez Núñez al mando de la

fragata Numancia, que atacó los puertos de Valparaíso (Chile) y Callao (Perú) en

una maniobra de castigo motivada por los desaires diplomáticos e incumplimiento

de tratados comerciales hacia España. A Méndez Núñez se le atribuye la famosa

frase “Más vale honra sin barcos, que barcos sin honra”, expresión que resume

acertadamente el talante de estas guerras de prestigio.

En 1864 Narváez se puso de nuevo al frente del gobierno. La situación era cada

vez más incontrolable, protestas, huelgas y conspiraciones no dejaban de aumentar. En

Andalucía las protestas campesinas se reprimían cada vez con mayor dureza; en

Barcelona, José Barceló fue sentenciado a muerte en un juicio sin garantías penales,

cuya ejecución provocó la primera huelga general en España.

Las conspiraciones ahora promovidas ya no iban contra los gobiernos

moderados sino contra la misma reina. Es de destacar la protesta estudiantil

universitaria de la Noche de San Daniel (1865) a raíz de la expulsión de sus cátedras de

Julián Sanz del Río y de Emilio Castelar en el mes de abril por sus opiniones contrarias

y críticas hacia la reina; o la sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil (1866),

intentona golpista preparada por el general progresista Prim y fracasada, reprimida con

el fusilamiento de 66 participantes.

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A partir de 1866 la crisis económica era más que evidente: sequía, escasez de

cereales, alza de precios, hambrunas, enfermedades… y la situación política de máxima

tensión e inestabilidad. Ante tales circunstancias en 1866 los progresistas (Prim,

Sagasta, Ruiz Zorrilla), demócratas (Castelar, Pi y Margall) y unionistas (Serrano),

firmaron el Pacto de Ostende, un compromiso de oposición común contra la reina.

La muerte de los principales apoyos de Isabel II, O’Donnell (1867) y Narváez

(1868) colocó a ésta en una situación más que difícil. En 1868 se producirá la recordada

como Gloriosa Revolución que, impulsada por los opositores reunidos por el Pacto de

Ostende, obligó a exiliarse a Isabel II y abría en España un nuevo periodo de nuevas

expectativas.

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