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La Reforma Financiera en México 2013, ¿Crónica de una Muerte Anunciada? Premisas y Desafíos. Un

Análisis desde la Implementación de Políticas Públicas

LA REFORMA FINANCIERA EN MÉXICO 2013, ¿CRÓNICA DE UNA

MUERTE ANUNCIADA? PREMISAS Y DESAFÍOS. UN ANÁLISIS

DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DOCUMENTO METODOLÓGICO



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. I

I. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. X

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. XV

III. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. XVII

IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. XXI

V. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DE REFERENCIA. XXII

VI. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. LXXXV

VII. COMPROBACIÓN-FALSACIÓN DE LAS HIPÓTESIS (PRUEBAS

EMPÍRICAS O CUALITATIVAS).

LXXXVII

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN. CII

FUENTES DE INFORMACIÓN. CVIII



I

INTRODUCCIÓN.

El abandono de una reforma financiera como herramienta de crecimiento

económico, para el caso de México, se destaca no la inexistencia de la misma con

fines de crecimiento sostenido en la economía que han marcado un rumbo donde

los objetivos que se persiguen en común son distintos para ambas partes tanto

para la sociedad misma como para el gobierno que las legitima. En el país se

puede hablar de dos momentos diferentes, uno en el que el Estado vía su Política

Fiscal estuvo altamente involucrado en el crecimiento de la economía y otro en el

que esta herramienta tan sólo se remitió a ser utilizada como mecanismo de

estabilización, siguiendo en todos los casos las recomendaciones emitidas por las

Instituciones Financieras Internacionales.

Las principales recomendaciones de las Instituciones Financieras Internacionales

consistían en la generación de ahorros para obtener los excedentes necesarios

para cumplir con el pago de la deuda externa que agobiaba las finanzas públicas

de los países en vías de desarrollo como es el caso de México.

En la Política Financiera se ha tenido un papel preponderante en lo que se refiere

a los programas de estabilización recomendados por el Fondo Monetario

Internacional a los diferentes países de América Latina, una vez que uno de ellos

reconoce sus debilidades y recurre al FMI debe firmar una “carta de intención”,

Siempre y cuando el financiamiento solicitado supere los dos primeros tramos en

que divide el organismo su financiamiento, es decir, cuando el crédito solicitado

sea 50% de la cuota del país solicitante donde se compromete a poner en práctica

un programa de ajuste económico con el fin de corregir el desequilibrio externo; la

inflación y el déficit presupuestal. Para el caso en México el desequilibrio ocurrió

debido a que la economía se manejó de forma primitiva, como si se operara una



II

economía cerrada: las importaciones se desbordaron, el tipo de cambio se

sobrevaluó y se registraron fugas de capital. En septiembre de 1976 irrumpió la

primera crisis financiera; México abandonó el sistema de paridades que había

mantenido desde 1949 y nuevamente puso a flotar su moneda. Las políticas

públicas de ajuste en los programas de estabilización se consideraban necesarias

para que los países miembros pudieran tener acceso a los recursos del fondo o

bien de la comunidad financiera internacional. En muchos casos los fondos que

proporciona el FMI no son tan cuantiosos como para solucionar o corregir la

situación, no obstante, la confianza que genera en otros organismos,

dependencias y países permite la llegada de una cantidad importante de flujos de

divisas a la economía, de ahí la importancia de obtener el visto bueno del FMI,

ante su imposibilidad de generar divisas mediante su dinámica de comercio

exterior. Así el principal objetivo de las medidas consistía en la atracción de

créditos, la inversión extranjera y la creación de nuevos impuestos.

El tema de los impuestos siempre ha resultado controversial, ya que uno de los

puntos más delicados para los gobernados es el verse afectados en su patrimonio,

situación que forzosamente se da cuando el fisco crea nuevos impuestos,

aumenta las tasas vigentes o bien realiza cambios en las distintas leyes tributarias

para otorgarles más facultades al Estado y a sus subordinados, logrando así tener

más herramientas para poder captar mayores recursos. No obstante, dicha

situación debe de darse por medio de un adecuado sistema de política fiscal, el

cual ha sido buscado por parte del Estado desde el año de 1950, a través de una

reforma financiera tributaria que satisfaga las necesidades del país, lo anterior es

así, ya que precisamente hasta antes de este año (2013), las concepciones de los

gobernantes, con respecto a dicho tema, no eran bien entendidas y tan sólo se

buscaba la obtención de dinero a través del aumento tributos, es decir, no existía

una reforma financiera.



III

La situación es que en los distintos sexenios que se han utilizado el método de los

impuestos no han sido lo suficientemente eficientes, prueba de ello es que año

con año se realizan reformas para poder lograr una mayor captación de recursos

por parte de las contribuciones. Dichas reformas resultan inadecuadas ya que, el

gobierno suele hacerlas de una manera incorrecta, sin guiarse por los siguientes

tres elementos: política presupuestaria, política fiscal y técnica fiscal, teniendo

como resultado parches y no reformas tributarias.

En la actualidad la evasión fiscal se ha vuelto un problema mayúsculo, que no se

ha podido contrarrestar, y sólo se han dado paliativos, dentro de dicho rubro se

encuentran los sujetos pasivos, que o bien no pagan o no pagan de la manera en

cómo se debería de hacer, y tan sólo unos pocos son quienes efectivamente

pagan al fisco, es decir, se deja de cumplir lo expuesto en la Constitución Federal

en el artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir de

manera proporcional y equitativa, para poder cubrir el gasto público del país y

generar nuevas políticas asistenciales tan necesarias en el país.

Lo anterior, se da más en los impuestos directos, los que por su naturaleza son

más fáciles de evitar, razón por la que en la presente investigación se señala que

el mejor medio para poder captar más recursos es por la vía de los impuestos

indirectos, los cuales resultan más sencillos y tienen la ventaja de captar un mayor

número de sujetos pasivos. Sin embargo, en éste escrito también se contempla

que no se deben de dejar de lado a los impuestos directos, toda vez que, los

mismos suelen gravar más a los contribuyentes más acaudalados, y es que si sólo

se gravara por medio de los impuestos indirectos volveríamos a cometer el mismo

error que sucedió durante sexenios pasados, en donde la forma de contribuir era

puramente por la vía de los impuestos indirectos.



IV

Durante el presente gobierno se han creado dos nuevos impuestos el Impuesto

Empresarial a Tasa única y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, entre los dos

se busca combatir tanto a la omisión fiscal como a la evasión fiscal, no obstante

derivado de las características de ambos, no auguran un gran cambio a la

captación de recursos tributarios, es decir, se sigue dando una reforma hacendaria

incompleta.

Es importante destacar que no basta con obtener un mayor número de

contribuciones, ya que si no se saben manejar dichos ingresos de nada sirven,

hay que buscar los mejores medios en que invertir, para que en el futuro nuestro

país se vuelva más fructífero y se pueda alcanzar un mejor nivel de vida para

todos, debido a que en la actualidad pocos son los planes que se continúan más

de un sexenio y por ello no se da una continuidad, frenando con esto todo avance,

existen inversiones en las cuales sus resultados tardaran más de seis años, no

obstante se suele reinventar dichas reformas financieras cada que se cambia de

un presidente a otro y con ello volvemos a empezar de cero, debemos de recordar

que el Estado pretende el bien común y por ello se debe de buscar lo mejor para

México.

La idea de que la disciplina fiscal se consolide como el mejor camino para lograr la

estabilidad del mercado y poder con ello estar en condiciones de buscar el

crecimiento económico de largo plazo, la idea del equilibrio de largo plazo que

asegura el pleno empleo y la estabilidad de precios bajo un sistema económico

que asume que una economía de mercado que funciona sin la regulación o

intervención del gobierno, resulta en el mejor de todos los escenarios posibles ya

que después de una crisis o desequilibrio donde sobrevivan los mejores, el

sistema económico se corregirá así mismo regenerando el empleo y la

prosperidad para todos, siendo mejor y más fuerte sin la necesidad del gobierno



V

que tan sólo deja un mayor deterioro; en este sentido para la teoría práctica la

presencia del Estado no es necesaria.

Con el ajuste fiscal se pretende disminuir el déficit gubernamental y la cantidad de

deuda, en ambos casos se trata de evitar que los agentes económicos puedan

tener la sensación de que el gobierno en cualquier momento puede monetizar su

déficit, o bien, que es incapaz de cumplir con la amortización de su deuda y que

tan sólo es capaz de cumplir con el pago de intereses, o de otra manera, que en

un momento dado tenga que recurrir a la contratación de más deuda para

continuar con el cumplimiento de su servicio, lo que puede conducirlo a una

situación de inestabilidad financiera.

El saneamiento fiscal siguiendo el consenso que ha enmarcado el gobierno

pasado con la privatización de las empresas nacionales, dicho proceso ha tenido

resultados positivos de corto plazo en la ordenación de las finanzas públicas como

se indica, no obstante, su resultado en el largo plazo se pierde dejando al Estado

en una condición menos favorable para intervenir en la economía.

La razón de buscar el manejo de reformas financieras sanas, se suscribe por una

parte al mantenimiento de un tipo de cambio fijo o semi-fijo que controla el valor de

la moneda para que ésta siga siendo atractiva para los inversionistas

internacionales, quienes tendrán la seguridad de que sus inversiones siguen

manteniendo su valor. En este sentido, la estabilidad cambiaria juega un rol

importante para asegurar la demanda de moneda nacional por parte de los

extranjeros permitiendo con ello el intercambio de dólares por pesos.

Así, se sostiene en el documento que uno de los requisitos necesarios para

retomar la soberanía de la política económica es la flexibilidad del tipo de cambio



VI

sin embargo, es importante aclarar que cuando la Política Fiscal está

endógenamente determinada por una autoridad fiscal maximizadora no es

necesario trabajar con política de tipo de cambio fija, en virtud de que el propio

Estado ha aceptado la disciplina fiscal, en este sentido no es necesario que se

establezca un régimen de tipo de cambio fijo si el gobierno tomara las medidas

pertinentes en materia de Financiera y monetaria para mantenerlo fijo, como

sucede en el caso de México, donde las autoridades monetarias mencionan que el

tipo de cambio es determinado por las fuerzas del mercado y no obstante,

intervienen para mantenerlo sobrevaluado, mientras que las autoridades fiscales

no se salen de su esquema de disciplina para no generar presiones sobre dicha

variable.

Otra razón para trabajar con una Reforma financiera sana responde a los

intereses de grupos minoritarios que ganan con la salida del Estado de ciertas

actividades productivas. Ante un esquema de disciplina fiscal el gobierno tan sólo

puede erogar recursos similares a los ingresos que pueda obtener por la

recaudación de tributos, esto limita en gran medida la acción del Estado en

materia de inversión de capital y abre la esfera de influencia al capital privado

tanto interno como externo. En realidad el esquema de equilibrios fiscales

responde a una lógica con un trasfondo político que se ha desarrollado a la par de

todo un cuerpo teórico que sirve para validar tales acciones. Si el gobierno se

permitiera trabajar con gasto deficitario no necesitaría restringir su gasto, no

tendría que recurrir a la venta de las empresas paraestatales, sería innecesario

abrir los sectores estratégicos a la iniciativa privada, etc., como se ha hecho en

México con el objetivo de sanear las finanzas públicas y mantener la estabilidad

monetaria.

Con los resultados del análisis sugieren, que en el contexto mundial actual, se

debe de exigir una reorientación del papel del Estado en la economía, de tal



VII

manera, que su participación debe de ser de forma activa, con el fin de propiciar el

crecimiento económico y el pleno empleo. Este objetivo exige nuevos retos y el

replanteamiento de las políticas económicas actuales; en particular, se propone

establecer un nuevo manejo de la política fiscal, en donde ésta actué como

herramienta clave en la conformación del aparato productivo del país.

Razón por la cual el presente trabajo se ha dividido en cuatro partes o capítulos.

Capitulo I. En este apartado retomaremos el tema de las finanzas públicas como la

disminución del gasto de gobierno, la privatización de las empresas propiedad del

Estado, la estabilidad monetaria a costa de las variables reales, etc. Postura que

vale la pena mencionar que han sido suscritas en acuerdos que se asumen en su

planteamiento, de manera explícita o implícita, que las finanzas públicas deben

mantenerse en equilibrio y que tan sólo es necesario observar algunas

condiciones en el manejo de la Política Fiscal para lograr niveles de crecimiento

de largo plazo, donde se asume entre otras cosas que el tipo de cambio fijo impide

que las economías puedan operar una política económica soberana y en

consecuencia el gobierno pase a depender de sus ingresos tributarios para

atender sus necesidades de gasto, ante la disyuntiva de alterar su estabilidad

monetaria que intenta romper con los principales postulados de la escuela

convencional. La importancia del capítulo consiste en sentar las bases para una

discusión posterior en el caso específico de la economía mexicana. Es importante

mencionar que la investigación se dirige buscando la supremacía de las reformas

financieras como la opción con la cual se puede tener un manejo soberano de la

Política Fiscal que resulta impensable bajo las premisas actuales.

Capitulo II Se plantea en este las bases para las posibles creaciones o

modificaciones en cuanto a la reforma financiera requiere el país. Ya que como es



VIII

bien sabido para que la nación pueda crecer en sus diferentes rubros se requiere

de una mayor participación del estado y su población para crear nuevas leyes o

planes para un mejor desenvolvimiento de la gente en su desarrollo económico, y

de que este éste respaldado por una buena administración por parte del estado

como: una mejor y más amplia educación, así como una verdadera reforma fiscal

integrada, pero todo esto en materia no se ha llevado a la practica en México,

como veremos desarrollado en el mismo capítulo.

Capitulo III se aborda la paradoja de las reformas financieras en México y cómo

bajo este principio, la postura fiscal tiende a ser contra-cíclica en perjuicio de la

estabilización del ciclo económico, propiciando en algunos casos una mayor

volatilidad del ingreso nacional que está asociada a la liberalización económica y

particularmente a la liberalización financiera. El problema con la disciplina fiscal

consiste en buscarla con base en una reducción en el gasto, ya que como se

desarrolla en el capítulo, esa medida tendrá algunas consecuencias asociadas

como: la reducción de la participación del Estado en la construcción de

infraestructura pública; la disminución de los ingresos que percibe el Estado por

una desaceleración en la actividad económica y; el probable incremento de los

gastos del Estado en rubros que se han deteriorado como consecuencia del

mantenimiento de la disciplina misma, como son la seguridad social y pública.

Capitulo IV. Se aborda el tema de las reformas financieras y las leyes tributarias,

así mismo, se hace un análisis jurídico de la reforma para el ejercicio fiscal de dos

mil ocho; para posteriormente proponer un plan de política fiscal para México

basado en la mayor utilización de los impuestos ya sean indirectos o directos;

también se plasma el concepto de modelo económico y las problemáticas de

diseño fiscal, ya que por medio de dicho modelo, observando las variantes que se

puede dar, es posible establecer qué tipo de impuestos son los más óptimos para

nuestro país. De igual manera se compara a la deuda pública con los impuestos,



IX

con el fin de obtener como resultado cuál de ellos produce mayores beneficios.

Finalmente se contemplan los efectos que produce en los contribuyentes la

creación de los impuestos o el aumento de sus tasas, lo cual en algunos casos,

suele llegar a provocar la evasión fiscal.



X

I. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.

En México la historia reciente nos recuerda de los costos sociales que ha tenido la

falta de un sistema financiero que aporte estabilidad y liquides a la economía real,

en este sentido la última crisis financiera por la que atravesó el país dejo como

secuela una deuda pública comprometida en el Fobaproa por más de un 1.3

billones de pesos, así como la concentración en manos extranjeras de la mayor

parte de la banca.

Como consecuencia de ello la mayoría de los precios de productos crediticios ha

sido elevada a causa de ahorro interno insuficiente y una alta demanda. En la

actualidad las instituciones financieras se ven influenciadas por la pérdida de un

elemento fundamental, la confianza, no solo se requiere que dichas instituciones

sean estables sino que el público tenga la firme convicción de que su ahorro está

seguro y que hay mucho por hacer en términos de crecimiento modernización y

eficiencia.

Una de las principales problemáticas en este sentido sigue siendo el costo

financiero que prevalece en el país, caracterizado por altas tasas de interés,

comisiones, la integración de excesivas garantías, entre otros. Situación que en el

discurso pretende ser resuelta con la reforma financiera.

Al determinar un estudio que evalúe el “La Reforma Financiera en México 2013,

¿Crónica de una muerte anunciada? Premisas y Desafíos. Un análisis desde la

implementación de políticas públicas, es relevante en la medida en que a más de

dos década de la puesta en marcha de una política económica orientada a la

liberación de mercados y propiciar una economía menos regulada, los resultados

de esta política de liberar continúa siendo limitado.



XI

En este sentido la relevancia de llevar a cabo una investigación que identifique la

pertinencia de los postulados que enmarca la reciente reforma financiera, resulta

en un ejercicio pertinente al realizar una evaluación y comparación de la política

de desregulación económica emprendida durante la última década, la cual se

sustenta en:

• La crisis financiera del año 1994 afecto el proceso de consolidación bancaria y

su competitividad, y uno de los principales efectos ha sido hasta ahora, el que

las tasas de interés sufrieron un incremento considerable que elevo de

manera sustancial la cartera vencida como un factor preocupante para la

banca.

• El tamaño y la velocidad de crecimiento de la cartera vencida, ha sido uno de

los problemas más relevantes que ha enfrentado la mayor parte de los

intermediarios financieros mexicanos, lo que se ha traducido en un grave

deterioro de la calidad de sus activos y por consiguiente en la necesidad de

incrementar en forma acelerada las reservas preventivas para enfrentar

quebrantos potenciales y la baja demanda de crédito derivada de la

contracción en la actividad económica.

Dentro de los principales problema identificados en la banca mexicana se

encuentran aspectos relacionados con su desempeño, en particular:

• Costos y redes de distribución.

• Servicios al cliente.

• Administración de riesgos crediticios y financieros.



XII

De esta manera, se identifica la relevancia de una banca eficiente, cuando

recordamos que los bancos constituyen la columna vertebral del sistema de

pagos de cualquier país, sin estos, con una operación deficiente de los mismos,

ningún proyecto económico es viable.

De esta manera los escenarios macroeconómicos tiene un impacto inmediato en

el desempeño de los intermediarios financieros, el periodo que antecede a la

reforma se caracteriza por un ajuste de la tasa general del IVA y la caída a plomo

en términos reales de la oferta de dinero, símbolos claros de una política fiscal y

monetaria contraccionista, la reducción de la demanda se ha traducido en un

exceso de oferta de bienes, en acumulación de inventarios y eventualmente, en

un desplome de la producción y el empleo. La forma en que esta situación se ha

venido atenuando ha sido a través de la expansión de crédito que precedió a la

crisis, se acompañó de una inflación desmesurada en los precios de los activos.

El gobierno hizo frente temporalmente a la contracción de los índices de

capitalización reducidos por el impacto de la devaluación. Además estimuló la

inyección de recursos frescos, condicionando al respecto la compra de cartera

morosa.

Los problemas de crédito de algunas empresas de gran tamaño se trataron

casualmente, en cambio, por razones obvias, los programas destinados al alivio

de la situación de los usuarios de tarjetas de crédito, de los acreditados

hipotecarios de las empresas medianas tuvieron el carácter masivo

correspondiente.

La presencia extranjera en el sector bancario se aceptó como parte de la

creación del área de libre comercio de América del Norte, bajo un desastre



XIII

bancario que significo la pérdida de la mayor parte del capital. Sin embargo, la

situación de insuficiencia de capital generado por la crisis, dio lugar a una

aceleración de los tiempos y a una ampliación de los límites de participación.

Este movimiento ha transformado claramente el perfil de la actividad y se ha

constituido en una de la fuerza significativa de la competencia.

El marco regulatorio se modificó en un intento de asimilar .las lecciones de la

crisis. En este orden de cosas, merece destacarse la ampliación de facultades de

supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la elevación de los

requerimientos de reservas preventivas. Se decidió homologar la normatividad

contable de la banca con los estadounidenses, a fin de facilitar la interpretación y

la comparación de los estados financieros, en un entorno decreciente

internacionalización, el propósito es contribuir a la eficiencia de mercado. Desde

luego, la cuestión está lejos de haberse resuelto, subsiste la discusión sobre el

costo final del programa de saneamiento para las finanzas públicas.

▪ La persistente concentración de la actividad económica de México con los

Estados Unidos, revela un incremento del estado de dependencia,

particularmente de los productos mexicanos hacia el mercado

norteamericano, por lo que esta relación sea agudizado y tiene un impacto

directo en el desenvolvimiento productivo de México.

▪ En este sentido es apremiante la necesidad de realizar una evaluación

amplia de la política de desregulación bancaria, a partir del análisis de su

impacto tanto en materia de la composición de sus flujos comerciales, como

su crecimiento de la economía y el desarrollo del país. Ello contribuirá al

desarrollo del conocimiento veraces sobre los aciertos y limitaciones que la

política de desregulación ha tenido para el desarrollo del país. Y por otra



XIV

parte la posibilidad de generar propuestas viables que permitan apoyar el

desarrollo más equilibrado de los distintos sectores productivos.

▪ La evaluación de las acciones emprendidas en cuanto las medidas de

regulación operativa del sistema financiero, afine a los diversos acuerdos

que México tiene con los distintos organismos internacionales, desde una

perspectiva que ubica al sistema financiero, como parte sustantiva de la

política de desarrollo del país de carácter transexenal, contribuye a la

implementación y desarrollo de nuevos enfoques desde las políticas

públicas para fomentar la profundidad y alcance del sistema financiero para

el desarrollo del país.

▪ En este sentido, se ha manifestado el interés de los partidos políticos

suscritos al pacto por México, respecto a la promoción de un modelo

económico que permita el desarrollo del país a partir de una concepción de

libre mercado, en la que sin embargo el Estado debe asumir su

responsabilidad social, propiciando un sistema eficiente y seguro,

desplegando una política económica que coadyuve a lograr los objetivos de

desarrollo nacional.



XV

II. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.

Objetivo general.

▪ Explicar el origen e impacto de las principales líneas de acción de la reforma

financiera, a partir de una evaluación de las políticas públicas de fomento de la

competitividad de los intermediarios financieros en México, concebida como

parte de la política económica que se ha desplegado en el país relativa a

promover la desregulación económica y la liberación del mercado.

Objetivos específicos.

▪ Analizar cómo la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano,

se encuentra inmersa dentro de una estrategia fundamental para potenciar la

actividad económica.

▪ Identificar, describir y estimar los resultados alcanzados de la acción pública

del estado mexicano, en materia de regulación y fomento del sistema

financiero de México previo a la reforma.

▪ Establecer la importancia del Sistema Financiero Mexicano, a través de

identificar su aporte a las finanzas públicas en materia del financiamiento a

través de mercado de valores, así como de los mecanismos tradicionales de

financiamiento del gobierno mediante los cuales interviene en los mercados de

crédito y servicios financieros.



XVI

▪ Evaluar la política pública orientada al Sistema Financiero Mexicano como

parte de la política económica desplegada por las últimas administraciones

federales.

▪ Señalar los elementos que identifican a la reforma financiera como parte de la

política de competitividad industrial de México.

▪ Identificar los principales aciertos y fracasos de la política de desregulación del

Sistema Financiero Mexicano. Identificando su viabilidad.

▪ Demostrar que la política de desregulación del Sistema Financiero mexicano

ha tenido limitados resultados en materia de apuntalar el desarrollo interno del

país.



XVII

III. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A partir de la década de los noventa, la política de reforma en México ha sido una

constante, a partir de la negociación y firma de una serie de tratados de libre

comercio con diversos países y regiones del mundo, la liberación económica ha

sido concebida como una estrategia de desarrollo del país a partir de las tesis

neoliberales sobre los beneficios de la apertura comercial y reducción de la

rectoría estatal en diversos sectores productivos.

Conforme a la hipótesis neoliberal la apertura comercial y la desregularización de

las actividades financieras de México darían como resultado un incremento en la

productividad y competitividad internas, que se reflejaría en la mejora de las

condiciones de vida de la población. Asimismo, esta estrategia de

desregularización ha tenido como objetivo la búsqueda de nuevos mercados para

las exportaciones mexicanas y la desconcentración de las mismas hacia el

mercado de Estados Unidos, lo que reduciría la dependencia de México hacia ese

mercado.

Esta política de desregularización se enmarca en una estrategia más amplia de

política económica desplegada con el objetivo de insertar a México en la economía

internacional, vía su participación en los organismos multilaterales de comercio; la

apertura económica (en la que las medidas de ajuste interno se complementaron

con la suscripción de acuerdos de libre comercio y de promoción de inversiones);

y la promoción de la imagen de México en el exterior.

La continuidad en los objetivos de política de desregulación del sistema financiero

mexicano durante los tres últimos sexenios (Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto

Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006) convierte a esta política a una



XVIII

política de carácter trans-sexenal que podemos calificar como política de Estado.

Sin embargo, esta política ha reportado resultados poco alentadores en cuanto a

desconcentración de los flujos comerciales de México con Estados Unidos y en

materia de desarrollo interno del país.

México destaca actualmente de entre los países latinoamericanos en la

conformación de alianzas internacionales, al ser el país que tiene el mayor número

de acuerdos comerciales firmados (12 tratados de libre comercio con 43 países;

13 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones

(APPRIs)). La economía mexicana está prácticamente ligada a cualquier región

del mundo.

Este esquema permitió que México haya llegado al lugar 8 en el ranking de los

países exportadores (Máttar, Jorge, Juan Carlos Moreno-Brid, México, 2002). El

esfuerzo de los últimos gobiernos de México por establecer y diversificar

permanentemente los vínculos económicos con diferentes países, de esta manera

convertirá al mercado mexicano en el más abierto del mundo para el año 2010.

Sin embargo, las cifras del comercio de México revelan la permanencia de la

concentración del grueso de las exportaciones hacia el mercado de Estados

Unidos, además mientras que algunas cifras de carácter social como la pobreza,

el índice de desarrollo humano y el empleo dan cuenta de que esta estrategia de

desarrollo ha tenido sus limitaciones.

A partir de estas consideraciones surgen las preguntas básicas de esta

investigación: ¿la política de desregulación de sistema bancario ha sido concebida

como estrategia de desarrollo para México?, ¿la política de desregulación del

sistema financiero de México puede considerarse como una política de carácter



XIX

transexenal?, ¿cuáles son los objetivos de la desregulación de sistema bancario

del país?, ¿qué resultados han tenido los diversos acuerdos de libre comercio que

México ha firmado en el marco de esta política de desregulación de sistema

bancario?, ¿cuál ha sido el impacto de la política de desregulación de sistema

bancario en materia de desarrollo social?.

De esta manera, la investigación tendrá como objetivo realizar una evaluación

amplia de la política de desregulación de sistema bancario de México, a partir de

concebirla como parte de la política económica exterior que el país ha desplegado

durante más de una década, cuya finalidad es promover el desarrollo del país. La

identificación de las ventajas y las limitaciones que esta política de competitividad

ha tenido para México permitirá proponer medidas que coadyuven a impulsar el

desarrollo del país y a corregir las limitaciones de las políticas existentes.

La delimitación temporal del estudio es en el último periodo presidencial 2000-

2006 años del cambio de ideología política y de entrada de un nuevo partido en el

poder; entrada al mayor impulso a la política de diversificación comercial del país

(lo que permite medir el comportamiento de los flujos comerciales tras la

suscripción del TLCAN) mientras que el corte en 2006 corresponde a la

disponibilidad de los datos que permite evaluar los resultados de dicha política

para la anterior administración de Vicente Fox Quesada.

Como punto de partida, habrá que retomar las ideas neoliberales sobre las

reformas económicas y la apertura económica, así como la teoría liberal del

comercio internacional y el concepto de Dejar hacer, dejar pasar” (Laissez Faire) y

de política económica exterior, elementos que han dado sustento teórico a la

puesta en marcha de la política de diversificación financiera en México.



XX

Finalmente vendrá la evaluación de la política del Sistema Bancario Mexicano,

entre la política del Laissez Faire y la planeación del desarrollo que se realizará a

partir de un análisis de Un Estudio Comparado, de los años 2000-2006 las

estadísticas que la Secretaría de Economía y Bancomext presentan sobre el

funcionamiento de la apertura bancaria y los diversos tratados de libre comercio

de México. Asimismo, se presentan una serie de indicadores como PIB per cápita,

porcentajes de participación de los sectores económicos en el PIB de México y

porcentaje de hogares pobres, según pobreza alimentaria y de patrimonio,

esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos, tasa bruta

combinada de matriculación en primaria, secundaria, entre otros, con la finalidad

de evaluar el impacto de esta política en cuanto a desarrollo se refiere.

En cuanto al alcance de la investigación, cabe aclarar que el estudio se enfoca a

la evaluación la política del Sistema Bancario Mexicano, entre la política del

Laissez Faire y la planeación del desarrollo permitida por la administración

anterior, a partir de los resultados comerciales de los tratados de libre comercio de

México, por lo que temas como temas más amplios como competitividad de la

banca internacional, o las barreras al comercio internacional (controversias

comerciales), también prioritarios para México, tendría que ser motivo de otro

estudio.



XXI

IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

▪ ¿Cuál ha sido el impacto de la política de desregularización del Sistema

Financiero Mexicano, en tanto instrumento para incentivar el desarrollo y el

crecimiento económico?

▪ ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el fin del estado regulador y el

surgimiento de la política de laissez faire en el sistema bancario mexicano?

▪ ¿Qué papel tuvo la política de desregulación de los mercados financieros en

incentivar las constantes presiones al tipo de cambio, que resultan siempre en

la permanente fragilidad financiera del estado mexicano?

▪ ¿Cuál ha sido la recomposición del sistema financiero en términos de su

posición relativa del tipo de agente, que se puede adjudicar a la política de

desregulación del Sistema Financiero Mexicano?

▪ ¿Qué resultados han tenido las diversas políticas de libre competencia que el

estado mexicano ha implementado, en el surgimiento de la política de laissez

faire en el sistema bancario mexicano?



XXII

V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA.

Capítulo 1.- Las Finanzas Públicas.

Para adentrarnos en las finanzas públicas y poder definir el tema a desarrollar

(Reforma Financiera en México) es necesario hacer una descripción analítica de

las posturas al respecto de la utilización de las mismas y los resultados que tiene

el uso de la Política Fiscal (PF). Se obtuvo como resultado que la ortodoxia

descarta el uso de la Política Fiscal, por los costos que tiene al desestabilizar la

economía, crear inflación, elevar las tasas de interés, incrementar el déficit

comercial, y se tiene la idea que si bien en el corto plazo se podría tener un

incremento en la actividad productiva esté no sería de largo alcance, en los casos

en los que se acepta el manejo de la Política Fiscal tan sólo es limitada a su

capacidad de recaudación, con lo cual está sujeta a trabajar bajo el dogma de

finanzas públicas sanas (FPS).

De acuerdo con Guillén (1992), dentro de los fundamentos célebres está el

que concierne a la disminución del déficit de gobierno, dicho dogma

establece que el gobierno como una buena ama de casa, debe cuando

menos equilibrar su presupuesto, noción que no es correcta cuando el

Estado trabaja con políticas soberanas.

En México a partir de la década de los 90’s se puso al centro de la política

económica la disminución del déficit público, así, se comenzó a gestar un nuevo

modelo económico distinto al que había prevalecido hasta ese momento. Es

menester decir que la disminución del déficit presupuestal se dio en el

denominado déficit primario con el objeto de liberar recursos para cubrir el pago de

los intereses de la deuda gubernamental, ya que desde 1983 el gobierno ha



XXIII

operado con superávit primario y la situación deficitaria corresponde a la esfera

financiera que no tiene efectos multiplicadores sobre la dinámica interna del país

pero favorece al capital financiero. El reordenamiento de las finanzas públicas que

se estimaba como una política de carácter temporal se hizo permanente ya que

adicional a esta medida la economía inició una serie de disposiciones con la

intensión de liberalizar la economía, ampliándose así la necesidad por la disciplina

fiscal (DF).

El modelo de desarrollo estabilizador y el de desarrollo simultáneo, habían

presentado, con sus debidas diferencias, un par de elementos en común:

participación activa del gobierno y una apertura moderada de la economía.

En el primer modelo estos mecanismos coadyuvaron a propiciar mayor

crecimiento de la economía, por una parte la asignación del gasto a la

creación de infraestructura básica en actividades petroleras, carreteras y

servicios sociales de salud y educación generó un efecto positivo, entre la

inversión privada y la pública, ya que los inversionistas privados

aprovecharon las inversiones en infraestructura para cristalizar un mayor

margen de ganancias, ante estas expectativas los inversionistas privados

aumentaron su inversión generando con ello incrementos en la productividad

al aumentar la relación de trabajo capital. Las perspectivas de ganancias

incluso eran garantizadas por el aseguramiento de un mercado interno

cautivo. En el caso del “modelo de desarrollo estabilizador” el crecimiento

estuvo guiado por el gasto público deficitario, entre otros factores. Dado que

la finalidad del trabajo no consiste en un análisis y descripción detallada de

los modelos mencionados, no se hace una exposición amplia de dichos

periodos, el objetivo de mencionarlos consiste en poner la base de qué tipo

de política se venía empleando y qué papel jugaba el gobierno antes de

iniciar con el cambio de modelo que implicaba la mínima intervención

gubernamental. (Solís (1991), Huerta (1991) y Cárdenas (1996).



XXIV

Ante una economía liberalizada se tiene que mantener la estabilidad monetaria y

para ello se requiere que la Política Fiscal se conserve sana.

Para Weintraub (2000; p. 24), la principal razón del aumento sustancial en la

inflación fue la parte de incremento en el gasto gubernamental sin la

compensación en los ingresos, más una expansión del Sector Público general.

Para Weintraub el éxito de un tipo de cambio fijo requiere de disciplina

macroeconómica.

El problema es que en México, como en otros países, si la Política Fiscal dejó de

funcionar como herramienta o alternativa de crecimiento, fue por someterla a los

objetivos de estabilización monetaria. Sin embargo, bajo este argumento queda

oculta la funcionalidad de mantener el equilibrio fiscal que consiste en ampliar la

influencia del sector privado en la economía a costa de la reducción y eliminación

del Estado.

La estabilidad monetaria exige trabajar con una Disciplina Fiscal básicamente

disminuyendo el gasto presupuestal ante la imposibilidad de incrementar los

ingresos tributarios. La capacidad de la Política Fiscal para funcionar como

estabilizador del ciclo económico se ve así reducida e incluso tiende a actuar de

manera pro-cíclica, incrementando los periodos de recesión y dificultando la

capacidad de superarlos. Para la veracidad de estos acontecimientos, es

necesario llevar a cabo una Política Fiscal contra-cíclica contar con una Disciplina

Fiscal, pero no es posible instrumentar una política contra cíclica sin incurrir en

déficit.



XXV

A decir de Clavijo (2000), la débil carga fiscal y la falta de instrumentos monetarios

impidieron intentar una política económica aunque fuera tímidamente contra-

cíclica. A juicio de lo anterior se sujeta indiscutiblemente a la interpretación

verídica. Bajo una interpretación heterodoxa, no es necesario argumentar la

debilidad de ingresos, los ingresos tributarios en una recesión bajo un

comportamiento pro-cíclico, ante esa eventualidad el déficit tendrá que aparecer.

El déficit fiscal que violenta la disciplina y el equilibrio, se asocia dentro de la visión

convencional con el incremento de la inflación y de la tasa de interés, vía la

monetización del déficit o la emisión de grandes volúmenes de bonos

gubernamentales sucesivamente, afectando así principalmente a los pobres y a

las pequeñas empresas (Birdsall 2001). Pero, nuevamente, pensar que cualquier

tipo o magnitud de déficit presupuestal elevará la inflación e incrementará la tasa

de interés, puede ser un error. El déficit genera depósitos utilizables en el sistema

bancario conduciendo la tasa de interés a la baja, la emisión de bonos drena la

cantidad de depósitos adicionales para colocar la tasa en algún punto deseado por

la autoridad monetaria, por otra parte si bien la tasa de interés afecta a las

pequeñas empresas la contracción del mercado juega un papel preponderante.

“al referirse a las etapas de auge y al comienzo de las crisis, se argumentaba

que “la explicación más típica, y con frecuencia la dominante de la crisis, no

es principalmente un alza en la tasa de interés, sino un colapso repentino de

la eficiencia marginal del capital” Keynes (2003; 300-301).

Mientras se siga manteniendo la postura económica ortodoxa descrita

anteriormente es improbable que se pueda estabilizar la economía real ya que se

impide que el gobierno pueda participar en la economía ante el temor inflacionario,

situación que argumentada en términos de la heterodoxia no resulta cierta por sí



XXVI

misma. Existe la idea fuertemente arraigada al respecto de que la inflación y el

desempleo son objetivos encontrados (Secareccia 2004, menciona que el asumir

la incompatibilidad entre la inflación y el desempleo es el centro de la perspectiva

política neoclásica), donde se tiene que mantener una tasa de desempleo “natural”

para no generar presiones sobre los precios, pero como se ha discutido

ampliamente por algunos economistas (Lerner 1957, Wray 2003, Forstater 1999 y

Mitchell 1998), esto no es en todos los casos cierto y además se estima que tener

una abundante mano de obra desocupada es un costo muy alto por mantener

estable el nivel de precios (Forstater 1999), sobre todo en economías donde el

bienestar de la población se ha demeritado con el tiempo.

La crecimiento del gasto deficitario, es decir el rompimiento del equilibrio fiscal y el

reconocimiento de que el Estado puede gastar más allá de lo que recauda

partiendo de la base de que se retoma la soberanía de la moneda, rompe con la

idea de la restricción financiera sobre la cual se sustenta la ampliación de la

participación del Sector Privado en la actividad económica y así deja de ser

funcional para los fines de aquellos que la han situado en el centro de la agenda

nacional. Retomar la Política Fiscal como herramienta de crecimiento beneficia al

conjunto de la población pero afecta a los grupos de poder que han resultado

ganadores hasta ahora. Por lo tanto, no está a discusión el replanteamiento de la

Política Fiscal.

1.1. Las Finanzas Públicas Sanas

Al parecer en la economía mexicana a partir de 1982, el equilibrio fiscal se asentó

como una afirmación cierta e innegable para el logro de la estabilidad

macroeconómica, los responsables de la política económica no cuestionaron la

validez de la afirmación y la dieron por cierta. Pedro Aspe (2005), Córdoba



XXVII

Montoya (1991), Carlos Salinas (2000), Ernesto Zedillo (PND-1995-2000) y

Eduardo Sojo (2005), creyeron sin prerrogativas en la validez y sustentabilidad de

mantener las finanzas públicas en una situación de equilibrio permanente, para

ellos las finanzas públicas deben ser manejadas inquebrantablemente bajo una

restricción de ingresos, es decir, en una situación donde los ingresos públicos

pasan a determinar el grado o nivel de gasto que se podrá ejercer en un periodo

determinado. Estos funcionarios públicos le atribuyen 100 virtudes importantes al

equilibrio fiscal y reniegan del gasto deficitario asumiendo que él mismo fue el

causante de muchos de los inconvenientes que vivió el país en esos días.

La explicación de la crisis del 82 por algunos analistas ha contribuido a

desarrollar un rechazo sobre los efectos del déficit fiscal. Tan sólo por citar a

algunos: para Bazdresch (1983), la crisis se debió a la desmesurada

expansión del gasto público y a la sobre valuación del tipo de cambio que

condujeron a niveles de alta inflación y a un aumento en el nivel de

importaciones, el mecanismo expuesto por el autor para ello se da por el

incremento del gasto del Sector Público con la intención de expandir la

actividad petrolera con la expectativa de que en un futuro dicha actividad

generaría mayores divisas, el problema fue que el requerimiento de

importaciones para ese fin resultó más alto que las divisas generadas y la

brecha fue cerrada con endeudamiento, por su parte la sobre valuación del

tipo de cambio generó expectativas devaluatorias que propiciaron una salida

masiva de capitales; en el caso de García y Serra (1984) e Ize y Ortiz (1985),

se asume que se llegó a dicha crisis por el desequilibrio financiero del Sector

Público y por la política de tipo de cambio, para estos autores aún cuando los

factores externos tuvieron cierto peso específico no fueron determinantes.

Aspe (2005; p14) afirman que la cronología de la crisis de los ochenta, en la

mayoría de los casos, comienza con la aceleración del crecimiento de la



XXVIII

demanda agregada, casi siempre originada por déficits presupuestales que

trastornan la estabilidad del tipo de cambio y de precios.

De acuerdo con Córdoba (1991), uno de los elementos notables para lograr y

mantener las Finanzas Públicas Sanas en la década de los 80’s, se debió a la

convicción clara de los funcionarios responsables de la política económica quienes

habían ocupado posiciones técnicas en la década anterior y vivieron

inevitablemente las consecuencias de un manejo diferente que subordinó la

Política Fiscal a otros objetivos nacionales. Así los flamantes funcionarios de los

80’s, no ponían en tela de juicio los inconvenientes que podría traer una constante

restricción fiscal o cuando así sucedía estaban dispuestos a sobrellevar los costos

de corto plazo que se presentaran.

La funcionalidad de la austeridad fiscal en los diferentes programas de ajuste que

se dieron desde 1982, tuvieron como común denominador el equilibrio de las

finanzas públicas, ya sea mediante la reducción del gasto de gobierno o el

incremento de la recaudación tributaria con el objeto de abatir los niveles de

inflación y del déficit comercial externo.

Si la inflación y el déficit comercial externo, estaban asociados al gasto deficitario

por su efecto sobre la demanda, una de las primeras medidas era reducirlo, acción

que demandaba la austeridad fiscal para liberar recursos del gasto primario y

trasladarlos al gasto financiero; esta medida acompañada de la política de

devaluación coadyuvó a controlar el déficit comercial exterior liberando recursos

para el pago de la deuda externa, pero ponía en evidencia la imposibilidad de

reducir la inflación ante el incremento de los costos de los insumos importados. El

déficit de comercio externo, respondió favorablemente a las políticas fiscales y

monetarias restrictivas así como a la devaluación del tipo de cambio, pero su



XXIX

viabilidad resultó poco sustentable ya que se logró mediante la contracción de la

economía, la desarticulación de las cadenas productivas que ampliaban la

dependencia por el comercio exterior, además de que las exportaciones, y ante la

carencia de una política industrial no avanzaron más allá de una actividad

maquiladora de bajo valor agregado.

La lucha contra la inflación cambió de estrategia en lo referente a la política

cambiaria pero se siguió manteniendo la premisa de las Finanzas Públicas Sanas.

Con la supresión de los controles de cambio se optó por una política de sobre

valuación de la moneda que redujo los precios de los productos importados lo que

significó menores costos y con ello menores presiones inflacionarias (Salama y

Valier, 1992), pero con ello también se reactivó la presencia del déficit de comercio

exterior, como resultado de los factores comentados anteriormente.

La conducción de la inflación bajo el dogma del tipo de cambio depende de la

confianza que los inversionistas tengan sobre la capacidad del gobierno para

mantenerla, ya que de lo contrario se pueden generar fugas de capitales. En este

sentido se hace necesario que la Política Fiscal siga buscando el equilibrio. Pero a

pesar de la contracción del gasto primario, al gasto financiero seguía configurando

presiones sobre las finanzas públicas por lo que era necesario también disminuir

el costo de la deuda amortizándola, objetivo para el cual se continuó con la venta

de paraestatales. La contracción del gasto y el proceso de privatizaciones son dos

de los elementos necesarios sobre los cuales se suscribe el saneamiento de las

finanzas públicas, sin embargo, y a diferencia de lo que piensa la ortodoxia

mexicana, no se constituyen como una opción viable por diferentes motivos,

primero:



XXX

La apreciación del tipo de cambio tuvo un efecto positivo sobre la tasa de inflación

que pasó de 51.7 en 1988 a 7.1 en 1994, pero para mantener la apreciación se

hacen necesarios algunos factores como son: mantener un alto nivel de reservas

internacionales que garanticen el valor de la moneda; mantener una tasa de

interés atractiva en el mercado internacional que se logra mediante una Política

Monetaria (PM) restrictiva y contar con un crecimiento económico que asegure la

rentabilidad de las inversiones, todo ello desde luego sin dejar de seguir con la

Disciplina Fiscal.

Cuando se conjuga en una economía superávit fiscal primario y déficit de comercio

exterior, bajo este escenario la actividad económica pasa a estar determinada por

el gasto más allá de los recursos que poseen los agentes privados en la

economía, situación que puede darse mientras se mantenga una entrada de

recursos externos suficientes para mantener la dinámica, como ocurrió a finales de

los ochentas e inicios de los noventas, por las expectativas primer-mundistas que

ofrecían las denominadas políticas de segunda generación consistentes en la

apertura comercial, la privatización de las empresas estatales, la reforma fiscal, la

liberalización financiera y la desregulación económica.

La liberalización económica y la venta de paraestatales configuraron un escenario

de entrada masiva de capitales (en 1989 a 1993 la inversión extranjera pasó de

1.8% a 8.5% del PIB), lo que permitió apuntalar el tipo de cambio, mantener la

inflación a la baja (1989, 23%; 1993; 10%) y disminuir la tasa de interés (1989,

45%; 1993; 14%). La política cambiaria de apreciación depende de la capacidad

del país para atraer capitales y por tanto su efectividad se verá restricta ante

condiciones de bajo crecimiento económico, pérdida de reservas internacionales,

incremento en el déficit comercial y el alza de la tasa de interés de los Estados

Unidos. En 1994 algunos de estos efectos se conjugaron y el resultado fue el

colapso del sistema al cierre del año.



XXXI

Junto con los sucesos políticos ocurridos desde inicios de 1994 se dio la coyuntura

de que los Estados Unidos incrementaran su tasa de interés en 6 diferentes

ocasiones teniendo un incremento total de 2.50 puntos porcentuales, factores que

llevaron a la erosión de las reservas internacionales y al colapso de la economía

nacional.

Weintraub (2000) realiza un estudio a detalle de lo que pasó en el año de

1994 haciendo una periodización trimestral de los acontecimientos

económicos, políticos y sociales que tuvieron por resultado el error de

diciembre. De acuerdo con el autor no es sino hasta el segundo trimestre del

año cuando se empiezan a configurar las condiciones que llevarían a tan

funesto resultado. El autor pone de manifiesto cómo en los sucesos

económicos tuvieron gran importancia las cuestiones de índole político.

La devaluación de la moneda a fines de 1994, tuvo una repercusión importante

sobre las finanzas públicas, específicamente sobre la deuda pública, en virtud de

que a la par de la liberalización financiera se instrumentó una nueva modalidad de

documentos de deuda gubernamental denominada TESOBONOS (Bonos de la

Tesorería de la Federación), que a diferencia de los CETES (Certificados de la

Tesorería), tenían la particularidad de estar indexados al dólar lo que les permitía

funcionar como instrumentos de cobertura ante la devaluación de la moneda.

La tenencia de TESOBONOS fue en aumento a medida que la desconfianza en la

capacidad del gobierno para mantener el tipo de cambio se generalizaba. De

acuerdo con Weintraub (2000; p. 45-46) la venta de estos instrumentos alcanzó el

39% del total en 1993, mientras que en 1990 tan sólo se ubicaba en un 3%. El

problema con los TESOBONOS, además de generar situaciones de



XXXII

sobreendeudamiento, consiste en la pérdida del manejo soberano de la política

económica y subyace ante la idea convencional de que la capacidad del gobierno

para emitir deuda a una determinada tasa de interés está sujeta a las fuerzas del

mercado, si el mercado interno no compra toda la deuda del gobierno, éste tendrá

que venderla en los mercados internacionales. Dichos mercados incluso pueden

forzar al gobierno a vender su deuda en moneda externa y no sólo eso, también

pueden generar presiones para que el gobierno le dé seguimiento a alguna política

en particular (Wray, 1998; p. 75).

En 1994, según Weintraub (2000; p. 75-76), el denominado Weston Group

“sugería“ a las autoridades monetarias del país seis recomendaciones que

incluían: 1) La reducción de la devaluación diaria del peso; 2) asegurar a los

inversionistas contra los cambios en la paridad si el peso excedía el límite superior

de la banda; 3) autorizar a los Bancos comerciales a incrementar sus obligaciones

en moneda externa, 4) emitir TESOBONOS de largo plazo; 5) aumentar las líneas

de swaps con Bancos extranjeros y; 6) usar las reservas internacionales para

fortalecer el valor del peso. El argumento sobre el que se basaban dichas

recomendaciones consistía en que permitirían que México obtuviera mayor

inversión, mientras que la devaluación conduciría a un deterioro económico.

El gasto primario del gobierno en los años referidos se mantuvo alrededor del 20%

del PIB, arrojando un superávit primario. La Política Fiscal siguió los principios de

la ortodoxia y se conservó con un gasto controlado, no obstante la crisis se originó

y los niveles de deuda se elevaron nuevamente lo que demostró la fragilidad de la

economía y cómo su crecimiento depende de factores externos como la entrada

de capitales, mismos que en economías liberalizadas gozan de plena movilidad

para desplazarse a los sitios que ofrezcan la mejor relación riesgo-rendimiento,

contexto en el cual el alza de la tasa de interés en mercados de menor riesgo,



XXXIII

como el caso de los Estados Unidos, puede propiciar una corrida de capitales

hacia ese país dejando condiciones de inestabilidad.

En la actualidad se ha venido operando nuevamente con tipo de cambio

sobrevaluado desde 1999 a la fecha, con el consecuente deterioro en la balanza

de comercio exterior, como se aprecia en la Gráfica 1. La dependencia

nuevamente por la entrada de capitales es amplia y orilla a la Política Fiscal a

mantenerse restricta para crear condiciones de confianza a los mercados

internacionales, en tal escenario el crecimiento y la creación de empleos sigue

dependiendo de factores externos, al igual que en la década de los noventa, lo

que sitúa a la economía en una constante fragilidad e inestabilidad tan sólo a la

espera de los nuevos incrementos en la tasa de interés de los Estados Unidos que

configuraría condiciones similares a las vividas en el pasado independientemente

de qué tan equilibradas sean las finanzas públicas (A mayo de 2006 la FED

(Sistema de la Reserva Federal) ha incrementado en 16 diferentes ocasiones la

tasa de préstamos interbancarios a un día, pasando de 1 punto porcentual en junio

de 2003 a 5 puntos en la fecha referida)



XXXIV

Gráfica 1.1

Dependencia del porcentaje de valoración de la moneda y la Balanza

Comercial como porcentaje del PIB (1980-2007)

Fuente: Elaboración con datos del BANXICO. El eje de la derecha corresponde al porcentaje de apreciación o depreciación del tipo de cambio, mientras que el de la izquierda es el porcentaje de la balanza comercial.

No obstante, la ortodoxia mexicana sigue conservando la estabilidad monetaria

que implica la Disciplina Fiscal que debe de conducir a la economía en el largo

plazo a un crecimiento sostenido y sustentable. El paradigma sigue presente y se

mantiene la idea de que el problema del no crecimiento económico en México no

se debe a la serie de reformas que se dieron y que se tratan de seguir impulsando

sino más bien a la incapacidad que se ha tenido para poder impulsarlas con un

mayor ahínco.

“Muchos pensamos que el problema no son las reformas que se han dado,

sino la insuficiencia de las mismas, ya que en México, como en la mayor

parte de los países de América Latina, nos hemos quedado a la mitad del

camino en su aplicación” (Sojo, 2005; p. 16).



XXXV

Para los funcionarios actuales el modelo a seguir es claro, mantener Finanzas

Públicas Sanas con una Política Monetaria responsable que evite presiones

inflacionarias en beneficio de las clases más desprotegidas.

“Hay posturas que identifican la prudencia fiscal con el desdén por las

necesidades sociales de las grandes mayorías, postulando implícitamente

que un gasto irresponsable, financiado con emisión monetaria o

endeudamiento, es favorable para las clases más desprotegidas. Nada más

equivocado. Hay evidencia suficiente para afirmar que el impuesto

inflacionario, causado por el desorden fiscal, es uno de los más regresivos

que pueden existir porque los hogares de menores ingresos no tienen forma

de protegerse contra los procesos inflacionarios” (Sojo, 2005; p. 18).

Sin embargo, el argumento no resulta válido en sí mismo ya que si la estabilidad

de precios se logra mediante un menor crecimiento y desempleo, de todos modos

siguen siendo más afectados aquellos con menores habilidades laborales que en

la mayoría de los casos son las personas con menor ingreso (El salario mínimo en

términos reales de 1995 a 2005 ha reportado un crecimiento negativo de 2.1%).

El conflicto con el deseo de mantener la Disciplina Fiscal, pasa por algunos

problemas para que pueda ser exitosa. La Disciplina Fiscal, al atentar contra el

crecimiento económico imposibilita la capacidad de sanear las finanzas públicas

en los términos que pretenden los funcionarios públicos encargados de esa área.

Para Eduardo Sojo, como para muchos otros, el logro del equilibrio se remite a la

disminución de los requerimientos financieros del Sector Público, disminuyendo el

gasto y la deuda (Sojo, 2005; p. 343), para este funcionario el gobierno tiene la

responsabilidad de no incurrir en déficit presupuestal y generar el ahorro suficiente



XXXVI

para estar en condiciones de afrontar el problema inminente del sistema de

pensiones, la probable disminución de los ingresos petroleros acarrearan graves

consecuencias negativas a la economía nacional.

Resulta paradójico generar ahorros presentes para hacer frente a necesidades

futuras ya que con ello se menosprecia el efecto positivo que tiene el gasto de

gobierno sobre el mejoramiento de la productividad y competitividad, pensar que la

mejor manera de alargar los beneficios del petróleo es ahorrándolos resulta

limitado, como lo es el hecho de pagar deuda o hacer frente al problema de las

pensiones con los excedentes petroleros, la mejor forma de que los beneficios del

petróleo puedan ser de largo plazo consiste en incidir sobre la productividad de la

economía a nivel general propiciando un crecimiento sostenido que por su propia

dinámica puede proveer mayores recursos para la hacienda pública compensando

los derivados del petróleo una vez que el recurso se agote. En este sentido los

excedentes petroleros en lugar de destinarse a los fines ya mencionados deberían

de ser empleados en los proyectos que actualmente se cubren mediante contratos

de acorde a la necesidad y eliminando con ello las presiones futuras.

1.2. La Importancia de la Nueva Política Monetaria Sobre la Capacidad de

Acción de la Política Fiscal

La nueva base del procedimiento de la Política Monetaria impuesta por las

políticas liberales de corte del fondo monetarista ha replanteado el papel del

Banco Central, asumiendo como indispensable su independencia de las

decisiones de gobierno, buscando a toda costa el mantenimiento del nivel de

precios.



XXXVII

El 23 de diciembre de 1993 es publicado en el Diario Oficial de la Federación

el decreto donde se da a conocer la Ley del Banco de México, hecho que

tendría una significado altamente importante para la nueva relación entre

política económica, dicha Ley establecía dos elementos contundentes: la

autonomía de la autoridad monetaria y su mandato prioritario consistente en

el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, derivado de ello el

Banco Central del país se consolidó como una institución de mandato único

que no responde a los intereses de la sociedad.

Posterior a la crisis de 1994 Carstens y Werner (1999), argumentan que la Política

Monetaria tuvo que convertirse en el ancla nominal de la inflación al abandonarse

el tipo de cambio fijo. Se asume por parte de los autores que el régimen de tipo de

cambio flotante ofrece el control de la base monetaria lo que permite influir sobre

la tasa de interés y el tipo de cambio y con base en ello sobre el nivel general de

precios.

No obstante, se tendría que reconocer la imposibilidad de incidir sobre los

agregados monetarios y se establecería una política de metas intermedias

basadas en aspectos cuantitativos para los agregados monetarios y la

determinación discrecional de las tasas de interés.

Para la corriente poskeynesiana los Bancos centrales se ven imposibilitados para

incidir en los agregados monetarios (Wray 1998; p. 5) en este sentido y para el

caso de economías pequeñas y abiertas Ortiz (2007; p. 139), argumenta que la

Política Monetaria es llevada a cabo mediante la determinación de un vector de

precios encaminado a lograr el equilibrio.



XXXVIII

Dicho vector de precios consiste en la determinación de tres tasas: la de cambio

(E), la nominal de interés (i) y la salarial (w). El efecto buscado consiste en

disminuir la inflación y la búsqueda de atracción de capitales de corto plazo para la

renegociación de deuda externa y el saldo en la cuenta corriente, el problema con

este planteamiento de Política Monetaria consiste en que sus efectos no se

restringen a los objetivos buscados sino que van más allá teniendo serias

repercusiones para los agentes económicos al no poder configurar posturas de

mayor productividad necesarias para estar en condiciones de competir.

Bajo esta perspectiva de precios Ortiz (2007; p. 140), menciona que la Política

Monetaria se ha consolidado como uno de los principales determinantes de la

actividad económica, para lo cual es indispensable que la Política Fiscal minimice

su actuación a ser un gestor de tesorería. La preponderancia de la Política

Monetaria sobre la Política Fiscal se da sobre la base de lo que teóricamente se

conoce como “la dicotomía clásica” que establece que la regulación monetaria tan

sólo tendrá influencia sobre las variables monetarias sin afectar a las variables

reales. No obstante, el deterioro de las variables reales ha sido evidente en los

bajos niveles de crecimiento económico, el incremento del desempleo y de la

pobreza. A decir de Ortiz (2007; p. 141), la Política Monetaria no es neutral ni en el

corto ni en el largo plazo debido a su incidencia en la asignación de recursos y

formación de precios, su influencia sobre la realización del potencial de

crecimiento económico afecta a la Política Fiscal que queda restricta a la postura

monetaria.

Mientras que la Política Monetaria continué con el objetivo puesto exclusivamente

sobre la inflación y el proceso de disminución de la inflación se afectará el

desempeño económico, los esfuerzos de la Política Fiscal por mantener equilibrios

serán poco fructíferos, sin importar que tanto se disminuya el gasto o que tantos

activos tengan que ser privatizados.



XXXIX

1.3. La Disminución del Gasto de Gobierno y el Proceso de Privatización

La Disciplina Fiscal mantenida en la contracción del gasto público (Como resultado

de la contracción del gasto público se tiene que éste se ha venido disminuyendo a

lo largo de los últimos 20 años, en 1983 el gasto total del Sector Público

representaba el 39.6% del PIB, mientras que para 2003 este rubro registraba tan

sólo el 25.9%, lo anterior podría asumirse como una pérdida de 13.8 puntos

porcentuales, pero, si solamente consideramos el gasto de no pago de intereses,

la disminución del gasto fue de 4.2 puntos porcentuales). y la privatización (Clavijo

y Valdivieso (Clavijo 2000, p. 36-42), mencionan que el proceso de privatización

en la economía se dio en cuatro etapas; primera 1983-84 al inicio 1,155 empresas

al final 1,049, venta ocasional de pequeñas empresas no estratégicas y con

escasa rentabilidad; segunda 1985-88, 618 al final del periodo, empresas con nulo

o poco poder de mercado, pequeñas fábricas o centros de esparcimiento; tercera

1989-93, al final del periodo 258 empresas, en esta etapa se privatizaron

empresas con gran poder de mercado (monopolios y oligopolios) con gran

viabilidad económica, la visión era maximizar los ingresos por la venta y minimizar

la intervención del Estado en la economía, en esta etapa se liberan incluso

sectores estratégicos como la telefonía y el sistema financiero; cuarta 1994-98

cerca de 231 empresas, se da una limitada venta de empresas y algunos

esfuerzos por implicar al Sector Privado en los campos antes ocupados por el

Estado) de las empresas estatales no conduce al equilibrio fiscal y en algunos

casos incluso puede llevar al desequilibrio al incrementarse el gasto y disminuirse

el ingreso a consecuencia de la recesión económica. En este apartado se asume

que la contracción del gasto no puede consolidar el equilibrio fiscal, la contracción

implica un detrimento en los niveles de crecimiento y por ende en un deterioro del

bienestar de la sociedad que tendrá como consecuencia un incremento en el gasto

corriente en asistencia social, además, la disminución de la actividad económica



XL

impedirá la mayor recolección de impuestos poniendo una restricción a la armonía

fiscal, argumentos en los que se sustenta que la contracción del gasto no

necesariamente implica un camino correcto a las Finanzas Públicas Sanas. Por su

parte la privatización de empresas estatales, si bien en algún momento del

proceso sirvió para disminuir el déficit fiscal, aligerar la deuda y atraer capitales

extranjeros, su capacidad es limitada y de corto plazo, sin dejar de lado que el

proceso privatizador tiene un trasfondo de intereses que poco tiene que ver con la

eficiencia económico administrativa de los organismos paraestatales.

“La posición de las autoridades era clara, se trataba de vender todo lo que

fuera posible a condición de obtener un buen precio. En este sentido la

búsqueda de la disminución de la participación del Estado se perseguía por

tres razones fundamentales: 1) Los tecnócratas en el poder tenían, y siguen

teniendo, profunda confianza en los mecanismos del mercado y creen en la

necesidad de reducir el papel del Estado en la economía; 2) En el contexto

de autoridad presupuestal que respeta la lógica de la acumulación por el

tributo el Estado mexicano no dispone de los medios para hacer frente a

todas las inversiones públicas necesarias. En esta perspectiva el gobierno

preferiría ceder espacios al Sector Privado y concentrarse en actividades que

ha ejercido tradicionalmente; 3) Finalmente la privatización permitiría al

Estado el saneamiento de sus finanzas. (Guillén 1992).

1.3.1. La Convulsión del Gasto

Para cierto grupo de investigadores económicos la resolución de ajustar las

finanzas públicas era la mejor estrategia en pos de controlar la inflación, sin

embargo, la manera como se hizo crea ciertas divisiones, para muchos el ajuste

se basó más en la disminución del gasto de capital que en la reducción de gastos



XLI

corrientes (la visión es correcta ya que proporcionalmente la disminución del gasto

de capital o inversión física ha sido mayor al que se llevó a cabo en el gasto de

capital como se puede observar en las Gráficas 1.2 y 1.3 ), teniendo por resultado

una pérdida en la inversión total. Aún cuando se pensaba que la aportación

privada de capital ocuparía el lugar que dejaba vacante el Estado e incluso se

incrementaría, esto no sucedió del todo. Moreno-Brid y Ros (2004), comentan que

la variación de la estructura de la inversión pública-privada obedeció a la caída

absoluta de la tasa de inversión pública y no al aumento absoluto de la inversión

privada. La participación de la inversión privada respecto al total de la inversión se

incrementó en los años 80’s, pero, tan sólo como consecuencia de la disminución

de la inversión pública.

Gráfica 1.2

Formación neta del capital fijo como porcentaje del PIB 1960-2007

Fuente: Elaboración con datos del Banco de México.



XLII

La disminución del gasto tuvo su principal incidencia en el correspondiente a

inversión física que resultó ser el más abatido al disminuirse durante estos últimos

30 años en 5.3 puntos porcentuales.

En agosto del 2004, la CEPAL anticipaba un crecimiento económico alrededor del

4% en nuestra economía. Sin embargo mencionaban que era necesario crecer

más, invirtiendo más. Por lo que hacían una referencia a la necesidad de darle

otro trato al gasto corriente. (El Financiero, Lunes 16 de agosto de 2004.)

Gráfica 1.3

Costo del gobierno, de no pago de intereses e inversión física con

proporción al PIB (1977-2007)

Fuente: Elaboración con datos de la SHCP GP: Gasto presupuestal.

GPNI: Gasto presupuestal de no pago de intereses. IF: Inversión física

Por lo tanto, un ajuste fiscal que se logra disminuyendo el gasto de inversión es

posible que en la mayoría de los casos juegue en contra del crecimiento mismo



XLIII

por la relación que tiene el gasto productivo sobre el crecimiento económico; ya

se hacía mención de la relación que tiene el gasto productivo (donde está

considerado el gasto de inversión) con el crecimiento y manera adicional se

presentará evidencia del papel que juega el gasto productivo y cómo su efecto

tiende a ser permanente en el tiempo a diferencia del gasto no productivo que aún

cuando su efecto es positivo en los dos primeros años posteriormente se hace

constante.

Aún con la evidencia existente se ha tratado de justificar la disminución aludiendo

a argumentos tales como: que en muchos casos los beneficios de la inversión

pública no retornan a las arcas públicas, por lo tanto, se incrementa la brecha

entre ingresos y gastos lo que ocasiona nuevamente escenarios deficitarios; a su

vez también se ha argumentado que los recortes en inversiones públicas se

pueden justificar por la falta de visión de los encargados de las decisiones de

inversión al elegir proyectos que tienen una tasa de retorno baja (Easterly y

Servén 2003).

En realidad, en ambos casos no es comprensible el recorte del gasto en inversión

si lo que se pretende es alcanzar el equilibrio fiscal de largo plazo, ya que la

disminución del gasto en inversión desincentiva el crecimiento económico teniendo

un efecto negativo en la recaudación tributaria. Cuando derivado de la inversión en

infraestructura o en el desarrollo de capital humano las personas físicas o morales

aumenten su ingreso, también se incrementará el ingreso tributario del Estado,

mientras que en el caso de las elecciones con poco retorno de capital se tiene que

redefinir la aplicación del gasto de inversión en aquellos proyectos que económica

y socialmente sean más rentables, sin que ello implique que se deban tener

recortes en la inversión. La inversión (sea física o humana), no debería estar

sujeta a restricciones de equilibrio presupuestal temporales.



XLIV

Un argumento que ayuda a explicar el por qué el ajuste fiscal en el gasto se da por

el lado del capital y no por el lado del gasto corriente se puede sustentar en

aspectos que son más de índole políticos que económicos, resulta sumamente

arduo realizar una disminución del gasto corriente si éste corresponde a los

sueldos y salarios, en virtud de que los trabajadores públicos tienen voz y voto

mencionan que esta situación se da porque los responsables de la política en los

países han cambiado sus prioridades, ante los problemas políticos con los que se

enfrentan para financiar el déficit mediante incrementos en la recaudación Sanz y

Velásquez (2003) citando a Zaghini (2001), mientras que las inversiones se

pueden suspender sin que se incurra en costos políticos de corto plazo (Esfuerzos

encaminados a la disminución del gasto corriente se han realizado mediante la

aplicación de retiros voluntarios, donde se le ofrece a los trabajadores al servicio

del Estado beneficios adicionales a los de Ley para que salgan de la

administración pública y se pueda disminuir con ello el gasto corriente. Sin

embargo, estos programas no han tenido los resultados esperados como se

argumentará más adelante). Pero adicionalmente, la disminución del gasto en

inversión pública también se puede considerar como una estrategia deliberada

para ampliar la influencia del capital privado en la economía, si se argumenta que

el Estado es incapaz de realizar la inversión y ante la necesidad de la misma se

tiene que ceder el paso a la inversión privada, como se hizo a partir de 1997 con la

implementación de la figura de “inversión financiada”.

La figura de inversión financiada consiste en el encargo de proyectos de

largo plazo para el desarrollo de infraestructura pública a empresas de los

sectores privado y social las cuales se responsabilizan del financiamiento de

las obras, sin que se generen efectos en el gasto público durante las etapas

de su construcción. Así, este mecanismo permite que las obligaciones de

pago que contraen las dependencias y entidades públicas por estas



XLV

inversiones, se realicen con el flujo futuro de ingresos que se obtenga por la

venta de los bienes y servicios que generen estos proyectos.

De acuerdo con el informe de gobierno de 1998, la utilización de este mecanismo

permitió incrementar los recursos disponibles para financiar los proyectos de

infraestructura básica necesarios para ampliar la capacidad de crecimiento de la

economía. Pero el punto central es que no sería necesario ocupar ese tipo de

mecanismo para financiar la inversión pública cuando el gobierno tiene la

capacidad de hacerlo y los sectores se constituyen como de alta rentabilidad. La

necesidad de recurrir a inversión privada se da con base en la pérdida del manejo

soberano de la política económica por parte del Estado derivada de una posición

ideológica que sirve para ampliar la esfera de competencia del capital privado.

Si el Estado no estuviera obligado a garantizar la estabilidad monetaria no tendría

por qué trabajar bajo la restricción de finanzas públicas equilibradas y por tanto

podría financiar sus proyectos de inversión sin recurrir a la necesidad del capital

privado. Además debería de considerarse ¿qué resulta más oneroso para la

hacienda pública, ampliar su financiamiento propio o incrementar la participación

de las “inversiones financiadas”?.

1.3.2. El Gasto de Capital Productivo No debe Restringirse al Equilibrio

Fiscal

El gasto en inversión debería de tener un trato diferente al que se le da al gasto

corriente (Sawyer 1997, Musgrave 1997). Cuando se habla de gasto de capital o

productivo se debería romper con la visión estrecha de tomar el ciclo presupuestal

tan sólo de manera anual, ya que como se sabe, determinadas actividades en las

que se invierte pueden tener resultados para la hacienda pública en ejercicios



XLVI

posteriores a la aplicación del recurso. Por lo tanto, se debería de ajustar el uso de

la restricción presupuestal a una que resulte temporal, es decir, una situación

donde el total de los ingresos presentes en un determinado periodo de tiempo es

igual a la deuda más el valor presente de todo el gasto gubernamental. Para ello

se debe de contar con un plan estratégico de largo plazo, en otras palabras el

presupuesto en gasto productivo debería estar desasociado del periodo que dura

el Ejecutivo en el poder, además de flexibilizar el control de la inflación y el tipo de

cambio estable.

Con base en esta diferencia entre gasto corriente y gasto de capital se ha

instrumentado una regla de oro (The Golden Rule) (La regla de oro, establece que

los gastos corrientes deben ser cubiertos o financiados con ingresos corrientes,

mientras que los gastos de capital pueden ser financiados con deuda) que justifica

la generación de déficit, siempre y cuando éste sea generado para cubrir gasto de

capital.

“Como se ha escrito desde hace 50 años, se requiere que los desembolsos

corrientes sean pagados en el presente, mientras que los desembolsos de

capital pueden ser financiados con préstamos y amortizados con los

beneficios acumulados (Musgrave, 1997).

Se presume que con los flujos positivos que arroja el gasto de capital, en el futuro

se podrá solventar el déficit, sin tener que recurrir a incrementos en las tasas

impositivas. No obstante, Sawyer (1997), argumenta que no hay elementos de

distinción entre el financiamiento de los gastos corrientes y los de capital, ya que

en cierta medida ninguno de los dos arroja flujos monetarios directos, por lo tanto,

no se puede cubrir el pago de intereses, en virtud de que los intereses se pagan

con flujos monetarios y no con flujos sociales. Para Sawyer, el uso de una regla de



XLVII

oro, obedece más a una política de Disciplina Fiscal que asume que los gastos de

capital son de menor cuantía y más flexibles a la baja que los gastos corrientes,

por lo tanto se puede controlar el nivel del déficit tomando las decisiones

adecuadas en la reducción del gasto de capital. Esta postura podría ser validada

para la economía mexicana si se observa el comportamiento de ambos rubros en

la Gráfica 1.4.

Gráfica1. 4

Costo Corriente y de Capital (% del PIB, 1977-2007)

Fuente: Elaboración con datos de la SHCP

Dentro la visión heterodoxa, no se tendría por qué establecer o respetar reglas al

respecto del financiamiento del gasto, si éste se llevara a cabo con impuestos o

con deuda a fin de cuentas el problema no consiste en una escasez de

financiamiento natural, sino a una restricción auto-impuesta por decisiones de

política que devienen de una posición ideológica dogmática. La recolección de

impuestos y la emisión de bonos no tienen por objeto financiar la actividad pública,



XLVIII

el déficit debe ser valorado por sus resultados y no por lo que la doctrina

convencional crea (Wray, 1998). El problema es que cuando se asume que el país

cuenta con restricciones de financiamiento se comienzan a buscar opciones y se

procede a la venta de activos. Son las decisiones de mantener e incrementar la

liberalización económica lo que conduce a conservar un tipo de cambio semi-fijo

que limita el financiamiento del gasto de gobierno y termina con la venta de

empresas paraestatales.

No se abandona que el gobierno debe dirigir de manera estratégica su gasto y en

este sentido debe conducirlo hacia donde mejor convenga, no se busca que el

gobierno derroche los recursos, se trata de una estrategia de gasto que ofrezca

crecimiento, empleo y control del nivel de precios, este triple objetivo fue una

preocupación en el pensamiento de Keynes, quien aseguraba que cuando se

alcanzaba el pleno empleo se podrían tener problemas de inflación, por lo tanto la

necesidad de no descuidar el nivel de precios en contexto de pleno empleo, pero

dado que esa no es la situación de la economía mexicana el argumento debe ser

revalorado para hacer uso de él, solamente, cuando el crecimiento de la economía

genere expectativas cercanas a la plena ocupación donde un incremento en la

demanda agregada pueda tener una tendencia mayor del aumento de los precios.

Pero incluso pensar que la restricción del pleno empleo existe, puede resultar no

del todo cierta en economías donde el crecimiento poblacional y las mejoras

tecnológicas desplazan la curva de pleno empleo de manera constante.

“Cuando se alcanza la plena ocupación, cualquier intento de aumentar la

inversión pondrá en movimiento una mayor tendencia de los precios a subir

sin limitación nos encontramos frente a un estado de inflación verdadera”.

Keynes (2003, p. 134). Keynes se refiere propiamente a la inversión, pero

bien puede aplicarse el argumento para el incremento en el gasto del

gobierno, que aumenta la demanda agregada.



XLIX

El debate respecto a la necesidad de incrementar el gasto de capital ha estado

presente. Guillermo Ortiz, Gobernador del Banco de México, mencionaba en 2003

(Nota aparecida en el periódico Reforma el 26/06/2003) que el gobierno estaba

gastando mal al canalizar la mayor parte de sus recursos al gasto corriente,

situación que tendría que revertir para lograr un crecimiento de la economía.

Desde luego que la visión de Guillermo Ortiz, no pretende un incremento en el

déficit del gobierno, sino un intercambio entre gasto corriente por gasto de capital,

a diferencia de lo que planteaba Carlos Slim, quien expresaba en el mismo año la

necesidad de que el gobierno flexibilizara su Política Fiscal, argumentando que:

"Si un país no tiene déficit ni inversión pública, eso es malo...Si tiene un

déficit público de 2 por ciento , causado porque el país invirtió 5 por ciento

del PIB en inversión productiva, eso es muy diferente" (Nota aparecida en el

Universal el día 13/06/2003).

Esta propuesta de Slim, resulta por demás consistente con un manejo de finanzas

públicas funcionales, dentro de las cuales, la propia dinámica del déficit genera

recursos a futuro para subsanarlo.

Si el gasto deficitario del gobierno va dirigido a la creación y mejoramiento de la

infraestructura pública y a los servicios de educación y salud, debe ser

considerado como gasto productivo y por tanto no estar sujeto a las disposiciones

en materia de equilibrio fiscal ya que como bien lo comenta Guillén (1992) bajo

estas condiciones el único déficit que resulta pernicioso es el que se deriva de las

políticas de austeridad que inflan los pagos de intereses y comprimen la inversión

creadora de riqueza.



L

1.3.3. La Contracción del Gasto Federal.

Muchas han sido las ocasiones en que el Gobierno Federal ha realizado esfuerzos

por disminuir su gasto corriente sin que hasta el momento se hayan consolidado

los resultados esperados e incluso en los últimos años se puede apreciar un

incremento en este rubro (de 1998 a 2003, el gasto corriente registró un

incremento del 15%, al pasar del 18.5 al 21.3 % del PIB respectivamente). En

1998 se da una disminución del gasto como consecuencia de una caída en los

ingresos que estuvo enmarcada por la baja en los precios del petróleo, la caída de

los precios del petróleo en ese año llevó a una reducción significativa de los

ingresos y a una serie de medidas que tuvieron por objeto la disminución del gasto

para seguir manteniendo el saneamiento financiero.

Gráfica 1.5

Precios del Petróleo (Dólares por Barril, 1990-2008*)

Fuente: Elaboración con datos PEMEX



LI

Los precios del petróleo (en el periodo 1990-2008), alcanzaron su mínimo en 1998

con lo que se tuvo una disminución de los ingresos del gobierno y una

subsiguiente disminución de los gastos, situación bajo la cual se puede pensar en

un comportamiento similar al de los países del Consejo de Cooperación del Golfo

donde se verifica la hipótesis del ingreso-gasto, pero en el caso particular de

México esto ocurre por una férrea y aguerrida postura de Política Fiscal sana que

ha sido el distintivo durante las dos últimas décadas, el punto es que una política

económica que sigue de manera irracional un camino de Finanzas Públicas Sanas

puede que tarde o temprano tenga que incurrir en un forzoso desequilibrio al tener

que incrementar su gasto en seguridad social o incluso su gasto en seguridad

pública.

“Al depender el gobierno de los ingresos petroleros las finanzas públicas y la

política de gasto están subordinadas al comportamiento de la demanda y el

precio internacional del petróleo. La dependencia por la actividad petrolera

incide en la propia volatilidad de las finanzas públicas en un contexto de

Finanzas Públicas Sanas, donde el gobierno restringe su gasto de acuerdo

con los vaivenes del mercado independientemente de sus condiciones

internas” (Huerta; 2004).



LII

Gráfica 1.6

Incorporaciones presupuestales y tributarios (%PIB, 1977-2007)


Nadie estaría en desacuerdo que se destinen más recursos a las actividades

relacionadas con la seguridad pública y social. Sin embargo, el punto de discusión

consiste en establecer ¿por qué se han incrementado los problemas en estos

rubros? y ¿cómo una política de gasto que con el objetivo de subsanar estas

carencias lo único que logra es que las políticas sean poco sostenibles

reproduciendo constantemente círculos viciosos?, donde en algún momento se

incrementará de manera forzosa el gasto de gobierno que tanto se ha tratado de

mantener en orden.

La inseguridad pública y social, que tiende a incrementar el gasto, está

ampliamente relacionada con el desempleo, el subempleo y el empleo informal.



LIII

Después de 20 años de tener una economía que no genera puestos de trabajo

suficientes y de calidad se han formado generaciones carentes de los valores que

anteriormente se obtenían en el seno familiar, en la escuela o la empresa: la

unidad familiar se desintegró con la salida forzada de la mujer a la actividad

productiva debido a que con la pérdida adquisitiva de los salarios el ingreso de la

cabeza de familia se tornaba insuficiente. Por su parte, al incrementarse la

actividad informal se fue perdiendo de manera gradual la influencia que las

empresas bien constituidas tenían sobre gran parte de la población, no hay que

olvidar que la empresa también cumple con su parte formativa y; que decir de la

deserción escolar o de la educación ficticia, aquella que tan sólo incrementa las

estadísticas sin que medie una formación en los individuos.

Los elementos mencionados nos llevan a una sociedad desarticulada, donde el

gobierno debe incrementar su gasto en seguridad pública por no haber generado

condiciones de crecimiento y creación de empleos. Donde a su vez la falta de

empleos formales obliga a un incremento en los recursos dedicados a programas

como el del seguro popular, donde el gobierno tiene que asumir la totalidad del

gasto y que en otros esquemas compartía con el trabajador y el patrón. Pero no

sólo eso, también una cantidad menor de trabajo formal disminuye las cuotas de

seguridad social que perciben organismos como el IMSS (Instituto Mexicano del

Seguro Social) y que obligan a incrementar los recursos que la Federación tiene

que asignarles (A partir de 1999 las transferencias del Gobierno Federal al IMSS

son mayores a un 1% del PIB y van en aumento).

El desempleo, el subempleo y el empleo informal también abren la brecha en la

sociedad y llevan a una parte creciente de la población a situarse por debajo de la

línea de la pobreza. La manera en que las últimas administraciones en el poder



LIV

han avanzado contra la pobreza no es generando empleos, lo hacen

incrementando el ingreso de las familias pobres para situarlas por encima de la

línea de la pobreza mediante becas, apoyos, etc., es decir mediante programas de

asistencia (gasto) social.

El gasto en seguridad pública y social es muy importante, pero sino se configuran

condiciones de crecimiento lo que se hace es caer en un círculo vicioso donde el

problema no se soluciona y tan sólo se acentúa cada vez. El círculo virtuoso es

apostar por la creación de empleos, por la productividad y competitividad del país,

pero esto no se puede lograr mientras se siga con los recortes en educación,

infraestructura, ciencia y tecnología.

Así los esfuerzos, ampliamente destacados, en ahorro presupuestal pierden

solidez. Vicente Fox en su cuarto informe de gobierno, anunció que en lo que iba

de ese año se habían tenido importantes ahorros en materia de gasto corriente en

virtud de las medidas de restricción presupuestal que se habían adoptado en el

PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) correspondiente al mismo año,

de las que destacan: el mantenimiento de los salarios de los mandos medios y

superiores, la eliminación de las Secretarías particulares en ciertos niveles de

jerarquía, la automatización de los sistemas de gestión, racionalización de la

contratación de estudios y asesorías, reducción del arrendamiento de inmuebles,

la desin-corporación de entidades que ya no resulten estratégicas y prioritarias,

entre otros.

En lo que respecta al mantenimiento de los salarios de los funcionarios, la

eliminación de ciertos puestos y dependencias gubernamentales, se puede

argumentar que esto es parte del mismo problema en los fondos de pensión,



LV

menores sueldos, menores plazas y menores dependencias tienen

aparejadas menores aportaciones a los institutos de seguridad social.

No obstante lo anterior, el gasto en servicios personales sufrió nuevamente un

incremento en el primer semestre del 2004, en relación con el primer semestre de

2003, situación que se dedujo por la prima vacacional de los profesores que se

había cubierto en julio de 2003 a diferencia de 2004 que había sido en junio. Aún

así quitando ese efecto se registraba todavía la presencia de un incremento que

se justificó con el carácter social que se le había dado al gasto de servicios

personales (Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox).

Para explicar la evolución del gasto corriente, de acuerdo con su comportamiento

numérico en el tiempo, resulta necesario desglosar un poco más la clasificación

económica, avanzando en sus componentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, define el gasto corriente en los

siguientes términos:

“Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la

creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los

gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la

compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las

funciones administrativas” (Glosario de Términos SHCP).

Algunos ejemplos de gasto corriente son: la remuneración de servicios personales,

la adquisición de materiales y suministros, el pago por servicios generales, las

transferencias corrientes y el pago de intereses por concepto de la deuda, etc. En



LVI

la Gráfica 1.7, se muestra la evolución del gasto corriente desglosado en: salarios,

intereses, adquisiciones, otros gastos y las participaciones y transferencias. Es

importante destacar que el gasto corriente no ha tenido la misma tendencia en

cuanto a su composición, en la década de los 80’s estuvo incrementado por el

ramo 24 “intereses y gastos de deuda” y a partir de mediados de los 90’s por los

ramos 19 “Aportaciones a Seguridad Social”, 28 “Participaciones” y 33

“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Gráfica 1.7

Constitución del gasto corriente (1977-2005)


Aún cuando rubros como adquisiciones y otros gastos se han disminuido

ligeramente, los salarios se han mantenido constantes por lo menos desde 1989, a

pesar de los esfuerzos que se han realizado para disminuirlos vía programas de

retiro voluntario.



LVII

Con relación al retiro voluntario (programa de separación voluntaria, posterior a

2003 Programa de Conclusión de relación laboral en la Administración Pública

Federal), se argumenta que si bien el gasto corriente del gobierno se ha

incrementado por los recursos adicionales que son destinados para el pago de las

liquidaciones, no obstante se estima que en el largo plazo se generarán ahorros

suficientes por la disminución del pago de los salarios.

Se menciona que en el año de 2003 se cancelaron 42,039 plazas, con un costo de

14,929.2 millones de pesos con lo cual se tuvo un ahorro de 915.9 millones de 125

pesos en el rubro de servicios personales (Balance de la Hacienda Pública

Federal 2003). El ramo presupuestal sobre el que se realizan las previsiones del

programa es el 23 “Previsiones Salariales y Económicas”. Se supone que las

entidades que participan en el programa tendrán que reintegrar a la Federación en

un tiempo no mayor a cuatro años la cantidad erogada, por concepto de la

separación, de los ahorros que se deriven de un menor pago de salarios (de

conformidad con el artículo 7, fracción III del PEF).

Uno de los problemas principales en esta situación es que con los ahorros

logrados no se piensa en incrementar la inversión física, a decir del ex-Presidente

Fox los recursos restituidos serán utilizados para disminuir el déficit presupuestario

(Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox). Adicionalmente, se

considera que en el largo plazo la disminución del aparato burocrático tiene al

menos dos implicaciones importantes: Incremento del desempleo que si bien se

ampara con una liquidación que va más allá de lo estipulado de manera regular

por la ley laboral, ésta no genera la posibilidad de que los individuos puedan en

todos los casos consolidarse como nuevos empresarios en un mercado que se

encuentra contraído y que no ofrece los incentivos de demanda necesarios. La

otra opción de los individuos que se adhieren a este tipo de programas consiste en



LVIII

buscar trabajo en la iniciativa privada, situación compleja cuando hay un rezago

importante en la generación privada de fuentes de empleo.

En 2003, en promedio la liquidación de los funcionarios públicos fue de

alrededor de 360 mil pesos. Donde destaca la SEP con un promedio de 600

mil pesos en promedio, que se puede explicar por los años de servicio de los

funcionarios separados, se tiene que recordar que el estímulo adicional por

participar en el programa corresponde a un tabulador que incrementa meses

de salario por años de servicio. Otros casos que se ubican por encima de la

media corresponden al CONACYT y a la Secretaría de Energía. Por otro lado

y como dato de interés sólo en seis (SEP, SCT, SHCP, SEMARNAT,

SAGARPA e ISSSTE) de las 23 dependencias que participaron en el

programa de separación se concentró el 75% de la disminución de las plazas

presupuestales. En 2004 el número de plazas liquidadas fue de 12,387 con

un costo aproximado a los 600 mil pesos por plaza (5to Informe de

Gobierno). La totalidad de plazas adjudicadas al programa de separación

voluntaria y al de conclusión de relación laboral durante 2001-2007, fue de

104,924 con un costo de 47,774.5 millones de pesos.

Por otra parte, con estos programas de separación voluntaria, se pierde un

momento importante para la conformación de una nueva burocracia, si el proceso

se tiene que llevar a cabo se tendría que realizar mediante una estrategia que

propiciara la permanencia de los mejores elementos dentro de la plantilla laboral,

buscando con ello elevar la eficiencia en la actividad gubernamental.

Aún cuando se pudiera avanzar lo suficiente en la disminución de la plantilla

laboral del Sector Público, el gasto corriente no se va a disminuir, porque se

tendrían que instrumentar o bien destinar mayores recursos para programas



LIX

enfocados a incrementar el empleo, a generar pequeños industriales o

empresarios, a erradicar o controlar la pobreza, a brindar cobertura de servicios de

salud a los sectores desprotegidos, etc.

Al igual que en el caso del IMSS, la disminución de trabajadores en el

ISSSTE, reduce las cuotas que percibe la institución y obliga a una mayor

transferencia de recursos por parte del gobierno. En 2001 las transferencias

ascendían al 0.20% del PIB, mientras que en 2003 habían llegado al 0.31%

del PIB ya para 2007 la proporción se ubicaba aproximadamente en el .50%.

Lo anterior se sostiene por el aumento en la función de desarrollo social, rubro que

se incrementó en los inicios de la década de los noventa principalmente por la

mayor asignación sobre el gasto en educación y posteriormente su tendencia

alcista estuvo influenciada por el incremento en seguridad social (Gráfica1. 8). En

la Gráfica1. 9 se puede apreciar el cambio en su composición en el transcurso del

periodo, donde se destaca un intercambio de asignación importante de la actividad

de salud a la de seguridad social.

En el caso de México a diferencia de un estudio realizado para Argentina

(Ravallion 2002), en donde se constata que la consolidación fiscal de los

años 80’s y 90’s, caracterizada por la disminución del gasto, tuvo efectos

más que proporcionales en la disminución de los recursos destinados a la

educación, salud y seguridad social, se puede mencionar que en la década

de los 80’s también nuestra economía dedicó una parte importante de su

gasto corriente al pago de intereses, sin embargo en los 90’s se ha

observado un incremento en el gasto social (clasificación de desarrollo

social), lo interesante será constatar que tan conveniente es dicho gasto, ya

que para algunos analistas no necesariamente conlleva al crecimiento.



LX

Gráfica 1.8

Aplicación del gasto (% PIB, 1990-2007)

Fuente: Elaboración con datos del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox y del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Calderón. La clasificación a partir del 2003 tiene algunas consideraciones de gasto.

La depreciación del gasto corriente, por lo menos en términos relativos, se puede

lograr si se consigue que la economía empiece a crecer de manera permanente.

Cuando la economía crece, la iniciativa privada empieza a generar nuevas

oportunidades de empleo que podrían resultar mejores que los programas de

separación voluntaria. Claro es, que se hace referencia a un crecimiento real dado

por la esfera productiva y no por los movimientos de capitales.

Los recursos que se brindan a la creación de nuevas empresas o a la política de

creación de “changarros”, bajo un contexto de contracción del mercado interno

están destinados a fracasar por la alta mortandad de las empresas que tienen una



LXI

expectativa de vida muy corta, las razones que se buscan para dar una

explicación en algunos de los casos se enfocan a problemas de índole

administrativas dejando de lado el contexto económico en el cual se desenvuelven

y que es pieza clave de su pobre desempeño.

Se estima que el 75% de las empresas cierran después de dos años de

operación, que el 50% lo hace antes de cumplir el año y que tan sólo 1 de

cada 10 logra superar los 5 años (Revista en línea del Fondo para el

Desarrollo de la Ciudad de México). A propósito de la sexta semana PYME,

llevada a cabo los días 8 al 12 de mayo de 2006, se empezaron a manejar

algunas cifras respecto a la apertura y cierre de empresas dentro de esta

clasificación, a decir de Alejandro González, Subsecretario para las

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en el país se crean anualmente

más de 300 mil unidades productivas, en promedio al día se crean

aproximadamente mil nuevas empresas. El punto a resaltar es que el 50% de

las empresas de reciente creación cierran sus puertas no habiendo cumplido

el primer año de operaciones.



LXII

Gráfica 1.9

Clasificaciones de desarrollo social (1990-2007)

Fuente: Elaboración con datos del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox y del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Calderón. La clasificación a partir del 2003 tiene algunos reasignaciones del gasto.

El gobierno, mediante la Secretaría de Economía puede seguir intentando

incentivar este esquema que es poco viable bajo las mismas condiciones, a pesar

de que el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa insista en que la

estabilidad macroeconómica del país reduce la mortandad de estas unidades

económicas, sobre todo cuando la estabilidad se sustenta en políticas fiscales y

monetarias contraccionistas (Para una descripción más acabada sobre los

aspectos del cierre de empresas se puede consultar Ramírez 2006). De acuerdo

con el número de patrones registrados en el IMSS, se tiene que la cifra disminuyó

en más de 7,000 en el periodo 2002 a 2004 (cuadro 1.1), disminución que es

considerable y que se sitúa muy cerca de la cantidad que había en 2001. En

algunos casos se puede asumir que la salida de algunos patrones del padrón del

IMSS se da por su incorporación a la informalidad con los problemas que ello



LXIII

ocasiona, como es el incremento del gasto en seguridad social y pública, además

de la baja recaudación tributaria.

Cuadro 1.1

Número de Patrones Registrados en el IMSS

Periodo Total Diferencia Variación 1998 741,988 1999 742,882 894 0.1% 2000 799,819 56,937 7.7% 2001 803,180 3,361 0.4% 2002 811,244 8,064 1.0% 2003 (-) 807,655 - 3,589 -0.4% 2004 (-) 803,902 - 3,753 -0.5%

Fuente: Elaboración con datos del IMSS

1.3.4. La Contracción del Gasto Fiscal y su Efecto en el Ingreso

La Disciplina Fiscal por otra parte no va a lograr el equilibrio de las finanzas

públicas, porque a menor gasto de gobierno, se tendrá menor demanda interna

que resultará en una menor tasa de crecimiento o actividad económica y por lo

tanto menores ingresos tributarios, es así como el equilibrio de las finanzas

públicas es inalcanzable ya que esta dinámica se asiente a un círculo vicioso que

impide el logro del equilibrio fiscal.

López (1987, p. 157), al respecto menciona “que un cambio en el gasto

público provoca cambios en el ingreso que hacen cambiar, a su vez el monto

de la recaudación tributaria...suponiendo que a partir de un déficit de

determinada magnitud, se intente reducirlo en cierto monto y que para tal

efecto se reduce el gasto en ese mismo monto prefijado. La reducción del

gasto provocaría una caída en el ingreso y por ende en los impuestos

recaudados. Por tanto la reducción en el déficit será menor que la del gasto



LXIV

(en términos absolutos). Entonces para alcanzar la reducción del déficit que

se pretende, el gasto total deberá disminuirse en un monto mayor que aquel

en que se pretende que descienda el déficit. Es por tal razón que el efecto

depresivo al que aludimos resulta por así decirlo ampliado”. Siguiendo el

argumento anterior, es posible decir que una mejor forma de disminuir el

déficit sería incrementar el gasto de gobierno, que incida en el crecimiento

económico y por ende en una mayor recaudación.

La ortodoxia fiscal se adjudica que la disminución del gasto en algún momento

ajustará el gasto e ingreso del gobierno y se dará el equilibrio, en cambio en la

visión poskeynesiana es necesario incrementar el gasto para incentivar la

demanda interna y que ésta genere una mayor actividad económica dando por

resultado una cantidad mayor de ingresos a la hacienda pública. Con ello se

estaría garantizando la relación que guarda el crecimiento económico con el

incremento al menos en los ingresos tributarios.

Los ingresos totales del Estado observan una tendencia decreciente durante el

periodo de 1977 a 2003, no así los impuestos tributarios que en el mismo periodo

se mantuvieron constantes, con variaciones por debajo de la media en los

momentos que la economía se encontraba cerca o en momentos de

estancamiento. Huerta (2004; p. 124), en este sentido, menciona que el ingreso de

gobierno tiene un comportamiento pro-cíclico, por lo que disminuye con la

contracción económica que es propiciada por la propia Política Fiscal restrictiva.

La relación que guarda el ingreso con el gasto y se evidencia usando datos

mensuales del Sector Público para el periodo de 1995 a 2007 que los ingresos

totales además de estar estrechamente relacionados con el gasto total, tienen una

elasticidad cercana a la unidad (En el caso del gasto total del Sector Público



LXV

(gasto primario) el coeficiente de elasticidad es de 1.01, mientras que para el caso

del gasto total considerando los intereses se tiene un coeficiente de elasticidad de

.99.), lo que sugiere que una disminución en el gasto incidirá en una disminución

similar en los ingresos, lo que ocasionará que no se puedan estabilizar las

finanzas públicas mediante la reducción del gasto, por la dependencia que

guardan los ingresos con las variaciones del gasto.

Una de las estrategias utilizadas para lograr el equilibrio fiscal ante la imposibilidad

aparente de incrementar los ingresos consistió en disminuir la cantidad de deuda,

mediante el proceso de privatización, para bajar el pago de intereses y liberar

recursos, no en un esfuerzo de incorporarlos al gasto productivo, sino en el logro

de la Disciplina Fiscal que genere superávit para seguir pagando la deuda. Sin

embargo, de acuerdo con Papadimitriou y Wray (1998), resulta poco conveniente

buscar el pago de la deuda a partir de la generación de superávit, en virtud de los

malos resultados que arroja esta política al llevar a la economía a escenarios de

mayor estancamiento.

El superávit presupuestal frena la economía. No resulta válido intentar pagar

la deuda a costa de una menor actividad económica que implica menores

ingresos para el Estado y menores ganancias para las empresas. A la larga

la búsqueda del superávit presupuestal no logra la disminución de la deuda,

si esto fuera cierto la deuda del país ya estaría resuelta, no obstante la

deuda se encuentra por encima de los niveles observados en buena parte de

la década de los 90’s y el problema puede incrementarse si consideramos la

deuda contingente adicionada con el problema de los fondos de seguridad

social.



LXVI

En el ánimo de disminuir la deuda se ha buscado por varios medios consolidar la

reforma estructural del sector energético, es decir, lograr la apertura en dicho

sector para que la inversión que genere sirva para el pago de la deuda (De forma

similar lo hizo Carlos Salinas de Gortari durante su gestión, donde si bien se

disminuyó esto se pudo lograr con la venta de paraestatales altamente rentables

como es el caso de TELMEX frenar la deuda). Esta medida no es otra cosa que un

intercambio de pasivos por activos que permitirá un ajuste temporal de las

finanzas públicas pero que no es una solución y tiene la desventaja de ser finita,

una vez que se acaban los activos rentables, la posibilidad de continuar con esta

estrategia se acaba y automáticamente deja de ser una opción para el capital

internacional.

1.3.5. La Contracción del Gasto y su Derivación sobre la Tasa de Interés y la

Deuda

La contracción del gasto de no pago de intereses que intenta liberar recursos para

el pago del servicio de la deuda generando superávit primario tiene efectos

negativos sobre la tasa de interés ya que como se ha argumentado anteriormente

cuando el gobierno ejerce una política de gasto restrictivo drena las reservas

bancarias lo que conlleva a un incremento en el costo del dinero. Wray (2000),

menciona que si el gobierno no drenara las reservas bancarias la tasa de interés

de corto plazo no debería de ser alta. En un régimen de tipo de cambio flexible, el

gobierno que emite la moneda gasta abonando en una cuenta bancaria, por lo que

el gasto deficitario del gobierno toma la forma de incremento neto en las reservas

bancarias lo que disminuye la tasa de interés de corto plazo, mientras que el

superávit gubernamental presiona la tasa hacia arriba (Wray, 2004).



LXVII

A decir de Huerta (2004; p. 125), si el gobierno reduce su gasto, afecta las

reservas bancarias debido a que se efectúan menores depósitos en el sistema

bancario, lo que presiona sobre la tasa de interés en virtud de que los Bancos

recurren al Banco Central para elevar sus reservas teniéndose por resultado un

alza en la tasa de interés que aumenta el servicio de la deuda y genera presiones

sobre las finanzas públicas. En la actualidad aún cuando no se ha incurrido en el

incremento del déficit presupuestal la deuda del país ha crecido, por lo que no

puede ser considerado el déficit como el causante de este nuevo endeudamiento

como fue argumentado en los inicios del 2000.

El temor de aumentar el gasto deficitario del gobierno, de acuerdo con el término,

consiste en el pensamiento de que a la larga esa alza llevará a un mayor

endeudamiento y al futuro incremento de los impuestos o reducción del gasto para

cumplir con la deuda actualmente contraída derivada del incremento en el gasto

deficitario. Como lo argumenta Domar (1944), si la economía crece

porcentualmente encima de la tasa de interés que paga la deuda, la relación

deuda-ingreso nacional además de permanecer estable en el tiempo puede

disminuir, a pesar de continuar con una política de contratación de deuda

permanente, abundando en esta idea Arestis y Sawyer (2003), mencionan que

mientras que la tasa de crecimiento exceda la tasa de interés que paga la deuda

de gobierno, la deuda es sustentable.

Resulta claro que si la deuda crece por encima de la tasa de crecimiento la

proporción de deuda no se estabilizará y de continuar el déficit se estaría

incrementando la deuda, pero si por el contrario el superávit es mayor que la

deuda como proporción del PIB se estabilizaría aún cuando el monto de la deuda

siguiera incrementándose.



LXVIII

El problema del endeudamiento actual tiene que ver con la mayor tasa de interés y

el menor crecimiento económico que en cierta medida son resultado de una

Política Fiscal contraccionista que evita incurrir en gasto deficitario, sin considerar

que el gasto deficitario dirigido a incrementar la productividad nacional, el

consumo interno y la exportación de bienes con un alto componente nacional,

puede generar tasas de crecimiento mayores a la tasa de interés.

1.3.6 Si la Disciplina Fiscal no Lleva al Equilibrio. ¿Qué medidas tomar?

La Disciplina Fiscal ha trabajado en favor de la estabilidad de la moneda y del

capital financiero y en contra del crecimiento económico, ya que al disminuir el

gasto se contrae el mercado interno. Bajo estos argumentos el crecimiento pasa a

depender del gasto del Sector Privado, de las exportaciones netas y de la entrada

de capitales. Elementos que cada vez son más difíciles de mantener por la propia

Disciplina Fiscal que se caracteriza por tener un carácter pro-cíclico.

“Los grupos interesados en mantener las cosas tal como están. Uno de ellos

lo representa el capital extranjero, donde encontramos a las compañías que

poseen inversiones directas en el país, las empresas que aprovechan el

mercado potencial colocando sus exportaciones en el mismo, además de

aquellas que aprovechando la necesidad de capitales colocan sus

inversiones con atractivos rendimientos y ciertos niveles de certidumbre. En

un ámbito interno encontramos que los principales beneficiarios son: los

grupos de exportadores, sectores capaces de orientar su expansión a

mercados externos; los capitalistas comerciales, dedicados al negocio de las

importaciones y; los capitalistas dinerarios. Para Héctor Guillén (1997, p.223)

los grandes ganadores de la política actual y quienes se opondrían al cambio

en el modelo serían básicamente: Las 24 familias más ricas del país, así



LXIX

como el 10% de la población más rica que vio mejorado su ingreso; también

se opondría la alta burocracia gubernamental que incidió y consolidó el

modelo neoliberal y; los grandes organismos financieros internacionales,

auspiciados por los países industrializados” (José Valenzuela, 1991, p. 156-

160).

Esta Política Fiscal restrictiva resulta inadecuada para lograr la estabilidad fiscal,

la única razón para continuar con la búsqueda de la Disciplina Fiscal, mediante

políticas restrictivas, es mantener la estabilidad de las variables monetarias

garantizando el control de la inflación y la estabilidad de la tasa de cambio,

objetivos que cada vez resultan más costosos de mantener. Aún cuando también

se tiene que precisar que la restricción, tal como se ha comentado anteriormente,

cumple con la función de ampliar la influencia del capital privado, así, en un

contexto donde la disciplina conduce a que una gran parte de la población vea

disminuido su bienestar por un menor crecimiento económico y la incapacidad de

encontrar trabajo, otros son favorecidos por la apertura de los sectores públicos.

La liberalización gubernamental tan sólo es provechosa para un determinado

grupo de personas (nacionales o extranjeros) que tienen la capacidad para realizar

las inversiones que son declinadas por el gobierno.

Huerta (2004), menciona que una de las razones por las cuales la Política Fiscal y

monetaria se mantiene restrictivas es por el temor de que una mayor actividad

económica pueda tener efectos en la estabilidad de la inflación y el tipo de cambio.

Huerta, agrega que la estabilidad cambiaria es importante por varias razones:



LXX

“a) para incrementar la demanda por moneda nacional...b) para incrementar el

intercambio de divisas por moneda nacional; c) para financiar el déficit externo, y

d) para apoyar la propia estabilidad del tipo de cambio”.

La importancia de contar con un tipo de cambio estable que permita la entrada de

capitales financieros y evite su salida es una prioridad del gobierno; por lo tanto,

para lograrlo disminuye la actividad productiva mediante políticas monetarias y

fiscales restrictivas que derivan en altas tasas de interés, reducción del gasto

público y la extranjerización de la economía. Para mantener el tipo de cambio

estable se requiere ofrecer activos rentables al capital extranjero, así, el proceso

de privatización se constituye como un elemento crucial de estabilidad monetaria,

que amplía la influencia del Sector Privado y su capacidad de incidir en las

políticas, leyes y reglamentos que les son impuestos.

La estabilidad monetaria obliga, como se ha comentado, a continuar con la

Disciplina Fiscal que va en contra de la generación de déficit presupuestal y

ocasiona problemas para establecer una Política Fiscal contra-cíclica.

Recordemos que el gasto deficitario se agrega directamente a las ganancias

generando riquezas para el Sector Privado. Las ganancias generadas por el déficit

fiscal en el presente se constituye como un estímulo importante para la inversión

en el futuro, por ello su disminución ahora inhibe la inversión privada a menos,

claro está, que la actividad exportadora pueda superar el choque negativo sobre

las ganancias, de no ser así no habrá incentivos para invertir.

El proceso de privatización ¿Será crucial para la entrada de capitales? o bien

¿Será la única manera de atraerlos?, la respuesta tomando como referencia la

estabilidad monetaria es positiva, en virtud de que dicha estabilidad obliga el uso

de la Disciplina Fiscal. Pero una economía con tipo de cambio flexible que utiliza



LXXI

su Política Fiscal para incentivar el crecimiento y es acompañada de la Política

Monetaria en tal objetivo puede lograr la entrada de capitales ante las

oportunidades de rentabilidad que genera su fase ascendente, sin que ello

dependa de la privatización de los sectores paraestatales altamente rentables y

estratégicos.

“Es común la creencia de que el gobierno encara una restricción

presupuestal y que por lo tanto el gasto debería ser financiado por

impuestos, préstamos o creación de dinero. Sin embargo, dado que muchas

economías en la actualidad prohíben la creación directa de dinero, se asume

que el financiamiento sólo puede ser posible con la complicidad del Banco

central” (Wray 2004).

En una economía, como la mexicana que no garantiza la rentabilidad a nivel

general en los sectores productivos por su bajo desempeño, los capitales externos

tan sólo estarán dispuestos a participar en el mercado doméstico en aquellos

sectores productivos con amplia rentabilidad asegurada, como en la actualidad es

el caso de PEMEX y la CFE (A tal respecto se puede revisar la exigencia de la

apertura del sector energético por parte de los empresarios nacionales expuesta

por Huerta 2003), o bien participarán en el mercado financiero siempre y cuando

las condiciones de riesgo y rendimiento sean atractivas. La atracción de los

capitales hacia México en sectores productivos se puede lograr mediante el

crecimiento económico, haciendo más atractiva la esfera productiva que la

financiera. Para ello se requiere la flexibilización del tipo de cambio que permita de

nueva cuenta el manejo soberano de la política económica, donde se pueda

instrumentar una política fiscal contra-cíclica que sea acompañada de la Política

Monetaria sin dejar de lado la revisión a la apertura económica. Lamentablemente

la apuesta es por la liberalización comercial, la estabilidad monetaria y la

Disciplina Fiscal que conlleva a la privatización de las empresas del Estado,



LXXII

proceso que aparentemente ofrece determinados beneficios como a continuación

serán revisados.

1.4. El Proceso de privatización

A partir de la década de los ochenta, se empieza a gestar un cambio en la política

económica del país, derivado de la crisis de los energéticos y de la inestabilidad

del sistema monetario internacional de la década anterior. En este contexto el

Estado frenó su crecimiento y retrocedió en su intervención de la actividad

económica, mediante una política de privatización que se da como consecuencia

del mantenimiento de una política de tipo de cambio fijo y de la Disciplina Fiscal.

“Starr (1993: p. 34) menciona que el proceso de privatización no tuvo mayor

circulación en política hasta que llegaron al poder gobiernos de corte

conservador como lo fueron el de Inglaterra con Margaret Thatcher y el de

Estados Unidos con Ronald Reagan. (Lectura contenida en Kamerman y

Kahn, 1993)

Esta política de privatización, puede ser asumida como la contraparte de la política

de nacionalización y creación de empresas públicas que había instrumentado el

Estado desde 1917.

“una relación de estos aspectos para el caso argentino que bien podría ser

valorado para México ya que como se verá más adelante el proceso de

privatización de México y Argentina tienen elementos similares, “En sus

inicios, las privatizaciones argentinas de los noventa constituían la imagen

invertida en un espejo de las nacionalizaciones de los años cuarenta. Por



LXXIII

entonces tiempos de la inmediata post-guerra, la mayor parte de la sociedad

veía en las nacionalizaciones un instrumento para la solución de la mayoría

de los problemas económicos y de política pública: desequilibrios fiscales y

de balance de pagos, insuficiencia de inversiones y corrupción.

Posteriormente, con las privatizaciones, esa idealización se repitió, incluso

con argumentos similares: desprenderse de las empresas públicas

significaba acabar con la inflación, con la crisis del sector externo, con la

ineficiencia, con el corporativismo, con la corrupción y con la baja

productividad. Hoy, la imagen idealizada de las privatizaciones ya no se

invierte en un espejo temporal, sino que impacta contra una realidad de más

de diez años de empresas privadas operando en una economía

estructuralmente diferente a la de principios de la década anterior”. Una

experiencia que llevó a Argentina a una de las primeras crisis de este siglo”

(Gerchonoff, 2003).

En 1940 se contaba con 36 empresas públicas que fueron objeto del auge

Cardenista y posteriormente derivado de la política de sustitución de

importaciones el Estado vio incrementarse su número de empresas que llegó a ser

hasta de 1,155 en el año de 1982.

“presentan un interesante cuadro al respecto del número de empresas

públicas desde 1917 a 2003. Ayala (1995, p. 581), en un estudio al respecto

de la intervención estatal, mencionaba que el Estado en los 70’s, había

reclamado para sí la conducción global de la economía, mediante

mecanismos de coordinación que incidían en aspectos anti-cíclicos, que

sirvieron para apoyar ramas de la economía en dificultades financieras o

simplemente para apoyar la rentabilidad de otras” (Chong y López, 2004).



LXXIV

En 1982 ante un escenario de altos déficit públicos, una elevada y considerable

deuda externa y la presencia de niveles importantes de inflación, tanto los

acreedores externos como los organismos internacionales fomentaron la política

de privatización (El 10 de noviembre de 1982, nuestro país firmaba una carta de

intención con el FMI, en la cual se comprometía entre otras cosas a superar el

desequilibrio externo, abatir los índices de inflación y fortalecer las finanzas

públicas. El 19 de enero de 1990 y el 5 de abril de 1991, Pedro Aspe y Miguel

Mancera, enviaron una carta a Michael Candessus, mencionándole los logros del

gobierno y en el cual reportaban, entre otras cosas los avances en materia de

privatización), encaminada a la disminución del déficit fiscal y la posibilidad del

pago de la deuda.

“En la mayoría de los países en desarrollo, agobiados por la recesión y la

deuda externa, las privatizaciones han sido insistentemente promovidas por

los organismos financieros multilaterales, que incluso conceden créditos

específicos para profundizar y acelerar ese proceso... El objetivo principal de

aquellos organismos es abatir el monto de la deuda externa y de su servicio,

meta muy ambiciosa si se considera el volumen del débito” (Minsburg, 1993).

Las razones que se han enumerado por parte de la ortodoxia para justificar el

programa de privatizaciones, entre otras, son: Mejorar la eficiencia, mejorar las

cuentas públicas, disminuir el poder de los sindicatos, sustituir al Sector Público

por el Privado en la toma de decisiones en los mercados de bienes y servicios,

creación del capitalismo popular, incrementar la identificación de los empleados

con la empresa mediante la tenencia de sus acciones y redistribuir la renta y la

riqueza de la sociedad (Valdivieso, 2001, p. 56). No obstante, es importante

enfatizar que el proceso de privatización se enmarca en la pérdida soberana de la

Política Fiscal y monetaria, derivadas del mantenimiento de la estabilidad

monetaria, además de que el proceso estuvo inmerso en una serie de cuestiones



LXXV

políticas de incremento en la participación de las actividades del Estado a

determinados grupos de poder que exigían para sí su provecho.

En este apartado se hará referencia tan sólo a dos aspectos de la discusión, la

eficiencia administrativa y la eficiencia económica como objetivo privatizador y sus

consecuencias económicas, es decir, la necesidad de privatizar para equilibrar la

balanza presupuestal, de capitales y disminuir el pago de la deuda.

En palabras de Córdoba (1991) “La privatización de empresas estatales

buscaba dos objetivos fundamentales: incrementar la eficiencia económica

centrando los objetivos de su administración y fortalecer las finanzas públicas

por medio de los recursos que se obtienen de su venta o de la eliminación de

subsidios que se les otorgaban con anterioridad”, tanto para Córdoba como

para Salinas (2000), Aspe (1992, 2005) y algunos otros el proceso de

privatización fue exitoso en sus resultados económicos; sin embargo, los

resultados, como se argumentan en el desarrollo de este apartado, cuando

así lo fueron tan sólo tuvieron efectos de corto plazo. En el caso Argentino,

Gerchonoff (2003), menciona que en “Argentina fueron las motivaciones

fiscales y de eficiencia en distintas combinaciones las principales impulsoras

del proceso de privatización. Ambos objetivos se han utilizado

frecuentemente en la argumentación en favor de esta política,

relacionándose el primero de ellos el de orden fiscal con el déficit que

generaban las empresas públicas y la necesidad de fondos frescos para

financiar a un Estado deficitario, especialmente en países en desarrollo;

mientras que la segunda categoría los objetivos de promoción de la eficiencia

y la competitividad refiere a la necesidad de brindar mejores servicios a los

consumidores y abaratar costos para permitir una mayor inserción

internacional de los sectores productivos”.



LXXVI

1.4.1. La Validez Administrativa y Económica.

Se ha criticado mucho la eficiencia administrativa del Sector Público para

mantener y operar empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios que

bien pueden ser objeto de interés por parte de la iniciativa privada; por lo tanto, la

ortodoxia fiscal se postula por la máxima de que el Estado debe transferir a ese

sector todas aquellas actividades que puedan resultarle rentables, pero no sólo

eso, en el caso de participar en otras actividades el Estado deberá asumirse como

una institución ejemplarmente eficiente que pueda abatir sus costos de producción

y operación (Parguez, 2002). En estos dos postulados se da una discrepancia,

debido a que el Estado debe asumir únicamente aquellas actividades que no son

susceptibles de mercado, es decir, que dadas sus características no son

rentables, por lo tanto su producción u operación en muchos de los casos tenderá

a arrojar aparentemente magros resultados, en virtud de que muchas de estas

actividades, de carácter social, no arrojan flujos financieros directos (Sawyer

(1997), considera que el volumen de bienes y servicios ofertados por el Estado

considerados fuera de mercado (non-market) no le retribuyen un beneficio directo

por proporcionarlos, debido a que no se venden por dinero en efectivo, en este

sentido en ciertos casos el gasto de gobierno crea bienes intangibles de los cuales

no puede ejercer la propiedad y por lo tanto no puede destinar los beneficios

generados por sus propias actividades, exceptuando los que se derivan de niveles

más altos de ingresos impositivos como resultado de la aplicación del gasto que

propicia el crecimiento económico), aún cuando pueden arrojar beneficios de

manera indirecta vía los efectos multiplicadores en la economía (Myrdal, 1960, p.

20-21), menciona que los gastos presupuestarios del Estado asignados a la

enseñanza, justicia, defensa, obras públicas, necesidades culturales, socorro

contra las crisis, etc. no pueden justificarse por la posibilidad de dar como

resultado una ganancia al Estado, estas acciones deberán ser justificadas



LXXVII

directamente por las consecuencias sociales y económicas que se espera

originen).

Los argumentos para privatizar pueden ser abordados en tres diferentes

vertientes: La mala administración por parte del Estado, la falta de alicientes para

buscar la eficiencia y el perjuicio de los monopolios en economías de competencia

perfecta.

En relación con el primero, el argumento tiende a ser falaz ya que dadas ciertas

restricciones que el propio Estado les impone (Un ejemplo claro de lo anterior se

puede encontrar en PEMEX, empresa paraestatal que no tiene margen de

maniobra para realizar las inversiones necesarias para su actividad, en virtud de

que el Gobierno Federal durante muchos años ha basado su política de ingresos

en la actividad petrolera, dejando que la paraestatal presente rezagos, que son

asociados con su “ineficiencia”), lo realmente asombroso sería que las empresas

estatales obtuvieran buenos resultados al cierre del ejercicio. Los que lanzan esas

aseveraciones respecto a la ineficiencia del Estado, son aquellos que buscan

sacar ventaja de la privatización de las empresas (Campos 2000), Directora de la

revista Problemas de Desarrollo, en una breve editorial al respecto de la

privatización eléctrica, nos menciona cómo en el caso Argentino algunos

funcionarios como Alfredo Mirkín y Luis M. Caruso, aprovecharon su ímpetu

privatizador para hacer carrera en el Sector Privado, además de lograr posiciones

en organismos internacionales. Al final del día lo importante es preguntarse ¿A

quién benefician todas estas decisiones y cambios? Y no ser tan ingenuos para

pensar que los beneficiados a fin de cuentas será el grueso de la población),

diversos autores han documentado esta situación, expresando categóricamente

que la causa de la privatización de las empresas estatales tiene poco o nada que

ver con su eficiencia (al menos en el caso de Latinoamérica). De acuerdo con

Ayala (2003; p. 33-34):



LXXVIII

“...las políticas de ajuste, la privatización y la desregulación... en particular de

las empresas públicas, fueron superficiales y aún frívolas. Los programas de

racionalización administrativa y de recortes del empleo público, fueron

concebidos como un objetivo en sí mismo, y no como un medio para lograr

una efectiva mejora en la administración”

La privatización bajo un contexto de liberalización financiera está centrada en el

logro de la estabilidad monetaria y no así en la eficiencia administrativa. De hecho

el ex-presidente Salinas en un recuento de su gestión, menciona que la

privatización se basaba sobre:

“una premisa política: vendíamos para obtener recursos y liquidar deuda no

por una declaración en contra de la eficiencia del Estado. Privatizar no

significaba considerar ineficiente toda intervención estatal (en algunos casos

esa intervención había sido irreprochable)... No creíamos en ese discurso”

(Salinas, 2000; p. 408)

El proceso de privatización a decir del ex-presidente Salinas (Salinas 2000; pp.

409- 419) tampoco respondía a un proyecto ideológico que buscara disminuir al

Estado o beneficiar al individuo por encima de la comunidad, la idea era sencilla

“los bienes públicos debían de remediar males sociales”, el incremento en el gasto

social que era necesario tenía que ser financiado con una estrategia diferente a la

que había llevado al endeudamiento al país (contratación de deuda o emisión

monetaria), la estrategia se suscribió a la disminución de la deuda para liberar los

recursos necesarios e incrementar el gasto social. No obstante, el argumento que

trata de carecer de intención, olvida considerar que los recursos que se destinaron



LXXIX

al pago de la deuda bien pudieron ser empleados en gasto de capital que arrojara

los flujos necesarios para su financiamiento.

En relación al segundo punto se asume que para la empresa pública la noción de

quiebra no está presente (La política de los 70’s instrumentada por el gobierno en

materia de intervención para evitar el cierre de las empresas privadas y con ello

proteger el empleo, fue a decir de Aspe (2005; p. 160) un incentivo para que las

empresas privadas no buscaran la eficiencia porque sabían que en el peor de los

casos el gobierno les compraría la empresa al nacionalizarla) y bajo este

argumento siempre estará el poder central para sacar de la crisis a cualquier

empresa paraestatal, rompiendo con ello el estímulo para que sean eficientes;

además de que el proceso político juega un papel importante al desvincular los

intereses de los individuos con los de la empresa (Sheshinski y López-Calva,

2003). Si bien es cierto que hay una problemática real, antes de pasar al cambio

de la propiedad de las empresas se podría mejorar su desempeño si se estimula

la responsabilidad individual en el ejercicio de las funciones inherentes al Estado

tal como lo propone Minsburg (1993). Por otra parte se podría deslindar la

actividad pública de las decisiones políticas mediante la puesta en práctica del

servicio civil de carrera.

“la instauración de un servicio civil de carrera, se estimula la continuidad de

los programas y con ello la disminución de la ineficiencia en la actuación de

los funcionarios públicos, con un sistema de promociones meritocrático se

estimula el mejor desempeño de los funcionarios y se elimina la

discrecionalidad de los gobernantes para designar a una parte de sus

funcionarios con lo que la administración pública se deslinda de las

decisiones y conveniencias políticas” (Guerrero, 2000).



LXXX

En lo tocante al tercer argumento se tiene evidencia para suponer que parte de

este proceso privatizador ha estimulado la concentración del capital.

En el caso de Argentina, Azpiazo y Schorr (2001), mencionan:

“Las principales modalidades que adoptó dicho proceso tendieron a

conformar y preservar ámbitos de privilegio de acumulación y reproducción

de capital, caracterizado por un nulo riesgo empresarial y ganancias

extraordinarias”

Para el caso del Perú, Ruiz (2002), comenta que:

“Una de las consecuencias más importantes que ha tenido el proceso de

privatización es haber sido impulsor de una dinámica de concentración y

centralización del capital, especialmente en el sector constituido por

empresas de servicios públicos. La transferencia de algunas de estas

empresas a grupos económicos concentrados independientemente de los

significativos aportes que estas empresas realizan en términos de tecnología

y modernización podría implicar una transferencia de un importante poder de

decisión del Estado que, bajo determinadas circunstancias, podría restar

autonomía a importantes elementos de la política económica e inclusive a su

capacidad regulatoria. Cabe señalar, que algunas de estas empresas tienen

una enorme influencia en la formación de precios locales y, por consiguiente,

en la estructura de precios y rentabilidades relativas que pueden afectar la

competitividad de los restantes sectores de la economía”.



LXXXI

El proceso de privatización en gran parte de Latinoamérica consolidó estructuras

monopólicas u oligopólicas privadas que en su momento fueron públicas y que

veían por el bienestar de la sociedad y ahora solamente ven por el bienestar de su

propia rentabilidad sin importar las distorsiones que generen en la consecución de

sus objetivos.

“hay que evitar sustituir monopolios estatales que pese a sus deficiencias

inocultables responden a los intereses nacionales por monopolios privados,

los cuales en naciones como las latinoamericanas concentran un enorme

poderío, actúan de forma arbitraria y maximizan sus beneficios sin considerar

el servicio a la sociedad y su necesaria contribución al desarrollo económico”

(Minsburg, 1993).

Privatizar las empresas estatales, pensando en las fallas del Estado, sería tan solo

caer en el otro extremo constituido por las fallas del mercado. Con un Estado cada

vez más reducido incapaz de consolidar estrategias de crecimiento, seguramente

las empresas que hoy se concentran con capital nacional, serán víctimas de los

grandes conglomerados internacionales en el futuro bajo un escenario de

economía abierta.

“la necesidad de políticas para fortalecer la economía en el ámbito de la

competencia internacional. Han hecho que los partidarios de las políticas

orientadas por el mercado comienzan a reconocer que se requiere algo más

que privatización y desregulación”, asimismo menciona que “contrario a lo que

se pudiera pensar, el fortalecimiento de los mercados demanda un gobierno

mejor y más fuerte que sea capaz de hacer cumplir la Ley” (Ayala, 2003; p. 114-

134).



LXXXII

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Introducción







1.3.2. El Gasto de Capital Productivo No debe Restringirse al Equilibrio Fiscal




Deuda




1.4.2. Resultados Económicos de la Privatización

1.4.3. El Déficit Fiscal

1.4.3.1 La Deuda Pública

1.4.3.2 La Balanza de Pagos

Capítulo 2.- Una Mirada a México. Propuesta para una Mejora en la Reforma

Financiera en el País.

2.1. Crecimiento y Desarrollo en México.



LXXXIII

2.2. ¿Qué nos Trasladó al Nivel Económico Actual?

2.2.1. Impacto Social de las Políticas Neoliberales

2.3. Propuesta de una Reforma Integral

2.4. Una Verdadera Reforma Fiscal Integral

2.5. Habilidad, Alternativa de Política Presupuestaria y Política Social

2.6 La Importancia de la Educación para el Desarrollo y el Crecimiento.

2.7. Finanzas Estables pero sin Crecimiento Económico.

2.7.1. La Política Económica de Ajuste.

2.7.2. Una Nueva Discusión Fiscal. Un Retorno a la Ortodoxia.

2.7.3. Objetivos de la Propuesta.

2.7.4 Resultados y Costos de la Reforma Tributaria.

Capítulo 3.- La Reorientación de los Planteamientos de la Reforma

Financiera en las Políticas Públicas

3.1 Marco Actual de la Política Fiscal

3.2 La Política Fiscal Desde el Punto de Vista Actual

3.3. El Papel Predominante de la Política Monetaria Sobre la Política Fiscal

3.4. La Restricción Presupuestaria del Estado

3.5. El Teorema de la Equivalencia (Ricardiana)

3.5.1 El Resultado de Separación Crowding Productivo y Financiero

3.6. El Enfoque Fiscal de la Balanza de Pagos

3.7. La Incidencia de la Política Fiscal Sobre la Inflación, la Tasa de Interés y

el Tipo de Cambio

3.8 Dinámica de Largo Plazo de las Finanzas Públicas.



LXXXIV

3.9. La Postura Fiscal de México

3.9.1. México el Ciclo Económico y su Respuesta Fiscal

3.9.2. El Manejo de Superávit Permite una Política Contra-Cíclica

3.9.3. La Implicación Económica del Superávit Fiscal en México

Capítulo 4.- La Reforma Financiera y las Leyes Tributarias en México

4.1. Efectos de los Impuestos en el Bienestar de la Población.

4.2 Comportamiento del Contribuyente Frente al Gravamen.

4.2.1 Semblantes Sociológicos con Correlación a la Contribución.

4.2.2. Validez Constitucional y Legalidad de los Impuestos.

4.3. Comportamiento de los Actores Políticos Frente a una Reforma

Financiera.

4.4 Análisis de la Propuesta de Reforma Financiera para el año 2008.

4.5. Aspectos Inconstitucionales del IETU

4.6 Planes de Política Fiscal: Propuesta de Reforma Financiera Integral para

México

4.7. Manejo de los Recursos Provenientes de la Recaudación.

Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación

Bibliografía



LXXXV

VI. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis central

▪ Las políticas públicas implementadas en los últimos tres lustros apuntan a

la profundización del proceso de desregulación de los mercados

financieros en México, y encuentra en las acciones que postula la llamada

reforma financiera, un eslabón más, que lejos de ser una estrategia de

desarrollo económico, busca dar certidumbre y facilitar mecanismos de

recuperación de los créditos, reducción de los problemas de información

como contraparte de la fiscalización de los flujos financieros, acciones que

apuntan a la sustitución de los tradicionales fuentes de financiamiento del

estado.

Hipótesis secundarias

1) A pesar de que la política de desregulación debiera ser una estrategia de

desarrollo económico, la realidad es que apunta más a dar certidumbre a

los intermediarios financieros sobre la recuperación de los créditos, como

contraprestación de conseguir la posibilidad de fiscalización del estado

sobre los flujos financieros, situación anteriormente protegida por el secreto

bancario, ahora necesario con la búsqueda de una mayor fiscalización que

sustituya la reducción de recursos que estado experimentará a raíz de la

reforma energética.

2) La llamada reforma financiera dejo fuera de sus propósitos aspectos

fundamentales para incentivar la profundidad y eficiencia de los

intermediarios financieros, cancelando la posibilidad de ampliar el crédito a



LXXXVI

través del fomento de la intermediación, combatiendo la concentración del

mercado, mejorando la regulación prudencial y la protección al usuario de

una mayor cantidad de intermediarios, perdiéndose la oportunidad de

integrar al sector financiero como una herramienta de financiamiento al

desarrollo.



LXXXVII

VII. COMPROBACIÓN - FALSACIÓN DE LA HIPÓTESIS (PRUEBAS

EMPÍRICAS O CUALITATIVAS)

Hipótesis central

▪ Las políticas públicas implementadas en los últimos tres lustros

apuntan a la profundización del proceso de desregulación de los

mercados financieros en México, y encuentra en las acciones que

postula la llamada reforma financiera, un eslabón más, que lejos de ser

una estrategia de desarrollo económico, busca dar certidumbre y facilitar

mecanismos de recuperación de los créditos, reducción de los

problemas de información como contraparte de la fiscalización de los

flujos financieros, acciones que apuntan a la sustitución de los

tradicionales fuentes de financiamiento del estado..

Con la finalidad de corroborar la hipótesis central y dar soporte al grueso de la

investigación en el primer y segundo capítulo de esta investigación se presentó la

perspectiva teórica e histórica que orienta la liberación financiera (desregulación)

en México y la búsqueda de la diversificación operativa en aras de conseguir

nuevos mercados. Como se pudo observar, las tesis neoliberales señalan que la

libre competencia derivará en grandes ventajas para los países, especialmente en

materia de crecimiento y desarrollo económico, sin embrago la realidad es que el

mercado financiero muestra una profunda concentración en los principales

participantes: Los 4 bancos más grandes (3 de ellos en manos extranjeras)

concentran más del 70% de los activos del sistema, provocando con ello una alta

fragilidad sistémica, así como el que las decisiones de financiamiento

correspondan a la directrices que son definidas en las matrices de dichas

organizaciones.



LXXXVIII

Asimismo, en este tercer capítulo nos enfocamos a ubicar a la política de

desregulación financiera como parte de lo que se conoce como liberación

económica. En el caso de México, esta política económica integró la participación

de México en los organismos económicos internacionales, especialmente en la

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a la firma de diversos acuerdos

con un igual número de países y a la promoción de la imagen de México en el

exterior con la finalidad de atraer inversiones al país. Así como la atracción de

capitales al mercado nacional.

Nuestra hipótesis quedó comprobada a partir de los datos que arrojó el tercero y

cuarto capítulo de la investigación donde se identificaron las bases ideológicas

que han conferido a la política del estado para la apertura financiera, y la

participación de la banca extranjera en México, esta estrategia de desarrollo,

quedo como piedra angular de la acción externa de México y pieza fundamental

para potenciar el crecimiento y desarrollo del país. En particular cuando

observamos su impacto y concordancia con las leyes tributarias implementadas,

las cuales apuntan a fortalecer la capacidad fiscalizadora del estado a cambio de

algunas mejorías en el proceso de recuperación de los créditos y las garantías en

caso de incumplimiento de la contraparte.

Asimismo, a través de la política de desarrollo que desplegaron los últimos

sexenios, al apoyo a la desregularización del sistema bancario, observamos los

siguientes elementos de continuidad:

� La política económica de mercados desregulados es considerada como

herramienta fundamental para apoyar el desarrollo de México, sin embargo el



LXXXIX

resultado de este proceso es fortalecer la presencia, ya preponderante, de las

organizaciones más grandes a través del apoyo al subsistema bancario.

� Se reconoce la concentración de las fuentes de financiamiento en el petróleo,

por lo que la reducción de los ingresos petroleros significaban ampliar la

dependencia de la finanzas públicas debida a una baja recaudación, en

consecuencia, se señala a la diversificación de medios y estrategias

sustentadas en la fiscalización de las operaciones bancarias y otros

intermediarios como los rendimientos bursátiles como la táctica para

contrarrestar la dependencia al mercado petrolero y la mayor apertura

internacional.

� Se señala la necesidad de incentivar el desarrollo económico, político y social

del país, a partir de una mejor inserción en la actividad de financiamiento con

políticas liberación en los mercados, sin embargo no se observan tareas

específicas en el cuerpo de la reforma.

Hipótesis secundaria 1

A pesar de que la política de desregulación debiera ser una estrategia de

desarrollo económico, la realidad es que apunta más a dar certidumbre a

los intermediarios financieros sobre la recuperación de los créditos,

como contraprestación de conseguir la posibilidad de fiscalización del

estado sobre los flujos financieros, situación anteriormente protegida por

el secreto bancario, ahora necesario con la búsqueda de una mayor

fiscalización que sustituya la reducción de recursos que estado

experimentará a raíz de la reforma energética.



XC

Esta hipótesis se corroboró de la siguiente manera:

a) La presentación de una serie de datos estadísticos tomados de la Secretaría

de Hacienda sobre las fuentes de financiamiento del estado en México, para de

esta manera analizar de un modo general el comportamiento de las finanzas

públicas del país. Cifras que demuestran fehacientemente la persistente

concentración de recursos de México con el ingreso petrolero.

b) El análisis de cada de los periodos y situaciones que ha tenido la banca

mexicana a través de su historia, la actual extranjerización, su actividad

globalizada, y el escaso apoyo hacia el desarrollo económico. Demuestran en

este análisis, realizado a partir de los datos de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, donde se presentan tanto cifras de la restricción presupuestal

del estado, como la composición de las mismas, es decir, se identifican los

principales orígenes de la recaudación y el manejo de los recursos obtenidos.

Cifras que corroboran que, si bien los flujos por recaudación de México se han

incrementado en forma considerable desde la entrada en vigor de las distintas

reformas, y la liberación bancaria refleja nuevamente la persistencia de la

concentración y la dependencia de las exportaciones mexicanas de petróleo.

Asimismo, estas estadísticas permiten identificar la composición de las

exportaciones mexicanas en las que predominan las manufacturas y la

concentración que a nivel de empresas exportadoras existe al interior de

México.

Los datos estadísticos permiten demostrar de forma clara nuestra hipótesis

secundaria. Sin embargo, esta investigación deberá complementarse con un

estudio sobre las implicaciones del fortalecimiento recaudatorio del estado a través

del sistema financiero, en la medida en que este estudio se concentró



XCI

prácticamente en el impacto de la política de desregulación y liberación del

sistema financiero en materia de los efectos en las finanzas del país, y el

desarrollo de la economía, dejando para un mejor momento, una vez que las

reformas se implementen, el comportamiento de esta opción que, de acuerdo a

diversos estudios con base a las estadísticas de la Secretaría de Hacienda, refleja

mayor diversidad y equilibrio, y pudieran beneficiar más el desarrollo a mediano y

corto plazo.

Hipótesis secundaria 2

2) La llamada reforma financiera dejo fuera de sus propósitos

aspectos fundamentales para incentivar la profundidad y eficiencia de

los intermediarios financieros, cancelando la posibilidad de ampliar el

crédito a través del fomento de la intermediación, combatiendo la

concentración del mercado, mejorando la regulación prudencial y la

protección al usuario de una mayor cantidad de intermediarios,

perdiéndose la oportunidad de integrar al sector financiero como una

herramienta de financiamiento al desarrollo.

Para corroborar esta hipótesis se recurrió al uso de estadísticas en materia de

desarrollo del país, que fueron comparadas con el crecimiento económico (PIB) y

con la contribución del sistema financiero al mismo.

En este sentido, aunque aún las cifras no permiten una conclusión definitiva, a

partir del análisis del contenido de la reforma se comprueba que no existen

definiciones precisas respecto a medidas que permitan ampliar la competencia en

el sector, situación emergente dada la dependencia del sistema sobre 4

instituciones en el sistema bancario, lo que significa un grave problema de

fragilidad sistémica, aumentando los riesgos que un problema en estas



XCII

instituciones tenga un impacto desmesurado en el resto; en este mismo sentido la

omisión por regularizar la actividad de las Sociedades Financieras de Objeto

Múltiple es grave en razón de una número creciente de entidades, más de 4 mil

reconoce la autoridad, que dificultad su supervisión y control; asimismo en la parte

del fomento de la inclusión financiera prácticamente no se propuso nada para los

participantes del sistema de las finanzas populares, y aun se afectó negativamente

la operación de las cooperativas financieras al aplicar nuevos impuestos a sus

operaciones.

La aclaración es pertinente, en la medida en que la hipótesis podría llegar a

falsearse, si únicamente se tomaran en consideración las estadísticas del PIB e

incluso del PIB per cápita, debido a que, si bien con vaivenes, muestran una

tendencia positiva durante el periodo estudiado.

Sin embargo, el PIB constituye una referencia del crecimiento del país y no del

nivel de desarrollo del mismo, en tanto que el PIB per cápita puede ser engañoso

en la medida en que se obtiene dividiendo el índice del PIB entre el número de

habitantes de un país, lo cual esconde una profunda desigualdad en la distribución

del ingreso; y adicionalmente no se han manifestado aun los resultados de la

reforma, por lo que nuestra aceptación de la hipótesis se sustenta en la

características de los cambios propuestos en la reforma.

En consecuencia, para la certificación de dicha hipótesis será relevante hacer uso

de otros indicadores como:

Concentración de la riqueza, a partir de los datos del INEGI sobre concentración

del ingreso en México se puede demostrar la persistencia de la inequidad en el



XCIII

país en la medida en que 2.35 millones de hogares más ricos concentran el 40%

del ingreso.

En consecuencia, nuestra aseveración sobre las limitaciones de la reforma

financiera en materia de desarrollo del país quedó corroborada. No obstante,

reconocemos que resulta necesario un estudio sobre el impacto que las acciones

definidas tendrán respecto a incidir en la resolución de las problemáticas que

enfrentan los diferentes sectores, y su impacto en el desarrollo en México,

especialmente en materia de disminución de la pobreza.

Asimismo, la profundización del estudio requeriría un análisis específico sobre el

empleo de las medidas fiscalizadoras, y su impacto en la ampliación de las

capacidades financieras del estado, tanto en materia de empleo como a partir del

análisis de la calidad de los mismos, reflejada especialmente en el nivel de

sustentabilidad del origen dichos recursos.

Objetivo General Objetivos

específicos Preguntas Hipótesis Desarrollo

▪ Explicar el origen e impacto de las principales líneas de acción de la reforma financiera, a partir de una evaluación de las políticas públicas de fomento de la competitividad de los intermediarios financieros en México, concebida como parte de la política económica que se ha desplegado en el país relativa a promover la desregulación económica y la liberación del mercado.

▪ Analizar cómo la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano, se encuentra inmersa dentro de una estrategia fundamental para potenciar la actividad económica. ▪ Identificar, describir y estimar los resultados alcanzados de la acción pública del estado mexicano, en materia de regulación y fomento del sistema financiero de México previo a

▪ ¿Cuál ha sido el impacto de la política de desregularización del Sistema Financiero Mexicano, en tanto instrumento para incentivar el desarrollo y el crecimiento económico? ▪ ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el fin del estado regulador y el surgimiento de la política de laissez faire en el sistema bancario mexicano? ▪ ¿Qué papel tuvo la política de

▪ Las políticas públicas implementadas en los últimos tres lustros apuntan a la profundización del proceso de desregulación de los mercados financieros en México, y encuentra en las acciones que postula la llamada reforma financiera, un eslabón más, que lejos de ser una estrategia de desarrollo económico, busca dar certidumbre y facilitar mecanismos de recuperación de los créditos, reducción de los

Capítulo 1.- Las Finanzas Públicas. 1.1. Las Finanzas Públicas Sanas 1.2. La Importancia de la Nueva Política Monetaria Sobre la Capacidad de Acción de la Política Fiscal 1.3. La Disminución del Gasto de Gobierno y el Proceso de Privatización 1.3.1. La Convulsión del Gasto 1.3.2. El Gasto de Capital Productivo No debe Restringirse al Equilibrio Fiscal 1.3.3. La Contracción del Gasto Federal.



XCIV

la reforma. ▪ Establecer la importancia del Sistema Financiero Mexicano, a través de identificar su aporte a las finanzas públicas en materia del financiamiento a través de mercado de valores, así como de los mecanismos tradicionales de financiamiento del gobierno mediante los cuales interviene en los mercados de crédito y servicios financieros. ▪ Evaluar la política pública orientada al Sistema Financiero Mexicano como parte de la política económica desplegada por las últimas administraciones federales. ▪ Señalar los elementos que identifican a la reforma financiera como parte de la política de competitividad industrial de México. ▪ Identificar los principales aciertos y fracasos de la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano. Identificando su

desregulación de los mercados financieros en incentivar las constantes presiones al tipo de cambio, que resultan siempre en la permanente fragilidad financiera del estado mexicano? ▪ ¿Cuál ha sido la recomposición del sistema financiero en términos de su posición relativa del tipo de agente, que se puede adjudicar a la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano? ▪ ¿Qué resultados han tenido las diversas políticas de libre competencia que el estado mexicano ha implementado, en el surgimiento de la política de laissez faire en el sistema bancario mexicano? ▪

problemas de información como contraparte de la fiscalización de los flujos financieros, acciones que apuntan a la sustitución de los tradicionales fuentes de financiamiento del estado.

1.3.4. La Contracción del Gasto Fiscal y su Efecto en el Ingreso 1.3.5. La Contracción del Gasto y su Derivación sobre la Tasa de Interés y la Deuda 1.3.6 Si la Disciplina Fiscal no Lleva al Equilibrio. ¿Qué medidas tomar? 1.4. El Proceso de privatización 1.4.1. La Validez Administrativa y Económica. 1.4.2. Resultados Económicos de la Privatización 1.4.3. El Déficit Fiscal Capítulo 2.- Una Mirada a México. Propuesta para una Mejora en la Reforma Financiera en el País. 2.1. Crecimiento y Desarrollo en México. 2.2. ¿Qué nos Trasladó al Nivel Económico Actual? 2.2.1. Impacto Social de las Políticas Neoliberales 2.3. Propuesta de una Reforma Integral 2.4. Una Verdadera Reforma Fiscal Integral 2.5. Habilidad, Alternativa de Política Presupuestaria y Política Social 2.6 La Importancia de la Educación para el Desarrollo y el Crecimiento.



XCV

viabilidad. ▪ Demostrar que la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano ha tenido limitados resultados en materia de apuntalar el desarrollo interno del país.

2.7. Finanzas Estables pero sin Crecimiento Económico. 2.7.1. La Política Económica de Ajuste. 2.7.2. Una Nueva Discusión Fiscal. Un Retorno a la Ortodoxia. 2.7.3. Objetivos de la Propuesta. 2.7.4 Resultados y Costos de la Reforma Tributaria. Capítulo 3.- La Reorientación de los Planteamientos de la Reforma Financiera en las Políticas Públicas 3.1 Marco Actual de la Política Fiscal 3.2 La Política Fiscal Desde el Punto de Vista Actual 3.3. El Papel Predominante de la Política Monetaria Sobre la Política Fiscal 3.4. La Restricción Presupuestaria del Estado 3.5. El Teorema de la Equivalencia (Ricardiana) 3.5.1 El Resultado de Separación Crowding Productivo y Financiero 3.6. El Enfoque Fiscal de la Balanza de Pagos 3.7. La Incidencia de la Política Fiscal Sobre la Inflación, la Tasa de Interés y el Tipo de Cambio 3.8 Dinámica de Largo Plazo de las Finanzas Públicas



XCVI

3.9. La Postura Fiscal de México 3.9.1. México el Ciclo Económico y su Respuesta Fiscal 3.9.2. El Manejo de Superávit Permite una Política Contra-Cíclica 3.9.3. La Implicación Económica del Superávit Fiscal en México Capítulo 4.- La Reforma Financiera y las Leyes Tributarias en México 4.1. Efectos de los Impuestos en el Bienestar de la Población. 4.2 Comportamiento del Contribuyente Frente al Gravamen. 4.2.1 Semblantes Sociológicos con Correlación a la Contribución. 4.2.2. Validez Constitucional y Legalidad de los Impuestos. 4.3. Comportamiento de los Actores Políticos Frente a una Reforma Financiera. 4.4 Análisis de la Propuesta de Reforma Financiera para el año 2008 4.5. Aspectos Inconstitucionales del IETU 4.6 Planes de Política Fiscal: Propuesta de Reforma Financiera Integral para México 4.7. Manejo de los Recursos Provenientes de la



XCVII

Recaudación.



▪ Explicar el origen e impacto de las principales líneas de acción de la reforma financiera, a partir de una evaluación de las políticas públicas de fomento de la competitividad de los intermediarios financieros en México, concebida como parte de la política económica que se ha desplegado en el país relativa a promover la desregulación económica y la liberación del mercado.

▪ Analizar cómo la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano, se encuentra inmersa dentro de una estrategia fundamental para potenciar la actividad económica. ▪ Identificar, describir y estimar los resultados alcanzados de la acción pública del estado mexicano, en materia de regulación y fomento del sistema financiero de México previo a la reforma. ▪ Establecer la importancia del Sistema Financiero Mexicano, a través de identificar su aporte a las finanzas públicas en materia del financiamiento a través de mercado de valores, así como de los mecanismos tradicionales de financiamiento del gobierno mediante los cuales interviene en los mercados de crédito y servicios financieros. ▪ Evaluar la

▪ ¿Cuál ha sido el impacto de la política de desregularización del Sistema Financiero Mexicano, en tanto instrumento para incentivar el desarrollo y el crecimiento económico?

▪ ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan el fin del estado regulador y el surgimiento de la política de laissez faire en el sistema bancario mexicano?

▪ ¿Qué papel tuvo la política de desregulación de los mercados financieros en incentivar las constantes presiones al tipo de cambio, que resultan siempre en la permanente fragilidad

▪A pesar de que la política de desregulación debiera ser una estrategia de desarrollo económico, la realidad es que apunta más a dar certidumbre a los intermediarios financieros sobre la recuperación de los créditos, como contraprestación de conseguir la posibilidad de fiscalización del estado sobre los flujos financieros, situación anteriormente protegida por el secreto bancario, ahora necesario con la búsqueda de una mayor fiscalización que sustituya la reducción de recursos que estado experimentará a raíz de la reforma energética

Capítulo 1.- Las Finanzas Públicas. 1.1. Las Finanzas Públicas Sanas 1.2. La Importancia de la Nueva Política Monetaria Sobre la Capacidad de Acción de la Política Fiscal 1.3. La Disminución del Gasto de Gobierno y el Proceso de Privatización 1.3.1. La Convulsión del Gasto 1.3.2. El Gasto de Capital Productivo No debe Restringirse al Equilibrio Fiscal 1.3.3. La Contracción del Gasto Federal. 1.3.4. La Contracción del Gasto Fiscal y su Efecto en el Ingreso 1.3.5. La Contracción del Gasto y su Derivación sobre la Tasa de Interés y la Deuda 1.3.6 Si la Disciplina Fiscal no Lleva al Equilibrio. ¿Qué medidas tomar? 1.4. El Proceso de privatización 1.4.1. La Validez Administrativa y Económica. 1.4.2. Resultados Económicos de la Privatización 1.4.3. El Déficit Fiscal



XCVIII

política pública orientada al Sistema Financiero Mexicano como parte de la política económica desplegada por las últimas administraciones federales.

financiera del estado mexicano?

Capítulo 2.- Una Mirada a México. Propuesta para una Mejora en la Reforma Financiera en el País. 2.1. Crecimiento y Desarrollo en México. 2.2. ¿Qué nos Trasladó al Nivel Económico Actual? 2.2.1. Impacto Social de las Políticas Neoliberales 2.3. Propuesta de una Reforma Integral 2.4. Una Verdadera Reforma Fiscal Integral 2.5. Habilidad, Alternativa de Política Presupuestaria y Política Social 2.6 La Importancia de la Educación para el Desarrollo y el Crecimiento. 2.7. Finanzas Estables pero sin Crecimiento Económico. 2.7.1. La Política Económica de Ajuste. 2.7.2. Una Nueva Discusión Fiscal. Un Retorno a la Ortodoxia. 2.7.3. Objetivos de la Propuesta. 2.7.4 Resultados y Costos de la Reforma Tributaria. Capítulo 3.- La Reorientación de los Planteamientos de la Reforma Financiera en las Políticas Públicas 3.1 Marco Actual de la Política Fiscal



XCIX

3.2 La Política Fiscal Desde el Punto de Vista Actual 3.3. El Papel Predominante de la Política Monetaria Sobre la Política Fiscal 3.4. La Restricción Presupuestaria del Estado 3.5. El Teorema de la Equivalencia (Ricardiana) 3.5.1 El Resultado de Separación Crowding Productivo y Financiero 3.6. El Enfoque Fiscal de la Balanza de Pagos 3.7. La Incidencia de la Política Fiscal Sobre la Inflación, la Tasa de Interés y el Tipo de Cambio 3.8 Dinámica de Largo Plazo de las Finanzas Públicas 3.9. La Postura Fiscal de México 3.9.1. México el Ciclo Económico y su Respuesta Fiscal 3.9.2. El Manejo de Superávit Permite una Política Contra-Cíclica 3.9.3. La Implicación Económica del Superávit Fiscal en México



▪ Explicar el origen e impacto de las principales líneas de acción de la reforma financiera, a partir de una evaluación de las políticas públicas de

▪ Evaluar la política pública orientada al Sistema Financiero Mexicano como parte de la política económica desplegada por las

▪ ¿Qué papel tuvo la política de desregulación de los mercados financieros en incentivar los constantes

2) La llamada reforma financiera dejo fuera de sus propósitos aspectos fundamentales para incentivar la

Capítulo 3.- La Reorientación de los Planteamientos de la Reforma Financiera en las Políticas Públicas 3.1 Marco Actual de



C

fomento de la competitividad de los intermediarios financieros en México, concebida como parte de la política económica que se ha desplegado en el país relativa a promover la desregulación económica y la liberación del mercado.

últimas administraciones federales. ▪ Señalar los elementos que identifican a la reforma financiera como parte de la política de competitividad industrial de México. ▪ Identificar los principales aciertos y fracasos de la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano. Identificando su viabilidad. ▪ Demostrar que la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano ha tenido limitados resultados en materia de apuntalar el desarrollo interno del país.

presiones al tipo de cambio, que resultan siempre en la permanente fragilidad financiera del estado mexicano? ▪ ¿Cuál ha sido la recomposición del sistema financiero en términos de su posición relativa del tipo de agente, que se puede adjudicar a la política de desregulación del Sistema Financiero Mexicano? ▪ ¿Qué resultados han tenido las diversas políticas de libre competencia que el estado mexicano ha implementado, en el surgimiento de la política de laissez faire en el sistema bancario mexicano?

profundidad y eficiencia de los intermediarios financieros, cancelando la posibilidad de ampliar el crédito a través del fomento de la intermediación, combatiendo la concentración del mercado, mejorando la regulación prudencial y la protección al usuario de una mayor cantidad de intermediarios, perdiéndose la oportunidad de integrar al sector financiero como una herramienta de financiamiento al desarrollo.

la Política Fiscal 3.2 La Política Fiscal Desde el Punto de Vista Actual 3.3. El Papel Predominante de la Política Monetaria Sobre la Política Fiscal 3.4. La Restricción Presupuestaria del Estado 3.5. El Teorema de la Equivalencia (Ricardiana) 3.5.1 El Resultado de Separación Crowding Productivo y Financiero 3.6. El Enfoque Fiscal de la Balanza de Pagos 3.7. La Incidencia de la Política Fiscal Sobre la Inflación, la Tasa de Interés y el Tipo de Cambio 3.8 Dinámica de Largo Plazo de las Finanzas Públicas 3.9. La Postura Fiscal de México 3.9.1. México el Ciclo Económico y su Respuesta Fiscal 3.9.2. El Manejo de Superávit Permite una Política Contra-Cíclica 3.9.3. La Implicación Económica del Superávit Fiscal en México Capítulo 4.- La Reforma Financiera y las Leyes Tributarias en México 4.1. Efectos de los Impuestos en el Bienestar de la Población. 4.2 Comportamiento



CI

del Contribuyente Frente al Gravamen. 4.2.1 Semblantes Sociológicos con Correlación a la Contribución. 4.2.2. Validez Constitucional y Legalidad de los Impuestos. 4.3. Comportamiento de los Actores Políticos Frente a una Reforma Financiera. 4.4 Análisis de la Propuesta de Reforma Financiera para el año 2008 4.5. Aspectos Inconstitucionales del IETU 4.6 Planes de Política Fiscal: Propuesta de Reforma Financiera Integral para México 4.7. Manejo de los Recursos Provenientes de la Recaudación.



CII

CONCLUSIONES Y NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Los mexicanos por medio de nuestra Constitución hemos definido el marco en que

se debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, siendo

ese garante El Estado. Por lo que le corresponde al Estado ser el rector de la

economía, a través de fomentar el crecimiento económico y el empleo, para una

más justa distribución del ingreso y la riqueza. Con ello se permite el pleno

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En

este sentido, la política económica debe prever ante todo dotar de recursos que

permitan: una mejor educación, empleo remunerador, una vivienda digna, salud

universal, etc. Por lo que el manejo del déficit solo se justifica en razón de tales

propósitos, y acorde con un horizonte de equilibrio de las finanzas públicas.

En este sentido, podemos afirmar que la economía mexicana tiene la capacidad

de asumir niveles razonables de déficit fiscal, ya que existe un alto nivel de

capacidad ociosa y desempleo. Por lo que el déficit público permitiría incrementar

la demanda agregada, lo que incentiva la producción nacional y por ende la

inversión, con lo cual sería posible alcanzar el pleno empleo en la economía,

reflejándose así el efecto del gasto deficitario en mayores ingresos, mayor

solvencia y mayores recaudaciones tributarias.

Como se dijo con anterioridad los recursos del déficit público, para cumplir con el

marco constitucional señalado, deben orientarse hacia las actividades productivas,

por lo que la política de gasto público necesita estar acompañada de una política

de fomento industrial, en la perspectiva de estimular el mercado interno y externo,

así como de mejorar la rentabilidad en el sector manufacturero, que promueva la

inversión en el sector. De esta manera, es necesario que la descentralización del

gasto sea en base a regiones económicas.



CIII

En consecuencia, la política económica debe regular el que se dé una mayor

intervención del Estado y el uso activo de la política fiscal y monetaria, debido a

que las políticas de “estabilidad” no han podido generar los empleos suficientes

que demanda la sociedad e incluso han llevado a incrementar el número de

personas en condiciones de pobreza. El Estado por tanto debe propiciar las

condiciones de productividad y rentabilidad en el sector productivo, para asegurar

que los recursos se distribuyan de manera más equitativa.

La Reforma Fiscal considera a los impuestos directos (aquellos que gravan los

rendimientos) e indirectos (aquellos que gravan los consumos). Para el sector

privado esta reforma debe de ampliar la base tributaria, ya que desde su

perspectiva se ha abusado de los impuestos directos (que como observamos en el

estudio, comparado con países de nuestro tamaño, somos de los países que

menos captan impuestos directos).

Si bien también es cierto que la informalidad al no pagar impuestos hace que se

financien los servicios públicos de manera por demás desigual, no podemos

ignorar que la formalidad recurre a prácticas no muy éticas para evadir impuestos.

Lo que no significa que debamos optar por algún tipo de impuesto, sino enfrentar

el reto de ampliar la base de contribuyentes a la par de instrumentar las mejores

prácticas para que el impuesto a las ganancias responda a las condiciones del

mercado global en el cual competimos.

Por lo anterior una Reforma Financiera tiene que ir de la mano con la de carácter

fiscal, ya que los ingresos de los impuestos resultan ser más convenientes que los

que se obtiene por medio de los empréstitos, toda vez que son recursos directos,

que no generan intereses.



CIV

La Reforma Financiera por tanto, debe orientarse a facilitar todos los procesos que

permitan hacer más accesible el crédito para la generación de riqueza a través de

una mayor productividad. Como hemos señalado, en nuestro país el acceso al

crédito es por demás desigual, donde al pequeño deudor se le eleva el costo de

oportunidad desde los requisitos hasta en los intereses que implica un crédito.

Es por demás deleznable que a los grandes empresarios, en colusión con la

banca de desarrollo, se les autoricen recursos sin garantías; mientras que a la

micro y pequeña empresas se les exijan garantías por encima de su capacidad de

endeudamiento.

Los usuarios de crédito deben contar con mayor acceso a las instituciones

financieras y de manera simultánea mejorar sus finanzas al contar con mejores

productos y tasas de interés. Para lo cual se les debe garantizar: tener información

de las mejores prácticas del sector, la experiencia de las instituciones financieras,

el que puedan hacer uso de más de una institución si la que eligieron no es de su

agrado, prácticas sanas de competencia; así como disponer de más opciones de

contratación de crédito.

En este sentido para que el usuario de crédito cuente con los elementos

suficientes para tomar su decisión en cuanto a los préstamos resulta relevante

impulsar la educación y cultura financiera; con ello dicho usuario puede conocer

los productos que están comprando, lo que le permitirá optimizar su capacidad de

crédito y los servicios que ofrece el mercado.



CV

Por otra parte, se debe diseñar una política tributaria que estimule la inversión de

tal manera que aquel que reinvierta sus ganancias en sectores productivos pague

una tasa menor de ISR.

El gobierno deberá, con una perspectiva de largo plazo destinar de manera

agresiva recursos etiquetados a programas de formación de talento humano

ligados a la productividad, con base en la certificación de competencias laborales.

Lo anterior en el marco de convenios específicos con todos los sectores

productivos, donde las metas se evalúen anualmente.

Asimismo, establecer como política pública que la inversión en infraestructura

pública debe ir acompañada de inversión privada con esquemas de planeación

donde el costo-beneficio sea tan claro, que se convierta en una práctica intensiva

al menos por los próximos 25 años, aprovechando el bono generacional.

La reforma debe apoyar a los prestadores de servicios de crédito dirigido a las

micro y pequeñas empresas como las cooperativas de ahorro y crédito; por ser

instituciones que surgen de los propios beneficiarios de los recursos, y que por lo

mismo tienen mayor claridad de la factibilidad de los proyectos y de sus impactos

a corto y mediano plazos. Además se quedan en el país los recursos producto del

servicio de otorgar crédito, a diferencia de los bancos transnacionales que

transfieren tales recursos a sus matrices en el extranjero.

Condición necesaria para lograr un impacto de largo plazo lo representa el

mantener finanzas públicas sanas. Ya que ante la estabilidad monetaria el capital

financiero ha consolidado buenos frutos a costa del capital productivo a través de

las altas tasas de interés, de la competencia desleal con el exterior ante un tipo de

cambio apreciado y la contracción de su mercado interno.



CVI

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Ampliar al doble en un plazo de 12 años la cartera crediticia de las

sociedades de ahorro y préstamo respecto al año 2013, en apoyo de las

micro y pequeñas empresas considerando las experiencias de países como

Alemania.

Líneas de acción

1. Fortalecer la acción de la red de sociedades de ahorro y préstamo a

través de esquemas de coordinación con la Secretaría de Economía,

partiendo del diagnóstico las regiones económicas del país.

2. Diseñar y promover modelos de recuperación de los créditos que

permitan satisfacer la demanda, instituyendo una bolsa de recursos

adicionales a los que puedan acudir las sociedades de ahorro y

préstamo para su operación.

3. Coadyuvar desde las sociedades de ahorro y préstamo a los

diagnósticos de necesidad de recursos de las micro y pequeñas

empresas.

• Garantizar a través de la Secretaría de Economía que los usuarios de

crédito tengan acceso a educación y cultura financiera.

Líneas de acción

1. Diseñar, promover y constituir un Instituto de Capacitación

Financiera dirigido a las micro y pequeñas empresas que permita



CVII

dotar de los elementos suficientes al usuario para la toma de

decisiones en la materia.

2. Integrar a todos los sectores productivos en torno a financiar el

Instituto con esquemas de solidaridad social.

3. Instrumentar campañas permanentes de captación de recursos y de

difusión de los alcances del Instituto tanto en el ámbito nacional

como internacional, consolidando los esquemas de apoyo y

cooperación que como nación hemos signado.

• Establecer en un periodo de dos años mecanismos que aseguren contar

con el personal certificado que opere la red de sociedades de ahorro y

préstamo, lo que permitirá consolidar estándares a nivel nacional.

Líneas de acción

1. Construir el Comité de Gestión por Competencias Laborales del

subsector financiero de la Sociedades de Ahorro y Préstamo de la

mano con el CONOCER.

2. En el seno de la Secretaría de Economía convocar a los

involucrados para definir los primeros cinco estándares de

competencia laboral del subsector.

3. Establecer un calendario de certificación, capacitación y

actualización anual obligatorio para los operadores de la red de

sociedades de ahorro y préstamo, conforme a los diagnósticos de

necesidades de capacitación del subsector que desarrolle la

Secretaría.



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LA REFORMA FINANCIERA EN MÉXICO 2013, ¿CRÓNICA DE UNA

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DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



Índice

Introducción 1

Capítulo 1.- Las Finanzas Públicas. 10

1.1. Las Finanzas Públicas Sanas ___________________________________________ 14

1.2. La Importancia de la Nueva Política Monetaria Sobre la Capacidad de Acción de la Política Fiscal _________________________________________________________ 24

1.3. La Disminución del Gasto de Gobierno y el Proceso de Privatización ______ 27

1.3.1. La Convulsión del Gasto ____________________________________________________ 29

1.3.2. El Gasto de Capital Productivo No debe Restringirse al Equilibrio Fiscal ______ 34

1.3.3. La Contracción del Gasto Federal. ___________________________________________ 39

1.3.4. La Contracción del Gasto Fiscal y su Efecto en el Ingreso ____________________ 52

1.3.5. La Contracción del Gasto y su Derivación sobre la Tasa de Interés y la Deuda _ 55

1.3.6 Si la Disciplina Fiscal no Lleva al Equilibrio. ¿Qué medidas tomar? ___________ 57

1.4. El Proceso de privatización _____________________________________________ 61

1.4.1. La Validez Administrativa y Económica. _____________________________________ 65

1.4.2. Resultados Económicos de la Privatización __________________________________ 71

1.4.3. El Déficit Fiscal _____________________________________________________________ 72

1.4.3.1 La Deuda Pública _______________________________________________________ 74

1.4.3.2 La Balanza de Pagos ____________________________________________________ 78

Capítulo 2.- Una Mirada a México. Propuesta para una Mejora en la Reforma Financiera en el País. 82

2.1. Crecimiento y Desarrollo en México. _____________________________________ 82

2.2. ¿Qué nos Trasladó al Nivel Económico Actual? __________________________ 88

2.2.1. Impacto Social de las Políticas Neoliberales _________________________________ 91

2.3. Propuesta de una Reforma Integral _____________________________________ 100

2.4. Una Verdadera Reforma Fiscal Integral _________________________________ 110

2.5. Habilidad, Alternativa de Política Presupuestaria y Política Social ________ 113

2.6 La Importancia de la Educación para el Desarrollo y el Crecimiento. _______ 116

2.7. Finanzas Estables pero sin Crecimiento Económico. _____________________ 122

2.7.1. La Política Económica de Ajuste. ___________________________________________ 133

2.7.2. Una Nueva Discusión Fiscal. Un Retorno a la Ortodoxia. _____________________ 142

2.7.3. Objetivos de la Propuesta. _________________________________________________ 145

2.7.4 Resultados y Costos de la Reforma Tributaria. _______________________________ 145

Capítulo 3.- La Reorientación de los Planteamientos de la Reforma Financiera en las Políticas Públicas 147

3.1 Marco Actual de la Política Fiscal _______________________________________ 147



3.2 La Política Fiscal Desde el Punto de Vista Actual _________________________ 147

3.3. El Papel Predominante de la Política Monetaria Sobre la Política Fiscal ___ 149

3.4. La Restricción Presupuestaria del Estado _______________________________ 155

3.5. El Teorema de la Equivalencia (Ricardiana) _____________________________ 156

3.5.1 El Resultado de Separación Crowding Productivo y Financiero __________ 158

3.6. El Enfoque Fiscal de la Balanza de Pagos _______________________________ 160

3.7. La Incidencia de la Política Fiscal Sobre la Inflación, la Tasa de Interés y el Tipo de Cambio ___________________________________________________________ 164

3.8 Dinámica de Largo Plazo de las Finanzas Públicas. ______________________ 167

3.9. La Postura Fiscal de México ___________________________________________ 171

3.9.1. México el Ciclo Económico y su Respuesta Fiscal ___________________________ 175

3.9.2. El Manejo de Superávit Permite una Política Contra-Cíclica __________________ 180

3.9.3. La Implicación Económica del Superávit Fiscal en México ___________________ 182

Capítulo 4.- La Reforma Financiera y las Leyes Tributarias en México 187

4.1. Efectos de los Impuestos en el Bienestar de la Población. ________________ 188

4.2 Comportamiento del Contribuyente Frente al Gravamen. _________________ 190

4.2.1 Semblantes Sociológicos con Correlación a la Contribución. _________________ 194

4.2.2. Validez Constitucional y Legalidad de los Impuestos. ________________________ 201

4.3. Comportamiento de los Actores Políticos Frente a una Reforma Financiera. __________________________________________________________________________ 217

4.4 Análisis de la Propuesta de Reforma Financiera para el año 2008. _________ 221

4.5. Aspectos Inconstitucionales del IETU___________________________________ 247

4.6 Planes de Política Fiscal: Propuesta de Reforma Financiera Integral para México ___________________________________________________________________ 271

4.7. Manejo de los Recursos Provenientes de la Recaudación. ________________ 280

Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación 294

Bibliografía 300



1

Introducción

El abandono de una reforma financiera como herramienta de crecimiento

económico, para el caso de México, se destaca no la inexistencia de la misma con

fines de crecimiento sostenido en la economía que han marcado un rumbo donde

los objetivos que se persiguen en común son distintos para ambas partes tanto

para la sociedad misma como para el gobierno que las legitima. En el país se

puede hablar de dos momentos diferentes, uno en el que el Estado vía su Política

Fiscal estuvo altamente involucrado en el crecimiento de la economía y otro en el

que esta herramienta tan sólo se remitió a ser utilizada como mecanismo de

estabilización, siguiendo en todos los casos las recomendaciones emitidas por las

Instituciones Financieras Internacionales.

Las principales recomendaciones de las Instituciones Financieras Internacionales

consistían en la generación de ahorros para obtener los excedentes necesarios

para cumplir con el pago de la deuda externa que agobiaba las finanzas públicas

de los países en vías de desarrollo como es el caso de México.

En la Política Financiera se ha tenido un papel preponderante en lo que se refiere

a los programas de estabilización recomendados por el Fondo Monetario

Internacional a los diferentes países de América Latina, una vez que uno de ellos

reconoce sus debilidades y recurre al FMI debe firmar una “carta de intención”,

Siempre y cuando el financiamiento solicitado supere los dos primeros tramos en

que divide el organismo su financiamiento, es decir, cuando el crédito solicitado

sea 50% de la cuota del país solicitante donde se compromete a poner en práctica

un programa de ajuste económico con el fin de corregir el desequilibrio externo; la

inflación y el déficit presupuestal. Para el caso en México el desequilibrio ocurrió

debido a que la economía se manejó de forma primitiva, como si se operara una



2

economía cerrada: las importaciones se desbordaron, el tipo de cambio se

sobrevaluó y se registraron fugas de capital. En septiembre de 1976 irrumpió la

primera crisis financiera; México abandonó el sistema de paridades que había

mantenido desde 1949 y nuevamente puso a flotar su moneda. Las políticas

públicas de ajuste en los programas de estabilización se consideraban necesarias

para que los países miembros pudieran tener acceso a los recursos del fondo o

bien de la comunidad financiera internacional. En muchos casos los fondos que

proporciona el FMI no son tan cuantiosos como para solucionar o corregir la

situación, no obstante, la confianza que genera en otros organismos,

dependencias y países permite la llegada de una cantidad importante de flujos de

divisas a la economía, de ahí la importancia de obtener el visto bueno del FMI,

ante su imposibilidad de generar divisas mediante su dinámica de comercio

exterior. Así el principal objetivo de las medidas consistía en la atracción de

créditos, la inversión extranjera y la creación de nuevos impuestos.

El tema de los impuestos siempre ha resultado controversial, ya que uno de los

puntos más delicados para los gobernados es el verse afectados en su patrimonio,

situación que forzosamente se da cuando el fisco crea nuevos impuestos,

aumenta las tasas vigentes o bien realiza cambios en las distintas leyes tributarias

para otorgarles más facultades al Estado y a sus subordinados, logrando así tener

más herramientas para poder captar mayores recursos. No obstante, dicha

situación debe de darse por medio de un adecuado sistema de política fiscal, el

cual ha sido buscado por parte del Estado desde el año de 1950, a través de una

reforma financiera tributaria que satisfaga las necesidades del país, lo anterior es

así, ya que precisamente hasta antes de este año (2013), las concepciones de los

gobernantes, con respecto a dicho tema, no eran bien entendidas y tan sólo se

buscaba la obtención de dinero a través del aumento tributos, es decir, no existía

una reforma financiera.



3

La situación es que en los distintos sexenios que se han utilizado el método de los

impuestos no han sido lo suficientemente eficientes, prueba de ello es que año

con año se realizan reformas para poder lograr una mayor captación de recursos

por parte de las contribuciones. Dichas reformas resultan inadecuadas ya que, el

gobierno suele hacerlas de una manera incorrecta, sin guiarse por los siguientes

tres elementos: política presupuestaria, política fiscal y técnica fiscal, teniendo

como resultado parches y no reformas tributarias.

En la actualidad la evasión fiscal se ha vuelto un problema mayúsculo, que no se

ha podido contrarrestar, y sólo se han dado paliativos, dentro de dicho rubro se

encuentran los sujetos pasivos, que o bien no pagan o no pagan de la manera en

cómo se debería de hacer, y tan sólo unos pocos son quienes efectivamente

pagan al fisco, es decir, se deja de cumplir lo expuesto en la Constitución Federal

en el artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir de

manera proporcional y equitativa, para poder cubrir el gasto público del país y

generar nuevas políticas asistenciales tan necesarias en el país.

Lo anterior, se da más en los impuestos directos, los que por su naturaleza son

más fáciles de evitar, razón por la que en la presente investigación se señala que

el mejor medio para poder captar más recursos es por la vía de los impuestos

indirectos, los cuales resultan más sencillos y tienen la ventaja de captar un mayor

número de sujetos pasivos. Sin embargo, en éste escrito también se contempla

que no se deben de dejar de lado a los impuestos directos, toda vez que, los

mismos suelen gravar más a los contribuyentes más acaudalados, y es que si sólo

se gravara por medio de los impuestos indirectos volveríamos a cometer el mismo

error que sucedió durante sexenios pasados, en donde la forma de contribuir era

puramente por la vía de los impuestos indirectos.



4

Durante el presente gobierno se han creado dos nuevos impuestos el Impuesto

Empresarial a Tasa única y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, entre los dos

se busca combatir tanto a la omisión fiscal como a la evasión fiscal, no obstante

derivado de las características de ambos, no auguran un gran cambio a la

captación de recursos tributarios, es decir, se sigue dando una reforma hacendaria

incompleta.

Es importante destacar que no basta con obtener un mayor número de

contribuciones, ya que si no se saben manejar dichos ingresos de nada sirven,

hay que buscar los mejores medios en que invertir, para que en el futuro nuestro

país se vuelva más fructífero y se pueda alcanzar un mejor nivel de vida para

todos, debido a que en la actualidad pocos son los planes que se continúan más

de un sexenio y por ello no se da una continuidad, frenando con esto todo avance,

existen inversiones en las cuales sus resultados tardaran más de seis años, no

obstante se suele reinventar dichas reformas financieras cada que se cambia de

un presidente a otro y con ello volvemos a empezar de cero, debemos de recordar

que el Estado pretende el bien común y por ello se debe de buscar lo mejor para

México.

La idea de que la disciplina fiscal se consolide como el mejor camino para lograr la

estabilidad del mercado y poder con ello estar en condiciones de buscar el

crecimiento económico de largo plazo, la idea del equilibrio de largo plazo que

asegura el pleno empleo y la estabilidad de precios bajo un sistema económico

que asume que una economía de mercado que funciona sin la regulación o

intervención del gobierno, resulta en el mejor de todos los escenarios posibles ya

que después de una crisis o desequilibrio donde sobrevivan los mejores, el

sistema económico se corregirá así mismo regenerando el empleo y la

prosperidad para todos, siendo mejor y más fuerte sin la necesidad del gobierno



5

que tan sólo deja un mayor deterioro; en este sentido para la teoría práctica la

presencia del Estado no es necesaria.

Con el ajuste fiscal se pretende disminuir el déficit gubernamental y la cantidad de

deuda, en ambos casos se trata de evitar que los agentes económicos puedan

tener la sensación de que el gobierno en cualquier momento puede monetizar su

déficit, o bien, que es incapaz de cumplir con la amortización de su deuda y que

tan sólo es capaz de cumplir con el pago de intereses, o de otra manera, que en

un momento dado tenga que recurrir a la contratación de más deuda para

continuar con el cumplimiento de su servicio, lo que puede conducirlo a una

situación de inestabilidad financiera.

El saneamiento fiscal siguiendo el consenso que ha enmarcado el gobierno

pasado con la privatización de las empresas nacionales, dicho proceso ha tenido

resultados positivos de corto plazo en la ordenación de las finanzas públicas como

se indica, no obstante, su resultado en el largo plazo se pierde dejando al Estado

en una condición menos favorable para intervenir en la economía.

La razón de buscar el manejo de reformas financieras sanas, se suscribe por una

parte al mantenimiento de un tipo de cambio fijo o semi-fijo que controla el valor de

la moneda para que ésta siga siendo atractiva para los inversionistas

internacionales, quienes tendrán la seguridad de que sus inversiones siguen

manteniendo su valor. En este sentido, la estabilidad cambiaria juega un rol

importante para asegurar la demanda de moneda nacional por parte de los

extranjeros permitiendo con ello el intercambio de dólares por pesos.

Así, se sostiene en el documento que uno de los requisitos necesarios para

retomar la soberanía de la política económica es la flexibilidad del tipo de cambio



6

sin embargo, es importante aclarar que cuando la Política Fiscal está

endógenamente determinada por una autoridad fiscal maximizadora no es

necesario trabajar con política de tipo de cambio fija, en virtud de que el propio

Estado ha aceptado la disciplina fiscal, en este sentido no es necesario que se

establezca un régimen de tipo de cambio fijo si el gobierno tomara las medidas

pertinentes en materia de Financiera y monetaria para mantenerlo fijo, como

sucede en el caso de México, donde las autoridades monetarias mencionan que el

tipo de cambio es determinado por las fuerzas del mercado y no obstante,

intervienen para mantenerlo sobrevaluado, mientras que las autoridades fiscales

no se salen de su esquema de disciplina para no generar presiones sobre dicha

variable.

Otra razón para trabajar con una Reforma financiera sana responde a los

intereses de grupos minoritarios que ganan con la salida del Estado de ciertas

actividades productivas. Ante un esquema de disciplina fiscal el gobierno tan sólo

puede erogar recursos similares a los ingresos que pueda obtener por la

recaudación de tributos, esto limita en gran medida la acción del Estado en

materia de inversión de capital y abre la esfera de influencia al capital privado

tanto interno como externo. En realidad el esquema de equilibrios fiscales

responde a una lógica con un trasfondo político que se ha desarrollado a la par de

todo un cuerpo teórico que sirve para validar tales acciones. Si el gobierno se

permitiera trabajar con gasto deficitario no necesitaría restringir su gasto, no

tendría que recurrir a la venta de las empresas paraestatales, sería innecesario

abrir los sectores estratégicos a la iniciativa privada, etc., como se ha hecho en

México con el objetivo de sanear las finanzas públicas y mantener la estabilidad

monetaria.

Con los resultados del análisis sugieren, que en el contexto mundial actual, se

debe de exigir una reorientación del papel del Estado en la economía, de tal



7

manera, que su participación debe de ser de forma activa, con el fin de propiciar el

crecimiento económico y el pleno empleo. Este objetivo exige nuevos retos y el

replanteamiento de las políticas económicas actuales; en particular, se propone

establecer un nuevo manejo de la política fiscal, en donde ésta actué como

herramienta clave en la conformación del aparato productivo del país.

Razón por la cual el presente trabajo se ha dividido en cuatro partes o capítulos.

Capitulo I. En este apartado retomaremos el tema de las finanzas públicas como la

disminución del gasto de gobierno, la privatización de las empresas propiedad del

Estado, la estabilidad monetaria a costa de las variables reales, etc. Postura que

vale la pena mencionar que han sido suscritas en acuerdos que se asumen en su

planteamiento, de manera explícita o implícita, que las finanzas públicas deben

mantenerse en equilibrio y que tan sólo es necesario observar algunas

condiciones en el manejo de la Política Fiscal para lograr niveles de crecimiento

de largo plazo, donde se asume entre otras cosas que el tipo de cambio fijo impide

que las economías puedan operar una política económica soberana y en

consecuencia el gobierno pase a depender de sus ingresos tributarios para

atender sus necesidades de gasto, ante la disyuntiva de alterar su estabilidad

monetaria que intenta romper con los principales postulados de la escuela

convencional. La importancia del capítulo consiste en sentar las bases para una

discusión posterior en el caso específico de la economía mexicana. Es importante

mencionar que la investigación se dirige buscando la supremacía de las reformas

financieras como la opción con la cual se puede tener un manejo soberano de la

Política Fiscal que resulta impensable bajo las premisas actuales.

Capitulo II Se plantea en este las bases para las posibles creaciones o

modificaciones en cuanto a la reforma financiera requiere el país. Ya que como es



8

bien sabido para que la nación pueda crecer en sus diferentes rubros se requiere

de una mayor participación del estado y su población para crear nuevas leyes o

planes para un mejor desenvolvimiento de la gente en su desarrollo económico, y

de que este éste respaldado por una buena administración por parte del estado

como: una mejor y más amplia educación, así como una verdadera reforma fiscal

integrada, pero todo esto en materia no se ha llevado a la practica en México,

como veremos desarrollado en el mismo capítulo.

Capitulo III se aborda la paradoja de las reformas financieras en México y cómo

bajo este principio, la postura fiscal tiende a ser contra-cíclica en perjuicio de la

estabilización del ciclo económico, propiciando en algunos casos una mayor

volatilidad del ingreso nacional que está asociada a la liberalización económica y

particularmente a la liberalización financiera. El problema con la disciplina fiscal

consiste en buscarla con base en una reducción en el gasto, ya que como se

desarrolla en el capítulo, esa medida tendrá algunas consecuencias asociadas

como: la reducción de la participación del Estado en la construcción de

infraestructura pública; la disminución de los ingresos que percibe el Estado por

una desaceleración en la actividad económica y; el probable incremento de los

gastos del Estado en rubros que se han deteriorado como consecuencia del

mantenimiento de la disciplina misma, como son la seguridad social y pública.

Capitulo IV. Se aborda el tema de las reformas financieras y las leyes tributarias,

así mismo, se hace un análisis jurídico de la reforma para el ejercicio fiscal de dos

mil ocho; para posteriormente proponer un plan de política fiscal para México

basado en la mayor utilización de los impuestos ya sean indirectos o directos;

también se plasma el concepto de modelo económico y las problemáticas de

diseño fiscal, ya que por medio de dicho modelo, observando las variantes que se

puede dar, es posible establecer qué tipo de impuestos son los más óptimos para

nuestro país. De igual manera se compara a la deuda pública con los impuestos,



9

con el fin de obtener como resultado cuál de ellos produce mayores beneficios.

Finalmente se contemplan los efectos que produce en los contribuyentes la

creación de los impuestos o el aumento de sus tasas, lo cual en algunos casos,

suele llegar a provocar la evasión fiscal.



10


Para adentrarnos en las finanzas públicas y poder definir el tema a desarrollar

(Reforma Financiera en México) es necesario hacer una descripción analítica de

las posturas al respecto de la utilización de las mismas y los resultados que tiene

el uso de la Política Fiscal (PF). Se obtuvo como resultado que la ortodoxia

descarta el uso de la Política Fiscal, por los costos que tiene al desestabilizar la

economía, crear inflación, elevar las tasas de interés, incrementar el déficit

comercial, y se tiene la idea que si bien en el corto plazo se podría tener un

incremento en la actividad productiva esté no sería de largo alcance, en los casos

en los que se acepta el manejo de la Política Fiscal tan sólo es limitada a su

capacidad de recaudación, con lo cual está sujeta a trabajar bajo el dogma de

finanzas públicas sanas (FPS).

De acuerdo con Guillén (1992), dentro de los fundamentos célebres está el

que concierne a la disminución del déficit de gobierno, dicho dogma

establece que el gobierno como una buena ama de casa, debe cuando

menos equilibrar su presupuesto, noción que no es correcta cuando el

Estado trabaja con políticas soberanas.

En México a partir de la década de los 90’s se puso al centro de la política

económica la disminución del déficit público, así, se comenzó a gestar un nuevo

modelo económico distinto al que había prevalecido hasta ese momento. Es

menester decir que la disminución del déficit presupuestal se dio en el

denominado déficit primario con el objeto de liberar recursos para cubrir el pago de

los intereses de la deuda gubernamental, ya que desde 1983 el gobierno ha

operado con superávit primario y la situación deficitaria corresponde a la esfera

financiera que no tiene efectos multiplicadores sobre la dinámica interna del país



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pero favorece al capital financiero. El reordenamiento de las finanzas públicas que

se estimaba como una política de carácter temporal se hizo permanente ya que

adicional a esta medida la economía inició una serie de disposiciones con la

intensión de liberalizar la economía, ampliándose así la necesidad por la disciplina

fiscal (DF).

El modelo de desarrollo estabilizador y el de desarrollo simultáneo, habían

presentado, con sus debidas diferencias, un par de elementos en común:

participación activa del gobierno y una apertura moderada de la economía.

En el primer modelo estos mecanismos coadyuvaron a propiciar mayor

crecimiento de la economía, por una parte la asignación del gasto a la

creación de infraestructura básica en actividades petroleras, carreteras y

servicios sociales de salud y educación generó un efecto positivo, entre la

inversión privada y la pública, ya que los inversionistas privados

aprovecharon las inversiones en infraestructura para cristalizar un mayor

margen de ganancias, ante estas expectativas los inversionistas privados

aumentaron su inversión generando con ello incrementos en la productividad

al aumentar la relación de trabajo capital. Las perspectivas de ganancias

incluso eran garantizadas por el aseguramiento de un mercado interno

cautivo. En el caso del “modelo de desarrollo estabilizador” el crecimiento

estuvo guiado por el gasto público deficitario, entre otros factores. Dado que

la finalidad del trabajo no consiste en un análisis y descripción detallada de

los modelos mencionados, no se hace una exposición amplia de dichos

periodos, el objetivo de mencionarlos consiste en poner la base de qué tipo

de política se venía empleando y qué papel jugaba el gobierno antes de

iniciar con el cambio de modelo que implicaba la mínima intervención

gubernamental. (Solís (1991), Huerta (1991) y Cárdenas (1996).



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Ante una economía liberalizada se tiene que mantener la estabilidad monetaria y

para ello se requiere que la Política Fiscal se conserve sana.

Para Weintraub (2000; p. 24), la principal razón del aumento sustancial en la

inflación fue la parte de incremento en el gasto gubernamental sin la

compensación en los ingresos, más una expansión del Sector Público general.

Para Weintraub el éxito de un tipo de cambio fijo requiere de disciplina

macroeconómica.

El problema es que en México, como en otros países, si la Política Fiscal dejó de

funcionar como herramienta o alternativa de crecimiento, fue por someterla a los

objetivos de estabilización monetaria. Sin embargo, bajo este argumento queda

oculta la funcionalidad de mantener el equilibrio fiscal que consiste en ampliar la

influencia del sector privado en la economía a costa de la reducción y eliminación

del Estado.

La estabilidad monetaria exige trabajar con una Disciplina Fiscal básicamente

disminuyendo el gasto presupuestal ante la imposibilidad de incrementar los

ingresos tributarios. La capacidad de la Política Fiscal para funcionar como

estabilizador del ciclo económico se ve así reducida e incluso tiende a actuar de

manera pro-cíclica, incrementando los periodos de recesión y dificultando la

capacidad de superarlos. Para la veracidad de estos acontecimientos, es

necesario llevar a cabo una Política Fiscal contra-cíclica contar con una

Disciplina Fiscal, pero no es posible instrumentar una política contra cíclica sin

incurrir en déficit.

A decir de Clavijo (2000), la débil carga fiscal y la falta de instrumentos monetarios

impidieron intentar una política económica aunque fuera tímidamente contra-



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cíclica. A juicio de lo anterior se sujeta indiscutiblemente a la interpretación

verídica. Bajo una interpretación heterodoxa, no es necesario argumentar la

debilidad de ingresos, los ingresos tributarios en una recesión bajo un

comportamiento pro-cíclico, ante esa eventualidad el déficit tendrá que aparecer.

El déficit fiscal que violenta la disciplina y el equilibrio, se asocia dentro de la visión

convencional con el incremento de la inflación y de la tasa de interés, vía la

monetización del déficit o la emisión de grandes volúmenes de bonos

gubernamentales sucesivamente, afectando así principalmente a los pobres y a

las pequeñas empresas (Birdsall 2001). Pero, nuevamente, pensar que cualquier

tipo o magnitud de déficit presupuestal elevará la inflación e incrementará la tasa

de interés, puede ser un error. El déficit genera depósitos utilizables en el sistema

bancario conduciendo la tasa de interés a la baja, la emisión de bonos drena la

cantidad de depósitos adicionales para colocar la tasa en algún punto deseado por

la autoridad monetaria, por otra parte si bien la tasa de interés afecta a las

pequeñas empresas la contracción del mercado juega un papel preponderante.

“al referirse a las etapas de auge y al comienzo de las crisis, se argumentaba

que “la explicación más típica, y con frecuencia la dominante de la crisis, no

es principalmente un alza en la tasa de interés, sino un colapso repentino de

la eficiencia marginal del capital” Keynes (2003; 300-301).

Mientras se siga manteniendo la postura económica ortodoxa descrita

anteriormente es improbable que se pueda estabilizar la economía real ya que se

impide que el gobierno pueda participar en la economía ante el temor inflacionario,

situación que argumentada en términos de la heterodoxia no resulta cierta por sí

misma. Existe la idea fuertemente arraigada al respecto de que la inflación y el

desempleo son objetivos encontrados (Secareccia 2004, menciona que el asumir



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la incompatibilidad entre la inflación y el desempleo es el centro de la perspectiva

política neoclásica), donde se tiene que mantener una tasa de desempleo “natural”

para no generar presiones sobre los precios, pero como se ha discutido

ampliamente por algunos economistas (Lerner 1957, Wray 2003, Forstater 1999 y

Mitchell 1998), esto no es en todos los casos cierto y además se estima que tener

una abundante mano de obra desocupada es un costo muy alto por mantener

estable el nivel de precios (Forstater 1999), sobre todo en economías donde el

bienestar de la población se ha demeritado con el tiempo.

La crecimiento del gasto deficitario, es decir el rompimiento del equilibrio fiscal y el

reconocimiento de que el Estado puede gastar más allá de lo que recauda

partiendo de la base de que se retoma la soberanía de la moneda, rompe con la

idea de la restricción financiera sobre la cual se sustenta la ampliación de la

participación del Sector Privado en la actividad económica y así deja de ser

funcional para los fines de aquellos que la han situado en el centro de la agenda

nacional. Retomar la Política Fiscal como herramienta de crecimiento beneficia al

conjunto de la población pero afecta a los grupos de poder que han resultado

ganadores hasta ahora. Por lo tanto, no está a discusión el replanteamiento de la

Política Fiscal.


Al parecer en la economía mexicana a partir de 1982, el equilibrio fiscal se asentó

como una afirmación cierta e innegable para el logro de la estabilidad

macroeconómica, los responsables de la política económica no cuestionaron la

validez de la afirmación y la dieron por cierta. Pedro Aspe (2005), Córdoba

Montoya (1991), Carlos Salinas (2000), Ernesto Zedillo (PND-1995-2000) y



15

Eduardo Sojo (2005), creyeron sin prerrogativas en la validez y sustentabilidad de

mantener las finanzas públicas en una situación de equilibrio permanente, para

ellos las finanzas públicas deben ser manejadas inquebrantablemente bajo una

restricción de ingresos, es decir, en una situación donde los ingresos públicos

pasan a determinar el grado o nivel de gasto que se podrá ejercer en un periodo

determinado. Estos funcionarios públicos le atribuyen 100 virtudes importantes al

equilibrio fiscal y reniegan del gasto deficitario asumiendo que él mismo fue el

causante de muchos de los inconvenientes que vivió el país en esos días.

La explicación de la crisis del 82 por algunos analistas ha contribuido a

desarrollar un rechazo sobre los efectos del déficit fiscal. Tan sólo por citar a

algunos: para Bazdresch (1983), la crisis se debió a la desmesurada

expansión del gasto público y a la sobre valuación del tipo de cambio que

condujeron a niveles de alta inflación y a un aumento en el nivel de

importaciones, el mecanismo expuesto por el autor para ello se da por el

incremento del gasto del Sector Público con la intención de expandir la

actividad petrolera con la expectativa de que en un futuro dicha actividad

generaría mayores divisas, el problema fue que el requerimiento de

importaciones para ese fin resultó más alto que las divisas generadas y la

brecha fue cerrada con endeudamiento, por su parte la sobre valuación del

tipo de cambio generó expectativas devaluatorias que propiciaron una salida

masiva de capitales; en el caso de García y Serra (1984) e Ize y Ortiz (1985),

se asume que se llegó a dicha crisis por el desequilibrio financiero del Sector

Público y por la política de tipo de cambio, para estos autores aún cuando los

factores externos tuvieron cierto peso específico no fueron determinantes.

Aspe (2005; p14) afirman que la cronología de la crisis de los ochenta, en la

mayoría de los casos, comienza con la aceleración del crecimiento de la

demanda agregada, casi siempre originada por déficits presupuestales que

trastornan la estabilidad del tipo de cambio y de precios.



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De acuerdo con Córdoba (1991), uno de los elementos notables para lograr y

mantener las Finanzas Públicas Sanas en la década de los 80’s, se debió a la

convicción clara de los funcionarios responsables de la política económica quienes

habían ocupado posiciones técnicas en la década anterior y vivieron

inevitablemente las consecuencias de un manejo diferente que subordinó la

Política Fiscal a otros objetivos nacionales. Así los flamantes funcionarios de los

80’s, no ponían en tela de juicio los inconvenientes que podría traer una constante

restricción fiscal o cuando así sucedía estaban dispuestos a sobrellevar los costos

de corto plazo que se presentaran.

La funcionalidad de la austeridad fiscal en los diferentes programas de ajuste que

se dieron desde 1982, tuvieron como común denominador el equilibrio de las

finanzas públicas, ya sea mediante la reducción del gasto de gobierno o el

incremento de la recaudación tributaria con el objeto de abatir los niveles de

inflación y del déficit comercial externo.

Si la inflación y el déficit comercial externo, estaban asociados al gasto deficitario

por su efecto sobre la demanda, una de las primeras medidas era reducirlo, acción

que demandaba la austeridad fiscal para liberar recursos del gasto primario y

trasladarlos al gasto financiero; esta medida acompañada de la política de

devaluación coadyuvó a controlar el déficit comercial exterior liberando recursos

para el pago de la deuda externa, pero ponía en evidencia la imposibilidad de

reducir la inflación ante el incremento de los costos de los insumos importados. El

déficit de comercio externo, respondió favorablemente a las políticas fiscales y

monetarias restrictivas así como a la devaluación del tipo de cambio, pero su

viabilidad resultó poco sustentable ya que se logró mediante la contracción de la

economía, la desarticulación de las cadenas productivas que ampliaban la



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dependencia por el comercio exterior, además de que las exportaciones, y ante la

carencia de una política industrial no avanzaron más allá de una actividad

maquiladora de bajo valor agregado.

La lucha contra la inflación cambió de estrategia en lo referente a la política

cambiaria pero se siguió manteniendo la premisa de las Finanzas Públicas Sanas.

Con la supresión de los controles de cambio se optó por una política de sobre

valuación de la moneda que redujo los precios de los productos importados lo que

significó menores costos y con ello menores presiones inflacionarias (Salama y

Valier, 1992), pero con ello también se reactivó la presencia del déficit de comercio

exterior, como resultado de los factores comentados anteriormente.

La conducción de la inflación bajo el dogma del tipo de cambio depende de la

confianza que los inversionistas tengan sobre la capacidad del gobierno para

mantenerla, ya que de lo contrario se pueden generar fugas de capitales. En este

sentido se hace necesario que la Política Fiscal siga buscando el equilibrio. Pero a

pesar de la contracción del gasto primario, al gasto financiero seguía configurando

presiones sobre las finanzas públicas por lo que era necesario también disminuir

el costo de la deuda amortizándola, objetivo para el cual se continuó con la venta

de paraestatales. La contracción del gasto y el proceso de privatizaciones son dos

de los elementos necesarios sobre los cuales se suscribe el saneamiento de las

finanzas públicas, sin embargo, y a diferencia de lo que piensa la ortodoxia

mexicana, no se constituyen como una opción viable por diferentes motivos,

primero:

La apreciación del tipo de cambio tuvo un efecto positivo sobre la tasa de inflación

que pasó de 51.7 en 1988 a 7.1 en 1994, pero para mantener la apreciación se

hacen necesarios algunos factores como son: mantener un alto nivel de reservas



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internacionales que garanticen el valor de la moneda; mantener una tasa de

interés atractiva en el mercado internacional que se logra mediante una Política

Monetaria (PM) restrictiva y contar con un crecimiento económico que asegure la

rentabilidad de las inversiones, todo ello desde luego sin dejar de seguir con la

Disciplina Fiscal.

Cuando se conjuga en una economía superávit fiscal primario y déficit de comercio

exterior, bajo este escenario la actividad económica pasa a estar determinada por

el gasto más allá de los recursos que poseen los agentes privados en la

economía, situación que puede darse mientras se mantenga una entrada de

recursos externos suficientes para mantener la dinámica, como ocurrió a finales de

los ochentas e inicios de los noventas, por las expectativas primer-mundistas que

ofrecían las denominadas políticas de segunda generación consistentes en la

apertura comercial, la privatización de las empresas estatales, la reforma fiscal, la

liberalización financiera y la desregulación económica.

La liberalización económica y la venta de paraestatales configuraron un escenario

de entrada masiva de capitales (en 1989 a 1993 la inversión extranjera pasó de

1.8% a 8.5% del PIB), lo que permitió apuntalar el tipo de cambio, mantener la

inflación a la baja (1989, 23%; 1993; 10%) y disminuir la tasa de interés (1989,

45%; 1993; 14%). La política cambiaria de apreciación depende de la capacidad

del país para atraer capitales y por tanto su efectividad se verá restricta ante

condiciones de bajo crecimiento económico, pérdida de reservas internacionales,

incremento en el déficit comercial y el alza de la tasa de interés de los Estados

Unidos. En 1994 algunos de estos efectos se conjugaron y el resultado fue el

colapso del sistema al cierre del año.



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Junto con los sucesos políticos ocurridos desde inicios de 1994 se dio la coyuntura

de que los Estados Unidos incrementaran su tasa de interés en 6 diferentes

ocasiones teniendo un incremento total de 2.50 puntos porcentuales, factores que

llevaron a la erosión de las reservas internacionales y al colapso de la economía

nacional.

Weintraub (2000) realiza un estudio a detalle de lo que pasó en el año de

1994 haciendo una periodización trimestral de los acontecimientos

económicos, políticos y sociales que tuvieron por resultado el error de

diciembre. De acuerdo con el autor no es sino hasta el segundo trimestre del

año cuando se empiezan a configurar las condiciones que llevarían a tan

funesto resultado. El autor pone de manifiesto cómo en los sucesos

económicos tuvieron gran importancia las cuestiones de índole político.

La devaluación de la moneda a fines de 1994, tuvo una repercusión importante

sobre las finanzas públicas, específicamente sobre la deuda pública, en virtud de

que a la par de la liberalización financiera se instrumentó una nueva modalidad de

documentos de deuda gubernamental denominada TESOBONOS (Bonos de la

Tesorería de la Federación), que a diferencia de los CETES (Certificados de la

Tesorería), tenían la particularidad de estar indexados al dólar lo que les permitía

funcionar como instrumentos de cobertura ante la devaluación de la moneda.

La tenencia de TESOBONOS fue en aumento a medida que la desconfianza en la

capacidad del gobierno para mantener el tipo de cambio se generalizaba. De

acuerdo con Weintraub (2000; pp. 45-46) la venta de estos instrumentos alcanzó

el 39% del total en 1993, mientras que en 1990 tan sólo se ubicaba en un 3%. El

problema con los TESOBONOS, además de generar situaciones de

sobreendeudamiento, consiste en la pérdida del manejo soberano de la política



20

económica y subyace ante la idea convencional de que la capacidad del gobierno

para emitir deuda a una determinada tasa de interés está sujeta a las fuerzas del

mercado, si el mercado interno no compra toda la deuda del gobierno, éste tendrá

que venderla en los mercados internacionales. Dichos mercados incluso pueden

forzar al gobierno a vender su deuda en moneda externa y no sólo eso, también

pueden generar presiones para que el gobierno le dé seguimiento a alguna política

en particular (Wray, 1998; p. 75).

En 1994, según Weintraub (2000; p. 75-76), el denominado Weston Group

“sugería“ a las autoridades monetarias del país seis recomendaciones que

incluían: 1) La reducción de la devaluación diaria del peso; 2) asegurar a los

inversionistas contra los cambios en la paridad si el peso excedía el límite superior

de la banda; 3) autorizar a los Bancos comerciales a incrementar sus obligaciones

en moneda externa, 4) emitir TESOBONOS de largo plazo; 5) aumentar las líneas

de swaps con Bancos extranjeros y; 6) usar las reservas internacionales para

fortalecer el valor del peso. El argumento sobre el que se basaban dichas

recomendaciones consistía en que permitirían que México obtuviera mayor

inversión, mientras que la devaluación conduciría a un deterioro económico.

El gasto primario del gobierno en los años referidos se mantuvo alrededor del 20%

del PIB, arrojando un superávit primario. La Política Fiscal siguió los principios de

la ortodoxia y se conservó con un gasto controlado, no obstante la crisis se originó

y los niveles de deuda se elevaron nuevamente lo que demostró la fragilidad de la

economía y cómo su crecimiento depende de factores externos como la entrada

de capitales, mismos que en economías liberalizadas gozan de plena movilidad

para desplazarse a los sitios que ofrezcan la mejor relación riesgo-rendimiento,

contexto en el cual el alza de la tasa de interés en mercados de menor riesgo,

como el caso de los Estados Unidos, puede propiciar una corrida de capitales

hacia ese país dejando condiciones de inestabilidad.



21

En la actualidad se ha venido operando nuevamente con tipo de cambio

sobrevaluado desde 1999 a la fecha, con el consecuente deterioro en la balanza

de comercio exterior, como se aprecia en la Gráfica 1. La dependencia

nuevamente por la entrada de capitales es amplia y orilla a la Política Fiscal a

mantenerse restricta para crear condiciones de confianza a los mercados

internacionales, en tal escenario el crecimiento y la creación de empleos sigue

dependiendo de factores externos, al igual que en la década de los noventa, lo

que sitúa a la economía en una constante fragilidad e inestabilidad tan sólo a la

espera de los nuevos incrementos en la tasa de interés de los Estados Unidos que

configuraría condiciones similares a las vividas en el pasado independientemente

de qué tan equilibradas sean las finanzas públicas (A mayo de 2006 la FED

(Sistema de la Reserva Federal) ha incrementado en 16 diferentes ocasiones la

tasa de préstamos interbancarios a un día, pasando de 1 punto porcentual en junio

de 2003 a 5 puntos en la fecha referida)



22

Gráfica 1.1

Dependencia del porcentaje de valoración de la moneda y la Balanza

Comercial como porcentaje del PIB (1980-2007)

Fuente: Elaboración con datos del BANXICO. El eje de la derecha

corresponde al porcentaje de apreciación o depreciación del tipo de

cambio, mientras que el de la izquierda es el porcentaje de la balanza

comercial.

No obstante, la ortodoxia mexicana sigue conservando la estabilidad monetaria

que implica la Disciplina Fiscal que debe de conducir a la economía en el largo

plazo a un crecimiento sostenido y sustentable. El paradigma sigue presente y se

mantiene la idea de que el problema del no crecimiento económico en México no

se debe a la serie de reformas que se dieron y que se tratan de seguir impulsando

sino más bien a la incapacidad que se ha tenido para poder impulsarlas con un

mayor ahínco.

“Muchos pensamos que el problema no son las reformas que se han dado,

sino la insuficiencia de las mismas, ya que en México, como en la mayor



23

parte de los países de América Latina, nos hemos quedado a la mitad del

camino en su aplicación” (Sojo, 2005; p. 16).

Para los funcionarios actuales el modelo a seguir es claro, mantener Finanzas

Públicas Sanas con una Política Monetaria responsable que evite presiones

inflacionarias en beneficio de las clases más desprotegidas.

“Hay posturas que identifican la prudencia fiscal con el desdén por las

necesidades sociales de las grandes mayorías, postulando implícitamente

que un gasto irresponsable, financiado con emisión monetaria o

endeudamiento, es favorable para las clases más desprotegidas. Nada más

equivocado. Hay evidencia suficiente para afirmar que el impuesto

inflacionario, causado por el desorden fiscal, es uno de los más regresivos

que pueden existir porque los hogares de menores ingresos no tienen forma

de protegerse contra los procesos inflacionarios” (Sojo, 2005; p. 18).

Sin embargo, el argumento no resulta válido en sí mismo ya que si la estabilidad

de precios se logra mediante un menor crecimiento y desempleo, de todos modos

siguen siendo más afectados aquellos con menores habilidades laborales que en

la mayoría de los casos son las personas con menor ingreso (El salario mínimo en

términos reales de 1995 a 2005 ha reportado un crecimiento negativo de 2.1%).

El conflicto con el deseo de mantener la Disciplina Fiscal, pasa por algunos

problemas para que pueda ser exitosa. La Disciplina Fiscal, al atentar contra el

crecimiento económico imposibilita la capacidad de sanear las finanzas públicas

en los términos que pretenden los funcionarios públicos encargados de esa área.

Para Eduardo Sojo, como para muchos otros, el logro del equilibrio se remite a la

disminución de los requerimientos financieros del Sector Público, disminuyendo el



24

gasto y la deuda (Sojo, 2005; p. 343), para este funcionario el gobierno tiene la

responsabilidad de no incurrir en déficit presupuestal y generar el ahorro suficiente

para estar en condiciones de afrontar el problema inminente del sistema de

pensiones, la probable disminución de los ingresos petroleros acarrearan graves

consecuencias negativas a la economía nacional..

Resulta paradójico generar ahorros presentes para hacer frente a necesidades

futuras ya que con ello se menosprecia el efecto positivo que tiene el gasto de

gobierno sobre el mejoramiento de la productividad y competitividad, pensar que la

mejor manera de alargar los beneficios del petróleo es ahorrándolos resulta

limitado, como lo es el hecho de pagar deuda o hacer frente al problema de las

pensiones con los excedentes petroleros, la mejor forma de que los beneficios del

petróleo puedan ser de largo plazo consiste en incidir sobre la productividad de la

economía a nivel general propiciando un crecimiento sostenido que por su propia

dinámica puede proveer mayores recursos para la hacienda pública compensando

los derivados del petróleo una vez que el recurso se agote. En este sentido los

excedentes petroleros en lugar de destinarse a los fines ya mencionados deberían

de ser empleados en los proyectos que actualmente se cubren mediante contratos

de acorde a la necesidad y eliminando con ello las presiones futuras.



La nueva base del procedimiento de la Política Monetaria impuesta por las

políticas liberales de corte del fondo monetarista ha replanteado el papel del

Banco Central, asumiendo como indispensable su independencia de las



25

decisiones de gobierno, buscando a toda costa el mantenimiento del nivel de

precios.

El 23 de diciembre de 1993 es publicado en el Diario Oficial de la Federación

el decreto donde se da a conocer la Ley del Banco de México, hecho que

tendría una significado altamente importante para la nueva relación entre

política económica, dicha Ley establecía dos elementos contundentes: la

autonomía de la autoridad monetaria y su mandato prioritario consistente en

el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, derivado de ello el

Banco Central del país se consolidó como una institución de mandato único

que no responde a los intereses de la sociedad.

Posterior a la crisis de 1994 Carstens y Werner (1999), argumentan que la Política

Monetaria tuvo que convertirse en el ancla nominal de la inflación al abandonarse

el tipo de cambio fijo. Se asume por parte de los autores que el régimen de tipo de

cambio flotante ofrece el control de la base monetaria lo que permite influir sobre

la tasa de interés y el tipo de cambio y con base en ello sobre el nivel general de

precios.

No obstante, se tendría que reconocer la imposibilidad de incidir sobre los

agregados monetarios y se establecería una política de metas intermedias

basadas en aspectos cuantitativos para los agregados monetarios y la

determinación discrecional de las tasas de interés.

Para la corriente poskeynesiana los Bancos centrales se ven imposibilitados para

incidir en los agregados monetarios (Wray 1998; p. 5) en este sentido y para el

caso de economías pequeñas y abiertas Ortiz (2007; p. 139), argumenta que la



26

Política Monetaria es llevada a cabo mediante la determinación de un vector de

precios encaminado a lograr el equilibrio.

Dicho vector de precios consiste en la determinación de tres tasas: la de cambio

(E), la nominal de interés (i) y la salarial (w). El efecto buscado consiste en

disminuir la inflación y la búsqueda de atracción de capitales de corto plazo para la

renegociación de deuda externa y el saldo en la cuenta corriente, el problema con

este planteamiento de Política Monetaria consiste en que sus efectos no se

restringen a los objetivos buscados sino que van más allá teniendo serias

repercusiones para los agentes económicos al no poder configurar posturas de

mayor productividad necesarias para estar en condiciones de competir.

Bajo esta perspectiva de precios Ortiz (2007; p. 140), menciona que la Política

Monetaria se ha consolidado como uno de los principales determinantes de la

actividad económica, para lo cual es indispensable que la Política Fiscal minimice

su actuación a ser un gestor de tesorería. La preponderancia de la Política

Monetaria sobre la Política Fiscal se da sobre la base de lo que teóricamente se

conoce como “la dicotomía clásica” que establece que la regulación monetaria tan

sólo tendrá influencia sobre las variables monetarias sin afectar a las variables

reales. No obstante, el deterioro de las variables reales ha sido evidente en los

bajos niveles de crecimiento económico, el incremento del desempleo y de la

pobreza. A decir de Ortiz (2007; p. 141), la Política Monetaria no es neutral ni en el

corto ni en el largo plazo debido a su incidencia en la asignación de recursos y

formación de precios, su influencia sobre la realización del potencial de

crecimiento económico afecta a la Política Fiscal que queda restricta a la postura

monetaria.



27

Mientras que la Política Monetaria continué con el objetivo puesto exclusivamente

sobre la inflación y el proceso de disminución de la inflación se afectará el

desempeño económico, los esfuerzos de la Política Fiscal por mantener equilibrios

serán poco fructíferos, sin importar que tanto se disminuya el gasto o que tantos

activos tengan que ser privatizados.


La Disciplina Fiscal mantenida en la contracción del gasto público (Como resultado

de la contracción del gasto público se tiene que éste se ha venido disminuyendo a

lo largo de los últimos 20 años, en 1983 el gasto total del Sector Público

representaba el 39.6% del PIB, mientras que para 2003 este rubro registraba tan

sólo el 25.9%, lo anterior podría asumirse como una pérdida de 13.8 puntos

porcentuales, pero, si solamente consideramos el gasto de no pago de intereses,

la disminución del gasto fue de 4.2 puntos porcentuales). y la privatización (Clavijo

y Valdivieso (Clavijo 2000, p. 36-42), mencionan que el proceso de privatización

en la economía se dio en cuatro etapas; primera 1983-84 al inicio 1,155 empresas

al final 1,049, venta ocasional de pequeñas empresas no estratégicas y con

escasa rentabilidad; segunda 1985-88, 618 al final del periodo, empresas con nulo

o poco poder de mercado, pequeñas fábricas o centros de esparcimiento; tercera

1989-93, al final del periodo 258 empresas, en esta etapa se privatizaron

empresas con gran poder de mercado (monopolios y oligopolios) con gran

viabilidad económica, la visión era maximizar los ingresos por la venta y minimizar

la intervención del Estado en la economía, en esta etapa se liberan incluso

sectores estratégicos como la telefonía y el sistema financiero; cuarta 1994-98

cerca de 231 empresas, se da una limitada venta de empresas y algunos

esfuerzos por implicar al Sector Privado en los campos antes ocupados por el



28

Estado) de las empresas estatales no conduce al equilibrio fiscal y en algunos

casos incluso puede llevar al desequilibrio al incrementarse el gasto y disminuirse

el ingreso a consecuencia de la recesión económica. En este apartado se asume

que la contracción del gasto no puede consolidar el equilibrio fiscal, la contracción

implica un detrimento en los niveles de crecimiento y por ende en un deterioro del

bienestar de la sociedad que tendrá como consecuencia un incremento en el gasto

corriente en asistencia social, además, la disminución de la actividad económica

impedirá la mayor recolección de impuestos poniendo una restricción a la armonía

fiscal, argumentos en los que se sustenta que la contracción del gasto no

necesariamente implica un camino correcto a las Finanzas Públicas Sanas. Por su

parte la privatización de empresas estatales, si bien en algún momento del

proceso sirvió para disminuir el déficit fiscal, aligerar la deuda y atraer capitales

extranjeros, su capacidad es limitada y de corto plazo, sin dejar de lado que el

proceso privatizador tiene un trasfondo de intereses que poco tiene que ver con la

eficiencia económico administrativa de los organismos paraestatales.

“La posición de las autoridades era clara, se trataba de vender todo lo que

fuera posible a condición de obtener un buen precio. En este sentido la

búsqueda de la disminución de la participación del Estado se perseguía por

tres razones fundamentales: 1) Los tecnócratas en el poder tenían, y siguen

teniendo, profunda confianza en los mecanismos del mercado y creen en la

necesidad de reducir el papel del Estado en la economía; 2) En el contexto

de autoridad presupuestal que respeta la lógica de la acumulación por el

tributo el Estado mexicano no dispone de los medios para hacer frente a

todas las inversiones públicas necesarias. En esta perspectiva el gobierno

preferiría ceder espacios al Sector Privado y concentrarse en actividades que

ha ejercido tradicionalmente; 3) Finalmente la privatización permitiría al

Estado el saneamiento de sus finanzas. (Guillén 1992).



29


Para cierto grupo de investigadores económicos la resolución de ajustar las

finanzas públicas era la mejor estrategia en pos de controlar la inflación, sin

embargo, la manera como se hizo crea ciertas divisiones, para muchos el ajuste

se basó más en la disminución del gasto de capital que en la reducción de gastos

corrientes (la visión es correcta ya que proporcionalmente la disminución del gasto

de capital o inversión física ha sido mayor al que se llevó a cabo en el gasto de

capital como se puede observar en las Gráficas 1.2 y 1.3 ), teniendo por resultado

una pérdida en la inversión total. Aún cuando se pensaba que la aportación

privada de capital ocuparía el lugar que dejaba vacante el Estado e incluso se

incrementaría, esto no sucedió del todo. Moreno-Brid y Ros (2004), comentan que

la variación de la estructura de la inversión pública-privada obedeció a la caída

absoluta de la tasa de inversión pública y no al aumento absoluto de la inversión

privada. La participación de la inversión privada respecto al total de la inversión se

incrementó en los años 80’s, pero, tan sólo como consecuencia de la disminución

de la inversión pública.



30

Gráfica 1.2

Formación neta del capital fijo como porcentaje del PIB 1960-2007

Fuente: Elaboración con datos del Banco de México.

La disminución del gasto tuvo su principal incidencia en el correspondiente a

inversión física que resultó ser el más abatido al disminuirse durante estos últimos

30 años en 5.3 puntos porcentuales.

En agosto del 2004, la CEPAL anticipaba un crecimiento económico alrededor del

4% en nuestra economía. Sin embargo mencionaban que era necesario crecer

más, invirtiendo más. Por lo que hacían una referencia a la necesidad de darle

otro trato al gasto corriente. (El Financiero, Lunes 16 de agosto de 2004.)



31

Gráfica 1.3

Costo del gobierno, de no pago de intereses e inversión física con

proporción al PIB (1977-2007)

Fuente: Elaboración con datos de la SHCP GP: Gasto presupuestal.

GPNI: Gasto presupuestal de no pago de intereses. IF: Inversión física

Por lo tanto, un ajuste fiscal que se logra disminuyendo el gasto de inversión es

posible que en la mayoría de los casos juegue en contra del crecimiento mismo

por la relación que tiene el gasto productivo sobre el crecimiento económico; ya

se hacía mención de la relación que tiene el gasto productivo (donde está

considerado el gasto de inversión) con el crecimiento y manera adicional se

presentará evidencia del papel que juega el gasto productivo y cómo su efecto

tiende a ser permanente en el tiempo a diferencia del gasto no productivo que aún

cuando su efecto es positivo en los dos primeros años posteriormente se hace

constante.

Aún con la evidencia existente se ha tratado de justificar la disminución aludiendo

a argumentos tales como: que en muchos casos los beneficios de la inversión



32

pública no retornan a las arcas públicas, por lo tanto, se incrementa la brecha

entre ingresos y gastos lo que ocasiona nuevamente escenarios deficitarios; a su

vez también se ha argumentado que los recortes en inversiones públicas se

pueden justificar por la falta de visión de los encargados de las decisiones de

inversión al elegir proyectos que tienen una tasa de retorno baja (Easterly y

Servén 2003).

En realidad, en ambos casos no es comprensible el recorte del gasto en inversión

si lo que se pretende es alcanzar el equilibrio fiscal de largo plazo, ya que la

disminución del gasto en inversión desincentiva el crecimiento económico teniendo

un efecto negativo en la recaudación tributaria. Cuando derivado de la inversión en

infraestructura o en el desarrollo de capital humano las personas físicas o morales

aumenten su ingreso, también se incrementará el ingreso tributario del Estado,

mientras que en el caso de las elecciones con poco retorno de capital se tiene que

redefinir la aplicación del gasto de inversión en aquellos proyectos que económica

y socialmente sean más rentables, sin que ello implique que se deban tener

recortes en la inversión. La inversión (sea física o humana), no debería estar

sujeta a restricciones de equilibrio presupuestal temporales.

Un argumento que ayuda a explicar el por qué el ajuste fiscal en el gasto se da por

el lado del capital y no por el lado del gasto corriente se puede sustentar en

aspectos que son más de índole políticos que económicos, resulta sumamente

arduo realizar una disminución del gasto corriente si éste corresponde a los

sueldos y salarios, en virtud de que los trabajadores públicos tienen voz y voto

mencionan que esta situación se da porque los responsables de la política en los

países han cambiado sus prioridades, ante los problemas políticos con los que se

enfrentan para financiar el déficit mediante incrementos en la recaudación Sanz y

Velásquez (2003) citando a Zaghini (2001), mientras que las inversiones se

pueden suspender sin que se incurra en costos políticos de corto plazo (Esfuerzos



33

encaminados a la disminución del gasto corriente se han realizado mediante la

aplicación de retiros voluntarios, donde se le ofrece a los trabajadores al servicio

del Estado beneficios adicionales a los de Ley para que salgan de la

administración pública y se pueda disminuir con ello el gasto corriente. Sin

embargo, estos programas no han tenido los resultados esperados como se

argumentará más adelante). Pero adicionalmente, la disminución del gasto en

inversión pública también se puede considerar como una estrategia deliberada

para ampliar la influencia del capital privado en la economía, si se argumenta que

el Estado es incapaz de realizar la inversión y ante la necesidad de la misma se

tiene que ceder el paso a la inversión privada, como se hizo a partir de 1997 con la

implementación de la figura de “inversión financiada”.

La figura de inversión financiada consiste en el encargo de proyectos de

largo plazo para el desarrollo de infraestructura pública a empresas de los

sectores privado y social las cuales se responsabilizan del financiamiento de

las obras, sin que se generen efectos en el gasto público durante las etapas

de su construcción. Así, este mecanismo permite que las obligaciones de

pago que contraen las dependencias y entidades públicas por estas

inversiones, se realicen con el flujo futuro de ingresos que se obtenga por la

venta de los bienes y servicios que generen estos proyectos.

De acuerdo con el informe de gobierno de 1998, la utilización de este mecanismo

permitió incrementar los recursos disponibles para financiar los proyectos de

infraestructura básica necesarios para ampliar la capacidad de crecimiento de la

economía. Pero el punto central es que no sería necesario ocupar ese tipo de

mecanismo para financiar la inversión pública cuando el gobierno tiene la

capacidad de hacerlo y los sectores se constituyen como de alta rentabilidad. La

necesidad de recurrir a inversión privada se da con base en la pérdida del manejo



34

soberano de la política económica por parte del Estado derivada de una posición

ideológica que sirve para ampliar la esfera de competencia del capital privado.

Si el Estado no estuviera obligado a garantizar la estabilidad monetaria no tendría

por qué trabajar bajo la restricción de finanzas públicas equilibradas y por tanto

podría financiar sus proyectos de inversión sin recurrir a la necesidad del capital

privado. Además debería de considerarse ¿qué resulta más oneroso para la

hacienda pública, ampliar su financiamiento propio o incrementar la participación

de las “inversiones financiadas”?.

1.3.2. El Gasto de Capital Productivo No debe Restringirse al Equilibrio

Fiscal

El gasto en inversión debería de tener un trato diferente al que se le da al gasto

corriente (Sawyer 1997, Musgrave 1997). Cuando se habla de gasto de capital o

productivo se debería romper con la visión estrecha de tomar el ciclo presupuestal

tan sólo de manera anual, ya que como se sabe, determinadas actividades en las

que se invierte pueden tener resultados para la hacienda pública en ejercicios

posteriores a la aplicación del recurso. Por lo tanto, se debería de ajustar el uso de

la restricción presupuestal a una que resulte temporal, es decir, una situación

donde el total de los ingresos presentes en un determinado periodo de tiempo es

igual a la deuda más el valor presente de todo el gasto gubernamental. Para ello

se debe de contar con un plan estratégico de largo plazo, en otras palabras el

presupuesto en gasto productivo debería estar desasociado del periodo que dura

el Ejecutivo en el poder, además de flexibilizar el control de la inflación y el tipo de

cambio estable.



35

Con base en esta diferencia entre gasto corriente y gasto de capital se ha

instrumentado una regla de oro (The Golden Rule) (La regla de oro, establece que

los gastos corrientes deben ser cubiertos o financiados con ingresos corrientes,

mientras que los gastos de capital pueden ser financiados con deuda) que justifica

la generación de déficit, siempre y cuando éste sea generado para cubrir gasto de

capital.

“Como se ha escrito desde hace 50 años, se requiere que los desembolsos

corrientes sean pagados en el presente, mientras que los desembolsos de

capital pueden ser financiados con préstamos y amortizados con los

beneficios acumulados (Musgrave, 1997).

Se presume que con los flujos positivos que arroja el gasto de capital, en el futuro

se podrá solventar el déficit, sin tener que recurrir a incrementos en las tasas

impositivas. No obstante, Sawyer (1997), argumenta que no hay elementos de

distinción entre el financiamiento de los gastos corrientes y los de capital, ya que

en cierta medida ninguno de los dos arroja flujos monetarios directos, por lo tanto,

no se puede cubrir el pago de intereses, en virtud de que los intereses se pagan

con flujos monetarios y no con flujos sociales. Para Sawyer, el uso de una regla de

oro, obedece más a una política de Disciplina Fiscal que asume que los gastos de

capital son de menor cuantía y más flexibles a la baja que los gastos corrientes,

por lo tanto se puede controlar el nivel del déficit tomando las decisiones

adecuadas en la reducción del gasto de capital. Esta postura podría ser validada

para la economía mexicana si se observa el comportamiento de ambos rubros en

la Gráfica 1.4.



36

Gráfica1. 4

Costo Corriente y de Capital (% del PIB, 1977-2007)


Dentro la visión heterodoxa, no se tendría por qué establecer o respetar reglas al

respecto del financiamiento del gasto, si éste se llevara a cabo con impuestos o

con deuda a fin de cuentas el problema no consiste en una escasez de

financiamiento natural, sino a una restricción auto-impuesta por decisiones de

política que devienen de una posición ideológica dogmática. La recolección de

impuestos y la emisión de bonos no tienen por objeto financiar la actividad pública,

el déficit debe ser valorado por sus resultados y no por lo que la doctrina

convencional crea (Wray, 1998). El problema es que cuando se asume que el país

cuenta con restricciones de financiamiento se comienzan a buscar opciones y se

procede a la venta de activos. Son las decisiones de mantener e incrementar la

liberalización económica lo que conduce a conservar un tipo de cambio semi-fijo



37

que limita el financiamiento del gasto de gobierno y termina con la venta de

empresas paraestatales.

No se abandona que el gobierno debe dirigir de manera estratégica su gasto y en

este sentido debe conducirlo hacia donde mejor convenga, no se busca que el

gobierno derroche los recursos, se trata de una estrategia de gasto que ofrezca

crecimiento, empleo y control del nivel de precios, este triple objetivo fue una

preocupación en el pensamiento de Keynes, quien aseguraba que cuando se

alcanzaba el pleno empleo se podrían tener problemas de inflación, por lo tanto la

necesidad de no descuidar el nivel de precios en contexto de pleno empleo, pero

dado que esa no es la situación de la economía mexicana el argumento debe ser

revalorado para hacer uso de él, solamente, cuando el crecimiento de la economía

genere expectativas cercanas a la plena ocupación donde un incremento en la

demanda agregada pueda tener una tendencia mayor del aumento de los precios.

Pero incluso pensar que la restricción del pleno empleo existe, puede resultar no

del todo cierta en economías donde el crecimiento poblacional y las mejoras

tecnológicas desplazan la curva de pleno empleo de manera constante.

“Cuando se alcanza la plena ocupación, cualquier intento de aumentar la

inversión pondrá en movimiento una mayor tendencia de los precios a subir

sin limitación...nos encontramos frente a un estado de inflación verdadera”.

Keynes (2003, p. 134). Keynes se refiere propiamente a la inversión, pero

bien puede aplicarse el argumento para el incremento en el gasto del

gobierno, que aumenta la demanda agregada.

El debate respecto a la necesidad de incrementar el gasto de capital ha estado

presente. Guillermo Ortiz, Gobernador del Banco de México, mencionaba en 2003

(Nota aparecida en el periódico Reforma el 26/06/2003) que el gobierno estaba



38

gastando mal al canalizar la mayor parte de sus recursos al gasto corriente,

situación que tendría que revertir para lograr un crecimiento de la economía.

Desde luego que la visión de Guillermo Ortiz, no pretende un incremento en el

déficit del gobierno, sino un intercambio entre gasto corriente por gasto de capital,

a diferencia de lo que planteaba Carlos Slim, quien expresaba en el mismo año la

necesidad de que el gobierno flexibilizara su Política Fiscal, argumentando que:

"Si un país no tiene déficit ni inversión pública, eso es malo...Si tiene un

déficit público de 2 por ciento , causado porque el país invirtió 5 por ciento

del PIB en inversión productiva, eso es muy diferente" (Nota aparecida en el

Universal el día 13/06/2003).

Esta propuesta de Slim, resulta por demás consistente con un manejo de finanzas

públicas funcionales, dentro de las cuales, la propia dinámica del déficit genera

recursos a futuro para subsanarlo.

Si el gasto deficitario del gobierno va dirigido a la creación y mejoramiento de la

infraestructura pública y a los servicios de educación y salud, debe ser

considerado como gasto productivo y por tanto no estar sujeto a las disposiciones

en materia de equilibrio fiscal ya que como bien lo comenta Guillén (1992) bajo

estas condiciones el único déficit que resulta pernicioso es el que se deriva de las

políticas de austeridad que inflan los pagos de intereses y comprimen la inversión

creadora de riqueza.



39


Muchas han sido las ocasiones en que el Gobierno Federal ha realizado esfuerzos

por disminuir su gasto corriente sin que hasta el momento se hayan consolidado

los resultados esperados e incluso en los últimos años se puede apreciar un

incremento en este rubro (de 1998 a 2003, el gasto corriente registró un

incremento del 15%, al pasar del 18.5 al 21.3 % del PIB respectivamente). En

1998 se da una disminución del gasto como consecuencia de una caída en los

ingresos que estuvo enmarcada por la baja en los precios del petróleo, la caída de

los precios del petróleo en ese año llevó a una reducción significativa de los

ingresos y a una serie de medidas que tuvieron por objeto la disminución del gasto

para seguir manteniendo el saneamiento financiero.

Gráfica 1.5

Precios del Petróleo (Dólares por Barril, 1990-2008*)

Fuente: Elaboración con datos PEMEX



40

Los precios del petróleo (en el periodo 1990-2008), alcanzaron su mínimo en 1998

con lo que se tuvo una disminución de los ingresos del gobierno y una

subsiguiente disminución de los gastos, situación bajo la cual se puede pensar en

un comportamiento similar al de los países del Consejo de Cooperación del Golfo

donde se verifica la hipótesis del ingreso-gasto, pero en el caso particular de

México esto ocurre por una férrea y aguerrida postura de Política Fiscal sana que

ha sido el distintivo durante las dos últimas décadas, el punto es que una política

económica que sigue de manera irracional un camino de Finanzas Públicas Sanas

puede que tarde o temprano tenga que incurrir en un forzoso desequilibrio al tener

que incrementar su gasto en seguridad social o incluso su gasto en seguridad

pública.

“Al depender el gobierno de los ingresos petroleros las finanzas públicas y la

política de gasto están subordinadas al comportamiento de la demanda y el

precio internacional del petróleo. La dependencia por la actividad petrolera

incide en la propia volatilidad de las finanzas públicas en un contexto de

Finanzas Públicas Sanas, donde el gobierno restringe su gasto de acuerdo

con los vaivenes del mercado independientemente de sus condiciones

internas” (Huerta; 2004).



41

Gráfica 1.6

Incorporaciones presupuestales y tributarios (%PIB, 1977-2007)


Nadie estaría en desacuerdo que se destinen más recursos a las actividades

relacionadas con la seguridad pública y social. Sin embargo, el punto de discusión

consiste en establecer ¿por qué se han incrementado los problemas en estos

rubros? y ¿cómo una política de gasto que con el objetivo de subsanar estas

carencias lo único que logra es que las políticas sean poco sostenibles

reproduciendo constantemente círculos viciosos?, donde en algún momento se

incrementará de manera forzosa el gasto de gobierno que tanto se ha tratado de

mantener en orden.

La inseguridad pública y social, que tiende a incrementar el gasto, está

ampliamente relacionada con el desempleo, el subempleo y el empleo informal.



42

Después de 20 años de tener una economía que no genera puestos de trabajo

suficientes y de calidad se han formado generaciones carentes de los valores que

anteriormente se obtenían en el seno familiar, en la escuela o la empresa: la

unidad familiar se desintegró con la salida forzada de la mujer a la actividad

productiva debido a que con la pérdida adquisitiva de los salarios el ingreso de la

cabeza de familia se tornaba insuficiente. Por su parte, al incrementarse la

actividad informal se fue perdiendo de manera gradual la influencia que las

empresas bien constituidas tenían sobre gran parte de la población, no hay que

olvidar que la empresa también cumple con su parte formativa y; que decir de la

deserción escolar o de la educación ficticia, aquella que tan sólo incrementa las

estadísticas sin que medie una formación en los individuos.

Los elementos mencionados nos llevan a una sociedad desarticulada, donde el

gobierno debe incrementar su gasto en seguridad pública por no haber generado

condiciones de crecimiento y creación de empleos. Donde a su vez la falta de

empleos formales obliga a un incremento en los recursos dedicados a programas

como el del seguro popular, donde el gobierno tiene que asumir la totalidad del

gasto y que en otros esquemas compartía con el trabajador y el patrón. Pero no

sólo eso, también una cantidad menor de trabajo formal disminuye las cuotas de

seguridad social que perciben organismos como el IMSS (Instituto Mexicano del

Seguro Social) y que obligan a incrementar los recursos que la Federación tiene

que asignarles (A partir de 1999 las transferencias del Gobierno Federal al IMSS

son mayores a un 1% del PIB y van en aumento).

El desempleo, el subempleo y el empleo informal también abren la brecha en la

sociedad y llevan a una parte creciente de la población a situarse por debajo de la

línea de la pobreza. La manera en que las últimas administraciones en el poder



43

han avanzado contra la pobreza no es generando empleos, lo hacen

incrementando el ingreso de las familias pobres para situarlas por encima de la

línea de la pobreza mediante becas, apoyos, etc., es decir mediante programas de

asistencia (gasto) social.

El gasto en seguridad pública y social es muy importante, pero sino se configuran

condiciones de crecimiento lo que se hace es caer en un círculo vicioso donde el

problema no se soluciona y tan sólo se acentúa cada vez. El círculo virtuoso es

apostar por la creación de empleos, por la productividad y competitividad del país,

pero esto no se puede lograr mientras se siga con los recortes en educación,

infraestructura, ciencia y tecnología.

Así los esfuerzos, ampliamente destacados, en ahorro presupuestal pierden

solidez. Vicente Fox en su cuarto informe de gobierno, anunció que en lo que iba

de ese año se habían tenido importantes ahorros en materia de gasto corriente en

virtud de las medidas de restricción presupuestal que se habían adoptado en el

PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) correspondiente al mismo año,

de las que destacan: el mantenimiento de los salarios de los mandos medios y

superiores, la eliminación de las Secretarías particulares en ciertos niveles de

jerarquía, la automatización de los sistemas de gestión, racionalización de la

contratación de estudios y asesorías, reducción del arrendamiento de inmuebles,

la desin-corporación de entidades que ya no resulten estratégicas y prioritarias,

entre otros.

En lo que respecta al mantenimiento de los salarios de los funcionarios, la

eliminación de ciertos puestos y dependencias gubernamentales, se puede

argumentar que esto es parte del mismo problema en los fondos de pensión,



44

menores sueldos, menores plazas y menores dependencias tienen

aparejadas menores aportaciones a los institutos de seguridad social.

No obstante lo anterior, el gasto en servicios personales sufrió nuevamente un

incremento en el primer semestre del 2004, en relación con el primer semestre de

2003, situación que se dedujo por la prima vacacional de los profesores que se

había cubierto en julio de 2003 a diferencia de 2004 que había sido en junio. Aún

así quitando ese efecto se registraba todavía la presencia de un incremento que

se justificó con el carácter social que se le había dado al gasto de servicios

personales (Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox).

Para explicar la evolución del gasto corriente, de acuerdo con su comportamiento

numérico en el tiempo, resulta necesario desglosar un poco más la clasificación

económica, avanzando en sus componentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, define el gasto corriente en los

siguientes términos:

“Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la

creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los

gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la

compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las

funciones administrativas” (Glosario de Términos SHCP).

Algunos ejemplos de gasto corriente son: la remuneración de servicios personales,

la adquisición de materiales y suministros, el pago por servicios generales, las

transferencias corrientes y el pago de intereses por concepto de la deuda, etc. En



45

la Gráfica 1.7, se muestra la evolución del gasto corriente desglosado en: salarios,

intereses, adquisiciones, otros gastos y las participaciones y transferencias. Es

importante destacar que el gasto corriente no ha tenido la misma tendencia en

cuanto a su composición, en la década de los 80’s estuvo incrementado por el

ramo 24 “intereses y gastos de deuda” y a partir de mediados de los 90’s por los

ramos 19 “Aportaciones a Seguridad Social”, 28 “Participaciones” y 33

“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Gráfica 1.7

Constitución del gasto corriente (1977-2005)


Aún cuando rubros como adquisiciones y otros gastos se han disminuido

ligeramente, los salarios se han mantenido constantes por lo menos desde 1989, a

pesar de los esfuerzos que se han realizado para disminuirlos vía programas de

retiro voluntario.



46

Con relación al retiro voluntario (programa de separación voluntaria, posterior a

2003 Programa de Conclusión de relación laboral en la Administración Pública

Federal), se argumenta que si bien el gasto corriente del gobierno se ha

incrementado por los recursos adicionales que son destinados para el pago de las

liquidaciones, no obstante se estima que en el largo plazo se generarán ahorros

suficientes por la disminución del pago de los salarios.

Se menciona que en el año de 2003 se cancelaron 42,039 plazas, con un costo de

14,929.2 millones de pesos con lo cual se tuvo un ahorro de 915.9 millones de 125

pesos en el rubro de servicios personales (Balance de la Hacienda Pública

Federal 2003). El ramo presupuestal sobre el que se realizan las previsiones del

programa es el 23 “Previsiones Salariales y Económicas”. Se supone que las

entidades que participan en el programa tendrán que reintegrar a la Federación en

un tiempo no mayor a cuatro años la cantidad erogada, por concepto de la

separación, de los ahorros que se deriven de un menor pago de salarios (de

conformidad con el artículo 7, fracción III del PEF).

Uno de los problemas principales en esta situación es que con los ahorros

logrados no se piensa en incrementar la inversión física, a decir del ex-Presidente

Fox los recursos restituidos serán utilizados para disminuir el déficit presupuestario

(Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox). Adicionalmente, se

considera que en el largo plazo la disminución del aparato burocrático tiene al

menos dos implicaciones importantes: Incremento del desempleo que si bien se

ampara con una liquidación que va más allá de lo estipulado de manera regular

por la ley laboral, ésta no genera la posibilidad de que los individuos puedan en

todos los casos consolidarse como nuevos empresarios en un mercado que se

encuentra contraído y que no ofrece los incentivos de demanda necesarios. La

otra opción de los individuos que se adhieren a este tipo de programas consiste en



47

buscar trabajo en la iniciativa privada, situación compleja cuando hay un rezago

importante en la generación privada de fuentes de empleo.

En 2003, en promedio la liquidación de los funcionarios públicos fue de

alrededor de 360 mil pesos. Donde destaca la SEP con un promedio de 600

mil pesos en promedio, que se puede explicar por los años de servicio de los

funcionarios separados, se tiene que recordar que el estímulo adicional por

participar en el programa corresponde a un tabulador que incrementa meses

de salario por años de servicio. Otros casos que se ubican por encima de la

media corresponden al CONACYT y a la Secretaría de Energía. Por otro lado

y como dato de interés sólo en seis (SEP, SCT, SHCP, SEMARNAT,

SAGARPA e ISSSTE) de las 23 dependencias que participaron en el

programa de separación se concentró el 75% de la disminución de las plazas

presupuestales. En 2004 el número de plazas liquidadas fue de 12,387 con

un costo aproximado a los 600 mil pesos por plaza (5to Informe de

Gobierno). La totalidad de plazas adjudicadas al programa de separación

voluntaria y al de conclusión de relación laboral durante 2001-2007, fue de

104,924 con un costo de 47,774.5 millones de pesos.

Por otra parte, con estos programas de separación voluntaria, se pierde un

momento importante para la conformación de una nueva burocracia, si el proceso

se tiene que llevar a cabo se tendría que realizar mediante una estrategia que

propiciara la permanencia de los mejores elementos dentro de la plantilla laboral,

buscando con ello elevar la eficiencia en la actividad gubernamental.

Aún cuando se pudiera avanzar lo suficiente en la disminución de la plantilla

laboral del Sector Público, el gasto corriente no se va a disminuir, porque se

tendrían que instrumentar o bien destinar mayores recursos para programas



48

enfocados a incrementar el empleo, a generar pequeños industriales o

empresarios, a erradicar o controlar la pobreza, a brindar cobertura de servicios de

salud a los sectores desprotegidos, etc.

Al igual que en el caso del IMSS, la disminución de trabajadores en el

ISSSTE, reduce las cuotas que percibe la institución y obliga a una mayor

transferencia de recursos por parte del gobierno. En 2001 las transferencias

ascendían al 0.20% del PIB, mientras que en 2003 habían llegado al 0.31%

del PIB ya para 2007 la proporción se ubicaba aproximadamente en el .50%.

Lo anterior se sostiene por el aumento en la función de desarrollo social, rubro que

se incrementó en los inicios de la década de los noventa principalmente por la

mayor asignación sobre el gasto en educación y posteriormente su tendencia

alcista estuvo influenciada por el incremento en seguridad social (Gráfica1. 8). En

la Gráfica1. 9 se puede apreciar el cambio en su composición en el transcurso del

periodo, donde se destaca un intercambio de asignación importante de la actividad

de salud a la de seguridad social.

En el caso de México a diferencia de un estudio realizado para Argentina

(Ravallion 2002), en donde se constata que la consolidación fiscal de los

años 80’s y 90’s, caracterizada por la disminución del gasto, tuvo efectos

más que proporcionales en la disminución de los recursos destinados a la

educación, salud y seguridad social, se puede mencionar que en la década

de los 80’s también nuestra economía dedicó una parte importante de su

gasto corriente al pago de intereses, sin embargo en los 90’s se ha

observado un incremento en el gasto social (clasificación de desarrollo

social), lo interesante será constatar que tan conveniente es dicho gasto, ya

que para algunos analistas no necesariamente conlleva al crecimiento.



49

Gráfica 1.8

Aplicación del gasto (% PIB, 1990-2007)

Fuente: Elaboración con datos del Tercer Informe de Gobierno del

Presidente Vicente Fox y del Segundo Informe de Gobierno del

Presidente Calderón. La clasificación a partir del 2003 tiene algunas

consideraciones de gasto.

La depreciación del gasto corriente, por lo menos en términos relativos, se puede

lograr si se consigue que la economía empiece a crecer de manera permanente.

Cuando la economía crece, la iniciativa privada empieza a generar nuevas

oportunidades de empleo que podrían resultar mejores que los programas de

separación voluntaria. Claro es, que se hace referencia a un crecimiento real dado

por la esfera productiva y no por los movimientos de capitales.

Los recursos que se brindan a la creación de nuevas empresas o a la política de

creación de “changarros”, bajo un contexto de contracción del mercado interno

están destinados a fracasar por la alta mortandad de las empresas que tienen una



50

expectativa de vida muy corta, las razones que se buscan para dar una

explicación en algunos de los casos se enfocan a problemas de índole

administrativas dejando de lado el contexto económico en el cual se desenvuelven

y que es pieza clave de su pobre desempeño.

Se estima que el 75% de las empresas cierran después de dos años de

operación, que el 50% lo hace antes de cumplir el año y que tan sólo 1 de

cada 10 logra superar los 5 años (Revista en línea del Fondo para el

Desarrollo de la Ciudad de México). A propósito de la sexta semana PYME,

llevada a cabo los días 8 al 12 de mayo de 2006, se empezaron a manejar

algunas cifras respecto a la apertura y cierre de empresas dentro de esta

clasificación, a decir de Alejandro González, Subsecretario para las

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en el país se crean anualmente

más de 300 mil unidades productivas, en promedio al día se crean

aproximadamente mil nuevas empresas. El punto a resaltar es que el 50% de

las empresas de reciente creación cierran sus puertas no habiendo cumplido

el primer año de operaciones.



51

Gráfica 1.9

Clasificaciones de desarrollo social (1990-2007)

Fuente: Elaboración con datos del Tercer Informe de Gobierno del

Presidente Vicente Fox y del Segundo Informe de Gobierno del

Presidente Calderón. La clasificación a partir del 2003 tiene algunos

reasignaciones del gasto.

El gobierno, mediante la Secretaría de Economía puede seguir intentando

incentivar este esquema que es poco viable bajo las mismas condiciones, a pesar

de que el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa insista en que la

estabilidad macroeconómica del país reduce la mortandad de estas unidades

económicas, sobre todo cuando la estabilidad se sustenta en políticas fiscales y

monetarias contraccionistas (Para una descripción más acabada sobre los

aspectos del cierre de empresas se puede consultar Ramírez 2006). De acuerdo

con el número de patrones registrados en el IMSS, se tiene que la cifra disminuyó

en más de 7,000 en el periodo 2002 a 2004 (cuadro 1.1), disminución que es

considerable y que se sitúa muy cerca de la cantidad que había en 2001. En



52

algunos casos se puede asumir que la salida de algunos patrones del padrón del

IMSS se da por su incorporación a la informalidad con los problemas que ello

ocasiona, como es el incremento del gasto en seguridad social y pública, además

de la baja recaudación tributaria.

Cuadro 1.1

Número de Patrones Registrados en el IMSS

Periodo Total Diferencia Variación

1998 741,988

1999 742,882 894 0.1%

2000 799,819 56,937 7.7%

2001 803,180 3,361 0.4%

2002 811,244 8,064 1.0%

2003 (-) 807,655 - 3,589 -0.4%

2004 (-) 803,902 - 3,753 -0.5%

Fuente: Elaboración con datos del IMSS


La Disciplina Fiscal por otra parte no va a lograr el equilibrio de las finanzas

públicas, porque a menor gasto de gobierno, se tendrá menor demanda interna

que resultará en una menor tasa de crecimiento o actividad económica y por lo

tanto menores ingresos tributarios, es así como el equilibrio de las finanzas

públicas es inalcanzable ya que esta dinámica se asiente a un círculo vicioso que

impide el logro del equilibrio fiscal.



53

López (1987, p. 157), al respecto menciona “que un cambio en el gasto

público provoca cambios en el ingreso que hacen cambiar, a su vez el monto

de la recaudación tributaria...suponiendo que a partir de un déficit de

determinada magnitud, se intente reducirlo en cierto monto y que para tal

efecto se reduce el gasto en ese mismo monto prefijado. La reducción del

gasto provocaría una caída en el ingreso y por ende en los impuestos

recaudados. Por tanto la reducción en el déficit será menor que la del gasto

(en términos absolutos). Entonces para alcanzar la reducción del déficit que

se pretende, el gasto total deberá disminuirse en un monto mayor que aquel

en que se pretende que descienda el déficit. Es por tal razón que el efecto

depresivo al que aludimos resulta por así decirlo ampliado”. Siguiendo el

argumento anterior, es posible decir que una mejor forma de disminuir el

déficit sería incrementar el gasto de gobierno, que incida en el crecimiento

económico y por ende en una mayor recaudación.

La ortodoxia fiscal se adjudica que la disminución del gasto en algún momento

ajustará el gasto e ingreso del gobierno y se dará el equilibrio, en cambio en la

visión poskeynesiana es necesario incrementar el gasto para incentivar la

demanda interna y que ésta genere una mayor actividad económica dando por

resultado una cantidad mayor de ingresos a la hacienda pública. Con ello se

estaría garantizando la relación que guarda el crecimiento económico con el

incremento al menos en los ingresos tributarios.

Los ingresos totales del Estado observan una tendencia decreciente durante el

periodo de 1977 a 2003, no así los impuestos tributarios que en el mismo periodo

se mantuvieron constantes, con variaciones por debajo de la media en los

momentos que la economía se encontraba cerca o en momentos de



54

estancamiento. Huerta (2004; p. 124), en este sentido, menciona que el ingreso de

gobierno tiene un comportamiento pro-cíclico, por lo que disminuye con la

contracción económica que es propiciada por la propia Política Fiscal restrictiva.

La relación que guarda el ingreso con el gasto y se evidencia usando datos

mensuales del Sector Público para el periodo de 1995 a 2007 que los ingresos

totales además de estar estrechamente relacionados con el gasto total, tienen una

elasticidad cercana a la unidad (En el caso del gasto total del Sector Público

(gasto primario) el coeficiente de elasticidad es de 1.01, mientras que para el caso

del gasto total considerando los intereses se tiene un coeficiente de elasticidad de

.99.), lo que sugiere que una disminución en el gasto incidirá en una disminución

similar en los ingresos, lo que ocasionará que no se puedan estabilizar las

finanzas públicas mediante la reducción del gasto, por la dependencia que

guardan los ingresos con las variaciones del gasto.

Una de las estrategias utilizadas para lograr el equilibrio fiscal ante la imposibilidad

aparente de incrementar los ingresos consistió en disminuir la cantidad de deuda,

mediante el proceso de privatización, para bajar el pago de intereses y liberar

recursos, no en un esfuerzo de incorporarlos al gasto productivo, sino en el logro

de la Disciplina Fiscal que genere superávit para seguir pagando la deuda. Sin

embargo, de acuerdo con Papadimitriou y Wray (1998), resulta poco conveniente

buscar el pago de la deuda a partir de la generación de superávit, en virtud de los

malos resultados que arroja esta política al llevar a la economía a escenarios de

mayor estancamiento.

El superávit presupuestal frena la economía. No resulta válido intentar pagar

la deuda a costa de una menor actividad económica que implica menores

ingresos para el Estado y menores ganancias para las empresas. A la larga



55

la búsqueda del superávit presupuestal no logra la disminución de la deuda,

si esto fuera cierto la deuda del país ya estaría resuelta, no obstante la

deuda se encuentra por encima de los niveles observados en buena parte de

la década de los 90’s y el problema puede incrementarse si consideramos la

deuda contingente adicionada con el problema de los fondos de seguridad

social.

En el ánimo de disminuir la deuda se ha buscado por varios medios consolidar la

reforma estructural del sector energético, es decir, lograr la apertura en dicho

sector para que la inversión que genere sirva para el pago de la deuda (De forma

similar lo hizo Carlos Salinas de Gortari durante su gestión, donde si bien se

disminuyó esto se pudo lograr con la venta de paraestatales altamente rentables

como es el caso de TELMEX frenar la deuda). Esta medida no es otra cosa que un

intercambio de pasivos por activos que permitirá un ajuste temporal de las

finanzas públicas pero que no es una solución y tiene la desventaja de ser finita,

una vez que se acaban los activos rentables, la posibilidad de continuar con esta

estrategia se acaba y automáticamente deja de ser una opción para el capital

internacional.


Deuda

La contracción del gasto de no pago de intereses que intenta liberar recursos para

el pago del servicio de la deuda generando superávit primario tiene efectos

negativos sobre la tasa de interés ya que como se ha argumentado anteriormente

cuando el gobierno ejerce una política de gasto restrictivo drena las reservas

bancarias lo que conlleva a un incremento en el costo del dinero. Wray (2000),



56

menciona que si el gobierno no drenara las reservas bancarias la tasa de interés

de corto plazo no debería de ser alta. En un régimen de tipo de cambio flexible, el

gobierno que emite la moneda gasta abonando en una cuenta bancaria, por lo que

el gasto deficitario del gobierno toma la forma de incremento neto en las reservas

bancarias lo que disminuye la tasa de interés de corto plazo, mientras que el

superávit gubernamental presiona la tasa hacia arriba (Wray, 2004).

A decir de Huerta (2004; p. 125), si el gobierno reduce su gasto, afecta las

reservas bancarias debido a que se efectúan menores depósitos en el sistema

bancario, lo que presiona sobre la tasa de interés en virtud de que los Bancos

recurren al Banco Central para elevar sus reservas teniéndose por resultado un

alza en la tasa de interés que aumenta el servicio de la deuda y genera presiones

sobre las finanzas públicas. En la actualidad aún cuando no se ha incurrido en el

incremento del déficit presupuestal la deuda del país ha crecido, por lo que no

puede ser considerado el déficit como el causante de este nuevo endeudamiento

como fue argumentado en los inicios del 2000.

El temor de aumentar el gasto deficitario del gobierno, de acuerdo con el término,

consiste en el pensamiento de que a la larga esa alza llevará a un mayor

endeudamiento y al futuro incremento de los impuestos o reducción del gasto para

cumplir con la deuda actualmente contraída derivada del incremento en el gasto

deficitario. Como lo argumenta Domar (1944), si la economía crece

porcentualmente encima de la tasa de interés que paga la deuda, la relación

deuda-ingreso nacional además de permanecer estable en el tiempo puede

disminuir, a pesar de continuar con una política de contratación de deuda

permanente, abundando en esta idea Arestis y Sawyer (2003), mencionan que

mientras que la tasa de crecimiento exceda la tasa de interés que paga la deuda

de gobierno, la deuda es sustentable.



57

Resulta claro que si la deuda crece por encima de la tasa de crecimiento la

proporción de deuda no se estabilizará y de continuar el déficit se estaría

incrementando la deuda, pero si por el contrario el superávit es mayor que la

deuda como proporción del PIB se estabilizaría aún cuando el monto de la deuda

siguiera incrementándose.

El problema del endeudamiento actual tiene que ver con la mayor tasa de interés y

el menor crecimiento económico que en cierta medida son resultado de una

Política Fiscal contraccionista que evita incurrir en gasto deficitario, sin considerar

que el gasto deficitario dirigido a incrementar la productividad nacional, el

consumo interno y la exportación de bienes con un alto componente nacional,

puede generar tasas de crecimiento mayores a la tasa de interés.


La Disciplina Fiscal ha trabajado en favor de la estabilidad de la moneda y del

capital financiero y en contra del crecimiento económico, ya que al disminuir el

gasto se contrae el mercado interno. Bajo estos argumentos el crecimiento pasa a

depender del gasto del Sector Privado, de las exportaciones netas y de la entrada

de capitales. Elementos que cada vez son más difíciles de mantener por la propia

Disciplina Fiscal que se caracteriza por tener un carácter pro-cíclico.

“Los grupos interesados en mantener las cosas tal como están. Uno de ellos

lo representa el capital extranjero, donde encontramos a las compañías que

poseen inversiones directas en el país, las empresas que aprovechan el

mercado potencial colocando sus exportaciones en el mismo, además de



58

aquellas que aprovechando la necesidad de capitales colocan sus

inversiones con atractivos rendimientos y ciertos niveles de certidumbre. En

un ámbito interno encontramos que los principales beneficiarios son: los

grupos de exportadores, sectores capaces de orientar su expansión a

mercados externos; los capitalistas comerciales, dedicados al negocio de las

importaciones y; los capitalistas dinerarios. Para Héctor Guillén (1997, p.223)

los grandes ganadores de la política actual y quienes se opondrían al cambio

en el modelo serían básicamente: Las 24 familias más ricas del país, así

como el 10% de la población más rica que vio mejorado su ingreso; también

se opondría la alta burocracia gubernamental que incidió y consolidó el

modelo neoliberal y; los grandes organismos financieros internacionales,

auspiciados por los países industrializados” (José Valenzuela, 1991, p. 156-

160).

Esta Política Fiscal restrictiva resulta inadecuada para lograr la estabilidad fiscal,

la única razón para continuar con la búsqueda de la Disciplina Fiscal, mediante

políticas restrictivas, es mantener la estabilidad de las variables monetarias

garantizando el control de la inflación y la estabilidad de la tasa de cambio,

objetivos que cada vez resultan más costosos de mantener. Aún cuando también

se tiene que precisar que la restricción, tal como se ha comentado anteriormente,

cumple con la función de ampliar la influencia del capital privado, así, en un

contexto donde la disciplina conduce a que una gran parte de la población vea

disminuido su bienestar por un menor crecimiento económico y la incapacidad de

encontrar trabajo, otros son favorecidos por la apertura de los sectores públicos.

La liberalización gubernamental tan sólo es provechosa para un determinado

grupo de personas (nacionales o extranjeros) que tienen la capacidad para realizar

las inversiones que son declinadas por el gobierno.



59

Huerta (2004), menciona que una de las razones por las cuales la Política Fiscal y

monetaria se mantiene restrictivas es por el temor de que una mayor actividad

económica pueda tener efectos en la estabilidad de la inflación y el tipo de cambio.

Huerta, agrega que la estabilidad cambiaria es importante por varias razones:

“a) para incrementar la demanda por moneda nacional...b) para incrementar el

intercambio de divisas por moneda nacional; c) para financiar el déficit externo, y

d) para apoyar la propia estabilidad del tipo de cambio”.

La importancia de contar con un tipo de cambio estable que permita la entrada de

capitales financieros y evite su salida es una prioridad del gobierno; por lo tanto,

para lograrlo disminuye la actividad productiva mediante políticas monetarias y

fiscales restrictivas que derivan en altas tasas de interés, reducción del gasto

público y la extranjerización de la economía. Para mantener el tipo de cambio

estable se requiere ofrecer activos rentables al capital extranjero, así, el proceso

de privatización se constituye como un elemento crucial de estabilidad monetaria,

que amplía la influencia del Sector Privado y su capacidad de incidir en las

políticas, leyes y reglamentos que les son impuestos.

La estabilidad monetaria obliga, como se ha comentado, a continuar con la

Disciplina Fiscal que va en contra de la generación de déficit presupuestal y

ocasiona problemas para establecer una Política Fiscal contra-cíclica.

Recordemos que el gasto deficitario se agrega directamente a las ganancias

generando riquezas para el Sector Privado. Las ganancias generadas por el déficit

fiscal en el presente se constituye como un estímulo importante para la inversión

en el futuro, por ello su disminución ahora inhibe la inversión privada a menos,



60

claro está, que la actividad exportadora pueda superar el choque negativo sobre

las ganancias, de no ser así no habrá incentivos para invertir.

El proceso de privatización ¿Será crucial para la entrada de capitales? o bien

¿Será la única manera de atraerlos?, la respuesta tomando como referencia la

estabilidad monetaria es positiva, en virtud de que dicha estabilidad obliga el uso

de la Disciplina Fiscal. Pero una economía con tipo de cambio flexible que utiliza

su Política Fiscal para incentivar el crecimiento y es acompañada de la Política

Monetaria en tal objetivo puede lograr la entrada de capitales ante las

oportunidades de rentabilidad que genera su fase ascendente, sin que ello

dependa de la privatización de los sectores paraestatales altamente rentables y

estratégicos.

“Es común la creencia de que el gobierno encara una restricción

presupuestal y que por lo tanto el gasto debería ser financiado por

impuestos, préstamos o creación de dinero. Sin embargo, dado que muchas

economías en la actualidad prohíben la creación directa de dinero, se asume

que el financiamiento sólo puede ser posible con la complicidad del Banco

central” (Wray 2004).

En una economía, como la mexicana que no garantiza la rentabilidad a nivel

general en los sectores productivos por su bajo desempeño, los capitales externos

tan sólo estarán dispuestos a participar en el mercado doméstico en aquellos

sectores productivos con amplia rentabilidad asegurada, como en la actualidad es

el caso de PEMEX y la CFE (A tal respecto se puede revisar la exigencia de la

apertura del sector energético por parte de los empresarios nacionales expuesta

por Huerta 2003), o bien participarán en el mercado financiero siempre y cuando

las condiciones de riesgo y rendimiento sean atractivas. La atracción de los



61

capitales hacia México en sectores productivos se puede lograr mediante el

crecimiento económico, haciendo más atractiva la esfera productiva que la

financiera. Para ello se requiere la flexibilización del tipo de cambio que permita de

nueva cuenta el manejo soberano de la política económica, donde se pueda

instrumentar una política fiscal contra-cíclica que sea acompañada de la Política

Monetaria sin dejar de lado la revisión a la apertura económica. Lamentablemente

la apuesta es por la liberalización comercial, la estabilidad monetaria y la

Disciplina Fiscal que conlleva a la privatización de las empresas del Estado,

proceso que aparentemente ofrece determinados beneficios como a continuación

serán revisados.


A partir de la década de los ochenta, se empieza a gestar un cambio en la política

económica del país, derivado de la crisis de los energéticos y de la inestabilidad

del sistema monetario internacional de la década anterior. En este contexto el

Estado frenó su crecimiento y retrocedió en su intervención de la actividad

económica, mediante una política de privatización que se da como consecuencia

del mantenimiento de una política de tipo de cambio fijo y de la Disciplina Fiscal.

“Starr (1993: p. 34) menciona que el proceso de privatización no tuvo mayor

circulación en política hasta que llegaron al poder gobiernos de corte

conservador como lo fueron el de Inglaterra con Margaret Thatcher y el de

Estados Unidos con Ronald Reagan. (Lectura contenida en Kamerman y

Kahn, 1993)



62

Esta política de privatización, puede ser asumida como la contraparte de la política

de nacionalización y creación de empresas públicas que había instrumentado el

Estado desde 1917.

“una relación de estos aspectos para el caso argentino que bien podría ser

valorado para México ya que como se verá más adelante el proceso de

privatización de México y Argentina tienen elementos similares, “En sus

inicios, las privatizaciones argentinas de los noventa constituían la imagen

invertida en un espejo de las nacionalizaciones de los años cuarenta. Por

entonces tiempos de la inmediata post-guerra, la mayor parte de la sociedad

veía en las nacionalizaciones un instrumento para la solución de la mayoría

de los problemas económicos y de política pública: desequilibrios fiscales y

de balance de pagos, insuficiencia de inversiones y corrupción.

Posteriormente, con las privatizaciones, esa idealización se repitió, incluso

con argumentos similares: desprenderse de las empresas públicas

significaba acabar con la inflación, con la crisis del sector externo, con la

ineficiencia, con el corporativismo, con la corrupción y con la baja

productividad. Hoy, la imagen idealizada de las privatizaciones ya no se

invierte en un espejo temporal, sino que impacta contra una realidad de más

de diez años de empresas privadas operando en una economía

estructuralmente diferente a la de principios de la década anterior”. Una

experiencia que llevó a Argentina a una de las primeras crisis de este siglo”

(Gerchonoff, 2003).

En 1940 se contaba con 36 empresas públicas que fueron objeto del auge

Cardenista y posteriormente derivado de la política de sustitución de

importaciones el Estado vio incrementarse su número de empresas que llegó a ser

hasta de 1,155 en el año de 1982.



63

“presentan un interesante cuadro al respecto del número de empresas

públicas desde 1917 a 2003. Ayala (1995, p. 581), en un estudio al respecto

de la intervención estatal, mencionaba que el Estado en los 70’s, había

reclamado para sí la conducción global de la economía, mediante

mecanismos de coordinación que incidían en aspectos anti-cíclicos, que

sirvieron para apoyar ramas de la economía en dificultades financieras o

simplemente para apoyar la rentabilidad de otras” (Chong y López, 2004).

En 1982 ante un escenario de altos déficit públicos, una elevada y considerable

deuda externa y la presencia de niveles importantes de inflación, tanto los

acreedores externos como los organismos internacionales fomentaron la política

de privatización (El 10 de noviembre de 1982, nuestro país firmaba una carta de

intención con el FMI, en la cual se comprometía entre otras cosas a superar el

desequilibrio externo, abatir los índices de inflación y fortalecer las finanzas

públicas. El 19 de enero de 1990 y el 5 de abril de 1991, Pedro Aspe y Miguel

Mancera, enviaron una carta a Michael Candessus, mencionándole los logros del

gobierno y en el cual reportaban, entre otras cosas los avances en materia de

privatización), encaminada a la disminución del déficit fiscal y la posibilidad del

pago de la deuda.

“En la mayoría de los países en desarrollo, agobiados por la recesión y la

deuda externa, las privatizaciones han sido insistentemente promovidas por

los organismos financieros multilaterales, que incluso conceden créditos

específicos para profundizar y acelerar ese proceso... El objetivo principal de

aquellos organismos es abatir el monto de la deuda externa y de su servicio,

meta muy ambiciosa si se considera el volumen del débito” (Minsburg, 1993).



64

Las razones que se han enumerado por parte de la ortodoxia para justificar el

programa de privatizaciones, entre otras, son: Mejorar la eficiencia, mejorar las

cuentas públicas, disminuir el poder de los sindicatos, sustituir al Sector Público

por el Privado en la toma de decisiones en los mercados de bienes y servicios,

creación del capitalismo popular, incrementar la identificación de los empleados

con la empresa mediante la tenencia de sus acciones y redistribuir la renta y la

riqueza de la sociedad (Valdivieso, 2001, p. 56). No obstante, es importante

enfatizar que el proceso de privatización se enmarca en la pérdida soberana de la

Política Fiscal y monetaria, derivadas del mantenimiento de la estabilidad

monetaria, además de que el proceso estuvo inmerso en una serie de cuestiones

políticas de incremento en la participación de las actividades del Estado a

determinados grupos de poder que exigían para sí su provecho.

En este apartado se hará referencia tan sólo a dos aspectos de la discusión, la

eficiencia administrativa y la eficiencia económica como objetivo privatizador y sus

consecuencias económicas, es decir, la necesidad de privatizar para equilibrar la

balanza presupuestal, de capitales y disminuir el pago de la deuda.

En palabras de Córdoba (1991) “La privatización de empresas estatales

buscaba dos objetivos fundamentales: incrementar la eficiencia económica

centrando los objetivos de su administración y fortalecer las finanzas públicas

por medio de los recursos que se obtienen de su venta o de la eliminación de

subsidios que se les otorgaban con anterioridad”, tanto para Córdoba como

para Salinas (2000), Aspe (1992, 2005) y algunos otros el proceso de

privatización fue exitoso en sus resultados económicos; sin embargo, los

resultados, como se argumentan en el desarrollo de este apartado, cuando

así lo fueron tan sólo tuvieron efectos de corto plazo. En el caso Argentino,

Gerchonoff (2003), menciona que en “Argentina fueron las motivaciones

fiscales y de eficiencia en distintas combinaciones las principales impulsoras



65

del proceso de privatización. Ambos objetivos se han utilizado

frecuentemente en la argumentación en favor de esta política,

relacionándose el primero de ellos el de orden fiscal con el déficit que

generaban las empresas públicas y la necesidad de fondos frescos para

financiar a un Estado deficitario, especialmente en países en desarrollo;

mientras que la segunda categoría los objetivos de promoción de la eficiencia

y la competitividad refiere a la necesidad de brindar mejores servicios a los

consumidores y abaratar costos para permitir una mayor inserción

internacional de los sectores productivos”.


Se ha criticado mucho la eficiencia administrativa del Sector Público para

mantener y operar empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios que

bien pueden ser objeto de interés por parte de la iniciativa privada; por lo tanto, la

ortodoxia fiscal se postula por la máxima de que el Estado debe transferir a ese

sector todas aquellas actividades que puedan resultarle rentables, pero no sólo

eso, en el caso de participar en otras actividades el Estado deberá asumirse como

una institución ejemplarmente eficiente que pueda abatir sus costos de producción

y operación (Parguez, 2002). En estos dos postulados se da una discrepancia,

debido a que el Estado debe asumir únicamente aquellas actividades que no son

susceptibles de mercado, es decir, que dadas sus características no son

rentables, por lo tanto su producción u operación en muchos de los casos tenderá

a arrojar aparentemente magros resultados, en virtud de que muchas de estas

actividades, de carácter social, no arrojan flujos financieros directos (Sawyer

(1997), considera que el volumen de bienes y servicios ofertados por el Estado

considerados fuera de mercado (non-market) no le retribuyen un beneficio directo



66

por proporcionarlos, debido a que no se venden por dinero en efectivo, en este

sentido en ciertos casos el gasto de gobierno crea bienes intangibles de los cuales

no puede ejercer la propiedad y por lo tanto no puede destinar los beneficios

generados por sus propias actividades, exceptuando los que se derivan de niveles

más altos de ingresos impositivos como resultado de la aplicación del gasto que

propicia el crecimiento económico), aún cuando pueden arrojar beneficios de

manera indirecta vía los efectos multiplicadores en la economía (Myrdal, 1960, p.

20-21), menciona que los gastos presupuestarios del Estado asignados a la

enseñanza, justicia, defensa, obras públicas, necesidades culturales, socorro

contra las crisis, etc. no pueden justificarse por la posibilidad de dar como

resultado una ganancia al Estado, estas acciones deberán ser justificadas

directamente por las consecuencias sociales y económicas que se espera

originen).

Los argumentos para privatizar pueden ser abordados en tres diferentes

vertientes: La mala administración por parte del Estado, la falta de alicientes para

buscar la eficiencia y el perjuicio de los monopolios en economías de competencia

perfecta.

En relación con el primero, el argumento tiende a ser falaz ya que dadas ciertas

restricciones que el propio Estado les impone (Un ejemplo claro de lo anterior se

puede encontrar en PEMEX, empresa paraestatal que no tiene margen de

maniobra para realizar las inversiones necesarias para su actividad, en virtud de

que el Gobierno Federal durante muchos años ha basado su política de ingresos

en la actividad petrolera, dejando que la paraestatal presente rezagos, que son

asociados con su “ineficiencia”), lo realmente asombroso sería que las empresas

estatales obtuvieran buenos resultados al cierre del ejercicio. Los que lanzan esas

aseveraciones respecto a la ineficiencia del Estado, son aquellos que buscan

sacar ventaja de la privatización de las empresas (Campos 2000), Directora de la



67

revista Problemas de Desarrollo, en una breve editorial al respecto de la

privatización eléctrica, nos menciona cómo en el caso Argentino algunos

funcionarios como Alfredo Mirkín y Luis M. Caruso, aprovecharon su ímpetu

privatizador para hacer carrera en el Sector Privado, además de lograr posiciones

en organismos internacionales. Al final del día lo importante es preguntarse ¿A

quién benefician todas estas decisiones y cambios? Y no ser tan ingenuos para

pensar que los beneficiados a fin de cuentas será el grueso de la población),

diversos autores han documentado esta situación, expresando categóricamente

que la causa de la privatización de las empresas estatales tiene poco o nada que

ver con su eficiencia (al menos en el caso de Latinoamérica). De acuerdo con

Ayala (2003; p. 33-34):

“...las políticas de ajuste, la privatización y la desregulación... en particular de

las empresas públicas, fueron superficiales y aún frívolas. Los programas de

racionalización administrativa y de recortes del empleo público, fueron

concebidos como un objetivo en sí mismo, y no como un medio para lograr

una efectiva mejora en la administración”

La privatización bajo un contexto de liberalización financiera está centrada en el

logro de la estabilidad monetaria y no así en la eficiencia administrativa. De hecho

el ex-presidente Salinas en un recuento de su gestión, menciona que la

privatización se basaba sobre:

“una premisa política: vendíamos para obtener recursos y liquidar deuda no

por una declaración en contra de la eficiencia del Estado. Privatizar no

significaba considerar ineficiente toda intervención estatal (en algunos casos

esa intervención había sido irreprochable)... No creíamos en ese discurso”

(Salinas, 2000; p. 408)



68

El proceso de privatización a decir del ex-presidente Salinas (Salinas 2000; pp.

409- 419) tampoco respondía a un proyecto ideológico que buscara disminuir al

Estado o beneficiar al individuo por encima de la comunidad, la idea era sencilla

“los bienes públicos debían de remediar males sociales”, el incremento en el gasto

social que era necesario tenía que ser financiado con una estrategia diferente a la

que había llevado al endeudamiento al país (contratación de deuda o emisión

monetaria), la estrategia se suscribió a la disminución de la deuda para liberar los

recursos necesarios e incrementar el gasto social. No obstante, el argumento que

trata de carecer de intención, olvida considerar que los recursos que se destinaron

al pago de la deuda bien pudieron ser empleados en gasto de capital que arrojara

los flujos necesarios para su financiamiento.

En relación al segundo punto se asume que para la empresa pública la noción de

quiebra no está presente (La política de los 70’s instrumentada por el gobierno en

materia de intervención para evitar el cierre de las empresas privadas y con ello

proteger el empleo, fue a decir de Aspe (2005; p. 160) un incentivo para que las

empresas privadas no buscaran la eficiencia porque sabían que en el peor de los

casos el gobierno les compraría la empresa al nacionalizarla) y bajo este

argumento siempre estará el poder central para sacar de la crisis a cualquier

empresa paraestatal, rompiendo con ello el estímulo para que sean eficientes;

además de que el proceso político juega un papel importante al desvincular los

intereses de los individuos con los de la empresa (Sheshinski y López-Calva,

2003). Si bien es cierto que hay una problemática real, antes de pasar al cambio

de la propiedad de las empresas se podría mejorar su desempeño si se estimula

la responsabilidad individual en el ejercicio de las funciones inherentes al Estado

tal como lo propone Minsburg (1993). Por otra parte se podría deslindar la

actividad pública de las decisiones políticas mediante la puesta en práctica del

servicio civil de carrera.



69

“la instauración de un servicio civil de carrera, se estimula la continuidad de

los programas y con ello la disminución de la ineficiencia en la actuación de

los funcionarios públicos, con un sistema de promociones meritocrático se

estimula el mejor desempeño de los funcionarios y se elimina la

discrecionalidad de los gobernantes para designar a una parte de sus

funcionarios con lo que la administración pública se deslinda de las

decisiones y conveniencias políticas” (Guerrero, 2000).

En lo tocante al tercer argumento se tiene evidencia para suponer que parte de

este proceso privatizador ha estimulado la concentración del capital.

En el caso de Argentina, Azpiazo y Schorr (2001), mencionan:

“Las principales modalidades que adoptó dicho proceso tendieron a

conformar y preservar ámbitos de privilegio de acumulación y reproducción

de capital, caracterizado por un nulo riesgo empresarial y ganancias

extraordinarias”

Para el caso del Perú, Ruiz (2002), comenta que:

“Una de las consecuencias más importantes que ha tenido el proceso de

privatización es haber sido impulsor de una dinámica de concentración y

centralización del capital, especialmente en el sector constituido por

empresas de servicios públicos. La transferencia de algunas de estas

empresas a grupos económicos concentrados independientemente de los

significativos aportes que estas empresas realizan en términos de tecnología



70

y modernización podría implicar una transferencia de un importante poder de

decisión del Estado que, bajo determinadas circunstancias, podría restar

autonomía a importantes elementos de la política económica e inclusive a su

capacidad regulatoria. Cabe señalar, que algunas de estas empresas tienen

una enorme influencia en la formación de precios locales y, por consiguiente,

en la estructura de precios y rentabilidades relativas que pueden afectar la

competitividad de los restantes sectores de la economía”.

El proceso de privatización en gran parte de Latinoamérica consolidó estructuras

monopólicas u oligopólicas privadas que en su momento fueron públicas y que

veían por el bienestar de la sociedad y ahora solamente ven por el bienestar de su

propia rentabilidad sin importar las distorsiones que generen en la consecución de

sus objetivos.

“hay que evitar sustituir monopolios estatales que pese a sus deficiencias

inocultables responden a los intereses nacionales por monopolios privados,

los cuales en naciones como las latinoamericanas concentran un enorme

poderío, actúan de forma arbitraria y maximizan sus beneficios sin considerar

el servicio a la sociedad y su necesaria contribución al desarrollo económico”

(Minsburg, 1993).

Privatizar las empresas estatales, pensando en las fallas del Estado, sería tan solo

caer en el otro extremo constituido por las fallas del mercado. Con un Estado cada

vez más reducido incapaz de consolidar estrategias de crecimiento, seguramente

las empresas que hoy se concentran con capital nacional, serán víctimas de los

grandes conglomerados internacionales en el futuro bajo un escenario de

economía abierta.



71

“la necesidad de políticas para fortalecer la economía en el ámbito de la

competencia internacional. Han hecho que los partidarios de las políticas

orientadas por el mercado comienzan a reconocer que se requiere algo más

que privatización y desregulación”, asimismo menciona que “contrario a lo

que se pudiera pensar, el fortalecimiento de los mercados demanda un

gobierno mejor y más fuerte que sea capaz de hacer cumplir la Ley” (Ayala,

2003; pp. 114-134).

1.4.2. Resultados Económicos de la Privatización

Aún cuando se ha estimado que para países como México, Brasil y Argentina el

proceso de privatización ha resultado ser ampliamente exitoso, de acuerdo con los

recursos obtenidos de él (34,833; 83,523; 44,598 millones de dólares,

respectivamente como se puede apreciar en la cuadro 1.2). El problema consiste

en establecer si estos recursos en realidad permitieron a países como el nuestro

revertir su situación y encaminarlo a un proceso de crecimiento y generación de

empleo favorable.

Adicionalmente de la observación de dicho grafico se puede apreciar que en

ciertos sectores se tuvieron ingresos altamente representativos como es el

caso del sector energético y el de infraestructura. En lo que respecta a

México los ingresos por energía son mínimos en relación a los otros dos

países pero en el caso de infraestructura se visualiza una cantidad de

ingresos considerable. Así mismo, el sector financiero en el caso de México

está seriamente influenciado por la venta del Sistema Bancario.



72

A manera de ejemplo se citan algunas de las privatizaciones más cuantiosas

por país: México venta de TELMEX 6,875 mdd, Sistema Bancario 12,244

mdd; Brasil venta de Bancos 6,037 mdd, Telefonía 19,866 mdd. Argentina

venta de Yacimientos Petrolíferos 20,240 mdd y Telefonía 7,271 mdd.

Cuadro 1.2

Entradas por concepto de privatización (1988-2003, cifras en millones de

dólares)

Sector México Brasil Argentina

Energía 106 9,266 22,245

Financiero 13,073 6,720 1,127

Infraestructura 14,733 56,325 17,382

Servicios y manufactura 4,230 6,820 3,816

Primario 2,184 3,305 23

Otros 507 1,087 5

Total 34,833 83,523 44,598

Fuente: Banco Mundial

El análisis en esta parte se desarrolla básicamente en tres aspectos; el déficit

fiscal, la deuda pública y la balanza de pagos.

1.4.3. El Déficit Fiscal

Los resultados de la privatización de empresas en el corto plazo para el déficit

fiscal será la disminución del mismo, derivado de la disposición de dinero fresco



73

obtenido con su venta. En el largo plazo los efectos dependerán de los flujos que

se desprendan de esas transacciones, si las empresas antes de ser privatizadas

arrojaban flujos positivos se esperaría una pérdida en el largo plazo, siempre y

cuando estos flujos no sean reemplazados o superados por la captación de

impuestos que deberán pagar las nuevas empresas privadas. Cifuentes (1993).

De lo anterior se esperaría un efecto inmediato de la venta, por parte del Sector

Público, que sería consistente con una reducción del déficit convencional en el

periodo de la misma, un impacto posterior relacionado a un menor gasto

(transferencia) y una mayor recaudación impositiva.

Gracias a la privatización de empresas estatales se consiguió la disminución del

déficit fiscal e incluso se tuvo la presencia de superávit, aún cuando a decir del

expresidente Salinas (2000; p. 419) el gasto social se incrementó en rubros como

educación, salud y desarrollo humano, lo anterior fue posible gracias a que con los

recursos de la venta se pudo cubrir una parte de la deuda que disminuyó su

servicio liberando las finanzas públicas. El saneamiento de las finanzas públicas,

sin embargo, no ha sido permanente y se regresa insistentemente a la presencia

de algún porcentaje de déficit presupuestal, como se comentó anteriormente

denotando que aquellos que pugnan por la Disciplina Fiscal o la disminución del

déficit desconocen el impacto que tiene la disminución del gasto o el incremento

de los impuestos sobre los ingresos del Sector Privado y por ende sobre las

ganancias; menores ingresos hoy determinarán menores inversiones mañana y

con ello menor actividad económica que incide sobre los ingresos públicos y sobre

el déficit. Demostrando que la disminución del déficit logrado con las

privatizaciones es de corto plazo y cuando se aplica como se hizo en la gestión

Salinista tiende a reproducir el problema.



74

1.4.3.1 La Deuda Pública

Para los países latinoamericanos la política de privatizaciones simbolizó un

proceso de cambio de activos por pasivos, que en apariencia resultó exitoso, en la

medida que se disminuyó la carga de la deuda que pesaba sobre ellos y se

liberaban recursos dedicados al pago de los intereses. Por lo tanto, se tenía un

manejo menos restricto de los recursos del Estado. No obstante la propia

ortodoxia, encabezada por el consenso de Washington, exigía seguir trabajando

con Disciplina Fiscal.

Si bien con la privatización de las empresas públicas se avanzó en el pago de la

deuda externa, este proceso al no derivarse en una transformación estructural de

largo plazo, se revirtió y en la actualidad la economía sufre nuevamente los

embates de un nuevo endeudamiento, caracterizado por una deuda interna

creciente similar a la vivida en los inicios de los 90’s, pero bajo un escenario

diferente donde el Estado tiene menos riqueza y un menor margen de maniobra

para poder repudiar su deuda mediante una mayor inflación o con el manejo de su

política cambiaria.

“Para Argentina la disminución de la deuda del intercambio de activos por

pasivos, fue compensada por el nuevo endeudamiento que se derivó del

propio proceso de privatizaciones al asumirse los pasivos de las empresas a

privatizar”. (Azpiazo y Schorr 2001).

La transformación estructural a la cual se alude implicaba la utilización de los

recursos provenientes de la privatización en una forma diferente. Los recursos

bien pudieron ser utilizados para la ampliación de la infraestructura nacional o en

el caso de haberles dado el uso que se les dio, la liberalización de los recursos del



75

pago de intereses en el mejor de los casos debió de haber sentado las bases para

mejorar la productividad y competitividad de la economía, permitiendo con ello

mayor crecimiento económico que no pusiera en peligro el subsiguiente servicio

de la deuda y sobre todo que no se volviera a presentar una situación de

endeudamiento. El punto central consiste en el hecho de que cuando una

economía como la mexicana utiliza sus recursos en el pago de sus deudas y no en

propiciar y mejorar las condiciones que conllevan a su crecimiento se está en la

disyuntiva de depender de ingresos adicionales o de incrementar la deuda

contingente del gobierno por presiones sociales que son recrudecidas, como ya se

comentó, por largos periodos de bajo crecimiento.

La deuda externa bruta que llegó a alcanzar niveles del 60% del PIB en los años

de 1986 y 87, para 2005 tan sólo representa aproximadamente el 10% del PIB, lo

anterior se ha podido lograr, entre otras cosas con base en tres aspectos

principales: el proceso de privatización, el intercambio de deuda interna por

externa y en los últimos años gracias a los excedentes en reservas

internacionales.

El cambio de deuda interna por externa puede darse en la medida que ya no se

necesite la última, es decir, la funcionalidad de la deuda externa consiste en cubrir

su servicio y principal además de financiar el déficit comercial, conforme se tiene

una absorción de divisas ya sea por la venta de paraestatales o por una mayor

entrada de capitales extranjeros al mercado nacional, la deuda externa será

compensada.

En este sentido la deuda interna que también había tenido disminuciones

importantes a partir de 1996 se ha venido incrementando para ubicarse en 2005

alrededor del 14% del PIB, eso sin considerar la deuda contingente



76

correspondiente a los fondos del IPAB, antes FOBAPROA, el rescate carretero y

fideicomisos como el FIDELIQ, el FIRA, FOVI, el FAMEVAL, etc., y el problema

relacionado con la seguridad social que se constituye como una importante

complicación de deuda contingente por parte del gobierno federal, la deuda interna

se amplía aún más, esto sin considerar la deuda de los Estados y los municipios

que en algunos casos es bastante considerable.

“la deuda interna del país se puede cuantificarse de manera total en cuatro

rubros generales: (1) deuda consolidada (documentos gubernamentales), (II)

deuda contingente (programas de rescate), (III) deuda de las entidades

federativas y los municipios y (IV) fondos de pensiones. Considerando esta

agregación de la deuda Guillén nos presenta una estimación de deuda

interna alrededor de 40.1 y 40.5% del PIB para 2001 y 2002

respectivamente” (Guillén 2003).

Guillén (2003), en una estimación conservadora para el año 2002, considera que

la deuda total es de aproximadamente el 66.4%:

“gla deuda total de México al cierre del 2002 (externa e interna) es

equivalente a 423,397 MD, de la cual 165, 115 MD (39% del total) es externa

y 258,282 MD (61%) es interna. Vista la deuda total como proporción del PIB

y esto es lo más importante como medida del grado de endeudamiento,

representa el 66.4% del PIB al terminar 2002. La deuda externa total significa

el 25.9% del PIB, mientras que la deuda interna alcanza el 40.5%,

destacando dentro de ésta última los programas de rescate financiero y los

pasivos laborales de los institutos de seguridad social que absorben el 19.2%

y el 5.8% de la producción nacional, respectivamente”.



77

El proceso de privatización disminuyó de manera temporal el total de la deuda

(particularmente la deuda externa) dicha disminución puede estar relacionada al

incremento de la deuda interna, en dos sentidos, uno que es directo y que puede

ser una estrategia de intercambio de deuda externa por deuda interna y el otro que

no lo es y que está relacionado a la estrategia de crecimiento deficiente del

gobierno que impide que la deuda externa pueda ser cubierta sin recurrir al

intercambio de deuda y sin desviar recursos necesarios para propiciar el

crecimiento. La deuda no debe ser pagada emitiendo o contratando más deuda

para realizar el pago de la misma, la deuda debe ser pagada con el crecimiento de

la economía, en un contexto de contracción del gasto se cae en una situación

donde se recurre a la deuda para pagar deuda (Huerta, 2004; p. 125), si en la

visión de un crecimiento futuro es necesaria la contratación de nueva deuda para

emplearla en inversión esa podría ser una posibilidad, pero no hay que perder de

vista que en el enfoque poskeynesiano el gobierno no necesita endeudarse para

cubrir su política de gasto. De hecho bajo este cuerpo teórico el crecimiento

necesita de la expansión del gasto deficitario por parte del gobierno (Wray, 1993),

siempre y cuando trabaje con moneda soberana y se tenga flexibilidad de la

moneda respecto a su intercambio en el extranjero. La privatización no es la

respuesta ante el endeudamiento, pero si una condición necesaria cuando se

mantiene una política de estabilización monetaria y de restricción del gasto

gubernamental que no favorece el crecimiento.

De hecho un proceso de privatización acompañado de una política

económica que no propicia el crecimiento puede incidir en el incremento de

la deuda pública ante los rescates que hace el gobierno de ciertos sectores

que caen en una situación de quiebra, como fue el caso del rescate bancario

en 1995. Para Ortiz (2007: p. 365), la configuración del nuevo modelo no da

elementos para pensar en una situación donde se puedan evitar las quiebras

ni rompimientos en empresas productivas o financieras.



78

1.4.3.2 La Balanza de Pagos

En principio se sostiene que el efecto del proceso de privatizaciones en la balanza

de capitales será positivo en virtud de los flujos provenientes del extranjero para la

compra de los activos estatales, posteriormente se esperarían ingresos

adicionales por las inversiones en tecnología y mejoras que realizaran los nuevos

propietarios y también se pueden anticipar flujos de salida por remisión de

utilidades, dividendos al exterior y pago de intereses. Sin embargo, el saldo en la

balanza de capitales dado el proceso de privatización tuvo efectos también de

corto plazo. Si bien en el momento de la privatización se genera una gran entrada

de capitales su efecto es temporal, con el inconveniente de tener efectos

negativos en determinadas decisiones de política económica como la apreciación

del tipo de cambio que incide en la pérdida de competitividad de la economía en

su conjunto e incentiva el incremento en el déficit comercial (Huerta 2004; p. 54-

56) generando así mayor necesidad por la entrada de divisas, el círculo vicioso se

regenera y pone en shock a la economía una vez que la entrada de divisas deja

de ser suficiente para hacer frente a los requerimientos de las mismas.

La entrada de divisas a la economía se asume como necesaria para realizar el

cumplimiento del servicio de la deuda externa y financiar el déficit de cuenta

corriente. El mecanismo paralelo a la privatización de empresas que se utilizó para

atraer capitales a la economía consistió en la liberalización financiera.

El problema con la liberalización económica, además de incrementar la

vulnerabilidad de los países a las crisis bancarias y monetarias (Forbes, 2004), es

que disminuye la capacidad de maniobra de los gobiernos frente al capital



79

financiero internacional. En un contexto donde los inversionistas institucionales

son capaces de desplazar gran cantidad de ahorros en el mundo, la única manera

que tienen los gobiernos para mantener estable su tipo de cambio es adoptando

medidas similares a las de otros gobiernos en el mismo tiempo (Guillén, 2000),

con lo cual se incurre en la pérdida de políticas económicas soberanas e impide,

con ello, la capacidad de la economía de generar expectativas de ganancias para

los agentes privados inhibiendo el crecimiento económico. Por ello la liberalización

financiera incide en la pérdida de capacidad que tienen los países para

instrumentar políticas de crecimiento.

Bajo un contexto de liberalización se esperaba que el país tuviera acceso a los

mercados de bienes y de capitales, permitiendo con ello la importación de bienes

de capital y el financiamiento para adquirirlos y así estar en condiciones de

disminuir la brecha existente con respecto a los países desarrollados. Desde luego

que se intentaba también generar los ingresos suficientes para pagar el

financiamiento mediante una política industrial dedicada a la exportación de

bienes.

De acuerdo con Thirlwall (2003, p. 40), en una economía abierta en

desarrollo una de las principales restricciones al crecimiento es la

disponibilidad de divisas para pagar las importaciones, en este sentido el

crecimiento de las exportaciones que da amplitud a la balanza de pagos

sobre la demanda de importaciones se consolida como un elemento crucial

en el crecimiento agregado. Lo anterior, siempre y cuando el crecimiento de

las exportaciones presente un alto componente nacional que evite una alta

correlación positiva entre ambas variables.



80

Sin embargo, aún cuando en el sector comercial se incrementó la actividad, el

déficit comercial ha sido una constante, mientras que en el caso de la entrada de

capitales se tiene el problema de capitales de corto plazo o bien de inversión

extranjera directa que no crea nuevos negocios y tan sólo se dedica a comprar los

existentes.

Actualmente, suscritos a una economía con cadenas productivas desarticuladas

por la pérdida de competitividad son pocas las oportunidades que se pueden

ofrecer en el sector productivo para lograr la entrada de inversión extranjera

directa, a excepción de los sectores de alta rentabilidad en el Sector Privado

donde tan sólo se dan cambios patrimoniales, es decir no hay nueva creación de

empresas o bien en aquellas actividades altamente prioritarias que todavía quedan

en manos del gobierno. En este sentido para lograr la entrada de capitales hay

que seguir con el proceso de privatización o desregulación, sin importar que los

flujos de capital pueden generar efectos nocivos para el país o bien se deberían

de favorecer otras opciones de inversión en el sector productivo que dependerían

del crecimiento económico y la ampliación del mercado interno, elementos que

como ya se ha comentado, no son propiciados por el contexto actual de la

Disciplina Fiscal y estabilidad monetaria.

La privatización que no mejora la eficiencia administrativa ni económica y que

arroja beneficios temporales podría ser evitada con el rompimiento del dogma de

las Finanzas Públicas Sanas, cuando los encargados de la política económica se

convenzan de que no se necesitan vender empresas para financiar el gasto del

gobierno, realizar obras de infraestructura o pagar deuda. Pero si para ellos fuera

conveniente no romper con el dogma se tendría que salvar esa situación

favoreciendo un contexto más democrático bajo el cual las personas se involucren

y decidan cuáles deben ser las prioridades de política económica en el país:

mantener el equilibrio fiscal que conduce a niveles de crecimiento inestable que



81

depende de factores exógenos e incide en desempleo o; una política económica

con el uso del gasto deficitario de manera responsable.

El contexto democrático al que se hace alusión, no se limita a tan sólo a sufragar,

es un concepto más amplio, tiene que ver con tener voz, espacios, el derecho a

saber qué es lo que hace el gobierno y porque y una participación activa ya que de

acuerdo con lo que expone Stiglitz (1999) la mayor participación conlleva a mayor

involucramiento y con ello mayor compromiso por parte de la sociedad en la toma

de decisiones que inciden en el desarrollo del país.



82

Capítulo 2.- Una Mirada a México. Propuesta para una Mejora en la Reforma

Financiera en el País.

2.1. Crecimiento y Desarrollo en México.

Una propuesta para mejorar la economía en el país es la industrialización. En

México tiene sus inicios en el Porfiriato, debido a que, ante la necesidad de

promover el desarrollo del país y sacarlo de las condiciones de atraso, Porfirio

Díaz decide entregar al capital extranjero concesiones para explotar los principales

recursos naturales del país y todas las facilidades para establecer industrias de

todo tipo, llevándose a cabo una economía primario exportadora, que en lo

general se dedicaría a la exportación de materias primas, la actividad industrial era

escasamente variada y estás actividades se encontraban en manos de capitales

extranjeros. Aunque la necesidad era atraer capital, por el escaso e inexistente

capital nacional, el problema fue dar las concesiones sin evaluar los riesgos que

se podrían presentar por entregar el capital bruto o natural a extranjeros.

Cuando México se encuentra en planes de industrialización, en donde se plantea

una sustitución de importaciones y se propone el desarrollo del mercado interno, lo

cual se logra por un cierto periodo, no llega a concretase como un capitalismo de

primer mundo, debido a que nunca se llega por completo a la fabricación de

bienes de capital, ya que se depende de los adelantos tecnológicos del exterior,

por lo que México sigue siendo dependiente de los grandes países

industrializados, proceso que se debilita a partir de la implantación de un plan

económico carente de un objetivo orientado a la no dependencia de avances

tecnológicos, por la nula inversión en este ramo, lo que ocasiona que el país no

pueda desarrollarse.



83

Uno de los presidentes de México que se preocupó de manera especial en el

crecimiento del país fue Lázaro Cárdenas (1934-1940). El crecimiento económico

se convirtió en uno de los objetivos fundamentales de su gobierno. El creía que

para asegurar el crecimiento, el gobierno tenía un mandato explícito, consagrado

en la Constitución, de intervenir en la economía. Primero, por medio de la

redistribución de la tierra. Segundo, el control de la política fiscal y monetaria.

Tercero, mediante la creación de empresas públicas en manufactura, el

transporte, la banca y otras actividades. Cuarto, por medio de los controles de

precios de algunos productos. Quinto, con intervenciones en el comercio y la

inversión extranjera, la legislación laboral, la política crediticia, etc.

Esto tenía dos implicaciones fundamentales: 1) el gobierno sería el actor central

en la vida económica del país, y 2) el gobierno asumiría el papel de árbitro y

equilibraría las demandas opuestas de los trabajadores, los campesinos y los

empresarios. Esto seguía un patrón económico que se manifestaría a raíz de la

crisis de 1929, en donde el gobierno entraría en la vida económica para regular los

problemas a los que se hacía frente. De esta manera surgen una serie de

determinaciones que buscaría el gobierno aplicar con la finalidad y necesidad de

un crecimiento constante y una mejora a la reforma financiera.

La intervención de Cárdenas en la vida económica del país fue buena y viable, ya

que éste, partía del hecho de la falta de equidad entre trabajadores y empresarios

en el reparto de la riqueza generada por ambos.

En su concepción, los empresarios tenían una responsabilidad social, no sólo

fomentando la rentabilidad de sus negocios, sino procurando el bienestar de sus

trabajadores. No se trataba de una política justiciera; mejores retribuciones a los



84

trabajadores, que conformaban el sector más amplio de la población, darían como

resultado el incremento de su poder adquisitivo y, por ende, la ampliación del

mercado interno, que, a su vez, en un circulo virtuoso, impulsaría la

industrialización del país.

La industrialización en México en manos de capitales nacionales se da a partir del

Plan de desarrollo Cardenista (1934 - 1940), el cual planteaba lograr la

implantación de la sustitución de importaciones con la ruptura del modelo Primario

Exportador; se plantea un patrón de industrialización en donde México deje de ser

dependiente, con lo cual el país creara sus propios bienes de capital. Se proponía

un plan de crecimiento hacia adentro, es decir, se pensaba en crear la

infraestructura necesaria para desarrollar y explotar los recursos con los que

cuenta el país, en donde México deje de ser un país exportador de materias

primas.

La exposición de motivos del Plan Sexenal, con el que el Partido Nacional

Revolucionario (PNR) de Calles pretendía sujetar a Cárdenas cuando tomara

posesión de la presidencia, decía en su primer párrafo:

“Entre los problemas que suscita la sucesión presidencial que habrá de

consumarse en el año de 1934, figura de manera preeminente el de la

elaboración de un plan de gobierno que constituya un solemne compromiso

ante la nación de desarrollar una política social, económica y administrativa,

capaz de traducir en hechos los postulados que se proclamaron en los años

de la lucha armada8” (Poblett, 2002: p. 50).

En otro párrafo del Plan Sexenal, Cárdenas encontró apoyo para la convicción de

que el gobierno estaba llamado a realizar aquello que la iniciativa privada no haría,



85

como construir la infraestructura que requería el desarrollo económico del país, o

buscar el equilibrio en el nivel de vida de todos los sectores sociales: “El Estado

mexicano habrá de asumir y mantener una política reguladora de las actividades

económicas de la vida nacional; es decir, franca y decididamente se declara que

en el concepto mexicano revolucionario, el Estado es un agente activo de gestión

y ordenación de los fenómenos vitales del país, no un mero custodio de la

integridad nacional, de la paz y el orden públicos” (Poblett, p. 2002).

Cárdenas encontró durante su gobierno la idea de que el Estado no solo debía

llevar a cargo sus funciones principales, sino que además, debería ser el motor e

impulsor del desarrollo y crecimiento del país, ayudando, incentivando e incluso

haciéndose cargo de empresas (estratégicas o no) privadas, para conseguir

dichos objetivos. Y fue así como, a partir de una auditoría realizada a las

empresas petroleras por el licenciado Jesús Silva Herzog, y observando

resultados, tales como el agotamiento de los pozos petroleros, se detectó que la

compañía El Águila tendía a prácticas monopólicas al acaparar el 60 por ciento de

la producción total (Poblett, 2002: p. 103); que a México le vendía más caro el

energético que a otras naciones; que embarcaban petróleo sin dar aviso de su

salida. Con base en ese estudio, el 18 de diciembre de 1937 la Junta Federal de

Conciliación emitió un fallo a favor de los trabajadores, que exigían un aumento

salarial, instando a las empresas a pagar los montos que indicaba y a dar

respuesta en un plazo de veinte días. Ante el desacato al laudo por parte de la

compañías, el 16 de marzo siguiente la Junta las declaró en rebeldía y el 18 el

presidente anunció al pueblo de México la decisión de expropiar la industria

petrolera. Lo que se convirtió en la principal fuente de ingresos del Estado

posteriormente.

En México se señalan varias etapas en su desarrollo: en la primera, durante los

años cuarenta, predominan los talleres artesanales; en la segunda etapa, que



86

comprende los años cincuenta y sesenta, el crecimiento dinámico incidió en la

industria de bienes de capital, iniciándose la fabricación de ciertos tipos eléctricos

y de transporte; la tercera etapa se inicia en los años setenta y se caracteriza

porque empiezan a fabricarse bienes de mayor complejidad tecnológica. Sin

embargo, no llegó a consolidarse la industria de máquinas herramienta, que es un

elemento del desarrollo tecnológico de la industria manufacturera. La industria de

bienes de capital no logra superar su debilidad al no ser suficientemente atendida

por los capitalistas nacionales (Rueda, 1998).

Desde los años cuarenta, la política económica y social respondía a los intereses

de la naciente burguesía industrial. El proceso inflacionario, acelerado en esa

década, permitió reducir los salarios reales y elevar las ganancias empresariales,

lo cual estimulaba la acumulación de capital. El rubro de desarrollo industrial

constituía el de mayor proporción en la inversión pública federal.

Después de la devaluación del peso en 1954 y de un periodo de flotación se inicia

otro de estabilidad del tipo de cambio peso-dólar (12.50) que se prolonga hasta

1976, con bajas tasas de inflación hasta 1969. En estas condiciones, la

acumulación de capital se desarrolla sin tropiezos en la etapa del llamado

desarrollo estabilizador, de mediados de los años cincuenta a finales de los

sesenta.

Entre 1954 y 1970 el crecimiento anual del PIB alcanzó un promedio de 6.8%,

mientras que la inflación crecía 3.5% anual. El periodo se caracterizó también por

una elevación de los salarios reales (Bazdrech y Levy, 1992: p. 255).

Durante el desarrollo estabilizador (1956 – 1970) se tenía confianza en invertir en

México. Las políticas macroeconómicas aplicadas dieron como resultado el flujo



87

estable de entradas de capital y propiciaron a que el ahorro externo se gastara

internamente.

Entre 1950 y 1970 la economía mexicana tuvo desempeño exitoso, ya que se

industrializó y modernizó. A raíz de unos cambios en la política económica en los

años setenta, la economía se torna vulnerable a las condiciones externas y

enfrentó dos crisis de balanza de pagos, una en 1976 y otra en 1982.

En la década de 1970 se elevó el déficit del presupuesto público, en buena parte

ocasionado por los subsidios estatales al capital privado, la baja tasa impositiva a

éste y la necesidad de aumentar la inversión pública ante el descenso de la

privada.

La respuesta gubernamental a la desaceleración del crecimiento económico de

principios de los años setenta fue la expansión del gasto público y la creciente

intervención estatal. En respuesta a presiones políticas y sociales que no tardaron

en aparecer, se incrementó el gasto público, incluido el gasto social, y se intentó

fortalecer el control gubernamental de la economía aumentando el número de las

empresas en manos del Estado y expandiendo los mecanismos regulatorios. En

este periodo hubo una inversión considerable en proyectos de infraestructura y se

extendieron los servicios educativos y de salud pública. El resultado, fue un

aumento en el déficit fiscal y un creciente desequilibrio de la cuenta corriente de la

balanza de pagos, ambos financiados con endeudamiento externo.

Las tasas de inflación, que fue orgullo de México, alcanzaron en forma crónica

niveles de dos dígitos, aumentando para 1969 en 3.4% a 17% en 1975. La

estrategia de crecimiento basada en la expansión del gasto público se derrumbó

en 1976. El sector privado, preocupado y hostigado por el expansionismo estatal,



88

recurrió a la fuga de capitales para proteger su riqueza contra una probable

devaluación y también como un arma política en contra del gobierno. Las

autoridades sostuvieron el tipo de cambio fijo y financiaron la fuga de capitales con

nuevos préstamos y con reservas. Pero las reservas se acabaron y en Agosto de

1976 se permitió la flotación del peso. De inmediato el peso se devaluó. La

economía entró en un periodo de crisis, la producción bajo drásticamente y la

inflación se aceleró. Así, se recurrió al FMI en busca de apoyo financiero.

Pero la ayuda del FMI venia condicionada con la aplicación de una serie de

políticas económicas. Hoy el FMI típicamente aporta dinero sólo si los países

emprenden políticas como recortar los déficits y aumentar los impuestos o los

tipos de interés, lo que contrae la economía. Cuando está fue constituida con la

creencia de que es necesaria una presión internacional sobre los países para que

acometan políticas expansivas (subir el gasto, bajar los impuestos o el tipos de

interés), para estimular la economía.

2.2. ¿Qué nos Trasladó al Nivel Económico Actual?

En México se instituyo una estrategia económica que logró durante 15 años un

crecimiento acelerado y sostenido con una tasa media anual del Producto Interno

Bruto (PIB) de 6.48%, y del PIB por habitante de 3.41% (Solís, 1981: p. 92), una

inflación muy moderada, una estabilidad del peso frente al dólar y una mejora

generalizada en el poder de compra de los salarios; por lo que la nueva estrategia

debe ser evaluada con los mismos parámetros. Insisto, la estrategia seguida

durante 1955-1970 llamada de desarrollo estabilizador se había agotado y eran

necesarios cambios; pero ¿cuáles cambios? ¿La nueva estrategia ha logrado

buenos resultados?



89

Cuadro 2.I

La Economía Mexicana (1953 – 2000)

Periodo Tipo de

Cambio

Peso/dólar

Salario

Mínimo

Inflación

Acumulada

Anual

Promedio

PIB

constante

(millones

de $ de

1970)

PIB/Hab.

($ de

1970)

PIB

(millones

de $ de

2000)

PIB/ Hab.

($ de

2000)

Desarrollo Estable

1953 –

1958

12.50 12.0 43.48 6.9 202.46 6.16 131 23561.73

1959 –

1964

12.50 21.5 13.64 2.2 298.68 7.46 247 28537.58

1965 -

1970

12.50 32 17.33 2.7 444.27 9.21 444 35237.25

Desarrollo Inestable

1971 -

1976

22.0 96.7 136.91 15.4 628.51 10.72 4273.36 1221

1977 -

1982

150.0 364.0 458.88 33.2 917.05 13.18 5253.58 9798

1983 -

1988

2281.0 8000.0 3709.90 83.4 926.96 11.85 4724.45 389257

1989 -

1994

3.15 15270.0 139.12 15.7 1111.80 12.48 4972.86 1420159

1995 -

2000

9.60 37900.0 225.98 21.7 1358.95 13.95 5561.28 5732282

FUENTE: Elaboración con datos del INEGI y BANXICO, en banco de datos y series históricas

respectivamente

La política económica aplicada en México a partir de los años ochenta, originó una

profundización de la disparidad estructural y la desigualdad social; mayor

dependencia y transnacionalización; regresión productiva; desarticuló la estructura

económica y concentró la modernización en las actividades exportadoras.



90

Además, empeoró las condiciones de vida de las grandes mayorías.

La dinámica de ajuste estructural impulsó un abandono del mercado interno y la

reorientación del aparato productivo hacia la exportación, aumentando la brecha

entre sectores y actividades económicas; entre grandes y pequeñas industrias y

entre regiones.

La apertura comercial indiscriminada y la desregulación profundizó el desequilibrio

de la balanza comercial, generó graves déficits y acentuó la dependencia

financiera; en este modelo de desarrollo extrovertido, los crecientes flujos de

capital externo se han convertido en uno de los medios fundamentales para

mantener una precaria estabilidad financiera, existiendo en algunos casos y

periodos (por ejemplo, en México de 1990 a 1994), monedas sobrevaluadas,

hecho que, unido a debilidades del aparato productivo, profundiza la tendencia

deficitaria de las balanzas comerciales.

Un rasgo común de los programas de ajuste es la protección al capital

monopólico, la privatización del sector público, la promoción del control externo de

los sectores estratégicos y los cambios legislativos para subordinar el aparato

productivo a una división internacional del trabajo que beneficia principalmente a

los países del norte. Sus consecuencias han sido: estancamiento y reducción del

empleo; descenso del salario real y del ingreso de los campesinos (CEPAL, 1998)

y productores agrícolas, crisis de medianas y pequeñas empresas, contracción del

producto por habitante y, en ciertos casos, significativa caída del PIB.



91

Aunado a todo esto, con el objetivo de continuar cubriendo el servicio de la deuda,

se impuso un ajuste que violó, fundamentalmente, el sacrificio de trabajadores,

clases medias y medianos y pequeños empresarios. Las políticas antiinflacionarios

y de saneamiento de las finanzas públicas se han basado en alza de impuestos,

severos e inequitativos controles fiscales; elevación de precios y tarifas; y, en

numerosos casos, reducción de la inversión pública y de los gastos en salud,

educación, bienestar social y obras de infraestructura.

A veces, por esta vía se ha logrado cierta efímera estabilización pero con un gran

costo económico y social y una creciente pérdida de soberanía.

2.2.1. Impacto Social de las Políticas Neoliberales

El objetivo primordial de cualquier estrategia económica es crecer; la primera gran

promesa del neoliberalismo, y particularmente de los promotores del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es precisamente volver a lograr un

crecimiento estable y sostenido. La realidad ha sido otra: prácticamente no ha

habido crecimiento real. La economía ha crecido por encima de la inflación, pero el

resultado es negativo si además de la inflación consideramos el aumento de la

población. El PIB por habitante en diciembre de 1997 es 0.81% menor que el de

1981 (último año de crecimiento real antes de la crisis y del inicio del

neoliberalismo). Menos producto por habitante que 16 años atrás. Habrá quien

atribuya esto a la crisis de 1995, pero no es así. Antes de la crisis (1994), el PIB

por habitante ya era 0.53% menor que en 1981.



92

Los siguientes años (1997 a junio de 2000) se logró un crecimiento real por

habitante de 9.25%; pero el saldo global del neoliberalismo hasta la fecha ha

significado una tasa media de crecimiento del PIB por habitante de sólo 0.42%.

(Cálculos propios con base en información oficial. Fuentes: el PIB en pesos en

1993, INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), tomado del banco

(electrónico) de Información Económica (BIE). La población son estimaciones a

partir de la tasa media de crecimiento entre el Censo de 1980, 1990 y 2000)

Una de las propuestas hechas por el presidente, Vicente Fox Quesada, fue la de

un crecimiento alrededor del 7% anual. A su pesar, para el 2001 el Producto

Interno Bruto (PIB) mostró una tasa de crecimiento anual negativa de 0.03 %; esto

solo para su primer año como gobernante. Para el 2002, se reportó una tasa de

crecimiento muy por debajo de lo esperado 0.77%; lo que nos deja un saldo en

contra de sus expectativas de un crecimiento promedio para sus tres primeros

años de gobierno del 2.22% algo muy, pero muy lejos de lo que sería su más

grande promesa de campaña (Cuadro 2.2)



93

Cuadro 2.2

Producto Interno Bruto

(Millones de pesos a precios inmutables de 1993)

Año Total Tasa de

Crecimiento

1995 1,233,056.7 n.d.

1996 1,296,417.3 5.15

1997 1,383,948.4 6.78

1998 1,452,055.9 5.02

1999 1,507,764.9 3.75

2000 1,606,889.3 6.59

2001 1,605,177.5 -0.03

2002 1,618,107.4 0.77

2003 1,641,105.0 1.44

2004 1,709,780.3 3.12

2005 1,740,033.6 3.04

FUENTE: Elaboración con datos del INEGI.

Insulta a la dignidad de los ciudadanos que al mismo tiempo que se mantiene un

modelo económico excluyente, se anuncien programas como el Progresa de corte

asistencialista, (como la promesa de ayuda a 400 mil familias en pobreza

extrema), que no resuelven la grave situación de marginación y desnutrición que

afecta a más de 40 millones de compatriotas.

La política de desarrollo social de la administración de Vicente Fox en realidad es

una política de contención social con una visión altruista. En las condiciones

actuales, la pobreza no ha podido ser aminorada por la actual política económica.



94

La política económica debe transformarse en una estrategia de crecimiento y

desarrollo redistributivo. El mejoramiento de las condiciones de vida de los

mexicanos debe ser el eje fundamental de la estrategia macroeconómica.

En la actualidad se mantienen pesimistas los salarios y los ingresos de los

trabajadores del campo y de la ciudad. Se sostiene una política económica

restrictiva del crédito para micro, pequeños y medianos empresarios y se mantiene

deprimido el mercado interno, lo cual se refleja en el creciente nivel de pobreza,

que se agudizan en las zonas rurales e indígenas del país.

Los derechos sociales como la alimentación, educación y salud, entre otros, se

deben satisfacer mediante una política económica y distributiva que permita a la

gente tener un empleo y un ingreso suficiente para que ella misma satisfaga sus

necesidades Sin el afán de agregar puntos en contra a la administración del P.

Vicente Fox, para el gobierno anterior, las cosas fueron o se mostraron mejores,

con tasas de crecimiento anual de 6.78 por ciento para el año de 1997.

Las causas que llevaron al estancamiento de la economía mexicana son varias,

según versiones del Presidente Fox, aunque una de las más notadas o a la cual él

pone mayor énfasis es la cuestión de la posible Reforma Fiscal, que

desafortunada o afortunadamente no ha sido aprobada.

Dentro de la ya tan mencionada Reforma Financiera, se encuentran los cambios a

los nuevos tramos del ISR propuestos por la iniciativa de reforma tributaria que

van desde los que tienen ingresos anuales menores o iguales a 50 000 pesos que

se exentarían del pago del ISR, hasta los que presentan ingresos anuales

mayores a 500,000 pesos, que pagarían un ISR del 32%. Por otro lado también



95

está dentro de su propuesta de Reforma, la aplicación de IVA a alimentos y

medicinas que sería del 15%.

En los Lineamientos de Política Económica para 2005, que se encuentran

comprendidos en los Criterios Generales de Política Económica para el mismo

año, se contempla el programa de reformas estructurales que dentro de la política

económica del presidente Fox, eran necesarias para incrementar la productividad,

como la llave para generar un crecimiento sostenido y una mejor distribución de la

riqueza.

Estas reformas comprenden seis grandes vertientes: las reformas energética,

laboral, fiscal, al sistema de pensiones, al régimen fiscal y corporativo de PEMEX

y al proceso presupuestario.

1. La reforma energética busca favorecer la competitividad del aparato

productivo nacional mediante dos contribuciones básicas: la disminución de

los costos de las fuentes de energía y el incremento de la calidad de dichos

insumos. Con ese fin se busca hacer más eficiente el funcionamiento y la

administración de las empresas paraestatales para ofrecer servicios a

precios competitivos. Además, se pretende favorecer una mejor explotación

de los recursos, promoviendo una mayor participación del sector privado en

la inversión que requiere la industria energética.

2. La reforma laboral busca impulsar una nueva cultura que amplié las

oportunidades de desarrollo de los trabajadores y que aliente la

productividad de la mano de obra. En particular, se pretende establecer un

marco regulatorio flexible que promueva y agilice la contratación de los

trabajadores y, al mismo tiempo, conduzca a remuneraciones más elevadas



96

que tengan sustento en las ganancias en productividad. Asimismo, se

busca dotar de transparencia y certidumbre jurídica a las relaciones obrero-

patronales, facilitando y respaldando así el desarrollo de proyectos

productivos.

3. En los últimos años se ha tenido un manejo responsable de las finanzas

públicas, sin embargo los resultados positivos han sido apoyados por el

aumento de los ingresos no recurrentes y petroleros.

Al mismo tiempo, el sistema tributario mantiene tasas diferenciales y exenciones

que limitan su capacidad recaudatoria. En este sentido, los resultados de los

trabajos y las propuestas presentadas en la Convención Nacional Hacendaria

indican claramente la dirección en que deben moverse nuestros sistemas tributario

y de coordinación fiscal para lograr un sistema fiscal que mantenga finanzas

públicas sanas, dote de mayor certidumbre a los ingresos, y por tanto a los gastos

del sector público, y mediante el cual se logre una reorientación de los recursos

públicos hacia la atención de las necesidades sociales más urgentes.

4. Al ser reformada la Ley del Seguro Social en 1997, no se hicieron

modificaciones paralelas al sistema de pensiones del ISSSTE.

La alternativa demográfica y el aumento de las prestaciones, sin el

correspondiente aumento de las contribuciones, han generado un déficit

actual y de flujo de caja insostenible.

El fondo de pensiones del ISSSTE funciono como un sistema de reparto,

donde las contribuciones de los trabajadores actuales pagan las pensiones

de los trabajadores jubilados. En 1959, año en que fue creado el instituto, la



97

estructura poblacional más trabajadores jóvenes que personas en retiro le

permitió acumular recursos y destinarlos a objetivos de mayor demanda en

aquel tiempo, como la construcción de clínicas y hospitales. Sin embargo, la

estructura demográfica actual se ha modificado radicalmente: hay un mayor

número de personas cerca de la edad de retiro y menos jóvenes que

sustituyan a esos trabajadores.

Congruente con este diagnóstico y con las acciones propuestas en la Mesa

de Deuda Pública de la Convención Nacional Hacendaria, se propone crear

un Sistema Nacional de Pensiones cuya base sean cuentas individuales y

un Pensión Mínima Garantizada, de manera que se asegure la equidad y la

certidumbre en la pensión del trabajador. Las pensiones deberán ser

susceptibles de transferirse aun cuando el trabajador pase del sector

público al privado o viceversa (portabilidad) y de heredarse a voluntad de su

titular. No deben soslayarse los beneficios que con esta reforma obtendrían

los servidores públicos. En particular, la portabilidad les permitirá una mayor

movilidad laboral, ya que, a diferencia de lo que sucede con el régimen

actual, al decidir emplearse en el sector privado o por cuenta propia

conservarían los recursos acumulados en su cuenta individual durante el

tiempo que prestaron sus servicios al Estado. Esta reforma también

permitirá incrementar el ahorro interno de largo plazo, reducir la carga

financiera sobre las generaciones futuras y limitar el crecimiento de las

obligaciones contingentes del Estado.

Así, en el ISSSTE, antes de la reforma el financiamiento del sistema ha sido

exclusivamente bipartita, del trabajador y el Patrón, en este caso las

Dependencias y Entidades del sector público, faltando la cuota social del Estado-

nación, como se otorga en el IMSS, con el efecto de que los déficit de caja se

financien con aportaciones extraordinarias del gobierno, con fundamento en el



98

artículo 177 de la Ley vigente del ISSSTE, lo cual llegará al punto en que sea

insostenible. Por ejemplo, El Instituto ha sufrido un incremento en su déficit de

pensiones, de alrededor de 10,000 millones de pesos en el año 2001 y en forma

creciente se estima en cerca de 42 mil millones para el 2007, a tal grado que de

mantenerse las condiciones y tendencias actuales, se ha hablado de un pasivo a

futuro cuyo tamaño estimado es del 50% del PIB. Similarmente, si bien en menor

proporción, en el fondo médico las cosas también empiezan a ponerse difíciles al

presentar déficit creciente.

Es necesario comentar que el ISSSTE fue concebido como un sistema de reparto

o beneficio definido, en el cual el total de ingresos financia el total de egresos

dentro de un ejercicio dado, el cual es financieramente sostenible mientras exista

una mayor cantidad de trabajadores cotizantes que jubilados, de ahí que desde su

inicio el 1 de enero de 1960 y hasta los años 80’s dicha relación fue variable pero

se mantuvo alrededor de 17 a 20 trabajadores que cotizaban por cada jubilado (el

jubilado o pensionado no cotiza es decir no realiza aportaciones, los únicos que

aportan son los trabajadores activos), en contraste hoy en día hay entre 3.5 y 4

cotizantes por cada jubilado y el recurso no alcanza para cubrir el monto de las

pensiones, ni el gasto del fondo médico bajo este esquema de reparto. De ahí la

necesidad de cambiar, de reformar al ISSSTE, planteando un esquema actuarial y

financiero viable o sustentable que asegure la propia sobre vivencia de la

Institución y con ello asegure a los derechohabiente la protección integral que les

brinda el Instituto. Al ser cuestionado sobre las expectaciones que esta reforma ha

despertado en los jubilados y los trabajadores activos, Bustos Flores dijo que “con

esta reforma se encuentran propuestas de financiamiento sano que aseguran los

derechos de los trabajadores, como es el caso de los jubilados y pensionados

actuales que no sufren ninguna afectación en sus prestaciones, por el contrario el

Estado asegura de manera transparente el pago y las actualización de las

pensiones, conforme artículo 57 de la Ley del ISSSTE; con respecto a la



99

generación de trabajadores vigentes, que serán los jubilados y pensionados del

futuro, la reforma garantiza la misma seguridad de la que hoy gozan los actuales

jubilados y pensionados, mediante la opción de elegir entre el nuevo sistema que

la reforma propone o quedarse en el sistema antiguo, el cual tendrá algunos

cambios o ajustes para métricos entre el 2010 y el 2018, a fin de homologar la

edad mínima de jubilación entre ISSSTE e IMSS.

Por su parte los trabajadores que serán contratados posteriormente a que entre en

vigor la nueva ley, tendrán un esquema similar a los trabajadores que hoy cotizan

al IMSS a fin de lograr la portabilidad de derechos con dicho sistema, es decir, con

base en sus cuentas individuales de retiro, en donde depositarán los fondos que

permitirán financiar sus pensiones, de acuerdo a sus ingresos y esfuerzo de

ahorro. Esta nueva generación tendrá garantizada una pensión mínima de dos

salarios mínimos, que duplica a la correspondiente del sistema actual, que es de

un salario.

5. Como se ha mencionado, el buen desempeño de las finanzas públicas se

ha sustentado en gran medida en los ingresos petroleros. El régimen fiscal

vigente para PEMEX es uno de los factores que ha contribuido a una

situación financiera delicada para la empresa. El actual régimen fiscal

también ha introducido una desviación que desfavorece la explotación de

nuevos yacimientos de petróleo de baja o mediana producción y de

yacimientos de gas natural.

6. Para la realización de las políticas públicas del Estado, se requiere contar

con un marco legal que dé coherencia y certidumbre a los procesos de

planeación, programación y presupuesto. Asimismo, necesita contar con

reglas fiscales permanentes que establezcan procedimientos definidos para

el caso de una caída de ingresos y para la utilización de ingresos



100

excedentes. Por lo anterior se busca reformar el actual proceso de

asignación de los recursos públicos.

2.3. Propuesta de una Reforma Integral

En México, la responsabilidad pública a nivel nacional de los sistemas de

pensiones está dada por tres instituciones: El Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

(ISSFAM).

En el sistema de seguridad social del IMSS, las aportaciones y obligaciones al

sistema provienen del trabajador, patrón y gobierno. Estas tres partes contribuyen

a la formación de su retiro. El trabajador tiene una cuenta individual de ahorro para

el retiro en la que se depositan las aportaciones obrero-patronales y las cuotas

estatales, del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (Nueva Ley del

Seguro Social.- Artículos 167 y 168, Fracciones I, II y III).

En el sistema del ISSSTE sólo existen dos partes que contribuyen ya que el patrón

es a su vez el gobierno. Para poder financiar estas prestaciones y servicios, las

diferentes partes deben efectuar las aportaciones correspondientes como

porcentaje del salario base de cotización del trabajador (Nueva Ley del Seguro

Social, Artículos 108, 146, 147 y 148 y Ley del ISSSTE, Artículo 16).

Los sistemas pensionarios mexicanos están diseñados para proveer beneficios a

trabajadores que se encuentren vinculados a otros por una relación de trabajo que



101

implique subordinación y el pago de un salario. En general, los trabajadores

perciben que los beneficios que recibirán al ser pensionados no corresponden a

las aportaciones hechas durante su vida laboral, sobre todo si se considera el

tiempo que han debido esperar para acceder a la misma.

Cada individuo de escaso recursos con esperanza de vida menor al promedio, el

beneficio a recibir se percibe menor al costo que tiene el haber sacrificado parte

del consumo presente.

En la actualidad, un trabajador que ha cotizado para un sistema de seguridad

social no puede transferir ese tiempo contabilizado para acceder a su pensión bajo

otro esquema. Esto implica que si al cambiar de empleo también implica un

cambio en el sistema de seguridad social al cual debe afiliarse, el trabajador

deberá iniciar una vez más su periodo de cotización.

Por ejemplo, un empleado que inicialmente trabaja en el sector público y cotiza en

el ISSSTE, pasa al sector privado, y cotiza en el IMSS (o viceversa), pierde las

semanas de cotización acumuladas en el primer sistema.

Esta desventaja es muy importante para quienes gozan de muy bajos ingresos, ya

que por lo general se trata de individuos con poca capacitación y que normalmente

están cambiando de empleo, lo cual no les permite acumular años de cotización y

gozar de una pensión. Esto a su vez, hace que estas personas, al no tener

esperanza de alcanzar el tiempo mínimo de cotización, prefieran irse a trabajos del

sector informal, en donde no están obligados a contribuir al sistema de seguridad

social.



102

El trabajador que cotiza en un sistema pensionario se ve forzado a posponer

consumo presente por consumo futuro, lo cual no siempre coincide con sus

preferencias o posibilidades.

En un país como México en que el salario promedio es de tres salarios mínimos

resulta evidente que un alto porcentaje de la población cubre día a día sus

necesidades básicas. La capacidad de ahorro, aun ante la perspectiva de una

mejor vida en el futuro, se encuentra para muchas familias fuera de su alcance.

Para estos sectores de la población resulta oneroso tener que contribuir por más

de veinticuatro años para recibir una pensión en la vejez.

No se puede pretender ampliar la cobertura de un sistema pensionario si antes no

se han cubierto las necesidades básicas presentes de la población. Ya que existe

una relación intrínseca entre la capacidad de ahorro de una población y su nivel de

vida, difícilmente se logra crear una cultura de ahorro en un país con niveles de

crecimiento económico insuficientes.

Dentro del primer punto de la “Reforma” propuesta por el actual gobierno, se toma

la idea de desincorporar las industrias paraestatales, permitiéndose la entrada de

capitales del sector privado a sectores estratégicos como son los energéticos.

Esto, con la intención de hacerlos más competitivos con la finalidad de bajar sus

costos y de esta manera sus precios. Pero el problema radica en ¿cómo estos

deben desincorporarse de tal manera que se permita y se de la entrada del capital

privado para que exista verdadera competencia y no pactos que permitan

monopolios u oligopolios?

Se ha tenido la experiencia, en un caso muy particular que ha dejado muchas

dudas sobre la venta de empresas estatales para tales propósitos. Este caso es el



103

de Telmex, que durante muchos años ha enfrentado grandes problemas y

demandas por ejercer un carácter monopólico. Y que el Estado no ha podido

entrar de tal manera para regular este mercado. Y lograr lo que, tras su

desincorporación, se pretendía. Esto sin hablar de otras empresas que pasaron al

sector privado y que con la apertura comercial, no tuvieron la capacidad para

mantenerse en el mercado y pasaron a formar parte de empresas transnacionales.

En lo que respecta a una de las empresas del Estado y que durante muchos años

ha sido el soporte principal del gasto público de nuestro país. El caso de PEMEX,

que sin duda le ha dado al país recursos para mantener, apoyar y crear la

infraestructura que el país ha requerido. Además de que ha generado grandes

entradas a las arcas del Estado. No puede, de una manera ineficiente y sin

regulación, pasar a manos de capitales privados, y sobre todo extranjeros. No se

puede permitir lo que hacían las empresas petroleras en los años anteriores a su

expropiación, y menos cuando estas dan más al país que las formadas por el

capital privado.

Para mejorar su situación financiera y elevar su capacidad de inversión es

necesario promover un nuevo régimen fiscal para PEMEX, el cual busque situar a

esta empresa en igualdad de circunstancias respecto de otras empresas

petroleras en los mercados internacionales con un carácter de administración de

empresa privada pero sin dejar de ser del Estado.

Asimismo, es necesario que el nuevo régimen eleve la rentabilidad de la inversión

de los proyectos de exploración y explotación de los yacimientos de potencial

diferente y fomente la inversión en gas natural para disminuir la actual

dependencia del exterior que tiene el país para el suministro de ese energético. A

PEMEX no se le da la autonomía que requiere, para que como cualquier otra



104

empresa en el mundo, pueda tomar sus recursos, reinvertir y generar tecnología,

hacer crecer sus plantas o determinar sus propios presupuestos anuales; al estar

imposibilitada para no poder determinar todo esto, entonces el margen de

maniobra es mínimo.

México, como nación productora del preciado hidrocarburo, genera elevados

ingresos por concepto de la venta interna y de exportación del crudo, lo que ha

llevado a que el gobierno se sirva de esos recursos de una manera muy amplia, al

grado en que casi una sexta parte de su recaudación proviene de PEMEX (otra

parte corresponde a impuestos sobre la venta de gasolinas y otros derivados que

de todas maneras se cobrarían).

Cuando los precios del crudo descienden, como ocurrió en 1998, el impacto sobre

las finanzas públicas puede ser dramático, circunstancia que ha llevado a muchos,

sobre todo en el gobierno, a buscar la salida fácil: cargarle más la mano al

contribuyente cumplido y cautivo.

La realidad es que el problema no reside en la dependencia excesiva que tienen

las finanzas gubernamentales en la renta petrolera, sino en la renuencia

gubernamental de enfrentar el problema político que circunda al fiscal. En la

medida en que el ingreso petrolero permita rehuir la necesidad de articular un

pacto político que efectivamente restrinja el manejo fiscal gubernamental al exigir

verdadera transparencia en las cuentas públicas, todos los incentivos seguirán

apuntando en esa dirección.

Una Reforma Financiera en lo que concierne a un manejo responsable de las

finanzas públicas, se apoya en la cuestión de los ingresos estatales, al

mencionarse el aumento de los ingresos no recurrentes (preferentemente los



105

petroleros, siendo mayores a las remesas enviadas por los inmigrantes en

Estados Unidos). Pero lo que causa asombro, es la continua idea de generar más

impuestos o ampliar su base. Cuando el Premio Nóbel de Economía de 2005,

Robert J. Aumann, comento en una conferencia realizada en la Universidad

Anahuac, que “Es un error pensar que para elevar la recaudación se tienen que

aumentar las tasas impositivasg”, esto, pensando en la reforma fiscal que

pretende quitar la tasa cero a los alimentos y medicinas. Y además, Señala: “Para

estimular una recaudación homogénea y amplia, se tiene que incentivar a los

contribuyentes a cumplir bajando las tasas de impuestos”.

Para el especialista, “gla economía es un juego de incentivos. Si quieren

aumentar la recaudación, lo que hay que hacer es bajar las tasas para que la

gente se sienta estimulada a trabajar más y a cumplir" (Aumann, 2005). Indicó que

es un error pensar que para aumentar la recaudación se tienen que elevar las

tasas y crear más impuestos.

Un país puede imponer tasas elevadísimas de impuestos y recaudar una miseria,

mientras que otros pueden imponer tasas muy bajas de impuestos y recaudar

prácticamente la totalidad de lo presupuestado. El principio fiscal más elemental

indica que el gobierno tiene que recaudar impuestos y que el cumplimiento en la

recaudación debe ser universal.

Para que ello sea posible, la naturaleza de los impuestos y las tasas impositivas

tienen que ser consecuentes con la racionalidad humana (y sus decisiones de

ahorro, de mejorar económicamente y de trabajar para sí mismo y para su familia,

y no para el gobierno) y con las características de la sociedad y economía

mexicana. Pero que, también, dada nuestra historia y realidad cotidiana, para que

la recaudación sea universal, es imperativo, como condición sine qua non,



106

recomponer el pacto político que yace detrás de la ecuación impuestos-servicios,

gobierno-ciudadanía, transparencia rendición de cuentas.

Actualmente estas políticas tienen un esquema de prioridades ajeno a los

requerimientos del desarrollo nacional y la atención de los problemas sociales. La

política fiscal del gobierno lo ha llevado a un abandono extremo de las

responsabilidades económicas fundamentales del Estado, consistentes en

desarrollar la infraestructura productiva y mejorar las condiciones educativas y de

salud de la fuerza de trabajo que constituyen el núcleo para el incremento

sostenido de la productividad, única garantía del bienestar futuro de México y su

inserción competitiva en el mercado mundial.

El "sistema" tributario mexicano padece de serios problemas y carece del sentido

promotor del desarrollo nacional que caracteriza a las estructuras fiscales de los

países con los cuales competimos.

En su función recaudadora es ineficaz, excesivamente dependiente de los

recursos petroleros, y concentrado en pocos contribuyentes. No cumple una

función redistributiva pues es altamente regresivo, por descansar

mayoritariamente en impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado

(IVA), e insuficientemente en los impuestos distributivos como el Impuesto sobre la

Renta (ISR), así como en la inadecuada progresividad de las tarifas de los

servicios públicos.

Su función promotora del desarrollo nacional resulta incierta, debido a las

excesivas facultades discrecionales del Ejecutivo y los funcionarios de Hacienda,

cancelando la indispensable seguridad jurídica que requiere cualquier sistema



107

legal. Es, en suma, un sistema tributario que desalienta la inversión productiva por

su extrema complejidad y discrecionalidad.

Lo anterior nos lleva a una cuestión más, el problema de la evasión fiscal. Que es

tan viejo como los mismos impuestos. Su explicación y la determinación de los

mecanismos para reducirla son de vital importancia para cualquier país, y México

no es la excepción. Tan es así que en la literatura económica existe ya una sobre

llamada economía del cumplimiento/incumplimiento tributario. En este sentido,

esta rama de las finanzas públicas estudia el problema desde tres ópticas:

eficiencia, equidad e incidencia. Así, si los estratos de mayores ingresos puede

sistemáticamente evadir una cantidad considerablemente mayor de impuestos con

relación a estratos de ingreso bajos de la población, entonces el sistema tributario

(en términos que se denominan efectivos) es en realidad menos equitativo de lo

que sugiere su propio diseño.

En adición, los intentos de evasión fiscal y el costo en el que se incurre para el

cumplimiento de la ley representan en el fondo una pérdida del bienestar. La

evasión, al mismo tiempo, provoca que las autoridades impongan tributaciones

adicionales para resarcir lo que se evadió, lo cual perjudica a los cautivos,

distorsionando aún más la equidad; este último fenómeno es particularmente

importante en países en desarrollo. Y puede resolverse, en parte, con la idea de

Robert J. Aumann, y resolviendo los vacíos legales existentes.

Otro de los grandes problemas identificados en el incumplimiento tributario es el

asunto relacionado con la elusión, la que también afecta de manera indeseada el

principio de equidad. Como se sabe, este fenómeno se caracteriza por tomar

ventaja de manera legal de las deficiencias de las leyes en la materia. A diferencia

de la evasión este fenómeno puede minimizarse de manera importante cuando (I)



108

se redactan las leyes de manera adecuada; y, (II) cuando se reducen al máximo

los tratamientos especiales en los distintos impuestos.

En general, en el mundo se han diseñado instituciones para el cumplimiento de la

ley, lo cual también trae consideraciones económicas. En particular, el problema

de agente-principal. La institución recaudadora es el agente que tiene una

imperfecta capacidad de supervisión, pero al mismo tiempo debe diseñar la

estructura de recaudación, castigo y auditoria para cumplir con las metas de

ingreso proyectadas.

Un buen primer paso, entonces, para estudiar estos fenómenos en México es

estimar el tamaño de la evasión. En la medida en que se determine esta cifra, y se

le caracterice de manera adecuada, es más factible identificar sus posibles

causas, así como diseñar los mecanismos para combatirla.

Se estima que la evasión fiscal del IVA con la metodología que se considera más

completa se encuentra ubicada alrededor del 2 por ciento del PIB, o 35.5 por

ciento del potencial total. Sin embargo, la cifra alcanza 39 por ciento o 2.38 por

ciento del PIB cuando se utiliza la del SCN (Sistema de Cuentas Nacionales); y,

38 por ciento o 2.25 por ciento del PIB con la que la calcula con sectores

económicos (Hernández y Zamudio, 2004).

Se ha comprobado que cuando la ciudadanía siente que la carga fiscal no es

equitativa, entonces la evasión aumenta (Spicer y Becker, 1980).

El análisis también propone que deben eliminarse, o al menos reducirse, los

tratamientos preferenciales. En adición, se requiere que la aplicación de la ley sea



109

más expedita y efectiva. Finalmente, la redacción de la legislación debe

reconsiderarse ya que en la actualidad existen lagunas que efectivamente reducen

la capacidad de fiscalización.

Para entender la dimensión de la evasión potencial del IVA, es siempre

conveniente contar con comparaciones adecuadas. Por ello, se presenta una serie

de indicadores a nivel internacional que ubican a México en su contexto. Debe

aclararse que este tipo de análisis, a pesar de su gran utilidad, es muy estándar.

La carga fiscal total de México para 2000 asciende a 15.5 por ciento del PIB, sin

incluir la renta petrolera. Sin embargo, conviene presentar esta cifra sin la

recaudación de los gobiernos subnacionales, y sin los ingresos petroleros

(Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IEPS- petrolero y derechos por

hidrocarburos) debido a que esto nos sugiere un desempeño tributario en

ausencia de un ingreso considerado en la literatura como no recurrente (petróleo).

Cuando esto se realiza de esta manera, la recaudación tributaria asciende a

solamente 9.7 por ciento del PIB. En este sentido, Costa Rica y El Salvador,

países no productores de petróleo recaudan más que nuestro país, si excluimos el

IEPS petrolífero y/o derechos sobre hidrocarburos. Debe recordarse que la

definición de la OCDE de carga fiscal incluye los ingresos tributarios totales, tanto

federales como subnacionales, los derechos totales (petroleros y no petroleros) y

los aprovechamientos por rendimientos excedentes de PEMEX. Se puede decir,

que los ingresos petroleros han permitido relajar los esfuerzos tanto en tributación

como en recaudación de ingresos no petroleros (Elizondo, 2004), comparándolos

con países que no son productores de petróleo.

Con respecto al ISR, en México se recauda en promedio para el periodo de 1988 a

2003 el 4.72 por ciento del PIB. Si se considera solamente el periodo de la



110

administración (2001-2003) esta cifra se ubica en 5.15 por ciento, que sugiere una

mejora recaudatoria proveniente por modificaciones a la legislación y por un

esfuerzo fiscalizador. Esta cifra sigue siendo muy baja si se compara con el

promedio en este renglón en países de la OCDE, el cual asciende a 13.6 por

ciento del PIB. Con base en esta discusión algunos analistas consideran que la

recaudación de ISR en nuestro país no es tan baja comparada con naciones

similares en términos de nivel de desarrollo. Sin embargo, esta afirmación tiene

que ser considerada con cautela, ya que por citar un ejemplo, Chile posee tasas

muy inferiores a las nuestras en este impuesto (de 25 por ciento). Esto aplica en

los dos tipos de ISR, es decir, sobre personas morales y personas físicas.

Un sistema tributario bien diseñado puede generar los ingresos públicos

adicionales necesarios para financiar gastos adicionales en áreas estratégicas

como la educación y la infraestructura. Cabe notar que dichos resultados pueden

ser obtenidos generando distorsiones económicas mínimas y de una manera que

proteja la base tributaria contra el impacto de los cambios cíclicos y de las

fluctuaciones del precio del petróleo. Contar con una base de imposición más

amplia y estable es esencial para asegurar el más alto nivel de ingresos tributarios

y de gasto público que México necesita para mejorar el potencial de crecimiento

de la nación.

2.4. Una Verdadera Reforma Fiscal Integral

Las demandas para sacar adelante una reforma fiscal han sido numerosas;

desafortunadamente éstas se acompañan de generalidades y lugares comunes y

no se proponen alternativas viables que incluyan la opinión consensada de todos

los sectores del país.



111

La reforma fiscal, en su vertiente tributaria, quizás sea el tema del que más se ha

hablado en los últimos 30 años; se ha caracterizado por una suma de monólogos,

de falta de consensos y de intereses no conciliados con los otros sectores. Su falta

de acuerdos ya está manifestándose en una menor capacidad de respuesta del

Estado ante las crecientes demandas sociales. Cada sector social y económico

plantea su propuesta. Lo propio ocurre con los partidos políticos; cada uno plantea

fundamentalmente el aspecto relativo del gasto, sin atender el relativo a la

recaudación.

El tema de la reforma fiscal requiere del consenso social, pero lo relevante es la

negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para aprobar el paquete

fiscal que incluye ingreso, gasto y deuda pública.

La reforma fiscal que se adopte y que se traduzca en déficit o superávit y en un

mayor o menor endeudamiento, tendrá sus efectos en los niveles de ahorro e

inversión.

De ahí el imperativo de formular una política fiscal que mantenga finanzas públicas

sanas y que en coordinación con la política monetaria, favorezca un ambiente

estable y siente las bases para un mayor crecimiento.

El bajo nivel de los ingresos tributarios en México y, el consiguiente, gasto público

insuficiente y decreciente, es un elemento central que justifica una reforma integral

al sistema tributario del país. Una reforma tributaria se realiza principalmente para

darle suficiencia al gasto público, porque este último nunca debe ser superior a los

ingresos.



112

La reforma tributaria que requiere México no es ya un ejercicio aislado ni

coyuntural; no es el caso de bajar la tasa en algunos impuestos; ni aumentarlas en

otros, se trata de hacer un ejercicio integral a fin de redefinir la estructura tributaria

más adecuada para una nueva etapa de desarrollo económico del país, que

revitalice nuestro viejo y frágil pacto fiscal.

La Reforma Tributaria debe contemplar la revisión de las tasas impositivas de los

distintos impuestos; eliminación de la evasión fiscal; aumento de la base de

contribuyentes; simplificación administrativa; e, Internet como vía para reducir el

costo de transacción en el cumplimiento de las obligaciones fiscales una Reforma

Fiscal Integral debe incluir, además de la Reforma Tributaria, lo siguiente:

reducción de costos de operación de la administración pública y de las entidades

paraestatales; reforma presupuestal orientada a la transparencia y a mejorar

resultados; evaluación ex ante y ex post de los programas y proyectos

gubernamentales; revisión de precios y tarifas; revisión de derechos y su

contraprestación; y, eliminación de subsidios dirigidos a los sectores de población

más vulnerable que no estén sustentados en programas de desarrollo

comunitarios.

Los planteamientos sobre una reforma fiscal integral, orientada a promover el

desarrollo, se resumen en los siguientes conceptos:

• Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria para asegurar el

financiamiento sano del gasto público;

• Ampliación de la base de contribuyentes con la incorporación al régimen

fiscal de sectores informales de la economía;



113

• Gravar, en rango competitivo internacional, las actividades especulativas;

• Progresividad adecuada en el sistema fortaleciendo la capacidad

distributiva del ISR por medio de la reestructuración de tarifas para las

personas físicas y morales;

• Atenuación del carácter regresivo del IVA y de otros impuestos indirectos;

• Superación gradual de la excesiva dependencia petrolera del fisco;

• Simplificación del sistema para darle estabilidad, certeza jurídica y

transparencia;

Estas medidas permitirán fortalecer gradual, equitativa y progresivamente la

recaudación de acuerdo con los requerimientos de financiamiento productivo y no

inflacionario del gasto público. Sustituyen los impuestos ruinosos para la base

productiva y el terrorismo fiscal con la facilidad y equidad en el cumplimiento

voluntario, gravando la especulación y vinculando la estructura tributaria a los

requerimientos anticíclicos de control de la inflación y estímulos frente a la

recesión

2.5. Habilidad, Alternativa de Política Presupuestaria y Política Social

La política presupuestaria constituye uno de los elementos más importantes de la

política económica y social que como tal puede inducir un ritmo determinado del



114

crecimiento de la actividad económica y el empleo, al mismo tiempo que orientar el

sentido social del desarrollo.

La política presupuestaria debe orientarse hacia la promoción de un mayor ritmo

de crecimiento económico, hacia una mayor integración y eficiencia de la

estructura productiva y hacia una mejor distribución del ingreso.

La política de gasto público puede y debe contribuir al crecimiento de la actividad

económica y es perfectamente compatible atender necesidades sociales urgentes

y, simultáneamente, mantener equilibradas las finanzas públicas. Para ello, es

necesario reformar la estructura del presupuesto federal a fin de eliminar los

gastos administrativos superfluos o indebidos y la corrupción.

De manera específica, las asignaciones innecesarias y los gastos contingentes

para que no sean destinados a prevenciones de aumentos de sueldos y cuotas de

seguridad social, así como otras partidas para gastos personales de los altos

funcionarios públicos deben eliminarse totalmente y prohibirse a través de la ley.

Es indispensable un marco institucional de regulación económico que imprima

racionalidad, coherencia, responsabilidad y legalidad al ingreso, al gasto y a la

inversión pública en el corto, mediano y largo plazos, y eliminar la discrecionalidad

absoluta del ejecutivo para manejar el presupuesto de egresos e ingresos y el

crédito público.

No solo se requiere una regla fiscal y financiera sino fundamentalmente una

política de ingreso y gasto público orientada a resolver las carencias de oferta de

bienes y servicios que causan presiones inflacionarias. Con este fin se creé



115

conveniente apoyar un esfuerzo nacional de producción y abasto en lugar de

simplemente trasladar el desequilibrio hacia el sector externo.

Una condición necesaria para armonizar una política de expansión de la demanda,

el empleo y el bienestar social con el equilibrio de las finanzas públicas, es que al

mismo tiempo se impulse el crecimiento y la diversificación de la oferta de bienes y

servicios. Esto es posible en México debido a que no partimos de un crecimiento

excesivo de la demanda y mucho menos de un excesivo gasto público deficitario.

El incremento gradual del gasto público promoverá una mayor demanda agregada

y con ello un crecimiento de la producción y del empleo. Asimismo, favorecerá la

modernización del aparato productivo y la competitividad.

El crecimiento de la producción tendrá también un efecto positivo sobre las

finanzas públicas al aumentar los ingresos fiscales. Esto permitirá continuar de

otra manera con el saneamiento de las finanzas públicas y, al mismo tiempo,

sostener en los años siguientes la política económica de impulso al crecimiento. El

desarrollo económico y el desarrollo social deben constituir el mismo proceso. El

desarrollo social debe ser premisa y resultado del desarrollo económico.

Por otro lado, el gobierno puede influir directamente en el crecimiento generando

gasto en inversión, esto podría efectuarse si el gobierno y el sector empresarial se

unen y desarrollan un proyecto de inversión en el cual el gobierno ayude con

recursos financieros junto con los empresarios para que estos puedan hacer

crecer sus activos, acrecentando la tecnología que les brinde el desarrollo de sus

respectivos sectores haciéndolos más dinámicos y competitivos en vías de

aprovechar e incluso utilizar todos los tratados comerciales que tiene el país. Este

tipo de ayuda se intentaría aplicar, de tal manera que en el apoyo a los



116

empresarios, no se cometan los errores del pasado. En donde los empresarios

nacionales no se desarrollaron en vías de otorgar mejores productos a mejores

precios, lo que tras darse por terminado el modelo de sustitución de

importaciones, y tras las crisis de 1979 y 1982, al aplicarse un nuevo modelo

económico en donde una de las prescripciones de éste, era la apertura comercial,

con lo que las empresas, que no contaban con una estructura competitiva (la

mayoría de las empresas nacionales) tuvieron que cerrar o venderse al capital

extranjero.

2.6 La Importancia de la Educación para el Desarrollo y el Crecimiento.

Dentro de las teorías del crecimiento que hemos descrito, vimos un aspecto de la

teoría de Solow, que consideramos apropiada para el crecimiento dentro de este

análisis.

Así, Solow cree que la inversión es necesaria, pero no suficiente para el

crecimiento, pero incluye que el crecimiento tecnológico es importante. Por lo que

para poder generar crecimiento aplicando estas ideas, a través de la atención de

la política fiscal. Es necesario, invertir el gasto en educación, con la intención de

elevar el carácter intelectual de manera suficiente para generar desarrollo

tecnológico, que repercutirá en el crecimiento de la economía nacional. Además

de que el gasto en educación, favorecerá el incremento de la productividad, lo que

resultará en el nivel salarial y el empleo.

De esta manera, también aparece cumplida la idea de Romer en la que el

conocimiento es importante para el crecimiento en el largo plazo. Como veremos a



117

continuación, la educación y en todo caso, el conocimiento. Se ha vuelto un tema

muy importante en la actualidad, y de ahí la importancia de la participación del

Estado en ella.

Como hemos podido observar, la línea a seguir de la teoría neoliberal, es la de

eliminar la intervención del Estado dentro del mercado; no obstante en el

Consenso de Washington, se propusieron algunas propuestas que incluían al

Estado generando gasto a favor de ciertas actividades, como el gasto en

educación y salud.

Este giro conceptual llevó a plantear lo siguiente: los sistemas educacionales

pueden convertirse en pocos años sino es que ya lo son en la industria del

conocimiento de mayor potencialidad del crecimiento económico; pues se

considera que la riqueza global está concentrada cada vez menos en el capital

físico (fábricas, tierras, herramientas y maquinaria, etcétera) y cada vez más en el

capital humano, donde el conocimiento, las habilidades y la inventiva de las

personas son de mayor importancia para la economía mundial. El estudio del

capital humano extiende su dominio al análisis micro-económico con amplio rango

de comportamiento humano e interacción, incluyendo aquel que no tiene relación

con el mercado. Dentro de esta teoría se concluye que el mayor tesoro del capital

humano que las personas poseen es, el conocimiento y las habilidades que

forman parte de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo,

además de lograr definir al capital humano como importante para la productividad

de las economías modernas ya que esta productividad se basa en la creación,

difusión y utilización del saber. El conocimiento se crea en las empresas, los

laboratorios y las universidades; se difunde por medio de las familias, los centros

de educación y los puestos de trabajo y es utilizado para producir bienes y

servicios. Si bien antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo

económico y que luego vendría todo lo demás educación, vivienda y salud hoy es



118

completamente diferente ya que la vinculación entre educación y progreso

económico es esencial.

Sin embargo, a pesar de esto para que el país siguiera contando con el apoyo del

Banco Mundial y de FMI, tenía que reducir a toda costa su gasto público, y

desafortunadamente en lo primero que se incurrió, fue en lo que el Consenso

consideraba necesario y permisible. Por lo que se perdió tiempo importante en la

preparación de los activos, capital humano, necesarios y que con el paso del

tiempo serían ya parte del sistema productivo favoreciendo quizás, las condiciones

económicas del país.

Esta situación sigue imperando, la situación actual no amerita que el gobierno

necesite algún tipo de apoyo de los organismos internacionales, aunque se siga

tomando en cuenta sus estrategias implantadas en los ochentas. Sigue

prosperando la idea de la disminución e incluso la desaparición de la intervención

del Estado en el mercado.

Mientras que países desarrollos mantienen una incipiente participación en el

gasto, principalmente en educación. Estados Unidos, el país con el más alto déficit

no sigue sus propias reglas, pero las defiende mientras su economía se vea

favorecida.

En las décadas de 1970 a 1980, la escolaridad promedio nacional aumentó 1.2

años de estudio; de 1980 a 1990 aumentó 1.9 años, pero de 1990 a 2000 este

aumento fue de 1.1 año, lo que nos dice que hubo una disminución, pero que

puede compensarse cuando se encuentra que la cobertura en educación para la

población de 6 a 14 años aumentó 6.27%.



119

En el año 2000 el promedio nacional de años de estudio fue de 7.56 años, si

consideramos que la meta actual es de 9 años de estudio, aún existe un rezago de

1.4 años para lograr el objetivo.

Cuadro 2.3

Porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela

(Estados con mayor y menor cobertura)

Entidad Censo 1990 Censo 2000

DF 95.06 96.62

Nuevo León 92.66 95.81

BC Sur 90.71 94.60

Guerrero 79.97 89.19

Michoacán 77.28 88.43

Chiapas 71.28 84.39

Total Nacional 85.81 92.08

FUENTE: Elaboración con datos de los Censos Generales de Población y

Vivienda 1990 y 2000

Pese a los importantes avances logrados en la educación, durante estos años se

mantienen graves deficiencias, la calidad es el problema más fuerte y el que más

críticas recibe por parte de la sociedad, pese a que se cuenta con un sistema más

amplio y complejo, existe insatisfacción social por la notoria falta de calidad en los

planteles; se producen millones de textos, sin embargo existen opiniones que

denotan que los contenidos educativos son obsoletos e irrelevantes para la

sociedad actual y futura. Se postula que la educación es el instrumento para



120

preparar los recursos humanos que el desarrollo de México demanda, pero, los

diferentes niveles educativos no reproducen valores que exalten el trabajo.

El financiamiento de la educación en México se ha convertido en un problema

crónico permanente, debido no sólo a la insuficiencia de recursos, sino también a

la tendencia gubernamental de reducir el monto de la inversión hacia el sector

educativo y a la adopción de criterios economicistas para su asignación.

Adicionalmente, la distribución de los recursos por niveles educativos responde

más a las prioridades del gobierno federal, que a una política financiera de

planeación y coordinación del sistema educativo mexicano. Muestra de ello, es

que la educación básica continúa absorbiendo el mayor monto de los recursos

educativos, en detrimento de los otros niveles educativos.

En el periodo del 2000 al 2005, en promedio, los recursos federales a la educación

básica representan el 65% del presupuesto, en tanto que los destinados a la

media superior apenas el 9%, los de la educación superior el 18%, y 8% otros

servicios educativos (Martínez, 2005).

Esta distribución desequilibrada o inequitativa no implica, de ninguna manera, que

se proponga disminuir el financiamiento de la educación básica, sino hacer

hincapié en la necesidad de dar mayor atención presupuestal a la educación

media superior y superior, que experimentan una demanda potencial cada vez

mayor de recursos y de acceso de la población en edad de cursar ambos niveles

educativos, además de ser a primera instancia, la que pronto se encontrara

buscando un lugar dentro de la población ocupada.



121

En los últimos 50 años, el desarrollo educativo se ha centrado en expandir el

acceso a la educación primaria, y más recientemente la educación secundaria;

descuidando la enseñanza media superior y superior.

Pero incluso en esos dos primeros niveles que forman parte de la educación

básica, los índices de cobertura son insuficientes; pues hay 32.5 millones de

mexicanos adultos que carecen de ella. Es decir, uno de cada tres mexicanos no

alcanza a tener ese ciclo educativo obligatorio. Ese panorama es más crítico en la

educación media superior y superior. El Programa Nacional de Educación 2001-

2006 reconoce que los índices de cobertura también son insuficientes y existe

desigualdad en el acceso a ambos niveles.

Las cifras son irrefutables: En la educación media superior, sólo se atiende

alrededor de 48.8% del grupo de edad de 16 y 18 años de edad, y

consecuentemente 51.2% no tiene acceso a este nivel En la educación superior la

cobertura apenas es 20.4%, que significa que el grueso, es decir, 79.6% de los

jóvenes en edad escolar, no acceden a este nivel educativo (Martínez, 2005).

Es importante robustecer el sistema educativo en México, con la intención de que

la clase trabajadora ser más competitiva y con mayores recursos intelectuales que

permitan al país tener la capacidad para poder generar desarrollo tecnológico que

nos mantenga a un paso de nuestros principales competidores. Lo que sin duda

puede traer al país más y mejores oportunidades, al crecer el nivel intelectual de

su población lo que podría generar la toma de mejores decisiones en el

planteamiento político-económico del país, sin dejar a un lado el posible

crecimiento en la innovación tecnológica.



122

Para poder lograr esto, el Estado debe de destinar más y de una mejor manera

recursos a los niveles medio superior y superior, y apoyar más las investigaciones

en ciencia y tecnología, entre otras. Sembrando las bases para el crecimiento y

desarrollo tecnológico del país en el mediano y largo plazo.

Tal y como en el Consenso de Washington se plateo la idea de implementar más

recursos a este sector (educación, salud e infraestructura) materia de discusión

que en aquel entonces, y hasta el momento, no ha encontrado un verdadero

apoyo, ni mucho menos las bases para poder hacerse participe en la sociedad

mexicana.

2.7. Finanzas Estables pero sin Crecimiento Económico.

Las políticas neoliberales, que tienen su expresión más clara en el denominado

Consenso de Washington, lleva como centro de su propuesta la modificación del

papel del Estado, de sus formas de ordenación, así como de su esquema de

financiamiento. Con ello busca que las fuerzas del mercado se reformen y

permitan que la economía mediante su propia dinámica recupere el enfoque sobre

cuál es la forma adecuada para el impulso de la acumulación y el crecimiento. La

reforma financiera fue sin duda uno de los temas que parece preocuparon en las

pláticas del Consenso de Washington en lo referente a su ajuste estructural.

Lo que el Banco Mundial quiere decir con el término de "ajuste estructural", tal vez

se interprete mejor como un intento por romper el círculo vicioso que hay entre el

Estado y las empresas privadas, debido a que estas se debilitaron por el poder y

privilegios que el Estado les otorgaba.



123

En una América Latina en donde la corona privilegiaba a los colonizadores, la

lucha política se convirtió en un intento por ganar el control del aparato estatal a fin

de distribuir los beneficios y privilegios, para ventaja propia y amigos (Williamson,

1990).

La cadena de las crisis de los ochenta, en la mayoría de los casos, comienza con

una fase de aceleración del crecimiento de la demanda agregada, casi siempre

originada por déficit presupuéstales (Aspe, 1993: p. 14) que trastornan la

estabilidad del tipo de cambio y de precios. De esta manera y a consecución de

una serie de crisis que afectaron a México, y a otros países. El remedio que

Washington diagnosticó, surgió en el llamado consenso de Washington que se

estableció en 1989 y que se sustenta en los siguientes 10 puntos:

1. Disciplina fiscal.

2. Gasto en educación y salud.

3. Reforma tributaria.

4. Tasas de interés positivas determinadas por el mercado.

5. Tipos de cambio competitivos.

6. Políticas comerciales liberales.

7. Mayor apertura a la inversión extranjera.

8. Privatización de empresas públicas.

9. Desregulación

10. Protección a la propiedad privada.



124

En las discusiones se sugirió invertir más en las industrias de producción

exportable, proceso que podía facilitarse mediante préstamo externo. Pero en

realidad, esto casi no tenía conexión con el contenido de préstamos para ajuste

estructural, tal y como los venía desarrollando el Banco Mundial. Mejor dicho, el

ajuste estructural (de acuerdo con Williamson) tiene que ver con la apertura

económica, más el reordenamiento de las prioridades del gasto público,

liberalización financiera, privatización, desregulación y el brindar un entorno

adecuado al sector privado. Así, el término más descriptivo para este proceso

sería "liberalización".

La estimación para México después de aplicadas las políticas del Consenso,

resaltan un rasgo preocupante, ya que algunos países que establecieron serios

programas de reformas antes de 1988, siguieron estancados. Dentro de estos

países, México parecía, según las apreciaciones del Consenso, el más cercano en

aquel entonces, a reanudar el crecimiento. El punto crítico era si el sector privado

podría convencerse de que México tendría suficientes divisas extranjeras como

para permitir la expansión de las inversiones y evitar de nuevo una devaluación

del peso.

Una pregunta hecha por varios oradores de la conferencia, fue una que aludía a la

secuencia adecuada de las reformas. Marcelo Selowsky (Según su enfoque,

Marcelo Selowsky, jefe de la región latinoamericana y del Caribe del Banco

Mundial, una secuencia lógica de tres etapas por las cuales todos los países de

América Latina deben pasar para poder recuperar los ritmos sostenidos de

crecimiento de sus economías en el nuevo contexto mundial) (1989) presento una

estilizada descripción del proceso de reformas. Comienza con la estabilización

fiscal (Etapa I), sigue con la reforma estructural del sistema de incentivos (Etapa II,

que consiste en la liberalización del comercio, desregulación, y aceptación de la



125

inversión extranjera directa) y finalmente la etapa III, en donde las tasas de

contribuciones son altas y seguidas por la recuperación.

A esto, parece que México no hizo bien su tarea, ya que se lanzó abriendo la

economía, aún cuando persistía el déficit fiscal, con lo que se aceleró la inflación.

Para México, la crisis de 1982 fue la peor. Como respuesta, el gobierno del

Presidente De la Madrid estableció en 1983 el Programa Inmediato de

Reordenación Económica (PIRE). La idea era corregir las finanzas públicas y

sentar las bases para una recuperación a mediano plazo. En este sentido era

necesario llevarse a cabo la etapa I de Selowsky, debido a que el déficit del sector

público (el exceso del gasto público) estaba generando altos índices de inflación.

Así, las iniciativas del PIRE trajeron consigo una reducción en el déficit primario y

operacional; sin embargo, el déficit total como parte del PIB permaneció alto

debido a la persistencia de la inflación.



126

Cuadro 2.4

Indicadores de las finanzas públicas.

Año Gasto Público Gasto RFSP Déficit Déficit

(incre. % real) corriente/inversión operacional primario

1982 -8 55.3 16.9 5.5 7.3

1983 -17.3 46.1 8.6 -0.4 -4.2

1984 0.8 43.2 8.5 0.3 -4.8

1985 -6.1 36.4 9.6 0.8 -3.4

1986 -13.3 34.6 15.9 2.4 -1.6

1987 -0.5 33.8 16 -1.8 -4.7

1988 -10.3 29.3 12.4 3.6 -8

1989 0.4 26.7 5.5 1.7 -7.9

1990 6.1 34.5 4 -1.8 -7.9

1991 3.7 37.6 1.5 -2.7 -5.6

Fuente: Criterios de Política Económica para 1992 y 1993. Presidencia de la

República.

En cuanto a lo que concierne a la "Etapa II", lo más adecuado hubiera sido una

liberación gradual del comercio, comenzando por los sectores que estuviesen más

fuertes y al mismo tiempo incentivando a los más débiles, de tal manera que estos

se fuesen preparando para una apertura total (oportuno para el sector agrícola, y

sectores estratégicos como en el caso de China, en donde el Estado controla la

entrada de la iniciativa privada, como los energéticos).

En lo que respecta a la "Etapa III", en períodos de crisis no es conveniente

incrementar las tasas impositivas, esto, podría presentarse cuando la situación

económica se encuentra en una onda de crecimiento o se encuentra estable.



127

Existía un consenso bastante amplio respecto a la política fiscal que se discutió en

la reunión de Washington, en lo que se refiere a las inversiones en infraestructura,

gasto en salud y educación, y los subsidios dirigidos a la protección de grupos

vulnerables, donde mencionaban que estos deben recortarse menos, o incluso,

favorecían el hecho de que estos deberían de incrementarse. Así, dentro de la

década de 1980, México, logro reducir el gasto público, y junto con Colombia,

lograron en gran parte sus reducciones a expensas de los subsidios y generando

extrema austeridad en su gasto, incluyendo salud, educación e inversiones.

Maniobrándose, de alguna manera en contra de lo expuesto en las reuniones y

que los políticos del Consenso creían dentro del gasto público algo conveniente.

Debe insistirse el hecho de que aunque México no realizo un proceso en el orden

en el que se debería de acuerdo a lo consensuado, el país se aventuró a dar

pasos adelantados a la disminución del déficit de gobierno, sin miramientos al

futuro, y no percatarse de que la estrategia seguida, tarde o temprano, cobraría la

factura correspondiente por la disminución en estos rubros considerados vitales,

uno de ellos, la baja calidad en la mano de obra.

Al tomar la Presidencia Ernesto Zedillo (1994), una de las primeras medidas que

tomó en su administración, consistió en el incremento en la tasa del IVA con el fin

de fortalecer los ingresos públicos, el ahorro y generar flujo fiscal. Tratando de

seguir, de alguna manera con las políticas decretadas por el Consenso, en este

caso con la "Etapa III". Pero los resultados no fueron los deseados, y lejos de lo

que esperaban los teóricos neoliberales. Ni mucho menos, los que en su momento

se encargaron junto con el Presidente Zedillo, del rumbo económico del país. Ya

que en 1994 los ingresos del Gobierno Federal fueron de 913,241.8 mdp y para el

año siguiente fueron de 843,061.5 mdp, lo que significa una caída de 8.32%.

Como se muestra en el Cuadro 2.5. Pero esta medida lo único que generó fue un

problema mayor, ya que se incentivó la evasión fiscal y la economía informal. Lo

que obviamente genero la caída de los ingresos del gobierno.



128

Retomando una aproximación muy interesante, que consideramos apropiada para

apreciar el resultado de la medida tomada por el Presidente Zedillo, donde solo se

consiguió lo contrario. Llegamos al hecho de que si las empresas (o familias)

pueden tomar una de dos opciones: pagar impuestos o no pagarlos, sabiendo que

en este último caso podrían perder bienes públicos suministrados por el gobierno

(policía, aplicación de la ley, contratos legales, etc.). El margen está dado por el

comportamiento del resto de los agentes. Si ninguna evade los impuestos el

gobierno suministrará bienes públicos a una escala suficiente, por lo que la firma

(agente económico) paga con el fin de permanecer de manera legal; pero si las

otras no pagan el Estado podría colapsarse y estaría imposibilitado para

suministrar bienes públicos a una escala significativa. En ese caso la firma (o el

agente) no tiene incentivo alguno para pagar sus impuestos. Existen, pues, dos

equilibrios: en uno todas las firmas pagan, y en el otro todas evaden (Contreras,

1998). De la misma manera, si una empresa no paga impuestos y se ve

beneficiada por que las demás si lo hicieron, la empresa que cumplió con su

responsabilidad, se ve afectada por el acto, al grado de decidir no pagar porque se

considere en desventaja debido a que los demás no lo hacen. Y la pregunta es

¿Por qué los demás disfrutan de beneficios que no pagan? Aunque esto nos lleva

al dilema, ¿Cómo saber quién paga y quién no?



129

Cuadro 2.5

Ingresos Tributarios del Gobiernos Federal 1980-2000

(Millones de pesos constantes base 2005)

Gobierno Federal Tributarios Año mdp Var. % mdp Var. %

1980 618,130.9 569,434.3 1981 666,721.5 7.9% 606,096.7 6.4%

1982 670,865.1 0.6% 607,078.3 0.2%

1983 805,639.5 20.1% 468,072.5 -22.9%

1984 757,165.5 -6.0% 441,031.2 -5.8%

1985 770,325.1 1.7% 440,165.8 -0.2%

1986 725,691.7 -5.8% 488,533.8 11.0%

1987 790,486.6 8.9% 486,836.0 -0.3%

1988 780,929.4 -1.2% 546,919.2 12.3%

1989 828,890.7 6.1% 577,180.6 5.5%

1990 858,020.2 3.5% 582,099.4 0.9%

1991 1,004,683.6 17.1% 594,664.0 2.2%

1992 1,060,656.8 5.6% 651,508.3 9.6%

1993 871,987.5 -17.8% 644,217.7 -1.1%

1994 913,241.8 4.7% 665,184.1 3.3%

1995 843,061.5 -7.7% 512,514.9 -23.0%

1996 903,591.0 7.2% 520,211.1 1.5%

1997 995,011.3 10.1% 611,422.8 17.5%

1998 924,091.9 -7.1% 685,175.9 12.1%

1999 992,107.5 7.4% 767,504.3 12.0%

2000 1,139,144.0 14.8% 763,179.2 -0.6%

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la

H. Cámara de Diputados, con base en datos de la Cuenta de la Hacienda

Pública Federal 1981-2003.

Para nuestro país, la política fiscal implementada con y a través del cambio del

pensamiento económico, han dejado una serie de problemas que la iniciativa

privada no ha sido capaz de enfrentar. Esta no ha podido crear un mercado

interno fuerte y competitivo, por lo que la intervención del Estado se encuentra en



130

una situación muy compleja, unos piden que el Estado entre y proteja el mercado

interno, otros argumentan que esto es producto de que el Estado no ha salido por

completo de la actividad económica.

Pero mientras es una cosa u otra, el país (o mejor dicho, los actores políticos) no

han podido establecer los lineamientos necesarios en lo que se refiere a la política

fiscal, ni al nivel de intervención del Estado, de tal manera que los cambios

proyectados y encaminados en la economía mexicana hacia el crecimiento

constante no han despegado.

Los países que han alcanzado niveles de crecimiento constantes han establecido

una serie de planes y estrategias establecidas por el gobierno, y ellos han

apostado al crecimiento en la capacidad productiva, han incentivado su gasto,

reducido sus impuestos e incluso algunos países posen en su mayoría empresas

que consideran estratégicas, con participación mixta (tal es el caso de China).

En su mayoría el gobierno tiene el 51 por ciento de las acciones de estas

empresas, para mantener el control de las mismas, con la finalidad de evitar

que empresas extranjeras controlen sectores estratégicos y que consideren

vitales para la expansión y el crecimiento económico constante.

El crecimiento de la capacidad productiva es una condición necesaria para lograr

el aumento de la producción de bienes y servicios, pero no siempre es suficiente.

En el mundo real, la capacidad productiva no siempre se utiliza a pleno. Las

recesiones se pueden subdividir en dos grandes categorías: las que originan las

caídas autónomas de la demanda global, y las que tienen su origen en los

desequilibrios de la balanza de pagos (Diamand, 1993).



131

El aumento de la producción, se logra aumentando la demanda y, con ello,

promoviendo el empleo de los recursos ociosos. Con este fin puede ser

conveniente incurrir en gastos que pueden ser netamente ineficientes. Son

conocidos los ejemplos de Keynes que demuestran de qué manera puede

aumentar el bienestar (Diamand, 1993: p. 25). La posibilidad de movilizar recursos

ociosos permite obtener, el incremento del consumo y de la inversión.

Para tal caso, existen dos maneras de aumentar la demanda: alterando la

propensión al consumo o alterando la inversión. La primera modificación podría

alcanzarse mediante la redistribución de la renta. Aunque Keynes apoya esta

política para conseguir el mantenimiento de las condiciones del período expansivo.

En lo que se refiere a la inversión, también hay dos maneras posibles de

fomentarla: aumentar el remanente, lo que en realidad significa expectativas de

beneficio, o reducir el tipo de interés.

Sin embargo, cuando dicha tasa está ya a un nivel más bajo que nunca, las

posibilidades de que se produzca un cambio son pequeñas y además, con un alto

nivel de infrautilización del equipamiento existente, las esperanzas de aumentar la

inversión, incluso a través de una mejora de las expectativas, no son grandes. Así

pues, la única posibilidad que queda disponible para el futuro inmediato es llenar

el bache entre la producción potencial y la demanda del período mediante el gasto

público (Chick, 1990).

El efecto de gasto sería inmediatamente beneficioso para el empleo. El consumo

inducido por el gasto inicial, incrementaría aún más el empleo y, si las rentas



132

crecen suficientemente, quizás incrementaría la recaudación de algunos

impuestos. Así, el déficit no tendría por qué ser tan costoso para el gobierno como

podría parecer. Además el efecto sobre los precios podría ser mínimo para niveles

de producción bajos. Esto podría generar la esperanza de que el aumento de la

renta pudiera producir una modificación de las expectativas de los empresarios

suficiente para provocar una recuperación de la inversión.

El problema de interés que se plantea al utilizar los instrumentos fiscales para el

crecimiento económico, es que debe tenerse presente que los cambios en los

ingresos y gastos públicos pueden afectar no solo al nivel de la demanda, sino,

también a la trayectoria del crecimiento. Por ejemplo, un aumento en los gastos

públicos para la educación aumenta la demanda agregada pero, al mismo tiempo,

representa una adición al stock de capital y es probable que aumente el producto

a través de mejoras de la calificación de la fuerza de trabajo o capital humano.

Que se caracteriza por el aumento en la capacidad de la producción del trabajo

alcanzada con mejoras en las capacidades de los trabajadores. Estas

capacidades realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y la

experiencia. Lo que se refiere, pues, al conocimiento práctico, las habilidades

adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen

potencialmente necesario.

En sentido figurado se refiere al término capital en su conexión con lo que quizá

sería mejor llamada la "calidad del trabajo" es algo confuso. En sentido más

estricto del término, el capital humano no es realmente capital del todo.

El término se refiere a una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos

para aumentar el stock del capital físico ordinario (herramientas, máquinas,

edificios, etc.) para aumentar la productividad del trabajo y de la "inversión" en la



133

educación o el entrenamiento de la mano de obra como medios alternativos de

lograr el mismo objetivo general de incrementar la productividad y mejorar las

situaciones financieras que aquejan al país.

2.7.1. La Política Económica de Ajuste.

La intervención del Estado en la economía ha sido determinada y condicionada en

gran medida por la necesidad del mercado. Cuando éste requirió obras de

infraestructura, así como el desarrollo de ciertos sectores estratégicos para

abastecerse de insumos baratos, y disponer de mano de obra capacitada, el

gobierno asumió la responsabilidad de cumplir con dichas tareas para impulsar la

dinámica de acumulación y el crecimiento de la economía.

Desde fines de los sesenta hasta principios de los ochenta, la economía mexicana

dependía en forma creciente de la disponibilidad de recursos externos para

financiar las presiones que la dinámica económica del país generaba. En 1982,

cuando se deterioraron los términos de intercambio (caída drástica del precio

internacional del petróleo), se acrecentó la tasa de interés internacional y se

suspendieron los créditos externos al país, se manifestó una severa crisis fiscal y

de balanza de pagos, debido también a la falta de respuesta productiva y

financiera interna frente a dicha situación.

Por el lado de las finanzas públicas, el freno de créditos externos planteaba al

gobierno una disyuntiva en el sentido de: financiar sus gastos e inversiones

mediante mecanismos compensatorios que recayesen en los acreedores; o la



134

disminución drástica de sus gastos e inversiones para realizar su ajuste fiscal,

optando por esta última.

El déficit, había sido aumentado, tanto por las presiones de la tasa de interés y del

tipo de cambio, además de que el gobierno tuvo que asumir como propia la deuda

externa privada, ya que, ante la crisis, el sector privado afectado pasó al sector

público el costo del ajuste.

El Estado tuvo que disminuir sus gastos e inversiones para alcanzar un superávit

primario, dejando de lado a las obras de infraestructura como a los sectores

estratégicos y prioritarios, con lo cual se configuró un contexto, y se socializaron

las pérdidas que le correspondían en gran parte al sector privado.

Las propuestas económicas de lo que se ha llamado neoliberalismo, marca entre

sus prioridades encontrar nuevos mecanismos financieros mediante la mayor

presencia de las fuerzas del mercado en la economía, modifico el papel del

Estado, sus formas de regulación, así como su esquema de financiamiento.

Permitió que las fuerzas del mercado reestructurasen la economía en función de

sus necesidades de acumulación y crecimiento. La función del Estado pasó a ser

más la de colaborador a los mecanismos del mercado, y no como entidad

reguladora que determina los rumbos y destinos de éste. Al estar más sometido al

mercado y al no regular las acciones de éste, ha sido incapaz de generar e

impulsar las transformaciones productivas, así como de instrumentar políticas

macroeconómicas que conformasen una dinámica sostenida, soberana y

equitativa (Huerta, 1994: p. 21)



135

La política fiscal contraccionista atentó contra la corrección de las finanzas

públicas, ya que al contraer la actividad económica redujo la captación de ingresos

tributarios.

En los años de 2003-2007, el ajuste de la balanza de pagos se alcanzó mediante

la contracción económica y tipo de cambio activo. Es decir, mediante una

disminución de las importaciones y el crecimiento de exportaciones promovidas

por la política cambiaría de valuatoria y por la mínima actividad económica interna

(Huerta, 2003). No hubo condiciones productivas y financieras que permitieron el

ajuste externo, bajo condiciones de sustitución de importaciones y de incremento

de exportaciones con base en productividad. De ahí, que las políticas

contraccionistas y devaluatoria no resolvieran el problema de las finanzas

públicas.

En este contexto, el estancamiento de los ingresos públicos y la continua

necesidad de reducir las inestabilidades presupuéstales para buscar la estabilidad

económica, y consecutivamente, ante la búsqueda de la apertura económica del

país, aunada a los otros muchos cambios estructurales que se dieron, resultaron

en una continua contracción del gasto.

Esta dinámica esta explicada, dado que, el sistema impositivo anterior a las

reformas, no podía ser compatible con un modelo de apertura comercial; era un

modelo de crecimiento hacia adentro con altos aranceles a las importaciones, pero

al menos compatible con un país cerrado comercialmente al exterior.

Sin embargo, en la medida en que se empieza a modificar esta situación, debido a

la crisis de 1982 y con la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo,

se consideró una necesidad, reducir el déficit del gobierno, y además, adecuar los



136

lineamientos económicos del país, para su entrada en 1985 al General Agreement

on Tariffs and Trade (GATT, por sus siglas en inglés o Acuerdo General sobre

Comercio y Aranceles) y posteriormente con los tratados comerciales, y las ideas

planteadas en el Consenso de Washington se hace necesario modificar

radicalmente la estructura de nuestro sistema impositivo.

Otro de los cambios fundamentales de los últimos 20 años, consistió en la

instrumentación, en el 2000, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,

esquema que regula qué fuentes puede gravar cada uno de los órdenes de

gobierno y cómo se distribuyen entre ellos los ingresos. En México, hasta 1979

existía un esquema con más de 100 impuestos a nivel estatal sobre los distintos

productos. Estos impuestos eran de base muy estrecha ya que gravaban bienes

específicos. Debido a ello, para poder recaudar recursos suficientes, había que

gravar muchos bienes con distintas tasas. En cada Estado se gravaba una

canasta distinta de bienes, obstaculizando las actividades productivas y la

competitividad de las empresas. Por otro lado, ello afectaba la recaudación, en la

medida que es muy costoso administrativamente recaudar un mismo monto

teniendo que usar 100 impuestos en lugar de dos. Ello originaba volatilidad,

incertidumbre y costos de operación para las empresas.

En esta lógica de modernizar el sistema tributario para dar competitividad a las

empresas, permitiendo que el país pudiera crecer y para que nuestros productos

se pudieran colocar en el exterior, naturalmente el papel de la coordinación fiscal y

el cambio que en ella se hace resulta fundamental pero no suficiente.

Entonces, se diseñó un sistema fiscal con ciertas características que financiara

una parte del gasto y que necesitó de otros ingresos para financiar el resto, y hoy

ya no hay ese resto, entonces, es necesario volver los ojos al sistema tributario,



137

para fortalecer los ingresos, debido a que se redujeron los gastos en aspectos

tales como la infraestructura pública, la educación, salud, etc. La conferencia de

Washington pareció avalar la opinión de que los déficit fiscales grandes y

sostenidos, constituyen una fuente primaria de dislocamiento macroeconómico

que se presenta como inflación, déficit y fuga de capitales. Es interesante notar

que ningún orador se preocupó por los peligros de crear una recesión como

resultado de recortar déficit presupuestario.

En la conferencia se tendió a considerar que los recortes en el gasto público son

una forma mejor de reducir el déficit presupuestario que incrementar los

impuestos. Los principales recursos a recortar incluyen subsidios, los gastos

militares y de administración pública. Algunas áreas de gastos se consideraban en

forma más benevolente, especialmente las que tienen carácter de inversión más

que de consumo, y las que se esperaba beneficiaran a los pobres. Por lo tanto

existía un consenso bastante amplio respecto a que las inversiones en

infraestructura, los gastos en salud y educación, y los subsidios cuidadosamente

dirigidos a la protección de grupos vulnerables, deben recortarse menos, o incluso

incrementarse. Del registro de la década de 1980 en cuanto al control y

composición del gasto público, solamente Bolivia, Chile, Jamaica y por supuesto

México, parecen haber logrado reducir el gasto público. Y junto con Colombia,

lograron en gran parte sus reducciones a expensas de los subsidios (más del 50

por ciento del presupuesto sujeto a derecho de compra por los pagos de intereses

en 1988. En todo lo demás, extrema austeridad, incluyendo salud, educación e

inversiones, así como subsidios (Williamson, 1990)) manejándose, de alguna

manera en contra de lo expuesto en las reuniones y que los políticos del

Consenso creían dentro del gasto público adecuado.

Al tomar la Presidencia Ernesto Zedillo, una de las primeras medidas que se

tomaron en esta administración, consistió en el incremento en la tasa del IVA con



138

el fin de fortalecer los ingresos públicos, el ahorro y generar flujo fiscal, pero esto

género un problema: se incentivó la evasión fiscal, la elusión fiscal y la economía

informal. Contreras cita lo siguiente:

...Sí en el Estado se percibe una gran debilidad financiera futura o en

marcha, y este continuamente hace trampa politizando el ciclo económico

"normal", las conductas antisociales (pre) existentes se multiplican: corridas

periódicas contra la moneda, evasión fiscal, criminalidad, agudización de

tensiones regionales, sobreendeudamiento con el exterior y, eventualmente,

pánico de los acreedores del sector público. (Contreras, 1998: p. 14)

Lo que genera problemas de credibilidad. Además, la globalización de los países

obliga a que las actividades productivas cada vez se graven menos. Porque existe

una gran movilidad en la inversión entre países. Entonces, para mantener la

competitividad de nuestros productos en el exterior y competir adecuadamente, se

tuvo que adecuar nuestro sistema impositivo a la actividad productiva y en ese

sentido entramos en una competencia constante con el resto del mundo, para no

tener gravámenes más altos a nivel de las actividades productivas. Por ejemplo,

en 1980 se sustituyó el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) por el IVA. El

ISIM en realidad era un impuesto directo que se aplicaba a cada una de las etapas

de la producción, es decir, generando mayor carga mientras más etapas hubiera

en una actividad productiva. Este impuesto tenía otro problema, favorecía las

importaciones. El ISIM cobraba el 4 por ciento sobre la importación de productos,

mientras que sobre la producción del mismo bien en México se podía cobrar 16

por ciento. Porque la producción tenía tres o cuatro etapas y el 4 por ciento se

aplicaba en cada una de ellas, de tal forma que cuando el producto salía al

mercado, ya traía cuatro veces el 4 por ciento, esto es, 16 por ciento. Así, los

productos nacionales enfrentaban competencia desleal en su propio país, y todo

esto generado por el sistema fiscal.



139

Esa competencia ha llevado a que los impuestos a la producción se vayan

reduciendo. Siendo así el impuesto al consumo, en el que recae la responsabilidad

del gasto público, como algunos países lo han hecho, que es un impuesto que no

grava la producción, que no grava el ahorro, que es mucho menos distorsionante,

y a vista de los teóricos, es más eficiente. Y en esa tendencia nos hemos inmerso.

De ahí que uno de los elementos para fortalecer la recaudación haya sido el de

aumentar la importancia del impuesto al consumo en la recaudación.

Hasta aquí, hemos visto algunos cambios que se han suscitado en los últimos

veinte años dentro de la Política Fiscal y lo que ha sucedido a partir de ellos.

Vimos cómo unos impuestos han cambiado y otros han desaparecido.

Estos cambios se han llevado a cabo con una finalidad, acertada o no, pero que al

final de cuentas buscaban una mejora a través de diversos ajustes y de acuerdo al

cambio en la política económica del momento.

Estos cambios en los últimos años, se han inmerso en una discusión acerca del

nivel de recaudación de los impuestos y si este nivel es suficiente para satisfacer

las necesidades que tiene el gobierno frente a las demandas sociales. Estas

discusiones han llevado a un par de reformas misceláneas que buscaron un ajuste

aún tema importante que durante muchísimos años ha afectado de manera

significativa el nivel de ingresos, vía impuestos, del Estado.

Es el caso de las misceláneas fiscales, cuyo propósito es el de expresar el

sentido que la autoridad administrativa, otorga a las disposiciones legales



140

relativas, en virtud de que pudiera ser materia de un reglamento, cuya

expedición corresponde sólo al titular del Poder Ejecutivo y, en tales

condiciones, trasciende las facultades de la autoridad fiscal, o el de la

fracción III, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación que permite a

la autoridad, en el desarrollo de las visitas domiciliarias, sellar y colocar

marcas en muebles, archiveros u oficinas del visitado, porque aparentemente

pugna con lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna.

Se ha discutido con respecto al tema de Reforma financiera, en donde algunos

creen que es necesario incrementar la tasa impositiva o gravar algunos bienes que

han permanecido exentos (tal fue el caso de la reforma planteada por el

Presidente Vicente Fox), mientras que otros plantean el hecho de que el sistema

impositivo tiene lagunas o vacíos legales que permiten la evasión fiscal además de

ser complicado.

De esta manera, el tema de la equidad ha sido también, uno de los más

cuestionables que han regido las modificaciones en las últimas administraciones.

Una de las situaciones que más afectan la equidad de nuestro sistema tributario

es la existencia de privilegios y tratamientos preferenciales. Los tratos de privilegio

y de excepción establecen ventajas para un sector respecto de otros por razones

fiscales.

Por su parte, la evasión y la informalidad constituyen otra importante fuente de

inequidad del sistema tributario. En este sentido, ha habido diversas iniciativas,

muchas de las cuales se han aprobado por el Congreso (Decreto, por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del impuesto al

valor agregado, del impuesto sobre la renta, del seguro social y federal de

derechos y presentada en la Sesión de la Comisión permanente en la H. Cámara



141

de Diputados el miércoles 17 de diciembre de 2003), que permiten avanzar en la

equidad. Por ello, más que eliminar en su totalidad la estructura del sistema

tributario, lo que se requiere para poder definir una reforma fiscal integral, es

corregir los problemas que persisten con el objetivo de elevar los ingresos

públicos.

La evasión fiscal está compuesta por tres elementos: la eficiencia administrativa,

la idiosincrasia cultural y la estructura impositiva. Ésta última al contar con

esquemas complicados, con varias excepciones, y con vacíos legales, dificulta la

administración del impuesto y abre los espacios para la evasión.

La carga fiscal del impuesto empresarial en México es la más baja en

comparación con otros países debido a que en nuestro país existe la integración

entre el impuesto personal y empresarial, el ajuste inflacionario, la deducción de

inventarios, entre otros. México cuenta con una de las tasas efectivas de

tributación más bajas, mientras que en países en desarrollo es mayor. La debilidad

fiscal se explica por un conjunto de factores más o menos presentes a lo largo de

los últimos años, entre los cuales destacan los siguientes: exenciones fiscales

amplias, insuficiente calidad y cantidad en la provisión de bienes y servicios

públicos, importancia creciente de la economía informal, excesiva dependencia de

los ingresos petroleros, significativos niveles de evasión y elusión fiscales, fallas

administrativas, lagunas legales y, finalmente, factores políticos. La combinación

de todos ellos explica de manera sumaria la baja carga tributaria. En efecto, si se

compara a México con países de similar desarrollo y tamaño, esta carga es

atípicamente baja.



142

Cuadro 2.6

Obligación tributaria en países en desarrollo 2008

(Porcentajes del PIB)

País Porcentaje

México 14.2

Chile 17.8

Brasil 18.6

Sudáfrica 25.2

Uruguay 27.6

Incluye ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios

significan sólo 10.50% del PIB. Fuentes: Banco Mundial y

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.7.2. Una Nueva Discusión Fiscal. Un Retorno a la Ortodoxia.

Con la entrada a la Presidencia, de Vicente Fox (2000), se pretendido buscar la

modificación de la estructura fiscal a través de "la nueva hacienda pública

distributiva", pretendiendo así obtener mayores recursos fiscales. Algunos

aspectos relevantes de ésta propuesta son los siguientes:

1. Aplicación del 15% del IVA a los alimentos y medicinas. Aunque

reconocen que las familias que destinan la mayor parte de su ingreso al

gasto en alimentos y medicinas son aquellas de menores ingresos. El



143

problema es que esto deja a tras el concepto de una política fiscal

distributiva, al no ser equitativa.

2. Modificaciones al ISR de personas físicas. Se propone una sola tarifa

del impuesto sobre la renta en lugar del sistema de 49%, para que las

personas físicas paguen menos en todos sus tramos y sin que la tasa

marginal máxima exceda de 32%, comparado con el 40% que hoy se

llega a pagar. Así, la iniciativa establece que: "En cuanto a la educación,

la salud y las prestaciones sociales se propone otorgar en el ISR de

personas físicas un crédito fiscal por las erogaciones realizadas por

concepto de colegiaturas, establecer la maleabilidad de las primas

pagadas por concepto de seguro de gastos médicos, exentar de

impuestos prestaciones sociales, tales como ayuda por maternidad,

ayudas por enfermedad, pensiones, servicios deportivos o transporte

colectivo (...)

En el caso de los pensionados, se descartará un monto equivalente a cinco

salarios mínimos, y por el remanente se estará exento cuando este no exceda de

50 mil pesos al año".

3. Aspectos deducibles al ISR. "Con el fin de eliminar la percepción que

tienen los inversionistas de que México es un país impositivamente caro,

debido a que actualmente, además de pagar 40% de ISR también deben

pagar 10% adicional por la no deducibilidad de la participación de los

trabajadores en las utilidades (PTU), que en conjunto con el impuesto

sobre la renta significa alrededor de 50% de las utilidades de las

empresas, se propone permitir en el impuesto sobre la renta empresarial

la deducibilidad de la PTU pagada a los trabajadores". Tras el hecho de

reducirse la PTU y disminuirse el ISR, solo se estaría trasladando el



144

impuesto a los trabajadores, por el hecho de que a mayores ingresos

mayor contribución. En tal caso, solo resultarían beneficiadas las

empresas y perjudicando a los trabajadores. Además de que las

empresas pueden hacer deducibles algunos gastos, como los

fideicomisos, donativos, etc..

Las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos

deducibles del impuesto sobre la renta, tributan dentro del Título ni de la

Ley de la materia como personas morales con fines no lucrativos y, por

ende, no son contribuyentes de dicho gravamen (artículo 93 de la LISR).

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria (2003), en "Prerrogativas de

las donatarias autorizadas". [En línea] México, disponible en:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/donatarias/7_2532.html

De llevarse a cabo esto solo disminuiría el poder adquisitivo y la demanda

agregada. Además, se amplían los rubros que dichas empresas podrán deducir,

destacando lo siguiente:

Las empresas podrán deducir las devoluciones que se reciban o los descuentos o

bonificaciones que se hagan, aún cuando correspondan a operaciones realizadas

en ejercicios anteriores. Asimismo, podrán deducir también las adquisiciones de

mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen

para brindar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. También podrán

deducir gastos, inversiones, saldo de inventarios, créditos incobrables y las

pérdidas por caso fortuito, por fuerza mayor o por enajenación de bienes.

4. Eliminación de regímenes especiales. Se propone que los

contribuyentes de los sectores del transporte, agropecuario, silvícola y

pesquero tributen en el impuesto sobre la renta en el régimen de base



145

de efectivo. Casualmente, microbuses y taxis, se ven afectados por los

aumentos graduales en aceites y gasolinas, el sector agropecuario se ha

visto que ha sido de los más perjudicados con la apertura comercial, a

causa de la competencia desleal de Estados Unidos, y ni qué decir de la

Pesca con los embargos atuneros, bajo la excusa de que se matan

delfines. Cargar impuestos al sector primario contrapondría el sentido de

querer ayudar e incentivar al sector productivo, debido a que se

incrementarían los costos de venta y para insumos del sector

secundario. No obstante se acaba de aprobar una reforma (2007) para

el incremento gradual de la gasolina.

2.7.3. Objetivos de la Propuesta.

La propuesta de reforma tributaria planteada por el Poder Ejecutivo (durante el

gobierno del Presidente Fox) busca dos objetivos; el primero, lograr la estabilidad

macroeconómica y; el segundo, aumentar la asignación presupuestal para la

producción de bienes y servicios del país. En relación a la estabilidad

macroeconómica, el ejecutivo intenta reducir la deuda interna del gobierno

mexicano para minimizar las presiones sobre la tasa de interés interna, de esta

manera, con la disminución del costo financiero del dinero se espera incrementar

la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleos, definimos el

hecho de la contradicción de la teoría económica que emplean los que llevan a

cabo la aplicación de la teoría con los objetivos y resultados de la misma.

2.7.4 Resultados y Costos de la Reforma Tributaria.



146

La clase alta, recibiría una reducción del ISR ya que la tasa máxima bajaría al

32%. La clase baja o desprotegida, ha generado la más fuerte polémica respecto

al cobro del IVA en alimentos y medicinas, ya que es un impuesto general, y como

consecuencia, altamente regresivo. Los críticos de esta reforma sostienen que

estos grupos no estarían en condiciones de pagar dichos impuestos por su bajo

nivel de ingresos y porque la mayor parte de sus ingresos lo destinan

precisamente al consumo de alimentos y medicinas, lo que significaría que, la

instrumentación de este impuesto afectaría su ya de por sí endeble bienestar.

Los grupos de la población están divididos en quintiles, cada quintil

corresponde a 20.5 millones de habitantes. Los más pobres corresponde al

último quintil, y la clase alta o el grupo de más ricos corresponde al primer

quintil.

Esta situación se traduce en que, el costo de la reforma tributaría recaería sobre

este grupo de población. Para los estratos medios de la sociedad mexicana no

existen programas de compensación alguno, ni estímulos fiscales. De esta

manera, lo que sucedería parecería ir en contra de lo que se espera y de lo que se

puede apreciar en los países desarrollados, con mejores niveles de vida, un poder

adquisitivo mayor, que determina el crecimiento a través de la demanda creciente.

Y nuestro país solo sería lo que los empresarios desean que sea, un paraíso

fiscal, en donde paguen menos impuestos, reciban subsidios, mano de obra

barata y calificada. Esto podría dar como resultado un problema que será, cuando

estas medidas generen recesión o nuevas crisis, por causa de acumulación de

existencias, al no poder realizarse las mercancías en los mercados por causa de

la disminución del poder de compra, aunque se encuentre una salida temporal, en

el crédito a largo plazo en bienes de lujo, como autos, y en muchas ocasiones sin

intereses.



147

Capítulo 3.- La Reorientación de los Planteamientos de la Reforma

Financiera en las Políticas Públicas

3.1 Marco Actual de la Política Fiscal

En este capítulo expondremos los argumentos teóricos en los que se ha

sustentado la política económica bajo un contexto de apertura comercial y

financiera que afectan a la creación de una reforma financiera integral en el país.

Puntualmente, los nuevos objetivos de la política fiscal cuyo resultado principal es

la menor intervención del Estado a través de la reducción del gasto público, con el

fin de ser compatible con los objetivos trazados por la política monetaria de

alcanzar la meta de inflación, que en México se ha ubicado en 3% con un margen

de 1%. Así mismo, se denota los impactos que la política restrictiva ha tenido

sobre variables como el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés que dan

como resultado que la economía del nación siga estancada.

3.2 La Política Fiscal Desde el Punto de Vista Actual

La tendencia macroeconómica que ha dominado en los últimos treinta años, se

caracteriza por la instrumentación de políticas económicas restrictivas con el

objetivo de mantener “sanas” las finanzas públicas y la inflación a una meta fija o

blanco establecido.

La adopción de las políticas económicas condicionadas han configurado un nuevo

orden mundial y cada vez es más común la adopción de éstas por parte de

economías desarrolladas y en vías de desarrollo.



148

La política de estabilidad de precios y de disciplina fiscal, han sido el eje de la

política económica en varios países. En México, desde los programas de

estabilización que comenzaron en 1984 hasta su legislación en 2006 bajo la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se prohíbe al

Estado que trabaje con déficit público e implícitamente abandone cualquier

intervención como agente activo en la economía.

1. No obstante la ley si contempla cierto nivel de endeudamiento, el objetivo

es lograr un balance estructural cero.

La LFPRH define como Responsabilidad Hacendaría, a la observancia de los

principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de

Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio

presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el

Congreso de la Unión (LFPRH, 2006).

La meta del Congreso de la Unión se encuentra referida en el Plan Nacional de

Desarrollo (El Plan Nacional de Desarrollo se compone de 5 ejes, siendo el

segundo el que corresponde a la estrategia de lograr una “Economía competitiva y

generadora de empleos”) (PND); en el PND 2007-2012, el segundo eje toma como

base la concepción de que la estabilidad macroeconómica es fundamental para

generar inversión8 Por lo que bajos niveles de tasas de interés, inflación,

endeudamiento y orden en las finanzas públicas son indispensables para que sea

posible traducir la actividad económica en fuentes de empleo (PND 2007-2012).



149

Esta explicación ha sido también dentro de los Criterios Generales de Política

Económica (CGPE); por ejemplo, en los CGPE 2000 se señaló que “Al mantener

sanas las finanzas del sector público, sé promueve la estabilidad

macroeconómica. Esto fortalece el ahorro, la inversión y el crecimiento de la

economía y el empleo un balance presupuestario compatible con la estabilidad de

los mercados financiero y cambiario, y con una tasa de inflación a la baja, crea el

ambiente necesario para lograr el crecimiento que requiere la economía para

generar los empleos que la población demanda” (CGPE, 2000).

Recientemente, en los CGPE 2012 se argumentó que “la mejor respuesta del

Gobierno Federal es mantener para todos los agentes económicos la certeza y

garantía de que el manejo de las finanzas públicas continuará apegado a los más

estrictos criterios de disciplina y responsabilidad. Con ello, uno de los principales

objetivos de la presente Administración es hacer de México un país más

competitivo y generador de más y mejores empleos” (CGPE, 2012).

Reflexionando lo expuesto, desde la década de los ochenta se ha mantenido la

misma línea de política económica sin tener ningún cambio considerable. La teoría

económica detrás de estas políticas otorga un papel preponderante al manejo de

la política monetaria, cuyo objetivo se ha medido en el control de la inflación como

estrategia de crecimiento económico. En el siguiente apartado se aborda el papel

de la política monetaria, subrayando la influencia en la formulación de políticas

económicas.

3.3. El Papel Predominante de la Política Monetaria Sobre la Política Fiscal



150

En el periodo denominado como la crisis de la deuda, se produjo una

“contrarrevolución” en el pensamiento económico. Esta “contrarrevolución” fue la

del monetarismo, siendo Milton Friedman el mayor exponente. Friedman

impugnaba que ante los problemas de una economía para alcanzar el pleno

empleo, la mejor solución “es que la economía se dejara a su libre suerte, es decir,

que se dejase a las libres fuerzas del mercado” (Friedman, 1968).

Su dominio teórico sobre las políticas económicas, llevó a institucionalizarse en el

Consenso de Washington y posteriormente en el llamando “Nuevo Consenso”. En

dichos Consensos, se argumentó que los problemas a los que se enfrentaban las

economías en desarrollo durante la crisis de la deuda, en gran medida, eran

problemas de financiamiento externo y una elevada inflación provocada por la

emisión de moneda como forma de financiamiento del gasto público, por lo que

“las políticas de respuesta óptimas son las de estabilización macroeconómicag

puesto que ante la falta de recursos externos, las opciones de política ante estos

embates son limitadas” (Messmacher, 2000).

En este Nuevo Consenso Macroeconómico se abandona la idea esencial de

Keynes sobre la eficacia de la política fiscal en la economía, así como la de

Friedman referente al manejo o el control de la base monetaria como ancla para

estabilizar los precios. En el Nuevo Consenso Macroeconómico, “la premisa

principal indica que la política monetaria puede ser efectiva en el control de la

inflación sin ningún sacrificio permanente en la forma de reducción de ingresos y

oportunidades de trabajo” (Arestis y Sawyer, 2003). Es decir, la característica bajo

el nuevo consenso, es utilizar la tasa de interés como instrumento de la política

monetaria para alcanzar la estabilidad de precios mediante un blanco de inflación,

lo que implica asumir el control del dinero y abandonar cualquier agregado

monetario como instrumento (Perrotini, 2007).



151

Diversos autores han trasladado el nuevo objetivo de la política monetaria a los

esquemas tradicionales de macroeconomía. Siguiendo a Romer (2000) y a

Mendoza (2011), en los modelos de corte neo-keynesiano, la curva IS continua

representando el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, la oferta agregada

está representada por la curva de Phillips aumentada por expectativas y se

sustituye la curva LM equilibrio en el mercado de monetario por la regla de Taylor

o la función de reacción del Banco Central. En Taylor (2004) se aclara aún más el

análisis al considerar la interrelación de la demanda con la inflación, estableciendo

una función de demanda agregada/inflación la cual tiene pendiente decreciente

debido a la relación negativa entre la demanda agregada y la inflación, lo cual

implica la relación negativa de la tasa de interés con la inversión, el consumo y las

exportaciones netas, o bien, una relación negativa con el PIB real.

Por su parte, la regla de Taylor o la Regla de política monetaria (RPM) establece

que la tasa de interés debe aumentar cuando se eleva la inflación, o bien, que la

tasa de interés baje cuando disminuya la inflación, lo cual implica una relación

positiva entre la tasa de interés y la inflación para alcanzar la meta de inflación.

Emanado del análisis anterior, la conclusión principal es que una mayor inflación

disminuye el PIB real alejándolo del PIB potencial, mientras que una menor

inflación incrementa el PIB real igualándolo al potencial.

Por ello, “la política fiscal se conduce mediante una regla que impone limite al

déficit fiscal” Mendoza (2011), de tal manera que el gasto público se convierte en

una variable endógena, en el sentido de que cualquier erogación tiene que estar

determinado por los ingresos del sector público.



152

Al controlar el Banco Central la tasa de interés a través de OMA y limitar el papel

de la política fiscal, asumimos que la actividad y el crecimiento económico queda

supeditado al comportamiento de la oferta agregada; por ende, se asume que

existen fuerzas automáticas que aseguran un nivel de equilibrio de la demanda,

por lo que cualquier intento de estimularla seria endeble con el objetivo de

estabilidad de precios.

Resumiendo, en el nuevo consenso macroeconómico se resalta la efectividad en

el manejo de la política monetaria para evitar variaciones en el ciclo económico

que alejen al PIB real del potencial. Se asume que el Banco Central al trabajar

bajo la RPM, se compromete al cumplimiento de alcanzar la meta de inflación,

generando credibilidad y con ello resolver el problema de inconsistencia temporal.

La inconsistencia temporal se refiere a la situación en la que quienes crean

políticas, tienen el incentivo de anunciar una política económica pero

después cambian esa política una vez que los ciudadanos han actuado sobre

la política inicial establecida (Taylor, 2004).

Por lo tanto, la política fiscal queda limitada y se ajusta al objetivo de estabilidad

de precios.

Por el momento, la explicación en contra de una política fiscal expansiva ha sido

que ésta estimula la demanda y con ello genera presiones inflacionarias. En este

sentido, la concepción de la inflación deja de ser simplemente demasiado dinero

persiguiendo pocos bienes, sino que actualmente “existen mecanismos mediante

el cual la tasa de interés influye en la demanda, que a su vez impacta en la

inflación” (Arestis y Sawyer, 2003).



153

Siguiendo a Arestis y Sawyer, se subrayan al menos seis conductos en los cuales

la política monetaria seguida por el Banco Central afecta la demanda agregada, ya

sea generando inflación o disminuyéndola. Dichos conductos son:

1. Variaciones en la Tasa de interés de referencia. Un aumento en la tasa de

interés ocasionaría un incremento en el costo del capital y una reducción en

el gasto de inversión que a la vez desestimularía el consumo; o bien, una

reducción de la tasa de interés disminuiría el costo de capital, estimulando

la inversión y el consumo.

2. El Efecto de Riqueza. Parte del Modelo de Ciclo de vida, en donde la

riqueza de los hogares es un factor determinante en el consumo. Así, un

incremento o bien una reducción en la tasa de interés, cambiaría el nivel de

precio de los activos que posee el agente, traduciéndose en una

disminución (una tasa de interés alta) o en un incremento (una tasa de

interés baja) en el consumo (Kuttner y Mosser, 2002).

3. El Tipo de cambio. Si la tasa de interés nacional se mantiene alta con

respecto a la del exterior, cautivará diversos capitales que provocarán la

valoración de la moneda y con ello el abaratamiento de las importaciones y

la convulsión de las exportaciones, afectando con ello la demanda

agregada.

4. Crédito estrecho La idea recae en la canalización de crédito por parte de los

bancos; un incremento de la tasa de interés reduce el volumen total de

reservas del banco y con ello disminuyen los préstamos, por lo que “dado

que un subconjunto significativo de empresas y familias dependen de la



154

financiación bancaria, la reducción de los prestamos deprimen el nivel de

gasto agregado” (Kuttner y Mosser, 2002).

5. Crédito amplio Examina el nivel de precio de los activos que los agentes

señalan como garantía para un préstamo. Un incremento de la tasa de

interés desvaloriza dichos activos, con lo cual se incrementaría la prima de

riesgo del préstamo que se traduce en disminución de consumo y de

inversión para el pago del financiamiento.

6. Monetarista. “Advierte que varios activos son sustitutos imperfectos de las

carteras de los inversionistas, por lo que los cambios en la composición de

los activos provocados por la política monetaria conducen a cambios en los

precios relativos, los cuales pueden tener efectos reales” (Kuttner y Mosser,

2002).

En suma, desde el punto de vista convencional, la política monetaria tiene un

mayor impacto sobre la demanda agregada de lo que podría tener la política fiscal.

De tal manera, que en el modelo de blancos o metas de inflación “el presupuesto

fiscal debe administrarse con base en el principio del balance fiscal estructural

para ajustarse a lo largo del ciclo económico” (Perrotini, 2007) y con ello evitar

alguna discrecionalidad en el manejo del gasto público.

Desde el punto de vista convencional, el déficit público tiene otras implicaciones

negativas en la economía. Además de generar inflación, generalmente se

argumenta, que el déficit público:

• Incrementa la deuda pública a niveles insostenibles y endeuda a las futuras

generaciones.



155

• Origina inseguridades en el sector externo.

3.4. La Restricción Presupuestaria del Estado

Uno de los supuestos claves en los cuales se sustenta la capacidad que tiene el

Estado en la teoría convencional es que, al igual que el agente individual en la

teoría del consumidor, el Estado mantiene una recta presupuestaria. La restricción

presupuestaria (RP) del Estado se define como “el valor presente de los bienes y

servicios que adquiera debe ser menor o igual que su riqueza inicial más el valor

presente de lo que recaude en concepto de impuestos” (Romer, 2006), es decir,

que el Estado no puede gastar más allá de lo que recauda.

En un sentido estricto, la restricción presupuestaria no impide que el Estado emita

deuda interna o externa; sin embargo, la afirmación implica que se debe generar

un superávit primario (El balance primario del Sector Público es la diferencia entre

el gasto público y los ingresos públicos excluyendo los pagos de los intereses de

la deuda), que permita compensar el pago de los intereses de la deuda.

Al respecto, señala Fernández y Parejo (1995) que esta restricción es

permanente, “puesto que cualquiera de sus componentes sólo podrá modificarse

si al menos uno de los demás lo hace también”, es decir, por definición si se

mantiene constante la deuda, el incremento del gasto público debe ser financiado

por un incremento en la recaudación y a su vez, si se mantiene constante la

recaudación se puede incrementar el gasto a través del incremento de la deuda.



156

3.5. El Teorema de la Equivalencia (Ricardiana)

La condición presupuestaria del sector público especifica el manejo de la política

fiscal a la cual, como se ha señalado, se le atribuye un carácter secundario como

instrumento de crecimiento económico. Si bien se reconoce los efectos que tiene

una política fiscal en el corto plazo incremento del consumo, la inversión y el

producto, la ejecución siempre es exhibir los efectos nocivos que genera un déficit

en el largo plazo, como la disminución del ahorro, en la acumulación del capital y

menor crecimiento.

El Teorema de la Equivalencia Ricardiana parte del argumento de David Ricardo

sobre la neutralidad de la deuda, cuya idea central era:

“En un ejemplo de una guerra que costó 20 millones de libras. Si la tasa de

interés fue de 5 por ciento, este gasto podría ser financiado con un impuesto

de una sola vez de 20 millones de libras o un impuesto permanente de 1

millón de libras, o un impuesto de 1,2 millones de libras por 45 años. No hay

ninguna diferencia en cualquiera de los modos; por veinte millones en un

solo pago, un millón al año para siempre, ó 1,200,0000 libras por 45 años,

son precisamente del mismo valor” (Mankiw y Elmendorf, 1998).

Asimismo, ejemplifico en relación a los vínculos intergeneracionales al señalar

que:

"Sería difícil convencer a un hombre poseído de 20.000 libras, o cualquier

otra suma, que el pago perpetuo de 50 libras por año fuera igual de pesada

con un impuesto único de 1.000 libras, habría alguna vaga noción de que las



157

50 libras por año se pagaría por la posteridad, y no se pagaría por él, pero si

deja su fortuna a su hijo y lo deja encargado de este impuesto perpetuo,

¿Dónde está la diferencia si se le deja 20.000 libras con el impuesto, ó

19.000 libras sin él?” (Mankiw y Elmendorf, 1998).

Estas ideas fueron retomadas por Robert Barro en donde el concepto se construye

de manera más concreta (Barro, 1996). Así, dicha postura afirma que ante una

política fiscal expansiva asumiendo la disminución de impuestos e incremento del

gasto no habrá ninguna alteración sobre el consumo, el ahorro o la acumulación

de capital, es decir, que la política fiscal que reduce los impuestos e incrementa el

déficit, es equivalente a la situación que se tendría sino se hubiera aplicado dicha

política, ya que cuando los agentes racionales prevén una disminución en la carga

tributaria en el presente, preverán un incremento de los mismos en el futuro para

compensar el incremento de la deuda.

La idea replantea la concepción del financiamiento del gasto público. Como se

señaló, si desde la postura convencional el Estado solo tiene dos instrumentos de

financiamiento, los impuestos y la deuda lo que representa su restricción

presupuestaria, mostraría que al final del periodo, la única fuente de

financiamiento serían los impuestos. Siguiendo a Barro (1974), el incremento de

deuda o la venta de bonos, no aumenta la riqueza del poseedor puesto que el

valor presente de los bonos, asumiéndolo como un activo, es igual al valor futuro

del incremento de los impuestos, los cuales representaría un pasivo.

En resumen, la esencia de la teoría indica que la única fuente de financiamiento

del gasto público son los impuestos, por lo que una política fiscal activa no tiene

implicaciones sobre el consumo y la inversión ni en el corto como en el largo

plazo.



158

3.5.1 El Resultado de Separación Crowding Productivo y Financiero

Otra de las consecuencias negativas que son comúnmente considerados en la

literatura convencional con respecto al déficit público, es que éste desplaza

(crowding) al sector privado tanto productivamente como financieramente.

El crowding productivo (real o directo) señala el desplazamiento de la inversión

del sector privado debido al incremento de la inversión del sector público

(Consideremos que la empresa privada es desplazada por la empresa pública.

Aunque el efecto se puede traducir en la participación activa del Estado en las

diversas ramas de la producción que satisfacen al mercado con bienes y

servicios), independientemente del financiamiento del gasto público. La hipótesis

subyace en que el sector privado es más eficiente en las actividades que

desempeña en la economía, de lo que podría ser el Estado.

El término está relacionado con los constantes procesos de privatización a los

cuales están introducidas gran parte de las economías. Al respecto, señala

Sheshinski y López-Calva (2003) que una mayor participación del sector privado

en la economía permite:

• Mejorar la eficiencia productiva, para lograr una mejor asignación de

recursos.

• Mejorar la salud del sector financiero público; y

• Liberar recursos para la asignación en otras actividades importantes del

gobierno (relacionado a la política social educación, salud, etc.).



159

Los escritores también destacan dos puntos a nivel micro-económico, en los

cuales existen ventajas comparativas entre la empresa privada sobre la empresa

pública. El primer punto está relacionado con términos de rentabilidad y eficacia,

ya que “las empresas públicas en términos competitivos no obtienen mejores

resultados que las empresas privadas”, mientras que el segundo punto está

relacionado con la administración y la productividad, ya que “la quiebra es una

amenaza no creíble de propiedad pública, los gerentes a diferencia de los

privados, no se enfrentan a una amenaza real de fracaso que incida a la eficiencia

productiva” (Sheshinski y López-Calva, 2003). Estas hipótesis refuerza los

argumentos en los que una economía de libre mercado es eficiente y óptima, en

donde el Estado tiene que abandonar cualquier intervención o participación

económica.

Por su parte, el crowding financiero es la perdida de la inversión del sector

privado dado el aumento de la tasa de interés de referencia, inducido por el

incremento del gasto público. La hipótesis parte del argumento neoclásico de que

el ahorro determina la inversión, de tal manera que estos constituyen la oferta total

de fondos estables y el equilibrio se determina a través de una tasa de interés de

equilibrio.

El sector privado demanda créditos al igual que lo hace el sector público para

poder incrementar su inversión, de tal manera, que al competir ambos sectores

por los fondos estables, se ejerce una presión hacia la alza de la tasa de interés

para conservar el punto de equilibrio. Con el aumento de la tasa de interés

provocado por el incremento del gasto público, el sector privado se ve desplazado

del crédito y con ello de nuevas opciones de inversión.



160

3.6. El Enfoque Fiscal de la Balanza de Pagos

El enfoque fiscal de la balanza de pagos hace referencia a la hipótesis de que el

incremento del déficit público está acompañado de un déficit en la balanza

comercial, o bien, la concepción del déficit gemelo en la que el “desequilibrio” en el

sector público provoca los desequilibrios del sector externo al ser el déficit público

el desestabilizador de la moneda.

La hipótesis puede ser abordada a partir del Modelo Mundell-Fleming (MF). En el

modelo MF el canal de transferencia entre el sector público y externo estaría dado

por las variaciones en la tasa de interés y el tipo de cambio flexible, considerando

una economía pequeña con apertura comercial y libre movilidad de capitales. Si

consideramos una política fiscal expansiva, traduciéndose en un déficit público,

existiría un incremento en la demanda de dinero y con ello un incremento en la

tasa de interés interna; el diferencial de la tasa de interés nacional con respecto a

la tasa de interés internacional provocaría una entrada de capitales que apreciaría

la moneda y con ello la pérdida de competitividad, que se vería reflejado en el

déficit en la cuenta corriente.

Señala Dornbusch (2009) que “en el sistema de tipo de cambio flexible, una

expansión fiscal no altera la producción de equilibrio, sino que produce una

apreciación compensatoria del tipo de cambio y altera la composición de la

demanda interior a favor de los bienes extranjeros y en detrimento de los

nacionales”. Por lo tanto, en el modelo MF se otorga también un papel

preponderante a la política monetaria. Al bajar la tasa de interés nacional por

debajo de la tasa de interés internacional y por ende, haber un incremento en la

base monetaria, el efecto sobre el tipo de cambio es una depreciación de la



161

moneda, lo cual mejoraría la balanza comercial ante el incremento de las

exportaciones.

El modelo considera perfecta movilidad del capital, un tipo de cambio flexible

y el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner. Cabe señalar que

modificando cualquiera de los supuestos, los resultados que se obtienen con

respecto a la eficacia de la política monetaria o fiscal pueden variar

considerablemente, ante un cambio en el supuesto de tipo de cambio.

(Dornbusch 2009).

Imaginando el marco teórico expuesto, la siguiente descripción destaca el manejo

de la política económica en un contexto de apertura comercial y financiera,

permitiendo determinar el papel de la política fiscal en los nuevos objetivos de la

política económica.

La estructura de libre mercado como posición para garantizar la mejor asignación

de los recursos, rompió con las políticas industriales que imponían barreras

proteccionistas que limitaban el flujo de capitales y mercancías. En ambas

instancias, las economías emprendieron reformas estructurales económicas y

jurídicas para garantizar su inserción en dicho proceso. La regulación del Estado

se dejó a un lado y se procedió a la eliminación parcial y total de los aranceles y

algunos subsidios a la producción, así como de ciertos impuestos hacia los

movimientos financieros.

Si bien no hay un consenso generalizado sobre la noción de globalización (en los

argumentos desarrollados por Dabat (2002), no hay una convergencia sobre el

concepto de globalización. Para el autor, la globalización se define como una

nueva configuración espacial de la economía y la sociedad mundial, resultante del



162

desbordamiento de la capacidad normativa de los Estados nacionales por la

interdependencia de las nuevas relaciones comunicativas, económicas,

ambientales, sociales y culturales impuestas por la revolución informática, la

unificación geopolítica del mundo y la reestructuración trasnacional del

capitalismo; mientras que las otras definiciones pueden considerarse como

superficiales bajo una forma de valoración ética la globalización como mal, no

como bien, es importante señalar que en el contexto de apertura comercial y

financiera al cual se insertó la economía mexicana, exige retos y acciones en

políticas para garantizar crecimientos económicos sostenidos. La inserción de

México y, en general, de las economías latinoamericanas al proceso de

liberalización de sus mercados, tiene su inicio con la firma de los programas de

estabilización, en los cuales se respetaban de manera fehaciente las reformas

contenidas en los programas de rescate por parte del Fondo Monetario

Internacional (FMI) (En el caso de México, durante la crisis de 1994, el gobierno

utilizo préstamos de Estados Unidos de América y del FMI para evitar la moratoria

de la deuda), como solución a la crisis de la deuda de los ochenta.

La principal causa de la crisis que experimentaron las economías durante los años

setenta (Desde el punto de vista del mainstream), fue debido “a la política fiscal

expansiva, que formo una fuente de inestabilidadg Que provoco un mayor déficit

público, el cual genero efectos inflacionarios, desestimulando la inversión y

consolidando una deuda de proporciones enormes” (Katz, 2000).

Las economías hicieron reformas estructurales y adoptaron políticas económicas

restrictivas, con el fin de lograr equilibrios económicos que garantizaran el

cumplimiento de los programas de estabilización para tener acceso a los

mercados internacionales. Las reformas implicaban (CEPAL, 1998):



163

• Desregulación de los mercados financieros.

• Liberalización comercial.

• Apertura a la inversión extranjera.

• Liberalización de precios y elasticidad en el mercado de trabajo.

• Ajuste fiscal, que incluía privatización, desincorporación y capitalización de

empresas públicas.

Evidentemente, con la aplicación de las reformas estructurales se restableció el

acceso a los mercados internacionales y los capitales financieros comenzaron a

fluir al país. En México, los procesos de privatización de las empresas públicas

representaron una gran cantidad de divisas que permitieron sanear las finanzas

públicas en el corto plazo. En su mayoría, las empresas paraestatales que se

vendieron participaban en las diferentes ramas productivas; por ejemplo, Sidermex

que representaba a tres siderurgias (Altos Hornos S.A, Fundidora Monterrey S.A y

Siderúrgica Lázaro Cárdena-Las Truchas S.A de C.V), se vendió por un total de

755 millones de dólares, por la venta de Teléfonos de México se recibió

aproximadamente 7,325 millones de dólares y la cantidad de 106 millones de

dólares, entre otras empresas paraestatales. Tal como los Bancos, los

aeropuertos, las aerolíneas, la Industria azucarera, los ferrocarriles y fertilizantes

(Sacristán, 2006).

Este primer objetivo de la política económica (disminución de la participación del

Estado en base a privatizaciones), sitúa a la política fiscal restrictiva como una

fuente generadora de divisas. Tanto por la desregulación financiera como por el

proceso de privatización, se incrementó el flujo de capitales que aumento la

demanda de la moneda nacional afectando al tipo de cambio valorando a la

moneda y mitigo con ello las presiones devaluatorias e inflacionarias.



164

3.7. La Incidencia de la Política Fiscal Sobre la Inflación, la Tasa de Interés y

el Tipo de Cambio

Con el fin de establecer un compromiso serio por parte del Estado para abatir la

inflación, se otorgó por mandato constitucional la autonomía al Banco Central en

1993 con el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la

moneda.

Desde esta postura, al establecer el nuevo objetivo del Banco Central, la

incertidumbre existente en los mercados financieros por los niveles bajos de las

reservas, por el riesgo de una devaluación (señala Carstens y Werner) “resulta

necesario adoptar un tipo de cambio flotante” (Carstens y Werner, 1999). Esto

responde al objetivo ya analizado de generar credibilidad por medio del

establecimiento de reglas de política monetaria, tal como una meta de inflación,

para el año 2007, veintiséis países habían adoptado metas de inflación (Roger,

2010).

En el contexto de liberalización financiera y comercial, el tipo de cambio se

convierte en uno de los principales instrumentos de la economía, debido a que su

impacto determina el flujo de capitales o bien, indirectamente, el desarrollo de la

industria nacional. Cabe mencionar que la política cambiaria tuvo su principal

punto de inflexión, al pasar de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible

en 1994.

El cambio obedeció a la descomunal fuga de capitales que se presentó en dicho

año, debido principalmente a los eventos políticos en el ámbito nacional que



165

trastocaron las expectativas de los agentes económicos, así como a los aumentos

de las tasas de interés externas, que redundó en un aumento de su demanda por

fondos estables (Banco de México, 1994), lo que implicó una devaluación de casi

el 74% de la moneda y presiones inflacionarias, en 1994 la inflación anual fue de

7.5%, en 1995 pasó a 10.23% y en 1996 alcanzó 51.7% . De ahí, que las políticas

se orientaron a generar la confianza en los mercados internacionales para la

atracción de capitales que permitieran hacer frente a la inflación y a la

devaluación.

Las ventajas se ajustaban en 3 puntos fundamentales:

1. Menor transferencia de los choques del tipo de cambio a la inflación y a sus

expectativas.

2. Disminución en la persistencia del proceso inflacionario.

3. Cambios en los niveles y menor volatilidad de diversos agregados

macroeconómicos.

Por lo tanto, ante los problemas de insolvencia y de alta inflación por los que

atravesaba la economía, se estableció una política orientada a atraer capitales,

por lo que fue necesario mantener tipo de cambio estable, ya que “para garantizar

la rentabilidad de esos capitales, es necesario que la moneda sea aceptada y se

garantice su plena convertibilidad” (Ramírez, 2006). De tal manera, que la política

económica se ha acotado a generar las condiciones propicias de rentabilidad de

los capitales, condiciones que pasan por mantener estable el tipo de cambio y una

inflación baja.



166

En este proceso, se arguye que en “el régimen de metas de inflación se reduce la

transmisión del tipo de cambio a la inflación, gracias al aumento de la credibilidad

de las autoridades monetarias y, por tanto, al uso creciente de formación de

expectativas inflacionarias hacia delante que no se contaminan del shock

cambiario de corto plazo” (Ros y Galindo, 2006).

Ahora bien, cualquiera que sea el objetivo de la política económica, tiene que

haber una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal para lograrlo.

Se había comentado anteriormente de la preponderancia de la política monetaria

sobre la política fiscal, por lo que ésta última termina siguiendo los objetivos de la

primera; al respecto señala Sidaoui (2003) que “dentro del marco de una política

monetaria que fungiera como guía y fuera conveniente al objetivo de estabilidad

macroeconómica, se debería de sanar las finanzas públicas como un medio para

reforzar las condiciones de estabilidad de precios”.

Al ser el Banco central autónomo, la política fiscal debe de ajustarse al objetivo de

estabilidad de precios. De este análisis se desprende el carácter restrictivo del

gasto público, que favorece en primera instancia a la credibilidad del banco central

y además disminuye la demanda para evitar presiones en los precios. Tal como

señala Aguilar y Gamboa (2000), “lograr la meta inflacionaria sólo será posible a

un elevado costo en términos de ingreso perdido, puesto que se requerirá de una

elevación de tasas de interés y por tanto una contracción de demanda, si incurre

en políticas de estabilización, el banco central incrementa el costo que la

economía tiene que pagar para lograr una determinada meta de inflación”.

Por lo tanto, para garantizar la entrada de capitales y el manejo de la política

monetaria y fiscal, la tasa de interés pasa a ser el instrumento de referencia. El

banco central modifica la tasa de interés a través de la regla de política monetaria,



167

cuando observa que existen presiones inflacionarias y establece una tasa de

interés alta, por encima de la internacional, para atraer capitales suficientes al país

que permitirán acumular reservas internacionales y financiar el déficit comercial.

Asimismo, la atracción de capitales extranjeros está acompañada de la

apreciación de la moneda, lo cual permite disminuir el precio de las importaciones

(Frecuentemente se argumenta que el dólar barato beneficia la adquisición de

tecnología bienes intermedios o de capital, que permitirá el desarrollo de cadenas

productivas en el país) y contener la inflación.

Por su parte, la política fiscal se adecua al objetivo de estabilidad de la moneda (la

conclusión, es referente a los efectos distorsionantes del déficit público sobre la

tasa de interés y el endeudamiento de las futuras generaciones, así como los

argumentos referentes a que es el déficit público el que desestabiliza la moneda y

genera el déficit comercial), mediante la disminución del gasto público y los

procesos de privatización.

De esta manera, la disminución del gasto plantea ventajas con respecto al manejo

de las finanzas públicas, que implica un déficit manejable en el corto plazo y una

condición de sostenibilidad fiscal en el largo plazo.

3.8 Dinámica de Largo Plazo de las Finanzas Públicas.

Como se ha examinado, la política de disciplina fiscal contribuye al objetivo de la

política monetaria de garantizar una inflación baja, permitiendo con ello, crear el

ambiente que asegure la entrada de capitales al país. Sin embargo, desde el



168

punto de vista convencional, la política de disciplina fiscal consolida otro aspecto

importante en la economía y en la conformación de expectativas, la cual

comprende, que las deudas adquiridas por parte del sector público sean de forma

sostenible.

Como se señaló en la anteriormente, el gobierno mantiene una restricción

presupuestaria que impide el aumento del gasto por encima de los ingresos

públicos y que de hacerlo, se debe generar los suficientes recursos para el pago

de la deuda emitida. La perspectiva convencional parte del equilibrio en el largo

plazo y si bien se puede dar un déficit público en el corto plazo que incremente la

demanda, los efectos contradictorios de dicha política se presentarían a la larga;

por lo tanto, la meta es alcanzar un equilibrio en las finanzas públicas,

garantizando su equilibrio. El equilibrio fiscal significa que los ingresos públicos

netos son suficientes para, por lo menos, para cubrir los intereses que la deuda

pública genera (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Análisis de las finanzas

públicas en México, Diciembre 2003).

Así, comúnmente se argumenta que la política fiscal en México es prudente, dado

el esfuerzo por alcanzar el superávit primario y la menor deuda contraída en

comparación con años anteriores y con ciertos países.

Si bien existe una variedad respecto a los indicadores que miden dicha

sostenibilidad, los más comunes o utilizados son los indicadores desarrollados por

Blanchard y Buiter. El indicador de Blanchard se le denomina Indicador de

Consistencia tributaria ya que considera la estabilidad a partir de la estabilización

de la razón deuda PIB en base a la consistencia de la política tributaria vigente

(INTOSAI, 2010), es decir, permite inferir cual debe ser la carga tributaria optima

que permitiría hacer frente a la carga de la deuda.



169

Por su parte, el indicador de Buiter se destaca por calcular la brecha entre el

balance primario sostenible y el balance primario efectivo a partir de la condición

de sostenibilidad definida en base a un concepto de patrimonio neto que es más

amplio que la razón deuda respecto al PIB (INTOSAI, 2010); sin embargo, el

inconveniente de este indicador señala la Organización Internacional de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) es en la metodología para poder estimar el

patrimonio neto que dispone la economía, por lo que los resultados pueden variar

y la comparación entre los países podría no ser la adecuada.

El informe señala que puede variar la cuantificación del patrimonio neto, ya

que puede considerarse los activos no solo financieros y el capital real, sino

también los de las tierras y minerales, y el valor actual de los impuestos

futuros, etc. (INTOSAI, 2010).



170

Gráfica 3.1.

México: asimilación de la deuda neta del gobierno, 2000-2010

(Países seleccionados)

Con fines prácticos, se desarrolla el indicador de sostenibilidad fiscal que ha sido

propuesto por Croce y Hugo (2003), el cual considera una función de reacción del

gobierno; es decir, cuando se incrementa la razón de deuda y PIB más allá de la

meta fijada, el gobierno reacciona generando un superávit primario que permita

enfrentar y hacer convergir la deuda hacia la meta fijada.

La ocupación de reacción se compara con la evolución de las condiciones que

definen la estabilidad en el largo plazo, denotada por la relación entre la tasa de

interés de largo plazo y la tasa de crecimiento de largo plazo del PIB. De esta

manera, a mayor tasa de interés de largo plazo con relación a la tasa de

crecimiento del PIB, mayor será el superávit primario requerido para estabilizar la

razón deuda respecto al PIB en el tiempo e inversamente (INTOSAI, 2010).



171

3.9. La Postura Fiscal de México

En el desarrollo de esta postura cuando se alude a la reforma financiera se hace

referencia al comportamiento que tiene la Política Fiscal respecto al ciclo

económico, se sabe que la Política Fiscal puede adoptar al menos tres diferentes

actitudes ante las variaciones del ciclo económico ya sea a-cíclica, contra-cíclica

(también conocida como anti-cíclica) y pro-cíclica. El tema es ampliamente

trascendente y está estrechamente ligado a la investigación desde el

planteamiento del resultado, donde se menciona que bajo una política de

estabilidad monetaria el comportamiento de la Política Fiscal será pro-cíclico

afectando el crecimiento y la generación de empleos.

Los actuales hacedores de política económica de estabilidad macroeconómica

juegan un papel de suma importancia en el logro del crecimiento y el empleo,

como lo expone Eduardo Sojo:

“La estabilidad macroeconómica juega un importante papel en la

consolidación del bienestar de un país, pero por si sola no determina el nivel

de bienestar al que la sociedad puede aspirar. La eficiencia de las políticas

macroeconómicas es completa cuando la estabilidad en el ámbito

macroeconómico se traduce en un mayor crecimiento y generación de

empleos”. (Sojo, 2005; p. 347).

Sin embargo, en México como en otros países emergentes las políticas de

estabilización han fracasado en lo que respecta al crecimiento y desarrollo

(Davidson 2003, Ffrench-Davis 2003), conduciendo tan sólo a desequilibrios y



172

desajustes en la actividad económica. Ante tal disyuntiva se ha comenzado a

mencionar la necesidad de instrumentar políticas económicas de corte contra-

cíclico (Ocampo 2001- 2005, Budnevich 2002, Lora y Panizza 2002, Sánchez

2003, Stiglitz 2003, Braun y Di Grecia 2003, Weeks and Roy 2004), para disminuir

la inestabilidad del sistema de producción capitalista, tal como lo hacen los países

desarrollados.

En los países desarrollados, de acuerdo con Stiglitz (2003), se ha observado

que los periodos de recesión se han acortado mientras que los de expansión

se han alargado, a diferencia de lo que pasa en los países subdesarrollados,

la razón es que mientras en los primeros se llevan a cabo políticas contra-

cíclicas en los otros tal parece que han operado políticas pro-cíclicas que

incrementan los periodos de recesión e impiden salir de ellos. El caso de la

Política Fiscal pro-cíclica instrumentada por América Latina es documentado

por Gavin y Perotti (1997) de manera profunda. Los autores destacan cómo

los países en desarrollo han operado con políticas contra-cíclicas a diferencia

de lo acontecido en los países latinoamericanos.

En el caso de México en diversos círculos académicos se ha expresado la

constante necesidad de que se cuente con una Política Fiscal contra-cíclica e

incluso economistas como Sojo que han ocupado puestos de alta envergadura en

la actual administración se pronuncian en ese mismo respecto.

“Los ajustes bruscos en la actividad económica implican costos muy

elevados para la sociedad, pues provocan una gran merma de recursos

pérdida irrevocablemente de activos empresariales. Tanto tangibles como

intangibles; deserción escolar, muchas veces definitiva; y desperdicio del

capital humano de los desempleados o subempleados. Más aún los costos



173

de las recesiones no se propagan de la misma manera entre los grupos

sociales, afectando más intensamente a los grupos de menores ingresos por

su limitada capacidad de ahorro para los años difíciles. Por ello es necesario

contar con mecanismos que permitan suavizar los ajustes frente a

desequilibrios externos o frente a ciclos económicos abruptos, que lesionan

la calidad de vida de la población” (2005, p. 347).

Aún cuando el reconocimiento de la función contra-cíclica de la política económica

es un buen avance no es suficiente. De nada sirve saber que se tiene que avanzar

en determinado sentido si se sigue bajo los mismos paradigmas de la Disciplina

Fiscal, autonomía de los Bancos centrales, liberalización económica y financiera,

etc. Bajo este contexto la pérdida de una política soberana impide que los

gobiernos de los Estados nacionales puedan actuar en la satisfacción de las

necesidades de sus habitantes.

Por lo que se asume que el incremento en la democracia es un elemento clave

para mejorar la condición de los individuos. Considerando la democracia como un

amplio conjunto que no se limite a la elección de los representantes sino que

adicionalmente se pueda tener injerencia en materia de acciones económicas

(Ocampo, 2001). Panizza y Yáñez (2004), presentan un estudio donde concluyen

que una de las principales razones que tienen los latinoamericanos para estar en

desacuerdo con las reformas consiste en la situación económica que se ha

derivado de ellas, opinión que es consistente con un estudio similar realizado por

Lora (2004).

Resulta absurdo seguir intentando mantener la estabilidad de precios por la vía

que proponen las Instituciones Financieras Internacionales y al mismo tiempo

intentar la estabilización de la economía real a la Keynes, como lo apunta



174

Willianson (2004), ya que el control de la inflación se ha logrado con el uso de

políticas económicas restrictivas que son opuestas al pensamiento keynesiano: no

se puede seguir exigiendo que la Disciplina Fiscal a diferencia de lo que piensan

los economistas ortodoxos no evita la crisis en la cuenta corriente ni produce pleno

empleo en el sistema económico (Davidson, 2003), y querer que la Política Fiscal

sea contra-cíclica, ya que la propia dinámica de estabilidad monetaria, se consigue

con políticas económicas restrictivas que tienden a jugar un papel pro-cíclico.

Willianson (2004), menciona que sin dejar la Disciplina Fiscal es necesario usar la

Política Fiscal como herramienta contra los vaivenes del ciclo económico, pero

argumenta que tan sólo es posible hacerlo con estabilizadores automáticos y al

inicio de un boom económico. En desacuerdo con Willianson, se asume que es

poco probable que un país pueda salir de un periodo recesivo de manera

endógena manteniendo la Disciplina Fiscal y claro puesto que no se pretende

abandonar la disciplina se antepone que los estabilizadores automáticos tan sólo

podrían servir en el auge ya que su aplicación en la parte descendente del ciclo

conduce a déficit.

De acuerdo con Keynes (2003; pp. 353-354), es necesario hacer una diferencia

entre el déficit corriente y el de capital, dejando que el último sea el que funcione

de forma contra-cíclica (Cámara Neto y Venergo, 2004), sin que tenga que ceñirse

únicamente a la captación de ingresos, porque a diferencia del planteamiento

presentado por Seccareccia (2004), donde establece que la cuenta corriente debe

arrojar superávit que permita el déficit de capital, se asume que el déficit de capital

no tiene que ser compensado con la disminución del gasto corriente, es decir, que

el gobierno no necesita disminuir su gasto corriente para poder incrementar su

gasto de capital, asumir lo contrario es volver a situarse en el paradigma de

Finanzas Públicas Sanas.



175

La perspectiva bajo la cual se considera conveniente transferir los ahorros de la

cuenta corriente a la de capital, consiste en considerar los rendimientos que

genera la segunda. En el caso de México, desde la década de los 80’s se dio en

mayor medida la reducción del gasto de capital y los ahorros generados se

destinaron al pago de la deuda externa, misma que posteriormente sería

amortizada con una buena parte de los recursos generados por el proceso de

privatización de empresas del Estado, como se discutió anteriormente.

Como se había mencionado bajo un contexto de disciplina la postura fiscal de la

economía torna hacia un comportamiento pro-cíclico, teniendo como resultado el

alargamiento de los periodos de baja actividad económica e imposibilitando una

recuperación que pueda ser sostenible, ya que la crisis de 1982 puede ser

apreciada como un largo periodo en el cual no se ha podido salir de la misma

mediante condiciones propias, los repentinos y moderados años de crecimiento

han sido compensados con periodos de recesión, se podría argumentar que a

partir de que se abandona el modelo de sustitución de importaciones la economía

no ha configurado condiciones de crecimiento sostenido y una de las razones

posibles consiste en la postura fiscal. Como ya se ha comentado ante el temor de

incidir nuevamente en procesos inflacionarios se opta por mantener la estabilidad

fiscal sin considerar lo pernicioso que resulta para la economía en su conjunto.

3.9.1. México el Ciclo Económico y su Respuesta Fiscal

En México el ciclo económico no es amortiguado por la Política Fiscal ya que ésta

responde de manera pro-cíclica. Se comprobó que tres de las cuatro variables han

tenido un comportamiento pro-cíclico. Dichas variables son el gasto de no pago de



176

intereses, los ingresos tributarios y el gasto total en el caso de los ingresos totales

estos son ligeramente a-cíclicos. La razón del comportamiento a grosso modo

tiene que ver con esa decisión discrecional de los diferentes gobiernos de

mantener Finanzas Públicas Sanas, donde se puede apreciar que la década de

los 90´s particularmente presenta mayor tendencia lineal de la Política Fiscal, que

tiene que ver con todas estas medidas que consisten en el mantenimiento de una

política fiscal restrictiva.

En el caso del ingreso no es una sorpresa que su comportamiento, tienda a ser

más pro-cíclico que contra-cíclico o en algunos casos que no juegue un papel

importante. Qué es lo que indica que la Política Fiscal, en lo concerniente a los

ingresos sea pro-cíclica, básicamente se estaría pensando que a medida que el

crecimiento de la economía se va deteriorando también lo va haciendo la

recaudación de ingresos principalmente de los ingresos tributarios.

Las razones de la prociclidad de la Política Fiscal, para México no ocurren por las

explicaciones que han sido esbozadas por los economistas convencionales,

quienes piensan, que el fenómeno se debe a la entrada de flujos de capital y al

papel que juega el gasto público en determinados momentos. Recordando un

poco, se comentaba básicamente: que la entrada de capitales tiene un

comportamiento pro-cíclico que induce a la Política Fiscal, a tener una actuación

similar en virtud de que los gobiernos en vías de desarrollo operan con déficit

fiscal en tiempos de auge donde tienen la presencia de mayores flujos de capital y

esto imposibilita que en momentos de menor actividad económica con menor

entrada de capitales se pueda seguir manteniendo el déficit presupuestal, puesto

que se contraen las líneas de crédito y es complicado su financiamiento.



177

Gráfica 3.2

Cálculo Primario, Gobierno Federal y Corporaciones y Compañías

Públicas (% PIB, 1977-2005)

Fuente: Elaboración con datos de la SHCP.

También se argumenta que el gasto de gobierno puede ser ampliado en tiempos

de auge por diversos motivos de carácter extraeconómico, donde es fácil

incrementar el gasto en tiempos de auge operando déficit y difícil mantenerlos en

los declives del ciclo. No obstante las dos explicaciones ofrecidas no aportan

evidencias reales para el comportamiento de las variables fiscales ante el ciclo, en

virtud de que independientemente de la fase del ciclo económico las decisiones de

Política Fiscal han sido las mismas, mantener a toda costa la Disciplina Fiscal, de

hecho como se puede apreciar ,el superávit primario del gobierno federal y de las

empresas y organismos públicos se ha mantenido desde 1983 aproximadamente,

demostrando así que México no ha respondido a esa lógica interpretativa, siendo

la decisión discrecional de mantener las Finanzas Públicas Sanas lo que se



178

configura como una de las principales explicaciones ante el comportamiento pro-

cíclico de la Política Fiscal en el país.

Lo que en algún momento se estimaba necesario como un ajuste temporal de la

economía se volvió dogma por dos razones fundamentales: la que tiene que ver

con el ámbito económico en el cual los tecnócratas asumen que el gobierno no

puede vivir por encima de sus medios, desconociendo los efectos favorables que

tiene el déficit sobre la economía, en este sentido se tienen administradores de

flujos en la hacienda pública que son reconocidos por sus logros en materia de

equilibrar las finanzas gubernamentales. Por otro lado, aquella que está

relacionada con un ámbito político que se vale de la anterior para seguir

allegándose de los beneficios que arroja la salida del Estado de actividades

altamente rentables.

Guillén (1992) muestra que el éxito de la política económica se juzga por la

reducción del déficit primario del Sector Público, donde es necesario demostrar

que la teoría del déficit es falsa y que todas las políticas económicas inspiradas en

ella son perniciosas.

A continuación se combinan algunos elementos que pueden ayudar a ampliar la

discusión.

La explicación que puede discutirse para la pro-ciclidad del gasto es la carencia de

programas de desempleo y de protección social que impiden que se generen

mecanismos de estabilización automática (Mohanty y Scatigna, 2003). El

argumento de la falta de gasto social como elemento que incide en la postura

fiscal puede ser coherente con el caso de México ya que durante los últimos años

se ha incrementado el gasto social y la postura fiscal ha pasado de ser altamente



179

pro-cíclica a una a-cíclica, desde luego que el resultado aún es poco satisfactorio y

lo es en esencia por el deseo a toda costa de mantener en equilibrio las finanzas

públicas.

Otra explicación que puede ser coherente con la pro-ciclicidad del gasto para

México es el mantenimiento de superávit público primario, lo que conlleva la idea

de que una postura fiscal contra-cíclica tan sólo puede ser conseguida mediante la

ampliación del déficit presupuestal. Dada la liberalización económica del país no

se propone un incremento del déficit de manera arbitraria, la ampliación del gasto

gubernamental o la disminución de los impuestos, debe ser llevada a cabo de

forma estratégica dirigida a incrementar la oferta de bienes con un alto contenido

nacional y la demanda por bienes principalmente nacionales.

Ante tal circunstancia las soluciones generales de la investigación propone una

política que contempla un Programa Público de Empleo (PPE) que sirva de

estabilizador automático, sin que tenga como objetivo el mantener las finanzas

públicas equilibradas, ese no es el fin, el PPE debe de ser un instrumento que

actué desde los dos lados de la moneda incentivando el gasto y subvencionando

el ingreso, es decir recaudando menores ingresos. La lógica es la siguiente, el

gobierno mediante el PPE puede generar empleos por su propia cuenta o

estimular a los agentes privados mediante mecanismos fiscales para que lo

hagan, pero, el mecanismo más confiable para la creación de empleos será el

gasto de gobierno. El PPE, al funcionar como estabilizador automático, puede

llevar a que la política de gasto sea contra-cíclica, ello sin tener que incurrir en

niveles de déficit desbordados, en el caso más extremo el déficit tendría que ser

tan amplio como la cantidad de trabajadores desempleados dispuestos a

conseguir un empleo.



180

De manera adicional, es necesario considerar que los programas de estabilización

económica jugaron también un papel importante en la dificultad que tuvieron

países como México de lograr una postura de Política Fiscal contra-cíclica ya que

una de las primeras acciones llevadas a cabo fue el saneamiento de las finanzas

públicas con la intención de lograr el equilibrio fiscal. El problema, como ya se

mencionó, consiste en que el equilibrio fiscal no se ha logrado como resultado de

una dinámica económica de crecimiento sino de continuo ajuste en el gasto de

gobierno y específicamente en el gasto de inversión. El ajuste del gasto conduce a

menor captación de ingresos presentes y futuros (todo depende de si el ajuste se

hace en el gasto corriente o en el de capital, si es en éste último, la disminución

que se realice en el presente tendrá como resultado menores ingresos futuros) lo

que impide el logro de la Disciplina Fiscal, como ya se mencionó.

La realidad del país es que mientras mantenga un tipo de cambio fijo, su

crecimiento dependerá de factores exógenos, ya que el manejo responsable de la

política fiscal y monetaria, como lo llaman los “policy-makers”, deja de jugar un

papel importante en materia de crecimiento en virtud de que en un contexto sin

política fiscal y monetaria el ciclo económico pasa a depender de los vaivenes de

las variables externas y de los ajustes económicos transnacionales.

3.9.2. El Manejo de Superávit Permite una Política Contra-Cíclica

Se pensaría que la dificultad de ejercer una política contra-cíclica en los países en

vías de desarrollo, como es el caso de México, ocurre por la poca disciplina o falta

de responsabilidad en la utilización de los recursos públicos. Si un país desea

tener una política contra-cíclica debe de generar ahorros en tiempos de auge para

gastar y estar en condiciones de aumentar su gasto en tiempos de recesión. En



181

este pensamiento, de posición convencional, se suscriben algunas ideas de

política, donde se estima que hay que tomar medidas en los momentos de auge

reglamentando y consolidando ahorros para necesidades futuras.

“Por tal motivo se requiere fortalecer el fondo de estabilización de los

ingresos petroleros mediante la emisión de una ley en la materia que otorgue

solidez jurídica y permanencia a este instrumento. Los aportes se darían

cuando el precio del petróleo estuviera por encima del precio sostenible de

mediano plazo, o cuando el crecimiento de la economía estuviera por encima

del crecimiento potencial, mientras que los retiros se darían en la situación

contraria”. (Sojo, 2005; p. 348).

El problema con esta visión, consiste en pensar que los recursos que se generan

en la actualidad no tienen algún uso de carácter importante y trascendente.

Parece ilógico querer generar ahorro cuando las necesidades en el sector

energético están siendo desplazadas de la competencia pública a la privada. La

estrategia de no usar los excedentes petroleros en las obras de creación y

ampliación de infraestructura en ese sector obedecen a esta estrategia de ampliar

la influencia de los agentes privados.

Argumentar como lo hace la ortodoxia que tan sólo es posible generar déficit a

partir de superávit, parte de la idea auto-impuesta en los últimos años por los

funcionarios públicos encargados de esta materia. Idea concordante con la

estabilidad monetaria que pasa por el manejo responsable de las finanzas

públicas consistentes en la Disciplina Fiscal.



182

El 11 de mayo de 2006 en un seminario llevado a cabo en la División de Posgrado

de la Facultad de Economía titulado “Fragilidad Financiera y el Desarrollo

Económico: Un homenaje a Hyman Minsky”. Los representantes de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México, resaltaban los beneficios

del mantenimiento de la estabilidad monetaria.

Bajo el contexto de estabilidad monetaria no se pueden ejercer gastos mayores

por parte del gobierno a sus ingresos legítimos.

No obstante, esto no tiene que ser cierto por sí mismo, ya que la restricción

financiera del gobierno tan sólo es así cuando existe el deseo discrecional de los

gobiernos por mantener un tipo de cambio fijo que limita su verdadera capacidad

de financiamiento. Ahora bien, lo trascendente de esta decisión consiste en las

implicaciones que tiene sobre la economía.

Bajo el organismo teórico de la moneda soberana expuesto por Wray en diversos

documentos citados, el gobierno no tendría por qué tener limitaciones para

financiar su gasto. Dicho financiamiento podría darse por el incremento de la

emisión primaria de circulante o incluso sin que ello ocurriera recurriendo al

crecimiento de la actividad crediticia. Para el caso específico de México, Romero

(1999) explicaba una modalidad sobre la cual la emisión primaria de circulante no

tendría que estar asociada a la generación de inflación.

3.9.3. La Implicación Económica del Superávit Fiscal en México



183

Como se sabe para obtener superávit presupuestal en cualquier economía y

generar “ahorro”, se requiere que se gaste menos de lo que se recauda por

concepto de impuestos. Qué impedimentos económicos resultan: Si se parte de la

idea de que cada acción de gasto del gobierno es una creación de medios de

pago en la economía y de la creación de riqueza en los individuos a la hora que se

atesoran esos recursos, también se acepta que una vez que el gobierno cobra

impuestos esos medios de pago y riqueza son retirados disminuyendo la riqueza

nominal del Sector Privado o no gubernamental. En la medida que el gobierno

gasta más de lo que retira por la vía impositiva se tiene una creación de riqueza

neta para los agentes privados, mientras que cuando ocurre lo contrario el

gobierno destruye la riqueza neta de los ciudadanos.

La idea puede ser explicada en los siguientes términos: en una economía cerrada

o cuando la balanza comercial está en equilibrio, los agentes en su conjunto

realizan transacciones con la moneda de curso legal que es emitida tan sólo por el

gobierno, si este introduce a la economía más dinero del que retira mediante el

cobro de impuestos y puesto que los impuestos tan sólo son pagados con dinero

emitido por el gobierno, se tiene un incremento neto de posesión de dinero en el

Sector Público, es decir, en términos netos se incrementó la riqueza de la

sociedad, mientras que cuando sucede lo contrario se disminuye la riqueza neta,

en virtud de que los contribuyentes tienen que hacer uso de sus reservas en

moneda de curso legal para responder al pago de sus obligaciones fiscales. Es

por ello que una situación de superávit fiscal permanente no es posible, a menos

que se conjuguen otros elementos.

En México aún cuando se han realizado serios esfuerzos por lograr superávit en el

Sector Público, no se ha llegado a esa situación, pero hubo repetidos anuncios por

parte de la Presidencia de la República que en el año 2006 se estaría en

condiciones de ejercer un superávit del Sector Público alrededor del 0.2% del PIB.



184

Con lo cual después del desarrollo anterior, se pensaría en un deterioro del ahorro

del Sector Privado, que a decir verdad no empezará en el 2006, en el mejor de los

casos se ha venido arrastrando desde el año 2000, en virtud de que el déficit de

comercio exterior tiene un efecto similar al del superávit presupuestal para los

agentes privados.

Si se toma a la economía en su conjunto se tiene que cuando un sector gasta más

de lo que es su ingreso, otro sector tendrá que gastar menos, razón por lo que en

el agregado la suma del total de ingresos es igual a la totalidad del gasto.

Resulta claro que si el gobierno gasta menos de su ingreso (en una situación de

equilibrio y manteniendo el sector externo en equilibrio) el Sector Privado gastará

más incurriendo en déficit. No obstante, que el déficit del Sector Público es

pequeño, el Sector Privado es deficitario por el déficit que se tiene en el sector

externo y solamente podrá dejar de serlo bajo dos alternativas, un incremento del

déficit que compense el comportamiento negativo del sector externo o bien una

disminución del déficit exterior. La disminución del déficit de comercio exterior se

ve sumamente complicada por las condiciones de apertura comercial y financiera

a las que enfrenta el país, mientras que el incremento del déficit no puede

consolidarse mientras se siga manteniendo la estabilidad cambiaria.



185

Cuadro 3.1

Balance Comercial Externo, Público y Privado

(Porcentajes con respecto al PIB)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Balance Comercial

Exportaciones totales menos

Importaciones totales

-1.20% -1.50% -1.60% -1.20% -0.92% -1.30% -1.00%

Sin Maquiladoras -4.12% -4.65% -4.72% -4.22% -3.88% -4.20% -3.89%

Sin Exportaciones Petrolera -3.35% -4.37% -3.73% -3.59% -3.92% -4.87% -5.24%

Sin Maquiladoras y Sin Exportaciones

Petroleras

-6.26% -7.54% -6.88% -6.58% -6.87% -7.76% -8.12%

Déficit público

Tradicional 1.14% 1.08% 0.69% 1.15% 0.62% 0.24% 0.04%

Primario -2.59% -2. 72% -2.62% -1.77% -2.21% -2.51% -2.52%

Descontando Ingresos por hidrocarburos 3.18% 4.78% 3.99% 3.45% 4.35% 4.93% 5.77%

Balance del sector privado -3.08% -2.76% -2.89% -3.13% -2.52% -2.83% -2.35%

Fuente: Elaboración con datos del BANXICO y la SHCP. Todos los valores fueron enumerados

usando el Índice Nacional de Precios al Consumidor Base 2Q Jun 2002. El déficit público

corresponde al déficit tradicional del Sector Público, mientras que el balance del Sector Privado se

calcula con base en la igualdad derivada del planteamiento de Kalecki que es retomada por Godley

(2005).

El argumento sobre el que descansaba la explicación de que un incremento en el

déficit presupuestal incidiría en una mayor importación de bienes y por lo tanto en

un mayor déficit comercial, no es aplicable para la economía de México al menos

para los últimos 6 años, en los cuales el déficit comercial ha tenido su propia

dinámica. Pero la Disciplina Fiscal si ha presionado sobre el sector externo, el

mecanismo de transmisión se da porque esta política manda señales de menor

presión sobre los precios que al ir acompañada del proceso de privatización

contribuye a la entrada de capitales que aprecia el tipo de cambio y permite un



186

incremento en las importaciones mayor al de las exportaciones como se comentó

en líneas anteriores. La disminución del gasto para lograr la Disciplina Fiscal

también incide sobre la esfera productiva lo que incrementa los rezagos del sector

beneficiando nuevamente el incremento de las importaciones (Huerta, 2004).

Aún cuando es justo mencionar que en una economía abierta se debe tener una

política de gasto deficitario cuidadosamente planeada para evitar que se fuguen

los efectos multiplicadores al exterior y con ello no entrar en una probable recesión

económica en el país.



187

Capítulo 4.- La Reforma Financiera y las Leyes Tributarias en México

Como ya se estableció la relación tributaria posee tres elementos, el objeto, que

es el tributo; el sujeto activo, que es el Fisco encargado de captar recursos

provenientes de los impuestos para poder sufragar los gastos públicos; y el sujeto

pasivo, que es el contribuyente o gobernado que tiene como obligación el pago de

sus tributos para que el Estado pueda cubrir los gastos derivados del

funcionamiento del mismo; en este apartado se analizara de manera más profunda

el actuar, tanto del sujeto pasivo, como del sujeto activo y de las posibles reformas

financieras que necesita el país. Uno de los problemas fundamentales de la falta

de captación de los impuestos, es la concepción de cada uno de estos, es decir,

se da la situación de que el contribuyente hace como que paga o no paga y el

gobierno hace como que realizan una buena política fiscal y un buen uso de los

recursos provenientes de los impuestos.

Recordemos que el contribuyente reacciona de manera adversa al pago de los

impuestos, y por otra parte el fisco lo único que busca, o bien es lo que se deduce,

es la obtención de más contribuciones aun violando preceptos constitucionales y

legales, ya que en la mayoría de las ocasiones los contribuyentes no se oponen al

mal actuar del sujeto activo, porque quizás les saldría más complicado y oneroso

el hacer valer sus derechos o bien por el miedo que infunde una materia tan

enredosa como lo es la fiscal. Dicha situación ocasiona un círculo vicioso en

donde cada uno de los sujetos buscan el mayor beneficio para cada uno de estos,

sin observar que tal conducta lo único que hace es complicar aún más las cosas y

ocasionar conflictos futuros; los contribuyentes observan de manera general, que

el uso de sus pagos al fisco no es el adecuado, y a su vez el gobierno no ayuda

mucho con su incorrecta forma de actuar, la cual tan sólo busca parches para

cubrir el problema de manera temporal, en el mejor de los casos, ya que en varias

ocasiones sirven más bien para la búsqueda de otros fines.



188

Por lo anterior mostrado, es importante analizar el comportamiento o actuar de los

sujetos del tributo para así tratar de predecir los problemas y encontrarles

soluciones previas, y con ello establecer una mejor reforma financiera.

4.1. Efectos de los Impuestos en el Bienestar de la Población.

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se han ido analizando

diversos puntos con el objeto de poder establecer una adecuada forma para que el

Estado pueda crear una reforma financiera que pueda allegarse de recursos

provenientes de los impuestos de una manera más sencilla y con mejores

resultados, no obstante estos medios económicos siempre afectaran al

contribuyente, ya que éste se verá mermado en su patrimonio, razón por la cual

debe de tener una consecuencia benéfica; debemos recordar que el artículo 31,

fracción IV, de nuestra Constitución Federal habla de contribuir al gasto público, el

cual se deriva de los servicios que presta el gobierno, en beneficio de todos los

radicados en México, por lo menos en el deber ser; es decir, el incremento y

desarrollo del país no es sólo con una arca mayor en dinero, lograda de los

tributos obtenidos, sino la adecuada administración y aplicación de ellos, y que

deben de repercutir en beneficios a los contribuyentes, concluyendo con esto en

que si le va bien al país le irá bien a los miembros del mismo.

Se ha dialogado mucho de las necesidades que posee el pueblo de México, en

diversas ramas como vivienda, salubridad, educación, agua potable, caminos,

asistencia social, inversiones, etcétera, y de que éstas no han sido cubiertas de

manera integral por el Estado, cabe recordar que la adquisición de empréstitos, es

una de las soluciones para poder hacer frente a estas necesidades cuando el



189

gobierno por sus medios no puede cubrirlos, y ya se ha mencionado los perjuicios

que surgen como consecuencia de la adquisición de estos créditos; de igual forma

en la actualidad se puede llegar a vislumbrar la privatización de sectores

fundamentales para México como lo son PEMEX y el sector eléctrico, ambos

piezas fundamentales para el sostenimiento de éste país, dicha idea despierta en

la mayoría de los mexicanos un desagrado, ya que no se desea abrir al sector

privado y menos al extranjero; de igual forma la posible situación de que nuestro

país se vuelva un país maquilador de empresas trasnacionales; todo lo anterior en

visiones de largo plazo van a traer aparejados perjuicios de manera directa a los

miembros de la población de nuestra nación, que se irán volviendo más difíciles de

resolver. Es importante cubrir las necesidades sociales, ya que esto provoca una

mejor calidad de vida en los miembros del país, volver a México una nación más

desarrollada y poder obtener los beneficios a favor de los mexicanos.

La población es uno de los elementos del Estado, el cual tiene derechos y

obligaciones, en éste caso al cumplir el deber de cubrir sus impuestos tiene el

derecho de recibir los satisfactores que proporcionan estos, como lo son la

prestación de los diversos servicios que proporciona el Estado. Por su parte el

Gobierno, que es otro de los elementos del Estado, y estando conformado por el

conjunto de órganos mediante los cuales el Estado actúa en cumplimiento de sus

fines, dentro de los que se destaca el adecuado manejo de los recursos públicos,

como lo son los impuestos, proporcionara las formas en cómo se atenderán las

necesidades públicas. Una de las mejores forma de poder adquirir lo anterior, es

por medio de una adecuada política fiscal que conlleve una adecuada reforma

financiera, preponderantemente por medio de los impuestos, y el adecuado

manejo de los mismos, para no sólo poder cubrir las necesidades sociales, sino

para que la forma en como cubrirlas sea la más óptima y eficiente.



190

Si México no cuenta con los recursos suficientes, la preocupación no discurrirá en

reducir las necesidades existentes, sino en que definitivamente ya no poder

cubrirlas porque las cargas se puedan volver insoportables, sin un adecuado

programa de apoyo social o políticas públicas.

4.2 Comportamiento del Contribuyente Frente al Gravamen.

El presente tema es de vital importancia, ya que a nadie le agrada verse privado

de su patrimonio aunque sea en parte, algunos pocos lo miran como un mal

necesario, debido a que de manera general, los gobernados consideran que las

remesas obtenidas por la captación de recursos tributarios son mal empleadas,

muy pocos consideran lo contrario.

Dentro de la gama de los contribuyentes se encuentran ramificaciones de estos de

acuerdo a su pensar y actuar.

Margáin Manautou, los contribuyentes se clasifican en honestos y deshonestos.

Los honestos son:

En efecto, hay contribuyentes que se percatan de la necesidad, en bien de su

patria o en agradecimiento del país que los acogió, o por conveniencia de su

negocio, o por temor al fisco, de tributar con honradez; no escatiman un centavo

de lo que legalmente le corresponde al erario. Estos contribuyentes tributan, pues



191

correctamente, pensando unos en su país otros en la gratitud, otros en su negocio

y otros por temor (Nociones de Política Fiscal)

Como segundo caso se tiene a los deshonestos, siendo el grueso de la población,

y que son, según Margáin Manautou, los siguientes:

Este núcleo lo constituyen, fundamentalmente, contribuyentes pequeños y

medianos, así como también, aun cuando son minoría, a verdaderos gigantes

dentro de su ramo o giro.

En tercer término tenemos a los que no tributan; a los que de plano ni en mínima

forma cumplen con las leyes tributarias, salvo por verdaderas excepción. Este

grupo se constituye esencialmente por pequeños y, por medianos contribuyentes

(Nociones de Política Fiscal).

Existe otra clase de contribuyentes que son cumplidos aún y cuando no posean,

tal vez, eses carácter cívico mencionado con antelación, que son a los que les

retiene el impuesto, prueba el Impuesto sobre la Renta, siendo éste el más

importante de los impuestos directos, es decir, son gobernados cautivos, los

cuales no deducen y pagan íntegramente la contribución.

Ahora bien, dentro del contribuyente incumplido se encuentra el preparado y el in

preparado; El primero ha tenido acceso a la cultura; se da cuenta de las

consecuencias de sus actos, no tiene excusa, ni mucho menos puede alegar

ignorancia. Sabe cómo defenderse contra el que atenta contra su patrimonio: se

percata perfectamente de los beneficios que experimenta al no producirse con

veracidad. En cambio, el contribuyente impreparado, constituido esencialmente



192

por pequeños aun cuando también por medianos y grandes, no tuvo acceso a la

cultura, a la educación y no se siente en deuda con el Estado.

De lo anterior, se puede desprender que son muy pocos los que contribuyen, ya

que de acuerdo a diversas encuestas, nacionales e internacionales, podemos

observar que los contribuyentes o no pagan, o no pagan de acuerdo a las leyes, o

bien pagan de acuerdo a las leyes, pero a través de una planeación fiscal o

elusión fiscal, y los que pagan conforme a la ley por su conciencia cívica o bien los

que pagan porque se les retiene el tributo, llegando a la conclusión que son los

menos quienes contribuyen.

Por lo que atañe a los incumplidos como tácticas y estrategias para no cumplir con

el pago, se pueden señalar las siguientes, de acuerdo a Daniel Diep:

1. Incumplimiento: representa la evasión simple. Es, desde luego, una

conducta vergonzoso, pero sólo puede configurarse como delito cuando se

descubre. Es decir, que el incumplimiento se descubre en la rama de la

improbalidad pero no por ello deja de estar pendiente para saltar de ella

cuando el peligro lo requiera.

2. Informalidad: Una variedad ancestral de la actividad empresarial es la

llamada "economía subterránea". Opera sin inscripciones, registros o

formalidades. Condiciona sus operaciones a la inexistencia de

comprobantes de cualquier clase. Sólo se obliga a la entrega de la

mercancía o servicios y a su respectivo cobro sin huella de alguna

naturaleza. Normalmente no sirve de fletes, almacenajes, empaques,

entregas, etc., precisamente para encubrirlas a plenitud y, por supuesto,

suele condicionar su realización al pago en efectivo.



193

3. Ocultación: Un fenómeno similar o lamentable con el de la informalidad es

el de la ocultación. Sólo que, en éste, lo que se hace es operar en relación

dos negocios en uno. Todo aquello que se adquiere de los proveedores sin

factura y consecuentemente puede pagarse mediante chequera distinta o

en efectivo, constituye el negocio oculto. Todo aquello, en cambio, que

haya sido facturado por los proveedores y se cubra con la chequera formal

del negocio, constituye el negocio real.

4. Fuga: La forma, sí aún se le quiere llamar así, más desesperada de los

contribuyentes omisos, es la de huir cuando han sido detectados. Algunos,

moderadamente, optan por cambiarse de domicilio operativo dentro de la

propia ciudad; otros más se cambian de municipio o estado; pero no son

pocos los que terminan cambiando de país.

5. Economías: Obviamente, son economías del tributo las que se obtienen

mediante el cabal conocimiento y aplicación de la legislación, sin violarla o

vulnerarla en forma alguna

6. Alternancia: Se hace referencia a la alternancia, se pretende descubrir toda

una serie de medidas prácticas a las que suelen acudir los contribuyentes

hoy en día, al margen de cualquier clase de asesores, y más como un

fenómeno de hecho que de derecho, pues cuando se reprime el derecho

los hechos afloran y nadie puede discernir si son lícitos o ilícitos,

consistentes para cada caso, en la búsqueda de la llamada vacatio legis,

expresión con la que definían Ios latinos todos aquellos actos mediante los

cuales cabía sustraerse al imperio.

7. Pulverización: En el pasado, ante el progreso de las tarifas a las empresas,

era frecuente que cualquier contribuyente fragmentará sus actividades



194

mediante la creación de varias sociedades. Hoy en día, ante el reemplazo

de la tarifa por la tasa y el riesgo de apreciaciones por razón de los

llamados precios de transferencia entre partes relacionadas, la

fragmentación se ha visto seriamente afectada en su perspectiva o

conceptualización global como estrategia empresarial (Diep Daniel, 1999).

4.2.1 Semblantes Sociológicos con Correlación a la Contribución.

En el punto anterior se mencionó del comportamiento del contribuyente, pero cuál

es el actuar de la sociedad, frente a la contribución, ¿probablemente las diferentes

clases sociales contemplan de manera diferente el pago de los impuestos?, dicho

cuestionamiento se alude en el presente apartado, toda vez que, cada que se va a

realizar alguna modificación en las leyes o reformas, se menciona primordialmente

a dos tipos de clases sociales, la clase alta y la baja, quedando casi siempre de

lado la llamada clase media; es decir, las dos primeras resultan ser un factor de

poder que suele evitar modificaciones en las reformas financieras que durante

años se han pretendido realizar.

Ahora bien, la ciencia encargada del estudio de la sociedad y con ello de las

clases sociales es la sociología, la cual se define de la siguiente forma:

Junto a la Lógica de la psicología, está la lógica de la vida o sea la biología y la

lógica de las sociedades o sea la Sociología. Es una logia, es decir, es una ciencia

porque tiene como finalidad estudiar la realidad de las entidades sociales tal cual

son, pero como debiera ser. Así pues, el estudio de las sociedades debe

considerarse análogo al de los objetos del mundo inanimado o al de los seres del



195

mundo animado. Es la historia de las sociedades humanas Max Weber definió a la

sociología como una ciencia que se propone entender el obrar social,

interpretando su sentido (López Rosado Felipe; 1990).

Por lo que toca a las clases sociales, podemos observarla como un área de vital

importancia en la sociología, toda vez que, los sociólogos han especulado mucho

sobre las características de las clases sociales, sobre todo a partir del triunfo de la

sociedad industrial. Y quizá precisamente por la especulación hay confusión y

contradicción sobre la teoría social de las clases sociales a pesar de ser un

capitulo fundamental dentro del pensamiento sociológico. A tal grado importante

que es ya un lugar común decir que, sin teoría sobre las clases sociales, no se

puede hacer una explicación científica de la sociedad.

Los teóricos han discutido hasta el cansancio si las clases sociales se pueden

explicar en términos objetivos, si son determinadas por las relaciones sociales de

producción; o por un hecho subjetivo, sobre todo por la idea que tiene el individuo

de sí mismo (Careaga Gabriel; 1999).

Para Marx las clases predominantes eran la explotadora y la explotada, la primera

poseía los medios de producción y la segunda la mano de obra, y llamaba a la

clase media como la pequeña burguesía, la que dispone de los medios de

producción, y que en la lucha de clases podía ocurrirle dos situaciones, volverse

en proletariado o en burguesía. Pero en la actualidad la realidad ha cambiado,

toda vez que hoy en día existe una clase media que no posee medios de

producción, como lo es la burocracia, de igual forma ha surgido el comercio

informal, el cual ¿cómo se podría catalogar?, como clase baja, tal vez, toda vez

que varios de ellos no tiene trabajadores y se da una aparente pobreza en estos,

pero que en muchas ocasiones pueden llegar a tener mayores ingresos que



196

personal burocrático o asalariados; es decir, se puede llegar a dar un fenómeno

llamado de status, relacionada de acuerdo a la cantidad de dinero que se gana o

se posee, y de acuerdo al nivel de trabajo o profesión que se posee (por ejemplo

un profesionista puede llegar a ganar menos que un vendedor de discos

compactos en el metro), pero dicha situación puede llegar a ocasionar

confusiones, con respecto a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, que es

finalmente lo que se pretende saber por parte de las autoridades hacendarías,

para poder captar más contribuciones. Con esto se puede establecer que en

muchas ocasiones se da el fenómeno de apariencias y el cual ocasiona un bloque

para poder realizar reformas tributarias o financieras, la mayoría de los

contribuyentes mienten con respecto a sus ingresos, o utilizan determinados

medios para evitar el pago del tributo, o bien no pagan, la situación se agrava con

el fenómeno de las apariencias, debido a que no se puede determinar a ciencia

cierta la realidad con relación a la capacidad económica de los gobernados.

Pero cómo contemplan el pago los tributos las diferentes clases sociales: alta,

media, y baja, para ello se puede clasificar a las mismas de la siguiente forma:

1. Clase alta: Esta clase es la que ostenta el poder económico.

a) Inferior: Como clase alta se entiende a aquella con poder económico,

pero a nivel nacional.

b) Superior: Esta clase de igual forma posee poder económico, pero en un

grado muy alto, a nivel internacional.

2. Media. Esta clase no posee casi problemas para poder cubrir sus

necesidades, de acuerdo a su medida.



197

a) Inferior: Es la que exactamente cubre sus necesidades, no poseen

índices de ahorros.

b) Promedio: Esta posee un pequeño índice de ahorros, puede adquirir

ciertos bienes, como adquirir un auto.

c) Superior: Es aquella que ya no sólo cubre sus necesidades, sino que

también puede realizar ciertos gastos suntuarios.

3. Baja: Esta clase es aquel grupo de personas que con sus ingresos no

alcanzan a cubrir de manera plena sus necesidades básicas.

a) Inferior: No poseen ingresos fijos, ya que no trabajan ni en el sector

privado, ni público, motivo por el cual no está incorporados a servicios

como el IMSS o ISSSTE.

b) Superior. Estos ya poseen un salario aunque sea mínimo, y cuentan

con algunas prestaciones.

La clase alta, formada como ya lo vimos a nivel nacional e internacional, poseen

recursos económicos para poder tener acceso a asesores que pueden guiarlos al

pago de las contribuciones, o de manera contraría no pagar lo que deberían de

acuerdo a su capacidad contributiva, ya que se hace uso de diversos medios

legales o contables, por medio de los que se da la planeación fiscal u omisión

fiscal; o de igual forma pueden tener los conocimientos para poder realizar dicha

tarea, claro que dentro de esta clase también existen los contribuyentes que

mienten y no pagan lo que deberían o bien no contribuyen en nada, es decir,

evaden impuestos. No obstante, en la mayoría de los casos, en éste sector se da

la planeación fiscal, la cual puede ser considerada un detrimento en la captación

de recursos por parte del fisco, no se quiere decir con esto que este mal, sin



198

embargo en estrictos sentido, no se capta lo que se debería de acuerdo a la

capacitad económica del sujeto pasivo.

Por lo que respecta a la clase media, se puede clasificar en tres sectores: media

superior, media promedio y media inferior. La primera posee ciertos conocimientos

y capacidades económicas que lo acercan a la clase alta, esta se forma

generalmente por medianos empresarios, por profesionistas, por asalariados o

burócratas de buen nivel, etcétera. En el caso de los que tienen un patrón

retenedor pagan generalmente lo adecuado, por lo menos en los impuestos

directos como lo es el ISR, el cual es el impuesto que mayor ingreso produce a la

federación; por lo que respecta a quienes declaran mayoritariamente mienten con

respecto a sus ingresos. En este sector se puede llegar a tener acceso a asesores

contables o bien o poseen los conocimientos suficientes para poder tributar de la

manera correcta pero como ya se mencionó hay quienes declaran menos

ingresos.

La clase media promedio, está constituida por pequeños empresarios (Dentro se

ubican algunos agricultores), profesionistas, asalariados o burócratas de nivel

medio, etcétera; es decir, muy similar a la de la clase media superior, pero con

menores ingresos de dinero, al igual que los anteriores algunos como los

pequeños empresarios o profesionistas, no declaran lo que deberían, o bien no

declaran, pero la mayoría de estos como lo son los asalariados y los burócratas,

tienen un patrón retenedor, o bien al no tener los medios económicos para

contratar un asesor contable, suelen contribuir de manera lisa y llana, como por

ejemplo no hacen uso de deducibles, quizá por ello se podría decir que son los

que sostienen al país porque son quienes realmente pagan sus impuestos con

apego a la ley.



199

La clase media inferior, se constituye primordialmente por asalariados o

burócratas, profesionistas, campesinos, etcétera, estos generalmente gana el

salario mínimo o un poco más, en la mayoría de estos casos, no declaran como en

la caso de profesionista, o bien de igual forma que las anteriores tiene un patrón

retenedor.

La clase baja, quizá la más controversial, la cual casi no paga impuestos, toda vez

que apenas si tiene los ingresos para sobrevivir, y en algunas ocasiones ni esto,

mucho menos las tendrán para pagar ciertos impuestos. Dentro de esta clase

social suele esconderse la economía informal, ya que suele dar una apariencia de

pobreza, no obstante, en muchas ocasiones de acuerdo a sus ganancias podría

estar establecida en otra clase social; es cierto que dicho sector ha proliferado por

la falta de empleos en México, sin embargo, también es cierto que estos no

declaran y con ello son una fuente no captada de recursos tributarios, aunado a

ello dicho sector es muy difícil de controlar. Si por la falta de empleos o por la

facilidad que se da por medio del sector informal, ésta crece, aumentará la evasión

fiscal que se da en México, siendo este sector el que no paga tributo alguno.

Muchas de las reformas tributarias suelen ser frenadas debido a los factores de

poder que suelen ejercer algunas clases sociales, primordialmente las clases altas

y la bajas.

La clase alta es un factor de poder, ya que poseen los medios económicos y

espacios para ser escuchados, no pueden permitir un deterioro en su economía,

en ocasiones tiene razón, no obstante en la mayoría de las veces simplemente al

no ser convenientes ciertas reformas a sus intereses, mueven influencias o

presionan para que no se den cambios, que aunque sean necesarios para México,

ya que no son convenientes para sus intereses particulares.



200

Por lo que respecta a las clases bajas, se vuelven factores de poder (La terrible

fuerza del débil), ya que suelen ser banderas de organizaciones para oponerse a

determinadas reformas, por las mismas razones que en la anterior clase, afectan

intereses, y buscan un beneficio inmediato sin importar las consecuencias futuras,

en las que finalmente resultaran más perjudicados por ser la clase con menores

recursos, cabe señalar que en la mayoría de las ocasiones se da una situación de

aparente pobreza, es decir, en estos movimientos generalmente intervienen los

sectores informales; ya que la verdadera clase baja, casi no participa, debido a

que han visto desde su nacimiento la pobreza y por ello no creen en la promesa

de un cambio, no se quiere decir con esto que está bien que se encuentren en

esta situación, sino que simplemente siempre han visto esta realidad, y por ello

salvo que los inciten, casi no participan.

La clase media, no resulta factor de poder, toda vez que, suele estar conforme con

las situaciones del país, y por ello casi no interviene en movimientos sociales,

como lo pueden ser los derivados de propuestas de reformas tributarias o

reformas financieras, no obstante, cabe recordar que este sector es de los que

contribuyen de manera más proporcional y equitativa al gasto público.

Las reformas tributarias o financieras han pasado, y lo único que se hace es

realizar parche para cubrir ciertos gastos, porque al efectuar algún movimiento, el

poder económico o la fuerza del débil, ha ocasionado un freno, no obstante, se

deben de analizar qué consecuencias trae dicho actuar al país, al aplicar

atenuantes lo único que se produce es un retraso del perjuicio que afecta a la

nación y una problemática mayor; en caso de haber algún problema varios de la

clase alta podrán liberarse debido a que cuentan con las armas para poder

defenderse, en el caso de la clase baja se ira hundiendo poco a poco aún más, ya



201

que no siempre se les podrá dar un respaldo; y en el caso de la clase media, estos

bajaran en su status y con ello se captaran menores recursos; es decir, se dará un

círculo vicioso, el cual irá en aumento.

De igual forma los partidos políticos, de acuerdo a sus perfiles, izquierdistas,

derechistas y podríamos decir intermedios; se cobijan bajo los lineamientos de las

clases sociales para no realizar las reformas que sean benéficas para todos los

mexicanos, claro que en ocasiones no operan porque podrían provocar un

malestar mayor, pero en la mayoría de las situaciones lo único que se pretende es

la captación de votos, a través de las promesas hechas a un determinado grupo

social.

Si relacionamos el comportamiento de los sujetos pasivos con la obligación

consagrada en la Constitución Federal, de acuerdo al artículo 31, fracción IV, de

que es obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público de manera

proporcional y equitativa, podemos observar que tan sólo algunos de estos lo

hacen, como por ejemplo los que tiene un patrón retenedor, y quienes contribuyen

de la manera correcta, que son los menos. Se deben de buscar los medios (Como

son los impuestos indirectos, el IVA, el cual es pagado por todos, pero de una

manera racionalizada para que no provoque perjuicios en lugar de beneficios),

para que los que no lo hacen contribuyan de acuerdo a lo expresado en nuestra

Carta Magna, aun cuando las medidas resulten impopulares, toda vez que, se

debe de buscar el fin del Estado, el bien común o público, no tan sólo de unos

cuantos; y lograr que se le afecte lo menos a los gobernados cumplidos en el pago

de sus contribuciones.

4.2.2. Validez Constitucional y Legalidad de los Impuestos.



202

En el anterior apartado se examinó al sujeto pasivo del pago del impuesto, su

forma de actuar frente a éste, pero ¿qué pasa con el sujeto activo?, como se

observa y maneja lo relacionado con sus contribuciones, y en especial con los

impuestos. La respuesta consiste en que la autoridad debe de actuar conforme a

lo dispuesto en la Constitución y las normas secundarias relacionadas con la

materia.

Por lo que respecta a la validez Constitucional de los impuestos:

Nuestra Constitución expresa en su artículo 31, fracción IV, que es obligación de

los mexicanos contribuir al gasto público, así como a la federación, como al

Distrito Federal, como a los Estados y Municipios en que reside, de la manera

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En el artículo 73, fracción VIl, la

misma constitución establece que durante el período ordinario de sesiones, el

Congreso de la Unión deberá discutir y aprobar las contribuciones o reformas que

basten para cubrir el presupuesto.

Por lo tanto, concluye que constitucionalmente hablando no puede haber tributo

sin ley formalmente legislativa que lo exija salvo en los casos de decreto.

INICIATIVA DE LEY.- De acuerdo con nuestra Constitución artículo 71, el derecho

de iniciarse leyes o decretos en materia federal, compete:

I Al presidente de la República.

II. A los diputados y senadores del Congreso de la Unión.



203

III. A las legislaturas de los estados.

Conforme al artículo 72 inciso h) constitucional todo proyecto de ley o decreto,

cuya resolución no sea exclusiva de algunas de las Cámaras, se discutirá

sucesivamente en ambas, pudiéndose presentar inicialmente ante cualesquiera de

ellas; con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos, reclutamiento

militar o materia tributaria, que deberían presentarse inicialmente ante la Cámara

de diputados.

Lo anterior establece la forma o procedimiento por medio del cual se aprueban las

contribuciones, no obstante en la práctica suelen violentarse tales preceptos,

provocando en varias ocasiones la promoción de juicios de amparo que causan un

detrimento en el erario nacional, aunado a ello la autoridad con su comportamiento

frecuentemente violentado, en éste caso a la Constitución, ya que suele crear

leyes y actuar en contra de las normas que rigen el país, surgiendo así conflictos,

que producen desgaste entre las partes y en ocasiones provocan una menor

recaudación (Margáin Manautou Emilio).

Ya que en caso de otorgarse un amparo, derivado del comportamiento

inconstitucional de la autoridad, no sólo se pierde lo captado, sino que suelen

pagarse intereses en beneficio del contribuyente. No se quiere decir con

estos que se vulneren los beneficios a los sujetos pasivos, no otorgándoseles

el amparo y protección de la justicia de la unión, sino que la autoridad debe

de actuar con apego a la Constitución Federal y a sus leyes secundarias.

El análisis de las disposiciones establecidas en la Carta Magna, en forma conjunta

o aislada guarda relación con la materia tributaria, por ello debe de ser objeto de

constante estudio, ya sea desde al sistema impositivo de México, así como en las



204

fallas o excesos que suele cometer la autoridad en su forma de conducirse frente

al contribuyente. En pocas palabras la autoridad debe de operar conforme a lo

dispuestos en la Ley, aunque en muchas ocasiones no se respeta esta situación,

razón por la cual algunas veces el gobernado solicita, ante los órganos

competentes, el amparo de la justicia de la unión; provocando con esto

resoluciones de los tribunales, y con ello jurisprudencias, las cuales generalmente

auxilian, principalmente la Suprema Corte de Justicia, a la Hacienda Pública.

En múltiples ocasiones, se han emitido Jurisprudencias que no encuentran

respaldo en la Constitución, pero que se realizan así, toda vez que si se

otorgarán los amparos, ocasionaría problemas en la recaudación; Prueba en

el caso del Impuesto sobre Tenencia o Uso de vehículos, en lo relativo al

artículo 2, A, fracción II, de la ley respectiva.

Las razones principales por las que un gobernado presenta una demanda de

Amparo en materia hacendaría son las siguientes:

a) Por lo que hace al tributo mismo:

• Falta de proporcionalidad y equidad.

• Desviación de su destino propio legalmente previsto.

b) Por lo que atañe a los actos de autoridad.

• ilegitimidad del órgano de gobierno que actuó.

• incompetencia.

• ausencia de fundamentación y estimulación.

• Falta de legalidad de sus actos con respecto a la Constitución

misma.



205

• Omisión del mandamiento escrito para cualquier acto de

molestia al gobernado.

• Exigencias que excedan a la de exclusivamente pedir libros y

papeles en visitas domiciliarias para comprobar que se han

acatado las disposiciones fiscales.

• Desatender al derecho de audiencia del gobernado.

c) Por lo que concierne a otras garantías fundamentales, no relacionadas

con la tributación en forma exclusiva, pero que pueden vincularse con

ella en la práctica:

• Tratamiento desigual ante la ley.

• Atentar contra la libertad del trabajo.

• Omitir el juicio previo.

• Proceder confiscatoriamente.

• Coartar la libertad de asociación.

• Juzgar mediante leyes privativas o tribunales espaciales.

• Aplicar retroactivamente las leyes en perjuicio del gobernado.

• imponer penas por analogía o mayoría de razón.

• Otras (Diep Daniel; 1999)

En lo referente al sentido legal de los actos de autoridad, consiste en que el sujeto

activo no puede efectuar ningún acto sin apego en la ley, debe de comportarse

con apoyo, sustento y fundamento en la ley misma. Es por ello que por medio de

estas situaciones se da un control de la constitucionalidad, de manera indirecta,

por vía de las leyes secundarias que surjan de la Constitución. Siendo los órganos

facultados para encargarse de esto, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Poder

Judicial de la Federación, principalmente.



206

El proceder ilegal de la autoridad se impugna por la vía administrativa, ya sea por

medio de un recurso ante la autoridad con el objetivo de que corrija sus errores de

apreciación sobre los hechos o actos que pretende atacar el gobernado, o por vía

del juicio administrativo, juicio de nulidad, buscando con ello que sea una

autoridad jurisdiccional, quien establezca la improcedencia del actuar de las

autoridades administrativas de la misma área.

No obstante, en la mayoría de los casos las resoluciones de los órganos

competentes no atienden a la ley, o bien al espíritu de las mismas, toda vez que,

se pierden en el afán recaudatorio, dicha situación es relevante para establecer

una política fiscal en México, debido a que en muchas ocasiones no se utiliza una

adecuada técnica fiscal, ya que recordemos que esta debe de darse de acuerdo a

los principios jurídicos de un país debido a que, por muy favorable que sea un fin

no debe de ir en contra de lo dispuesto en la normatividad de la nación o bien no

ocasionar perjuicios económicos; de igual forma y como ya se mencionó se debe

de buscar aplicar el espíritu de las leyes, es decir, las causas que originaron su

creación, no un simple acomodo disfrazado de legal. Varias veces las sentencias

de los tribunales, llegan a considerar razones antijurídicas para justificar su

comportamiento, y con ello las normas tributarias suelen ser confusas o se

contraponen entre sí, ocasionando la ilegalidad.

Las modificaciones improvisadas de las leyes, la falta de preparación del personal

oficial, ocasionan un efecto de crecimiento de la ilegalidad, incrementa su

desarrollo, causa un caos y desprestigia al gobierno, produciendo que gran parte

de los contribuyentes actúen por medios de simulación, evasión y planeación

fiscal.



207

Lo anterior, produce dificultad en el cumplimiento del objetivo de la materia

tributaria, captar y administrar los recursos públicos con criterios prácticos y

sencillos, en vez de caserías y persecuciones, por el actuar arbitrario de la

autoridad; es importante la captación de recursos, pero deben ser conforme a lo

establecido en las leyes, quizás dicha situación es debido a que pocos tiene

acceso a una adecuada defensa que los cubra de estas arbitrariedades y por ello

reincida la autoridad en este tipo de comportamiento, no obstante y como ya se

señaló, esta circunstancia también es causa de evasión y simulación produciendo

que se desvié el objetivo del Estado y violándose el Estado de Derecho.

En un Estado democrático, un funcionario que no cumple con su deber debe de

ser destituido, ya que es un pacto entre el gobernado y el gobernante, toda vez

que, a éste último se le elige para que gobierne de la mejor manera y conforme a

lo dispuesto en la Ley. La autoridad no debe ejercerse por medio de un capricho,

dominio o autoritarismo, ya que a final de cuentas un gobernante es un servidor

público, y ésta característica de servir debe de ser un atributo, el cual entraña el

otorgamiento de un poder, pero desde el punto de vista de un mandato que se

debe de cumplir, y conforme a lo dispuesto en la ley, no como un simple privilegió

que otorga un proceder arbitrario.

Innegablemente, el objetivo de toda ley es el de establecer y observar un orden,

de tal suerte, que las jerarquías de autoridad que se constituyen con el fin

asumirlas mediante delegación (por ejemplo el Secretario de Hacienda y Crédito

Público, no fue elegido por los gobernados, pero sí el Presidente de la República,

el cual lo designa, éste secretario a su vez designa a otros, que de igual forma

deben de cumplir y hacer cumplir la ley. Situación similar se da con los Diputados

y Senadores que deben de legislar buscando el bien común y observando la Ley,

no actuando de manera caprichosa y arbitraria), también quedan sujetas a dichas

normatividades, buscando cumplir la finalidad de toda autoridad en el sentido de



208

hacerla observar por la masa ciudadana y, desde luego por los propios

mandatarios.

¿Pero cuáles suelen ser las estrategias y tácticas del gobierno?, Daniel Diep,

señala las siguientes:

Estrategias:

1.- Terrorismo.- cuando se habla de preocupación, de temor o de miedo ante el

fisco, lo que se refiere es una condición generalizada de la ciudadanía ante el

riesgo de lo que debe de entender como un acto de molestia, de posible

exigibilidad de contribuciones incumplidas etc., pero, cuando se habla de terror o

de pánico ante él, lo que se refiere es a una situación concreta derivada del

impacto mismo de la actuación específica de la autoridad fiscal, es decir, da una

condición dinámica en la que el contribuyente queda instantáneamente paralizado

ante estos actos y, posteriormente, pretende a como dé lugar, o pueda pretender,

la huida para liberarse del problema.

a) Cuando la acción fiscalizadora se oriente exclusivamente o

preferentemente a ciertos universos de contribuyentes, es decir,

cuando se trate, en el fondo de actitudes represivas, simulatorias o

revanchistas.

b) Cuando se le notifican al contribuyente supuestos créditos que tiene la

seguridad de no deber, pero que derivan de:

• de los criterios amedrentes de sus superiores;



209

• de la acción embargante sin contemplaciones; o

• de la resolución con criterios interpretativos de ley profundamente

equivocados, los cuales dejan en franco estado de indefensión al

contribuyente, aun cuando los medios de impugnación existan pero

resulten ociosos por ser desoídos o desatendidos al aparentarse

que "se entienden".

Esta actuación se grava en gran medida y se empeora, en buena medida, cuando

el régimen instituye alguna clase de participación en las multas a favor del

personal hacendatario, amén del beneficio indudable, para ese mismo personal,

de los llamados "gastos de notificación", situaciones, ambas, que convierten a la

autoridad actuante en una especie de verdugo exacerbado.

c) Cuando se suprimen instancias o recursos defensivos a favor del

contribuyente o se otorgan otros a favor de la autoridad, como ocurre

con recurso de revisión según el Código Fiscal de la Federación.

d) Cuando se requisitan en exceso los medios de defensa a ejercer por

los contribuyentes y hasta se les desecha por motivos triviales, claro

está que mediante la complejidad por ligereza, beligerancia o

ignorancia de las legislaturas.

e) Cuando se procede al embargo de bienes o de negociaciones sin

otras razones que las puramente intimidatorios o de presión.

f) Para el gobierno, pues, la estrategia terrorista condiciona políticas

tributarias, incluso de consiga a ciertas autoridades administradoras o

juzgadoras, que trastornan en definitiva el efecto final hasta de leyes a

observar.



210

2.- Rigorismo.- El llamado rigorismo fiscal se expresa más como una acentuación

de las conductas asumidas por la autoridad tributaria, sin considerar el efecto de

ello en la psicología del contribuyente, a diferencia de cómo ocurre con el

terrorismo, y que está esencialmente orientado a provocarle esa reacción

específica de verla o sentirla "en su papel", lo cual despierta miedos pero no

necesariamente terrores, ya que participa menos el elemento arbitrariedad.

De hecho, esa es la única clase de papel que le corresponde asumir cuando se

manifiesta plenamente el régimen de Derecho. Pero esta posición suele resultar

puramente ideal ante la evidencia cotidiana de la práctica, tanto por la

imperfección misma de las leyes como por el enmascaramiento al que suele

conducir la actitud misma a ello se tipifica con la propia exigencia legislativa en

materia tributaria en el sentido de que el criterio interpretativo de esta clase de

normas, al menos en el caso de la mayor parte de ellas, deba ser precisamente el

estricto, pese a que haya tratadistas que refieren hasta diecisiete criterios distintos

de interpretación y la estricta venga a ser de las más pobres y limitadas incluso al

extremo de que muchos diccionarios jurídicos ni siquiera la mencionan al

momento de discernir, con base en la pura expresión de la terminología empleada,

en el sentido de lo que quiso decir el legislador.

Ante tal sujeción a la literalidad de los textos legales en materia tributaria,

sobrevienen en seguida las incertidumbres y los conflictos porque, si los tribunales

constituidos tiene la facultad de aplicar, por lo menos en razón de su existencia y

ejercicio, el criterio de interpretación judicial, que es el considerado como propio e

imprescindible de su función, según lo confirma también cualquier diccionario

jurídico, viene a resaltar que el criterio de interpretación estricta parezca haber

sido dispuesto para el uso exclusivo o preliminar de los contribuyentes y las

autoridades administrativas, mientras el otro, el judicial, se reserva para los

tribunales; o bien, por el contrario, que resulte impropio de dichas autoridades el



211

empleo del criterio de interpretación judicial, ya que la legislación tributaria les

limita al sólo uso de la interpretación estricta y acuden a la judicial, toda vez que

les resulta tácitamente prohibido por esa preceptiva legal.

3.- Tolerancia. Se puede tolerar, o sea consentir, lo que no es plenamente lícito,

incluso sin denunciarlo o sancionarlo pero ello por múltiples motivos o razones,

siendo de citar los siguientes cuestionamientos:

a) Cuando la autoridad quiere evitarse protestas porque su propia actuación

corre riesgo al no ser suficientemente idónea y estar consciente de ello.

b) Cuando la situación económica es tan crítica que el rigorismo podría

despertar reacciones violentas contrarias a la estabilidad político social.

c) Cuando la tolerancia misma se constituye en medio de propiciar o impedir

la corrupción, según que prevalezca, respectivamente, en exceso de

facultades discrecionales previstas por las leyes a favor de las autoridades

administrativas o, por el contrario, únicamente facultades regladas y

consecuentemente impedimento para servirse de discrecionalidad.

d) Cuando se opta por un régimen de confianza en el contribuyente en razón

de la conciencia que tenga la autoridad sobre sus propias limitaciones para

revisar o fiscalizar el universo total de ellos con algún grado de eficiencia.

La tolerancia suele emparentarse, con:

• con la corrupción;

• con la ingobernabilidad;



212

• con la deshonestidad; y

• con la impotencia.

Las políticas tributarias propias de un régimen tolerante son más dañinas que las

rigoristas, tal y como se ha expuesto, pero, además, revierten hacia la psicología

colectiva en forma de depreciación o demérito del orden mismo de las demás

estructuras, tanto sociales, políticas, económicas y religiosas, como educativas,

cívicas, morales y costumbristas. Por eso es importante abstenerse de cualquier

clase de tolerancia, incluso con respecto a lo tributario, mientas dicha aberración

subsista.

4.- Legalidad. Sobra decir que el respeto irrestricto a la ley es la posición óptima

de cualquier régimen, al menos por principio en tanto que es señal de ella y no de

los hombres que la apliquen. Pero la imperfección natural de las leyes no permite

garantizar, en todos los casos, que la legalidad pueda resultar

incontrovertiblemente mejor a cualquier otra clase de alternativa convencional

(Diep Daniel),

Tácticas:

1.- Fiscalización Reincidente.- Es usual que las autoridades tributarias manifiesten

que los sujetos fiscalizables son determinados por algún medio específico:

• sorteos;

• elecciones sectoriales;

• datos indicativos de sospecha;

• omisión informativa;

• ganancias o pérdidas desproporciónales;



213

• etc.

Lo cierto es que suele ocurrir que existen contribuyentes con cincuenta o setenta

años de operación que jamás han sido fiscalizados y otros que, en menos de cinco

años, ya han sido afectados dos o tres veces.

En consecuencia, se fiscaliza:

• lo fácil;

• lo accesible;

• lo amable;

• lo rentable;

• lo ausente de riesgos;

• lo próximo;

• etc.

Y de allí el que sobrevenga la reincidencia aunque éste sólo sea uno de sus

motivos para mantenerse ocupados con los que se puede y abstenerse de

acceder con los que no.

Pero en el fondo, quien demerita su imagen con tales actos de reincidencia es el

gobierno mismo, ya que independientemente de su grado de culpa en la selección

de su propio personal, es en nombre de él que actúan sus funcionarios menores a

los ojos del contribuyente, por lo que esa clase de actos no puede dejar de verse

como oficial, aun cuando se sospeche o confirmen las sospechas de que se trate

de actos personales o arbitrarios.



214

2. -Presuncionismo. - A lo largo de la historia tributaria se ha procedido de varios

modos para fijar el tributo. Pero en los tiempos recientes se han manifestado en

forma sucesiva en tres de ellos:

• el de mera "calificación" del contribuyente, que consistía en ponderar sus

fuentes de ingresos conjuntamente con su nivel de vida y fijarle una

cantidad determinada a cubrir;

• el de "estimar" sus ingresos, es decir, restringir la ponderación a una simple

apreciación de la cuantía de ingresos derivados de su fuente de riqueza, sin

entrar en mayores consideraciones sobre su nivel de vida, para estimar la

utilidad probable sobre la que debería contribuir; y

• el de la "presunción" que consiste en partir de sus omisiones más notorias

con respecto a tales o cuales índices de actividad para "determinarle" la

cuantía de la omisión misma y hacerle contribuir por ello sin demérito de

actualizar lo adecuado, fincarte recargos y sancionarle.

Bajo la presuntiva a la que acuden las autoridades fiscales actuantes en procesos

de revisión de operaciones de contribuyentes, tampoco goza de una

competitividad plena en su ejercicio. Con frecuencia se encubren, a través de ella

y por ejemplo, la propia inactividad durante mucho tiempo, por contrapartida, la

precipitación final para concluir su diligencia; la im-preparación para investigar o

evaluar lo necesario a partir de la información disponible; su desconocimiento

sobre la naturaleza especial del giro; su arbitrariedad inexplicable como

consecuencia de su negligencia, etc., o, lo que es lo mismo , se toma el camino

del menor esfuerzo, ya que siempre resultará mucho más cómodo para ella

aventurar la hipótesis de un incumplimiento que investigarlo y cuantificarlo,

máxime que una de sus políticas contemporáneas más usuales sea precisamente



215

la de limitarse a "visitar", no a "auditar", pues, por razones de número de

contribuyentes y personal disponible se ha optado por la superficialidad, la

obtención de datos proporcionados, por el personal de la propia entidad visitada,

la multiplicidad de visitas, la información de terceros, etc., en vez de revisar a los

dignos de sospecha, a profundidad, con el esfuerzo de su propio personal e

inclinando más la balanza hacia la calidad que hacia la cantidad.

3.-investigación.-Ya en el apartado previo se mencionó la alterativa opuesta a la

investigación.

Pero también dentro de esta expectativa de acción concentrada por parte de la

autoridad con respecto a los contribuyentes que verdaderamente la ameriten,

suelen aparecer múltiples recovecos:

La investigación con algún grado de profundidad obliga, por otra parte, a una

capacitación mucho mayor del personal actuante, ya que su actuación es

indelegable y debe estar lo suficientemente profesionalizada como para respaldar

las imputaciones resultantes con algún nivel de efectividad. Ello obliga:

• una asignación presupuestaria mayor;

• una reducción radical del número de contribuyentes revisables;

• un empleo superior del tiempo y los recursos a utilizar;

• una movilidad menor del personal actuante en el domicilio de un mismo

contribuyente;

Obviamente, a medida que resulten más onerosas, inmodificables, permanentes y

serias tales revisiones, aspectos que ya ninguna autoridad tributaria



216

contemporánea está en condiciones de observar sin suponer de su parte un

demérito serio de sus alcances, resultados e imagen los alcances recaudatorios

por esta vía podrían incrementarse. Pero se ha preferido optar por "abarcar mucho

y apretar poco".

Pero en ello mismo se manifiesta su debilidad; en la medida en que se supervisa

intervenciones y generaliza sus actos con pretensiones de revisarlos, en esa

misma medida pierde en efectividad, contundencia y significación.

4.- Ejecución.- Todo procedimiento ejecutivo o ejecutorio descansa en la premisa

del incumplimiento del deudor, pero dicha premisa no siempre aparece

debidamente configurada, al menos en materia tributaria, desde la certeza o no

sobre la existencia del crédito exigible hasta la certeza o no, también, de que la

autoridad que lo exige haya sido suficientemente honesta en su fijación.

La secuencia del procedimiento que va del embargo a la subasta y, de ésta, al

remate, representa afecciones patrimoniales muy frecuentemente irreversibles o

irreparables y en las que el acreedor es a la vez ejecutor, por lo que la

arbitrariedad sobresale ilimitada e impunemente en todos sus momentos (Diep

Daniel).

Del análisis de las tácticas y estrategias del gobierno, se pueden desprender las

facultades arbitrarias o ilegales de la autoridad hacendaria, y con ello la ilegalidad

de este actuar, es decir, se pone un ímpetu extremo en las características

coercitivas del Estado, dejan de lado situaciones que resultarían mejores por un

menor esfuerzo y mayor rendimiento, es por ello que la presente investigación,

apoya la idea de los impuestos indirectos, no se quiere decir con ello que se dejen

de utilizar las facultades revisoras del fisco, sino que se utilicen de manera



217

accesoria, ya que llegan a producir un mayor gasto, corrupción y arbitrariedades,

por las razones ya mencionadas. Los impuestos indirectos bien manejados

pueden producir mayores cantidades de dinero derivadas de la recaudación, ya

que como se ha mencionado es una forma más simple, y quizás menos agresiva

hacia el contribuyente, es decir, el contribuyente llega a acostumbrarse, pero no

como en el caso de la corrupción y arbitrariedad constante en la que de igual

forma se acostumbra, sino de una manera más controlada, y buscando un

equilibrio en las tasa establecidas para tratar de evitar que los contribuyentes

cautivos, que realmente pagan sus impuestos de manera proporcional y equitativa

se vean diezmados en su capacidad contributiva.

4.3. Comportamiento de los Actores Políticos Frente a una Reforma

Financiera.

El comportamiento de los principales actores políticos en México, como en varias

ocasiones, no va enfocado a una mejor política tributaria, ya que lo que

generalmente se busca es el no perder votos, con el fin de poder seguir

conservando un puesto en el gobierno, no obstante y si bien es cierto, que la

forma en cómo se pueden realizar las tan comentadas reformas financieras, es

precisamente ostentando un lugar en el gobierno para poder llevarlas a cabo, no

es menos cierto que en la mayoría de las ocasiones se pierde el objetivo principal,

consistente en el bien común, y se busca más el electoral, ya que determinadas

políticas pueden resultar impopulares provocando con ello, al aceptarlas la posible

pérdida de los tan deseados votos. Sin importar a que corriente de pensamiento

político pertenezcan, los actores políticos suelen confundirse en la búsqueda de

los votos, a través de un comportamiento, si no benéfico, si aparentemente

correcto, en el cual se pretende no molestar, sin observar las consecuencias que



218

de ello se derivan. Al respecto Jesús Silva Herzog Márquez expone, en el diario

Reforma lo siguiente:

"México es un país que no sabe lo que quiere. Sé que la frase que acabo de

perpetrar es absurda, engañosa y un poco tonta. Los países no quieren las

cosas, no son sujetos provistos de voluntad y de ánimo. Son los hombres, los

individuos los que tienen deseos e impulsos de cumplirlos. Pero hay

colectividades con rumbo y colectividades a la deriva. Países con ambición y

países sin apetito. México parece un país desorientado y pasivo. Un país sin

ideas y sin pasiones.

Nadie podría decir que el pueblo nacional tiene dirección. Nuestro gran orgullo es

que no nos hundimos, celebramos flotar con el cuello por encima del agua y con

esto nos contentamos. Estamos perdiendo nuestra guerra vital. No me refiero a la

batalla contra los delincuentes, hablo de la resistencia frente a la inercia. Si los

países viven es precisamente porque se rebelan contra lo dado y aspiran a

trasformar su herencia. La política mexicana no aporta ese principio de dirección.

Nuestra política ha dimitido frente a la física.

Nuestra política es salival, no motriz. No conduce a ningún lado, pero nos salpica

de palabras, de pequeños pleitos, de causas triviales. Lejos de ser un brote de

ordenación, nuestra política es un gallinero de gallinas estériles.

Desde muchos lados se analiza la razón de nuestro atraso. Rastros de un pasado

que sobrevive, trampa de los abusivos de siempre, defectos de la fragua

institucional. Hay otra carga que nos detiene y de la que se habla poco. Siguiendo

a Tocqueville, podríamos hablar de la mediocridad de nuestras ambiciones. El

viajero francés sorprendía a sus lectores cuando advertía un problema



219

insospechado en la democracia. Mientras sus contemporáneos imaginaban al

régimen democrático como una salvaje explosión de potencialidades, una fuerza

capaz de arrastrar todo lo antiguo bajo el sueño de una utopía, Alexis de

Tocqueville sospechaba la enfermedad contraria. La democracia no anunciaba la

coronación de la ambición política sin límites, sino su eclipse. Bajo el régimen de

los contrapoderes y las elecciones frecuentes, los grandes proyectos quedarían

enterrados en los pequeños cálculos y en las mezquinas ambiciones. Todo tendría

que ser filtrado por el colador de lo vendible. No nos envenenaría la soberbia de

un poder expansivo, nos asfixiaría el conformismo.

De ahí que Tocqueville se preguntara por qué en Estados Unidos había tantos

ambiciosos y tan pocas grandes ambiciones. Todos querían salir de su condición

original, cada uno de los ciudadanos norteamericanos buscaban mejorar, tener un

mejor trabajo, comprar una casa más grande, aumentar sus ingresos. Pero pocos

anhelaban grandes cosas, pocos se trazaban una vida realmente hazañosa. Nadie

osaba el desafío. Por eso temían la mediocridad de los sueños democráticos. No

podemos desconfiar de la audacia de las sociedades democráticas. El verdadero

problema es su reverso: la desgana, el aplacamiento de la pasión, la pereza.

Muchos ambiciosos pero pocas grandes ambiciones. El pluralismo ha hecho

florecer un sinnúmero de trepadores que buscan ascenso. Antes estaban ocultos

pero ahora muestran públicamente su ambición. Están en el Congreso, en los

ayuntamientos, en los partidos, en las cortes de los gobernadores o en el tercer

circulo presidencial. Los padecemos en campaña permanente. Tiene la mirada fija

en el siguiente peldaño, en el puesto superior, en la oficina alfombrada pero ¿qué

quieren? Aunque usan con frecuencia un lenguaje épico, en realidad nos

convocan a respaldar su decorado. Y al conformismo del poder lo acompaña,

convenientemente, el conformismo de la queja.



220

La política mexicana de estos días no quiere nada, no busca nada, no consigue

nada. No es una fábrica, es una bitácora. México no conoce sus aspiraciones.

Queremos decir que su clase gobernante no tiene la menor idea de lo que quiere

hacer con su poder, que la clase empresarial no tiene más ambición que su renta,

que no se ha construido un consenso social para el nuevo siglo. Y no se ve a

nadie que este empujando una agenda de largo aliento. Es cierto que es difícil

poner las piezas en sincronía para mover el complejo artefacto de la gobernación

democrática. Es verdad que el ensamblaje de las coaliciones es una operación

difícil. Pero más grave es la ausencia de un proyecto claro. Para gobernar hay que

saber mandar, decía Ortega Gasset. No basta con obligar, es indispensable

proyectar un boceto de vida futura.

No tenemos ese dibujo. Apenas tenemos un mapa de los acomodos, un plan de

sobre vivencia, una rutina para la flotación. El negocio de obstruir resulto rentable.

No solamente entrega puntualmente buenos dividendos, sino que permite a la

clase gobernantes barrer debajo de la alfombra de su hueco intelectual y su

pequeñez política. El resorte psicológico de la obstrucción es simple: traslada la

responsabilidad de su displicencia a los vicios de otro. Está convencido de que lo

necesario es imposible y no tiene la menor idea de lo que puede hacerse. Por eso

se consuela con sus excusas y obsesiones: los reaccionarios no pueden tener

razón; los populistas son una amenaza. Decía el mismo Ortega que el capital de

un pueblo no era numismático. No era siquiera económico. El capital de una

sociedad consistía, a su juicio, en la energía productora de ideas civiles. Difícil

escribir esa línea pensando en México: "energía productora de ideas civiles".

Ideas civiles (Silva Herzog Márquez Jesús; 2007).

La cita anteriormente expuesta, bien puede encajar en la posición que se guarda

rumbo a una reforma financiera para la nación, esto es así ya que, y como ya se

analizó en puntos anteriores, sólo se busca sobrevivir o "flotar", para que desde



221

los gobernantes hasta los gobernados, se de un paliativo que mantenga las

situaciones sin grandes cambios, toda vez que, los mismos podría alterar las

cosas y afectar el conformismo, con el cual el país parece estar cómodo.

Es de destacarse que lo mismo que vio Tocqueville en el pueblo norteamericano,

ocurre en el mexicano, en este caso en los actores políticos, son ambiciosos, pero

pocos o ninguno tiene grandes ambiciones; es decir, se busca como fin llegar al

puesto pero por un beneficio propio, no en a favor de la colectividad o bien común,

más allá de no saber hacia dónde se dirigen, se da el fenómeno de que no les

importa hacia dónde va México; Lo ya aludido, nos denota la enorme cantidad de

ambiciones y la falta de grandes ambiciones, como lo son las reformas financieras,

tan necesarias para México, no parches fiscales, sino la búsqueda de soluciones y

proyectos que vayan encaminados a un desarrollo económico.

El actual Secretario de Hacienda ha dicho que la mejor reforma fiscal es la posible,

y se piensa que la reforma hacendaria se ira llevando paulatinamente, no

obstante, en la propuesta del Ejecutivo Federal menos escabrosa, brotaron las

inconformidades por parte de algunos actores políticos, de igual forma es

importante destacarse que la mejor reforma financiera no es la posible, ya que

esta idea resulta conformista y como dice Jesús Silva Herzog Márquez es un

mapa de los acomodos, un plan de sobre vivencia, una rutina para la flotación; es

decir, la mejor reforma fiscal es la que le va a servir al país para salir adelante, por

lo menos en lo relativo al tema tributario, no sólo la que es posible, esta idea es la

que ha llevado al país a sus actuales problemas.

4.4 Análisis de la Propuesta de Reforma Financiera para el año 2008.



222

La reforma financiera que planteaba el Presidente Calderón, la cual si bien es

cierto, puede llegar a producir consecuencias perjudiciales, también lo es que se

ha intentado hacer que paguen uno de los sectores o factores de poder en la

nación, que es la clase empresarial, falta otro de ellos que resulta más fuerte por

su debilidad y dentro del cual se esconden varios sujetos, los cuales se vuelven un

importante fuente de evasión fiscal.

La propuesta de reforma presentada por el Presidente Felipe Calderón, ha

derivado, como es lógico, comentarios de apoyo y ataques a dicha idea, aportando

críticas constructivas como destructivas, ya que se afecta a un sector particular, o

por lo menos es lo que se aparenta, que es la clase empresarial, y de igual forma

se da la desaprobación de los adversarios políticos.

Las reformas más importantes se pueden resumir (dichas propuestas eran estas

antes de que entrara a estudio a la Comisión Dictaminadora) de la siguiente forma:

CUADRO 4.1

Decreto y leyes que comprende Modificaciones más importantes

Por el que se modifica el artículo 73 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se faculta a los Estados adheridos al Sistema Nacional

de Coordinación Fiscal para imponer contribuciones a la

venta final de gasolinas y diésel, tabacos labrados y

cervezas, que se realice dentro de su territorio, siempre y

cuando se ajusten a las tasas o cuotas, requisitos y

demás características que establezca la ley federal. Los

Municipios participarán de la recaudación

De reformas y adiciones a diversas leyes, con el

propósito de reglamentar las disposiciones

constitucionales señaladas

Las entidades podrán establecer un impuesto local a la

venta final de todos aquellos bienes que en la actualidad

o en el futuro sean objeto del IESPS.

Se modifican las fórmulas y esquemas de distribución de

las participaciones y aportaciones federales Se plantea

abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos para que las entidades federativas lo



223

establezcan como consideren conveniente, y

conservarán el registro estatal vehicular (arts. 2°, 2-A,

4o., 3o. 5o., 6o., 7o., 9o., 10-C, 10-D, 10-E, 11, 11-A, 15,

27, 37, 44, 46, 49 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal)

Por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas

Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del

Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios y se Establece el

Subsidio para el Empleo

CFF

La autoridad podrá iniciar facultades cuando se solicite

una devolución con el objeto de comprobar la

procedencia de la misma, (art. 22) Los saldos a favor

superiores de $10,000.00 deberán presentarse con

Firma Electrónica Avanzada (art. 22) Serán responsables

solidarios a los asesores en materia fiscal por las multas

a que se haga acreedor el contribuyente, cuando

derivado de la prestación del servicio o asesoría

otorgada al contribuyente, éste omita el pago total o

parcial de las contribuciones, (art. 26, fracción XVI)

Se presumirán como ingresos los depósitos que se

efectúen en un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a

$1'000,000.00 en las cuentas bancarias de una persona

que no esté inscrita en el RFC, o que no está obligada a

llevar contabilidad, (art. 59, fracción III)

IESPS

Se aplica una tasa del 20% a la organización de juegos y

apuestas, así como sorteos que se efectúen en territorio

nacional y requieran permiso de conformidad con la ley.

También quedan comprendidas los concursos en los que

se ofrezca premios y en alguna etapa de su desarrollo

intervenga directa o indirectamente el azar. Por el

ejercicio de 2008 la tasa sería del 10% y en 2009 del

15%. No aplica lo anterior a contribuyentes sin fines de

lucro autorizadas para recibir donativos deducibles y se

dediquen a la enseñanza con autorización o

reconocimiento de validez oficial de estudios, (arts. 2o

fracción I inciso b), 8o fracción III inciso a) sexto

transitorio)

ISR

Se dará el tratamiento de ingreso a las cantidades

recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera,

por concepto de préstamos, aportaciones para futuros

aumentos de capital o aumentos de capital mayores a

$600,000.00, cuando éstos no se informen al SAT (art.

20 y 86-A)



224

Se simplifica el cálculo de la retención del ISR por el

pago de salarios, al eliminarse la tabla del subsidio

acreditable y la ampliación gradual de la tarifa, así como

se elimina el crédito al salario por el nuevo subsidio para

el empleo

Subsidio para el empleo

Se da a conocerla tabla relativa, y se describen los

requisitos para su aplicación, así como los supuestos en

que las cantidades que se entreguen a los trabajadores

por el subsidio se podrán acreditar contra el ISR a cargo

o el retenido a terceros (art. séptimo transitorio)

Crédito al empleo

Ley del Impuesto contra la Informalidad Se señala la tarifa correspondiente que se aplicará al

pago de salarios, y el resultado que se obtenga será el

crédito que se podrá disminuir del ITU (art. octavo

transitorio)

Se incluye un nuevo impuesto denominado "Contra la

Informalidad" el cual establece que las personas físicas o

morales están obligadas al pago del impuesto por los

depósitos en efectivo superiores a $20,000.00 en cada

mes del ejercicio.

El impuesto se calcula aplicando la tasa del 2% al

importe total de los depósitos gravados, el cual será

retenido por la institución financiera, (arts. 1°, 2°, 3o y

segundo transitorio)

Ley de la Contribución Empresarial a Tasa Única Serán sujetos del impuesto las personas físicas y

morales residentes en territorio nacional, así como los

residentes en el extranjero con establecimiento en

México, que realicen las actividades consideradas por la

LIVA -no incluye los ingresos por salarios y conceptos

asimilados- (arts. 1o y 3o, fracción I);

La base se calcula:

Ingresos efectivamente cobrados (art. 3o, fracción IV)

Menos: Deducciones autorizadas -erogaciones

correspondientes a las actividades señaladas sin incluir

las correspondientes a sueldos y salarios- (arts. 5o y 6o)

Igual: Contribución empresarial

Por: Tasa 19% sobre la contribución y por 2008 el 16%



225

(arts. 1o de Ley y 4o transitorio)

El impuesto del ejercicio se determina de la siguiente

manera:

Ingresos percibidos

Menos: Deducciones autorizadas

Igual: Contribución empresarial

Por: Tasa 16%

Igual: Impuesto de tasa única (ITU)

Menos: Crédito por exceso de deducciones (exceso por

TU -

16%-)

Menos: ISR del ejercicio (acreditamiento)

Menos: Pagos provisionales del ITU

Igual: ITU a Cargo (arts. 7o al 11)

Menos: Crédito al empleo (art. Octavo transitorio del

Decreto-1-)

Igual: ITU a pagar

Se abroga la Ley del Impuesto al Activo a partir del 1o de

enero de 2008

Como se puede observar, en la reforma plenaria, los puntos que se pretendían

modificar son los siguientes:

1. Otorgar mayores facultades a los estados modificando el artículo 73 de

la Constitución Federal, con el fin de delegar ciertas funciones y con ello

ingresos, ya que los Estados podrían cobrar impuestos que antes

estaban conferidos al gobierno federal, produciéndose con ello un mayor

número de ingresos para poder llevar las obras que necesite la entidad.

2. Se busca atacar a la evasión fiscal, creando un impuesto que trata sobre

el depósito de determinadas cantidades bancarias.



226

3. También se busca evitar la omisión fiscal, la cual aun y cuando sea

legal, la misma produce que dejen de entrar ingresos a la nación,

derivados de las contribuciones.

4. Se propone la creación de un impuesto llamado, Contribución

Empresarial a Tasa Única (CETU) (Al cual posteriormente se le

cambiaría el nombre de Contribución Empresarial de Tasa Única, por el

de Impuesto Empresarial de Tasa Única.), el cual busca disminuir

algunas deducciones a favor del sector empresarial. Derivado de este

nuevo gravamen se abroga la Ley del Impuesto al Activo a partir del 1o

de enero de 2008.

Como primer punto se puede sugerir, un tema que durante muchos años, ha sido

solicitado por parte de los gobiernos de los estados, que es poder tener mayores

ingresos, y con esto buscar realizar más obras o prestar mayores servicios a sus

Estados, ya que siempre ha existido la queja con respecto a que determinada

Entidad produce más y recibe menos dinero por parte de la federación y viceversa,

es por ello que así el gobierno federal pretende delegar funciones y facultar a las

entidades federativas para poder cobrar determinados impuestos, los cuales antes

estaban controlados por el gobierno federal. No obstante a lo anterior, este punto

debe de ser tratado con cuidado, ya que en muchas ocasiones el Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal, no suele cumplir su objetivo y con ello se da el

fenómeno de doble o múltiple tributación. Respecto de este tema Margáin

Manautou señala:

"Ante la queja de los Estados y Municipios de que cada vez las participaciones

que perciben conforme a la Ley de Coordinación Fiscal cada vez son menores

frente a las necesidades sociales que ellos tiene que afrontar, se les ha autorizado



227

a crear el llamado impuesto al hospedaje; los derechos por la expedición de los

permisos de anuncios; a percibir, el impuesto sobre automóviles nuevos que se

recaude de cada entidad; el beneficiarse con los impuestos de tenencia y

adquisición de inmuebles, y permitir que el fisco estatal efectúe visitas

domiciliarias o de gabinete en los impuestos sobre la renta, valor agregado y, en

tratándose de contribuyentes sujetos al régimen de simplificación tributaria, el

especial sobre producción y servicios, beneficiándose con las diferencias que

determinen y lleguen a recaudar, así como con parte de las multas que impongan

y paguen los contribuyentes. A partir de 2003 se les autorizó a establecer dos

impuestos: el aplicable a contribuyentes empresariales con ingresos anuales de

hasta cuatro millones de pesos y a los contribuyentes pequeños, con ingreso bruto

anual hasta millón y medio; impuestos éstos que se han abstenido de crear por

considerar que serían fácilmente atacados a través del juicio de amparo.

Sin embargo, los Estados y Municipios reclaman que su participación en la

recaudación tributaria federal sea de un 23% y aún otorgándoles no será

suficiente, pues no olvidemos que esta ha disminuido y su valor adquisitivo

también ha disminuido" (Margáin Manautou Emilio).

De igual forma, se pretende abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de

Vehículos para que las entidades federativas lo establezcan como consideren

conveniente, conservando el registro estatal vehicular, ya que el mismo deja

grandes dividendos, ejemplo en la actualidad el gobierno del Distrito Federal,

obliga a los habitantes de dicha entidad al pago de la tenencia, ya que si no se

paga este gravamen, no se renueva la tarjeta de circulación y con ello no se puede

usar el automóvil. Lo anterior resulta interesante para su análisis, ya que se utiliza

una "técnica fiscal", pero mal entendida, porque se busca volver legal o

constitucional, algo que a todas luces resulta inconstitucional e ilegal, dicha

situación guarda relación con lo ya estudiado, en lo relativo a la validez



228

constitucional y legalidad de los impuestos, en el cual se establece que la

autoridad debe de actuar conforme a lo dispuesto en la Constitución y las normas

secundarias relacionadas con la materia, y la autoridad por lo menos del Distrito

Federal violenta la libertad de tránsito (Debido a que limita la libertad de tránsito

basándose en un impuesto inconstitucional) y de propiedad (Con la intención de

disfrazar la evidente inconstitucionalidad de los artículos 1a; segundo párrafo; y

3a; fracción I, de la actual Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,

se dice que no se grava la propiedad toda vez, que ya fue grabada cuando se

compró, sino que como reza el texto legal, el impuesto grava la tenencia o uso; lo

cual produce como interrogante por qué se procede así en el caso de los

vehículos; si salvo excepciones, como en el caso de la comisión de delitos e

infortunios, el propietario goza, con base en una garantía constitucional, de pleno

derecho sobre la tenencia y el uso sobre su propiedad; ya sea por sí mismo, o por

algún tercero que asuma tal derecho; gracias a la concesión del verdadero

propietario. Por lo anterior dicho gravamen, resulta absurdo, y peligroso ya que

bajo esta lógica o argumento, el Estado podría gravar cuanto tiene y usa el

gobernado), contempladas en la Carta Magna, basándose su comportamiento en

una idea tan absurda como lo fue el gravamen a las ventanas, impuesto por

Carlos López de Santa Ana; cabe recordar que el impuesto sobre Tenencia y Uso

de Vehículos, se contemplaba como temporal para poder sufragar a los juegos

olímpicos de 1968, pero al ver los dividendo que generaba se decidió dejarlo, y en

la actualidad se le han puesto un buen número de parches para tratar de volverlo

constitucional y legal. Lo señalado es digno de comentario, ya que la reforma fiscal

presentada por lo menos en este punto, tiene como único fin un mero carácter

recaudatorio, sin importar las formas y derechos violados, lo anterior es así, toda

vez que, descansa sobre un impuesto inconstitucional, y con ello no se lleva a

cabo una adecuada política fiscal de acuerdo a los lineamientos ya vistos.



229

Como segundo punto, se intenta atacar a la evasión fiscal, por medio de los

depósitos bancarios, creando la Ley del impuesto contra la informalidad, en la que

se le aplicara una tasa del 2% al importe total de los depósitos gravados siendo

retenido éste por la institución financiera respectiva, esto en el caso de los

depósitos en efectivo por parte de personas morales o físicas superiores a los

veinte mil pesos mensuales. Dicha medida era y es sólo un paliativo, ya que

abarca muy poco de los sectores informales, los cuales cada vez son más por la

falta de empleo y demás circunstancias, resultado con lo anterior, que cada vez

menos personas contribuyan al gasto público, es decir, dicha Ley ni siquiera

debería de llevar ese nombre (Tan es así que posteriormente de haber sido

analizada por la Comisión Dictaminadora, se le cambio ha Impuesto a los

Depósitos en Efectivo) ya que, sólo contempla un sector muy limitado, aunado a

que los evasores por obvia lógica realizaran medidas no muy complicadas para

dejar de pagar este impuesto, como lo pueden ser que abran varias cuentas, que

guarden ellos mismos su dinero, etcétera, además de que en varios campos,

como lo son por ejemplo el comercio, generalmente todo se maneja en efectivo y

no en depósitos bancarios, de igual forma es de destacarse que esta medida

también promueve la disminución de ahorradores, los cuales ya no depositaran

sus dinero en los bancos, provocando de igual forma problemas económicos, en

fin la medida no sólo es poco efectiva, sino que incluso puede llegar a afectar al

sector de los ahorradores bancarios.

Por otra parte, se contemplaba a los grandes defraudadores ya que se presumen

como ingresos a los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma

sea superior a un millón de pesos en las cuentas bancarias, de una persona que

no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, o que no esté obligada a

llevar contabilidad; no obstante dicha situación es fácil de evadir, toda vez que, al

igual que en el párrafo anterior las cuentas se puede dividir, como una especie de

prestanombres.



230

Asimismo, se pretende poner una tasa del 20% a la organización de juegos,

apuestas y sorteos, dentro del territorio nacional que requieran permiso de

acuerdo a la ley. Lo anterior, se da ya que en la actualidad se ha dado un auge a

este tipo de concursos generándose ganancias muy jugosas. Es de destacarse

que esto no se aplica cuando los mismos no persiguen fines de lucro, estén

autorizados a recibir donativos deducibles y se dedique a la enseñanza con

autorización oficial.

También se vuelve a examinar una responsabilidad solidaria por parte de los

asesores fiscales por las multas a que se haga acreedor el contribuyente, cuando

por culpa del profesional el sujeto pasivo omita el pago total o parcial de las

contribuciones; esta mediad puede resultar adecuada, no obstante la actual

reforma, sobre todo en los relativo al CETU (Posteriormente llamado IETU),

resulto muy confusa, tan es así que analistas en la materia contemplan un ajuste

paulatino hacia este tipo de impuesto, es por ello que aun y cuando los asesores

deben de ser peritos en la materia no deja de resultar escabrosa la situación.

La última reforma es quizás la más controversial de todas las mencionadas, ya

que se afecta de manera más directa al sector empresarial, el cual como ya se

comentó en otras ocasiones durante el desarrollo de la presente investigación

resulta un factor de poder, aplicándole a estos contribuyentes, con respecto a sus

ingresos una tasa mínima (Se pretende que la tasa sea mínima para que no afecte

de manera tan radical a la economía de los empresarios, y con ello a la del país),

para ir dejando de lado al ISR, y con ello combatir la omisión fiscal.

Lo que busca el Ejecutivo Federal, con base en lo comentado es lo siguiente:



231

REFORMA fiscal 2008, por 1.5% del PIB adicional Veintiuno de Junio de dos mil

siete

La iniciativa de reforma fiscal propuesta por el gobierno del presidente Calderón

en el sexenio pretende lograr una recaudación adicional del 3 por ciento del

Producto Interno Bruto y tan sólo para el 2008 a través de la Contribución

Empresarial de Tasa Única (CETU) recaudará 1.3 del 1.5 por ciento que pretende

en total para el año entrante, el restante 0.2 proviene de la eficiencia recaudatoria.

El paquete se compone de 4 rubros: administración tributaria eficaz; gasto público

eficiente; federalismo fiscal y renacimiento del sistema tributario. En las cuestiones

de renacimiento del sistema tributario se proponen varias medidas.

El gravamen de Contribución Empresarial de Tasa Única para el 2008 será de 16

por ciento y para 2009 de 19 por ciento. La mecánica para este gravamen se basa

en que se pagará el CETU o el ISR, lo que resulte mayor a la hora de calcularlo

por las empresas y las personas física con actividad empresarial.

Este nuevo gravamen sustituirá al Impuesto al Activo y se complementará con un

crédito al empleo que será mayor para los empleados de menores ingresos y el

actual crédito al salario se trasformara en subsidio.

Se propone integrar el impuesto y el subsidio fiscal para personas físicas en una

tasa única, con esta medida se pretende eliminar la complejidad y no elevar la

recaudación, indico el titular de Hacienda.



232

Otro gravamen nuevo va contra la informalidad: pretende gravar con un 2 por

ciento los depósitos realizados en efectivo que excedan la cantidad acumulada de

veinte mil pesos a lo largo del mes. Éste será retenido por los bancos y el

contribuyente podrá acreditarlo en su declaración mensual o anual del ISR.

En este mismo sentido se habla de fiscalizar a los no inscritos en el RFC con

ingresos considerados como acumulables al tener depósitos en todas las cuentas

bancarias superiores al millón de pesos anuales en el ejercicio fiscal.

Las devoluciones de 10 mil pesos tendrán que ser solicitadas con firma

electrónica. Se reduce el monto, ya que actualmente es de 25 mil pesos la

obligatoriedad.

Además, se impulsa la creación de un portal especializado en las personas físicas

y pymes para que estas puedan llevar su contabilidad.

Se propone gravar con un 20 por ciento la participación en juegos y sorteos. Este

IEPS se acreditará contra el impuesto local hasta un máximo del 4 por ciento. Otro

IEPS es para las pinturas en aerosol que se propone sea del 50 por ciento.

Para fortalecer las finanzas estatales se prevé un impuesto a las ventas finales de

los productos con IEPS federales (gasolina y diésel, entre otros) previa

autorización de los Congresos locales. Punto que todavía está por definirse, de

acuerdo al titular de las finanzas públicas.



233

Se introduce la posibilidad de que el impuesto de la tenencia sea eliminado en el

mediano plazo para dejar lugar a un nuevo impuesto estatal.

Se destaca que las medidas fiscales generarán una recaudación adicional del 2

por ciento del PIB en los siguientes dos años y tan sólo el CETU, los IEPS en

juegos y sorteos, así como en pintura aportarán el 1.8 por ciento en el periodo

antes mencionado.

La perspectiva recaudatoria de la SHCP en materia tributaria no petrolera para

2008 es crecer 1.5 por ciento, el año siguiente 2.2, para el 2010 a 2.4 por ciento,

en 2011 lograr una recaudación adicional de 2.6 por ciento para cerrar el sexenio

con la cifra de 2.8 por ciento.

Carstens indicó que en un horizonte de 20 años se necesita sustituir con ingresos

tributarios aportaciones petroleras a las finanzas públicas que equivalen a 10

puntos del PIB, lo que significa recaudar en cada sexenio a partir de este por lo

menos 3 puntos del Producto Interno Bruto la recaudación (La presente

información fue sacada de la página de Internet www.impuestum.com).

Es de destacarse que hasta aquí dicha reforma es la propuesta por parte del

Ejecutivo Federal, no obstante derivado de la gran impopularidad, temor y

desaprobación que se produjo, la misma fue analizada por los partidos políticos a

través de una Comisión Dictaminadora, la cual realizo los ajustes que considero

necesarios, para que el día trece de septiembre del año do mil siete el Senado de

la República aprobará los dictámenes de expedición de diversas leyes fiscales y

de modificaciones de otras, que le habían sido remitidos por la Cámara de

Diputados, con lo que concluyo en el Congreso de la Unión el proceso de la



234

reforma fiscal para el dos mil ocho, que se había iniciado el veinte de junio de la

propuesta que el Ejecutivo Federal le envió para su estudio.

Los cambios realizados fueron mínimos, sin embargo, en aras de entender mejor

esta reforma, es importante analizar a los mismos, motivo por el cual se irán

contemplando con detenimiento cada uno de ellos.

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

La reforma más significativa tiene que ver con la creación que tiene que ver con la

creación del impuesto empresarial de tasa única (IETU). Es claro que el propósito

primordial de éste impuesto es aumentar la recaudación fiscal. La dependencia del

gobierno federal de los ingresos petroleros y los elevados índices de evasión

fiscal, sirvieron como argumento para justificar este nuevo gravamen.

La tasa del IETU se calculará aplicando una tasa relativamente baja sobre una

base gravable más amplia que la de impuesto sobre la renta. La tasa será del

16.5% en 2008, 17% en 2009 y de 17.5% (Este punto de cómo va ir aumentado el

porcentaje con el pasar de los años, resulta controversial por las razones que se

esgrimirán en el apartado a las observaciones a la reforma fiscal para el año dos

mil ocho), para los demás años.

Es de destacarse que el porcentaje que se maneja en el párrafo anterior no se le

aplica a los refrescos, ya que estos pagarán el 19%, por concepto de IETU y

derivado de que es un sector de baja capacidad administrativa, se llevará a acabó

a través de una contabilidad simplificada, y será por medio de la cuota que

estimen las entidades federativas, dentro de dicha cuota se comprenderán tanto el



235

impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto de tasa única,

así como en su caso las contribuciones y derechos locales que dichas entidades

determinen.

La base tributaria consiste en la diferencia que resulte de disminuir de los ingresos

que efectivamente se cobren por las actividades gravadas, las deducciones

autorizadas por la Ley efectivamente pagadas.

Las personas que tengan trabajos independientes y que también reciban un

salario, tan sólo tendrán que pagar el IETU, en lo relativo a los ingresos que

reciban derivados de sus trabajos independientes.

Los ingresos comprendidos, son las entradas totales por las siguientes actividades

que forman parte de la base del IETU:

• La enajenación de bienes

• La prestación de servicios independientes

• El uso o goce temporal de los bienes

Se establece que se considerará como ingreso el precio o la contraprestación por

las actividades antes mencionadas. Sin embargo, señala que también se

consideran ingresos las cantidades que se carguen o se cobren por concepto de

impuestos (excepto los trasladados en términos de la ley), derechos, intereses

normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto,

incluyendo los anticipos o depósitos, así como las cantidades percibidas de las

aseguradoras, cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas de seguros o

seguros relacionados con bienes deducibles.



236

Por lo que respecta a los ingresos no comprendidos, se puede señalar que el lETU

puede ser diferenciado como un impuesto calculado con base en el método resta

o sustracción, esto es, disminuyendo los gastos, inventarios e inversiones

autorizadas de los ingresos por las ventas, la prestación de servicio o el

otorgamiento de uso o goce de bienes.

La forma del cálculo del lETU es equivalente a la suma de los componentes del

valor agregado de las unidades económicas: salarios, regalías, intereses y utilidad

neta.

Esta equivalencia hace que estructuralmente el lETU deba permitir gravar la

disponibilidad de recursos del contribuyente, para efectuar los pagos a los factores

de la producción de los salarios, regalías, intereses y dividendos.

Como consecuencia, los ingresos provenientes de regalías, dividendos, intereses

o por servicios subordinados no se encuentran dentro del objeto del lETU.

• Por lo anterior no son objeto del lETU los siguientes ingresos:

• Dividendos

• Servicios personales subordinados

• Intereses, que no se consideran parte del precio pactado

• Regalías entre partes relacionadas

• Operaciones derivadas, cuando la enajenación subyacente no sea objeto

del IETU

• Cualquier otro ingreso que no represente enajenación u otorgamiento de

uso o goce de bienes



237

Para efectos del IETU los contribuyentes podrán deducir los siguientes conceptos:

• Las erogaciones por la adquisición de bienes, servicios independientes o el

uso o goce temporal de bienes, que se utilicen para realizar actividades

gravadas por el IETU, o para la administración de dichas actividades, o en

la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios

gravados.

Cabe mencionar, que una de las características sobresalientes del IETU es el

tratamiento a los activos fijos, que podrán deducirse en forma inmediata.

• Las contribuciones (federales o locales) pagadas en México así como los

beneficios (por la explotación de bienes de dominio público o un servicio

público concesionado), además del impuesto al valor agregado y el

impuesto sobre producción y servicios que hubiere sido trasladado al

contribuyente o que hubiere pagado en importaciones cuando este no tenga

derecho a efectuar su acreditación, pero se vinculen con pagos por la

adquisición de bienes, prestación de servicios independientes y el

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes deducibles para efectos

del IETU. Por el contrario, no son deducibles del IETU, el impuesto sobre

la renta, el impuesto al valor agregado, así como el impuesto sobre

producciones y servicios, el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo,

y las aportaciones de seguridad social (cuotas obrero-patronales del IMSS y

del INFONAVIT).

• Devoluciones de bienes que se reciban, de los descuentos o bonificaciones

que se hagan, en adición a los anticipos o depósitos que se restituyan,



238

siempre que los ingresos de las operaciones que les dieron origen hayan

estado a efectos al IETU.

• Los donativos no onerosos ni remuneratorios, hasta el límite que se

establece para efectos del impuesto sobre la renta.

• Pérdidas de créditos incobrables con las mismas reglas aplicables para el

impuesto sobre la renta.

• La indemnización por los daños y perjuicios y las penas convencionales.

• La creación o incremento de reservas matemáticas vinculadas con los

seguros de vida, o de los seguros de pensiones derivadas de las leyes del

seguro social.

• Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o

a sus beneficiarios, así como las cantidades que paguen las instituciones

de fianzas para cubrir el pago de las reclamaciones.

• Los premios que se paguen en efectivo quienes organicen loterías, rifas,

sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados por

las leyes.

No son deducibles los salarios. Además toda vez que los ingresos derivados de

regalías entre partes relacionadas, dividendos, intereses no se encuentran dentro

del objeto del IETU, por correspondencia y como consecuencia lógica, estos

conceptos no son considerados dentro de las deducciones autorizadas.



239

El cálculo del IETU será anual, ya que al ser considerado un gravamen mínimo

respecto del impuesto sobre la renta, esto es, únicamente se pagará el excedente

sobre dicho impuesto.

Se calculara por ejercicios y se pagará mediante declaración que se presentará en

el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración anual del

impuesto sobre la renta. No obstante, los contribuyentes estarán obligados a

efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, en las mismas fechas

que en el impuesto sobre la renta.

Contra el IETU se podrán aplicar los siguientes acreditaciones:

• Si las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos acumulables del

mismo ejercicio para efectos del IETU, el contribuyente establecerá un

crédito que podrá aplicar contra futuros pagos de dicho impuesto. Este

crédito se determinará aplicando la tasa del IETU al diferencial obtenido de

restar a las deducciones autorizadas, los ingresos gravables del mismo

ejercicio.

• Para neutralizar el efecto de la no deducción de nómina, se permite al

contribuyente aplicar un crédito que se determinará multiplicando la tasa

del IETU por la suma de los pagos por los salarios que sirvieron de base

para determinar el impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas

en términos del Capítulo I del Título IV de la Ley de ese impuesto (sueldos y

salarios, así como asimilables a éstos) y las aportaciones de seguridad

social a cargo de los patrones, estableciendo como requisito que se cumpla

con la obligación de las retenciones efectuadas a dichas personas físicas y



240

entregar a los trabajadores las cantidades que por concepto de subsidio al

empleo les corresponda.

• Una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio efectivamente

pagado en el ejercicio, incluyendo como tal la acreditación del impuesto por

depósitos en efectivo, el pagado mediante compensación y el impuesto

sobre la renta por dividendos contables siempre que el pago se hubiera

efectuado en el ejercicio por el que se calcula el IETU.

Por las inversiones deducibles adquiridas durante el periodo de 1988 a 2010 se

podrá determinar un crédito fiscal aplicable contra el IETU. Este se determinará

aplicando la tasa del IETU al saldo por deducir actualizado de las inversiones al

primero de enero de 2008. El resultado obtenido se acreditará en un 5% anual a

partir del ejercicio fiscal de 2008.

Las inversiones nuevas adquiridas entre el primero de septiembre y el 31 de

diciembre de 2007 se podrán deducir en los tres ejercicios siguientes en partes

iguales. Se entiende por inversiones las consideradas como tales para efectos del

impuesto sobre la renta.

Se establece un mecanismo para que cuando las autoridades fiscales en forma

presuntiva determinen los ingresos de los contribuyentes, se disminuyan de los

mismos las deducciones que se comprueben y al resultado se le aplique la tasa

del IETU. Así mismo, se incorpora la opción para que el contribuyente en lugar de

disminuir la base gravable en los términos expuestos, se aplique el coeficiente del

54% a los ingresos determinados.



241

Ahora bien, aún y cuando la Ley del Impuesto al Activo fue derogada, mediante

disposición transitoria se establece que los contribuyentes podrán solicitar la

devolución (o acreditar) del impuesto al activo pagando en los diez ejercicios

anteriores, sujetando dicha posibilidad a varias restricciones.

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO

La Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo se establece como un mecanismo

que pretende auxiliar en el control de la evasión fiscal.

Este nuevo impuesto gravará a partir del primero de julio de 2008, con una tasa

del 2% a los depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera que reciba

una persona física o moral, cuyo monto acumulado en el mes exceda de $

25,000.00, en una o varias de sus cuentas contratadas con una misma institución

financiera de las que sea titular.

No estarán gravados los depósitos que se efectúen a través de medios distintos al

efectivo, como pueden ser las trasferencias electrónicas, traspasos entre cuentas,

títulos de crédito (como cheques), o cualquier otro instrumento pactado con las

instituciones financieras.

Serán las instituciones del sistema financiero las responsables de recaudar y

entregar el impuesto al fisco federal, en los términos que mediante reglas de

carácter general establezca las autoridades hacendarías.



242

El impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) será acreditable contra el impuesto

sobre la renta propio y el retenido a terceros, si existe remanente, dicho

remanente se podrá compensar contra el IETU e IVA (excepto el IVA retenido a

terceros). Si posterior a estos acreditamientos y compensaciones existiera saldo a

favor, este podrá solicitarse en devolución.

No estarán obligados al pago de este impuesto:

• Las personas morales con fines no lucrativos, consideradas como tales

para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• La Federación, Estados, Municipios y entidades de la administración

pública paraestatal.

• Las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que perciban

por créditos otorgados por instituciones del sistema financiero.

• Las remuneraciones a que se refiere el artículo 109, fracción XII de la Ley

del Impuesto sobre la Renta entre las que se encuentran: remuneraciones

de agentes diplomáticos, consulares, empleados de la embajada,

delegaciones oficiales, miembros de delegaciones humanitarias, entre

otros.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Para el caso de empresas controladoras que consoliden fiscalmente, en resumen,

la reforma consiste en observar la fuente de donde proviene la pérdida por

enajenación de acciones: 1) si la pérdida proviene de la enajenación de acciones

emitidas por sociedades controladas que realice la controladora, no será aplicable

el régimen cedular, 2) si la pérdida proviene de la enajenación de acciones



243

emitidas por la sociedad controladora respecto de acciones emitidas que no sean

controladas aplicaría el régimen cedular.

Para el caso de pérdidas en la enajenación de acciones llevadas a cabo por

sociedades controladas, opera el sistema cedular.

Se establece un límite de ductibilidad de los donativos. Únicamente será

deducible, en el caso de personas morales, una cantidad equivalente al 7% de la

utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior y en el caso de personas

físicas una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan

de base para calcular el impuesto sobre la renta en el ejercicio inmediato anterior,

antes de aplicar las deducciones personales a que se refiere el artículo 176 de la

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las personas morales deberán informar al SAT, sobre los préstamos,

aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital en efectivo

mayores a $600, 000.00 que obtengan, dentro de los 15 días siguientes a su

obtención. Tratándose de personas físicas, la obligación de referencia será

respecto de préstamos, donativos y premios en efectivo mayores a $600, 000.00.

En caso de incumplimiento de esta obligación, el importe de referencia será

considerado, sin admitir prueba en contrario, como acumulable para efectos sobre

la renta.

Se limita la exención que tiene la Ley del Impuesto sobre Renta respecto a la

enajenación de acciones a través de la bolsa de valores. Al respecto, de acuerdo a

la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo



244

estarán exentas las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de

acciones en la bolsa de valores, siempre que dicha enajenación no implique que

se venda el 10% más de las acciones de la emisora.

Se simplifica el procedimiento para determinar el impuesto sobre la renta para los

ingresos por asalariados y asimilados.

La reforma consistente en integrar en una sola tarifa de ocho tramos, tanto la tarifa

del impuesto sobre la renta como la tabla del subsidio, incluyendo el efecto del

subsidio con una proporción de 86% de ingresos gravados y manteniendo la tasa

máxima de 28%.

Además, se sustituye el crédito al salario por el subsidio para el empleo, que

aplicaría únicamente a los contribuyentes que perciban ingresos por salarios.

En términos generales la tabla, mecánica y procedimientos establecidos para el

cálculo, entrega y acreditación de las cantidades por concepto de subsidio al

empleo, son prácticamente iguales a las aplicables al crédito y al salario.

Por otro lado, mediante disposición de vigencia anual se establece que los

intereses pagados a bancos extranjeros, residentes en países con los que México

tiene celebrado un tratado para evitar la doble tributación, podrán estar gravados a

la tasa del 4.9% como ha venido sucediendo desde hace varios años.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



245

Se grava a la tasa del 20% a la realización de juegos con apuestas o sorteos, que

requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y

Sorteos y su Reglamento.

No estarán obligadas al pago de este impuesto las personas morales con fines no

lucrativos autorizadas para recibir donativos. Asimismo, estarán exentos del

gravamen los sorteos que se llevan a cabo con fines promociónales , tales como

los que se realizan en las tiendas departamentales o las instituciones bancarias,

siempre que no obtengan más de 10 permisos en un año y el monto total de los

permisos ofrecidos no exceda del 3% de los ingresos obtenidos en el año anterior.

VENTA DE GASOLINA Y DIESEL AL PÚBLICO EN GENERAL

Se aprobó un incremento a los precios de venta de gasolina y diésel realizada con

el público en general. Las nuevas cuotas entrarán en vigor a los 15 días naturales

siguientes a la fecha de la publicación del Decreto correspondiente en el Diario

Oficial de la Federación y se aplicará un incremento mensual gradual acumulativo

durante 18 meses.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Se establece que cuando con motivo de una solicitud de devolución la autoridad

fiscal inicie sus facultades de comprobación, con el objeto de verificar la

procedencia de la misma, se suspenderán los plazos de 25 y 40 días que

actualmente se establecen para que la devolución se efectúe, hasta que se emita

la resolución en que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución.



246

Los contribuyentes que soliciten devoluciones cuyo monto sea igual o mayor a

$10,000.00, deberán solicitarla mediante formato electrónico y con firma

electrónica avanzada.

Se adicionan nuevos supuestos en los cuales no procederá la revisión secuencial.

Por otro lado, se presumirán como ingresos gravables, los depósitos que se

efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma sea superior a $ 1000,000.00, en las

cuentas bancarias de una persona que no esté inscrita en el Registro Cereal de

Contribuyentes o que no estén obligadas a llevar contabilidad.

Por lo que respecta a las sanciones, se adiciona como infracción cuya

responsabilidad recae sobre terceros, además de asesorar y aconsejar, el prestar

servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en

desobediencia a las disposiciones fiscales, lo que ahora será sancionado con

multa que va desde $35,000.00 a $50,000.00

Además se señala como agravante el que dicha prestación de servicio, asesoría o

consejo sea adversa a los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y

aduaneras dados a conocer por las autoridades fiscales.

Se aprobó que el interventor separe, con cargo a la caja, además de las

cantidades que correspondan por salarios y además créditos preferentes, los

costos y gastos indispensables para la operación de la negociación.



247

Además, se precisa que el interventor deberá retirar, de la negociación

intervenida, hasta el 10% de los ingresos percibidos en efectivo, mediante

transferencia electrónica o depósitos a través de instituciones del sistema

financiero.

Se establece que en caso de que un contribuyente sea declarado en concurso

mercantil por los tribunales competentes, el cobro del IETU que se genere durante

dicho procedimiento se suspenderá desde que haya sido emitida la declaración y

hasta que se firme el convenio respectivo con los acreedores o en su caso sea

decretada la quiebra.

Asimismo, los contribuyentes que causen el IETU durante el procedimiento de

concurso mercantil, podrán solicitar su condonación en términos del artículo 146-B

del Código Fiscal de la Federación.

4.5. Aspectos Inconstitucionales del IETU

Este apartado tiene como finalidad el análisis jurídico de determinados artículos de

la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los cuales pueden ser tachados de

inconstitucionales, lo que podría provocar el que no se llegara a la finalidad de

este nuevo impuesto, que pretende sustituir al impuesto sobre la renta, debido a

una incorrecta técnica fiscal, la cual como ya se percibió es un elemento

indispensable para una debida política fiscal.

La Ley del IETU en su artículo 3, fracción I, párrafos primero y segundo establece

lo siguiente:



248

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende:

I. Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas

como tales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Tampoco se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción a

las operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses

que no se consideren parte del precio en los términos del artículo 2 de esta Ley ni

a las operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 16-A del

Código Fiscal de la Federación, cuando la enajenación del subyacente al que se

encuentren referidas no esté afectada al pago del impuesto empresarial a tasa

única.

Asimismo el artículo 5, párrafo primero y fracción I, señala: Artículo 5. Los

contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios

independientes o al uso o goce temporal de bienes, que utilicen para realizar las

actividades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley o para la administración de

las actividades mencionadas o en la producción, comercialización y distribución de

bienes y servicios, que den lugar a los ingresos por los que se deba pagar el

impuesto empresarial a tasa única.



249

De lo anterior se puede apreciar, que la Ley del IETU, solamente permite efectuar

las deducciones que señala el artículo 5 de dicha ley, excluyendo los intereses

que por préstamos esté obligado a pagar el contribuyente.

Lo anterior, resulta violatorio al principio de proporcionalidad tributaria, la cual

consiste en contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad

contributiva, esto es, que el hecho establecido por el Estado, refleje una autentica

manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida como la

potencialidad real de contribuir a los gastos públicos; lo anterior es así, ya que los

contribuyentes que soliciten un préstamo, ya sea a un tercero independiente, a

una parte relacionada, o específicamente a una Institución de Crédito, lo solicitan

para poder continuar con sus actividades de negocio y poder cumplir con su objeto

social, en el entendido de que de no poder deducir los intereses del préstamo le

traería consecuencias en cuanto a los ingresos de dicho negocio, pues los

intereses se pagarían de la ganancia o utilidad del contribuyente siendo éste un

gasto necesario del contribuyente. Por lo que dichas disposiciones resultan

desproporciónales al no permitir llevar a cabo la deducción de los intereses de los

capitales que se tomen en préstamo y que precisamente dichos préstamos se

utilicen para cumplir con el objeto social de la sociedad correspondiente, ya que tal

pago de intereses son producto de un préstamo orientado este último para

producir ingresos o ganancias, por lo que existe una íntima vinculación entre la

deducción de los intereses de financiamiento o mutuos y la consecuente

producción de ingresos o ganancias producto de los primeros.

De igual manera, dichas disposiciones resultan violatorias del principio de equidad,

ya que el artículo 3, fracción I, párrafo segundo de la I a Ley del IETU, establece

que no se consideran dentro de esas actividades, las operaciones de

financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses que no se

consideren parte del precio en los términos del artículo 2. Interpretando las



250

operaciones de financiamiento o de mutuo que den lugar al pago de intereses y

que se estimen parte del precio, estarán dentro de las actividades a que se refiere

el artículo 3, fracción I, párrafo segundo de la ley en comento, por lo que dichos

intereses sí serán deducibles para el que los erogue, mientras que los que no

sean parte del precio no será, deducibles. Tal situación es violatoria del principio

de equidad tributaria, pues los intereses sean o no parte del precio, gozan de la

misma naturaleza, es decir, son intereses, independientemente de la manera en

como los pague el que los haga deducibles.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que el principio de

proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de

un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva

capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea

proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el

Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto

pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos

públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de

hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una

situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son

medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una

estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la

tasa o tarifa del impuesto.

Impuestos. Principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV,

constitucional.



251

De una revisión a las diversas investigaciones sustentadas por esta Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto

por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega

a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de

un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de acusación, deben

guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la

vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a

quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos

del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que

para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que

tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a

condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar

a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten

en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra

categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones

de política fiscal o incluso extra fiscales.

Por lo que respecta a la deducción de regalías, el artículo 5, fracción I, en relación

con el 3, fracción I, párrafos primero y segundo de la Ley del IETU, señalan lo

siguiente:

Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:







252



Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende:

I. Por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, las actividades consideradas

como tales en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

No se consideran dentro de las actividades a que se refiere esta fracción el

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre partes relacionadas

residentes en México o en el extranjero que den lugar al pago de regalías. No

obstante lo dispuesto anteriormente, los pagos de cualquier clase por el

otorgamiento del uso o goce temporal de equipos industriales, comerciales o

científicos, se consideran como ingresos afectos al pago del impuesto empresarial

a tasa única que esta Ley establece, cualquiera que sea el nombre con el que se

les designe.

De lo señalado en los comentados artículos, se puede apreciar que no serán

deducibles el pago de regalías que se realicen entre partes relacionadas

residentes en México o en el extranjero, mientras que el pago de regalías que se

efectué a un tercero, será una erogación deducible, violentándose la equidad y

proporcionalidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción IV de la

Constitución Federal.

En la exposición de motivos de la Ley del IETU, se señala que no se permitirá la

deducción de los pagos por concepto de regalías entre partes relacionadas, por el



253

hecho de que este tipo de conceptos permite el adelgazamiento en la base del

impuesto, por lo que los legisladores consideran conveniente su exclusión, toda

vez que, en su opinión, las mismas se han utilizado como medio para erosionar el

impuesto sobre la renta. No obstante, este hecho resulta desproporciona, ya que

las regalías constituyen un concepto que debe considerarse como una deducción

para el IETU, ya que en propio Dictamen de la Cámara de Diputados,

expresamente, se reconoce dicha situación tratándose de partes independientes.

Las autoridades fiscales cuentan con facultades de comprobación para evitar

prácticas alusivas por parte del contribuyente, como es el caso de los estudios de

precios de transferencia, mediante los cuales se puede verificar si el valor

asignado a las operaciones celebradas entre partes relacionadas corresponden a

los del mercado, por lo que resulta des proporcional el hecho de que no puedan

deducirse el pago de regalías entre partes relacionadas y falto de equidad en

virtud de que si pueden deducirse el pago de regalías entre partes independientes.

Ahora bien, por lo que respecta a la deducción de los salarios, asimilables a

salarios y aportaciones de seguridad social, el artículo 5, párrafo primero y

fracciones I, II párrafo primero de la Ley del IETU, citan:

Artículo 5. Los contribuyentes sólo podrán efectuar las deducciones siguientes:









254

No serán deducibles en los términos de esta fracción las erogaciones que

efectúen los contribuyentes y que a su vez para la persona que las reciba sean

ingresos en los términos del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con

excepción de los impuestos empresarial a tasa única, sobre la renta, y a los

depósitos en efectivo, de las aportaciones de seguridad social y de aquéllas que

conforme a las disposiciones legales deban trasladarse.

Asimismo, el artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su párrafo

primero señala:

Artículo 110-A. Para los efectos de la fracción VIl del artículo 110 de esta Ley, el

ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que

tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento en el que el

contribuyente ejerza la misma y el precio establecido al otorgarse la opción.

De las disposiciones señaladas anteriormente se puede apreciar que la Ley del

IETU establece expresamente que no serán deducibles las erogaciones que se

efectúen a las personas que haya prestado un servicio personal subordinado al

contribuyente (pago de salarios), demás prestaciones que deriven de una relación

laboral incluyendo la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las

Empresas, así como los pagos que se realicen a aquellas personas que se

asimilen a sus ingresos a salarios en los términos del artículo 110 señalado y por

último, tampoco serán deducibles los pagos por las aportaciones en seguridad

social, siendo que todos esos pagos son gastos necesarios que inciden en la



255

capacidad contributiva del sujeto pasivo para la obtención de ganancias por lo que

su exclusión hace des proporcional el pago del tributo.

Los salarios, aportaciones de seguridad social y demás erogaciones señaladas

anteriormente son excluidos como parte de la base del gravamen indicado y lejos

de ello se les ubica en forma posterior como ajeno a éste, tal y como acontece,

ejemplo, el acreditamiento del salario, toda vez que, si forma parte del impuesto,

disminuiría la base, de lo que se advierte una prescripción al principio de

proporcionalidad tributaria, pues si bien los salarios no son afectos a dicho

gravamen, no dejan de ser deberes constitucionales a cargo del patrón u

obligados a su pago y por tanto, no sólo son indispensables sino

constitucionalmente ineludibles, ya que el salario constituye un deber por

disposición expresa del primer párrafo del artículo 5 de la Constitución Federal;

por lo que el pago de salarios, asimilados a salarios, y demás pagos relacionados

con una relación laboral, así como las aportaciones de seguridad social, al ser

estrictamente indispensables al contribuyente, que se encuadra en este supuesto,

ocasiona que con la exclusión de los conceptos de deducción se produzca una

desproporcionalidad.

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 32,

fracción XXV, de la ley del impuesto sobre la renta, que prohíbe su deducción,

modifica el principio de proporcionalidad.

La erogación que realiza el patrón por concepto de participación de los

trabajadores en las utilidades de las empresas constituye un deber constitucional y

legal vinculado con la prestación de un servicio personal subordinado, en términos

del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; en tal virtud, dada la

naturaleza del gasto que implica repartir a los trabajadores dichas utilidades, se



256

concluye que el artículo 32, fracción XXV, de la ley citada, al prohibir su deducción

transgrede el principio tributario de proporcionalidad contenido en el artículo 31,

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que

desconoce el impacto negativo producido en el haber patrimonial de la empresa e

impide que determine la base gravable del impuesto tomando en cuenta su

verdadera capacidad contributiva. Lo anterior da lugar a la protección de la Justicia

Federal contra el referido artículo 32, fracción XXV, para el único efecto de permitir

al contribuyente la deducción de las cantidades entregadas por participación a los

trabajadores en las utilidades de la empresa.

El legislador al observar dicha situación contemplo un crédito al salario, sin

embargo quizás esto no resulte lo suficientemente satisfactorio por las siguientes

razones:

El artículo 10, párrafo tercero y penúltimo de la Ley del IETU, establece:

Artículo 10. Los contribuyentes podrán acreditar contra el pago provisional

calculado en los términos del artículo 9 de esta Ley el crédito fiscal a que se

refiere el artículo 11 de la misma.

Contra la diferencia que se obtenga en los términos del primer párrafo de este

artículo, se podrá acreditar la cantidad que se determine en los términos del

penúltimo párrafo de este artículo y una cantidad equivalente al monto del pago

provisional del impuesto sobre la renta propio, correspondientes al mismo periodo

del pago provisional del impuesto empresarial a tasa única, hasta por el monto de

dicha diferencia. El resultado obtenido será el pago provisional del impuesto

empresarial a tasa única a cargo del contribuyente.



257

Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los

conceptos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre

la Renta, así como por las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas

en México, los contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar el

monto de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el período

al que corresponda el pago provisional y los ingresos gravados que sirvan de base

para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que se paguen

ingresos por los conceptos a que se refiere el citado Capítulo I en el mismo

periodo, por el factor de 0.175. El otorgamiento a que se refiere este párrafo

deberá efectuarse en los términos del tercer párrafo de este artículo.

Del artículo en comento se desprende lo siguiente:

1.- El pago provisional se calculará en los términos del artículo 9 de dicha Ley, que

en términos generales serán los ingresos y las deducciones que permita la ley.

2.- Contra la diferencia o resultado que se obtenga en el punto anterior, se tendrá

derecho a un crédito fiscal que se determina en los términos del penúltimo párrafo

de ese artículo 10, consistente en que las erogaciones pagadas por los conceptos

que señala el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

a) Erogaciones por salarios y demás prestaciones que deriven de una

relación laboral.

b) Pago de Participación de Trabajadores en las Utilidades de las

Empresas.

c) Erogaciones por la terminación de una relación laboral.



258

d) Erogaciones por pagos asimilables a salarios.

e) Así como las aportaciones de seguridad social a cargo del

contribuyente pagadas en México.

A dichas erogaciones se les aplicará un crédito fiscal. El crédito fiscal consiste en

multiplicar:

a) El monto de las aportaciones de seguridad social a cargo del contribuyente

pagadas en el periodo al que corresponda el pago provisional y,

b) Los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el impuesto sobre

la renta de cada persona a la que se paguen ingresos por los conceptos a

que se refiere el citado Capítulo I anterior en el mismo periodo, es decir, se

excluyen a los ingresos exentos o que no se toman en cuenta en la base

para calcular el impuesto sobre la renta.

Por el factor 0.175.

De la mecánica anterior al supuesto crédito fiscal se desprende:

1. En primer término al aplicar el factor de 0.175 a dichas erogaciones, el

contribuyente estaría recuperando de dichas erogaciones el 17.5% de las

mismas por el crédito fiscal y no el 100% de ellas, si dichas erogaciones

fueran deducibles de la base gravable del IETU, por lo que aún con éste

crédito fiscal, resulta ser des proporcional que dichos gastos o erogaciones

no puedan ser deducibles de la base para el cálculo del IETU, ya que

resultan ser indispensables y gastos necesarios para que el contribuyente

pueda obtener ingresos o ganancias por el pago de estos gastos.



259

2. En dado caso de que el crédito fiscal sea procedente, aún así se seguiría

dando la desproporcionalidad en su aplicación, ya que la tasa del 17.5% o

el factor de 0.175 se aplica solamente sobre ingresos gravados que sirvan

de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona a la que

se paguen ingresos gravados y que sirvan de base para calcular el

impuesto sobre la renta de cada persona la que se paguen ingresos por los

conceptos a que se refiere el Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, dejando o excluyendo del cálculo, las erogaciones o prestaciones de

servicios exentas o que no formen parte de la base para calcular el

impuesto sobre la renta de cada persona a la que se le paguen ingresos por

los conceptos que señala el Capítulo I mencionado, por ejemplo, las

prestaciones de previsión social, por lo que sería un gasto que tendría que

asumir el patrón, siendo que los mismos son indispensables para la

consecución del objeto social del contribuyente.

Por otro lado hay que contemplar el carácter de retroactividad de la Ley del IETU,

la cual como ya se ha mencionado pretende sustituir a la Ley del Impuesto sobre

la Renta, sin embargo al limitar ciertos derechos adquiridos por parte de los

contribuyentes puede dársele el carácter de violatoria al artículo 14

constitucionalidad que contempla la irretroactividad de la ley en perjuicio de una

persona, lo anterior es así por las siguientes consideraciones:

El Artículo Sexto Transitorio de las Disposiciones Transitorias de la Ley del

Impuesto Empresarial de Tasa única, establece lo siguiente:

Artículo Sexto. Por las inversiones que se hayan adquirido desde el 1 de enero de

1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007, que en los términos de esta Ley sean



260

deducibles, los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal contra el impuesto

empresarial a tasa única de los ejercicios fiscales a que se refiere este artículo y

de los pagos provisionales de los mismos ejercicios, conforme a lo siguiente:

I. Se Determinarán el saldo pendiente de deducir de cada una de las inversiones a

que se refiere este artículo, que en los términos de la Ley del Impuesto sobre la

Renta tengan al 1 de enero de 2008.

El saldo pendiente de deducir a que se refiere esta fracción se actualizará por el

factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el

que se adquirió el bien y hasta el mes de diciembre de 2007.

II. El monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicará por el

factor de 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en un 5% en cada ejercicio

fiscal durante diez ejercicios fiscales a partir del ejercicio fiscal de 2008, en contra

del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio de que se trate. Tratándose del

ejercicio fiscal de 2008 el factor aplicable será de 0.165 y para el ejercicio fiscal de

2009 el factor aplicable será de 0.17.

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los

contribuyentes podrán acreditar la doceava parte del monto que se obtenga

conforme al párrafo anterior multiplicada por el número de meses comprendidos

desde el inicio del ejercicio de que se trate y hasta el mes al que corresponda el

pago.

El crédito fiscal que se determine en los términos de esta fracción se actualizará

por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el



261

mes de diciembre de 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal en el que se

aplique la parte del crédito que corresponda conforme al primer párrafo de esta

fracción. Tratándose de los pagos provisionales, dicho crédito fiscal se actualizará

con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el

mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio fiscal inmediato

anterior a aquél en el que se aplique.

El crédito a que se refiere esta fracción deberá efectuarse antes de aplicar el

impuesto sobre la renta propio a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8 de

esta Ley o el monto del pago provisional del impuesto sobre la renta propio a que

se refiere el tercer párrafo del artículo 10 de la misma, según corresponda, y hasta

por el monto del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio o del pago

provisional respectivo, según se trate.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las inversiones nuevas, por las

que se hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de esta Ley.

Cuando antes del ejercicio fiscal de 2018 el contribuyente enajene las inversiones

a que se refiere este artículo o cuando éstas dejen de ser útiles para obtener los

ingresos, a partir del ejercicio fiscal en que ello ocurra el contribuyente no podrá

aplicar el crédito fiscal pendiente de acreditar correspondiente al bien de que se

trate.

No serán deducibles en los términos de esta Ley las erogaciones por las

inversiones a que se refiere este artículo, pagadas con posterioridad al 31 de

diciembre de 2007.



262

Cuando el contribuyente no acredite el crédito fiscal a que se refiere este artículo,

en el ejercicio que corresponda no podrá hacerlo en ejercicios posteriores.

De la disposición transitoria anterior se desprende lo siguiente:

1. Que el contribuyente tenga inversiones adquiridas desde el 1 de enero de

1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007.

2. Que por virtud de dicha adquisición de inversiones se tenga aún un saldo

pendiente por deducir, se tendrá un crédito fiscal.

3. Se deberá determinar el saldo pendiente por deducir en los términos de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta, debiendo actualizar el mismo.

4. El resultado, se multiplica por 0.175 y el resultado obtenido se acreditará en

un 5% en cada ejercicio fiscal durante diez ejercicios fiscales a partir de

2008 en contra del IETU. En pagos provisionales se puede acreditar la

doceava parte del monto que se obtenga, pudiendo actualizarse.

5. Si antes del 2018 el contribuyente enajena las inversiones o le dejen de ser

útiles para obtener ingresos, a partir de que ello ocurra no se podrá aplicar

el crédito fiscal pendiente de acreditar.

6. Las erogaciones por inversiones pagadas después del 31 de diciembre de

2007, no serán deducibles.



263

En el anterior artículo, se desprende en primer lugar que aquellas inversiones que

se tengan antes del 1 de enero de 1998 y que aún exista algún porcentaje

pendiente de deducir, para efectos del IETU se pierde dicha deducción, por la que

hace que el pago del impuesto no refleje la verdadera capacidad contributiva del

sujeto pasivo, además de que desconoce derechos adquiridos, violándose el

principio contenido en el artículo 14 de la Carta Magna, que indica que a ninguna

ley se le dará un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Así mismo, las inversiones que se tengan adquiridas entre 1998 al 31 de

diciembre de 2007, se determina el saldo pendiente de deducir, se multiplica por el

17.5% y se acredita en un 5% en cada ejercicio durante 10 de estos últimos, por lo

que da como resultado que el contribuyente únicamente pueda recuperar el saldo

pendiente por deducir en un 50% y el otro 50% del saldo pendiente por deducir se

perdería, por lo cual se produciría la desproporcionalidad de esta disposición ya

que desconoce la total deducción que debe realizar un contribuyente de sus

erogaciones en inversiones por lo que no contribuiría en forma proporcional al

pago de este Impuesto.

Aunado a lo anterior, dicha disposición transitoria expresa también que en el

supuesto de que si antes del 2018 el contribuyente enajenara las inversiones o

dejaren de ser útiles para obtener ingresos, a partir de dicho momento, no se

podrá aplicar el crédito fiscal pendiente de deducir, independientemente de que el

bien se enajene o deje de ser útil, siendo igualmente des proporcional.

Igualmente y como ya se había mencionado; el artículo Sexto Transitorio de la Ley

del IETU, puede considerase como violatorio del artículo 14 constitucional que

prohíbe la irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Una ley es

considerada retroactiva cuando se aplica tanto a hechos sucedidos con



264

anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, como a las consecuencias o

efectos jurídicos surgidos de tal hecho, que todavía suceden al momento y

después de nacer la nueva ley, esto es, la nueva ley pretende desconocer las

consecuencias jurídicas de una situación jurídica o de hecho nacida al amparo de

una ley anterior y al caso en concreto, se desconoce el 50% del saldo pendiente

de deducir a que se tenía un derecho adquirido o más en el caso de que el bien se

enajena antes del 2018.

La Doctrina del más alto tribunal de México ha considerado la aplicación de los

derechos adquiridos como un límite a la aplicación retroactiva de la Ley en

perjuicio de los individuos tanto para los hechos acaecidos en el pasado como a

las consecuencias de ellos que se suscitan a la luz de la vigencia de una nueva

ley.

Derechos adquiridos y expectativas de derecho, concepto de los, en materia de

retroactividad de leyes.

El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un

bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no

puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por

disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que

se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un

momento determinado.

De igual manera dicha disposición transitoria se puede tachar de violatoria del

principio de equidad, ya que de conformidad con el artículo 5, fracción I, serán

deducibles las erogaciones por adquisición de bienes, y las realizadas con

anterioridad al 31 de diciembre de 2007, no son deducibles en un solo ejercicio y



265

tampoco son deducibles al 100% de acuerdo con lo comentado anteriormente y si

es una adquisición de inversión a partir del 1 de enero de 2008, esta es deducibles

en el mismo ejercicio y al 100% violándose por lo tanto el principio de equidad

tributaria.

El artículo 8 de la Ley del IETU resulta violatorio de la proporcionalidad del

principio de irretroactividad, ya que cita:

Artículo 8. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto empresarial a

tasa única del ejercicio calculado en los términos del último párrafo del artículo 1

de esta Ley, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la misma, hasta por

el monto del impuesto empresarial a tasa única calculado en el ejercicio de que se

trate.

Contra la diferencia que se obtenga conforme al párrafo anterior, se podrá

acreditar la cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo de

este artículo y una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propia del

ejercicio, del mismo ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. El resultado

obtenido será el monto del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo

del contribuyente conforme a esta Ley.

Contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo, se podrán

acreditar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 10 de esta Ley

efectivamente pagados correspondientes al mismo ejercicio.

Por las erogaciones efectivamente pagadas por los contribuyentes por los

conceptos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre



266

la Renta, así como por las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas

en México, los contribuyentes acreditarán la cantidad que resulte de multiplicar el

monto de las aportaciones de seguridad social a su cargo pagadas en el ejercicio

fiscal de que se trate y los ingresos gravados que sirvan de base para calcular el

impuesto sobre la renta de cada persona a la que paguen ingresos por los

conceptos a que se refiere el citado Capítulo I en el mismo ejercicio, por el factor

de 0.175. El acreditamiento a que se refiere este párrafo deberá efectuarse en los

términos del segundo párrafo de este artículo.

Ahora bien, por otro lado el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

señala:

Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta,

aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%.

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos

acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título.

Al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, la participación de los

trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los

términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas

fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.



267

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las

oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que

termine el ejercicio fiscal.

Las personas morales que realicen exclusivamente actividades agrícolas,

ganaderas, pesqueras o silvícola, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo

párrafo del artículo 81 de esta Ley.

Como se puede observar, la Ley del Impuesto sobre la Renta, reconoce y otorga

la posibilidad a los contribuyentes, de disminuir la utilidad fiscal, las pérdidas

fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, reconociendo que al igual

que una sociedad tiene ejercicios productivos y paga impuesto sobre la renta en

forma proporcional y equitativa, en otras ocasiones tiene ejercicios negativos,

obteniendo pérdidas fiscales y dando oportunidad a los contribuyentes de aplicar

las mismas a ejercicios posteriores, dando por lo tanto oportunidad de que la

empresa se vaya recuperando poco a poco de aquellos ejercicios por los cuales

obtuvo pérdidas. Mientras que el artículo 8 de la Ley del IETU se refiere al cálculo

del impuesto del ejercicio, después de obtener una base gravable, permitiéndose

llevar varios acreditamientos en contra de la base gravable, pero en ningún

momento se contempla y por lo tanto, no se permite, acreditar las pérdidas fiscales

con las que puede llegar en contra el contribuyente en ejercicios anteriores,

provocando con ello que dichas disposición del IETU sea des proporcional y

transgresora del principio de irretroactividad de la ley.

Al ser tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto empresarial a tasa única,

impuestos complementarios, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta, se debe de tener el derecho de aplicar las pérdidas

fiscales de ejercicios anteriores contra la utilidad fiscal que resulte de dicho



268

impuesto, pero contra la base gravable del Impuesto Empresarial de Tasa única

(siendo que este y el impuesto sobre la renta van de la mano en el cálculo y se

encuentran relacionados ambos en cuanto a la tributación del contribuyente) no se

pueden aplicar las pérdidas fiscales provenientes del impuesto sobre la renta de

ejercicios anteriores. Y como se puede contemplar, se pone en evidencia que el

IETU es un impuesto de gravamen mínimo que pretende recuperar la recaudación

que suele perderse en el ISR, por tratamientos preferenciales, elusiones o

planeaciones fiscales que disminuyen la base de este último impuesto, por lo cual

dichos impuestos están relacionados.

Lo contemplado, da como resultado una violación a la garantía de irretroactividad

de las leyes, ya que se poseía un derecho ganado, consistente en las pérdidas

fiscales de ejercicios anteriores pendientes de acreditar y por lo tanto, deviene la

inconstitucionalidad del artículo 8 transitorio.

Retroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los

componentes de la norma.

Acorde a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de

irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma

jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se

realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones

correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de

ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia

no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su

realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando

el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos



269

actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o

irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las

hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los

componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y

en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1) Cuando durante la vigencia

de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la

consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal

posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin

violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la

nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2). El

caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias

sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y

alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior

podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3.) También puede

suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley

anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización

de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva

disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el

tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o

simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o

continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar

o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas

no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4.) Cuando la

norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos

parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no

podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la

norma anterior que el previo, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en

cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron

durante la vigencia de la norma que lo previo, si son modificados por una norma

posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos



270

o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y,

consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación,

así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

Como conclusión a este apartado de inconstitucionalidad de la Ley IETU, se

puede observar, que la misma posee características que provocan violaciones a

los principios de equidad, proporcionalidad y de irretroactividad de las leyes,

contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

situación relevante, ya que al tener tales transgresiones, se estaría manejando

una técnica fiscal incorrecta, y con ello una mala política fiscal. Ahora bien, es

importante destacar que la correcta aplicación de una técnica fiscal, no consiste en

volver constitucional, lo inconstitucional, por medio de jurisprudencias carentes de

lógica jurídica, como sucedió en el caso de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y

Uso de Vehículos, sino que se debe de cumplir con que las autoridades o los

sujetos activo del tributo, deben de ajustar su actuar a las leyes y a la constitución,

no al revés, ya que de lo contrario se provocaría una incertidumbre jurídica.

De igual manera es importante subrayar que, si bien la Ley del IETU, en su

exposición de motivos señala fines extra-fiscales, los mismos no pueden

convertirse en hechos aislados que justifiquen la violación a principios

constitucionales, como los ya señalados, es por ello que la autoridad, debe de

ajustar su comportamiento a la Carta Magna, dichas reformas serían fácilmente

atacadas por medio de juicios de amparo, y con ello se dejarían de cumplir su

carácter recaudatorio, es decir, fiscal y por ende también con el extra-fiscal.

Contribuciones. Los fines extra-fiscales no pueden justificar la violación al artículo

31, fracción IV, de la constitución política de los estados unidos mexicanos.



271

La presencia de un fin extra-fiscal, entendido éste como un objetivo distinto al

recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada

contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la

violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto

público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los

fines extra-fiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el

órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado

precepto.

4.6 Planes de Política Fiscal: Propuesta de Reforma Financiera Integral para

México

Como ya se mencionó, la actual reforma va encaminada a gravar al sector

empresarial, el cual se presume que posee una capacidad contributiva mayor a la

que manifiesta, y que se oculta a través de la figura de la elusión fiscal; lo anterior

es así, toda vez que, se busca evitar varias deducciones, que se contemplan en

la Ley del Impuesto sobre la Renta; buscando por medio de esta captación de

recursos, el poder dejar de depender tanto de los recursos provenientes del

petróleo y dar una mejor salida a los recursos en otros programas sociales, no

obstante, cabe señalar que la presente reforma resulta carente por las razones ya

expuestas en el apartado anterior, e incompleta, ya que si bien es cierto, es

probable que se grave a los grandes capitales, también lo es que el sector informal

y otros evasores, vuelvan a quedar fuera de esta cambio tributario. Al respeto

Margáin Manautou expone:



272

Si difícil es la selección de un nuevo impuesto cuando el concepto de tributar es

elevado en los contribuyentes, más lo es cuando ese concepto es pobre o cuando

la calidad moral del contribuyente es baja.

Por ello es criticable que el Estado persista en su manía de crear nuevos

impuestos, en ocasiones disfrazados dentro de los ya existentes como "tasa

especiales", o en aumentar las tasa existentes, cuando la evasión de los que se

hallan en vigor es alarmante, pues con ello no hace más que volver al deshonesto

más deshonesto y reducir el número de los contribuyentes honestos (Nociones de

Política Fiscal).

Esto es, la reforma que se pretende realizar para que entre en vigor en julio del

año 2008, resulta incompleta, toda vez que, al dejar de lado al sector informal, se

dejan de captar un buen cúmulo de ingresos, lo anterior es así, ya que el impuesto

que va a gravar las cuentas bancarias resulta insuficiente, debido a que es muy

fácil de evitar, razón por la cual la manera más óptima para poder hacer que el

sector informal pague es por medio de impuestos indirectos, como lo es en un IVA

sobre artículos de primera necesidad, debido a que los impuestos indirectos

alcanzan un mayor número de sujetos económicos y son más sencillos en cuanto

a su captación hacia el Fisco Federal.

No obstante lo anterior, al resultar muy poco atractivo hacia la obtención de votos

en el electorado, se maneja el tema como un tabú, ya que afectaría a sectores de

pobreza, dentro de los cuales se esconden muchos evasores; sin embargo en

lugar de contemplar cuál es la forma más idónea para poder implementar esta

idea, como lo es por medio de un bajo porcentaje en dicho impuesto, el mismo

resulta negado tajantemente, al grado de no querer discutirse, a pesar de los

ingresos que produciría al Estado.



273

Es importante destacar, y como es de conocimiento general, que la evasión que

presenta el sector informal o el sector que no está inscrito en el Registro Federal

de Contribuyentes resulta muy alta, junto con los que no contribuyen de acuerdo a

su verdadera capacidad económica, y los medios por los cuales se pretende

atacar en las reformas propuestas sólo son paliativos que en muy poco van a

ayudar a la captación de recursos, en lo que respecta a estos sujetos pasivos.

Al respecto el ex-Secretario de Hacienda José Ángel Gurría mencionó, en una

conferencia dada en el Septuagésimo Aniversario del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa, en lo relativo al avance de los países miembros de la

OCDE, señala lo siguiente:

Otro cambio estructural ha sido la mayor dependencia en los impuestos generales

al consumo (en especial el IVA). Mientras que en 1980 el IVA generaba menos del

5% del PIB en los países de la OCDE, en 2004 generaba ya poco más de 7%

(Gurría Treviño; 2006).

Ahora bien, dentro de las ventajas que proporcionan los impuestos indirectos,

como lo es el IVA, se presentan las siguientes:

a) Proporcionar grandes caudales de ingresos públicos;

b) Pueden restringir el consumo a artículos suntuarios más efectivamente

que los impuestos directos recuérdese el efecto de la tasa especial del

30% del impuesto sobre ingresos mercantiles produjo en la industria y la

joyería fina;



274

c) Pueden utilizarse para restringir la importación de bienes no necesarios

para el desarrollo de la economía del país, contribuyendo ello a cuidar

las divisas;

d) Es más sencillo la administración y control de estos impuestos, que en

tratándose de los directos;

e) Proporcionan un efecto distributivo más equitativo de la tributación, al

obligar a pagar más por los artículos suntuarios;

f) Pueden ser menos dañinos para los incentivos que los directos (Margáin

Manautou).

Dentro de las ventajas citadas, las que más beneficios traerían para la nación en

su estado actual son los incisos a), d) y e); no obstante lo que se busca

principalmente es la sencillez y la mayor captación de recursos, así como la

equidad y proporcionalidad que pueden generará estos impuestos, ya que se debe

de tratar de seguir el principio de un mayor beneficio con un mínimo esfuerzo, lo

cual a pesar de su impopularidad suelen cumplir los impuestos indirectos, bien

manejados.

Al utilizar el IVA generalizado, se ampliara la base tributaria, ya que siempre

repercutirán al consumidor, no obstante el porcentaje que se debe de aplicar debe

de ser mínimo, debido a que de esta forma resulta más sencillo, más justo y con

menos distorsiones.

El ex-Secretario de Hacienda Ángel Gurría, de igual forma señala en la

conferencia ya citada, lo siguiente:

El cuarto reto es el IVA, que tiene una base muy limitada y esta subutilizado.

México tiene la base más limitada de la OCDE, debiéndose pagar nominalmente



275

sólo sobre 50% del consumo, lo que se traduce en un IVA efectivamente pagado,

equivalente a que sólo se grava 30% del consumo. Esto es debido tanto al actual

diseño impuesto como a la pérdida de ingreso por incumplimiento y se compara

con casos como el de Nueva Zelanda que cobra sobre el 96% del consumo.

Muchos países, con tasas nominales más bajas, muestran una recaudación

mucho mayor, pues tiene menos exenciones y menos productos y renglones con

tasa cero o diferenciadas (Gurría Treviño; 2006).

Así mismo, es importante destacar que los impuesto indirectos, como el IVA,

cumplen de manera más certera con las características constitucionales de

proporcionalidad y equidad, ya que al comprar algo se paga de acuerdo a la

capacidad contributiva y trata por igual a todos los consumidores, aunado a que

suelen ser impuestos, dentro de los cuales al encontrarse dentro de un precio,

suelen entenderse como parte del mismo.

Lo anterior es así, debido a que dicho gravamen recae sobre el gasto o el egreso

sobre las transacciones comerciales relativas a enajenación de bienes, prestación

de servicios en forma independiente, por conceder el uso o goce temporal de

bienes o por la importación de bienes y servicios, las que en conjunto representan

el hecho generador de la obligación tributaria; por lo que si bien todo tributo debe

atender a la capacidad contributiva, sin importar que sea concebido como directo o

indirecto, lo cual se cumple tratándose del IVA, ya que por ser un impuesto

indirecto atiende en forma mediata a la riqueza del contribuyente pues no se fija

en función de los ingresos económicos, del capital o del patrimonio de las

personas que hacen la erogación, sino solamente en la capacidad que tiene el

sujeto para realizar esa erogación o gasto, porque conforme a la técnica tributaria

que rige este tipo de impuestos debe suponerse la riqueza de las personas,

mayor, igual o menor, según efectúen más, iguales o menores gastos. De igual

manera y por lo que respecta a la equidad tributaria, la Suprema Corte de Justicia



276

de la Nación, ha establecido que la equidad en los impuestos exige que se respete

el principio de igualdad, esto es, que se encuentren obligados a determinada

situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se

encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente,

o sea, tratara los iguales de manera igual; por tanto, si la equidad tributaria radica

en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo

impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento idéntico en

lo concerniente a la hipótesis de acusación, el IVA lo cumple ya que deben de

pagar el mismo tributo todos aquellos sujetos pasivos que realizan un gasto o

egreso sobre las transacciones comerciales relativas a enajenación de bienes,

prestación de servicios en forma independiente, por conceder el uso o goce

temporal de bienes o por la adquisición de bienes y servicios.

De igual manera es importante destacar que el sujeto pasivo que realice más

erogaciones, tendrá que pagar más, en relación con otro causante que efectúe

menos erogaciones, asimismo, pagarán igual cantidad quienes realicen similares

gastos; toda vez que, la capacidad económica gravable o capacidad tributaria no

es total, genérica o absoluta, sino relativa, referida al objeto del gravamen

específico. Esto es, la capacidad contributiva se encuentra en el IVA conectada

con las cantidades erogadas por concepto de la adquisición de bienes o servicios,

los cuales precisamente por ser el objeto de causación, revelan la capacidad

económica de los propios contribuyentes.

Equidad tributaria. Sus elementos.

La apertura de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren,

en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta

igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la



277

igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho

de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar

situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV,

constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan

los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad

tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella

desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden

considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable;

b) iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias

jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino

sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para

que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las

consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y

proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre

la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador,

superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Proporcionalidad tributaria. Debe existir congruencia entre el tributo y la capacidad

contributiva de los causantes.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de

proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos

pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad

contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades,

rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los

gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto

pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en



278

forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que

un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la

capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real

de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del

impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los

supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de

una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son

medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la

persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente,

según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su

patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes,

sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que,

para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el

impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la

medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y

menos el que la tenga en menor proporción.

Por otro lado y como ya se comentó, la doctrina señala que el impacto inmediato

de los impuestos indirectos se produce directamente sobre los costos o ingresos

percibidos por la adquisición de bienes o servicios, sin embargo, y de acuerdo a

algunas opiniones en contra del IETU, en éste último sucede lo mismo, ejemplo de

esto es lo dicho por Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda y Crédito Público entre

1982 y 1997, que encuentra que la propuesta gubernamental de crear un impuesto

mínimo de control llamado Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), ahora

Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), a un "IVA disfrazado". La estructura

de la CETU, si es aprobada como lo propuso Hacienda en junio pasado, permitirá

a las empresas trasladar este costo a los consumidores finales "sin importar el

nivel de ingreso de esos consumidores", agrega: México va al desastre fiscal

(González Amador; 2007). Lo anterior, se menciona, ya que el IETU, es



279

considerado como un impuesto directo, sin embargo y suponiendo sin conceder

que el IETU sea indirecto, esto lleva a realizar la siguiente pregunta, ¿si el IVA en

productos de primera necesidad, no se quiere aplicar para no repercutir, en los

que menos tienen, por qué el IETU sí? Por otro lado es importante observar que el

IVA, si bien repercute en el aumento de los precios, el mismo al ser trasladado y

regulado puede ser captado por parte del Fisco, en cambio el IETU no, toda vez

que, si llegará a provocar un aumento al costo de las mercancías, el excedente

derivado de ese precio no se entregaría al Fisco, ni estaría regulado bajo este

principio, lo que provoca que se lo quedará el contribuyente, en este caso el

empresario.

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que aún en el mismo ISR, el cual es

considerado a todas luces de carácter directo, sucede el mismo fenómeno que en

el IETU y el IVA, ya que de conformidad con lo ya contemplado en la presente

investigación, para algunos tratadistas como Harold Somers, ciertos comerciantes

o empresarios, suelen disfrazar y con ello poder cubrir el ISR dentro del precio,

trasladando al fin y al cabo el impuesto.

Es por lo antepuesto, que la presente investigación sugiere aplicar el IVA, en

general, en un pequeño porcentaje a los alimentos y medicinas, ya que esto

ampliará la base tributaria, con lo que se lograría una mejor redistribución de la

riqueza y del ingreso, lo cual se obtiene con una recaudación equilibrada y lo más

justa posible, ya que derivado de los actual sistema fiscal mexicano, aun con la

reformas que se aplican para el año dos mil ocho, la carga tributaria ha recaído

solamente sobre una parte de la población, lo que provoca que la misma resulte

injusta e insostenible.



280

La reforma fiscal queda incompleta si no se utilizan más los impuestos indirectos,

ya que sólo se estaría obligando a una parte de los contribuyentes y se deja de

lado un sector muy importante de sujetos pasivos del tributo, los cuales podrían

ser gravados a través de los impuestos indirectos por su sencillez y capacidad de

captar un mayor número de contribuyentes.

4.7. Manejo de los Recursos Provenientes de la Recaudación.

Por otra parte, y como ya se percibió, las contribuciones, son instrumentos

necesarios dentro de cualquier Estado para sufragar las necesidades de la

población y de sus políticas públicas, como lo son la salud, la infraestructura, la

seguridad, y demás; de ahí que el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna,

establezca que las contribuciones deben de tener como finalidad cubrir el gasto

público.

Aunado a lo anterior, es importante subrayar que las contribuciones no sólo sirven

para cubrir el gasto público, sino también para cumplir con el Plan de Desarrollo

Nacional, lo anterior de acuerdo al artículo 25 de la Carta Magna, que cita:

Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar

que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad

protege esta Constitución.



281

El Estado proyectará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande

el interés general de la población en el marco de libertades que otorga esta

Constitución.

Al desarrollo económico nacional asistirán, con responsabilidad social, el sector

público, el sector social y el sector privado, sin quebranto de otras formas de

actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público asumirá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas

que se señala el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo

siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en

su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo

con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo que

demanden las políticas sociales.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará y promoverá a las

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolas a las

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de

la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria

o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de



282

organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y

servicios socialmente necesarios.

La ley animará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y

proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado

contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta

Constitución (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2007).

De acuerdo con el mandato constitucional, el Estado tiene la obligación de

distribuir una más justa distribución del ingreso y la riqueza, por lo tanto, se

pueden establecer contribuciones con fines extra-fiscales tendientes a lograr la

redistribución del ingreso y la riqueza. Motivo por el cual, las reformas que se

pretenden, buscan dejar la dependencia en los ingresos petroleros, mediante el

fortalecimiento del sistema tributario, ya que en la actualidad se ha llegado a

considerarse insolvente al Estado que no puede cubrir sus gastos normales con el

rendimiento de sus tributos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la rectoría del

Estado prevista en el artículo 25 de Constitucional, consiste en garantizar el

desarrollo integral y sustentable, el crecimiento de la economía y del empleo, y

una justa distribución del ingreso riqueza; lo cual es un propósito extra fiscal de las

contribuciones, situación que se encuentra en la política fiscal y presupuestaria.

Fines extra-fiscales. Que corresponde al órgano legislativo demostrarlos

formalmente en el proceso de creación de las contribuciones.



283

Una nueva preocupación sobre el tema de los fines extra-fiscales conduce a la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si

bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el

recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y

Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo

a que aquéllas que pueden servir como instrumentos eficaces de política

financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar por lo que

ineludiblemente será el órgano legislativo el que demuestre expresamente, en la

exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados

fines extra-fiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto,

el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor

captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever

una serie de mecanismos que respondan a fines extra-fiscales, pero tendrá que

ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de

creación de la contribución, en virtud de que es un problema de constitucionalidad

de leyes que debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por

los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o

a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior

adquiere relevancia si se toma en cuenta que al concernir al legislador señalar

expresamente los fines extra-fiscales de la contribución, el órgano de control

contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y

determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos

reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos

excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está

encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extra-

fiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no

será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el

legislador exponga o revele los fines extra-fiscales, al resultar un hecho notorio la

finalidad que persigue la contribución respectiva.



284

El juicio adoptado por el Máximo Tribunal de la Nación, con respecto a los fines

extra-fiscales, ha sostenido que además del propósito recaudatorio para cubrir el

gasto público de la Federación, Estados o Municipios, las contribuciones pueden

servir como instrumentos de política financiera, económica y social que el Estado

tenga interés en impulsar, siempre que respete los principios constitucionales

rectores de los tributos, esto es llevar a cabo una adecuada política fiscal, con los

elementos que la constituyen. Es importante destacar que para justificar estos

fines extra-fiscales en una ley, tendrá que ser ineludible que el legislador

establezca expresamente, ya sea en la exposición de motivos o dictámenes de

ley, los mencionados fines extra-fiscales que persiguen las contribuciones con su

imposición. Dicha circunstancia adquiere relevancia ya que, así el juzgador

contara con los elementos, cuyo análisis le permitirá llegar a determinar la

constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o artículos de la misma.

Lo utilizado en este apartado, resulta de vital importancia, toda vez que, no basta

con realizar reformas fiscales que busquen una mayor recaudación, sino el

también saber en qué se van a invertir o dirigir esos recursos, tal y como lo plasma

la Constitución Federal, debido a que de lo contrario, si el Estado no maneja

correctamente esos ingresos, puede llegar a darse el caso de que se vuelva un

pozo sin fondo (Situación que ya aconteció, si se toma en comparación con los

ingresos que el país obtuvo mediante la deuda pública, lo que se busco fue

sobrevivir y sufragar de cualquier manera los gastos de la Nación, sin importar

consecuencias más nunca invertir y con ello generar riqueza), y es que si bien es

cierto que de acuerdo a algunos tratadistas un país debe de poseer los recursos

necesarios a través de las contribuciones, para considerarse solvente, también lo

es que en las naciones más desarrolladas sus mayores ingresos son derivados de

su exportación y tecnología, es decir, las políticas económicas, no pueden basarse

en la idea de a mayor gasto público, mayor tributo, ya que puede llegar el

momento en el cual ya no se pueda contribuir, por falta de dinero por parte de los



285

sujetos pasivos, situación que se volvería muy similar a la época de la monarquía

en la que se aplicaban impuestos sobre impuestos.

Derivado de lo anterior, es importante destacar que el Estado no debe de buscar

como fin el despilfarro, sino más bien la inversión, circunstancia ya expuesta, por

el teórico italiano Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, que cita:

Empezando por las primeras de las cualidades nombradas (Se refiere a la

prodigalidad y la avaricia), digo que estaría bien ser tenido por prodigo. Sin

embargo, la prodigalidad practicada de manera que se sepa que uno es pródigo,

perjudica; y por otra parte, si se le practica virtuosamente y tal y como se le debe

de practicar, la prodigalidad no será conocida, y se cree que existe el vicio

contrario. Pero como el que quiere conseguir fama de pródigo, entre los hombres

no puede pasar por alto ninguna clase de lujos, sucederá que un príncipe así

acostumbrado a proceder consumirá en tales obras todas sus riquezas y se verá

obligado, a la postre si desea conservar su reputación a imponer excesivos

tributos, a ser riguroso en el cobro y hacer todas la cosas que hay que hacer para

procurarse dinero. Lo cual lo empezará a tronarlo odioso a los ojos de los

súbditos, y nadie lo estimará, ya que se habrá vuelto pobre. Y como con su

prodigalidad ha perjudicado a muchos y beneficiado a pocos, se resentirá al primer

inconveniente y peligrará al menor riesgo. Y si entonces advierte su falla y quiere

cambiar de conducta, será tachado de tacaño.

Ya que un príncipe no puede practicar públicamente esta virtud sin que se

perjudique, convendrá, si es sensato, que no se preocupe si es tildado de tacaño;

porque, con el tiempo, al ver que con su avaricia le bastan las entradas para

defenderse de quien le hace la guerra, y puede acometer nuevas empresas sin

gravar al pueblo, será tenido siempre por más pródigo, pues practica la



286

generosidad con todos aquellos a quienes no quita, que son innumerables, y la

avaricia con todos aquellos a quienes no da, que son pocos.

No hay cosa que se consuma tanto así misma como la prodigalidad, pues cuanto

más se le practica más se pierde la facultad de practicarla; y se vuelve el príncipe

pobre y despreciable, o, si quiere escapar de la pobreza, usurpador y odioso

(Maquiavelo Nicolás).

Es por ello que la política fiscal y las reformas financieras, se deben de llevar a

cabo a partir de la obtención de más recursos tributarios, debe de ir más

encaminada a una inversión, ya que la misma en un futuro y bien manejada

generara ingresos, los cuales harán que México se posicione mejor como país

dentro de las primeras potencias, y derivado de esto se cumpla con el objetivo del

bien común y mejor calidad de vida a sus gobernados.

Al respecto el Secretario General de la OCDE expone, en el diario Reforma lo

siguiente:

No sólo se necesita reforma fiscal: OCDE

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, señaló que México

depende de una reforma fiscal o financiera para avanzar, pero no es la única que

necesita, también requiere una en educación, combate a la pobreza, mayor

competencia en los mercados, pensiones, entre otras.



287

Consideró que también debe aumentar los recursos destinados a la investigación

de Ciencia y Tecnología, "Europa para el 2013 está planteando destinar alrededor

del 3 por ciento del PIB. Mientras que México con los datos más recientes se ubica

en el 0.5 por ciento del PIB. Se deben tener más recursos en este sentido."

El ex secretario de Hacienda de nuestro país, apuntó que "para poder lograr la

reforma fiscal o financiera no se debe preguntar a la gente que si quiere que se le

aumenten los impuestos, si no preguntarle si quiere una sociedad más justa en

salud, educación, en servicios de agua, drenaje, pues necesita recursos y esos

deben de venir de alguna parte."

Asimismo, Gurría Treviño consideró que es el momento adecuado para realizar la

reforma fiscal. "No hay crisis y es el tiempo para realizar las decisiones duras.

Tradicionalmente, México las ha tomado en periodos de crisis."

El titular de la OCDE estableció que mientras México siga recaudando sólo 12 por

ciento del PIB, no podrá invertir lo necesario en materia social ni en

infraestructura, que son dos de las turbinas del crecimiento competitivo.

Finalmente, Gurría Treviño recomendó gravar el consumo y bajar el impuesto en

ahorro, trabajo e inversión, lo que estará batallando la cúpula empresarial con el

poder legislativo (Gurría Treviño; 2007).

Y es que, si bien es cierto que el Estado no se puede manejar como una empresa,

ya que en sí no persigue fines de lucro, aunado a que y en lo relativo a las

contribuciones las mismas buscan cubrir los gastos públicos, también es cierto

que el Estado, como ya se vio obligado constitucionalmente a dirigir la rectoría y



288

desarrollo económico de México, y se puede hacer por medio de las

contribuciones, es decir, debe de buscar las mejores fuentes de inversión a las

que se les debe de inyectar dinero, en este caso por medio de lo recaudado, como

por ejemplo ciencia y tecnología, que suele generar grandes dividendos. Esto es,

el fin no es solamente cubrir ciertas necesidades sociales, sino también invertir en

sectores y áreas de las que surgirán recursos frescos. Para Eddie Obeng, la

manera de elegir un proyecto, en este caso una inversión son los siguientes:

"Para ser legítimo, un proyecto debe reunir al menos una de las siguientes

características: Mantener o incrementar la proporción de beneficios de la empresa

ahora y en el futuro. Mantener o reducir la proporción de la empresa ahora y en

futuro. Mantener o reducir la cantidad de dinero invertido en la empresa ahora y en

futuro. Apoyar o dar solución a las condiciones necesarias o impuestas desde el

exterior" (Obeng Eddie; 1995).

Lo anterior, puede servir para entender que en lo relativo a la inversión en el país

se debe de manejar en cierta medida como empresa, para lograr más ganancias y

con ello recursos frescos, y por ende crecer.

Fines extra-fiscales. Las facultades del estado en materia de rectoría económica y

desarrollo nacional forman uno de sus fundamentos.

De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para

garantizar que éste sea integral y sustentable, el cual debe ser útil para fortalecer

la soberanía nacional y su régimen democrático, en el que se utilice al fomento

como un instrumento de crecimiento de la economía, del empleo y para lograr una

justa distribución del ingreso y de la riqueza, y que permita el pleno ejercicio de la



289

libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales protegidos por la

Constitución Federal, por lo que el sujeto estatal planeará, coordinará y orientará

la actividad económica, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades

que demande el interés general en el marco de libertades otorgado por la propia

Ley Fundamental. Asimismo, el citado canon constitucional establece que al

desarrollo nacional asistirán, con responsabilidad social, los sectores público,

privado y social, así como cualquier forma de actividad económica que contribuya

al desarrollo nacional; que el sector público tendrá, en exclusiva, el control y

propiedad de las áreas estratégicas que señala la Constitución, y podrá participar

con los sectores privado y social, en el impulso de las áreas prioritarias; que bajo

criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas

sociales y privadas, con sujeción a las modalidades que dicte el interés público,

así como al uso de los recursos productivos, donde se atienda al beneficio

general, cuidando su conservación y el medio ambiente, y que en la ley se

alentará y protegerá la actividad económica de los particulares, y proveerá las

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al

desarrollo económico social. En congruencia con lo anterior, al ser los fines extra-

fiscales, razones que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y

fomento de ciertas actividades o sectores económicos, combinando sus objetivos

con un equilibrio entre la rectoría estatal y las demandas del interés público, se

concluye que el indicado artículo 25 constitucional constituye uno de los

fundamentos de dichos fines, cuya aplicación debe reflejarse en la ley, sus

exposiciones de motivos, o bien, en cualquiera de sus etapas de formación.

A manera de nota, es relevante mencionar, que en la actualidad se habla mucho

de la inversión extranjera, en sectores tales como PEMEX, y quizás los mismos

lleguen a ayudar a modernizar la institución, pero seguiríamos dependiendo en

demasía de dinero extranjero, y con ello volveríamos a la dependencia ya no sólo

de un recurso finito, sino de inversionistas que no son nacionales, lo anterior se



290

menciona ya que si lo que se busca es obtener una mayor recaudación viéndola

desde el punto de vista extra-fiscal, se debe de pretender como objetivo depender

más del dinero nacional y saberlo manejar para crear riqueza, ya que de lo

contrario podría ocurrir lo mismo que cuando México se endeudaba, y es que si al

permitir la inversión extranjera se tiene a la misma como la solución a los

problemas de la nación, es importante recordar que el fin de una empresa es el

lucro y los dividendos que obtengan dejará de percibirlos la patria, además de que

todo cambio producido en las potencias, cada vez afectaría más a la nación por la

obvia dependencia.

De igual manera es importante observar la forma en cómo perciben a México

otros países, como lo es Estados Unidos de Norteamérica, lo cual se puede

contemplar por ejemplo en el libro titulado México en el Congreso de Estados

Unidos, de Iturriaga José, de la Editorial Fondo de Cultura Económica; en el

que en el capítulo IX, llamado México y la Standard Oil, se observa, con

discursos expuestos en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica,

el pensar de los industriales de ese país, el que no resulta muy benéfico para

México, dicha situación sirve de apoyo para valorar si es conveniente o no el

aceptar la inversión extranjera en un sector tan importantes para nuestra

nación.

Guarda cierta relación lo publicado en el periódico, el Financiero, con respecto a lo

dicho por el Secretario de Economía, que cita:

Se centrará el gobierno en impulsar el mercado interno.

Crecerá el campo, turismo, vivienda e infraestructura (Ivette Saldaña) con estos

cambios en la venta de PEMEX.



291

Para contrarrestar la desaceleración económica de EU, el gobierno mexicano se

centrara en fomentar el mercado doméstico, dándole impulso a sectores que no

están ligados con el exterior, dijo el titular de la Secretaria de Economía, Eduardo

Sojo.

"Hay que fortalecer los motores internos del crecimiento para no estar sólo

dependiendo de lo que pasa en Estados Unidos; esto significa detonar actividades

que dependen menos de lo que ocurre en el extranjero, por ejemplo, el campo, el

turismo, la vivienda, la infraestructura y la energía."

En entrevista al término de la inauguración del Primer Foro Nacional de Cajas

Solidarias, Sojo Garza Aldape explicó que el país debe de estar preparado ante la

desaceleración económica estadounidense, para lo cual se trabaja en dos

sentidos: impulsando el mercado doméstico e integrando a las empresas

mexicanas a las cadenas de proveeduría del gobierno y de las grandes firmas.

La Secretaria de Economía buscará que haya un efecto multiplicador en el gasto

público, de manera que las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que son las

mayores generadoras de empleo, participen en las compras de gobierno.

También debe de incrementarse la participación de las empresas nacionales como

proveedoras de las firmas internacionales, como son las maquiladoras o la

industria automotriz.



292

La dependencia trabaja en ese frente, para lo cual, tiene los Centros de

Articulación Productiva, que busca integrar a las compañías mexicanas como

proveedoras del sector automotor y de la maquila.

De hecho, la rama de auto-partes tiene un gran desempeño que genero un

crecimiento de 4.0 en el primer semestre.

Así con los mecanismos de cooperación que hay entre el gobierno y esa industria,

México puede aspirar a alcanzar una participación en el mercado automotriz

mundial de tres millones de unidades y 78 mil millones de dólares, incluyendo 45

mil millones de auto-partes, en los próximos ocho años (Eduardo Sojo; 2007).

Lo citado con anterioridad, no quiere decir, que México se sitié de las demás

naciones, sino simplemente que de manera progresiva deje de depender tanto de

los demás países y crezca a través de sus medios, situación que tiene sustento

con lo establecido en el artículo 25 de la Carta Magna, de lo cual el Doctor Ignacio

Burgoa Orihuela señala: que el mismo si bien no trata de intervención estatal

propiamente dicho en las actividades económicas, ni por mayoría de razón, de una

mera vigilancia de dichas actividades, sino la exaltación de estas por parte del

Estado al través de las funciones legislativa y administrativa. En efecto, "mandar"

significa "dirigir, gobernar", y estos actos implican fundamentalmente la notoria

limitación de la libertad económica hasta llegar a la exclusión de la misma. La

rectoría estatal, por ende, se manifiesta en la autoridad para establecer normas

directivas de las entidades económicas y para aplicarlas en la realidad donde se

despliegan (Burgoa Orihuela; 2002). Es decir, no se trata, en todos los sectores,

de un control absoluto, sino de la rectoría del desarrollo nacional a través de una

planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica

nacional, que se lleva a cabo por medio de la regulación y fomento de las



293

actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga

la Constitución Federal.

Por lo anterior, no es la solución la aplicación del IVA en alimentos y medicinas,

junto con el IETU, con lo que se pretende obtener recursos frescos, que bien

manejados y llevados a cabo en una correcta política fiscal en sus tres rubros,

política fiscal, política presupuestaria y técnica fiscal, se podría generar dividendos

bastantes significativos, los que servirán de apoyo al sostenimiento y desarrollo

del país, a través de una adecuada inversión que a la vez producirá otros recursos

frescos, logrando con esto que de manera paulatina México se vaya volviendo un

país más desarrollado en todos los sectores, y con ello lograr el Bien Común o

Público, que tiene como fin todo Estado. Hay que buscar otras vías de adquisición

de recursos para lograr las metas deseadas y no estar gravando únicamente

productos perecederos que afectan en la mayoría a los que menos tienen.



294

Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación

Los mexicanos por medio de nuestra Constitución hemos definido el marco en que

se debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, siendo

ese garante El Estado. Por lo que le corresponde al Estado ser el rector de la

economía, a través de fomentar el crecimiento económico y el empleo, para una

más justa distribución del ingreso y la riqueza. Con ello se permite el pleno

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. En

este sentido, la política económica debe prever ante todo dotar de recursos que

permitan: una mejor educación, empleo remunerador, una vivienda digna, salud

universal, etc. Por lo que el manejo del déficit solo se justifica en razón de tales

propósitos, y acorde con un horizonte de equilibrio de las finanzas públicas.

En este sentido, podemos afirmar que la economía mexicana tiene la capacidad

de asumir niveles razonables de déficit fiscal, ya que existe un alto nivel de

capacidad ociosa y desempleo. Por lo que el déficit público permitiría incrementar

la demanda agregada, lo que incentiva la producción nacional y por ende la

inversión, con lo cual sería posible alcanzar el pleno empleo en la economía,

reflejándose así el efecto del gasto deficitario en mayores ingresos, mayor

solvencia y mayores recaudaciones tributarias.

Como se dijo con anterioridad los recursos del déficit público, para cumplir con el

marco constitucional señalado, deben orientarse hacia las actividades productivas,

por lo que la política de gasto público necesita estar acompañada de una política

de fomento industrial, en la perspectiva de estimular el mercado interno y externo,

así como de mejorar la rentabilidad en el sector manufacturero, que promueva la

inversión en el sector. De esta manera, es necesario que la descentralización del

gasto sea en base a regiones económicas.



295

En consecuencia, la política económica debe regular el que se dé una mayor

intervención del Estado y el uso activo de la política fiscal y monetaria, debido a

que las políticas de “estabilidad” no han podido generar los empleos suficientes

que demanda la sociedad e incluso han llevado a incrementar el número de

personas en condiciones de pobreza. El Estado por tanto debe propiciar las

condiciones de productividad y rentabilidad en el sector productivo, para asegurar

que los recursos se distribuyan de manera más equitativa.

La Reforma Fiscal considera a los impuestos directos (aquellos que gravan los

rendimientos) e indirectos (aquellos que gravan los consumos). Para el sector

privado esta reforma debe de ampliar la base tributaria, ya que desde su

perspectiva se ha abusado de los impuestos directos (que como observamos en el

estudio, comparado con países de nuestro tamaño, somos de los países que

menos captan impuestos directos).

Si bien también es cierto que la informalidad al no pagar impuestos hace que se

financien los servicios públicos de manera por demás desigual, no podemos

ignorar que la formalidad recurre a prácticas no muy éticas para evadir impuestos.

Lo que no significa que debamos optar por algún tipo de impuesto, sino enfrentar

el reto de ampliar la base de contribuyentes a la par de instrumentar las mejores

prácticas para que el impuesto a las ganancias responda a las condiciones del

mercado global en el cual competimos.

Por lo anterior una Reforma Financiera tiene que ir de la mano con la de carácter

fiscal, ya que los ingresos de los impuestos resultan ser más convenientes que los

que se obtiene por medio de los empréstitos, toda vez que son recursos directos,

que no generan intereses.



296

La Reforma Financiera por tanto, debe orientarse a facilitar todos los procesos que

permitan hacer más accesible el crédito para la generación de riqueza a través de

una mayor productividad. Como hemos señalado, en nuestro país el acceso al

crédito es por demás desigual, donde al pequeño deudor se le eleva el costo de

oportunidad desde los requisitos hasta en los intereses que implica un crédito.

Es por demás deleznable que a los grandes empresarios, en colusión con la

banca de desarrollo, se les autoricen recursos sin garantías; mientras que a la

micro y pequeña empresas se les exijan garantías por encima de su capacidad de

endeudamiento.

Los usuarios de crédito deben contar con mayor acceso a las instituciones

financieras y de manera simultánea mejorar sus finanzas al contar con mejores

productos y tasas de interés. Para lo cual se les debe garantizar: tener información

de las mejores prácticas del sector, la experiencia de las instituciones financieras,

el que puedan hacer uso de más de una institución si la que eligieron no es de su

agrado, prácticas sanas de competencia; así como disponer de más opciones de

contratación de crédito.

En este sentido para que el usuario de crédito cuente con los elementos

suficientes para tomar su decisión en cuanto a los préstamos resulta relevante

impulsar la educación y cultura financiera; con ello dicho usuario puede conocer

los productos que están comprando, lo que le permitirá optimizar su capacidad de

crédito y los servicios que ofrece el mercado.



297

Por otra parte, se debe diseñar una política tributaria que estimule la inversión de

tal manera que aquel que reinvierta sus ganancias en sectores productivos pague

una tasa menor de ISR.

El gobierno deberá, con una perspectiva de largo plazo destinar de manera

agresiva recursos etiquetados a programas de formación de talento humano

ligados a la productividad, con base en la certificación de competencias laborales.

Lo anterior en el marco de convenios específicos con todos los sectores

productivos, donde las metas se evalúen anualmente.

Asimismo, establecer como política pública que la inversión en infraestructura

pública debe ir acompañada de inversión privada con esquemas de planeación

donde el costo-beneficio sea tan claro, que se convierta en una práctica intensiva

al menos por los próximos 25 años, aprovechando el bono generacional.

La reforma debe apoyar a los prestadores de servicios de crédito dirigido a las

micro y pequeñas empresas como las cooperativas de ahorro y crédito; por ser

instituciones que surgen de los propios beneficiarios de los recursos, y que por lo

mismo tienen mayor claridad de la factibilidad de los proyectos y de sus impactos

a corto y mediano plazos. Además se quedan en el país los recursos producto del

servicio de otorgar crédito, a diferencia de los bancos transnacionales que

transfieren tales recursos a sus matrices en el extranjero.

Condición necesaria para lograr un impacto de largo plazo lo representa el

mantener finanzas públicas sanas. Ya que ante la estabilidad monetaria el capital

financiero ha consolidado buenos frutos a costa del capital productivo a través de

las altas tasas de interés, de la competencia desleal con el exterior ante un tipo de

cambio apreciado y la contracción de su mercado interno.



298

PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

• Ampliar al doble en un plazo de 12 años la cartera crediticia de las

sociedades de ahorro y préstamo respecto al año 2013, en apoyo de las

micro y pequeñas empresas considerando las experiencias de países como

Alemania.

Líneas de acción

1. Fortalecer la acción de la red de sociedades de ahorro y préstamo a

través de esquemas de coordinación con la Secretaría de Economía,

partiendo del diagnóstico las regiones económicas del país.

2. Diseñar y promover modelos de recuperación de los créditos que

permitan satisfacer la demanda, instituyendo una bolsa de recursos

adicionales a los que puedan acudir las sociedades de ahorro y

préstamo para su operación.

3. Coadyuvar desde las sociedades de ahorro y préstamo a los

diagnósticos de necesidad de recursos de las micro y pequeñas

empresas.

• Garantizar a través de la Secretaría de Economía que los usuarios de

crédito tengan acceso a educación y cultura financiera.

Líneas de acción

1. Diseñar, promover y constituir un Instituto de Capacitación

Financiera dirigido a las micro y pequeñas empresas que permita



299

dotar de los elementos suficientes al usuario para la toma de

decisiones en la materia.

2. Integrar a todos los sectores productivos en torno a financiar el

Instituto con esquemas de solidaridad social.

3. Instrumentar campañas permanentes de captación de recursos y de

difusión de los alcances del Instituto tanto en el ámbito nacional

como internacional, consolidando los esquemas de apoyo y

cooperación que como nación hemos signado.

• Establecer en un periodo de dos años mecanismos que aseguren contar

con el personal certificado que opere la red de sociedades de ahorro y

préstamo, lo que permitirá consolidar estándares a nivel nacional.

Líneas de acción

1. Construir el Comité de Gestión por Competencias Laborales del

subsector financiero de la Sociedades de Ahorro y Préstamo de la

mano con el CONOCER.

2. En el seno de la Secretaría de Economía convocar a los

involucrados para definir los primeros cinco estándares de

competencia laboral del subsector.

3. Establecer un calendario de certificación, capacitación y

actualización anual obligatorio para los operadores de la red de

sociedades de ahorro y préstamo, conforme a los diagnósticos de

necesidades de capacitación del subsector que desarrolle la

Secretaría.



300

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