JULIO 2015. NÚMERO 24...34 EL CONSULTOR 34 La comunicación interna y la tecnología o el abismo....
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JULIO 2015. NÚMERO 24 JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN: UN DISCURSO CAMALEÓNICO ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. LAS BASES ACTITUDINALES DE LA ABSTENCIÓN ELECTORAL. ¿DE QUÉ HABLAN LOS SPOTS DE CAMPAÑA? UNA APROXIMACIÓN A LA TRASMISIÓN DE LOS VALORES EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA RED 2.0. COMUNICACIÓN DURANTE PROCESOS ELECTORALES
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JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN: UN DISCURSO CAMALEÓNICO ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ.
LAS BASES ACTITUDINALES DE LA ABSTENCIÓN ELECTORAL.
¿DE QUÉ HABLAN LOS SPOTS DE CAMPAÑA?
UNA APROXIMACIÓN A LA TRASMISIÓN DE LOS VALORES EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA RED 2.0.
COMUNICACIÓN DURANTE PROCESOS
ELECTORALES
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4 EDITORIAL
6 EN PORTADA
Juan Manuel Santos Calderón: un discurso camaleónico entre la guerra y la paz.
Las bases actitudinales de la abstención electoral.
¿De qué hablan los spots de campaña? Elecciones 2013 en la provincia de Buenos Aires.
Una aproximación a la trasmisión de los valores en la comunica-ción política en la red 2.0.
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EDICIÓN JULIO 2015SUMARIO
MPL N
º24
21 PERISCOPIO ELECTORAL
34 EL CONSULTOR
La comunicación interna y la tecnología o el abismo.34
Elecciones municipales y autonómicas 24-M: La victoria amarga del PP.
España: cuando el voto no decide.
Las Elecciones Departamentales y Municipales en Uruguay 2015.
México: las Elecciones Federales y Estatales de 2015.
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Jesús Esteban Cárcar Benito
Gustavo Javier de Dios Pantano
Gabriel Elorriaga Pisarik
María Fernanda González Binetti
Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco José Llera Ramo
Alejandro López Accotto
Pablo Mieres
Guido Moscoso
Cecilia Nicolini
Ricardo Alejandro Paparás
Ignacio Ramírez
DIRECTOR/EDITOR: Ismael Crespo
COEDITOR: Alberto Mora
CONSEJO EDITOR
Jorge Alcocer (V. Voz Y Voto, México), Luis Benaven-te (Vox Populi Consultoría), Agrivalca Canelon (Uni-versidad de la Sabana, Colombia), Virgina García Bedeaux (Universidad de Belgrano, Buenos Aires), Antonia González (Universidad de Murcia), Antoni Gutiérrez Rubí (Asesor de comunicación y consultor político), Arturo Laguado (Instituto Universitario Or-tega y Gasset Argentina), Pablo Mieres (Universidad Católica de Uruguay), Cristina Moreno (Universidad de Murcia), Carlos Muñiz (Universidad Autónoma de Nuevo León), Javier del Rey Morató (Universidad Complutense de Madrid), José Manuel Rivera Otero (Universidad de Santiago de Compostela), Hélder Rocha Prior (Universidade da Beira Interior), Javier Sánchez Galicia (Instituto de Comunicación Política), Marcelo Serpa (Universidade Federal do Rio de Ja-neiro), Gina Sibaja Quesada (Universidad de Costa Rica), Helcimara de Souza Telles (Universidade Fe-deral de Minas Gerais).
CONSEJO DE REDACCIÓN
Miguel Ángeles Teja (IUIOG), Mónica Belinchón Alonso (IUIOG), Pablo Cuesta Muñoz (IUIOG), Anibal Durán Martínez, Rosalía Fernández Agudín (IUIOG), Félix García García (IUIOG), Brais Iglesias Fernández (IUIOG), Iria Lores Vilar (IUIOG), Rosa María Navarro-Soto Egea (IUIOG), Ignacio Pérez Santos (IUIOG), Fabián Úbeda Spura (IUIOG).
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Ana Leal
MÁS PODER LOCAL. MAGAZINE
Ronda de Levante, 10. Murcia, España
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ANUNCIANTES
COLABORADORES
Depósito Legal: MU 1092-2010 / ISSN: 2172-0223
©2014 Más Poder Local.
EDITA: Asociación Laboratorio de Comunicación Política.
38 INVESTIGACIÓN
El Presupuesto Participativo como herra-mienta de modernización de las Adminis-traciones locales: una discusión sobre el caso argentino (2010-2015).
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REVISTA INDEXADA EN COLABORADORES Nº24
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En un año tan cargado de citas con las urnas como este 2015 en España –en el que se celebraron autonó-micas andaluzas, acabamos de pasar por unas decisi-vas elecciones municipales y autonómicas en casi toda España y en el que se avecinan elecciones generales y autonómicas catalanas– la comunicación política está más en auge que nunca.
¿Cómo se planifica la comunicación en campaña? ¿Hay una comunicación específica durante el proceso electoral y otra antes? ¿A qué medios damos priori-dad? ¿Cómo diversificamos nuestra estrategia de me-dios? Son bastantes las preguntas que a candidatos y consultores se les vienen encima cuando se acercan los comicios. Ante tal cantidad de campañas que realizar, hay que confeccionar una buena estrategia de comu-nicación durante la misma, estratificando por medios y dando a cada uno la importancia que le corresponde. Debe aplicarse lo que en comunicación política de-nominamos una narrativa transmedia o transmedia storytellling, un relato en el que la historia de los can-didatos se despliega por múltiples medios y platafor-mas de comunicación, y en el que el ciudadano asume un rol activo también (Scolari, Deusto). Las campañas electorales varían en duración y legislación en cada uno de los países y es imprescindible conocer la Ley Electoral sobre los medios de comunicación que rige en cada uno para poder trabajar en ellos.
Es importante destacar cómo los mass media han ido adquiriendo un papel decisivo en la agenda setting, lo que fuerza a los partidos y candidatos a seguir los temas de interés público marcados, muchas veces en contradicción a sus intereses y objetivos fijados para la campaña. De ahí que el rol de los medios ha pasado un poder real dentro de cualquier proceso electoral y, por ello, cualquier candidato necesita una estrategia adecuada para la interacción con los mismos.
En las últimas elecciones locales de España hemos po-dido comprobar cómo las llamadas candidaturas ciu-dadanas de confluencia han sabido llegar al público de forma electrizante durante la campaña, a través de nuevos espacios comunicativos situados entre las re-des sociales y los parques y plazas de las grandes ciu-
dades. Para esta edición número 24 de MPL traemos en la sección En Portada diversos artículos que tratan los diversos tipos de comunicación en procesos electo-rales. Podrán leer sobre comunicación en televisión en “De qué hablan los spots de campaña”, de Gustavo de Dios; sobre comunicación oral en “Juan Manuel San-tos Calderón: un discurso camaleónico entre la guerra y la paz”, de María Fernanda González Binetti; comu-nicación en Internet en “Una aproximación a la trans-misión de los valores en la comunicación política en la Red 2.0”, de Jesús Esteban Cárcar Benito; y “El proble-ma incómodo de las democracias. Las bases actitudi-nales de la abstención electoral”, de Ignacio Ramírez, que nos acerca el abstencionismo como característica del sistema electoral argentino.
Por su parte, el Periscopio Electoral viene cargado de análisis de las distintas elecciones que se han celebra-do en los distintos lugares de España y Latinoamérica. En España, dos análisis sobre el 24M como “Cuando el voto no decide”, de Gabriel Elorriaga; y “24-M: la vic-toria amarga del PP”, de Francisco J. Llera Ramo. En Uruguay, con un análisis de Pablo Mieres, “Las Elec-ciones Departamentales y Municipales en Uruguay 2015” sobre los comicios celebrados en el país urugua-yo el pasado mes de mayo. Y, por último, un recorri-do electoral sobre México, con “México: las elecciones federales y estatales de 2015”, sobre los procesos elec-torales del pasado 7 de junio.
Además, en El Consultor, Cecilia Nicolini nos trae una reflexión sobre la escasa participación de las adminis-traciones públicas en la llamada revolución tecnoló-gica en “La comunicación interna y la tecnología o el abismo”.
Por último, traemos dos reseñas muy interesantes: una sobre la serie de televisión danesa Borgen, en la que algunos partidos actuales podrían inspirarse para sus pactos; y otra sobre el libro El “Matrimonio Homosexual” en España: claves del discurso para su aprobación, producto de una investigación en el ám-bito del Máster de Comunicación Política de la Funda-ción Ortega-Marañón.
EDITORIALM
PL Nº2
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Resumen
El objetivo de este ensayo es el de dar a conocer las características lingüísticas y argumentativas del recorrido político del hoy Presi-dente colombiano Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018). A partir de un análisis estadístico textual, realizado con la metodología francesa del análisis del discurso «lexicometría», la autora muestra cómo evoluciona el discurso del Ministro de Defensa, al candidato presidencial en el 2010, al Presidente-candidato en el 2014 y final-mente al Presidente del segundo mandato. ¿Cuáles son los princi-pales ejes temáticos del Ministro de Defensa? ¿Qué tan importante constituye el tema de la paz en el discurso de Juan Manuel Santos? ¿Es posible ver una evolución en el lenguaje entre el 2006 como Mi-nistro de Defensa y el 2015 como Presidente por segunda vez?
Palabras clave: Discurso político, lexicometría, Colombia, Juan Ma-nuel Santos Calderón.
Abstract
The goal of this essay is to present the linguistic and argumentative characteristics of the political path of current Colombian President Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018). Using a textual statis-tical analysis, based on French methodology of discourse analysis called «lexicometry», the author shows the evolution of President Santos’ speech from Minister of Defense (2006-2009) to 2010 pre-sidential candidate, then 2014 presidential candidate, and finally second-term President. What are the main axes of the Minister of Defense’s discourse? How important is the issue of peace in the speech of President Juan Manuel Santos? Can we discern an evolu-tion in language between the 2006 Minister of Defense and the 2015 second-term President?
Keywords: Political discourse, lexicometry, Colombia, Juan Manuel Santos Calderón.
Fecha de recepción: 19/02/2015 :: Fecha de aceptación : 25/05/2015
María Fernanda González Binetti
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN: UN DISCURSO CAMALEÓNICO ENTRE LA
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“No usemos la lengua para la guerra, y menos para la gue-rra de las lenguas, sino para la paz, y sobre todo para la paz entre las lenguas”, con esta frase de Camilo José Cela, Juan Manuel Santos terminó su discurso el 3 de no-viembre del 2014 al recibir el Doctorado Honoris Cau-sa en la Universidad que lleva el nombre del escritor español.
En su discurso, el Presidente colombiano, elegido en 2010 por cuatro años y reelegido nuevamente en agosto del 2014, describe los principales desafíos de su nuevo mandato. Sin dejar de lado la historia de los vínculos estrechos entre Colombia y la “Madre Pa-tria”, Santos explica al auditorio su recorrido como hombre de Estado: “muchos me preguntan: ¿y por qué usted –que fue tan eficaz como ministro de Defensa para golpear a los grupos armados ilegales– está ahora apostán-dole a una salida negociada al conflicto? Yo les respondo: me tocó hacer la guerra y modestia aparte fuimos exitosos, pero hay un tiempo para la guerra y hay un tiempo para la paz (…) Pude haberme quedado quieto. Pude haber seguido la inercia de una guerra que sé dirigir y que da resultados visibles, mediáticos, aunque no definitivos. Pero les confieso que no hubiera estado tranquilo. Porque si existe una opor-tunidad, ¡tan solo una oportunidad!, de parar este desan-gre, hay que tomarla. De lo contrario, no solo tendría que responder ante la historia, sino ante mi propia conciencia y mi propio destino. Hoy el proceso está avanzando y hemos llegado más lejos que nunca antes” (Santos, 2014).
En el álgido debate por el que pasa la Colombia de hoy surgen múltiples lecturas del actual Jefe de Go-bierno. El haber sido delfín del ex presidente Álvaro Uribe, quién logró cambiar la Constitución y aprobar la reelección y, hoy en día, su principal contradictor, lo perfila en el ambiente uribista como un traidor. Su cambio repentino frente a la enemistad con el gran lí-der venezolano Hugo Chávez, se dio una vez alcanzó la primera magistratura. Sus principales contradic-tores lo califican de calculador y alguien sin convic-ciones que cambia al vaivén de los vientos. Para ese sector, las actuales negociaciones de paz llevarán al país inevitablemente a la implantación de un modelo “castrochavista”, muy cercano al Modelo del Socialis-mo del siglo XXI creado en 1999 bajo Hugo Chávez y continuado hoy con Nicolás Maduro.
¿Cómo definir a Juan Manuel Santos? En el campo de la comunicación política ¿qué es lo que más interesa a la sociedad de un gobernante?, ¿su verbo o su caris-ma? ¿Qué atrae más, su equipo o sus ideas? Nuestro objetivo es el de describir el cambio del lenguaje uti-lizado en el discurso de Juan Manuel Santos. ¿Cómo ha cambiado el vocabulario del Ministro de Defensa del Presidente Uribe al de candidato en el 2010, al del
candidato en el 2014 y, finalmente, al de Presidente en sus dos mandatos?
I. LA METODOLOGÍA
El discurso político puede analizarse desde diferen-tes ángulos. Este ensayo se enmarca en el tratamien-to estadístico de los datos, basado en la lexicometría proveniente de la Escuela Francesa. Ésta “ha definido una estrategia de interpretación de los textos que permiten validar, a través de la medición estadística del vocabulario, hipótesis históricas, sociológicas y sociopolíticas, externas a la lingüística.” (Fiala, 1994).
Los trabajos de lexicometría tradicionales abarcaron los textos de prohombres políticos como el General De Gaulle o los presidentes de la Quinta República, la izquierda sindical, los partidos políticos de izquierda y solo hasta mediados de los años 80 se comenzó a estudiar la extrema derecha. Hoy en día la revolución de las comunicaciones y la facilidad de obtener los da-tos rápidamente han dado una renovada dinámica e interés en estos métodos de análisis.
Entre las diferentes herramientas, la lexicometría cuenta con el Análisis Factorial de Correspondencias. Para Salem el “Análisis Factorial de Correspondencias es un método estadístico sumamente eficaz, particularmente apto cuando se trata de comparar el conjunto léxico distri-butivo del vocabulario de varios locutores. Partiendo del número de las ocurrencias de cada una de las palabras en cada una de las subpartes del corpus analizado, el AFC pro-vee una tipología de las subpartes del corpus que apunta a acercar aquellas que emplean las mismas palabras en las mismas proporciones.” (Salem, 1982).
Hemos realizado un análisis con un corpus de textos de cerca de 1.000 discursos. Ello comprende alrededor de 800 discursos de Juan Manuel Santos (equivalente a 1 millón 281 mil palabras) entre el 2006 y el 2015. Hemos incluido también los discursos de la campaña pasada en junio del 2014 de los candidatos a la prime-ra vuelta. Clara López, candidata por el partido de izquierda el Polo Democrático, Marta Lucía Ramírez, candidata por el partido conservador, Enrique Peñalo-sa, candidato del partido verde y Oscar Iván Zuluaga, candidato del centro democrático.
En el caso santista, los textos abarcan desde las in-tervenciones en el país a las giras al exterior en sus cargos de Ministro y Presidente. Los discursos en la plaza pública o entrevistas a los principales medios de comunicación en calidad de candidato. Como Presi-dente, las intervenciones tratan sobre los principales proyectos y programas del gobierno en las regiones, en temas como infraestructura, TIC, educación, salud,
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medio ambiente, seguridad y turismo. También se incluyeron las intervenciones con una carga emotiva importante, como la realizada al saber el resultado de los comicios, como Ministro al dar a conocer la baja de algún jefe guerrillero o en la condecoración de una personalidad pública. Este corpus fue enriquecido con los discursos de la campaña del 2014 de los tres candidatos a la presidencia para mirar cómo se dife-rencia el vocabulario de Juan Manuel Santos frente a los demás candidatos.
Como en la tradición de la política norteamericana, Juan Manuel Santos cuenta con un equipo que prepa-ra y escribe sus discursos desde cuando era Ministro de Defensa. Juan Carlos Torres, la pluma del presiden-te, asegura que un 30% de los textos son preparados y
el 70% son improvisaciones. Torres afirma: “No queda bien llegar a la plaza de un pequeño municipio y sacar los papeles para leer un discurso, es más cálido hablar directa-mente”. En los casos de improvisación, asegura Torres, el equipo le prepara las notas y luego el Presidente de-cide si lee o no el texto. Durante las alocuciones televi-sadas o los discursos de carácter solemne como el de investidura es recurrente la utilización del telepronter por parte del presidente1.
Los discursos escogidos entre el 2006 y el 2009 en-marcan perfectamente el rol del hombre fuerte que
1 Conversatorio con Juan Carlos Torres en el curso “Discurso político: introducción al análisis cuantitativo y cualitativo” realizado por la pro-fesora María Fernanda González, el 20 de noviembre de 2014, Univer-sidad Nacional de Colombia.
Gráfico 1. Análisis Factorial de Correspondencias por locutor: López, Peñalosa, Ramírez, Santoscamp10, Zuluaga, santosmindef, Santoscamp14, santos2, santos11.
1 El Análisis Factorial de Correspondencias contiene los siguientes locutores:
Santosmindef: Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa (2006-2009).
santoscamp10: Juan Manuel Santos, candidato presidencial en el 2010 por el Partido Social de la Unidad Nacional.
Santoscamp14: Juan Manuel Santos, candidato presidencial en el 2014 por el Partido Social de la Unidad Nacional.
Zuluaga: Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial en el 2014 por el Centro Democrático.
Ramírez: Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial en 2014 por el Partido Conservador.
Peñalosa: Enrique Peñalosa, candidato presidencial en el 2014 por el Partido Verde.
López: Clara López, candidata presidencial en el 2014 por el Polo Democrático.
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lucha contra el terrorismo. Innumerables fueron los hechos de ataque y debilitamiento de la guerrilla de las FARC que ocurrieron en ese período. Murieron los principales jefes de esta organización como el temido negro Acacio o el histórico jefe político Raúl Reyes. Logró también liberar del secuestro a Ingrid Betancur. El análisis cuantitativo nos muestra que las palabras más usadas por el Ministro se dirigían a una lucha contundente frente a la guerrilla. Una mirada al voca-bulario mayormente utilizado en este caso da cuenta de la obsesión del campo semántico de la guerra. Las palabras más usadas son: terroristas, Fuerza Pública, militar, FARC, narcotráfico, Seguridad Democrática, inteligencia, defensa, Reyes, Acacio, narcotraficantes, cabecillas.
Pese a la contundencia en el mensaje, es importante resaltar que el concepto de la paz, incluso como Mi-nistro de Defensa, siempre estuvo presente en sus planteamientos. Durante sus intervenciones reiteraba que la verdadera victoria de Colombia sería la conse-cución de la paz.
Como muestra el gráfico el discurso del candidato Juan Manuel Santos en el 2010 se sobrepone al discur-so del candidato Zuluaga, delfín de Álvaro Uribe en la campaña del 2014. Esto nos indica que los discursos de ambos candidatos son muy similares. Las palabras más utilizadas lo demuestran: terrorismo, desplaza-miento, desplazada, Castro, atroces, crímenes, justicia. En el campo de los valores encontramos las palabras más queridas por el ex presidente Uribe: patria, auste-ridad, transparencia y justicia, entre otras.
En el gráfico se evidencia como el santos1, el candida-to en el 2014 y el santos2 se alejan definitivamente del uribismo. El santismo desde que llega al poder en el 2010 va tomando forma, independencia, y revela sus verdaderos fundamentos: búsqueda de la excelencia, diplomacia en las relaciones y pragmatismo en las de-cisiones de poder.
También se revela antagónico a los valores y funda-mentos del uribismo. Atrás quedaron los diminutivos tan utilizados por Uribe: casita, carreterita, finquita, vidriecitos, platica, etc. Con Juan Manuel Santos, el mundo se mira desde arriba. Todo es en grande y los superlativos cobran fuerza y marcan el paso de los argumentos del nuevo presidente. Las palabras más usadas son: más, muy, todo, muchísimo e importan-tísimo. El gusto por el campo, la tierra y lo regional en Uribe, se desvanecen en el mundo cosmopolita de Santos. La importancia de las palabras referentes a los extranjeros lo demuestran: mundo, países, cumbre, América Latina, Europa, Haití, Francia, Cuba, Chile, Perú, Unasur, Alemania y Nueva Zelanda, entre otros.
En el fondo, la gestión pública también cambia de rumbo. Uribe negaba el conflicto armado, Santos abre una negociación. Uribe cerraba Embajadas, Santos ha abierto múltiples Embajadas, las últimas en Singapur, Vietnam y Azerbaiyán. El campo semántico de la gue-rra fue cambiando y se tradujo en un nuevo referente: modernización de las infraestructuras, las comunica-ciones, la economía y sectores tan atrasados como el agropecuario. En el campo de la tecnología, hoy Co-lombia es pionera en la conexión de fibra óptica en todo el territorio. A este proceso de modernización del Estado se le suma la equidad. En sus discursos se nota una obsesión: crear una sociedad más justa, moderna e incluyente.
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REFERENCIAS
Fiala, P. (1994): “L’interprétation en lexicométrie. Une approche quantitati-ve des données lexicales”, en Langue Française nº 103, pp.113-122.
Salem, A. (1982): “Analyse factorielle et lexicométrie: synthèse et quel-ques expériences”, en Mots, le langage du politique, nº 4, pp.147-168. Recuperado de: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1982_num_4_1_1055
Santos, J. M. (2014): Palabras del Presidente Juan Manuel Santos al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Camilo José Cela el 3 de noviembre de 2014. Recuperado de http://www.presidencia.gov.co
María Fernanda González Binetti Politóloga de la Universidad de los Andes y doctora por el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad de la Sorbona. Especialista en análisis del discurso.
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Resumen
Este artículo pretende estudiar la abs-tención electoral. Se analizará cuáles son los factores más favorables a la par-ticipación y cuáles estimulan la absten-ción en base a una investigación sobre cultura política en Argentina. Nuestra hipótesis es que el mantenimiento de bajos niveles de abstención electoral obedece a ciertas variables de carácter actitudinal.
Palabras clave: Argentina, comporta-miento electoral, cultura política.
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Abstract
This article attempts to study electoral abstention. We will be discussing which are the factors that influence both vo-ter turnout and abstention on the basis of a recent political culture research in Argentina. Our hypothesis is that the low rates of electoral abstention can be explained by attitudinal factors.
Keywords: Argentina, electoral beha-vior, political culture.
Fecha de recepción: 20/02/2015 :: Fecha de aceptación: 25/05/2015
Ignacio Ramírez y Guido Moscoso
El problema incómodo de las democracias
LAS BASES ACTITUDINALES DE LA ABSTENCIÓN
ELECTORAL
I. INTRODUCCIÓN
Diversas escenas de la realidad electoral internacional ilustran la presencia de un problema incómo-do para las democracias contempo-ráneas. Al repasar algunas eleccio-nes de los últimos años es posible advertir que la abstención electoral se constituye en un comportamien-to generalizado de los comicios. Esto es, muchos votantes no están votando. Solo por citar algunos ejemplos: en la primera vuelta pre-sidencial de Chile en 2013 la parti-cipación electoral fue del 51.4%, en las elecciones colombianas de 2014 votó menos de la mitad del pa-drón, en 2013 en las presidenciales de Paraguay no votó cerca de 1 de cada 3 electores, mientras que en las últimas elecciones mexicanas a presidente votó algo más del 60% del padrón.
Estos resultados ponen de mani-fiesto el ruidoso silencio ciudada-no que se produce cuando el vo-tante decide, paradójicamente, no votar. Este fenómeno tiene fuertes impactos sobre el sistema político que en última instancia alteran la calidad democrática, lo cual justifi-ca su estudio y análisis. Un sistema político minado por la abstención
no solo pierde representatividad, en términos de las disfunciones en la integración de las demandas y preferencias de quienes no vota-ron, sino que también produce un déficit de integración imaginaria, vital para el sostenimiento de cual-quier convivencia colectiva.
Este artículo pretende hacer una contribución al vacío existente en relación al estudio de la abstención electoral, cuestión relegada en los márgenes de las investigaciones so-re comportamiento electoral, a partir del caso argentino. Parti-cularmente, analizaremos cuáles son los factores más favorables a la participación y cuáles estimu-lan la abstención electoral en base a una reciente investigación sobre cultura política en Argentina. Riva-lizando con otras posibles explica-ciones, nuestra hipótesis es que el mantenimiento de bajos niveles de abstención electoral obedece fun-damentalmente a ciertas variables de carácter actitudinal.
II. SOBRE LA ABSTENCIÓN ELECTORAL
Los estudios más conocidos sobre comportamiento electoral, enten-diendo al voto no solo como un
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derecho sino también como una elección, estuvieron orientados a detectar los factores que intervienen en las decisiones electorales (Lipset y Rokkan, 1992; Campbell et al., 1960; Manin, 1998). No obstante, a diferencia de la abundante literatura que intenta dar cuenta de las motivaciones del voto, todavía no exis-te un corpus teórico consistente que aborde acabada-mente la problemática de la abstención electoral. Si se quiere intentar desandar este camino se vuelve nece-sario realizar dos ejercicios complementarios: recortar la singularidad de la abstención electoral y observar cuáles han sido las explicaciones brindadas hasta el momento.
Comencemos por el primero de estos ejercicios. Aquí entendemos al no voto, abstención electoral, como una conducta singular dentro del concepto más am-plio de desafección ciudadana vinculado con “declive del hombre público”, la apatía cívica y el desinterés político (Torcal, 2006). No obstante, es importante en-fatizar el carácter específico de la abstención electoral respecto del fenómeno más amplio de desafección ciu-dadana antes referido. Siguiendo a Hirschman (1986), se adopta la definición del no voto en términos de sa-lida ante una decepción; pero debería añadirse un ma-tiz: no ir a votar sería la última de las diversas puertas de salida que tiene el edificio que habita el sistema po-lítico. Asimismo, dado que frecuentemente son con-solidados como variaciones de un mismo mensaje, es necesario distinguir el acto de la abstención, no ir a vo-tar, del voto negativo, impugnar o anular el voto. Las
elecciones legislativas de 2001 en Argentina reflejan esta distinción. En esos comicios más del 20% de los que participaron votaron en forma negativa, mientras que la participación rondó el 75%, un valor cercano a las performances recientes1.
Luego, en relación al segundo de los ejercicios plantea-dos, es posible reconstruir al menos cinco explicacio-nes para dar cuenta de la pérdida de sentido atribuido al acto de votar: la actitudinal, la de eficacia, la racio-nal, la económica y la legal. En primer lugar, en térmi-nos de percepciones y creencias, la idea generalizada de una oferta política “commoditizada” genera que la noción de elección pierda su impulso motivador al no advertirse por parte del votante contrastes programá-ticos o ideológicos claros en la oferta electoral.
El segundo aspecto explicativo apunta hacia las habi-lidades autopercibidas por los ciudadanos para com-prender la política e intervenir sobre la esfera pública, lo que se denomina “eficacia política interna” (Cam-pbell et al., 1954; Coleman y Davies, 1976). En este sentido, el debilitamiento de la predisposición hacia la participación política alcanzaría su estado más agudo en el no voto.
Tercero, desde el enfoque de la teoría de la elección ra-cional contamos con la denominada “paradoja del vo-tante” (Downs, 1992). Partiendo de la premisa según la cual la motivación que explica el comportamiento
1 Para una interpretación de este fenómeno del voto negativo en Ar-gentina, véase Torre (2003).
Gráfico 1. Participación electoral en Argentina, América y el mundo, elecciones presidenciales 1983-2013.
Fuente: International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance. Disponible en: http://www.idea.int/
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individual es el deseo de maximizar beneficios y re-ducir costos, esta perspectiva sostiene que el desin-terés político, la desafección y la abstención electoral representan respuestas “racionales”. Dada la bajísima posibilidad de incidir en el resultado de una elección, ir a votar resulta una acción desprovista de beneficios claros y repleta de costos.
Cuarto, el no voto también fue explicado como resul-tado de la bonanza económica. Es decir, dado que las cosas “marchan bien”, ¿para qué votar? El ciudadano común podría dedicar todas sus energías a sus activi-dades privadas, sin desviar su tiempo en corregir las imperfecciones del sistema político. Por último, des-de una perspectiva legalista, puede esgrimirse que el voto es producto de su carácter obligatorio. Dicho en otras palabras, voto porque me obligan.
III. ARGENTINA Y LAS BASES ACTITUDINALES DEL NO VOTO
A diferencia de los casos citados en la introducción, Argentina mantiene altos niveles de participación electoral. En este sentido, el Gráfico 1 nos deja ver cier-tas tendencias interesantes. En primer lugar, el prome-dio de participación electoral en las elecciones presi-denciales entre 1983 y 2011 en Argentina se encuentra cercano al 80%. A su vez, para toda la serie temporal de elecciones presidenciales revelada, Argentina pre-senta una mayor participación que el promedio tanto mundial como del continente americano. Tercero, si bien en términos generales la tendencia de participa-ción es descendente, Argentina ha experimentado un crecimiento en el voto entre 2007 y 2011 que parece nuevamente distinguirla de las tendencias mundiales y regionales.
¿Cómo explicar esta masiva participación en Argen-tina? Comencemos por descartar explicaciones para luego presentar nuestra hipótesis de trabajo. En Ar-gentina rige el voto obligatorio desde principios del siglo XX con lo cual no podríamos saber hasta qué punto la participación se debe efectivamente a una obligación legal. Luego, en estos 30 años de democra-cia Argentina ha experimentado distintas situaciones económicas, tanto de crisis como de bonanza, que convivieron con altos niveles de participación. Con respecto a la explicación de la teoría de la elección ra-cional, basta observar el Gráfico 1 para notar que los argentinos insisten “irracionalmente” en votar elec-ción tras elección.
Habiendo descartado estas tres explicaciones, nuestra hipótesis es que en Argentina el mantenimiento de bajos niveles de abstención electoral obedece a cier-tas variables de carácter actitudinal enraizadas en la
cultura política de los argentinos. Para poner a prueba nuestra conjetura recurriremos a una reciente investi-gación llevada a cabo por Flacso e Ibarómetro2 sobre cultura política en Argentina en el marco de una serie de estudios orientados a describir y monitorear las ac-titudes políticas de los argentinos.
Gráfico 2. Acuerdo con la frase: “La política tiene una gran influencia en la vida de cualquier ciudadano”.
Fuente: elaboración propia en base a Quevedo y Ramírez (2014).
Dicha investigación da cuenta de al menos dos carac-terísticas distintivas de la opinión pública argentina, en el marco de un proceso de politización que experi-menta el país (Ramírez, 2013). Primero, como deja ver el Gráfico 2, 7 de cada 10 argentinos reconocen que la política tiene una incidencia significativa en sus vidas. Segundo, en lo que se denominó nihilismo político, la idea de que “todos los políticos son iguales” recoge hoy en Argentina una adhesión minoritaria, inferior al 40% (Gráfico 3).
Gráfico 3. Acuerdo con la frase: “Todos los políticos son iguales”.
Fuente: Elaboración propia en base a Quevedo y Ramírez (2014).
Ahora bien, ¿cuál es el peso de estos factores actitu-dinales dentro de la predisposición a no votar? Para responder a dicho interrogante hemos recurrido a un
2 El estudio fue dirigido por Luis Alberto Quevedo e Ignacio Ramírez (Quevedo y Ramírez, 2014). Se realizó una encuesta de alcance nacio-nal en Argentina de 2000 casos bajo un diseño muestral probabilístico estratificado por población con un margen de error de +/- 2.2% al 95% de confianza.
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modelo de regresión múltiple que permite cuantificar el impacto de distintas variables sobre la predisposi-ción actitudinal de los argentinos hacia el no voto3. Los principales resultados pueden observarse en la Tabla 1.
Conforme lo hipotetizado, las variables de corte acti-tudinal son las de mayor gravitación explicativa sobre la predisposición a no votar. La actitud nihilista, pen-sar que “todos los políticos son iguales”, es la variable de mayor impacto y significación, siendo su coeficien-te el más elevado (0.161). En la segunda posición del ranking explicativo surge una variable concerniente a la relación de las personas con la política y lo público, la eficacia política interna. Según el modelo de regre-sión, individuos con una eficacia política alta están predispuestos a votar incluso si el voto fuese optativo. Luego, el resto de las variables incluidas son estadís-ticamente significativas, pero presentan un impacto relativo menor.
Tabla 1. Modelo de regresión: variables que inciden en la predisposición negativa ante el voto voluntario.
Actitud nihilista,161 **(7,517)
Alto interés por la política-,106 *(-2,507)
Capital social bajo,096 **(4,524)
Alta eficacia política interna-,116 **(-4,955)
Inclinación participativa nula o baja,103 **(4,548)
Mujeres,057 **(2,740)
Nivel educativo medio,044 *(2,102)
R cuadrado 0,166
F 49,49
** p<0.01, *p<0.05Nota: Coeficientes beta estandarizados. Los valores T aparecen entre paréntesis.Fuente: Elaboración propia en base a Quevedo y Ramírez (2014).
De esta forma, discursos políticos “commoditizados”, donde todo es lo mismo, contribuirían con el desen-cantamiento del voto. Por el contrario, ciertos niveles de polarización política configurarían clivajes y des-
3 Se ha realizado una regresión lineal múltiple. Como variable depen-diente se utilizó la predisposición a no votar si el voto fuera voluntario. Las variables independientes fueron: sexo, nivel educativo, interés en la política, eficacia política interna, nihilismo político, inclinación par-ticipativa y segmentación de capital social. Se recodificó cada una de las variables incorporadas en función de “variables dummy”, siendo “1” el valor que expresa la presencia de la práctica o percepción a ser indagada y “0” el valor que expresa la ausencia. Para más información véase, Quevedo y Ramírez (2014).
acuerdos discursivos capaces de cristalizar adhesio-nes y motivar la participación.
IV. COMENTARIOS FINALES
Este artículo intentó abordar una cuestión poco pro-blematizada dentro de los estudios sobre el voto: la abstención electoral. Partiendo de una definición so-bre dicho tema y del reconocimiento de distintas ex-plicaciones del fenómeno, se aportó evidencia que asocia el no voto con variables tanto actitudinales, particularmente el nihilismo político, como de eficacia política. Entendiendo a la abstención electoral como un problema incómodo, las democracias contempo-ráneas tienen más motivos para temerle al exceso de “coincidencias” que a las efervescentes divergencias.
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AIgnacio RamírezLicenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y DEA en Cultura, Comunicación y Política (Universidad Complutense de Madrid). Director de Ibarómetro.
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Guido MoscosoLicenciado en Ciencia Política (Universidad de Buenos Ai-res) y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales (Uni-versidad de Buenos Aires). Líder de proyectos en Ibarómetro.
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Resumen
El artículo se centra en el estudio com-parado de los 69 anuncios televisivos emitidos en las elecciones legislativas de 2013, en el principal distrito de Argen-tina, la Provincia de Buenos Aires. Asi-mismo destaca la importancia de este tipo de análisis para la planificación de futuras campañas políticas.
Palabras clave: Comunicación política, campañas políticas, publicidad, anun-cios políticos televisivos, elecciones pri-marias.
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Abstract
The article is focused on the compara-tive study of 69 TV spots shown during the legislative elections in 2013 in the main district of Argentina, Buenos Ai-res province. Moreover, it highlights the importance of this kind of analysis to plan future political campaigns.
Keywords: Political communication, po-litical campaigns, advertising, political television advertisements, primaries.
Fecha de recepción: 16/02/2015 :: Fecha de aceptación: 26/05/2015
Gustavo Javier de Dios Pantano
Elecciones 2013 en la Provincia de Buenos Aires
¿DE QUÉ HABLAN LOS SPOTS DE CAMPAÑA?
De izquierda a derecha, candidatos de 2013: Sergio Massa, Martín Insaurralde, Margarita Stolbizer, Francisco De Narváez, y Néstor Pitrola.
I. LOS SPOTS COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS
En la actualidad, la política se asocia casi indisolublemente a las distintas formas de comunicación. Los medios masivos, de preferencia audiovi-suales, imponen cada vez más su lógica en la construcción de la realidad política (García Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky, 2005). Es así que, su-mado a la pérdida de influencia y legitimidad de los partidos, estos me-dios se transforman en la usina de información política más consultada por los ciudadanos al momento de tomar decisiones electorales (Martí-nez Pandiani, 2004).
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Si bien es cierto que en los últimos años hubo un gran crecimiento de las redes sociales, el canal más impor-tante entre el sistema político y los votantes continúa siendo la televisión. Precisamente porque permite lle-gar fácilmente al público masivo, posee las mayores audiencias, es un medio audiovisual y, más que nada, de comunicación emocional. Entonces, para hacer una campaña efectiva es necesario tener en cuenta estas características y los anuncios televisivos electorales1 se posicionan como la principal herramienta, al ser mensajes breves pero controlados por sus emisores.
De acuerdo a lo dicho, no se trata del imperio de la comunicación en detrimento de la política, sino de entender que hoy la política se da junto a la comuni-cación (Crespo, Garrido, Carletta y Riorda, 2011). Por ello, el estudio del discurso político de los spots televi-sivos, construido tanto de palabras como de imágenes, constituye una pieza clave –no única, claro está– para comprender las estrategias de los partidos y mejorar la planificación de las futuras campañas.
II. ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2013 EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Los comicios del principal distrito de Argentina po-nían en juego la mayor cantidad de cargos a diputa-do de todo el país: se decidían 35 de las 127 bancas para el Congreso Nacional. La materia pendiente era la competencia interna ya que ninguno de los partidos presentaba más de una lista de precandidatos y las primarias sólo funcionarían como una encuesta para las generales.
La importancia de los comicios radicaba en que, por un lado, –ante la imposibilidad de una nueva reelec-ción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 20152– avizoraban la eventual llegada de nuevos liderazgos y el dilema parecía ser conti-nuidad o cambio. Y, por el otro, la mayoría de los ac-tores protagónicos de la elección aparecían ya como posibles futuros postulantes para el ejecutivo nacional o provincial, como por ejemplo los por ese entonces candidatos a diputado Sergio Massa, Francisco De Narváez y Martín Insaurralde, e incluso el goberna-dor Daniel Scioli.
En este contexto, el abordaje del caso ha permitido es-tablecer de manera probada los rasgos fundamentales de los mensajes de los partidos3. Para ello, la tarea im-
1 Entendidos como “mensajes políticos de campaña, persuasivos, cons-truidos por los propios partidos y no mediatizados por los medios de comunicación” (García Beaudoux et al., 2005: 42). 2 La mandataria no podrá postularse ya que la normativa impide tres mandatos consecutivos. 3 El artículo se fundamenta en la investigación titulada “Anuncios políticos televisivos: un estudio comparado entre las campañas para
plicó la revisión de los 69 anuncios emitidos, a través de la identificación de los temas tratados, las imáge-nes de los candidatos, los discursos desplegados y las tácticas de campaña negativa utilizadas.
III. LAS 10 CLAVES DEL MENSAJE
Tras el análisis de los spots televisivos es posible des-tacar las principales similitudes y diferencias entre las campañas para las primarias y las generales, así como entre los ganadores y perdedores de las elecciones del año 2013 en la Provincia de Buenos Aires.
Los ganadores mantuvieron una estra-tegia homogénea. Los partidos que alcanza-
ron sus objetivos electorales mantuvieron un mensaje homogéneo en ambas fases de la campaña: el Frente Renovador –obtuvo la mayor cantidad de votos– y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores –ingresó a las generales y su candidato, Néstor Pitrola, entró por primera vez al Congreso–.
En contraposición, los que no lograron sus propósitos en las primarias, cambiaron radicalmente su estrate-gia y tampoco obtuvieron buenos resultados en las generales. Prueba de ello han sido el Frente para la Victoria –el oficialismo perdió en muchas localidades que le eran favorables y salió segundo–, Unidos por la libertad y el Trabajo, y el Frente Progresista Cívico y Social –no pudieron repetir la buena performance de anteriores elecciones–.
Los perdedores disminuyeron la canti-dad de anuncios. En total, el conjunto de los
partidos emitió 69 anuncios. En comparación a las pri-marias, la cantidad disminuyó en las generales: pasó de 42 a 27. Los perdedores –el Frente para la Victoria y Unidos por la Libertad y el Trabajo– fueron los que más redujeron el número de piezas televisivas.
Predominaron los spots positivos. A la hora de definir a un candidato, hubo una ma-
yor proporción de spots positivos que de negativos o de contraste y, además, éstos convergieron en una misma campaña. Los primeros abarcaron el 77%, los segundos el 12.5% y los terceros el 10.5%.
El predominio de los anuncios positivos se incremen-tó notablemente en las generales. Es decir, los partidos se concentraron en sus candidatos y prefirieron las
las elecciones primarias y generales de 2013 en la Provincia de Bue-nos Aires”, correspondiente al trabajo final de maestría y defendido con calificación sobresaliente por el autor, en el Máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política, de la Universidad de Santiago de Compostela y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. El estudio fue dirigido por Virginia García Beaudoux y Orlando D’Adamo.
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tácticas de ataque indirecto y las comparaciones con sus oponentes, en detrimento de los ataques directos.
En tanto, el partido ganador, el Frente Renovador, re-currió principalmente a aclamaciones positivas en tor-no a su candidato, Sergio Massa, y uno de los princi-pales perdedores, Unidos por la Libertad y el Trabajo, apeló en su mayoría a ataques a sus adversarios.
El oficialismo y el ganador de las prima-rias, las víctimas preferidas. En las prima-
rias los ataques fueron realizados mayormente por ac-tores y en menor medida por los propios candidatos, siendo el líder de Unidos por la Libertad y el Trabajo, Francisco De Narváez, el que más apeló a este recurso. Los destinatarios principales fueron el Gobierno na-cional y el primero en las encuestas, Sergio Massa. En cuanto a las tácticas, primó la asociación negativa de los oponentes con grupos y personas, seguida por el humor y la ironía.
En cambio, en las generales bajó el nivel de agresivi-dad. Los partidos recurrieron a anuncios de contraste y la táctica predilecta fue la asociación negativa del oponente. La víctima preferida fue el ganador de las primarias, Sergio Massa.
El único partido que utilizó una estrategia de campaña negativa fue el Frente Progresista Cívico y Social. Sin embargo, ante los malos resultados, en las generales se cambió radicalmente hacia un tono más concilia-dor y pluralista para reforzar la cohesión interna del bloque, propósito que en la práctica tampoco se logró.
La mayoría de los partidos modificaron su eslogan. En el transcurso de la campaña
la mayoría de los partidos modificaron su eslogan principal, tanto los que habían cumplido sus objetivos como los que no. En el caso del ganador, en la prime-
ra fase optó solo por el logo “+A”, haciendo un juego de palabras con el apellido de su líder, Sergio Massa. Sin embargo, en las generales se incorporó el eslogan “Más ahora que nunca”, para capitalizar la victoria obtenida en las primarias.
Cuestión de imagen. Se advirtió una marca-da tendencia a destacar las cualidades persona-
les de los candidatos sobre la de exponer sus proposi-ciones políticas. Tal como lo demuestra que el 51% de los spots se haya centrado exclusivamente en aspectos de la personalidad de los políticos y solo el 18.5% en temas –el 30.5% conjugó ambos aspectos– . Esta cues-tión se profundizó en las generales.
Las emociones, las grandes protagonis-tas. Las campañas tuvieron anuncios televisi-
vos con mayor contenido emocional que racional. En el 66.6% de los spots se identificó la intención de evo-car una respuesta emocional en la audiencia, el 78.2% positivas y el 21.7% negativas. Las apelaciones lógicas estuvieron presentes en el 28.9% y las éticas, en el 26%.
Las propuestas, las grandes ausentes. El discurso político desplegado en los spots fue
utilizado con fines más expresivos que programáticos. Aunque en el 42% se expuso preocupación por alguna cuestión, sólo en el 20.2% se presentaron propuestas específicas. Esta tendencia se mantuvo tanto en las primarias como en las generales, e incluso se profun-dizó. Los grandes temas fueron economía, seguridad y trabajo.
Cristina Fernández de Kirchner, actual primera mandataria de Argentina y Sergio Massa, diputado y candidato a presidente.
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Hombre común. Captura de pantalla de spot de Martín Insaurralde, quien a poco de asumir como diputado renunció y regresó a la intendencia del municipio bonaerense de Lomas de Zamora.
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Hombres comunes y patriotas. Las principales apelaciones de imagen de los candidatos fue-
ron honestidad, integridad, hombre común, patrio-tismo y capacidad. La única que se incrementó en las generales fue la de patriotismo. Vale recordar además, que sólo uno de los 5 primeros candidatos a diputado era mujer, Margarita Stolbizer, por el Frente Progresis-ta, Cívico y Social.
Los candidatos por encima de los par-tidos. El análisis ha permitido corroborar un
predominio de la presencia de los candidatos sobre la de los partidos. El 43.4% de los spots enfatizó la ima-gen de los políticos y solo el 30.4% el contenido parti-dario. Es decir, se reforzó la tendencia a la personali-zación de las campañas.
REFLEXIONES FINALES
En síntesis, de acuerdo a la investigación de los anun-cios televisivos de las elecciones de 2013 en la Provin-cia de Buenos Aires, en primer lugar se puede concluir que los partidos que alcanzaron sus objetivos man-tuvieron un mensaje homogéneo. Asimismo que –si bien es esperable que ante una mala performance en las primarias, se realicen modificaciones– los cambios radicales tampoco dieron buenos frutos.
No obstante, tanto para ganadores como perdedores, los resultados de las primarias tuvieron efecto en el diseño del mensaje para las generales. En el primer caso, profundizarlo; en el segundo, modificarlo. En re-lación al partido ganador, se puede apreciar, además, que su estrategia se centró en realzar las cualidades de su candidato y no así en responder de manera directa a los embates de sus oponentes.
En segundo lugar, es posible señalar que las principa-les semejanzas entre ambas fases de la campaña fueron el uso de un discurso político con fines más expresivos que programáticos, la escasez de propuestas claras, la supremacía de los anuncios positivos sobre los nega-tivos, un mayor contenido emocional que racional y una marcada tendencia a la personalización. En tanto, las mayores diferencias estuvieron en la disminución del número de anuncios y del nivel de agresividad en las generales.
Finalmente, es acertado sostener que algunas de las diferencias entre las campañas para las generales es-tán dadas por los resultados obtenidos en las prima-rias. Es decir, lo que determina la continuidad o el cambio de la estrategia en las generales no sería tanto la naturaleza de la elección, sino si el resultado de las primarias respondió a las expectativas.
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Gustavo Javier de Dios PantanoMagister en Comunicación Política e Institucional. Docente de la Universidad Católica Argentina
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Captura de pantalla de spot del Frente de Izquierda y de los Traba-jadores, que centró su estrategia en temas.
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Resumen
El concepto de valor es fundamental para las ciencias sociales. A principios del siglo XX se identificaron las actitudes y los valores que determinan la actividad individual real o posible en el mundo social como el principal objetivo del análisis de la teoría social. La comunicación política puede verse como un fenómeno complejo de intercambio de todo tipo, que se produce a través de símbolos y sig-nos entre los individuos y/o grupos de personas, los valores serán nuestro objeto de estudio la era digital 2.0.
Palabras clave: Comunicación política, valores, era digital 2.0.
Abstract
The concept of value is central to the social sciences. In the early twentieth century the attitudes and the values which determine real or possible individual activity in the social world were identified as the main aim of social theory analysis. The political communica-tion can be seen as a complex phenomenon of exchange of all types , which occurs through symbols and signs between individuals and/or groups of individuals, the values will be our object of study in the digital age 2.0
Keywords: Political communication, values, digital age 2.0.
Fecha de recepción: 16/01/2015 :: Fecha de aceptación: 26/05/2015
Jesús Esteban Cárcar Benito
UNA APROXIMACIÓN A LA TRASMISIÓN DE LOS
VALORES EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA
EN LA RED 2.0.
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I. ¿QUÉ CONCEPTO ANALIZAMOS?
En el mundo actual, sería limitado entender la Comu-nicación Política desde una visión restringida de la actividad que se produce. La restricción está, por una parte, en la consideración de los protagonistas. Otra cuestión es el mensaje que incluye tanto los expresos como aquellos que están implícitos y que participan de un contexto cultural. En este sentido, habría que abogar por un visón abarcante (Canel, 2006). Es decir, que la comunicación puede ser vista como un fenóme-no complejo de interrelación (Del Rey, 1995:173). La resolución de conflictos y la satisfacción de la plurali-dad de intereses comunes convierten los valores que se forman en cualquier esfera en aspectos significati-vos para el desenvolvimiento político de la sociedad en la red. 2.0.
El concepto de valor es central en el objetivo princi-pal de la teoría social y en el estudio de las actitudes. Estas son “un proceso de la conciencia individual que de-termina la actividad real o posible del individuo”, mientras que los valores son “cualquier dato con un contenido em-pírico accesible a los individuos de un grupo social” (Tho-mas y Znaniecki, 1958).
II. EL ESTUDIO DE LOS VALORES
Los valores son elementos analíticos del cambio so-cial que lleva a cabo la teoría del materialismo y pos-materialismo de R. Inglehart. La tesis principal será que el siglo XX ha llevado a un cambio que denomina “valores posmaterialistas” en los públicos occidenta-les. Habría dos hipótesis claves conectadas:
1. La “hipótesis de la escasez”, mayor valor subjeti-vo a las cosas de las que existe una oferta relativamen-te escasa (el entorno económico).
2. La “hipótesis de la socialización”, que va de lo social a lo individual, moldeando la subjetividad des-de la infancia, preferencias, valores e intereses de los individuos y no se realiza de forma inmediata.
Ante un cambio de valores, requerimos los siguien-tes conceptos:
a. Valores materialistas: los que dan prioridad máxi-ma a la seguridad y al sustento físico.
b. Valores posmaterialistas: los que hacen mayor én-fasis en la autoexpresión y calidad de vida.
Estos no son, sino preferencias colectivas que apare-cen en un contexto institucional, y que por la manera en que se forman contribuyen a su vez a su regulación de este contexto.
III. PLANTEAMIENTO PARA LA HIPÓTESIS DE LOS VALORES
Hubo una tendencia global de cambio intergeneracio-nal (Inglehart, 2000) desde la prioridad de los valores materialistas (valores “de supervivencia”) a la de va-lores posmaterialistas (valores “de auto-expresión”) las metas que los individuos consideran como más importantes (Inglehart, 2003). Esto es así, porque no hay una relación directa entre el nivel económico y el predominio de los valores posmaterialistas, porque estos reflejan el sentimiento de seguridad subjetivo de las personas, no su nivel económico per se.
La seguridad económica conduce a objetivos como la estima, la autorrealización y la calidad de vida –valo-res posmaterialistas–, a menudo denominados “nece-sidades de orden superior” (Maslow, 1954), orientán-dose de forma continuada hacia la individualización. Empero, los valores de autoexpresión pueden estar disminuyendo a favor de la seguridad entre los del “centro social”, es decir, entre las elites de ciertos paí-ses desarrollados (Díez Nicolás, 2011).
IV. MODERNIZACIÓN-POSMODERNIZACIÓN 2.0
Modernización es un término que se refiere a los cam-bios interdependientes fundamentales en el ámbito económico, tecnológico, sociocultural, político y de orientaciones valorativas asociadas como es el proce-so de individualización. Cuando se habla de moderni-zación, hoy en día, hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En la era de 2.0, el individuo, apoyado en la demo-cracia, el libre mercado y sus capacidades, determina sus objetivos a lograr y sus estrategias de realización individual, ya que la existencia de monopolios esta-tales tiende a desaparecer (Osborne y Gaebler, 1999). Sin embargo, en esta Sociedad-Red, en el que desapa-recen los roles predominantes (partidos políticos y sindicatos) surgen nuevos modelos de movilización ciudadana, como la ética hacker nace frente al webe-rianismo.
La desconfianza de la ciudadanía hacia estructuras del pasado, muy relacionadas con la centralización del poder, ocultación de información y opacidad, su-mado al descrédito y la corrupción, son evidentes. La Sociedad-Red va más allá de un simple proceso acceso a la información, hablamos de valores e interacciones de una manera organizativa de nuestras vidas (Cas-tells, 2012).
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V. ¿CUÁLES SON LOS VALORES SOCIALES EN LA RED PARA LA COMUNICACIÓN POLÍTICA?
Internet es el núcleo de un nuevo paradigma socio-técnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, trabajo y comunicación. El problema práctico consiste en determinar si es posible una civilización viable sin ningún fundamento o valores. Nos tendríamos que preguntar: “¿Es suficiente la tolerancia mutua sin un fundamento más seguro que la mera preferencia?” (Rorty, 1983).
Las estructuras políticas son colocadas frente a las nuevas relaciones horizontales, y la distribución que significa la Sociedad 2.0 (viralidad del mensaje). Es posible que la ausencia de algunos valores éticos haya tenido influencia en la recesión que sufrimos. Ade-más, habría que recordar que los valores morales (la solidaridad) son efectivos en la vida pública (Cortina, 2011) y no sólo porque es la forma de lograr cohesión social.
Las reglas éticas sólo pueden ser expresión de “un respeto universal”, que implica “reciprocidad iguali-taria” (Del Arco, 2004: 93) La comunicación política será eficaz, si potencia y difunde esos valores.
¿Necesita la comunicación de la política una rege-neración? Las comunidades virtuales se encontrarán cohesionadas en y por la acción colectiva en la Red, ya sin autoridades morales, siendo ellas mismas las gestoras, hablamos de prosumer o prosumidor, que es a vez productor de información y difusión (Fernán-dez Beaumont, 2010). Sin embargo, cuando se habla de autonomía de y en las redes, de una tecnología de la libertad como valor, viaja esta pregunta: ¿Quiénes son los dueños de las redes sociales?
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Jesús Esteban Cárcar BenitoProfesor Asociado en Ciencia Política y de la Administra-ción, Universidad de Murcia.
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En el periscopio de este número contamos con varios análisis de las elecciones municipales y auto-nómicas del pasado 24 de mayo en España. También analizamos las elecciones del 10 de mayo en Uru-guay, y los comicios celebrados el 7 de junio en México.
Las elecciones municipales y au-tonómicas en España estuvieron marcadas por la aparición de nue-vas fuerzas políticas emergentes que han obtenido por primera vez representación. Esto ha supuesto un debate posterior sobre la con-formación de gobiernos, a través de los nuevos pactos que rompen con la dinámica habitual de mayorías amplias en el país. El reciente es-cenario ha evidenciado la pérdida de numerosas Comunidades Autó-nomas y ciudades para el PP, y la recuperación de algunos territorios para el PSOE, a pesar de tener que recurrir a pactos para formar go-bierno. Las nuevas candidaturas de la llamada “unidad popular”, y otras fuerzas de izquierda entre las que se encuentra el partido Po-demos han venido a poner de ma-nifiesto lo que algunas encuestas vaticinaban, pero no se puede ha-blar de una completa satisfacción de las expectativas. A pesar de ello, gobernarán, entre otras, en las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona. Por último, la forma-ción política Ciudadanos ha sido la llave de algunos gobiernos, que en base a su discurso de regeneración democrática ha sabido estudiar la coyuntura apoyando en ocasiones al PP y en otras al PSOE.
En el caso de las elecciones depar-tamentales y municipales de Uru-
guay, podemos hablar en términos generales de una elección marcada por la continuidad. El Frente Am-plio conquistó más del 50% de los votos en la capital, fracasando los partidos tradicionales en su tenta-tiva de formar un frente contra la izquierda, y perdiendo electores en relación a las elecciones del 2010. El Partido Nacional conservó las re-giones del interior del país, mante-niendo 12 de los 19 departamentos. Por tanto, menos en Montevideo, el incremento del FA en las pasadas elecciones de octubre no se ha tra-ducido en un cambio de poder en departamentos y municipios.
Por otra parte, las pasadas elec-ciones federales del 7 de junio en México han estado marcadas por una gran competitividad, superior a lo habitual. El tablero político ha conservado cierto equilibrio de los partidos tradicionales: el Parti-do de la Revolución Institucional (PRI) sigue ocupando el primer lugar con mayoría relativa, por delante del Partido Acción Nacio-nal (PAN). En tercera posición se encuentra el Partido de la Revolu-ción Democrática (PRD). A pesar de esta aparente ponderación, los tres partidos han sufrido un cierto desgaste electoral. El PRI ha nece-sitado a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México para salvar la estabilidad parlamentaria y el PRD ha perdido un número considera-ble de diputados, probablemen-te recogidos por el partido recién creado por Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato pre-sidencial con el PRD.
En cuanto a las citas electorales de los próximos meses, destaca Ar-
gentina con sus primarias para el día 9 de agosto. Estas elecciones decidirán quiénes serán los candi-datos a Presidente de la Nación y a Legisladores Nacionales. Ese día el conjunto de agrupaciones políti-cas propondrá a sus precandidatos para tales cargos y serán los ciuda-danos quienes decidan a través de su voto, en unas elecciones obliga-torias, abiertas y simultáneas. Una vez elegidos los candidatos en esas primarias, la vista estará puesta en las elecciones Presidenciales y Le-gislativas fijadas para el 25 de oc-tubre.
Por último, Guatemala celebrará el 6 de septiembre unas importantes elecciones en las que se elegirá a los nuevos Presidente y Vicepresidente del país, y se renovarán a los dipu-tados del Congreso y Parlamento guatemaltecos. Diversos casos de corrupción en las más altas esferas institucionales y un cierto hartazgo popular del sistema político tradi-cional podrían entorpecer unos co-micios en los que podrían despun-tar nuevos rostros de la política.
Mónica Belinchón Alonso
UN VERANO ENTRE ELECCIONESPERIS
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EspañaNoviembre/Diciembre 2015Elecciones Generales
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Guatemala9 de septiembre de 2015Elecciones Presidenciales y legislativas
Argentina25 de octubre de 2015Elecciones Presidenciales y legislativas
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Francisco J. Llera Ramo
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 24-M: LA VICTORIA AMARGA DEL PP
Resumen
Las elecciones autonómicas y locales puede que sean de segundo orden, pero el pasado 24 de mayo, los ciudadanos de 8.122 Ayun-tamientos y de trece Comunidades Autónomas eligieron a sus re-presentantes para los próximos cuatros años. Estos comicios han cambiado algo respecto a los anteriores y es que tanto Podemos como Ciudadanos han copado mucho protagonismo dejando otros temas, que antes eran relevantes, en el tintero. Todos estos cambios han he-cho que este sufragio se pueda considerar la primera vuelta de las generales.
Palabras clave: Elecciones autonómicas y locales, partidos políticos.
Abstract
The regional and local elections may be second order, but last May 24, the citizens of 8.122 municipalities and thirteen regions elected their representatives for the next four years. These elections have changed somewhat over the previous is that Podemos and Ciuda-danos had been more important than another issues, that they were very relevant, in a second line . All these changes have made this vote can be considered the first round of general elections.
Keywords: Regional and local elections, parties.
Aunque estemos ante unas elecciones de segundo or-den, las celebradas el 24 de Mayo van a producir la renovación de la mayor parte de la estructura política española con, al menos, unos 80.000 cargos: 8.122 al-caldías, 67.640 concejalías, 804 parlamentarios regio-nales, 153 junteros forales, 231 consejeros insulares y 1.040 diputados provinciales. A ellos hay que añadir-les los 13 gobiernos autonómicos, las 3 diputaciones forales y los cientos o miles de asesores municipales, parlamentarios y de los gobiernos regionales y fora-les. Todos ellos conforman la mayor parte del tejido representativo y ejecutivo de nuestro país, con sus co-rrespondientes cúpulas administrativas y de tecnoes-tructura.
En este contexto, las elecciones locales y autonómi-cas son el primer gran test electoral del apoyo con el que sigue contando, no solo el Gobierno y su partido (PP), sino también el principal partido de la oposición (PSOE) y, en consecuencia, el formato del sistema de partidos de las últimas décadas, a pesar de no jugarse en la arena nacional, ni cuestionarse la mayoría de go-bierno. Sin embargo, en esta ocasión el gran protago-nismo adquirido por la crisis y las consecuencias de su gestión, la corrupción y, sobre todo, las propuestas de regeneración democrática y de reformas, puestas en la agenda por los nuevos actores políticos (PODEMOS y CIUDADANOS), han podido eclipsar otros asuntos como la gestión o el mejor o peor perfil de los can-didatos locales y sus propuestas programáticas más particulares.
Las movilizaciones del 15-M antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2011 iniciaban un ciclo de largo recorrido que, primero, se llevaría por delan-te las mayorías socialistas en el poder institucional y, segundo, produciría la debacle del PP cuatro años más tarde. Para ello, el movimiento necesitaba tiempo para organizarse y la alternancia popular en las institucio-nes le facilitaba el objetivo de mantener viva la movili-zación callejera y mediática frente a un “enemigo” cla-ro a batir (los gobiernos del PP), al tiempo que dejaba descolocado al PSOE, al que hacía corresponsable de la situación en medio de su propia crisis de liderazgo y de orientación estratégica. De ahí que estas eleccio-nes, por muy condicionadas que estén por la variedad de los liderazgos, trayectorias, implantación y gestión local y territorial, se hayan planteado, también y nece-sariamente, en clave nacional, como si, después de las Europeas y las Andaluzas, fuesen la primera vuelta de las próximas generales.
Aunque ya IU y UPyD habían empezado a señalar en esa dirección, cosechando algún resultado competiti-vo en la primera parte del ciclo, será PODEMOS y su núcleo organizador, sobre todo, quien encarne desde el comienzo de la legislatura la vanguardia de un mo-vimiento nacido de la izquierda radical que, aprove-chando la situación de aturdimiento orgánico y políti-co del PSOE y la falta de respuesta conjunta de los dos partidos de gobierno (PP y PSOE) a los grandes retos económicos e institucionales, facilitaron su irrupción estelar en la arena mediático-política con un eco social
Fecha de recepción: 10/06/2015 :: Fecha de aceptación: 15/06/2015
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sin precedentes. Una mezcla de incomprensión con lo que estaba pasando en nuestro país, al menos, desde 2010, de ceguera partitocrática y de enganche inercial a la dinámica de adversarios de PP y PSOE (bien ejem-plificada en el “y tú más”), desde el gobierno o la opo-sición, unidos a la carencia de respuestas reformistas conjuntas y en profundidad, les han llevado a ambos a un desgaste electoral sin precedentes, que les sitúa a ambos en la casilla de salida de 1977 (PSOE) ó 1982 (PP).
A rebufo de esta situación competitiva y de la polari-zación centrífuga de los dos grandes partidos, perci-bidos por sus votantes como más alejados del centro que ellos mismos, CIUDADANOS es capaz de articu-lar una oferta reformista seria y radical destinada a ese potente caladero del electorado de centro, abandona-do o descuidado por la ceguera competitiva y pola-rizadora de PP y PSOE y que, al principio, amenaza-ba con caer en las redes discursivas de la desafección transversal tendidas por PODEMOS (con su significa-tivo mensaje de “ya no es una cuestión de izquierda o derecha”). Pero, el freno electoral a la estrategia de PODEMOS que ha supuesto CIUDADANOS, al me-nos, desde las elecciones andaluzas tampoco se puede entender sin la potente promoción mediática.
En una estructura mediática, profundamente, pola-rizada (Hallin y Mancini, 2004) y acostumbrada a la simplificación comercializadora y al espectáculo fácil, que banaliza la vida política, los medios pugnan entre sí por el control de la agenda (agenda setting), fijándo-
le a gobierno y oposición cuales deben ser los temas a debatir por la opinión pública, las prioridades de las que responder y, sobre todo, generando un encuadre (framing) de la situación más favorable a la puesta en escena y a los discursos de los liderazgos emergentes que a las desgastadas formas de competir y respon-der de PP y PSOE, incapaces de tomar la iniciativa.
En esas circunstancias no puede sorprender a nadie la generación de un clima social de fin de ciclo, de ne-cesidad de cambio profundo, de descrédito e indife-rencia ante lo que puedan ofertar PP y PSOE, de sos-pecha permanente respecto de sus candidatos (véase lo sucedido, por ejemplo, los últimos días de campa-ña en Madrid y Valencia con Aguirre y Barberá, por citar solo dos casos emblemáticos) y de desconexión social y mediática de estos partidos y sus líderes, su-mergiéndoles en la espiral del silencio de una parte de sus electorados por efecto de una eficaz campaña ne-gativa (Ansolabehere e Iyengar, 1995). En este contex-to, además, entra en juego un entorno comunicativo mucho más plural y sesgado sociológica y, sobre todo, generacionalmente, como es el de las redes sociales o blogosfera (Schweitzer, 2010), cuya eficacia negativa es mucho más potente, al tiempo que favorece a los nuevos actores.
Nunca en una legislatura el desgaste de quien detenta la mayoría del poder institucional ha sido tan rápido y tan amplio como el sufrido por el PP en las elecciones del 24 de mayo, si bien es verdad que nunca, tampoco, desde la ruptura de la UCD al comienzo de los 80 y
De izquierda a derecha, Pablo Iglesias, líder de Podemos y Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
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su sustitución por la posición hegemónica del PSOE, un partido había detentado tanto control institucional como el conseguido por el PP desde las elecciones lo-cales y autonómicas de 2011. A pesar de lo cual, el PP gana las elecciones en todos los niveles, aunque pier-da casi todas sus mayorías absolutas y complique su permanencia al frente de buena parte de las institucio-nes locales y territoriales más importantes.
Por lo tanto, al fuerte desgaste socialista iniciado en 2011 y no frenado en 2015, se ha añadido ahora el del PP, situándose ambos en sus peores resultados en mu-chos años, cumpliéndose la estrategia del “dos por uno” del movimiento popular nacido del 15-M. Dos causas están detrás del mismo: la gestión de la brutal crisis financiero-fiscal, con sus fatales consecuencias sociales y de deterioro de los servicios públicos, y la corrupción en una parte de la clase política, que han hecho saltar por los aires la confianza institucional y ha producido desafección política y fatiga partitocrá-tica, al tiempo que ha movilizado, de forma crecien-te y variada, a una parte de la población desde que el movimiento 15-M diera el pistoletazo de salida. El resultado es, sin duda alguna, un éxito sin preceden-tes del clima social y de la agenda promovida por la movilización social y sus amplificadores mediáticos y de la blogosfera. Pero, también, de la incomprensión y falta de respuesta reformista de los dos actores princi-pales del sistema (PP y PSOE), convertidos en gobier-no y oposición con escaso crédito para la mayoría del electorado.
Hasta ahora, las victorias amargas, como la protagoni-zada por el PP el 24 de Mayo último, solían completar-se con su correlato de las dulces derrotas del perdedor. El PSOE puede tener la tentación y la ceguera de hacer esa lectura, mediante la alquimia retórica de las mayo-rías de progreso, que no son otra cosa que coaliciones negativas de difícil digestión y eficacia. En efecto, el espejismo es que en la suma aritmética de todas las fuerzas de cambio (el único sentido garantizado del mismo es el del desalojo del PP) el PSOE sea la fuerza hegemónica que marque los tiempos y el sentido de esta gran alianza de progreso (que incluye, claro está, nacionalistas de distinta orientación, independentis-tas, populistas, antisistema, antisocialistas viscerales, etcétera, junto con gente con muy buena voluntad).
Si hay algo claro en el sentir ciudadano del actual ciclo político es:
Primero, que los ciudadanos están muy descontentos con los viejos modos partidistas de ocupación y ejerci-cio del poder y la oposición;
Segundo, que no apuestan por las mayorías absolutas y, consecuentemente, prefieren gobiernos obligados a pactar y a acordar (sean con fórmulas de coalición u otras);
Tercero, que están cansados del oligopolio bipartidista y su dinámica de adversarios urbi et orbe;
Cuarto, que quieren reformas en profundidad que adecenten y regeneren la vida política;
Quinto, que no están de acuerdo o no han entendido el sentido de todas las políticas anticrisis y prefieren otras políticas; y
Sexto, que todavía hay una mayoría que sigue con-fiando en que los dos grandes sean capaces de llevar el timón del nuevo rumbo político que necesita el país.
Lo que está igualmente claro es que los ciudadanos no han expresado preferencias claras por ninguna forma de coalición y afirmar lo contrario es una interpreta-ción interesada, de corto alcance y, mayormente, de vieja política.
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Francisco José Llera RamoCatedrático de Ciencias Políticas. Universidad del País Vasco.
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Gabriel Elorriaga Pisarik
ESPAÑA: CUANDO EL VOTO NO DECIDE
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Resumen
La crisis económica e institucional ha fraccionado el mapa político español. Pero esta situación no es nueva, ya que desde la instaura-ción de la Democracia en numerosos territorios han surgido partidos políticos nacionalistas que han apoyado la creación de gobiernos de coalición. Con la llegada de Podemos y Ciudadanos parecía que la situación iba a cambiar, sin embargo su protagonismo las elecciones del 24 de mayo fue sobrevalorado durante el proceso preelectoral.
Palabras clave: Gobiernos autonómicos, gobiernos locales, partidos políticos, pluralidad.
Abstract
Economic and institutional recession has split the Spanish political map. But this situation is not new, because since the establishment of Democracy in many regions have emerged nationalist political parties that have supported the establishment of coalition govern-ments. With the arrival of Ciudadanos and Podemos it seemed that the situation would change, but its role the May 24 elections was overrated during the pre-election process.
Keywords: Regional governments, local gobernments, parties, plu-rality.
El resultado electoral del pasado 24 de mayo, aun siendo esperado, no ha dejado de causar un cierto desconcierto. Las tendencias políticas estaban ya an-ticipadas hace algún tiempo, más allá de la exactitud de cada uno de los pronósticos. Sin embargo, ha cau-sado sorpresa la actitud de algunos partidos políticos minoritarios muy decididos a utilizar sus votos para conformar mayorías pero completamente huidizas a la hora de asumir responsabilidades concretas de go-bierno si no las protagonizan ellos.
La fragmentación no es novedad, lo anómalo es que los partidos no quieran hacer efectivo el mandato que han recibido de sus electores.
No es raro que tras una profunda crisis económi-ca e institucional surjan nuevas fuerzas políticas y se fraccione el mapa político español. Lo que tantas veces se ha llamado bipartidismo imperfecto ha sido siempre una realidad parcial, ausente en buena parte de nuestra geografía. Es más, desde el comienzo de la etapa democrática la presencia de opciones nacio-nalistas en determinadas Comunidades Autónomas hizo completamente habitual la pluralidad política de la representación y la ausencia de mayorías absolutas. Pero, además, casi en todas ellas (Baleares, Valencia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Andalucía, etc.) hemos visto, en uno u otro momento, gobiernos de coalición más o menos complejos. La fragmentación no es, por lo tanto, la no-vedad por mucho que ahora llame la atención el que
se haya generalizado a todas las Asambleas autonó-micas y buena parte de las capitales, lo que resulta del todo anómalo es que en la gran mayoría de los casos los partidos no quieran hacer efectivo el mandato que han recibido de sus electores.
Los procesos electorales deben servir para dibujar una representación adecuada de la pluralidad política y, al tiempo, para conformar mayorías de gobierno. Y no es lo mismo construir una mayoría a partir de la pluralidad que elegir a un alcalde o al Presidente de una Comunidad. Lo primero exige actitud construc-tiva orientada a ceder en las posiciones propias en la búsqueda de un programa amplio en beneficio de la mayoría y de la estabilidad. Lo segundo es un acto instantáneo y poco maduro, no sustentado en manda-to electoral alguno puesto que fueron minoría quienes previamente anunciaron a sus seguidores cuales iban a ser sus preferencias, y destinado al fracaso a medio plazo.
La mayoría de los gobiernos que inician ahora su an-dadura, locales o regionales, no tienen garantizados, ni apenas hablados, los primeros presupuestos que inmediatamente deben abordar. No se ha querido ne-gociar los planes de gobierno, ni mucho menos parti-cipar en la efectiva dirección de las instituciones; las nuevas fuerzas han decidido respaldar la investidura de unos u otros, más sobre la base de equilibrios po-líticos generales que por circunstancias locales, pero dejando clara su inhibición para la asunción de cual-quier tipo de responsabilidad en la gestión.
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El porqué de esta actitud es discutible. Muy posible-mente los resultados no han sido los esperados para los partidos emergentes, cuyas expectativas han esta-do por momentos muy sobreevaluadas. Las platafor-mas de izquierda han tenido mejor resultado en las grandes capitales que las listas de Podemos en la Co-munidad respectiva lo que, de alguna manera, cues-tiona el acierto de haber intentado transformar movi-mientos ciudadanos en estructuras jerarquizadas de partido. En el caso de Ciudadanos, sus resultados son objetivamente pobres por mucha que haya podido ser su influencia a la hora de completar mayorías. En cualquier caso, una cierta frustración parece que les ha llevado a querer administrar sus tiempos mantenien-do parcialmente ocultas sus verdaderas preferencias a la hora de gobernar.
El esquema vigente aleja del ciudadano la decisión de elegir a su
alcalde y todavía más su capacidad de influir en los programas que resultarán
finalmente aplicados.
Hace ya mucho que se viene discutiendo sobre la ido-neidad de nuestro sistema electoral para cumplir con las tareas que tiene encomendadas. Las críticas y las propuestas de reforma han sido constantes en el caso de las corporaciones locales, una institución parla-mentarizada entre nosotros que en el resto del mundo occidental tiene unas características mucho más per-sonalistas y ejecutivas. Cuando se llama a los electores a las urnas estos piensan, con razón, que acuden allí a elegir a sus alcaldes, alguien a quien querrían conocer porque tomará decisiones muy concretas (la limpieza de su entorno, su movilidad, la seguridad más próxi-ma, etc.) que afectarán durante años a sus acciones más cotidianas. El esquema vigente, sin embargo, ale-ja del ciudadano la decisión de elegir a su alcalde y todavía más su capacidad de influir en los programas que resultarán finalmente aplicados.
Primero el Partido Socialista, y en los últimos años también el Partido Popular, han propugnado un sis-tema de doble vuelta para la elección de los Alcaldes. Sin duda la fórmula admite soluciones diferentes, y tampoco es la única que podría permitir conocer de
los electores sus preferencias en ausencia de una ma-yoría clara sobre la primera opción. La ventaja de cualquiera de estas fórmulas es que traslada directa-mente a los ciudadanos una decisión que les afecta de manera principal evitando así componendas poste-riores de los partidos políticos. Es contradictorio que quienes propugnan esquemas asamblearios para la toma de cada una de sus decisiones internas nieguen la posibilidad de votar al conjunto de los ciudadanos sobre aquellos asuntos que le son propios. Como tam-poco parece muy congruente que quienes reclaman a otros una mayor transparencia y responsabilidad en la actividad pública no asuman, sin embargo, lo propio a la hora de adelantar al electorado sus preferencias políticas de acuerdo o de concretar los programas con los que se gobernará gracias a sus votos.
Los gobiernos regionales tienen, sin duda, unas carac-terísticas diferentes que no hacen necesario ni acon-sejable virar hacia modelos más presidencialistas; de hecho, son muy minoritarias las propuestas en tal sentido. Sin embargo, manteniendo la estructura par-lamentaria típica de nuestro modelo de democracia representativa y de las funciones de definición políti-ca que son propias de una asamblea legislativa con ca-pacidad de orientación y control de unas Administra-ciones con muy importantes competencias, tampoco resulta edificante ver cómo se han solventado la ma-yor parte de los acuerdos de investidura. Ni se quie-ren gobiernos de coalición con la entrada de quienes respaldan la elección, que sería la forma más precisa de reflejar el resultado de las urnas, ni tampoco se ex-plicitan programas compartidos de gobierno.
Estamos por lo tanto en trance de constituir una plu-ralidad de gobiernos débiles, carentes de mayorías parlamentarias capaces de respaldar sus decisiones y, en definitiva, sometidos al socaire de coyunturas ahora im-previsibles. Sin duda, un pobre comienzo de mandato.
Todas las reflexiones anteriores sirven para hacer una reflexión más amplia sobre el nuevo equilibrio político hacia el que aparentemente caminamos. Un traslado por analogía de los resultados locales a unas elecciones generales nos apuntaría a un futuro lleno de nubarrones. El problema no surge de la pluralidad ni del multipartidismo si esa fuera la voluntad de los
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ESPAÑA: CUANDO EL VOTO NO DECIDE
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españoles, la dificultad surge de la falta de madurez demostrada tras las elecciones de primavera por las nuevas fuerzas políticas surgidas de las urnas. La au-sencia de un compromiso real con sus electores, solo entendible por el enorme peso que el tacticismo ocupa entre sus preocupaciones, auguran un futuro difícil para la composición de mayorías sólidas de gobierno. Cabe aquí repetir la reflexión anterior en el sentido de que no resulta novedosa la posibilidad de gobernar en minoría, de hecho sólo tres de las legislaturas vividas desde 1978 han tenido tan amplio respaldo (y vamos por la décima), lo nuevo es la falta de compromiso aparente para componer y respaldar mayorías en el futuro.
Queda tiempo aun para saber qué ocurrirá en el oto-ño; los tiempos políticos, en ocasiones, tienen poco que ver con el calendario. Pero estamos aprendiendo ya la manera en la que unos y otros administran los resultados. Los grandes partidos nacionales que du-rante años hemos sido el eje de la acción de gobierno tendremos que extremar nuestras capacidades para
reconectar con esa parte del electorado que en esta ocasión nos ha dado la espalda. Los partidos mino-ritarios ya conocidos (IU y UPyD) es difícil que recu-peren ya sus posiciones pasadas. Y las nuevas fuerzas deberían revisar estrategias y actitudes si pretenden ser determinantes en un futuro próximo. Quienes pen-saron que las elecciones locales serían unas primarias de las generales es muy posible que se sientan ahora frustrados por su pronóstico. La partida ha vuelto a comenzar.
Gabriel Elorriaga PisarikDiputado nacional por Madrid del Partido Popular.
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Pablo Mieres
LAS ELECCIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN URUGUAY 2015
Resumen
La intensidad del sistema electoral uruguayo hace que durante año y medio el país esté sumergido en una continua campaña electoral. El pasado 10 de mayo se culminó este proceso con la celebración de las elecciones departamentales y municipales. Los resultados de estos comicios fueron sustancialmente diferentes a los anteriores, ce-lebrados seis meses antes, debido a que los ciudadanos en esta oca-sión se han fijado en el candidato y no en el partido. Además influye que los votantes sólo pueden votar a una formación tanto para las locales como para las departamentales. Pero si se analizan a fondo, los datos de este sufragio se puede ver que son muy parecidos a los de hace cinco años.
Palabras clave: Elecciones departamentales y locales, ley electoral, intendente.
Abstract
The intensity of the Uruguayan electoral system makes that during a year and a half, the country is immersed in an election campaign. On May 10 this process culminated with the celebration of the de-partmental and municipal elections. The results of these elections were substantially different from the previous, held six months ear-lier, because this time citizens have been set at the candidate rather than the party. It influences too, that the voters can only vote a only one party locals and departmental. But if analyzed thoroughly, the data from this elections you can see that are very similar of the elections celebrated five years ago.
Keywords: Departmental and local elections, electoral law, mayor.
El domingo 10 de mayo se completó el ciclo electoral uruguayo con la realización de las elecciones depar-tamentales y municipales en los diecinueve Departa-mentos del país.
El sistema electoral uruguayo, desde la reforma de 1996, se caracteriza por un ciclo electoral intenso que comienza con las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias para todos los partidos, con el objetivo de elegir los candidatos únicos presidenciales en junio, luego se llevan a cabo en octubre las elecciones nacio-nales legislativas y de primera vuelta presidencial, a fin de noviembre se realizan las elecciones presiden-ciales de segunda vuelta y, finalmente, en mayo del año siguiente el calendario culmina con las elecciones departamentales y municipales.
Existen numerosas opiniones críticas sobre esta suce-sión intensa y extensa de eventos electorales que se convierten en una larguísima campaña electoral que comienza a fines del cuarto año de gobierno y culmina un año y medio después. En efecto, en esta oportuni-dad las campañas electorales comenzaron sobre fines de 2013 y se extendieron hasta el pasado 10 de mayo de 2015, casi dos años de movilización electoral que, a juicio de buena parte de los actores partidarios y de la opinión pública en general, resulta extenuante. De hecho ya existen propuestas de modificación de las reglas de juego electorales con el objeto de reducir sustancialmente el tiempo electoral. Tal estado de opi-nión puede llevar a que en el año próximo se abra un
debate de reforma constitucional con particular énfa-sis en algunos cambios del régimen electoral vigente.
Los resultados electorales de la instancia del pasado 10 de mayo son sustancialmente diferentes a los que se registraron apenas seis meses antes, en oportunidad de las elecciones nacionales. Esto no es nuevo puesto que desde que en Uruguay se separaron en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales, los resultados que se registran en uno y otro evento difie-ren sustancialmente.
Tal diferencia se debe a dos tipos de factores. En pri-mer lugar, la ciudadanía distingue los asuntos electo-rales en debate y no vota al mismo partido en una y otra ocasión; la evaluación de quién es el mejor can-didato o partido para el gobierno nacional se separa de la evaluación de quién es el mejor candidato para gobernar a nivel departamental o local.
En segundo lugar, las reglas electorales son sustan-cialmente diferentes a las existentes en el plano na-cional. En efecto, la instancia electoral departamental tiene características propias de una elección de tipo mayoritario, por lo que genera un efecto reductor de carácter binario en el número de partidos de cada De-partamento.
De hecho, en las elecciones departamentales no hay segunda vuelta y la expectativa electoral se concentra en la disputa por el cargo de Intendente (equivalen-te al gobernador del Departamento). Por otra parte,
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como el partido ganador se adjudica automáticamen-te la mayoría absoluta de los cargos en el órgano le-gislativo departamental y estos legisladores son de carácter honorario, el interés por alcanzar estos cargos legislativos departamentales es muy bajo y los votan-tes no lo toman en cuenta a la hora de definir su voto.
Por si esto no fuera suficiente, la autoridad electoral ha establecido por vía administrativa que los votantes no pueden votar partidos diferentes entre el voto a los cargos departamentales y el voto a los Municipios.
Todos estos componentes del marco normativo con-fluyen en la configuración de un escenario electoral en el que la disputa se concentra en la obtención del car-go de intendente, con el consiguiente efecto reductor a una lógica binaria a nivel de los partidos. De hecho, la suma de los dos partidos mayores (con independencia de su identidad) alcanza más del 80% de los votos en dieciséis de los diecinueve Departamentos. Esta situa-ción se había registrado en las elecciones nacionales sólo en siete de los diecinueve Departamentos.
Por otra parte, la demostración del cambio electoral que se produce de una elección a otra queda de ma-nifiesto en la modificación que se registra en el predo-minio partidario en los diferentes Departamentos. En efecto, en las elecciones nacionales de octubre de 2014 el Frente Amplio había triunfado en 14 Departamen-tos y el Partido Nacional en los 5 restantes; en las elec-ciones departamentales el Partido Nacional obtuvo el triunfo en 12 Departamentos, el Frente Amplio en 6 y el Partido Colorado en 1.
A su vez, los resultados son bastante parecidos a los registrados cinco años atrás. En efecto, en aquella oportunidad el Partido Nacional había ganado tam-bién en 12 Departamentos, el Frente Amplio se había impuesto en 5 y el Partido Colorado en 2. Los cambios en 2015 determinaron que el Partido Nacional perdie-ra dos Intendencias de las que había ganado en 2010, pero ganó en otros dos Departamentos en los que ha-bía perdido en aquella oportunidad. El Frente Amplio perdió dos Intendencias de las que había ganado en 2010 pero ganó tres nuevas Intendencias y el Partido Colorado perdió una de las dos que había ganado cin-co años atrás.
Como es posible apreciar, los resultados son más pa-recidos entre elecciones departamentales, aunque ha-yan transcurrido cinco años, que entre las elecciones nacionales y las departamentales, aunque hayan me-diado tan solo seis meses.
A su vez, si bien el partido que gobierna a nivel nacio-nal, Frente Amplio, sólo obtuvo seis de los diecinueve gobiernos departamentales, sin embargo se impuso en las dos circunscripciones mayores (Montevideo y Canelones), por lo que teniendo seis intendencias go-bierna a nivel departamental sobre más del 60% de la población.
El Partido Nacional mantiene un fuerte predominio en la gran mayoría de los Departamentos de menor población y con un mayor componente rural, aunque recuperó después de diez años, la Intendencia de Mal-donado que es un Departamento demográficamente más parecido a la capital.
Un capítulo especial merece el análisis de los resulta-dos de la elección en Montevideo por la emergencia de novedades relevantes.
En primer lugar, el Frente Amplio vuelve a ganar por sexta vez la Intendencia Departamental de la capital y ello es así a pesar de que la gestión del gobierno sa-liente de su mismo partido había obtenido altos ni-veles de desaprobación. Sin embargo, la presencia de dos candidatos fuertes representando al partido de gobierno, compitiendo entre sí con perfiles diferen-tes pero, al mismo tiempo, sumando sus votos para el Frente Amplio, le permitió contrabalancear la imagen negativa de la Administración saliente y obtener un nuevo triunfo electoral.
Por otra parte, los partidos históricos, Partido Nacio-nal y Partido Colorado, decidieron impulsar por pri-mera vez en la historia, un acuerdo electoral bajo el nombre de Partido de la Concertación sumando votos con tres candidatos diferentes; con el objetivo cierto de desplazar, después de veinticinco años, al Frente Amplio del gobierno de la capital. Sin embargo, este entendimiento no estuvo exento de problemas y, de hecho, terminaron improvisando tres candidaturas de último momento, sin experiencia partidaria ni electo-ral anterior.
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Esta circunstancia debilitó la alternativa del Partido de la Concertación que no potenció debidamente la su-matoria de ambos partidos históricos y presentó ante la ciudadanía una propuesta deslucida. De hecho, el Partido de la Concertación alcanzó 36.8% de los vo-tos montevideanos, lo que representó prácticamente la misma cifra que cinco años atrás habían alcanzado los dos partidos por separado (37.8%). De modo que la unidad electoral acordada que buscaba generar una expectativa de triunfo y, por tanto, sumar más votos no logró su objetivo de crecimiento.
Desde este punto de vista, la estrategia desarrollada por los dos partidos históricos en Montevideo fue un fracaso puesto que no solo no alcanzó su objetivo sino que estuvo muy lejos de lograrlo. Sin embargo, el re-gistro de la votación en los Departamentos del interior del país muestra que, aunque no se creó un Partido de la Concertación en ningún otro Departamento, sin embargo en buena parte de ellos, los ciudadanos de ambos partidos se volcaron a favor de aquel partido que tenía mayor chance de derrotar al Frente Amplio. Este hecho, que no ocurre por primera vez, es un fac-tor favorable a la discusión futura sobre la extensión del acuerdo electoral entre ambos partidos históricos a todo el país.
Por otra parte, en Montevideo emergió un fenómeno político novedoso que merece especial atención. El ter-cer candidato del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, que apareció como un candidato indepen-diente puesto que no representaba ni al Partido Nacio-nal ni al Partido Colorado, se convirtió sin embargo, en el candidato más votado de los tres, alcanzando el 23% de los votos montevideanos y convirtiéndose en el segundo candidato más votado, si se considera a cada candidato por separado.
Novick es un empresario poderoso de origen muy hu-milde que hizo referencia expresa a tales calidades y, con un lenguaje contundente, directo y de pocas pa-labras, llevó adelante una fuerte campaña negativa sobre el gobierno del Frente Amplio. Sostenido sobre una fuerte inversión de recursos financieros, que con-trastó con la modesta inversión de los otros dos candi-datos de la Concertación, logró una fuerte visibilidad y canalizó las opiniones críticas de buena parte de los
ciudadanos opositores al gobierno del Frente Amplio.
En un país como Uruguay, en donde la pertenencia a un partido y la trayectoria política previa son requi-sitos insoslayables para alcanzar el éxito electoral, el resultado obtenido por este candidato sin anteceden-tes resulta un dato exótico que ya ha provocado di-versas reflexiones y análisis. Lo cierto es que el resul-tado alcanzado por Edgardo Novick ha generado una interrogante sobre el futuro político de este actor que recién ingresa a la arena política.
En síntesis, una elección que muestra notorias conti-nuidades y algunas novedades interesantes. Las con-tinuidades tienen que ver con la distribución de los resultados a nivel departamental con respecto a lo ocurrido cinco años atrás y la renovación por sexta vez del mandato de gobierno en Montevideo por par-te del Frente Amplio.
También resulta una continuidad la diferencia de com-portamiento electoral entre las elecciones nacionales y las departamentales, a pesar de que ocurran con solo seis meses de separación.
Las novedades tienen que ver con el incremento de la tendencia a la asociación electoral entre los dos parti-dos históricos (Partido Nacional y Partido Colorado) que se expresó en la creación del Partido de la Con-certación en Montevideo y una concertación de hecho que se expresó en numerosos Departamentos del Inte-rior del país.
La otra novedad es la emergencia, por primera vez en el partidocrático sistema uruguayo, de un candidato ajeno a las estructuras partidarias que, dentro de la Concertación, alcanzó un apoyo electoral muy impor-tante.
Final abierto para un extenso ciclo electoral.
LAS ELECCIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES EN URUGUAY 2015
Pablo MieresProfesor Titular del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay. Senador de la República y Presidente del Partido Independiente de Uruguay.
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MÉXICO: LAS ELECCIONES FEDERALES Y ESTATALES DE 2015Ernesto Hernández Norzagaray
Resumen
Las elecciones celebradas en México el pasado siete de junio han cambiado la tendencia de los últimos comicios, ha habido una alta participación y la mayoría parlamentaria no ha acabado en manos del PRI. A pesar de que hace un año y medio parecía que las cosas iban a ser parecidas, dos acontecimientos hicieron cambiar de opi-nión a los ciudadanos: la desaparición y muerte de 43 estudiantes rurales a manos de un grupo apoyado por los políticos y el escándalo Casa Blanca, por el cual algunos representantes hicieron negocios privados con recursos públicos.
Palabras clave: elecciones en México, PRI, Peña Nieto, tipos de voto.
Abstract
The last elections in Mexico changed the trend of the last years. The reasons were there has been a high turnout and the parliamentary majority has not finished in the hands of the PRI. Even though a year and a half ago it seemed that things were going to be like but two events changed the mind to citizens: the disappearance and dea-th of 43 rural students at the hands of a group supported by politi-cians and the White House scandal, whereby some politicals made private business with public money.
Keywords: Mexico elections, PRI, Peña Nieto, types of vote.
Las elecciones mexicanas del 7 de junio nuevamente han acabado con el ambiente rutinario que caracte-rizaban las elecciones intermedias, donde lo normal era una baja participación y la mayoría parlamenta-ria terminaba siendo para el PRI, ahora lo nuevo es que estas tienden a ser más competitivas y modifican constantemente los equilibrios políticos.
La emergencia en 2009 de un movimiento a favor del voto nulo que cuestionaba el desempeño del sistema de partidos llamaba a abrir el sistema de representa-ción para incluir otro tipo de opciones para elevar la participación y el rendimiento del sistema de partidos que solo este año electoral consumió 5 mil millones de pesos. Y que ante ese déficit institucional estaba provocando altos índices de abstencionismo. Incluso, el llamado a votar nulo que fue muy criticado por el IFE y los partidos, vino a ayudar con un 5% al sistema para que este no se deslizara a menos de 40% de par-ticipación ciudadana.
Las elecciones presidenciales del 2012, sin embargo, transcurrieron sin campañas firmes de voto nulo pero sí en un ambiente de tensión e incertidumbre crecien-te. La violencia criminal en las calles de varios estados del país provocó una participación ciudadana des-igual que terminó favoreciendo con el 36% a la coa-lición electoral Compromisos por México, y sin dar mayoría absoluta a la dupla PRI-Verde, lo que obli-gó al Presidente a modificar la estrategia al negársele una mayoría cómoda. Así, rápidamente confirmaba la máxima de Josep Colomer, de que no hay mejor es-cenario democrático que el que resulta del gobierno
dividido, el Presidente Peña Nieto pactó con el PAN y el PRD una decena de reformas estructurales, entre ellas la electoral que convertiría el IFE en INE y al que se le otorgarían más atribuciones legales, que le signi-ficaron todas ellas aplausos en los medios de comu-nicación y los organismos financieros internacionales.
Se llegó incluso hablar en ellos del Mexico´s moment, sin embargo, poco duraría el gusto en Los Pinos, por-que dos acontecimientos inesperados, pero profun-damente enraizados en la vida pública mexicana, vi-nieron a cambiar la imagen mediática que se estaba construyendo del país.
El primero fue la desaparición y oficialmente muerte de 43 estudiantes normalistas rurales a manos de uno de los grupos del crimen organizado que operaban y operan en el estado de Guerrero. Lo hicieron, como luego se supo, bajo la protección de políticos locales que se transformó en una bola de nieve y mostró la de-bilidad del sistema de justicia. El otro fue el del escán-dalo de la llamada Casa Blanca que hizo evidente una práctica frecuente entre los políticos mexicanos, como es la hacer negocios privados con recursos públicos, provocando sonados casos de conflictos de interés. Una práctica que hasta ese momento el sistema políti-co era cuidadoso de que no alcanzara a la Presidencia de la República lo que en está ocasión fue inevitable por la escasa discreción de la misma casa de gobierno.
Ambos eventos, y otros que robustecerían el escenario de ineficiencia y corrupción, son el contexto en el que se inicia y desarrolla el proceso electoral 2014-2015.
Fecha de recepción: 10/06/2015 :: Fecha de aceptación: 22/06/2015
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Se hace más complicado con una espiral de violen-cia criminal y en abierta confrontación con el sistema de seguridad pública por el control de los estados de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero, dejando en medio de la jornada electoral a veinte candidatos asesinados en actos proselitistas y un número impre-ciso de ellos abandonaron, redujeron la intensidad de sus campañas o la volvieron estrictamente mediáticas. A esa crisis de violencia habría que agregar la actua-ción de los maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas y Guerrero que aprovechando las elecciones levantaron sus demandas contra la reforma educativa y tomaron por asalto los accesos a las sedes de los consejos distritales del INE y hasta hubo quema de papelería electoral que elevó la tensión y puso por momentos en entredicho la realización de los comicios en esos estados.
Aun con este clima de tensión se instalaron la gran mayoría de las casi 149 mil casillas electorales en todo el territorio nacional y cifras preliminares indican una participación del 47% de la lista nominal. ¿Que arroja esa información electoral? Habría que decir que hubo dos tipos de elecciones con características diferentes hasta formar un todo complejo de equilibrios: Una, la federal, donde estuvieron en juego los 500 escaños de la Cámara de Diputados y la otra que corresponde a las elecciones concurrentes en 17 estados dentro de los cuales se eligieron nueve gobernadores y más de mil alcaldes, diputados locales, regidores y síndicos procuradores.
Un dato no menor es que estas elecciones ocurren en el peor momento de la imagen del Presidente Peña Nieto y se esperaba un voto de rechazo a su partido o la coalición que lo llevó al poder. Comportamiento que ocurrió cuando el PRI no logró ni siquiera el 30% de estos votos quedando a seis puntos de lo logrado en 2012. Sin embargo, el resto de partidos no estaban en mejor posición para obtener los votos que perdiera la mancuerna PRI-Verde pues los escándalos también los perseguían. Eso animó a los abstencionistas y revi-vió el voto nulo de 2009 pero sin aquella fuerza. Pero también se hizo patente una estrategia que buscaba que los votos perdidos del PRI los alcanzara el Verde con una campaña de dadivas a todas luces ilegal que
le significaron sanciones económicas fuertes en el INE y al menos una de ellas fue cancelada por el TRIFE y otras se resolverán en la etapa poselectoral, entre ellas la petición ciudadana y partidaria de retiro del regis-tro como partido político nacional por las violaciones flagrantes a las reglas del juego.
Los resultados, sin embargo, indican que la estrategia de reorientación del voto funcionó: Hay una caída de siete puntos para el PRI mientras el Verde tiene el 7% de la votación nacional y esto cobra relevancia pues la suma de triunfos de mayoría y la representación pro-porcional podrían significarle 48 curules que sería la mayor bancada desde su formación.
Nuevamente no existe mayoría absoluta en la Cámara de Diputados pues el PRI siendo el partido más vo-tado solo alcanzaría 203 de los 500 diputados que la integran. Sin embargo, según cálculos preliminares del INE, la suma de los 203 diputados priistas más los 48 verdes podría garantizarla y sacar sin problemas el resto del sexenio. Es decir, si esos son los resultados definitivos en las elecciones federales, podríamos con-cluir que el Presidente tendrá mayoría en la Cámara de Diputados lo que le permitirá garantizar el equi-librio de poderes e impulsar nuevas iniciativas en un escenario de fragmentación partidaria. Será una Cá-mara de Diputados de ocho fracciones parlamentarias más el pequeño grupo de los independientes, lo que significa que si lo que se buscaba con el incremento a 3% del umbral electoral era reducir el sistema de par-tidos habrá que esperar elecciones más competidas y estas podrían ser las de 2018.
La emergencia de candidatos independientes ha provocado una
mayor participación y un fuerte realineamiento electoral desde el
sistema de partidos hacia éstos que están significando mensajes
duros de la sociedad.
Ahora bien, si las elecciones federales muestran un panorama de fragmentación de voto, en las elecciones concurrentes existe una situación novedosa y de cam-bio que podría marcar la pauta de lo que viene en el
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resto del sexenio incluso más allá si en 2018 hay can-didatos presidenciales independientes. La emergencia de estos en las elecciones estatales ha provocado una mayor participación y un fuerte realineamiento elec-toral desde el sistema de partidos hacia los candidatos independientes que están significando mensajes du-ros de la sociedad.
Sin duda, la más importante es la victoria en Nuevo León del ex priista Jaime Rodríguez, El Bronco, quien ganó la gubernatura con 49% de la votación emitida y un 25% de diferencia respecto a la segunda candidatu-ra más votada. El Bronco rompe el bipartidismo PRI-PAN que había gobernado este estado desde siempre. No la tendrá fácil porque no tendrá el Congreso del Estado pero podría tener de aliado al Presidente Peña Nieto que está necesitado de apoyos a sus políticas anticorrupción y por la transparencia en el uso de los recursos públicos. Un caso de perfil similar es el de Manuel Clouthier en Sinaloa, candidato indepen-diente, hijo del ex candidato presidencial panista del mismo nombre, quien ganó ampliamente la diputa-ción federal al candidato priista y de incorporarse la figura de independiente a la ley reglamentaria estatal, es muy probable que en 2016 se postule al cargo de gobernador aunque es probable intentos de bloqueo constitucional en este y en otros estados donde no se ha reformado el ordenamiento reglamentario para in-corporar esta figura ciudadana.
Morena que debuta en estas elecciones alcanza el 9% de la votación nacional en las elecciones legislativas, sin embargo, su mayor éxito es en la capital del país donde es ya la primera fuerza política. Gana cinco de las dieciséis delegaciones políticas y será la principal fuerza en la Asamblea legislativa, pero sin lograr la mayoría absoluta, que por primera vez tendrá un es-cenario de gobierno sin mayoría pues al PRD se le pro-nostican a lo sumo 21 de las 66 posiciones. El PRD que ha gobernado desde 1997 el DF, pasa a ser segunda fuerza política y con ello se desvanecen las posibilida-des de Miguel Mancera de ser candidato presidencial en las elecciones de 2018, como la posibilidad de que el PRD refrende el control de la capital del país incluso su dirigente nacional lo ha dicho: “en el 2018 el PRD perderá el DF”.
El partido Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro gana Guadalajara al PRI, la segunda ciudad más po-blada de México, y se reduce a su mínima expresión el PAN y el PRD, en esa misma ciudad un candidato independiente logra el triunfo en un distrito electoral federal de Zapopan, lo que mueve las piezas suceso-rias igualmente en el 2018 y se afirma el bipartidismo PRI-MC. Quizá ahí sí, habrá candidato independiente a gobernador pero con serias dificultades para romper el bipartidismo.
No menos importante es cómo quedan las 9 guberna-turas en juego donde hubo una alta competencia elec-toral. Cinco para el PRI, dos para el PAN, una para el PRD y una independiente. Se dio en varios de ellos una alta competitividad que deriva en gobiernos esta-tales unificados o sin mayoría parlamentaria y parti-dos diferentes gobernando los principales municipios lo que expresa un escenario de contrapesos donde los actores políticos estarían obligados a negociar, acor-dar y poner en marcha políticas públicas de consenso.
En definitiva, las elecciones federales y concurrentes del 7 de junio, aun con la crítica severa y el voto de castigo al Presidente y el sistema de partidos, el abs-tencionismo, la violencia criminal, la conflictividad social y los problemas estructurales irresueltos, fue una jornada dinámica de mensajes de insatisfacción democrática que modificaron significativamente el mapa electoral y establecieron nuevos equilibrios re-gionales. Afirmando sin embargo la vía institucional como el único mecanismo para la solución de los pro-blemas nacionales que se agravaran con los problemas de liquidez de la economía mexicana.
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Ernesto Hernández NorzagarayProfesor investigador de la Universidad Autónoma de Sina-loa, miembro de la Junta Nacional Directiva de la AMECIP y miembro del Sistema nacional de Investigadores.
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Resumen
Mientras somos testigos de una revolución tecnológica per-manente que nos permite comunicarnos cada vez con más personas y en diversos formatos como videos, textos, au-dio, imágenes… las instituciones públicas no han dado el paso para apostar por la tecnología como una herramienta fundamental para ayudarla en la necesidad de impulsar y mejorar la comunicación interna al interior de sus organi-zaciones.
Palabras clave: Comunicación interna, tecnología.
Abstract
While we are witnessing an ongoing technological revolu-tion that allows us to communicate with more people and in different formats such as video, text, audio and images... public institutions have not taken the step to invest in tech-nology as a fundamental tool to promote and improve inter-nal communication within their organizations.
Keywords: internal communication, technology.
LA COMUNICACIÓN INTERNA Y LA TECNOLOGÍA
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Imaginen que un día se prohíbe el uso del whatsapp, las redes sociales o el correo electrónico para comuni-carnos y solo nos queda volver a llamar a los teléfonos fijos de las casas para quedar con un amigo o man-dar una carta para invitar a un cumpleaños. Imaginen que ya no podemos sumergirnos en Wikipedia para responder rápidamente en que año fue la Batalla de Waterloo o que nuestro blog favorito de cocina no está disponible y no puedo preparar tal receta. Imaginen incluso que las compras no podamos hacerlas por in-ternet y que debamos volver a las agencias de viaje decoradas con fotos de paisajes decoloradas por el sol, para comprar nuestras vacaciones.
Todo esto resulta un poco inverosímil si bien (excep-tuando a los nacidos post cambio de milenio) todos hemos experimentado vivir sin internet, smartphones u ordenadores. Ahora bien, si alguien nos planteara esta situación diríamos que es de necios imaginar un mundo en donde los avances tecnológicos no forma-ran parte de nuestra vida cotidiana. La tecnología se ha convertido hoy en una gran aliada para resolver los problemas a los que nos enfrentamos cada día y nos permite, en general, mejorar nuestra calidad de vida.
Sin embargo, mientras todas estas tecnologías nos permiten incrementar de forma exponencial la canti-dad de personas con las que podemos interactuar o comunicarnos de forma multidireccional (múltiples conversaciones a la vez), la periodicidad de esta co-municación o la cantidad de información que trans-mitimos, en las instituciones estos cambios no se re-flejan de igual manera. Hoy en día, la mayor parte de las instituciones, sobre todo las públicas, se resisten a cambiar de manera drástica la forma en la que se comunican sus miembros.
A menudo repetimos que lo que distingue a los seres humanos de otros seres vivos es la capacidad de co-municarse a través del lenguaje y su vocación a vivir en sociedad como ser gregario en busca de un bien-estar común (últimamente bastante discutible). Pero, descubrimos que descansando en la idea que la comu-nicación es algo inherente a nosotros, a menudo nos olvidamos de pensar en ella como una de las herra-mientas más importantes para funcionar como socie-dad y como consecuencia no le dedicamos el tiempo y los recursos necesarios para organizarla.
Hace algunos años, la comunicación al interior de las organizaciones (comunicación interna) comenzó a re-tomar cierto impulso sobre todo en el ámbito privado, cuando la técnica (y la tecnología) pasó a ser parte de nuestra vida cotidiana (es decir ya no era tan sorpren-dente) y nos volvimos a fijar en las personas como el factor más importante para lograr una mayor produc-
tividad, eficiencia y competitividad en el mercado. Y sin duda la herramienta más importante para lograr todo eso era la comunicación. Así, las organizaciones y las empresas comenzaron a preocuparse por esta-blecer mecanismos y metodologías que organizasen la comunicación entre los empleados en todos los nive-les. Ya no bastaba con que los compañeros pudieran comunicarse entre sí, sino que el intercambio de ideas y propuestas entre jefes y empleados, entre diversos departamentos y hasta entre diversas empresas co-menzó a convertirse en una prioridad para los direc-tivos.
Los avances tecnológicos comenzaron a acompañar este cambio de paradigma, y la tecnología sirvió como canal para impulsar el valor de la comunicación. Ac-tualmente, casi ninguna empresa pasa por alto la im-portancia de contar con un Plan de Comunicación in-terna, con actividades que impulsen la conversación positiva entre empleados y jefes y con plataformas o herramientas tecnológicas que permitan una comuni-cación ubicua, más fluida y más directa.
Pero si cambiamos de ámbito y analizamos la situa-ción de las instituciones públicas, los avances sin duda caen estrepitosamente hasta encontrar que en la mayor parte de las administraciones públicas la co-municación interna es un tema de escasísima impor-tancia, y ni imaginar la adopción de tecnología para impulsarla.
En un estudio reciente llevado a cabo desde el Insti-tuto Nacional de Administración Pública en España, intentamos analizar hasta que punto estaba desarro-llada la comunicación interna. De las 258 instituciones públicas con las que contactamos, solo 54 respondie-ron al estudio, lo que refleja antes de comenzar a ana-lizar el tema, un bajísimo interés o prioridad por la cuestión.
El estudio arrojó algunos resultados que no nos sor-prendieron: solo la mitad de las instituciones de la Administración Pública en España tiene un área que de alguna manera se ocupa de organizar la comuni-cación interna, pero en su mayoría se encuentra den-tro de otros departamentos como Comunicación en general, Recursos Humanos, Prensa o Relaciones Ins-titucionales. Cuando preguntamos si existía un Plan de Comunicación Interna el 62% respondió que no, y por supuesto ni hablar de un presupuesto específico para acciones encaminadas a mejorarla. Las razones que encontramos de manera más frecuente para no contar con nada de lo expuesto anteriormente fueron que cada departamento se ocupa de su comunicación interna (pero nadie lo tiene organizado con lo cual es inexistente), que están en ello pero aún no lo han de-
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sarrollado, que la comunicación se hace en el día a día con lo cual no es necesario, o incluso porque nadie lo ha pedido.
Cuando preguntamos por las herramientas que uti-lizaban para comunicarse nos resultó bastante lla-mativo que algunas formas un tanto anticuadas aún están vigentes en estas instituciones, como: circula-res en papel, tablón de anuncios, revistas impresas o buzón (físico) de sugerencias. Por supuesto que el correo electrónico es la herramienta más utilizada y varias instituciones han comenzado a trabajar hace al-gunos años en una intranet donde poder trabajar con los miembros de la institución como una comunidad y tenerlos informados. Exacto, informados.
Descubrimos que las intranet que existen hoy en día más que convertirse en un espacio virtual de comu-nicación multidireccional, abierto y ágil, es solo un depósito de información a la cual acceder. Y que el correo electrónico se usa tanto y tan mal gestionado hasta transformarse en un factor tóxico de comunica-ción entre las personas. En pocas palabras las mismas herramientas continúan siendo las mismas pero han pasado de formato analógico a uno virtual, nada in-novador.
Solo algunas instituciones nos han compartido algu-nos casos donde han adoptado seriamente la tecno-logía y la utilizan como herramienta para mejorar la comunicación entre sus miembros. Desde grupos de whatsapp, chats internos, redes sociales privadas, ar-chivos en la nube, blogs de empleados o sesiones de gamificación estas instituciones se diferencian del res-to por su apertura a la realidad actual, su escaso temor al cambio y la agilidad para adoptar las tecnologías imperantes que todos utilizan en su vida social pero que por alguna razón se encuentran vedadas en los entornos laborales.
Como mencionábamos al inicio, si nos circunscribi-mos a nuestra realidad (es cierto que aun quedan mu-chas personas en el planeta sin acceso a internet) nos resulta difícil, por no decir tormentoso, imaginarnos la vida cotidiana sin acceso a nuestros teléfonos móviles o a la información de la red. Sin embargo, muchas de nuestras instituciones se resisten a llevar a cabo cam-bios que nos permitan comunicarnos con ellas de ma-nera más rápida. Iniciativas mundialmente conocidas y muy positivas enfocadas en la apertura de datos, la participación ciudadana y la digitalización de la buro-cracia son muy alentadoras, pero nos cuesta creer que si los cambios no se generan primero al interior de las organizaciones los esfuerzos carecerán de contenido o cuanto menos costarán el doble de esfuerzo.
Sin fórmulas estridentes ni metodologías mágicas de-beríamos alentar a las instituciones públicas a aprove-char la irrupción de nuevas tecnologías que nos ayu-dan a establecer canales más ágiles, abiertos y hasta baratos para comunicarnos entre las personas. Algu-nas herramientas pueden ser problemáticas o distrac-toras, pero como todo dependiendo el uso que se le de y la preparación del entorno. La importancia radica en ser consientes de las deficiencias, diseñar un plan, ejecutar las acciones, evaluarlas y mejorarlas constan-temente para que la comunicación interna se convier-ta en un instrumento al servicio de la productividad, la competitividad y la organización del trabajo. Y ha-cerlo adoptando las nuevas tecnologías que están al alcance de todos y utilizarlas en beneficio de nuestras necesidades para convertirnos en agentes de cambios innovadores de alto impacto.
Cuando le preguntamos a un responsable de comu-nicación de aquellas escasas instituciones que sí se habían animado a introducir nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación, el por qué habían adoptado herramientas tan modernas, su respuesta fue muy simple: “sabemos que mejorando la comunicación entre nosotros, trabajaremos más motivados, seremos más productivos y más ágiles. Y si elegimos na-turalmente comunicarnos con nuestros amigos por chat, whatsapp o Facebook, por qué no intentarlo con nuestros compañeros si logramos hacerlo de forma responsable? Solo basta con mirar a nuestro alrededor para encontrar solucio-nes”. Ya lo decía Darwin, no sobrevive el más fuerte sino el que se adapta más fácilmente a los cambios.
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Cecilia NicoliniPolitóloga. VP de Opinno, consultora de innovación para la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT Te-chnology Review en español y portugués.
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EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO
HERRAMIENTA DE MODERNIZACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES: UNA DISCUSIÓN SOBRE EL CASO
ARGENTINO (2010-2015)
Resumen
El artículo indaga el impacto generado por la adopción del Pre-supuesto Participativo (PP) en la modernización de las adminis-traciones locales de los municipios argentinos. El análisis toma como referencia la ubicación institucional del PP y su relación con otras áreas, la recepción de las nuevas demandas ciudada-nas y su inclusión en la agenda gubernamental, la adopción o el refuerzo de procesos de descentralización y la aparición de otras políticas innovadoras. A partir de allí se sugiere la necesidad de acompañar las iniciativas políticas de los gobiernos en materia participativa con adecuaciones administrativas acordes a las demandas ciudadanas y con esquemas de planificación estraté-gica a mediano plazo.
Palabras clave: Presupuesto participativo (PP), gobierno local, administración local, modernización, políticas públicas.
Abstract
The article explores the impact generated by the adoption of the Participatory Budgeting (PB) in the modernization of the local administrations of Argentine local governments. The analysis draws on the institutional location of the PB and its relations-hip with other areas, the reception of new citizens’ demands and their inclusion in the government agenda, adoption or streng-thening of decentralization process and the emergence of other innovative policies. From there, we suggest the need to support political initiatives of the governments in participatory matter with administrative adequacy in line with citizens’ demands and schemes of medium term strategic planning.
Keywords: participatory budgeting (PB), local government, local administration, modernization, public policies.
Fecha de recepción: 15/06/2015 :: Fecha de aceptación: 29/06/2015
Alejandro López AccottoCoordinador académico de la Licenciatura en Ad-ministración Pública de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Ricardo Alejandro PaparásLicenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con estudios de maestría en Admi-nistración Pública.
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I. INTRODUCCIÓN
La década de los noventa estuvo signada por las refor-mas económicas de corte neoliberal llevadas a cabo en América Latina. Los cambios desplegados apuntaron a reducir la presencia de los Estados Nacionales me-diante la desregulación de los mercados y la privati-zación de empresas públicas, y por intermedio de los procesos de descentralización y transferencia de fun-ciones hacia los niveles inferiores de gobierno. Todo ello fue plasmando nuevas dinámicas en el plano te-rritorial (Carmona y Martínez, 2014; López Accotto, Martínez, Grinberg, y Adaro, 2011).
Las políticas implementadas tuvieron un impacto de carácter dual sobre los gobiernos locales. Por un lado los municipios han sido testigos de una amplia-ción en sus funciones y responsabilidades, y en me-nor medida en sus atribuciones, debiendo proveer de este modo un conjunto mayor y más heterogéneo de servicios a la comunidad. A la gestión de los servicios tradicionales debieron sumar los de salud, educación, asistencia social, etc.
Por otro lado, se ha resignificado y en alguna medi-da jerarquizado el ámbito local (Carmona y Martínez, 2013). Los municipios han comenzado a tener una mayor importancia en razón de la cercanía dada entre gobernantes y gobernados. Esta relación más directa posibilitó el nacimiento de nuevas prácticas y formas organizativas de resolución de problemas que, a su vez, sentó las bases para la adopción de un conjunto de nuevos mecanismos de gestión pública más parti-cipativos.
Bajo esta perspectiva, el Presupuesto Participativo (en adelante PP), apareció como una herramienta innova-dora que permite replantear el modo de planificar y gestionar el territorio, incorporando las perspectivas de distintos actores en un escenario de creciente com-plejidad y promoviendo formas más directas y vincu-lantes en los asuntos de gobierno (Cabannes, 2005).
La democracia representativa que adoptan los paí-ses latinoamericanos mantiene un carácter indirecto de participación. Frente a ella, el PP se constituye en una política de participación popular que incorpora el concepto de democracia participativa, de carácter di-recto. Esto se debe a que tiene la virtud de involucrar a la ciudadanía en la decisión de los asuntos públicos de forma continua y vinculante, permitiendo el control de las autoridades políticas.
Sousa Santos (1998: 25) entiende al PP como “una for-ma de gobierno público que intenta romper con la tradición autoritaria y paternalista de las políticas públicas, recu-rriendo a la participación de la población en diferentes eta-
pas de la preparación e implementación presupuestaria, con un énfasis especial en la definición de prioridades para la distribución de los recursos de inversión”. Por otra parte, Martínez y Arena (2011) lo definen como “un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y univer-sal, en el cual la ciudadanía, junto al gobierno, delibera y decide qué obras y servicios se deberán ejecutar con una par-te de los recursos públicos locales”.
La idea de gobierno público interpela las visiones tra-dicionales de los gobiernos locales, y los enfrenta al desafío de generar un cambio de paradigma hacia su interior. Los mecanismos participativos necesitan para su sostenibilidad que las burocracias superen la lógica tradicional normativo-procedimental y la manera de estructurar los problemas (y sus soluciones) de forma sectorial, que otorga a cada área los saberes técnicos y el monopolio de la intervención sobre las cuestiones que le son relevantes frente a la ciudadanía.
El PP involucra a los distintos sectores de la adminis-tración municipal y requiere de una mayor interre-lación de los mismos, desafiándolos a establecer un vínculo más directo con las demandas sociales. Las necesidades que los propios vecinos priorizan en el proceso participativo colisionan con la planificación técnica y sectorial de las áreas tradicionales del Esta-do, porque dichas demandas no suelen estructurarse en áreas específicas de competencia como obras públi-cas, desarrollo social, educación, salud, etc., sino que exigen respuestas transversales al municipio.
Carmona (2011) afirma que para permitir la conduc-ción y el fortalecimiento de los procesos participati-vos al interior del territorio local, debe establecerse en el aparato administrativo un modelo de gestión más amplio y relacional. Pero, ¿qué relación de causali-dad se puede establecer entre las transformaciones de las estructuras administrativas y la adopción del PP? Montecinos (2009) refiere a estudios que, en base a las experiencias documentadas, buscan establecer las condiciones previas para garantizar que el instrumen-to logre sus objetivos. Desde una visión contrapuesta, surge como cuestión si la adopción de experiencias de PP tiene alguna implicación en la transformación de la gestión de los gobiernos locales, de modo de favorecer su éxito.
En esta línea, el presente trabajo tiene como objetivo indagar el impacto generado por esta política parti-cipativa en la modernización de las administraciones locales de la Argentina.
Como hipótesis de investigación se sostiene que la adopción de una práctica de presupuesto participati-vo no genera cambios e innovaciones significativos ni
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garantiza el logro de sus objetivos si no hay un pro-ceso conjunto de transformaciones en las estructuras y en el funcionamiento del municipio, que permitan aprovechar su potencial modernizador.
Los datos de este estudio surgen de los resultados ob-tenidos en el marco del proyecto de investigación “El Presupuesto Participativo en la Argentina. Alcances y perspectivas en materia de transformación política, social y de gestión pública” llevado a cabo entre los años 2012 y 2015 por un equipo de investigadores del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que relevó quince casos repre-sentativos de municipios con PP mediante técnicas cuali-cuantitativas, basadas en entrevistas en profun-didad y el análisis documental y de fuentes de datos secundarios.
A su vez, la información se ha reforzado con los datos de tres ondas de Encuestas Nacionales a Municipios con PP, realizadas por el Programa Nacional de Pre-supuesto Participativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
La primera encuesta, realizada en el año 2008, consis-tió en un cuestionario semi-estructurado enviado por correo electrónico a los responsables de área donde se gestiona el PP, los que contaron con la asistencia tele-fónica de los encuestadores.
Los componentes principales consultados fueron:
a) Información general sobre el municipio;
b) Información del área municipal responsable del PP;
c) Finanzas y presupuesto municipal;
d) Aspectos generales del presupuesto participativo;
e) Participación ciudadana;
f) Proyectos;
g) Apoyos externos;
h) Metodología de implementación;
i) Gobierno y administración local.
Como resultado, se obtuvo información de 19 muni-cipios con PP. La experiencia se repitió con la misma metodología y en base a los mismos ejes temáticos en los años 2011 y 2014, consiguiendo datos de 35 y 42 municipios, respectivamente.
1.1. La modernización en el ámbito municipalEs amplia la literatura que se ha hecho eco del con-cepto de modernización y su aplicación a los aparatos
burocráticos estatales (Boeninger, 1995; Boisier, 1995; Iturburu, 1999; Oszlak, 1999; entre otros). En térmi-nos generales puede entenderse a ésta como un pro-ceso político-técnico que busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las organizaciones públicas (Dufour e Ingelmo, 2014), de modo de que estén en condiciones de regular de forma efectiva las relaciones sociales, contribuyendo a una mayor go-bernabilidad.
En la práctica, la necesidad de cambios y transforma-ciones frente a las alteraciones en el entorno existente y los intentos por mejorar los servicios públicos ofreci-dos a la comunidad, lleva a los gobiernos a establecer fenómenos de adaptación que se valen de una “nueva forma de pensar sobre la acción de gobernar y sobre cómo ha de materializarse ésta” (Villoria Mendieta, 1996:15–16). Esta necesidad de adaptación queda especialmente en evidencia cuando se trata de gobiernos locales, debido a la cercanía establecida entre gobernante y goberna-do, lo que resulta en una posibilidad de mayor invo-lucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Siguiendo esta línea teórica, ante los profundos cam-bios operados en la sociedad, entra en crisis la lógi-ca organizacional burocrática weberiana, que si bien otorga racionalidad al quehacer del administrador público, centra su responsabilidad en los procedi-mientos. Esta característica de las burocracias lleva a establecer organizaciones rígidas, con falta de involu-cramiento y exceso de compartimentación, incapaces de dar respuestas diferentes e innovadoras frente a las nuevas demandas de la ciudadanía.
Frente a esta posición, aparecen visiones gerenciales que plantean la necesidad de dotar de mayor flexibili-dad a las organizaciones públicas:
“Se trata de pasar a gobiernos «abiertos e innovadores» donde las estructuras organizativas tienden a no ser pira-midales sino de interdependencia jerárquica y de autonomía funcional, favoreciendo el trabajo en equipos, o en todo caso, dejar la hipertrofia del principio de legalidad y de normas como límites, sino como herramientas de gestión” (García Delgado, 1997: 8).
El acento en la gestión refiere a una nueva forma de canalizar las demandas de la ciudadanía, donde las políticas públicas se traducen en la producción de bie-nes y servicios, y es en función de esa producción que cobra sentido la adaptación de las organizaciones.
Varios autores se han preguntado si en los gobiernos locales latinoamericanos las administraciones públi-cas se organizan de acuerdo a los modelos reseñados. La conclusión es que en las prácticas administrativas
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prevalecen rasgos patrimoniales y clientelares (Bres-ser Pereira, 2002; Cao, 2008). Si bien se ha adoptado el modelo weberiano en las formas, ello ha sido pu-ramente ceremonial, ya que “lo que se desarrollaron mayormente fueron “buropatologías”, que en el mejor de los casos se aproximaban al sistema mixto que We-ber llamó “burocracias patrimoniales”” (Prats i Cata-lá, 2003). El término “buropatología” hace referencia a lo que Suárez e Isuani (1998) asociaron con la abun-dancia de procedimientos burocráticos innecesarios, la superposición y duplicación de roles y funciones, los costos excesivos de las adquisiciones estatales y el so-bredimensionamiento de las estructuras organizativas.
En el caso argentino, además de las falencias enume-radas, se suma una conducción altamente informal de las estructuras municipales por parte de los Intenden-tes, quienes reservan una cuota muy amplia de poder.
“Ello hace que las estructuras orgánicas municipales sean muy dinámicas: la creación o disolución de unidades, o los cambios de denominación, pueden responder a tendencias en los gobiernos locales […], a procesos de descentralización provincial […], o simplemente, a la necesidad de generar un cargo para un militante o un nuevo aliado político” (Cao, 2008).
Las dificultades de gestión se evidencian en una de-ficiente planificación, en la poca difusión del presu-puesto por programas, en la ausencia de control de gestión, en unos circuitos administrativos informales, en bajos niveles de capacitación de los recursos huma-nos y en unos sistemas de información inadecuados, entre otros (Cravacuore, 2007).
Son pocos los gobiernos locales argentinos que han avanzado hacia nuevas formas internas de gestión orientadas al ciudadano, priorizando una visión es-tratégica de ciudad y favoreciendo procesos de des-centralización. En general, la incorporación de tec-nologías de gestión se volcó a mejorar las estructuras tradicionales existentes, más que a generar transfor-maciones en la articulación interna y externa de los municipios, en sus vínculos con la sociedad civil y en sus espacios de construcción y gestión de políticas (Grandinetti, 2003).
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRESU-PUESTO PARTICIPATIVO EN LOS MUNICIPIOS
ARGENTINOS
Montecinos (2009) sistematizó los estudios sobre el PP en América Latina, condensando los mismos en tres perspectivas de análisis que han intentado dar cuenta de las experiencias de manera generalizada y compa-rable. El primer grupo de investigaciones se centra en
las bondades de la implantación del PP para resolver diversos problemas que hacen a la relación Estado-ciudadanía. En el segundo, el eje está puesto en el di-seño institucional del PP, atendiendo a las condiciones previas y el rol de las instituciones políticas en su de-sarrollo. El tercer grupo refiere a la herramienta como una institución de la democracia participativa, que le-gitima y complementa las instituciones democráticas tradicionales.
Respecto del segundo de los enfoques, la mirada ins-titucional permite ordenar la información empírica básicamente bajo cuatro dimensiones: un componente fiscal-financiero; uno participativo; uno organizativo-territorial; y uno legal-normativo (Ramella, 2012; Ca-bannes, 2005: 9).
El análisis propuesto en la investigación que sirve de marco para este trabajo continúa la línea precedente, aunque adopta una mayor complejidad que le permi-te establecer nexos con el tercer tipo de estudios sobre PP. Las dimensiones que abarca son:
a. La financiero-distributiva, que analiza la impor-tancia del PP en relación con el presupuesto munici-pal y el sesgo de los distintos criterios de distribución que operan sobre los fondos asignados a esta política pública;
b. La participativa, que refiere a los aspectos distin-tivos que caracterizan los diferentes tipos de partici-pación de la ciudadanía y los espacios de articulación multiactoral generados;
c. La político-institucional, que busca reflejar el peso del PP en las relaciones políticas del territorio, el pa-pel de las legislaturas locales, los diseños institucio-nales implementados y la secuencia del proceso; y d) la intraburocrática que refiere a los impactos del PP al interior del aparato municipal y sobre las formas y ló-gica de funcionamiento de la gestión local (Carmona y Martínez, 2013).
Las características generales del PP en Argentina, que se sintetizan a continuación, refieren a las tres prime-ras dimensiones, dado que la última de ellas conforma el eje de discusión del presente estudio que analizare-mos con detenimiento en la siguiente sección.
El PP comenzó a implementarse en Argentina luego de la crisis de fines del año 2001, en un contexto de gran descrédito hacia el sistema político-representati-vo junto con demandas de la ciudadanía a favor de una mayor participación en las decisiones públicas (Carmona, 2012: 81). La adopción de la herramienta respondió, en un principio, a la necesidad de legitima-ción de los gobernantes frente a los vecinos.
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En el Gráfico n° 1 puede observarse cómo la herra-mienta fue adoptándose gradualmente por parte de los municipios argentinos, iniciando con una expe-riencia en el año 2002. Luego se produce una inflexión de la tendencia entre los años 2007 y 2008, con una fuerte expansión (se pasó de 10 a 21 municipios).
El Programa Nacional de Presupuesto Participativo ha estimado que en el año 2015 ya cerca de sesenta go-biernos locales cuentan con PP. Los datos disponibles elevaban el número a 48 para el año 2011.
Si bien la adopción del PP alcanza en Argentina ape-nas al 5% de los gobiernos locales con rango munici-pal, el hecho de que un tercio de los municipios argen-tinos con más de 100.000 habitantes cuenten con este instrumento, produce que hoy en día uno de cada tres argentinos viva en una localidad con alguna experien-cia de PP (Martínez y Arena, 2013).
Respecto a los recursos en discusión, los mismos al-canzan un promedio del 2% del presupuesto total y un 15% del destinado a obras públicas (Martínez y Arena, 2013). Los proyectos implicados son principal-mente para pequeñas obras de infraestructura urbana o comunitaria que implican refacciones o ampliacio-nes de alcance limitado. En menor medida se llevan adelante proyectos sociales (asistencia social, cultura, educación y salud), de seguridad y socio-productivos (Carmona y Martínez, 2014: 290).
La distribución de los recursos puede responder a cri-terios temáticos o territoriales (Cabannes, 2005). Una concepción temática busca resolver cuestiones trans-versales que afectan al conjunto del municipio y que exceden al ámbito territorial de pertenencia inmediata de los vecinos. En los municipios argentinos la moda-lidad privilegiada es la territorial, por la cual se subdi-
vide la superficie en zonas especialmente delimitadas por barrios (o un conjunto de éstos). Esta partición geográfica puede estar relacionada con procesos de descentralización previos o concomitantes. En este caso, la intención es “favorecer la aplicación de esta po-lítica en todo el territorio de los distritos en cuestión, for-taleciendo el entramado comunitario propio de las distintas zonas en que suele subdividirse la superficie del municipio” (López Accotto, Carmona y Martínez, 2012).
El PP se desarrolla en etapas, las que comprenden la difusión, información, diagnóstico, elaboración y se-lección de proyectos, que corresponden a la fase de formulación, y la ejecución y control (Martínez y Are-na, 2011). Las instancias de participación de los veci-nos se centran esencialmente en la formulación y el control (Ramella, 2012). La ciudadanía participa en espacios específicos –los foros o asambleas– donde in-teractúan principalmente con los promotores del PP.
En general, las prácticas de PP muestran un elevado grado de apertura a la participación de los ciudada-nos, buscando involucrar a grupos de población que suelen tener más dificultades para hacerlo como las mujeres y los jóvenes (Carmona y Martínez, 2014).
Según Cabannes (2005), las formas de participación en las diferentes instancias del PP se pueden clasificar en directas –donde cada vecino tiene el derecho de par-ticipar en las asambleas– y en indirectas –en cuanto el ciudadano no tiene un control directo del proceso al estar representado por un líder–.
La mayor parte de los municipios con PP en Argentina tienen estructuras de delegación y representación, ya sea por ser miembro de alguna organización de la so-ciedad civil o mediante la elección de consejeros entre los propios ciudadanos (Carmona y Martínez, 2013).
Gráfico 1. Municipios argentinos con presupuesto participativo
Fuente: Elaboración propia en base a Red Argentina de Presupuestos Participativos (RAPP).
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Estas prácticas favorecen y refuerzan la organización territorial de los vecinos.
En la mayor parte de los casos la implementación del PP se asocia a una gestión política en particular (en cabeza del intendente). Este es un aspecto que puede atentar contra la permanencia en el tiempo del instru-mento, ya que ante escenarios de cambios en el color político de las autoridades municipales, y en ausencia de consenso, corre riesgo de discontinuarse la expe-riencia (ibíd.). Por otro lado, el respaldo de los proce-sos de PP mediante el dictado de Ordenanzas u otro tipo de normas, no parece garantizar de por sí la con-tinuidad de la herramienta.
III.LA APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LAS ADMINISTRACIONES
MUNICIPALES
Para dar cuenta del impacto que la implementación del PP produce al interior del aparato municipal y sus formas de funcionamiento, se consideran para los ca-sos estudiados las siguientes dimensiones de análisis:
a) Ubicación institucional del PP y su relación con otras áreas;
b) Recepción de las nuevas demandas ciudadanas y su inclusión en la agenda gubernamental;
c) Adopción o refuerzo de procesos de descentraliza-ción;
d) Aparición de otras políticas innovadoras.
A partir del marco teórico expuesto, nos proponemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los alcances y efectos del PP dentro de la estructura buro-crática municipal?; ¿Qué rol cumple como elemento modernizador de la gestión pública local?; ¿Es real-mente un instrumento innovador o sólo constituye un mecanismo de legitimación política?; ¿Cómo logra que la administración local lo adopte como una políti-ca central de gobierno?
2.1. La ubicación institucional del PP y su re-lación con otras áreasDentro de la estructura municipal, el PP aparece fuer-temente relacionado con la figura del Intendente. En base al relevamiento de la III Encuesta Nacional de Presupuesto Participativo (año 2014), en algo más del 52% de los casos figura dependiendo de la Secretaría de Gobierno o similar. En efecto, una característica sa-liente del PP en la Argentina es el rol importante del Ejecutivo para su adopción como una decisión polí-tica propia, más que a partir de una demanda de la
ciudadanía. En el 12% de los casos, el Intendente ha je-rarquizado el área, dándole categoría de Secretaría. El anclaje dentro de otras Secretarías más sectoriales se verifica en el 33% de los casos. Realizando un estudio de panel con los ocho municipios de los que se cuen-tan datos en las tres ondas de Encuestas, se verifica la tendencia a la jerarquización del PP para cuatro casos, sea mediante la creación de Secretarías respectivas o estableciendo una relación directa con el Intendente a través de la Secretaría de Gobierno, en tres no hubo variaciones y en una experiencia dejó de estar en cabe-za del Jefe de Gabinete para pasar a depender de otra Secretaría.
La intención, al menos desde lo formal, ha sido dar un mayor apoyo político a los coordinadores del PP de modo de ponerlos a la par de los funcionarios de otras áreas al momento de discutir las prioridades de políticas y las diferentes visiones al respecto. Esto ha permitido poner en evidencia los problemas internos de comunicación y favorecer la búsqueda de solucio-nes, aunque no siempre con el éxito esperado.
En base a las entrevistas realizadas, se observa que los funcionarios de las Secretarías tradicionales se han mostrado muchas veces reticentes a participar de los debates en el marco de la implementación del PP, y su presencia en los foros territoriales ha estado ligada más bien a la presión del Intendente. En la práctica, su colaboración se redujo en muchos casos a asimilar el tratamiento de los expedientes de proyectos del PP al funcionamiento tradicional, asociando a la herra-mienta desde su visión a un área específica y no como política de gestión global.
Es así como la adopción del PP tiene implicancias no previstas, principalmente en la dificultad de relación entre las áreas, problema sin solución si el gobierno no se compromete en un profundo proceso de trans-formación.
En algunas experiencias, cuando el cortocircuito entre las áreas puso en peligro la supervivencia de la he-rramienta, reflejada en bajos niveles de ejecución, la coordinación del PP optó por contratar técnicos y es-pecialistas que representan los saberes sectoriales, de modo de poder prescindir de la estructura existente. Incluso, en ciertos casos han establecido algún tipo de cogestión con los vecinos, de manera formal o ad-hoc, otorgando fondos a organizaciones de la sociedad ci-vil (organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento, asociaciones vecinales, etc.), las que final-mente se hicieron cargo de ejecutar los proyectos.
Los métodos reseñados no sólo impiden procesos de modernización en la administración, sino que además
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implican una tercerización de funciones que son pro-pias al municipio, pero que éste lleva de manera defi-ciente (manejo de expedientes, procesos de licitación, ejecución de obras, etc.), por lo que se debilita la pre-sencia del Estado.
Si bien los mecanismos de cogestión tienen un ele-mento positivo de participación de organizaciones intermedias, generan un escenario donde el PP se transforma en una especie de isla diferenciada del res-to del municipio. En efecto, las otras áreas perciben a la oficina de PP como un “municipio paralelo”, que realiza tareas que les son propias, interfiriendo en las respectivas planificaciones sectoriales. Esto genera un aislamiento que vulnera la legitimidad interna de la herramienta y dificulta gravemente su desenvolvi-miento.
Las situaciones reseñadas pueden pasar desapercibi-das si, pese a los conflictos, se logra mantener un nivel de ejecución de proyectos aceptable, aún a costa de es-quemas organizativos defectuosos y un uso ineficien-te de los recursos por parte del gobierno local.
2.2. La recepción de las nuevas demandas ciu-dadanas y su inclusión en la agenda guberna-mentalLas experiencias identificadas con la visión de “muni-cipio paralelo” impiden una sintonía adecuada entre las demandas de los vecinos y las decisiones de la ad-ministración, lo que se traduce hacia el interior de la administración como un divorcio entre el trabajo de los promotores territoriales del PP –encargados de las diferentes fases de formulación y en relación directa con la ciudadanía– y aquellos que, por sus recursos y capacidades, deberían llevar adelante la ejecución de los proyectos.
En otros casos, se ha intentado realizar una apertura, procurando generar visiones compartidas entre los di-ferentes Directores, mediante la incorporación del PP al entramado funcional del municipio. Es así que las áreas no sólo han colaborado con la ejecución de los proyectos del PP, sino que también han tomado como insumo demandas que resultan del diagnóstico de la herramienta, haciendo lugar dentro de su planifica-ción ciertos proyectos que el municipio asume como prioritarios o políticamente rentables y que original-mente no entraban dentro de los límites de evaluación y selección de proyectos de PP.
Si bien estas prácticas no rompen totalmente con las lógicas sectoriales de los municipios, enriquecen a las áreas con información que de otra manera no hubie-ran conocido o priorizado. Por otra parte, no resulta
fácil conciliar estas nuevas demandas con las que el área considera prioritarias, especialmente en los casos de Obras Públicas, donde existe algún tipo de plani-ficación que mira el conjunto del territorio a media-no plazo, mientras que las necesidades que surgen de los foros de PP en su gran mayoría se relacionan con cuestiones delimitadas territorialmente al barrio o a la zona de los vecinos participantes y que muchas veces requieren pronta resolución.
La importancia del involucramiento e interrelación de las Direcciones para lograr la supervivencia de la he-rramienta toma relevancia al considerar la cantidad de funcionarios abocados al PP. Mediante el estudio de panel de las tres olas de Encuestas Nacionales a Muni-cipios con Presupuesto Participativo se observa que se trata de equipos limitados, cuyo personal no siempre tiene una dedicación exclusiva y requiere el apoyo y la articulación con funcionarios y técnicos provenientes de otras áreas tanto en el momento de la formulación de los proyectos (para el estudio de viabilidad), como en la ejecución.
2.3. La adopción o el refuerzo de procesos de descentralizaciónSegún la III Encuesta Nacional de Presupuesto Partici-pativo, sólo un 36 % de los casos vinculan al PP con un proceso de descentralización previa. Aun así, la mo-dalidad de aplicación del PP en Argentina mediante la división en territorios, favorece el impulso descen-tralizador, especialmente en los municipios geográfi-camente extensos, heterogéneos y con alta densidad de población. El PP representa en sí una política de ejecución descentralizada, ya que las asambleas y los proyectos se realizan en los distritos de los gobiernos locales, coherente con una forma de gestión descen-tralizada (Carmona y Martínez, 2014).
Sin embargo, los foros territoriales tienden a reflejar esencialmente las cuestiones vecinales centradas en el micro espacio urbano, no por falta de buenas prácti-cas en la implementación, sino por una limitación en la concepción de la herramienta, ya que “…el propio diseño del Presupuesto Participativo condiciona la forma de encarar las preocupaciones de los vecinos, haciéndolos con-centrarse en su barrio” (Annunziata, 2011: 139).
Esta modalidad territorial genera en la práctica una fragmentación de la visión sobre el municipio, redu-ciendo la decisión a la escala de proyectos y dificul-tando el empoderamiento de los ciudadanos para que éstos definan las políticas prioritarias basadas en un concepto integral de ciudad. En este sentido, el PP parece haberse orientado a transmitir demandas loca-
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lizadas geográficamente y de pequeña escala, lo que quita poder modernizador a la herramienta. En los pocos casos en que se planteó la apertura de las deci-siones a ejes temáticos, dichas experiencias tuvieron fuertes resistencias y dificultades al enfrentarse con aparatos administrativos rígidos y estancos.
Los municipios que han implementado PP, logran-do reestructuraciones que favorecen la instauración de un modelo de gestión relacional, han sido aque-llos que anterior o conjuntamente adoptaron una vi-sión integral reflejada en estrategias de planificación de ciudad, en muchos casos mediante el impulso de procesos de descentralización. Allí las demandas que emergieron de los foros participativos pudieron per-mear todo el entramado municipal, nutriendo a las áreas, las que han ajustado su planificación a las de-mandas vecinales.
En esos casos se intentó dar soluciones que abarquen las cuestiones en forma particular pero también inte-gral. Así, han surgido demandas cuya solución no es-taba al alcance de la herramienta ni del presupuesto o la competencia del municipio, pero que fueron toma-das y redireccionadas con el fin de lograr el financia-miento o los acuerdos necesarios para su consecución. Tal ha sido el caso, por ejemplo, de la creación de una escuela en un territorio que carecía de establecimien-tos. Por un lado, el financiamiento de la inversión ex-cedía al monto disponible del PP; por el otro, la potes-tad sobre las funciones educativas estaba reservada a la provincia. El gobierno local consideró la necesidad de los vecinos en función de la infraestructura edu-cativa existente en el territorio y tomó la decisión de coordinar una solución con la provincia, con la dispo-sición de cofinanciar la construcción de la escuela.
En experiencias más afianzadas, resultó fundamental la relación que se terminó estableciendo entre la parti-cipación ciudadana y la conformación de planes estra-tégicos por parte del municipio, donde el diagnóstico participativo retroalimenta y orienta la planificación a mediano plazo (Allegretti, García Leiva y Paño Yáñez, 2011: 55–56). Entonces, si bien el proceso de PP conti-nuó teniendo un fuerte anclaje barrial o zonal, pudo favorecerse un intercambio que permita al ejecutivo municipal ir hacia una idea más amplia de desarrollo a escala ciudad.
2.4. La aparición de otras políticas innovadorasSe ha relacionado la aparición de innovaciones en po-líticas públicas con la existencia planes estratégicos enmarcados dentro de una gestión estratégica, ya que permiten pensar la ciudad en su conjunto con una vi-
sión de largo plazo (Carmona, 2012: 53–55). Desde este punto de vista, el PP no parece corresponderse con el surgimiento de ciertas herramientas que involucran a la ciudadanía, tales como los mecanismos de control y rendición de cuentas, o los abordajes integrales en campos de políticas específicas, que sí se asocian a la presencia gestiones estratégicas.
Sin embargo, el relevamiento de casos ha ofrecido varios testimonios que permiten relacionar la visibi-lización de demandas durante los foros del PP con la creación posterior de foros temáticos participativos. Esto ha sucedido cuando las características propias de la herramienta resultaban limitadas para abarcar problemas transversales al municipio, que exceden la idea de proyectos y exigen una atención más perma-nente por parte del gobierno. Tal es el caso de los con-sejos asesores temáticos (tercera edad, niñez, género, etc.). De este modo, se pudo experimentar una exitosa ampliación de redes que vinculan el Estado con la so-ciedad.
Ante la aparición e impulso de políticas innovadoras, se ha apreciado que luego de varios años el PP alcanza una etapa en la que queda en cierta medida relegado frente a los demás canales participativos asentados. Este fenómeno lo que hemos entendido como una “burocratización” de la herramienta, en cuanto a que ha perdido su carácter transformador (López Accotto, Martínez y Paparás, 2014). Ahora bien, más que un signo de rigidez, esto sería consecuencia de la incor-poración de altas instancias de participación y de una estructura modernizada de gestión municipal.
III. CONCLUSIONES
El presente trabajo ha intentado describir las caracte-rísticas generales que adquiere el presupuesto partici-pativo en los municipios argentinos y su importancia creciente dentro de las políticas públicas adoptadas a nivel local.
En primer lugar, la adopción de la herramienta en Argentina ha respondido en gran medida al interés despertado en las autoridades políticas locales (en la figura del Intendente), para dar mayor visibilidad a la gestión y otorgar legitimidad frente a los electores, todo ello dentro de una lógica de acumulación política.
Sin embargo, la introducción del PP como modo de obtener más legitimidad del gobierno por medio de la participación de la ciudadanía en los asuntos del Estado, está limitada por la complejidad que presenta hacia el interior de la administración, especialmente cuando están presentes lógicas burocráticas patrimo-nialistas que adoptan posiciones reactivas escudadas
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en el formalismo y el apego a los procedimientos.
En los casos donde se introdujo la herramienta en el marco de procesos de modernización administrativa orientadas a una idea de desarrollo local integral, ge-neralmente acompañados de algún tipo de descentra-lización (donde se pudo producir un refuerzo entre la implementación de la herramienta y la delegación de autoridad de funciones a los territorios), la misma gozó de mayor sustentabilidad, ya que favoreció una gestión relacional acreditada por una mayor colabora-ción entre las áreas de gobierno.
Los equipos técnicos del PP, incluyendo los coordina-dores zonales, son quienes tienen mayor relación con los vecinos, y por lo tanto, funcionan potencialmente como un canal directo de comunicación hacia dentro del municipio de las demandas ciudadanas. Cuando estos equipos tienen una articulación aceitada con el aparato municipal, aun siendo limitados en número de personas, facilitan la comunicación de las necesida-des de los vecinos y se hace partícipe a los funciona-rios de las diversas áreas, lo que termina materializán-dose en políticas públicas que enriquecen el proceso de gestión política del municipio.
No se verifica que resulte un limitante para su desa-rrollo el monto del presupuesto destinado al PP, ya que los efectos potencialmente modernizadores que contiene la herramienta exceden ampliamente el lími-te impuesto desde la lógica puramente financiera-dis-tributiva, y pueden impactar de muy distintas formas en el resto de los recursos presupuestarios.
La creencia de que implementar una propuesta de PP en el entramado municipal con un fuerte anclaje te-rritorial sobre bases partidarias o de organizaciones sociales basta para garantizar el éxito de esta política pública, resulta una visión limitada que puede llegar a horadar la aceptación de la herramienta con pérdida de participación, y frustrar la posibilidad de un cam-bio profundo en la gestión municipal. Tal es el caso de los municipios que se centraron únicamente en la obtención de resultados, con el propósito de presentar a la ciudadanía un número importante de proyectos ejecutados.
La esencia del PP es la de transformar la relación entre la ciudadanía y el gobierno local, empoderando a los vecinos para que puedan decidir en base a sus deseos y necesidades, y controlar la gestión municipal. Para lograr este objetivo, las estructuras municipales deben ser lo suficientemente flexibles como para incorporar la herramienta a su funcionamiento, ya que “mientras más enraizado esté el proceso participativo en la adminis-tración, mayor capacidad de maniobra e influencia sobre el
funcionamiento del proceso tendrá la ciudadanía” (Alle-gretti, García Leiva, y Paño Yáñez, 2011: 51).
En definitiva, se puede afirmar que el aprovecha-miento de los efectos modernizadores del PP hacia el interior de la administración, mediante la adopción de lógicas de gestión relacional y reestructuraciones orientadas a la identificación y satisfacción de las de-mandas ciudadanas, potencian el desarrollo de visio-nes estratégicas y mecanismos de planificación de me-diano plazo.
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REFERENCIAS
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RESEÑAS DE LIBROSLI
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EL “MATRIMONIO HOMOSEXUAL” EN ESPAÑA: CLAVES DEL DISCURSO PARA SU APROBACIÓN
Autor: Albors, Ximo (2014). Ed. Dictus Publishing.
ISBN: 978-3-8473-8936-1
Por Más Poder Local
El denominado matrimonio igualitario, homosexual o gay ha sido descrito como un hito legal en España. A principios del siglo XXI tan solo los Países Bajos y Bélgica tenían una legislación de esas características. Pero, ¿cómo consiguió España aprobar una ley de ese tipo en una sociedad tradicionalmente católica?
Justo ahora, en 2015, cuando se cumplen 10 años de la aprobación de la ley, este libro pretende dar respuesta a esta cuestión. Para ello dilucidará acerca de cuáles fueron las técnicas comunicativas que se utilizaron para construir el discurso desde el punto de vista de los gobernantes. Se identifican cuáles fueron las palabras clave, las ex-presiones principales y los argumentos trascendentes con los que se fue elaborando el discurso para defender la ley.
El libro, producto de un proyecto de investigación en el ámbito del Máster de Comu-nicación Política e Institucional de la Fundación Ortega y Gasset, realiza un repaso previo por la teoría de los marcos y del enmarcado de las políticas públicas para ins-peccionar, posteriormente, cómo otros estudios en el mundo han tratado el tema de la homosexualidad en el ámbito legal.
Tras una contextualización de las fases de la ley de matrimonio homosexual en Es-paña, la obra se desarrolla a través de un análisis de discurso de diferentes textos, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, con el fin de discernir los aspectos clave de las diferentes disertaciones.
A través de la creación de tablas de palabras y del análisis de los hilos discursivos elaborados, se profundiza en el qué se dijo, el cómo se dijo y el por qué se dijo. Estas son algunas de las incógnitas a las que esta investigación intenta dar luz, apoyándose al mismo tiempo en diversas entrevistas a personas que estuvieron vinculadas de lleno con el proceso de elaboración y aprobación de la ley: expertos en comunicación, representantes de asociaciones y políticos. Incluyendo entre ellas, una entrevista con que fuera Presidente del Gobierno del momento, José Luis Rodríguez Zapatero.
Así, a través de sus más de 140 páginas, en el trabajo se hace referencia tanto a las partes ventajosas con las que partía el discurso, como aquellas que consiguieron crear una mayor oposición e incrementar las dudas sobre el apoyo de la población a la norma.
¿Cuáles fueron los vocablos más usados? ¿Cuáles fueron los argumentos más repe-tidos? ¿Y los más difíciles de rebatir? ¿Qué metáforas se utilizaron? ¿Qué estrategia se siguió desde los gabinetes ministeriales? ¿Qué papel jugó la sociedad civil y el asociacionismo?
En el intento por responder a estar cuestiones, el libro se acerca a la otrora conflictiva ley de matrimonio igualitario en España pero no desde el punto de vista de la opinión, sino del de la investigación. Tampoco desde la óptica de la legalidad, sino desde la perspectiva de la comunicación.
Por tanto, se trata de una obra que puede atraer a los interesados en la comunicación, así como a los interesados en la política. Pero por encima de todo, a aquellos intere-sados en la comunicación política.
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PACTOS AL ESTILO BORGEN
Por Fernando Cuñado González
Vivimos una etapa nueva en la política española. Las recientes elecciones municipa-les y autonómicas han dado la vuelta al tablero de juego y, a tenor de los resultados, las mayorías absolutas empezarán a ser cosa del pasado. Paralelamente ha llegado Borgen a la pequeña pantalla española, una serie danesa emitida por la televisión pública entre 2010 y 2013 que nos ofrece las claves de la cultura de pactos. Ésa a la que tendrán que aplicarse los líderes de los partidos españoles porque los tiempos del rodillo se han acabado. Borgen no es sólo una serie muy bien hecha, es un ejem-plo de los tiempos que se avecinan en España donde el entendimiento y el consenso entre distintas formaciones va a ser necesario para formar gobiernos estables.
A lo largo de tres temporadas, acompañamos a Birgitte Nyborg, la primera mujer en llegar al cargo de Primer Ministro en Dinamarca. Líder del partido moderado, dirige un tripartito del que también forman parte los laboristas y los verdes, y se tiene que emplear a fondo para sacar adelante sus reformas. No es tarea fácil y vemos cómo se ve obligada a superar varias crisis de gobierno y las zancadillas de la oposición conservadora. En asuntos de Estado, busca el máximo apoyo del Parlamento, lo que no siempre sale bien porque la política en Dinamarca y en España, no deja de ser política. Algo así, le espera al próximo presidente del Gobierno de España por lo que su visionado debería empezar a ser una asignatura obligatoria en las escuelas de formación de todos los partidos.
Borgen está más cerca de El Ala Oeste de la Casa Blanca que de House of Cards. Nyborg podría ser un alter ego europeo de Bartlet. Junto a ella encontramos a su escudero, Kasper Juul, un asesor de comunicación para el que todo vale con tal de proteger a su jefa. ¿Estaría Adam Price, el creador de la serie, pensando en él cuando decidió abrir los capítulos con citas de Maquiavelo?
Los temas que se abordan en la serie son parecidos a los que centran la política espa-ñola. Crisis económica, corrupción o inmigración son algunos de los asuntos con los que tiene que torear en su día a día la primera Ministra. Sus pasos son transmitidos prácticamente en directo por los medios de comunicación. No hay que olvidar que Dinamarca encabeza el ránking de Transparencia Internacional y a tenor de lo que retrata Borgen, los periodistas se mueven y cuentan lo que pasa entre bambalinas con total libertad. Esto nos da pie a poder comparar el funcionamiento de la televisión pública ya que los guionistas dan mucho peso al cuarto poder en la serie.
Si Pablo Iglesias le regaló al rey Felipe VI la serie Juego de Tronos, bien haría el mo-narca español en recoger el guante y enviar a cada uno de los partidos un paquete con las tres temporadas de Borgen porque la realidad española pronto se va a parecer mucho a la ficción danesa.
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LA MUJER EN POLÍTICA: LIDERAZGOS FEMENINOS
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