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133f
LA AUDITORÍA DE CUENTAS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
Roberto García Fernández
Departamento de Contabilidad
Universidad de Oviedo
Belén González Díaz
Departamento de Contabilidad
Universidad de Oviedo
Antonio López Díaz
Departamento de Contabilidad
Universidad de Oviedo
Área Temática: f) Sector Público
Palabras Clave: Sector público empresarial, sociedades mercantiles estatales,
opinión, informe de auditoría
1
LA AUDITORÍA DE CUENTAS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
Resumen
El objetivo de esta comunicación es analizar el grado de control al que están
sometidas las sociedades mercantiles estatales que forman parte del Sector Público
Empresarial estatal.
El estudio se divide en dos partes. En la primera se examina el marco regulador de la
auditoría de cuentas de estas entidades; mientras que en la segunda, se presenta un
estudio empírico para el período 2003/2009, en el que se describe las auditorías
realizadas, las entidades auditoras y las opiniones emitidas en los informes de
auditoría.
El trabajo pone de relieve, por un lado, que la mayoría de las sociedades mercantiles
estatales se auditan anualmente; y por otro, que el porcentaje de opiniones favorables
es elevado, si bien por sectores de actividad existen diferencias sustanciales. Sin
embargo, sería adecuado extender la auditoría al resto de sociedades mercantiles
estatales no auditadas, evitando así la desconfianza que esta modalidad de
intervención de los poderes públicos en la economía produce entre la ciudadanía.
2
1. INTRODUCCIÓN.
El sector público empresarial ha experimentado cambios importantes desde la década
de los ochenta cuyo resultado global se ha traducido, por un lado, en una pérdida
relativa de la importancia de su actividad económica en el conjunto de la economía
española; y por otro, en un aumento del número de unidades públicas españolas. Esta
pérdida, en 2007, se refleja en el descenso de su participación en el Producto Interior
Bruto (2,4%), en la remuneración de asalariados (2,7%) y en el gasto en inversión
(6,2%) (Martínez Manzanedo, 2010, pp. 100-102).
Sin embargo, aunque el peso relativo en la actividad económica se ha reducido, las
empresas públicas han proliferado (Bellod Redondo, 2006, p. 67).
La utilización de entes instrumentales para la prestación de servicios públicos, ya sean
empresas públicas, fundaciones o agencias, ha sido un denominador común en los
distintos niveles organizativos de las Administraciones Públicas.
Esta tendencia ha podido deberse a que éstos se pueden gestionar con una mayor
flexibilidad facilitando así dar respuesta rápida a las necesidades de inversión y gasto
y proporcionando a clientes y usuarios una mayor satisfacción (Consuegra, 2004, p.
81). Esto implica que los órganos de gobierno y gestión de estas entidades gozan de
una mayor autonomía y flexibilidad derivada del marco jurídico que les resulta de
aplicación. También, el proceso de descentralización del gasto público en nuestro país
ha originado la necesidad de crear nuevas figuras organizativas para la gestión de los
servicios públicos (Martínez Manzanedo, 2010, p. 102).
Como consecuencia de todo ello, ha tenido lugar una proliferación de entes
instrumentales en el sector público, lo cual ha generado reservas en algunos sectores
que consideran que el propósito de su creación es el alejamiento de la rigidez del
ordenamiento jurídico público y de los procedimientos y controles que implica, así
como la asunción del derecho privado (Cámara de Comptos de Navarra y FIASEP,
2009, p. 9).
De esta manera, se ha constituido un sector público estatal empresarial integrado por
las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las
entidades de derecho público y los consorcios dotados de personalidad jurídica propia.
Dado que las sociedades mercantiles estatales, objeto de nuestro trabajo, se engloban
dentro del sector público empresarial estarán sometidas a los mecanismos de control
establecidos por el ordenamiento jurídico privado, en todo lo relativo a la auditoría de
cuentas, y también a los establecidos en la Ley 47/2003, General Presupuestaria
(LGP) como consecuencia de su pertenencia al sector público estatal.
3
La importancia alcanzada por las sociedades estatales en nuestra economía hace
patente la ineludible necesidad de establecer mecanismos de control capaces de
evaluar la legalidad de sus actuaciones, así como controlar la eficacia en el
cumplimiento de los objetivos y el sometimiento a los principios de economía y
eficiencia (Torres y Brusca, 1995, p. 756).
La sociedad demanda al conjunto de Administraciones Públicas que realicen una
gestión eficaz de los recursos que tienen a su disposición. Por lo tanto, las sociedades
mercantiles estatales deben de evaluar y efectuar un seguimiento de su gestión.
Situados en este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar el tipo de control a
que están siendo sometidas las sociedades mercantiles estatales y, de forma más
concreta, el control realizado por las firmas privadas de auditoría y por la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE), a través de la auditoría.
Para conseguir este objetivo, el trabajo se ha estructurado en tres apartados
adicionales a la Introducción. En el primero de ellos se presenta el marco regulador
relativo a la auditoría de las sociedades mercantiles estatales. El siguiente presenta
los resultados del estudio empírico realizado. En el último epígrafe se recogen las
conclusiones más destacadas que se derivan del mismo.
2. MARCO REGULADOR DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS EN LAS SOCIEDADES
MERCANTILES ESTATALES.
Las sociedades mercantiles estatales tienen características propias tanto del sector
público como del sector privado. Por lo tanto, van a estar sujetas al ordenamiento
jurídico público y al privado.
Estas entidades están sometidas al régimen presupuestario, contable y de auditoría
regulado en la LGP.
Esta norma dispone que las sociedades mercantiles estatales deben elaborar un
presupuesto de explotación y otro de capital que describan los recursos y dotaciones
anuales correspondientes, así como una previsión de la cuenta de resultados y del
estado de flujos de efectivo. Además deben incluir una previsión del balance de la
entidad como anexo.
En materia contable, esta Ley establece que la Cuenta General del sector público
empresarial, integrada en la Cuenta General del Estado junto con la del sector público
administrativo y fundacional, se formará mediante la agregación o consolidación de las
cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en
el Plan General de Contabilidad (PGC), así como en las adaptaciones y disposiciones
que lo desarrollen, elaborar la información contable de acuerdo con lo establecido en
4
la legislación mercantil y formular sus cuentas anuales con arreglo a lo previsto en el
PGC.
En la actualidad, con carácter general, las sociedades mercantiles estatales aplican el
PGC1. Podrán utilizar el PGC de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas2 si cumplen durante dos ejercicios
consecutivos al menos dos de las circunstancias siguientes:
1. Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 €.
2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 €.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a 50.
Por otra parte, algunas empresas estatales, como las entidades aseguradoras,
deberán aplicar las adaptaciones del PGC desarrolladas3. Igualmente, las entidades
de crédito, se regirán por la Circular 4/2004 sobre normas de información financiera
pública y reservada y modelos de estados financieros, así como por las disposiciones
que hayan modificado a dicha norma.
A las disposiciones anteriores, se unen otras que las desarrollan, como por ejemplo,
la Orden EHA/733/2010 que aprueba aspectos contables de empresas públicas que
operan en determinadas circunstancias. Esta norma describe los indicios del deterioro
del valor del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias poseídas por
las empresas públicas, establece los criterios para calcular y contabilizar el deterioro
de valor de los activos generadores y no generadores de flujos de efectivo y regula
otras cuestiones contables.
Además, las sociedades mercantiles estatales están obligadas a rendir la información
contable exigida, al Tribunal de Cuentas, a través de la IGAE. El Presidente del
Consejo de Administración o los liquidadores –en el caso de hallarse inmersa en un
proceso de liquidación– serán los encargados de cumplir con esta obligación. Para
ello, deberán enviar las cuentas anuales aprobadas a la IGAE, junto con el informe de
auditoría que en su caso corresponda, dentro de un plazo que no puede superar los
siete meses siguientes a la finalización del ejercicio económico. Posteriormente, la
IGAE será la encargada de enviar la información anterior al Tribunal de Cuentas en el
plazo de un mes desde su recepción.
Las normas de contabilidad plantean como objetivo fundamental de la información
financiera la utilidad para sus usuarios. Sin embargo, dicha información tendría escaso
1 Aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 2 Aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 3 Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio.
5
valor, si no existe una función de control que garantice que la misma ofrece un grado
de fiabilidad mínimo (Prado Lorenzo, 1994, p. 240).
Las sociedades mercantiles estatales están obligadas a realizar la auditoría de
cuentas4 sobre sus estados contables en los términos establecidos en la legislación
mercantil, tal como establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital5.
Esta norma determina que las empresas deberán someter a revisión, por parte de
auditores de cuentas, las cuentas anuales y el informe de gestión salvo que la entidad
pueda presentar balance abreviado6.
La auditoría de cuentas anuales consistirá en verificar y dictaminar si las mismas
expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la entidad auditada, conforme al marco normativo de información financiera que le
resulte de aplicación; también incluirá, en su caso, la verificación de la coherencia del
informe de gestión con dichas cuentas.
Aquellas sociedades mercantiles que no estén obligadas a auditarse, pueden, hacerlo
por iniciativa propia a través de firmas privadas de auditoría7, o ser sometidas a la
auditoría de las cuentas anuales de la IGAE, siempre y cuando estén incluidas en el
Plan de auditorías que, con carácter anual, este organismo realiza sobre todo el sector
público estatal.
La auditoría de las cuentas anuales realizada por la IGAE es más completa que la
regulada por el ordenamiento privado ya que además de verificar si las cuentas
anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución
del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios
que le son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y
comprensión adecuada, también revisan que la información contable incluida en el
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero
concuerde con la contenida en las cuentas anuales.
4 Regulada por la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria; la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas y el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 5 Aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 6 Según el art. 257 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital pueden presentar Balance Abreviado aquellas sociedades que durante dos ejercicios consecutivos cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias:
1. Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 €. 2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 €. 3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
7 El concepto de firmas privadas de auditoría incluye también a los auditores privados individuales.
6
Además, la IGAE podrá realizar auditorías de cumplimiento y auditorías operativas de
aquellas sociedades mercantiles estatales que estén incluidas en su plan anual; y,
auditoría de privatizaciones.
Mientras que las auditorías de cumplimiento comprueban la adecuación a la legalidad
de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de
subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico-
financiero de las entidades auditadas, las auditorías operativas evalúan su gestión,
verificando aspectos relativos a la economía, eficacia y eficiencia.
La auditoría de privatizaciones8 afectará a las sociedades mercantiles estatales en
caso de privatización, procediendo la IGAE a la auditoría de cada operación de
enajenación de valores representativos del capital cuando tenga lugar la pérdida del
control político sobre las mismas.
Del análisis realizado sobre la normativa reguladora de la auditoría en las sociedades
mercantiles estatales, se evidencia que estas instituciones están obligadas a auditarse
anualmente cuando no cumplan los requisitos para formular el balance abreviado. Esta
auditoría será llevada a cabo por firmas privadas de auditoría. La IGAE auditará a
estas instituciones sólo en el caso de que no estén sometidas a la obligación de
auditarse y siempre que hayan sido incluidas en su plan anual de auditorías.
3. ESTUDIO EMPÍRICO.
Una vez examinado el marco regulador de la auditoría de las sociedades mercantiles
estatales, se presentan, a continuación, las características y los resultados del estudio
efectuado.
3.1. Ámbito objeto de estudio.
Las empresas analizadas en este trabajo están formadas por las sociedades
mercantiles estatales9. El art. 166.1.c de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, las define como aquellas en las que la
participación, directa o indirecta, en su capital social de las entidades que integran el
sector público estatal, sea superior al 50 por ciento.
Para la consecución del objetivo propuesto en este trabajo, analizar el grado de control
a que están siendo sometidas las sociedades mercantiles estatales, se ha elaborado
una base de datos a partir de la información proporcionada por el Inventario de Entes
8 Para un análisis más en profundidad acerca de los controles jurídicos a los que se ven sometidos los procesos de privatización puede consultarse Da Silva Ochoa et al. (2003). 9 Forman parte del Sector Público Estatal y aparecen recogidas como parte del mismo en el art. 2.1.e) de la LGP.
7
del Sector Público Estatal (INVESPE)10. El INVESPE, elaborado y actualizado por la
IGAE, informa para cada entidad sobre sus datos generales, la estructura de dominio,
los datos económico-financieros más significativos –fecha de depósito de las cuentas
anuales en el Registro Mercantil, magnitudes económico-financieras y recursos que
financian la actividad– y el régimen de control al que están sujetos –si se ha llevado a
cabo o no la auditoría de cuentas, el sujeto auditor y el tipo de opinión–.
Dado que las entidades objeto de análisis en este trabajo son las sociedades
mercantiles estatales se ha procedido a extraer del INVESPE los datos necesarios
para la realización del presente estudio.
En el Cuadro 1 se resumen las empresas inventariadas para el período comprendido
entre los años 2003 a 2009 diferenciando entre las que se han auditado, y que serán
el objeto de nuestra investigación, y las no auditadas/no disponibles. En este último
grupo se consideran tanto las entidades que no tienen obligación legal de auditarse
como aquellas de las que el INVESPE no dispone de información suficiente sobre la
auditoría realizada, aun habiéndose auditado.
Cuadro 1. Sociedades mercantiles inventariadas.
Tipo 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Total %
Auditadas 172 81,13 172 80,37 176 80,73 178 78,07 183 79,57 172 80,00 173 82,78 1.226 80,34
No auditadas / No disponibles
40 18,87 42 19,63 42 19,27 50 21,93 47 20,43 43 20,00 36 17,22 300 19,66
Total 212 100 214 100 218 100 228 100 230 100 215 100 209 100 1.526 100
Del análisis del Cuadro 1, se pone de relieve que el número de sociedades mercantiles
dependientes del sector público estatal se ha incrementado de 212 a 230 (8,49%)
entre 2003 y 2007, para posteriormente reducirse a 209 (9,13%) en 2009, respecto a
las existentes en 2007. Por otra parte, las entidades auditadas aumentan de las 172
en 2003 a 183 en 2007, situándose en 2009 en niveles de 2003.
En términos globales, el porcentaje de sociedades mercantiles y asimiladas auditadas
es, aproximadamente, del 80%, respecto del total de entidades inventariadas para
todo el periodo analizado. Si se compara con el porcentaje de entes auditados del
sector público estatal mediante auditorías externas que asciende al 65% (REA-
CGCEE y FIASEP, 2009, p. 22) podemos afirmar que estas sociedades está
auditándose por encima de la media del sector público estatal.
El Cuadro 2 recoge la distribución de las sociedades mercantiles estatales por
sectores de actividad. Se ha utilizado la Clasificación Nacional de Actividades
10 http://www.pap.meh.es/sitios/igae/es-ES/ClnInvespe/Paginas/invespe.aspx
8
Económicas11 (CNAE-93). En la actualidad, está vigente una nueva clasificación, la
CNAE-200912. Se ha optado por mantener la clasificación anterior y crear una
agrupación especial “(Z) Situaciones especiales” para recoger a todas las empresas
que se encuentran sin actividad o están en proceso de liquidación.
Cuadro 2. Sectores de actividad según la CNAE-93. Código Sector de actividad
A Agricultura, ganadería, caza y selvicultura B Pesca C Industrias extractivas D Industria manufacturera E Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F Construcción
G Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
H Hostelería I Transporte, almacenamiento y comunicaciones J Intermediación financiera K Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M Educación N Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social O Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P Actividades de los hogares Q Organismos extraterritoriales Z Situaciones especiales
El Cuadro 3 ilustra la distribución temporal y sectorial de las sociedades estatales
auditadas para el período objeto de estudio. Se aprecia cómo los sectores de actividad
con mayor número de empresas auditadas en los años analizados son el K
(Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales) con 367 (29,93%), el I
(Transporte, almacenamiento y comunicaciones) con 295 (24,06%) y el J
(Intermediación financiera) con 114 (9,30%). Los sectores con menor número de
empresas auditadas son el N (Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social) con
2 (0,16%), el H (Hostelería) con 6 (0,49%) y el M (Educación) con 7 (0,57%).
11 Aprobada por Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93) y modificada por Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). aprobada mediante Real Decreto 475/2007, de 13 de abril 12 Aprobada mediante Real Decreto 475/2007, de 13 de abril.
9
Cuadro 3. Sociedades mercantiles estatales y asimiladas auditadas. Año
Sector
2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % Total %
A 4 2,33 4 2,33 4 2,27 4 2,25 4 2,19 4 2,33 4 2,31 28 2,28
C 4 2,33 4 2,33 4 2,27 4 2,25 4 2,19 4 2,33 4 2,31 28 2,28
D 12 6,98 14 8,14 15 8,52 15 8,43 15 8,20 13 7,56 12 6,94 96 7,83
E 13 7,56 13 7,56 13 7,39 12 6,74 11 6,01 10 5,81 12 6,94 84 6,85
F 3 1,74 3 1,74 3 1,70 2 1,12 2 1,09 2 1,16 16 9,25 31 2,53
G 5 2,91 5 2,91 3 1,70 3 1,69 4 2,19 4 2,33 4 2,31 28 2,28
H 1 0,58 1 0,58 1 0,57 1 0,56 1 0,55 1 0,58 0 0,00 6 0,49
I 47 27,33 48 27,91 48 27,27 46 25,84 44 24,04 29 16,86 33 19,08 295 24,06
J 15 8,72 15 8,72 13 7,39 13 7,30 16 8,74 21 12,21 21 12,14 114 9,30
K 47 27,33 45 26,16 53 30,11 60 33,71 56 30,60 61 35,47 45 26,01 367 29,93
L 4 2,33 4 2,33 4 2,27 5 2,81 9 4,92 5 2,91 5 2,89 36 2,94
M 1 0,58 1 0,58 1 0,57 1 0,56 1 0,55 1 0,58 1 0,58 7 0,57
N 1 0,58 1 0,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,16
O 3 1,74 3 1,74 4 2,27 3 1,69 7 3,83 7 4,07 6 3,47 33 2,69
Z 12 6,98 11 6,40 10 5,68 9 5,06 9 4,92 10 5,81 10 5,78 71 5,79
Total 172 100 172 100 176 100 178 100 183 100 172 100 173 100 1.226 100
Una vez delimitado el colectivo objeto de análisis, en los epígrafes siguientes se
muestran los resultados que se han obtenido relativos a los tipos de opinión, que
presentan las auditorías de las sociedades mercantiles estatales y otros aspectos
relacionados con las entidades auditoras.
3.2. Tipos de opinión
Durante el periodo comprendido entre 2003 y 2009 se han emitido 1.226 informes de
auditoría. En 921 (75,12%), la opinión fue favorable; en 270 (22,02%), con salvedades;
en 34 (2,77%), denegada; y, solamente, en 1 caso (0,08%), se emitió una opinión
desfavorable (véase Cuadro 4).
Cuadro 4. Informes de auditoría y tipos de opinión. Tipo de opinión 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total %
Favorable 123 122 133 137 140 132 134 921 75,12
Con Salvedades 46 45 36 38 36 31 38 270 22,02
Desfavorable 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 0,08
Denegada 2 5 7 3 7 9 1 34 2,77
Total 172 172 176 178 183 172 173 1.226 100
Si se comparan estos resultados con otros obtenidos en estudios realizados sobre
informes de auditoría de las empresas admitidas a cotización en bolsa, como por
ejemplo el de Cabal (2001, pp. 20-33) se observa que los porcentajes obtenidos son
muy similares. Así, de los 1603 informes analizados en el trabajo citado, un total de
414 (26%) fueron calificados (Cabal, 2001, p. 22).
10
En el Gráfico 1 se representa la evolución de los tipos de opinión recibidos por las
sociedades mercantiles estatales auditadas.
Gráfico 1. Evolución porcentual de los tipos de opinión en los informes de auditoría.
71,5
26,7
0,61,2
70,9
26,2
2,9
75,6
20,5
4,0
77,0
21,3
1,7
76,5
19,7
3,8
76,7
18,0
5,2
77,5
22,0
0,6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FAVORABLE CON SALVEDADES DESFAVORABLE DENEGADA
La distribución temporal de los tipos de opinión, recogida en el Gráfico 1, indica que
las opiniones favorables se incrementan de un 71,51% en 2003 a un 77,46% en 2009;
y las opiniones con salvedades disminuyen del 26,74% en 2003 al 18,02% en 2008
aumentando en 2009 hasta el 21,97%. Las opiniones denegadas presentan una
evolución irregular alcanzando en 2008 su cifra máxima con 9 abstenciones de opinión
(5,23%).
En términos globales, la opinión emitida sobre los informes de auditoría de las
sociedades mercantiles estatales ha mejorado, lo cual se puede traducir en que estas
instituciones han elaborado sus cuentas anuales conforme al marco normativo exigido.
Cabría esperar que la entrada en vigor del PGC en 2008, hubiese incrementado las
opiniones calificadas, ya que la nueva normativa introduce cambios sustanciales en la
elaboración de la información financiera (cita…). Sin embargo, no se aprecia una
modificación en el tipo de opinión derivada de esta cuestión.
Atendiendo al sector de actividad al que pertenecen las sociedades mercantiles
estatales (véase Cuadro 5), se observa que en el sector M (Educación), el 100% de
los informes presentan una opinión con salvedades y el sector C (Industrias
extractivas) es el que, en términos relativos, recibe más opiniones denegadas, con un
14,3%. La única opinión desfavorable se encuentra en el sector I (Transporte,
almacenamiento y comunicaciones). En el H (Hostelería) y en el N (Actividades
11
sanitarias y veterinarias, servicio social), el 100% de los informes presentan una
opinión favorable aunque se debe destacar que éste es el sector en el que hay menos
sociedades mercantiles estatales auditadas.
Los sectores que reciben más opiniones calificadas (con salvedades, desfavorables y
denegadas) son el K (Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales)
con 84 (representa el 27,54% del total) y el I (Transporte, almacenamiento y
comunicaciones) con 69 (supone el 22,62% del total).
Cuadro 5. Tipos de opinión clasificados en función del sector de actividad. Favorable (FV) Con salvedades (SV) Desfavorable (DF) Denegada (DN)
Sector Informes % Informes % Informes % Informes %
A 24 85,7 4 14,3 ---- ---- ---- ----
C 11 39,3 13 46,4 ---- ---- 4 14,3
D 64 66,7 27 28,1 ---- ---- 5 5,2
E 73 86,9 11 13,1 ---- ---- ---- ----
F 23 74,2 8 25,8 ---- ---- ---- ----
G 20 71,4 8 28,6 ---- ---- ---- ----
H 6 100,0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
I 226 76,6 64 21,7 1 0,3 4 1,4
J 94 82,5 16 14,0 ---- ---- 4 3,5
K 283 77,1 74 20,2 ---- ---- 10 2,7
L 33 91,7 3 8,3 ---- ---- ---- ----
M ---- ---- 7 100,0 ---- ---- ---- ----
N 2 100,0 ---- ---- ---- ---- ---- ----
O 23 69,7 10 30,3 ---- ---- ---- ----
Z 39 54,9 25 35,2 ---- ---- 7 9,9
TOTAL 921 75,1 270 22,0 1 0,1 34 2,8
En el Cuadro 6 se resume la distribución temporal de los tipos de opinión emitidos en
los informes de auditoría de las sociedades mercantiles estatales.
Cuadro 6. Distribución porcentual de los tipos de opinión clasificados por sectores. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sector FV SV DF DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN
A 50,0 50,0 ---- ---- 75,0 25,0 ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 75,0 25,0 ---- 100,0 ---- ----
C 50,0 50,0 ---- ---- 25,0 75,0 ---- 25,0 50,0 25,0 25,0 50,0 25,0 50,0 25,0 25,0 50,0 25,0 25,0 50,0 50,0 ----
D 75,0 25,0 ---- ---- 57,1 28,6 14,3 60,0 33,3 6,7 60,0 40,0 ---- 66,7 26,7 6,7 76,9 15,4 7,7 75,0 25,0 ----
E 92,3 7,7 ---- ---- 92,3 7,7 ---- 84,6 15,4 ---- 91,7 8,3 ---- 81,8 18,2 ---- 90,0 10,0 ---- 75,0 25,0 ----
F 66,7 33,3 ---- ---- 66,7 33,3 ---- 66,7 33,3 ---- 50,0 50,0 ---- 50,0 50,0 ---- 50,0 50,0 ---- 87,5 12,5 ----
G 60,0 40,0 ---- ---- 60,0 40,0 ---- 66,7 33,3 ---- 66,7 33,3 ---- 75,0 25,0 ---- 75,0 25,0 ---- 100,0 ---- ----
H 100,0 ---- ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- ---- ---- ----
I 70,2 27,7 2,1 ---- 66,7 33,3 ---- 79,2 18,8 2,1 78,3 21,7 ---- 77,3 18,2 4,5 93,1 6,9 ---- 78,8 18,2 3,0
J 80,0 20,0 ---- ---- 86,7 6,7 6,7 76,9 15,4 7,7 76,9 23,1 ---- 81,3 12,5 6,3 81,0 14,3 4,8 90,5 9,5 ----
K 70,2 27,7 ---- 2,1 75,6 24,4 ---- 79,2 18,9 1,9 81,7 16,7 1,7 82,1 16,1 1,8 75,4 14,8 9,8 73,3 26,7 ----
L 100,0 ---- ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 88,9 11,1 ---- 80,0 20,0 ---- 80,0 20,0 ----
M ---- 100,0 ---- ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ----
N 100,0 ---- ---- ---- 100,0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
O 100,0 ---- ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 100,0 ---- ---- 42,9 57,1 ---- 57,1 42,9 ---- 50,0 50,0 ----
12
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sector
FV SV DF DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN FV SV DN
Z 50,0 41,7 ---- 8,3 45,5 36,4 18,2 50,0 30,0 20,0 55,6 33,3 11,1 66,7 22,2 11,1 50,0 50,0 ---- 70,0 30,0 ----
TOTAL 71,5 26,7 0,6 1,2 70,9 26,2 2,9 75,6 20,5 4,0 77,0 21,3 1,7 76,5 19,7 3,8 76,7 18,0 5,2 77,5 22,0 0,6
La evolución global de los tipos de opinión en los distintos sectores de actividad es
bastante irregular y no sigue una tendencia clara. Por lo que hace referencia a los
sectores con un mayor número de entidades auditadas se observa que en el K
(Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales) el porcentaje de
opiniones favorables oscila entre el 70,2% de 2003 y el 82,1% de 2007 mientras que
en el I (Transporte, almacenamiento y comunicaciones) varía entre el 66,7% en 2004 y
el 93,1% de 2008. El sector Z (Situaciones especiales), donde se encuentran las
empresas sin actividad o en proceso de liquidación, es el que presenta entre 2003 y
2007 mayor porcentaje de opiniones de opiniones denegadas aunque, esta situación
cambia en 2008 y 2009 al no recibir ninguna abstención de opinión.
3.3. Estudio de la frecuencia del tipo de opinión.
Se han identificado un total de 921 opiniones favorables que corresponden a 199
sociedades; 270 opiniones con salvedades, a 106 entidades; 34 opiniones denegadas,
a 16 sociedades; y 1 opinión desfavorable (véase Cuadro 7).
Cuadro 7. Frecuencia de tipos de opinión. Número de opiniones FV % SV % DF % DN %
1 Opinión 20 10,05 36 33,96 1 100,00 8 50,00
2 Opiniones 24 12,06 29 27,36 ---- ---- 3 18,75
3 Opiniones 21 10,55 17 16,04 ---- ---- 1 6,25
4 Opiniones 22 11,06 8 7,55 ---- ---- 3 18,75
5 Opiniones 27 13,57 8 7,55 ---- ---- 1 6,25
6 Opiniones 28 14,07 3 2,83 ---- ---- ---- ----
7 Opiniones 57 28,64 5 4,72 ---- ---- ---- ----
Total 199 100 106 100 1 100 16 100
Como se puede observar en el Cuadro 7, de las sociedades que reciben opiniones
favorables, el 28,64% recibe una opinión favorable durante todos los años que
comprenden el periodo analizado; el 14,07% en seis ocasiones; el 13,57% en cinco; el
11,06% en cuatro; y el resto (32,66%) en uno, dos y hasta tres informes. Por otro lado,
de las empresas que reciben opiniones con salvedades el 33,96% sólo las ha recibido
una vez; el 27,36% en dos; el 16,04% en tres; y el resto (22,64%) en cuatro, cinco,
seis y hasta siete veces. Se advierte la existencia de 5 entidades que obtienen durante
todos los años una opinión con salvedades. En el caso de las organizaciones con
opiniones denegadas se observa que el 50% la recibe una vez, el 18,75% en dos
informes y el resto (31,25%) en tres, cuatro y hasta cinco ocasiones.
13
3.4. Las entidades auditoras
Como se puso de relieve en el apartado 2, las sociedades mercantiles estatales son
auditadas por las firmas privadas y por la IGAE.
El Gráfico 2 ilustra cómo están distribuidos los trabajos de auditoría en estas
instituciones.
Gráfico 2. La entidad auditora.
2,8%
35,3%61,9%
GRANDES FIRMAS OTRAS FIRMAS IGAE
Las cuatro grandes firmas de auditoría (KPMG, Deloitte & Touche, Ernest & Young y
PriceWaterhouseCoopers) absorben el 61,91% de las auditorías de realizadas a las
sociedades mercantiles estatales durante 2003-2009; a continuación, se sitúan el resto
de firmas privadas de auditoría (35,32%); y en último lugar, de forma residual, la IGAE
(2,77%).
Atendiendo a la distribución temporal, el Gráfico 3 presenta la adjudicación de las
auditorías de las sociedades mercantiles estatales entre las grandes empresas
auditoras, otras firmas privadas y la IGAE. Se puede apreciar que durante los primeros
años (2003, 2004 y 2005) el peso de las grandes firmas se mantiene en valores
próximos al 60% para, posteriormente, incrementar su participación desde el 56,7% en
2006 hasta el 68,2% en 2009. La IGAE tiene una escasa relevancia en el control de
las sociedades mercantiles estatales tendiendo a reducirse el número de auditorías
que realiza al pasar del 7% en 2003 al 1,2% en 2009.
Dentro de las grandes firmas de auditoría, Deloitte & Touche realiza el 32,9 % de los
trabajos de auditoría, mientras que KPMG y PriceWaterhouseCoopers tienen una
participación bastante similar (25,2% y 25% respectivamente). Se sitúa en último lugar
Ernest & Young con el 16,9%.
14
Gráfico 3. Distribución temporal de las auditorías según la entidad auditora.
61,0
32,0
7,0
59,9
37,8
2,3
60,2
36,9
2,8
56,7
40,4
2,8
62,3
35,5
2,2
65,1
33,7
1,2
68,2
30,6
1,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GRANDES FIRMAS OTRAS FIRMAS IGAE
A lo largo del periodo objeto de estudio (véase Gráfico 4) se observa que, aunque
Ernest & Young es la que audita menos sociedades mercantiles estatales, ha ganado
cuota de mercado ya que ha pasado de realizar el 11,4% de trabajos en 2003 al 22%
en 2009, en detrimento de KPMG que ha reducido su peso del 26,7% en 2003 al
17,8% en 2009. Por otro lado, aunque sufren algunas variaciones, Deloitte & Touche y
PriceWaterhouseCoopers mantienen su participación.
Gráfico 4. Evolución en la cuota de mercado de las grandes firmas de auditoría.
26,7
37,1
11,4
24,8
28,2
32,0
13,6
26,2
27,4
34,0
16,0
22,6
24,8
33,7
18,8
22,8
27,2
28,9
17,5
26,3
25,0
30,4
17,9
26,8
17,8
34,7
22,0
25,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
KPMG AUDITORES DELOITTE & TOUCHE ERNST & YOUNG PRICEWATERHOUSECOOPERS
Si se analiza el tipo de opinión atendiendo auditor (véase Gráfico 5) se observa que
las otras firmas privadas tienen un porcentaje de opiniones favorables superior al
15
emitido por las grandes firmas (un 79,45% frente a un 72,6%), y que la IGAE ocupa
una posición intermedia entre ambas. Asimismo, la proporción de informes con
abstención de opinión es superior cuando auditan las grandes firmas y la IGAE que
cuando lo hacen el resto de firmas privadas (un 3,43% frente a un 1,85%).
Gráfico 5. Tipos de opinión según la entidad auditora.
72,6
24,0
3,4
79,4
18,5
0,21,8
76,5
23,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
GRANDES FIRMAS OTRAS FIRMAS IGAE
FAVORABLE CON SALVEDADES DESFAVORABLE DENEGADA
Los estudios empíricos llevados a cabo por diversos autores ponen de manifiesto que
el tipo de opinión difiere de forma significativa en función de la firma que audite a la
empresa (DeAngelo, 1981; Sánchez y Sierra, 2001, p. 371). Sin embargo, este trabajo
solo muestra que el resto de firmas ha emitido un porcentaje mayor de informes
favorables que las grandes firmas y la IGAE, no pudiendo determinar las causas que
han determinado estos resultados. La literatura empírica señala que el tamaño de la
entidad (Gosman, 1973: 5), el sector (Sánchez y Sierra, 2001: 371), la obtención de
pérdidas y la opinión del año anterior (Monroe y Teh, 1993: 104), los honorarios del
auditor (Ireland, 2003: 1007) o su cualificación (Olivas, 2009: 49) pueden influir en el
tipo de opinión de los informes de auditoría. Por tanto, se necesita aplicar técnicas
estadísticas (p.e. modelos de regresión) que exceden de los objetivos planteados en
este trabajo, de carácter exploratorio.
Por último, se ha ampliado el análisis de las distintas entidades auditoras,
considerando el ámbito temporal y el tipo de opinión. El Gráfico 6 refleja que, a lo largo
del periodo estudiado, las opiniones favorables tienden a incrementarse, en el caso de
que los auditores sean las grandes firmas, ya que este tipo de opinión se eleva del
66% en 2004 al 78% en 2009. Cuando quienes auditan son el resto de firmas
privadas, la cifra se eleva del 72,7% en 2003 al 81% en 2008, para reducirse en 2008
16
hasta el 77,4%. Todo ello refuerza la conclusión de que se produce una mejoría en la
información financiera que suministran las sociedades mercantiles estatales para el
período 2003-2009, incluso cuando en 2008 entra en vigor el nuevo PGC que podría
prever un cambio en esta tendencia, ya que la incorporación de una nueva normativa
puede generar incumplimientos en la elaboración de la información financiera.
Gráfico 6. Distribución temporal de los tipos de opinión según la entidad auditora.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
GRANDES FIRMAS OTRAS FIRMAS IGAE
FAVORABLE CON SALVEDADES DESFAVORABLE DENEGADA
4. CONCLUSIONES
El presente trabajo ha analizado el tipo de control a que están sujetas las sociedades
mercantiles estatales, concretamente, la variante de control acometida tanto por las
empresas privadas de auditoría como por la IGAE. Mediante el análisis de la normativa
que regula a estas entidades y del estudio empírico efectuado se concluye lo
siguiente.
En el orden teórico, se constata que la legislación mercantil obliga a todas las
sociedades mercantiles estatales que no pueden formular balance abreviado a
someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas. El resto de entidades pueden
auditarse por iniciativa propia a través de firmas privadas de auditoría y, en algunas
ocasiones, a través de la IGAE si ésta las incluye en su plan anual de auditorías.
Las sociedades mercantiles estatales obligadas a auditarse se someterán a una
auditoría de cuentas anuales que tiene por objetivo verificar si las cuentas anuales
17
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del
presupuesto. Además, en las auditorías realizadas por la IGAE se debe revisar que la
información contable incluida en el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
de carácter económico-financiero concuerda con la contenida en las cuentas anuales.
A nivel empírico, el trabajo pone de manifiesto que:
El 80% de las sociedades mercantiles estatales son auditadas, valor superior
al que presenta el conjunto de entidades auditadas en el sector público estatal
en 2008.
Las empresas estatales presentan un porcentaje bastante elevado de
opiniones favorables en sus informes de auditoría (75,12%). Las opiniones con
salvedades tienen un peso más reducido (22,02%) mientras que las
denegadas (2,77%) y desfavorables (0,08%) tienen carácter residual. A lo
largo del periodo estudiado se observa una mejora de la información financiera
que elaboran estas empresas ya que aumentan las opiniones favorables y
tienden a disminuir las opiniones con salvedades.
Por sectores de actividad se observan diferencias importantes. En educación,
todos los informes presentan opiniones con salvedades y las industrias
extractivas concentran la mayor proporción de opiniones denegadas (14,3%).
En hostelería y las actividades sanitarias y veterinarias, servicio sociales,
todos los informes tienen opiniones favorables.
Teniendo en cuenta la frecuencia en la reiteración de las opiniones, se aprecia
que el número de empresas donde las opiniones favorables se repiten tiende a
incrementarse, justamente al contrario que el número de entidades con
opiniones calificadas (con salvedades, desfavorables y denegadas) que tiende
a disminuir.
Las cuatro grandes firmas de auditoría son las que mayoritariamente realizan
las auditorías de las sociedades mercantiles estatales (61,91%) seguidas a
continuación del resto de firmas privadas (35,32%). La IGAE tiene una
participación muy reducida en las auditorías realizadas sobre este colectivo
(2,77%).
Finalmente, se observa que cuando el auditor es el resto de firmas privadas el
porcentaje de opiniones favorables es superior a cuando lo hacen las grandes
firmas, tendencia que se invierte cuando se trata de informes con abstención
de opinión.
18
En resumen, sobre la base de los resultados obtenidos, se puede afirmar, por un lado,
que las sociedades mercantiles estatales se auditan anualmente de forma significativa;
y por otro, que el porcentaje de opiniones favorables es elevado, si bien por sectores
de actividad existen diferencias sustanciales. No obstante, sería conveniente
incrementar el grado de control, a través de la auditoría, del resto de sociedades
mercantiles estatales no auditadas, ya que si bien su peso en la actividad económica
ha disminuido, su número ha aumentado. Con esta actuación, se evitaría la
desconfianza que ha suscitado en la sociedad la expansión de esta forma instrumental
en nuestro país.
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19
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diciembre de 1992).
20
21
REAL DECRETO 330/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
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de Actividades Económicas (CNAE-93) (B.O.E. n.º 79, de 2 de abril de 2003).
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