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La ciudadanía insurgenteen una era de periferias urbanas globales
Un estudio sobre la innovación democrática,la violencia y la justicia en Brasil*
James Holston
Introducción
Vivimos en un tiempo de urbanización global creciente: los países que habían sido mayormente rurales se han convertido en principalmente urbanos en unas pocas décadas. Simultáneamente, atravesamos una era de democratización global sin precedentes: el número de democracias electorales se ha duplicado desde 1970 y su proporción se incrementó del 33 al 63% de los Estados soberanos del mundo. La magnitud y la velocidad de estas dos transformaciones interrelacionadas son extraordinarias. En algunos lugares, la combinación de su desarrollo produce una condición mundial que es notablemente similar: la mayoría de los habitantes vive en periferias empobrecidas, en condiciones variadas de ilegalidad e irregularidad residencial, alrededor de centros urbanos que se benefician con sus servicios y su pobreza. Sin embargo, este nuevo urbanismo también genera una respuesta característica en todo el mundo: es precisamente en estas periferias donde los residentes organizan movimientos ciudadanos insurgentes para contraponerse a los regímenes de desigualdad que los centros urbanos utilizan para segregarlos. Indudablemente, no todas las periferias producen este tipo de insurgencia, pero su número es suficiente para catalogar este choque de ciudadanías como una categoría global de conflicto.1
* Traducción: Mariana Alcañiz. Revisión: Gabriela Delamata y Alejandro Sehtman.1. Partes de este artículo fueron tomados de mi libro Insurgent Citizenship: Disjunctions o f Demo-cracy and Modernity in Brazil (2008). Los movimientos de ciudadanía insurgente tienden a irrumpir en ciudades en que una gran cantidad de residentes marginales son ciudadanos nacionales. Estos movimientos hacia nuevas formulaciones de ciudadanía se basan en la residencia urbana para la movilización y focalizan en la desigualdad de las condiciones urbanas para la definición de su agenda de reclamo de derechos y prácticas participativas. Dado que sus miembros son también ciudadanos nacionales, a menudo logran transformar también la ciudadanía nacional. Sin embargo, estos movimientos son mucho menos frecuentes en ciudades en que los marginales son residentes extranjeros. Son ejemplo de aquello las ciudades de Brasil, India y Sudáfrica, y de esto último, Singapur, Dubai y ciudades europeas con gran población de trabajadores huéspedes.
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Los resultados de estos procesos de urbanización y democratización son contradictorios. Si este último parece promisorio de ciudadanías más igualitarias (y por lo tanto de mayor justicia y dignidad para los sujetos), en la práctica, la mayoría de las democracias se ven afectadas por un enorme conflicto entre ciudadanos que luchan por las condiciones de pertenencia nacional y la distribución de derechos. Si bien las ciudades han sido históricamente el lugar donde la ciudadanía se expande, la urbanización periférica contemporánea crea condiciones particularmente volátiles; prueba de ello es que algunas regiones de la ciudad se pueblan de extranjeros y de ciudadanos marginados que luchan por no ser excluidos. En décadas recientes, esta insurgencia de la ciudadanía democrática urbana ha quebrantado las fórmulas establecidas de normas y privilegios en las más diversas sociedades del mundo.
No obstante, el resultado de estos procesos es un enredo entre la democracia y sus contrarios, en el que surgen nuevos tipos de ciudadanos urbanos que amplían la ciudadanía democrática y, también, nuevas formas de violencia urbana y de desigualdad que la deterioran.
Este trabajo hace foco en los conflictos específicos de estos enredos de ciudadanía. En primer lugar, quiero destacar que las ciudadanías insurgentes enfrentan lo arraigado con formulaciones alternativas, o sea que sus conflictos son luchas de ciudadanía y no meramente violencia o protestas idiosincrásicas o utilitarias. Al destacar este punto, mi objetivo también es mostrar que, aunque la ciudadanía insurgente puede en ocasiones hacer uso del espacio cívico central e incluso dominarlo, es fundamentalmente una manifestación de la periferia; al tiempo que el espacio cívico urbano, por ejemplo, involucra una idea de centralidad y de soberanías, el mismo diseño arquitectónico, su organización institucional y su uso representan las jerarquías, las legalidades, las segregaciones y las desigualdades del régimen de ciudadanía establecido al que los insurgentes se oponen. Las fuerzas de la centralidad están establecidas en el diseño de la plaza cívica y esa configuración establece las condiciones de un espacio público oficial. Los movimientos insurgentes pueden adoptar estas condiciones para expresar sus protestas: derecho de propiedad, de infraestructura urbana, de justicia, incluso de maternidad, por ejemplo. Pero mientras el centro utiliza la estructuración de lo público para segregar la pobreza urbana a la periferia y reducirla a la “nuda vida”, las mismas estructuras de desigualdad impulsan a estos vecinos a exigir una vida digna de ciudadanos.
Sostengo que no es dentro de la plaza cívica donde los pobres urbanos articulan sus demandas con más fuerza y originalidad sino más bien en el dominio de la vida cotidiana y doméstica, que toma forma en las remotas periferias urbanas en torno a la construcción de la residencia. Es una insurgencia que comienza con la lucha por los derechos a tener una vida diaria en la ciudad acorde con la dignidad de un ciudadano. Por ende, sus demandas por una nueva formulación de la ciudadanía se conciben referidas a la vivienda, la propiedad, el agua corriente, las guarderías, la seguridad y otros aspectos de la vida residencial. Sus protagonistas son los “cuasiciudadanos” del régimen
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establecido: mujeres, obreros, “ocupas”, analfabetos funcionales y, sobre todo, aquellas familias con una tenencia residencial precaria, aferradas legal o ilegalmente a un terreno alejado de los centros de la elite. Estos son los ciudadanos que, al construir y defender su espacio de residencia, no sólo edifican una vasta ciudad nueva sino que también, sobre esa misma base, proponen un orden de ciudadanía diferente.2
La idea de que la urbanización periférica produce nuevos tipos de ciudadanías y de ciudadanos activos contrasta fuertemente con las frecuentes predicciones de catástrofes sociales y medioambientales. Las versiones del siglo XIX presentaban los problemas urbanos como enfermedades del cuerpo social y proporcionaban a los reformadores urbanos justificaciones para la “haussman- nización” de las ciudades europeas y americanas. Estas interpretaciones convertían a algunas poblaciones urbanas en “clases peligrosas” y las ponían en la mira del estudio científico y de la vigilancia.3 Recientemente, una nueva serie de libros con alarmantes títulos sobre “tugurios” (slums) urbanos y los millones de personas que los habitan han alimentado un gran apetito profesional y popular por descripciones apocalípticas sobre la degradación planetaria causada por la urbanización actual.4 No dudo de que mucha gente vive y trabaja en condiciones urbanas miserables y que padece brutalmente la segregación y la contaminación. Mi punto es, sin embargo, que los términos de este género de catástrofe urbana —especialmente el término “tugurio”— homogenei- zan y estigmatizan a la población urbana global. No es sólo que estos términos estigmatizan de inmediato a miles de millones de personas que viven en condiciones urbanas deplorables sino, además, que el estigma del tugurio deja
2. Diversas formaciones de estos movimientos de ciudadanía insurgente se encuentran en todaslas regiones del sur global. Para Latinoamérica, véanse Teresa Caldeira (2000,2006), James Holston (2008), Nancy Póstero (2007); Asia: Sheela Patel, Celine D ’Cruz y Sundar Burra (2002), Boonya- bancha Somsook (2005), Li Zhang (2001); Africa: Jo Beall (2002), Abdou Maliq Simone (2004).3. Véanse Paul Rabinow (1989) y Rose y Osborne (1999) sobre estudios de la patologización de lasciudades europeas en el siglo XIX. Durante ese período, los gobiernos y la ciencia médica comenzaron a considerar la rápida urbanización y las condiciones urbanas en poblaciones masivas que producían, como generadoras de patologías múltiples (enfermedad, crimen, revolución y degeneración moral) y por tanto como legítimo objeto de intervención y regulación. Véase William Cole- man (1982) sobre una historia de esta epidemiología. Sobre respuestas industriales, modernistas y de planificación suburbana, véanse Paul Rabinow (1989), Le Corbusier (1973), James Holston (1989), Becky Nicolaides y Andrevv Wiese (2006).4. Véanse ejemplos en Mike Davis (2006) y Robert Neuwirth (2006). Con el aumento de nuevaspandemias (por ejemplo, sida y síndrome respiratorio agudo severo), las ciudades se consideran nuevamente nodos que irradian infecciones. En el siglo XXI, sin embargo, los riesgos se presentan como globales. Los primeros objetivos para nuevos sistemas de vigilancia y respuesta han com enzado a ser las ciudades del hemisferio sur y su extraordinaria tasa de urbanización. La actual literatura de “catástrofe urbana” ve estas ciudades como sitios donde aparecen patógenos especialmente letales ya que se expanden por los mismos flujos globales que constituyen la urbanización contemporánea. Véanse Debrah Davis y Helen Siu (2007) y Morse (1995). Agradezco a Lyle Fcarnley por estas referencias.
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poco lugar para su dignidad y vitalidad. Este género comprime a las personas dentro de caracterizaciones totalizadoras y de ese modo reductivista reproduce una sobredeterminación de la pobreza urbana que tiene dificultades para reconocer espacios emergentes de invención y agencia.
El problema que señalo aquí no sólo tiene que ver con confrontar la homo- geneización con diferencias antropológicas, aunque esa confrontación es en sí misma esencial para socavar regímenes imperiales de conocimiento y de políticas, y también para detectar potenciales para un futuro diferente. Dicho de otro modo, no sólo se trata de una pregunta empírica para demostrar que los procesos de urbanización son siempre de niveles múltiples, enredados y contradictorios. Aunque tales superposiciones crean complejos paisajes urbanos, mi argumento no se restringe a la inevitable complejidad antropológica sino que consiste, principalmente, en mostrar que los sitios de innovación a menudo surgen del lugar de la degradación metropolitana misma. Particularmente,procuro desarrollar conceptos que puedan discernir este tipo de insurgencia.
Para lograrlo, es necesario estudiar las condiciones urbanas contemporáneas a través de una combinación de etnografía e historia, lo cual se contrapone al género de catástrofe urbana que se apoya en una visión panorámica de la historia para exagerar sus predicciones. Al mirar desde arriba y desde afuera, esta postura no puede reconocer los tugurios como lugares en los que los residentes usan su ingenio para crear una vida diaria de adaptaciones, lazos y estrategias con los cuales habitar las metrópolis modernas en mejores condiciones que las impuestas por poderosas fuerzas locales e internacionales que los desearían segregados y serviles. Estas destrezas, de modo regular y previsiblemente, confluyen en movimientos insurgentes que redefinen la naturaleza de la incorporación social y la distribución de recursos, en suma, en movimientos de nuevas ciudadanías urbanas.
Enfocarse en esta creatividad no significa descuidar las imposiciones de las fuerzas globales del capitalismo, del neoliberalismo, de la democratización al estilo FMI, ni de otras similares; ni tampoco negar la influencia de los factores de clase y raza en la estructuración de las oportunidades de la vida urbana. De ningún modo se idealizan las dificultades para poner en práctica nuevas ciudadanías. De lo que se trata, en cambio, es de relacionar estas fuerzas, factores y dificultades con las vitalidades locales, para mostrar que no las excluyen y que, a menudo, son reconfigurados por éstas. Al resistir tales reducciones, se enfatiza la capacidad de los habitantes de los tugurios para producir algo nuevo que no es fácilmente asimilable a los marcos conceptuales establecidos. Destacar la creatividad de tales prácticas también es hacer visible este proceso, entre las muchas condiciones que existen como potencialidades en la ciudad. De este modo, desarrollar un paradigma de análisis de la urbanización contemporánea que revele esta insurgencia es producir investigaciones clave que no resulten totalizadoras, reductoras o complacientes.
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Acciones insurgentes
A continuación veremos varios ejemplos de ciudadanía insurgente provenientes de mi investigación en Brasil, que comenzó en las periferias y avanzó hasta la plaza cívica. El primero de ellos tiene lugar en los barrios de las periferias pobres de San Pablo, donde he trabajado por más de quince años. Estas periferias fueron pobladas en los años 60 por obreros que construyeron sus propias casas a través de un proceso llamado “autoconstrucción” en terrenos sin ninguna infraestructura, comprados en cuotas a especuladores privados. La autoconstrucción es aún hoy el principal modo de residencia para los pobres, tanto en los barrios en los que trabajo, que están mayormente poblados, como en los barrios nuevos de la periferia en expansión.5
Un día de 1972, un funcionario de los tribunales de San Pablo concurrió a Jardim das Camélias para notificar a los residentes que se había presentado una orden de posesión en su contra, que decretaba su desalojo. Fue el primer indicio para los vecinos de que sus contratos eran fraudulentos y de que su propiedad estaba en riesgo. Al conocer la noticia, una multitud salió a las calles. Cuando el oficial llevaba las órdenes de casa en casa, los hombres lo agredieron, lo derribaron, lo golpearon, esparcieron sus papeles y lo hicieron huir del barrio. El oficial volvió con la policía, que se llevó detenidos a algunos de los agresores. Un grupo de residentes tomó un camión y se dirigió a la comisaría para liberarlos; varios más quedaron arrestados. En las siguientes semanas, los vecinos se unieron en una asociación para luchar contra el desalojo -o, mejor dicho, fueron reunidos por algunos políticos locales que repentinamente aparecieron para ofrecer sus servicios y contrataron a uno de los abogados que los acompañaba. Sin embargo, al poco tiempo, el abogado fue baleado y asesinado cuando salía de una de las casas del barrio. Como me dijo un vecino:
5. Quiero destacar un punto que no siempre es entendido desde afuera (por brasileños y extranjeros): en un gran número de ciudades brasileñas, la mayoría de los habitantes de los tugurios queviven en periferias pobres han comprado de buena fe lotes subdfrididos (loteamentos) y han sidodefraudados. No son ocupas, ni viven en favelas. Una favela es tierra apropiada, sin pago alguno,y constituye sólo uno entre varios tipos de ocupación ilegal en el paisaje urbano brasileño. Dicho de otro modo, en las fauelas, los residentes no tienen derecho a la propiedad de la tierra, aunquesean dueños de su casa y puedan transportarla o alquilarla. Por ejemplo, en San Pablo, alrededor del 10% de la población municipal vive en fauelas. Aunque en algunos barrios de San Pablo y deotras ciudades -principalm ente Río de Janeiro- este porcentaje llega a 30 o 40%, éstas son excepciones. No queremos minimizar la importancia de la favela como residencia del brasileño pobre,porque el 10% de la población municipal de San Pablo es un millón de personas, pero lo más importante es que la división del mundo urbano brasileño en una dicotomía de favelas para lospobres y enclaves fortificados para los ricos es demográfica y morfológicamente falsa. Este mundo es infinitamente más complejo, enredado, contradictorio y vital. Para un debate más profundo sobre las diferencias y las relaciones entre ocupas y propietarios pobres de lotes en San Pablo y sobre la importancia significativa, aunque decreciente, de esta distinción para la movilización ciudadana, véanse James Holston (2008) y Teresa Caldeíra y James Holston (2005).
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E n ese mom ento, era una guerra entre los estafadores de terrenos ynosotros. N o existía la ley. La única ley era la fuerza, la violencia. N osabíam os nada sobre derechos. Todo lo que sabíam os hacer era pegarle alfuncionario judicial.
Treinta y un años después, en 2003, otro funcionario arribó a un barrio similar, Lar Nacional, para exigir que se dejara sin efecto el título de propiedad de un vecino debido a una diferencia en las dimensiones del terreno. Los tribunales habían emitido el título poco antes como título original de propiedad en virtud de la prescripción adquisitiva, un modo legal de obtener la propiedad demostrando ciertos tipos de posesión por un período ininterrumpido. Organizados por la asociación barrial, los vecinos habían pasado más de diez años solicitando que los tribunales aprobaran la petición. Este había sido el primer caso en el que el sistema de justicia había resuelto favorablemente y el residente había recibido un título a su nombre, con su propio plan de terreno y número impositivo. Ahora, un oficial del Departamento Fiscal Municipal lo quería cancelar porque las dimensiones indicadas en el título no coincidían con las del registro del Departamento de Ingeniería. Los vecinos sabían a qué se debía esto: quienes desarrollaron el área habían superpuesto tantos planos de subdivisión a lo largo de los años para usurpar terrenos y timar compradores, que ninguno correspondía a lo verdaderamente construido. Frente a ello y a pedido del abogado de la Asociación, el tribunal había nombrado a un martiliero oficial para que en cada caso de prescripción adquisitiva se crearan planos cabales que anularan todos los demás y definieran como original el de la condición real de ocupación para cualquier título que se emitiera en el futuro.
Aguiar, director ejecutivo de la Sociedad de Amigos del Barrio (SAB), ha seguido durante más de tres décadas todos los casos de conflicto por tierras en la zona. En una conversación me dijo: “Nosotros, los de la Sociedad, estábamospreparados, esperábamos que esto [este tipo de impugnación] sucediera en algún momento”. Por ello, la Asociación les había dado a todos los residentesórdenes estrictas: “Nunca entren en ninguna polémica o discusión con cualquier oficial que aparezca a su puerta; envíenlo a hablar con la Sociedad”. Cuando el funcionario fiscal alegó que “la casa [del vecino] estaba mal”, comodijo Aguiar, “nosotros sabíamos que no era así porque teníamos el [nuevo] título de propiedad, ratificado por el juez; y el juez sólo pudo haberlo ratificadobasándose en el martiliero oficial, que es el ojo de la ley”. Con este conocimiento, Aguiar se enfrentó al funcionario fiscal hablándole de lo legal. Lo desafió a producir un mejor documento que el título y los planos ratificados por tribunales. Asimismo, lo instó a que “buscara la ley”, con lo que quería decir que averiguara exactamente lo que la ley estipulaba para este caso, lo que las cortes habían decretado y a cuáles efectos. Luego explicó meticulosamente al funcionario lo que encontraría si se tomara el trabajo de hacer todo eso. Se explayó acerca del propósito y las consecuencias de la prescripción adquisitiva y le enseñó los documentos del archivo de la Sociedad para demostrar que los pía-
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nos anteriores habían sido cancelados por orden del tribunal y anulados por el nuevo título de propiedad. De esta manera, logró refutar el reclamo del oficial de que las mensuras eran incorrectas porque el vecino había invadido el lote de otro. Al cabo de aproximadamente una hora de esta charla legal, el funcionario se fue, aceptando que su demanda, efectivamente, parecía no tener “mérito”. Jamás apareció; ni éste ni otro funcionario volvieron nunca para seguir con el tema.6
¿Qué ocurrió con los residentes de la periferia urbana pobre en estas tres décadas que convirtieron la violencia en diálogo legal, las reacciones beligerantes en proactividad de ciudadanos que ejercen sus derechos estratégicamente? Cuando viajé por primera vez a Brasil en 1980, advertí que aunque definitivamente se hablaba de gozar de ciertos derechos, la gente los consideraba conferidos por estatus diferentes del de ciudadano, como el de trabajador. Cuando decían “ciudadano”, generalmente significaba alguien con quien ellos no tenían ninguna relación importante, un otro anónimo, un “don nadie”, de hecho, una persona sin derechos, generalmente en circunstancias desafortunadas. Decían “ciudadano” para aclarar que la persona no era familia, amigo, vecino, conocido, competidor o alguien con identidad reconocible, es decir, para establecer, en definitiva, no sólo la falta de una relación personal sino también el rechazo de un otro inconmensurable, sin participación en normas sociales comunes. “Ciudadano” indicaba distancia, anonimato y terreno no común. Esta formulación consideraba además que lo que tales otros se merecen es el derecho, no el derecho como derechos sino el derecho como desventaja y humillación, un sentido que se expresa claramente en la máxima brasileña “para los amigos, todo; para los enemigos, la ley”, sentido que había sido proclamado por los residentes en 1972 cuando le pegaron al funcionario de justicia. En 2003, sin embargo, la charla legal de los vecinos indicaba una inversión de los supuestos de esta máxima sobre lo cercano y lo lejano en el orden social.
Permítaseme dar otro ejemplo de encuentros cotidianos que han sido transformados por el nuevo paradigma de ciudadanía. Estaba haciendo cola en un banco en el centro de San Pablo a mediados de los años 90; como la mayor parte de las interacciones con la burocracia en Brasil, las colas bancarias son famosas por humillar a los pobres y los no privilegiados. Las filas son largas porque todas las facturas (desde cuentas por servicios públicos e impuestos
6. El hecho de que generalmente son sólo los miembros más activos de las organizaciones barriales los competentes para discusiones legales cae fuera de nuestra argumentación sobre nueva ciudadanía. Aunque las bases normalmente no comprenden los complejos razonamientos legales ni pueden producirlos, llevan sus problemas a quienes sí saben —principalmente sus líderes comunitarios y abogados—, en lugar de expresar sus frustraciones con violencia. Los líderes barriales y los archivos constituyen un recurso colectivo que los residentes construyen como grupo para utilizar, individual y colectivamente, cuando sea necesario. Así difunden, generalizan y vuelven deconocimiento público los argumentos legales entre ellos.
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estatales hasta pagos en cuotas) se cancelan en los bancos, y porque la mayoría de la gente hace el trámite personalmente. Sin embargo, los clientes privilegiados no necesitan hacer la cola; los que tienen las llamadas “cuentas especiales” reciben un trato preferencial de la gerencia bancaria. Otros mandan a pagar al cadete. También existen otras pocas categorías de personas privilegiadas: mujeres embarazadas, personas mayores y disminuidos físicos tienen derecho a adelantarse en la cola o a ser atendidos en una ventanilla especial. El resto debe esperar. En mi desafortunadamente extensa experiencia, los que hacen la cola no suelen quejarse, al menos en público. Cuando les pedí a los que sufrían la cola conmigo que me explicaran el porqué de la preferencia, el privilegio o el derecho de algunos y en qué se basaba, le restaron importancia al trato especial diciendo “así es para ellos” (los ricos), “es la ley” o “el banco lo autoriza” (para ciertas personas), y señalaban un cartel que así lo indicaba. Dicho de otro modo, las personas a las que interrogué planteaban cuestiones referidas a la autoridad y la autorización de privilegios, a diferentes derechos para categorías distintas de personas, a la posición y el valor público relativos, a la necesidad y la compensación; en suma, planteaban la resignación a la desigualdad social consolidada en las interacciones públicas cotidianas. No apuntaban a cuestiones como el trato justo, la responsabilidad u otros aspectos de igual importancia.
Esta respuesta sumisa a la negociación cotidiana de la posición pública ocurre cuando la ciudadanía quita poder a los ciudadanos, por más extraño que esto parezca. El “empoderamiento” se da cuando el sentido que un ciudadano le asigna a la ciudadanía, en tanto fuente objetiva de derechos, entraña una sensación correspondiente de poder subjetivo: poder para cambiar acuerdos preexistentes (legales u otros), para pedir cumplimiento, exigir conductas. A su vez, este poder ciudadano establece obligaciones de los otros hacia él. Sin embargo, cuando la gente no tiene poder ciudadano respecto de otros, estos últimos se benefician con la ausencia de obligaciones. Unos son impotentes, los otros inmunes. Tales relaciones de falta de poder para la mayoría e inmunidad para algunos caracterizan exactamente el espacio público del régimen de ciudadanía brasileño que ha sido dominante por siglos.7
En la cola bancaria, reconocí delante de mí a una manicura que trabajaba en un salón de belleza cerca de mi casa. Traté de imaginar las ocupaciones de las demás personas en la fila: trabajadoras domésticas, empleados adminis
7. Tomo el uso de “poder” y de “ responsabilidad” del esquema correlativo de relaciones sociolega- les de Wesley Hohfeld (1978). La tradición del derecho civil (que desciende de la ley romana y predomina en Europa y Latinoamérica) y el Common Laiu angloamericano reconocen estas relaciones de maneras diversas. La primera sostiene que la ley objetiva es la norma a la que un individuo se debe conformar, y el derecho subjetivo es el poder del individuo que se deriva de la norma. El segundo utiliza la noción de recurso legal, lo que implica empoderamiento, y afirma que donde existe un derecho debe haber un recurso legal.
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trativos, cadetes, choferes, vendedores de tienda, muchas de ellas personas de color. La mayoría, si no todos, vivían en la periferia, en barrios como Jardim das Camélias y Lar Nacional, y viajaban al centro para trabajar. Un poco más adelante había un hombre con apariencia de clase media, que vestía saco y corbata. De pronto, un adolescente se coló delante del hombre; se reconocía a simple vista que su ropa era del estilo de clase media para su edad. Ni el hombre ni el adolescente —a quienes uno consideraría “blancos”— se dirigieron la palabra o intercambiaron una mirada que yo hubiera visto. En ese momento, la manicura se adelantó y objetó: “Usted no puede colarse así”. Algunosasintieron, y alguien agregó: “Usted no puede; su lugar está al final”. El adolescente no dijo nada y permaneció adelante. Entonces, el hombre de saco y corbata se volvió a la manicura y anunció: “Yo lo autorizó”. Si el hombre hubiera dicho: “Es mi hijo”, “Es mi amigo” o incluso “Él está conmigo”, ciertamenteésta habría sido una aclaración satisfactoria; pero aunque los dos se conocieran o no (lo cual no estaba claro), el hombre había usado las palabras, el tono y el gesto del poder y el privilegio. La suya era la respuesta previsible para lograr lo que él suponía sería un resultado predecible de este clásico encuentro de identidades sociales brasileñas en el ámbito público. Sin retroceder un paso, sin embargo, la manicura puso este mundo de suposiciones al revés: “Éste esun espacio público”, aseveró, “y yo tengo mis derechos. Aquí, usted no autorizanada. Usted no manda aquí. Usted sólo gobierna en su cocina y a su esposa”. Ella contestó con tal convicción que el hombre se dio vuelta sin una palabra y el adolescente se dirigió al final de la cola.
Dejando de lado el tema de “cocinas y esposas”, la actuación de la manicura indica la fuerza de una nueva convicción sobre la ciudadanía en las clases trabajadoras. Su reclamo por respeto e igualdad, su aseveración pública de derechos y el realineamiento de clase, género y raza en la economía del espacio público manifiestan no sólo el hartazgo con la vieja fórmula de suposiciones cívicas sino también la articulación de premisas esenciales de una nueva formulación de ciudadanía. Establecen una medida radicalmente común entre brasileños que son anónimos entre sí: ni amigos, ni enemigos, pero ciudadanos que para algunos asuntos son iguales. Insisto en que esta representación de una nueva civilidad no ha reemplazado el viejo principio de privilegio para algunos y degradación para muchos -como el hombre de clase superior de nuestro ejemplo presuponía e intentaba caracterizar— sino que, más bien, las dos formulaciones coexisten, dolorosa y peligrosamente, creando la mezcla de elementos contradictorios que constituyen el espacio público brasileño de hoy. Sin embargo, una forma insurgente de ciudadanía se ha alzado, y su surgimiento hace peligrar muchos supuestos de larga data, profundamente arraigados, acerca del cuerpo de la sociedad brasileña. Como resultado de ello, aun en los bancos la actividad de hacer cola ha cambiado. Menos de una década después de la protesta de la manicura, los bancos instalaron una gran cantidad de cajeros automáticos que ofrecen igual acceso a la mayoría de los servicios bancarios.
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Es más significativo aún que esta ciudadanía insurgente saliera de las periferias residenciales, de las actividades cotidianas como las colas bancadas que se habían convertido en campos de batalla del conflicto de ciudadanías y, finalmente, tomara la plaza cívica central misma. En 2002 estuve en San Pablo durante la victoriosa campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, del PT. Se trató de una entusiasta y contundente victoria que redefinió los espacios centrales de San Pablo con los estandartes rojos de “ciudadanía”, “democracia” y “justicia social”. Comprendí que los brasileños votaron por Lula no sólo para exigir un futuro cambio, sino también para aclamar como emblemáticamente suya una historia de vida acerca de lo que ya había cambiado: una historia de industrialización, migración urbana, transformación metropolitana y lucha ciudadana que reconfiguró Brasil en los últimos cincuenta años. Esta es una historia que Lula personifica con carisma; aunque se crió en la periferia pobre de San Pablo, las condiciones urbanas de pobreza no estaban estancadas: llegó a ser un obrero fabril y un pionero urbano. Él y legiones de migrantes impulsaron el boom industrial de San Pablo y transformaron los alrededores, al convertir las casillas —que habían tenido que construir con anterioridad— en casas de material y urbanizar sus barrios. Por medio de su trabajo, devinieron obreros industriales modernos en unas periferias urbanas que forjaron de “la selva”. Para 1980, habían desafiado el poder militar, movilizado las fábricas y fundado un partido político propio, el PT, que organizó aquellos barrios con una mezcla de política de izquierda y catolicismo popular. Después de tres elecciones presidenciales frustradas, Lula y el PT ganaron con más de 60% del voto nacional, con la promesa de un “pacto social” para todos los ciudadanos y una “justicia social” para los pobres.
Lula representa este Brasil del trabajo precisamente porque proviene de las periferias autoconstruidas en las que hoy vive la mayoría de los brasileños y donde construyen sus propias casas, barrios y vida urbana. Como demuestran nuestros ejemplos etnográficos de conflictos en espacios públicos cotidianos, ellos también construyen en sus prácticas urbanas un nuevo ámbito de participación, derechos y ciudadanía. Dicho de otro modo, Lula representa no sólo la “autocreación” de una San Pablo inmigrante e industriosa sino también la experiencia colectiva de construcción de la ciudad en la periferia y su ciudadanía en todo Brasil. Que el gobierno de Lula se hundiera en poco tiempo en una profunda corrupción, al haber canjeado aparentemente su proyecto de justicia social por otro de mero poder, es otro tema, ciertamente trágico, que no puedo considerar en este trabajo. Aquella noche de octubre de 2002, su elección reafirmó el cuerpo y el espíritu de esta compleja autoconstrucción y sintetizó la fuerza nacional sin precedentes en la que se habían transformado las periferias. En sólo unas pocas décadas, las clases trabajadoras urbanas habían construido una fuerza cívica capaz de administrar un duro golpe a ese Brasil todavía dominante en el que la norma histórica de ciudadanía fomenta exclusión, desigualdad, ilegalidad, violencia y las lógicas sociales de privilegio y deferencia como bases de la pertenencia nacional. Así, el desarrollo de peri
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ferias urbanas autoconstruidas había articulado una confrontación entre dos ciudadanías, una insurgente y la otra establecida. Por un tiempo al menos, los ciudadanos de la periferia que hablaban de la ley y actuaban sus derechos habían tomado la plaza central.
Ciudadanía diferenciada
Para rastrear el surgimiento de esta nueva ciudadanía urbana, se necesita comprender el modo como estaba estructurada la ciudadanía de la clase trabajadora. Este es un problema histórico complejo como el de toda ciudad y sus tugurios. El desarrollo de la clase trabajadora de San Pablo está asentado en la repetición de relaciones centenarias entre la tierra, el trabajo y la ley: en políticas de suelo diseñadas para anclar un cierto tipo de fuerza laboral y en ilegalidades que promueven asentamientos y precipitan la legalización de reclamos de propiedad. Las ilegalidades residenciales de las periferias en la actualidad repiten esos viejos patrones, pero lo hacen con un resultado inesperado que acaba por generar nuevas formulaciones de ciudadanía. Dada la profundidad histórica de estos patrones, sólo puedo presentar aquí un bosquejo muy breve de su evolución.8
A principios del siglo XIX, para consolidar su dominio sobre el nuevo Estado-nación, las elites terratenientes de Brasil formularon un régimen de ciudadanía que usaba diferencias sociales que no eran la base de la membresíanacional —diferencias en educación, propiedad, raza, género y ocupación— en la asignación de tratos diferenciados a los ciudadanos. Consecuentemente, se generó una gradación de derechos que restringía su alcance a algunos tipos de ciudadanos y su ejercicio a ciertas categorías sociales privilegiadas. Es esto lo que describo como un régimen de ciudadanía diferenciada, que utiliza aquellas calificaciones sociales para organizar su dimensión política, civil y social, y para regular su distribución de desigualdades. El sistema de ciudadanía así creado era universalmente inclusivo en pertenencia pero masivamente desigual en distribución.
Para mantener esta ciudadanía diferenciada, tras la independencia de 1822 y la abolición de la esclavitud en 1888, las elites gobernantes crearon una doble solución. En primer lugar, para controlar la ciudadanía política, en 1881 determinaron que el sufragio fuera directo, voluntario y restringido a los instruidos. Esta restricción redujo inmediatamente al electorado a una mínima fracción de la población (aproximadamente, el 1%). Además, en la Constitución fundadora de la República (1891), eliminaron el derecho de los ciudadanos a la educación primaria, lo que les hubiera dado los rudimentos de la alfa
8. Esto figura en más detalle en Holston (2008).
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betización. Este derecho ya estaba consagrado —aunque no era llevado a la práctica- en la declaración de la independencia (1824). Mediante este golpe de pluma, la restricción de la alfabetización negó la ciudadanía política a la mayoría de los brasileños por todo un siglo, hasta su derogación en 1985.
En segundo lugar, para dominar los asuntos civiles y económicos, las elites crearon un mercado inmobiliario que legitimaba la propiedad privada y financiaba la inmigración de trabajadores libres. Adaptando ideas del teórico inglés del colonialismo, Edward G. Wakefield, mantuvieron altos los precios de la tierra y bajos los salarios, negando así a las masas trabajadoras el acceso legal a la tierra y a la producción independiente y forzándolas, como resultado, a ser fuente de mano de obra semiservil y barata.
De este modo, la ciudadanía política y la ciudadanía civil se desarrollaron al mismo paso: ambas se hicieron más restrictivas cuando Brasil pasaba, durante el siglo XIX, de ser una nación imperial basada en el trabajo esclavo a convertirse en una nación republicana basada en el trabajo asalariado.
Los regímenes subsiguientes del siglo XX perpetuaron este paradigma de una ciudadanía inclusivamente desigual, al darle forma urbana, industrial y moderna, mediante la incorporación de los nuevos trabajadores urbanos a una esfera pública de ley laboral sin igualdad ni autonomía. Como resultado de la permanencia de este paradigma de ciudadanía diferenciada, hacia 1972 (cuando fue golpeado el funcionario judicial), la mayoría de los brasileños habían sido privados de sus derechos políticos, excluidos de la propiedad, separados de la ley e incorporados al mercado laboral como trabajadores serviles, forzados a habitar segregados y a menudo en condiciones ilegales en periferias sin infraestructura.
Pero la nueva densidad de la vida urbana en estas periferias abrió una posibilidad paradójica, la de desarrollar un ámbito de independencia precisamente en los espacios interiores y -desde el punto de vista de la autoridad central- remotos de los barrios periféricos. Allí, organizados en torno a la vida social y sus necesidades habitacionales, más allá de la ratificación inmediata por el Estado, el partido o el patrón, surgieron nuevos espacios de participación cívica, derechos e imaginación colectiva.
Ciudadanía urbana
El paradigma de ciudadanía diferenciada continúa vigente, después de haber sobrevivido, e incluso haber nutrido, a cada régimen político en los últimos doscientos años (monarquía, dictaduras militares y democracias electorales). Perdura a través de las condiciones que lo habilitan: la exclusión de la propiedad, la negación de los derechos políticos, la ilegalidad residencial, la ineficiencia del derecho y el servilismo. Sin embargo, estas condiciones cambiaron después de los años 40 cuando la mayoría de los brasileños se mudó a la ciudad y construyó las periferias. En la ciudad autoconstruida, los mismos sitios
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históricos de diferenciación promovieron la difusión de una ciudadanía insurgente que desestabilizó lo diferenciado. Esto ocurrió cuando los pobres de las urbes lograron derechos políticos al alfabetizarse, reclamaron el derecho a la propiedad al construir su casa, reclamaron el derecho a la infraestructura urbana, lograron que la ley fuera un recurso en su lucha contra el desalojo, se volvieron consumidores modernos y adquirieron competencia personal debido a su experiencia en la ciudad. Estos logros reafirmaron su lugar como constructores de la ciudad y también los involucraron con el derecho de un modo inédito, que proporcionó a sus líderes la confianza para enfrentar a los funcionarios de justicia con razonamientos legales.
El conjunto de estas experiencias generó entre los residentes de las periferias carenciadas una nueva ciudadanía urbana, basada en tres procesos centrales. El primero creó un nuevo tipo de participación en la esfera pública a través de la cual trataban sus necesidades en términos de derechos, más precisamente derechos que interpelaban sus prácticas urbanas y constituían una agenda de ciudadanía. El segundo les dio una nueva comprensión de las bases de estos derechos y de su dignidad como portadores de derechos. El tercero transformó la relación entre el Estado y el ciudadano, generando nuevos marcos legales, instituciones participativas y prácticas creadoras de políticas. Considero que estos procesos constituyen una ciudadanía urbana cuando se desarrollan bajo cuatro condiciones referidas a la ciudad: cuando la residencia urbana es la base de movilización; cuando la agenda de movilización está relacionada con los “derechos a la ciudad”; cuando la ciudad es la comunidad política primaria de referencia para estos desarrollos, y cuando los residentes legitiman esta agenda de derechos y prácticas participativas sobre la base de su contribución a la ciudad.
Particularmente, quiero destacar la calidad de la nueva participación cívica y el cambio en la concepción de derechos como fundamental en el desarrollo de la ciudadanía insurgente.9 En lugar de domesticar a las “clases peligrosas”, las dificultades materiales y legales de la autoconstrucción las politizaron, convirtiéndose en temas centrales de las organizaciones y los movimientos de base. Estas luchas urbanas no produjeron una masa de brasileños “sólo tenua- mente [...] ciudadanos portadores de derechos” y “no, por consiguiente, miembros cabales de la sociedad civil”, controlados por el Estado —como califica Par- tha Chatterjee (2004: 38) (equivocadamente, a mi modo de ver) a “la mayoría de los habitantes de India” y de, pareciera alegar, “gran parte del mundo”. Por el contrario, los residentes de las periferias brasileñas se juntaron en asociaciones voluntarias para exigir la regularización de su propiedad y la prestación de servicios urbanos básicos, como ciudadanos que exigían derecho a la
9. Véase mi libro Insurgent Citizenskip, especialmente pp. 203-267, para un detallado informehistórico y etnográfico sobre estos procesos de cambio.
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ciudad.10 La mayoría de estas organizaciones se desarrolló con considerable autonomía de los dominios de la ciudadanía establecidos, oficialmente disponibles para las clases trabajadoras. En efecto, las mismas condiciones de lejanía de las periferias permitieron una libertad fuera del trabajo y de la mirada externa, para inventar nuevos modos de asociación. Asimismo, la segregación motivó a los vecinos a exigir su inclusión en la ciudad legal, en su propiedad, infraestructura y servicios.
Estas movilizaciones politizaron a la gente en torno a las demandas de redistribución de derechos a la ciudad enfocadas en las condiciones de la vida diaria en las nuevas periferias autoconstruidas. Los residentes exigieron la urbanización de sus barrios y obligaron al Estado a proveer infraestructura y acceso a servicios de salud, escuelas y jardines maternales. En los últimos veinte años, por ejemplo, los residentes de Lar Nacional han hecho campañas de protesta pidiendo agua corriente potable, cloacas, calles pavimentadas, alumbrado y transporte públicos, recolección de basura, un jardín de infantes y una sala de atención médica. Sorprendentemente, lograron todos estos objetivos, con la excepción del título de propiedad definitivo para sus lotes.
Durante estas campañas, las mujeres emergieron como las líderes más efectivas de este nuevo coro cívico de residentes organizados, logrando así una voz nueva e inquietante. Ellas desarrollaron nuevas estrategias de protesta y politizaron la maternidad como un medio para formular demandas. Además, su compromiso con la ciudad produjo un inédito conocimiento de la burocracia y la ley.11 Junto a algunos hombres, se convirtieron en investigadoras, estudiando los requisitos para cada infraestructura que demandaban y llevando a cabo profundas búsquedas de archivo sobre títulos de propiedad, planos de subdivisión, informes de agrimensura, etc., en departamentos municipales, tribunales y registros. Todo ello, para desenmarañar la enredada historia de títulos del área y acreditar sus reclamos de haber sido compradores estafados en su buena fe. En este transcurso, adquirieron una educación legal y un discurso para comprometer al Estado y a sus elites. Una de las investigadoras y líderes más activas en Lar Nacional, Arlete Silvestre, me contó cómo aprendió sobre los tribunales.
A decir verdad, ni siquiera podía distinguir un tribunal de otro; no sabía qué querían decir sus nombres ni nada sobre ellos. Yo era una amade casa con un bebé. Sólo había terminado la primaria... No sabía nada,pero seguí aprendiendo después de unirme (a la asociación barrial].
10. Para una visión diferente de la de Chatterjee sobre la ciudadanía urbana y su insurgencia enIndia, véase Patel, d’Cruz y Burra (2002).11. Véase también el análisis de Caldeira (1990) sobre el surgimiento de mujeres como líderes demovimientos sociales habitacionales en la periferia de San Pablo.
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Al adquirir conocimientos e insistir en sus demandas, los residentes enfrentaron al Estado por su negligencia como proveedor del bienestar de los ciudadanos. De esta confrontación surgió una esfera mucho más autónoma de ciudadanos autointeresados y competentes. Esta esfera puso en cuestión una concepción básica de la sociedad brasileña inherente al Estado moderni- zador que dominó el país, a saber: que las masas de Brasil son ciudadanos ignorantes, incapaces de tomar decisiones competentes por sí solos y que, por lo tanto, necesitan ser conducidos hacia la modernidad por una elite iluminada. En la formulación insurgente, en cambio, los residentes de las periferias consideran que sus intereses provienen de su propia experiencia, no de los planes del Estado, y que ellos están lo suficientemente informados y son competentes para tomar decisiones.
Las asociaciones barriales también forjaron nuevas confederaciones horizontales de ciudadanos preocupados por la vivienda, los conflictos por la tierra, la infraestructura, los derechos humanos y la administración urbana. Estas confederaciones se convirtieron en movimientos locales e incluso nacionales. El caso más significativo fue el de la participación masiva para redactar la Constitución de 1988, al final del gobierno militar. Este movimiento transformó a los ciudadanos insurgentes de las periferias urbanas en protagonistas clave de la lucha nacional por la creación democrática de una nueva Constitución para la sociedad brasileña. No sólo pelearon para que la Constitución fuera formalmente democrática; también insistieron en participar directamente en su elaboración. Su objetivo era asegurar que sus experiencias —aquellas de las modernas clases trabajadoras urbanas— se corporizaran como una fuente básica de derechos sustantivos y justicia social.12
Durante la convención constituyente (1986-1988), combinaciones de 288 organizaciones plenarias que representaban a miles de grupos en todo Brasil presentaron ciento veintidós enmiendas populares, con el apoyo de más de doce millones de firmas. Algunas enmiendas contaron con más de setecientas mil firmas. Muchas de estas iniciativas tenían que ver con nuevas maneras de garantizar la participación popular en la gestión de gobierno y el manejo de los asuntos ciudadanos. Por ejemplo, bajo estas modalidades se requiere que los ciudadanos participen en la preparación del presupuesto municipal anual, se imponen debates públicos para los planes urbanos maestros y se crean consejos consultivos de ciudadanos. Se trata, sin duda, de innovaciones en la democracia participativa. Otras enmiendas populares que devinieron principios constitucionales y leyes escritas estaban dirigidas a mejorar las condiciones urbanas de los pobres, sobre todo las vinculadas a la vivienda y el derecho a la tierra. Estas últimas constituyen innovaciones de la justicia social. Ambos ti
12. El relato de la participación popular organizada en la Asamblea Constituyente se encuentra en Carlos Michiles et al. (1989).
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pos de innovación presuponen y requieren que las masas de Brasil, que sólo cuarenta años atrás eran “silenciosas y retrasadas”, se hayan vuelto una ciudadanía participativa organizada.13
Esta ciudadanía participativa marcó tan fuertemente el desarrollo del imaginario democrático entre los residentes de las periferias que casi diez años después de la Asamblea Constituyente, podía aún notar en mis entrevistas un sorprendente fenómeno del lenguaje. Una mujer en Lar Nacional me decía: “Es hermoso leer, mire, yo tengo ese derecho. Si usted agarra la Constituintepara leer-yo he leído varias partes-, usted lo mira y dice: increíble, ¿puede seresto un cuento de hadas?, ¿será verdad? Pero si yo no lo uso, no sabré si lo queestá escrito realmente funciona”. Primero pensé que este uso del término Constituinte (constituyente) era un error idiosincrásico de sintaxis, pero despuésde transcribir muchas entrevistas comprendí que esta conmutación terminológica era consistente: cuando los residentes hablan de la Constituigáo, frecuentemente usan, en cambio, la palabra Constituinte. Es decir, a menudo serefieren al texto de la carta constitucional nacional por el nombre de la agencia —su agencia insurgente— que la realizó.
Los derechos
—¿Por qué piensa usted que tiene derechos?-Bien, una parte es lo que nosotros estábamos diciendo. Soy una per
sona honesta, gracias a Dios. No le robo a nadie. Soy un trabajador. Cumplo con mis obligaciones en casa, con mi familia. Pago mis impuestos.Pero hoy pienso lo siguiente: tengo derechos porque la Constituinte [la Constitución) me da estos derechos. Pero tengo que correr tras mis derechos. Tengo que buscarlos. Porque si no lo hago, no me van a caer delcíelo. Sólo la lluvia cae del cielo. Usted puede vivir aquí cincuenta años.Puede tener sus cosas. Pero si usted no corre tras sus derechos, ¿cómo va a hacer que ocurran? (Un residente de Jardim das Camélias desde 1970,miembro de SAB, trabajador textil jubilado)
Las esferas públicas de ciudadanía que surgieron en las periferias brasileñas obligaron al Estado a responder a las nuevas condiciones urbanas, medíante el reconocimiento de nuevos tipos y orígenes de derechos ciudadanos. Estos derechos se relacionaban con cuestiones tanto de sustancia como de alcance que, en general, las leyes e instituciones del Estado habían descuidado. En este sentido, tales derechos se desarrollaron en los márgenes de los su
13. Sobre las nuevas formas de participación y asociación democráticas, véase Avritzer (2004) (ensayos sobre San Pablo). Para un debate sobre presupuestos participativos, véanse Abers (2000) y Baiocchi (2005), y sobre nuevas iniciativas democráticas en planificación urbana, Caldeira y Holston (2005).
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puestos de gobernabilídad establecidos: se ocupaban de los espacios personales y colectivos de la vida diaria de los pobres en las periferias urbanas, tenían que ver con mujeres, hombres y niños, y establecieron obligaciones para proveer servicios estatales. Sin duda, la más grande innovación histórica de estos derechos fue que iniciaron una reconceptualización: sus defensores empezaron a concebirlos como prerrogativa de ciudadanía en general en lugar de categorías diferenciadas de ciudadanos, por ejemplo, la de obrero registrado. Así, la emergencia de un nuevo público participativo en la periferia no sólo extendió la ciudadanía sustancial a nuevas bases sociales, sino que creó también nuevas comprensiones y prácticas de los derechos.
Pero, como sugiere lo dicho anteriormente, esta fundación de derechos permanece como una mezcla de nuevas y viejas formulaciones. Debido a que una de las falencias en la investigación sobre “tugurios urbanos” ha sido descuidar los cambios en la concepción de los derechos, deseo enfatizar su importancia. Cuando les pregunto a los vecinos de estos barrios por qué piensan que tienen derechos y sobre qué base, citan constantemente una amalgama de tres concepciones. Como declaró el trabajador textil, ellos hablan de derechos como privilegios de específicas categorías morales y sociales (“soy un obrerohonesto”), como derivados de su aporte a la ciudad (“pago mis impuestos”, “construí mi casa y ayudé a construir este barrio”) y como escrito en la Constitución(“la Constituinte me otorga derechos”). En otras palabras, presentan un híbrido de lo que llamo “derechos de trato especial”, derechos del contribuyente y derechos basados en el texto de la ley. Esta tipología tiene una organización temporal que sigue las estrategias que los residentes fueron desplegando en sus conflictos de vivienda y terrenos. Por ejemplo, los derechos basados en el texto de la ley aparecen después de la Asamblea Constituyente y permanecen mezclados con los otros dos tipos en discusión. Esto no quiere decir que la gente nunca se haya referido a las Constituciones o a las leyes anteriores pero, cuando ocasionalmente lo hicieron, fue para quejarse de que, con excepción de los derechos laborales, tales normas no se aplicaban a ellos.
En estas tres formulaciones, se usa el mismo concepto para describir la obtención de derechos: se habla de “buscar tus derechos” o “correr tras ellos”. Sin embargo, esto significa algo distinto en cada caso, con diferente resultado. La conceptualización de derechos como el privilegio de ciertos tipos de ciudadanos ha fijado, en sus varias encarnaciones, el sistema establecido de ciudadanía diferenciada. Mientras este sistema prevalezca, la ciudadanía es un medio que distribuye y legitima fuertemente la desigualdad. En la periferia posterior a la Constitución, sin embargo, esta concepción se enfrenta con la concepción insurgente de derechos que están basados en la ley escrita. Esta última concepción plantea que los ciudadanos poseen un valor en derechos no condicionado, independiente de su estatus social o su moral individual. Por consiguiente, esta formulación crea condiciones para la obtención de una ciudadanía más igualitaria. Conformado en tomo a la vivienda propia, el concepto de derechos del contribuyente difunde ambos sistemas de ciudadanía en
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forma ambigua, debido a que, aunque extendida, la autoconstrucción excluye a algunos residentes (por ejemplo, a los que alquilan).14 Pero, en tanto se reconoce universalmente como el generador de periferias, también destaca la libre determinación y los logros de los residentes, alcanzados tanto individual como colectivamente. Así, tiende a promover una ciudadanía de “autoconstrucción” universal y propone un tipo de agencia igualitaria que está ausente del paradigma diferenciado. En las periferias contemporáneas, las tres conceptualíza- ciones de derechos siguen siendo vitales y se mezclan en el desarrollo de la ciudadanía.
Peligrosos espacios de ciudadanía
Deseo terminar esta historia de ciudadanía urbana insurgente complicándola aun más. Su estudio muestra que lo insurgente perpetúa características salientes de lo establecido. En Brasil, esto significa que persisten los valores de la propiedad privada, la práctica de legalizar lo ilegal y la norma de derechos de trato especial, dado que los ciudadanos insurgentes todavía utilizan estos atributos en su reformulación de la ciudadanía. Pero también demuestra que en lugar de alentar, meramente, nuevas versiones de lo hegemónico, lo insurgente desestabiliza: permanece conjuntamente con lo establecido, pero en una inestable maraña que los corroe a ambos.
Bajo la democracia política que los brasileños lograron en 1985, esta corrosión se volvió perversa: mientras que las clases trabajadoras democratizaron el espacio urbano y su público, aumentaron dramáticamente nuevos tipos de violencia, injusticia e impunidad. Las ciudades brasileñas experimentaban un clima general de miedo, criminalización de los pobres, violencia delictiva, apoyo a la violencia policial, abandono del espacio público y fortificación de las viviendas. El poder judicial y la policía se desacreditaron aun más. Por lo tanto, en el momento en que el régimen democrático se estabilizó, el enredo entre democracia y sus contrarios erosionó algunos aspectos de la ciudadanía y amplió otros. Esta concomitancia es la paradoja de la democratización de Brasil.
Sin embargo, difícilmente podría esperarse que la ciudadanía insurgente fuera estable en su expansión; también tiene brechas por las cuales colapsa. Justamente, porque persisten las viejas fórmulas de ciudadanía diferenciada, con la democratización surgen nuevas incivilidades e injusticias. De ahí que el entrelazado de lo diferenciado y lo insurgente tenga un efecto contradictorio. Ello erosiona la coherencia de las categorías aceptadas de dominación que le
14. La proporción de propietarios en la periferia de San Pablo es notablemente alta, entre 70 y 90%, según distintas mediciones (Holston, 2008: 1S3-84). Este porcentaje incluye al ocupa, que habitualmente es dueño de la casa aunque no del terreno. Así, la identidad de dueño de casa es mayoritaria pero no universal en los barrios periféricos.
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daban a la vida diaria un sentido de orden y seguridad. La democracia no es la única fuerza de esta desestabilización; se enmaraña con otras como la urbanización y la privatización. Pero, por sí misma, la democracia provoca reacciones violentas, algunas para restaurar viejos paradigmas de orden y otras para expresar indignación ante la subsistencia de algunos viejos elementos, ahora más visibles porque han sido desestabilizados. Así, la democracia conlleva sus propios tipos de violencia que irrumpen donde ella misma desestabiliza formulaciones más antiguas de orden y de represión.
Los altos niveles de violencia cotidiana entre delincuentes y policía son emblemáticos de esta mezcla inestable de formulaciones de ciudadanías nuevas y antiguas. Esta combinación encuentra su expresión más perversa en la sociedad brasileña cuando los carteles de la droga y los escuadrones de la muerte policiales usan el mismo lenguaje sobre derechos democráticos y estado de derecho para justificar su brutal violencia.15 Aunque mucho se ha escrito sobre esta violencia cotidiana y excepcional, se debe prestar atención a otras expresiones del público urbano acerca del sentimiento de violación e indignación que provoca esta mezcla inestable entre las ciudadanías insurrectas y las establecidas. Me refiero a la incivilidad descarada y a la estética agresiva que son hoy comunes en las interacciones públicas diarias de San Pablo —por un lado, a la práctica elitista de fortificar y privatizar la ciudad en nombre de la “seguridad”, lo que criminaliza a los pobres; por el otro, al conjunto de prácticas sociales y artísticas que nacieron en la periferia pobre, que también son agresivas—. Ejemplos de ello son la combinación de hip-hop y funk que usa la música, la danza y el graffiti para homogenei- zar y antagonizar, reemplazando la cultura made in Brazil —de inclusión,crisol de razas y consenso, consolidada en la música popular brasileña, el carnaval y la capoeira—, por el discurso americanizado de polarización racial y de clase (Caldeira, 2006, sobre hip-hop en San Pablo, y Yúdice, 1994, sobre el funk en Río); la campaña de acción afirmativa en la educación superior que biologiza la “raza” y les asigna categorías bipolares a los brasileños (Fry, 2000; Htun, 2004); la penetración, por parte de las “clases serviles”, de los espacios residenciales antes reservados “sólo para patrones” (Holston, 2008: 275-284); la falsificación y exhibición de artículos elitistas para demostrar conocimiento de la moda globalizada y de su acceso a ella (ídem); los actos cotidianos de transgresión y de falta de respeto en el espacio público (en el tránsito, por ejemplo) que se consienten y, en ese sentido, celebran la norma de impunidad. Para aquellos que durante siglos han manifestado su dominio
15. Sobre violencia, crimen y fortificación durante el período contemporáneo de democracia política en San Pablo, véase el estudio clásico de Caldeira (2000). Sobre el uso del lenguaje de la democracia, los derechos y la justicia que hacen tanto las pandillas como la policía, véanse Caldeira (2006) y Holston (2008: 271-309).
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a través del privilegio, todas estas prácticas reemplazan la expectativa de deferencia de la clase baja por actitudes de confrontación.
Según lo analiza Caldeira (2006), la música rap en los movimientos hip- hop de San Pablo es tocada por hombres jóvenes que homogeneizan deliberadamente las periferias con las que se identifican, como espacios de desesperación, emblemáticos de la peor desigualdad y violencia: “Se posicionan en la periferia, se identifican a sí mismos como pobres y negros, expresan un antagonismo racial y de clase explícito y crean un estilo de confrontación que deja poco espacio a la tolerancia y la negociación. Su rap y literatura establecen una distancia infranqueable e innegociable entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre centro y periferia” (117). Con un lenguaje diferente, los taggers(dibujantes) de graffiti, mayormente de la periferia, go áll city (van por toda laciudad), una expresión neoyorkina que caracterizaba al movimiento graffiti en los años 70. Apuntando especialmente a las superficies que parecen inaccesibles, ellos no dejan ningún perfil de la ciudad libre de su escritura verticali- zada y repetitiva. Su objetivo no es sólo asaltar, por estos medios, las privatizaciones que buscan la seguridad para algunos; es también el de crear un nuevo público visual de superficies metropolitanas que la gente no puede evitar ver, un nuevo exterior urbano que los taggers saben que la mayoría de losvecinos juzga feo, incomprensible, delictivo y prueba inequívoca del deterioro del espacio urbano y de su público. El punto es que los taggers celebran esacondena.
¿Se pueden ver estas faltas de civilidad como una expresión de ciudadanía insurgente, como formas de protesta y acción cívica, cuando parecen destinadas a perturbar las presunciones acerca de los tipos de inclusiones, deferencias y jerarquías que sostenían la ciudadanía diferenciada? Por cierto, las elites no las ven como nuevas proximidades sino como intrusiones en el espacio público y doméstico que alguna vez dominaron por completo. En consecuencia, responden creando nuevos tipos de distanciamiento. A causa del miedo, la desconfianza y la indignación, las elites se alejan del tipo de contacto personal cotidiano que hizo famoso su estilo de dominio (o régimen de ciudadanía diferenciada), por sus congenialidades superficiales, ambigüedades lúdicas e inclusiones simuladas. En cambio, desarrollan una serie de nuevas barreras sociales y físicas. Por un lado, muestran su desprecio explícitamente y terminan por criminalizar de manera racista a las clases bajas, lo que se opone a los derechos humanos y sustenta la violencia policíaca; por el otro, se amurallan dentro de cercamientos residenciales y comerciales resguardados por seguridad privada y vigilancia de alta tecnología, lo que hace explícita la dura realidad del “conoce cuál es tu lugar” , una regla que solía ser mucho más implícita.
Puede parecer poco creíble considerar expresiones de ciudadanía a estos lenguajes “marginales” —tagging, rap, moda, polarización racial, falta de respeto e insubordinación- pero, en realidad, trastocan las ideologías de inclusión universal que sostuvieron la formulación de ciudadanía diferenciada de
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la elite dominante. En efecto, estas ideologías desdibujaban —en el sentido de hacer menos apreciable— la masiva y brutal distribución desigual, expresada en una variedad de visiones nacionalistas, instituciones culturales y convenciones sociales (por ejemplo, “la democracia racial”, el carnaval y el juego de clasificaciones raciales). A través de ellas, la civilidad del régimen establecido resaltaba la inclusión, la adaptación, la ambigüedad y la heterogeneidad como lenguajes de relación social. Estos discursos de inclusión son complementados por las convenciones culturales de seducción que dan a las relaciones personales de género, raciales y económicas diferenciadas una pátina de aceptación cómplice, un sentido de intimidad que oculta y mantiene a la vez las desigualdades fundamentales: me refiero a las ambigüedades seductoras producidas a través de artificios como los intraducibies jetínho, malicia, malandragem, jin- gajogo de cintura y mineirice, unlversalizados en las instituciones del samba,el carnaval y la capoeira, todas ellas celebradas en la cultura brasileña.
Mi argumento es que estas ideologías y convenciones de inclusión se han vuelto menos convincentes sólo recientemente. Cuando la ciudadanía insurgente perturba a la ciudadanía diferenciada, estas formulaciones de inclusión dominantes se debilitan y las desigualdades que ocultan se vuelven intolerables. Al aumentar su desgaste, son reemplazadas por una incivilidad descarada en las relaciones cotidianas. El problema para la sociedad brasileña contemporánea es que, aunque la distribución injusta permanece, su imprecisión ha perdido eficacia. Este deterioro creciente expone la dura realidad de la desigualdad “para que los brasileños la vean”. De ahí que, al reclamar para sí la ciudad por medio de diversas prácticas, los del centro y los de la periferia se vean, unos a otros, como hablándose a través de lenguajes insultantes.
Las innegables exageraciones de violencia, injusticia y corrupción en el período actual de democracia política pueden considerarse, entonces, de este modo: las groseras desigualdades continúan pero los pactos políticos y culturales que las han sostenido están desgastados. Este flagelo de la epidermis social transforma la ciudad y la sociedad, y produce asperezas, indignación y exageración. En este sentido, se podría decir que los profundos cambios democráticos encamados en este proceso necesariamente producen incivilidad como lenguaje público de resistencia e insistencia.
Concluyo que, aunque la democratización de Brasil no ha podido superar estos problemas, las configuraciones contrarias de violencia e injusticia tampoco han podido impedir el desarrollo de medidas significativas de innovación democrática. Sobre todo, la democratización no ha frenado la legitimación generalizada de una ciudadanía insurgente democrática. De momento, en Brasil, como en muchos lugares, no prevalece ni la democracia ni sus contrarios. Con sus raíces, ambas permanecen entrelazadas y, sorprendentemente, sobreviven juntas.