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La concertaciónsocial en el períodosocialista: la crisisde un modelode intercambio

Alberto Oliet Palá

1. Introducción

E n el presente trabajo se va a tratar laconcertación social en el período enque gobernaron los socialistas, es

d e c i r entre 1982 y 1996. El momento elegidoes muy significativo en términos comparati-vos. En primer lugar porque en el mismo–desde los años 1987 a 1995 ambos inclusive–se produce el período crítico de la concerta-ción social en la democracia española, puesdesde sus comienzos en 1976, hasta la fecha,el marco institucional de interlocución socialha funcionado con la suficiente fluidez comopara que se suscribieran pactos sociales suce-sivos. Fueron siete años en los que los esfuer-zos de las partes implicadas, en líneas genera-les fracasaron. Solo algún pacto parcial y poco«pacificador» se produjo, como veremos. Loque contrasta con el resto del período demo-crático, entre el 76 y el 87 y entre el 96 y el2000, en el que destaca un continuun negocialexitoso, llevado cabo por gobiernos de distin-to signo: UCD, PSOE y Partido Popular. Des-tacar la red causal implicada en el fracaso de laconcertación, especialmente cuando se produ-ce con un Gobierno socialista, que antes lahabía llevado adelante con cierta facilidad,apoyado por el sindicato hermano –UGT– esde suyo importante.

Pero aún más lo es definir la dinámica espe-cífica de esta crisis, coincidente pero al tiempodiferenciada –por su falta de sincronía– con laque se da en líneas generales en el resto deEuropa. Como en esta, la concertación ennuestro país fracasa en correspondencia con lasuperación del ciclo económico recesivo de lossetenta y se reinicia en el nuevo ciclo crítico delos noventa. Pero en ambos casos con un noto-rio retraso. Es así peculiar, en primer lugar, lapersistencia de la concertación social quesobrevive hasta el año 1986, a pesar de la cri-sis desencadenada en los otros países europeosnada más iniciarse la década. Que fue de talmagnitud que afectó a Escandinavia y a Aus-tria, sedes de los modelos mas estructuradosde neocorporativismo. Hasta el punto de queentró en crisis la teoría que lo había tratado deanalizar, que si no del todo abandonada, fueobjeto de una autocrítica reduccionista (Sabel,1981, págs. 251 y sigs.; Esping-Andersen,1985, págs. 100 y sigs.; Wright, 1992, págs.

127Título del artículo

Alberto Oliet Palá. Universidad de Málaga.Política y Sociedad, 37 (2001), Madrid (pp. 127-149)

226 y sigs.; Schmitter, 1985). En España entrelos años 82 y 86 se siguen estableciendo acuer-dos de todo orden, sustentados en las relacio-nes de solidaridad socialdemócrata estableci-das entre el PSOE y la UGT, entre los quedestaca uno trilateral y de amplio espectro, elAES de 1984, con vigencia hasta el 1986.Aunque los determinantes obvios implicadosen este retraso son la llegada al poder delPSOE en 1982, que arrastra a la UGT a la con-certación, y un cierto retraso en la superaciónde la crisis económica, otras circunstancias lomatizan definiendo su especificidad.

En segundo lugar, la aparición de una crisisen el consenso social, que se prolonga hasta elfinal de la ultima legislatura socialista en 1996,momento a partir del cual se hará efectiva denuevo la concertación social, pero solo cuandoel Partido Popular sustituye al PSOE en elGobierno. Los condicionantes económicos yotros determinaron una reemergencia de laconcertación social en toda Europa, de formatan generalizada que el fenómeno ha sido ana-lizado como un renacer del modelo corporati-vista de formulación de políticas públicas (Fer-n e r, A., y Hyman R., 1998; Schmitter, 1997).Los pactos además han afectado a multitud dematerias, aunque junto a la clásica de la políti-ca de rentas, en los noventa se ha intensificadoel esfuerzo tendente a una reforma consensua-da del Estado del Bienestar, con el objetivo deeludir el w e l f a re without work, la recurrentepatología europea (Ebbinghaus, A.H., 1999).

A pesar de esa orientación más generaliza-da la casuística ha sido muy variada. En la ten-dencia mayoritaria, orientada al consensosocial, se observan desde ejemplos impecablesde continuidad corporativa como el de Austria(Talos y Kittel, 1999) y el de Holanda (Vissery Hemerijck, 1997), hasta casos excepcionalesen espacios poco consociativos como el Italia-no, en donde ha funcionada con flexibilidad yeficacia la reforma concertada del Estado delBienestar y la puesta en común de la políticade rentas (Regini y Regalia, 1997; Niero,1196). En la minoritaria se observan fracasosnotables y sorprendentes como el ocurrido enSuecia (Pestoff, 1999), en donde se desmante-ló todo el entramado institucional corporativoa comienzos de los noventa; o menos sorpren-dentes pero importantes como el producido enFrancia (Boyer, 1997), en donde ni desdegobiernos de izquierda ni de derecha se ha

acertado a concluir pactos; o no tan absolutospero significativos dada su tradición corpora-tiva, como el que se ha dado en Alemania(Streeck, 1997), en donde, junto a ciertos éxi-tos (ajuste fiscal en el 1993), se cuentan másfracasos en los intentos de abordar la modera-ción salarial centralizada y la reforma del Bie-nestar. El caso español se inscribe en la ten-dencia mayoritaria, aunque el período de 1991a 1996, que marca el momento más álgido dela concertación europea exitosa, ha de ser con-siderado como tiempo perdido para un consen-so social, que resultaba inexcusable.

Debo reseñar dos límites que afectan en dis-tinto sentido a este trabajo. El estudio enfoca elanálisis de la concertación y su crisis y reemer-gencia, atendiendo al intercambio entre elGobierno y –específicamente– los sindicatosmayoritarios o más re p re s e n t a t i v o s en el ámbi-to nacional. Y, por ahora, es un proyecto deinvestigación abierto, con lo que este estudioesboza una primera hipótesis explicativa, que seampliará y matizará en escritos más extensos.

Se trata de un estudio de caso pero de orien-tación teórica, es decir, del tipo de los que seeligen expresamente en tanto resultan útilespara generar hipótesis; en tanto resultan «cru-ciales» a la hora de confirmar o debilitar unateoría; e incluso, en tanto nos permiten descu-brir desviaciones de la misma 1. En realidadson varios los ámbitos de reflexión científicacon las que este estudio de caso conecta, quese pueden entender además encadenados. Elprimer contraste empírico apunta a las relacio-nes de afinidad entre concertación social y cor-porativismo estructural, especialmente en elgrado de monopolio de la representación deintereses ejercida. El segundo abordaría laconexión entre las opciones estratégicas de lossindicatos, relativas a la concertación social, ysu entorno institucional y –más en concreto–su estructura y fortalezas organizativas. El ter-cero y –en cotinuun– trataría de analizar losposibles efectos que la propensión burocráticapresente en todas las organizaciones hubierapodido tener sobre el consenso y el conflictosocial. Teniendo las tres secuencias teóricascomo punto de referencia para el análisisempírico dos variables: una independiente,que sería la retribución en forma de bienesorganizativos satisfecha por el Estado a lossindicatos más representativos, y otra depen-diente, que sería la concertación social.

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La dificultad para el control de hipótesis delestudio de caso se tratará de eludir por dos vías:primero, la ya referida orientación teórica, quefacilita su integración en la investigación com-parada; segundo, la realización de un compara-ción diacrónica básica, analizando por separadoel caso en los dos períodos en que se fragmenta(Sartori, 1994, págs. 72 y sigs.): El primerotranscurriría desde el comienzo de la primeralegislatura hasta el fracaso del pacto interconfe-deral para 1987. El segundo comenzaría tras lafrustración del mismo y se prolongaría hasta elfinal de la cuarta legislatura socialista.

En el primero de los períodos referidos –quese inicia en un momento de aguda crisis eco-nómica y finaliza en un momento de expan-sión– se continuaría la práctica corporativasurgida en las circunstancias difíciles de latransición y prolongada por los gobiernos de laUCD sin grandes variaciones. El segundo delos períodos –que inversamente se inicia en unmomento de expansión y finaliza con otragrave crisis económica presente– lo significa-tivo sería la inexistencia de concertación tri-partita y la escasez de pactos expresos bilate-rales, aun cuando no se pueden dejar de ladociertos acuerdos –reconocidos o no– que con-tribuyeron a resolver la tensión conflictiva. Lapregunta en términos de comparación sería:¿Que específicas condiciones se combinan enel primer período para producir un resultadohistórico –más consensual–; y que otras lohacen en el segundo para producir otro dife-rente y específicamente más conflictivo?

2. Período corporativo-consensual en fase económica

todavía crítica (1982-1986)

E l éxito del acuerdo social en el prime-ro de los períodos se materializó en elperfeccionamiento de pactos expre-

sos y públicos como lo fueron el acuerdo inter-confederal para 1983 (bilateral empresarios-sindicatos), y el Acuerdo Económico y Social(trilateral, empresarios-Gobierno-UGT, válidopara los años 1984, 1985 y 1986). De otro,acuerdos «discretos» en relación con decisio-nes que finalmente seguirían el trámite legal-parlamentario, protagonizados por la UGT y el

Gobierno socialista: en relación con la contra-tación temporal, la cobertura de desempleo, lalibertad sindical y la reconversión industrial.

Esta línea de consenso social se articuló apartir de las relaciones de solidaridad, tradicio-nal entre partidos y sindicatos socialdemócra-tas, como lo son la Unión General de Trabaja-dores y el Partido Socialista Obrero Español.Cuya génesis histórica hay que situar en unmovimiento social producto de la escisión tra-bajo capital que se disoció org a n i z a t i v a m e n t esolo por la necesidad de defender los mismosobjetivos en dos ámbitos: el sociolaboral y elpolítico. Lo que se traducía en la limitación decada organización a su campo respectivo, elpolítico y el sociolaboral, la coordinación mu-tua de actuaciones y el intercambio (político-electoral y de coordinación económica) entrelas mismas sustentado de acuerdo con lo quecada una podía dar desde su propio campo( Ta y l o r, 1989; Howell y Daley, 1993). La coor-dinación económica, surgida después de laSegunda Guerra Mundial, implicaba una coo-peración sobre el conjunto de la política econó-mica y social plasmada en pactos y la partici-pación correspondiente del sindicato en laelaboración de ese tipo de políticas públicas 2.

Aunque hay que destacar el hecho significati-vo de la existencia en el mundo sindical españolde lo que se ha llamado «estructura bipolar ate-nuada» (Soto, 1997), o desde la perspectiva delanálisis neocorporatista «duopolio representati-vo». Que en la primera legislatura socialista seconfiguraba como un modelo de competenciasindical en el que el otro gran sindicato, Comi-siones Obreras, representaba la opción mas radi-cal, tendente a una estrategia no consensual y demaximización del conflicto. De hecho, aunqueestuvo presente en las negociaciones públicas,acabó autoexcluyéndose de la más importante,el AES y fue excluida de las grandes decisionesconsensuadas de forma casi secreta entre elGobierno y la UGT. Promocionó un alto climade conflictividad e incluso declaró una huelgageneral contra la reforma de las pensiones, queno obtuvo el éxito de movilización necesario porla falta de apoyo de la central socialista. En todocaso no era baladí esa competencia pues la posi-ción de partida de la UGT, en relación conCCOO, era de notable inferioridad en lo que serefiere a su capacidad de movilización y equi-distante en su incidencia electoral hasta elcomienzo de la gobernación socialista 3.

129La concertación social en el período socialista: la crisis...

El núcleo del pacto socialdemócrata en esteperíodo fue la articulación de una política anti-cíclica, pero que ya no se vinculaba al fomentode la demanda agregada –con especial presen-cia del sector público– como había sido el casode la colaboración solidaria en la década críti-ca de los setenta 4. Hay que tener en cuenta quecuando el gobierno socialista español se cons-tituyó en 1982 se encontró con que la economíaespañola se encontraba en su peor momentodesde 1977 5. Observándose en la cercanía elfracaso del primer Gobierno socialista francéso del griego de Papandreu en su intento de lle-var a cabo una política de expansión de lademanda interna al margen del contexto econó-mico internacional. Ello facilitó la elaboraciónpor los economistas gubernamentales de unprograma económico distanciado de la presiónideológica del propio partido. En el que, frentea los problemas del retraso del ajuste producti-vo, el excesivo crecimiento de los salarios en laindustria, del gasto público en relación con losingresos y la reducción de la tasa de ahorro, seplanteaban medidas de saneamiento –reduc-ción de la tasa de inflación, la reducción deldesequilibrio de la balanza del comercio exte-rior y del déficit– y de reforma económico ins-titucional –reconversión industrial, ajuste ener-gético, flexibilización del mercado del trabajoy las reformas de la empresa pública y de laSeguridad Social (Segura, 1990).

Dados los costes sociales que se derivabande ese programa y la dificultad política deimponerlos unilateralmente el Gobierno socia-lista activó la negociación con los sindicatos yla patronal. Promocionando un tipo de acuerdo

social, mucho más centrado en la oferta ymoderadamente restrictivo, en el que se busca-ba el éxito de su política económica. En el que–formalmente o no– se integrarían las políticasde estabilización y ajuste estructural sobre elsubstrato de la negociación colectiva centrali-zada y la moderación salarial.

La UGT, pese a que todavía mantenía el cri-terio de la importancia esencial del sectorpúblico en la producción y la vieja perspectivade la concertación socialdemócrata, asumióese modelo y esa estrategia de política econó-mica orientada a la oferta. De hecho, en losdos grandes acuerdos explícitos –el AI, del 83y el AES del 84, con vigencia en el 85 y 86– eltema central fue la moderación salarial 6. Peroen negociaciones bilaterales opacas se admi-tieron temas tan importantes como el de lacontratación temporal, que buscaba flexibili-zar la relación laboral e incrementar la produc-tividad. Se reafirmó el sistema ya inauguradopor la ley de 1980 del Estatuto de los Trabaja-dores, ampliándolo y dando paso a nuevasfiguras que hacían posible un uso extensivo dela citada contratación 7.

Estos dos fueron los bloques básicos en quese admitió una cesión en el interés del substra-to representado por los sindicatos 8. Pero hayque llamar la atención sobre dos temas quejugaron un papel crucial en un cierto compro-miso global suscrito por el Gobierno y la UGT:La reconversión industrial sobre la que solo sellegó a compromisos relativos a una imple-mentación de la misma que suavizara sus efec-tos sobre los trabajadores incluidos; y la refor-ma de las pensiones que no llegó a ser pactada.


Elecciones Delega. Delega. Delega. Delega. Delega. Delega. Delega.Año válidas % % % % % % %

CC.OO. UGT USO ELA-STV INTG OTROS NO AFIL.

1978 60.017 65.540 41.897 7.474 1.935 40.270 35.00034,4 21,7 3,9 1,1 20,9 18,1

1980 62.585 50.817 48.197 14.296 4.024 1.672 19.654 25.96030,9 29,3 8,7 2,4 1,0 11,9 15,8

1982 53.605 47.016 51.672 6.527 4.642 1.651 12.238 17.02433,4 36,7 4,6 3,3 1,2 8,7 12,1

1986 70.812 56.065 66.411 6.145 5.372 1.062 16.410 10.83334,5 40,9 3,8 3,3 0,7 10,1 6,7

FUENTE: Ministerio de Trabajo.

Al final –y después de acciones de protesta yalgún desplante retórico– fueron en gran partetoleradas, ocupando un lugar muy significati-vo en el proceso global de intercambio.

Al margen de la inercia ideológica que laamparaba, en la aceptación por parte del sindi-cato socialista hubo una red de motivaciones eintereses muy compleja. La tradición de larelación de solidaridad de la que el sindicatoesperaba grandes beneficios era el marco dereferencia. Hasta el rigor y los costes de lapolítica orientada al equilibrio macroeconómi-co y a la mejora de las condiciones de ofertaeran asumidos por la dirección del sindicato.En la confianza de que de su éxito derivaríanréditos en el medio plazo en términos de cre-cimiento económico y empleo, lo que reporta-ría finalmente beneficios de credibilidad alpropio sindicato hermanado con el partidog u b e r n a m e n t a l .

Pero además, parece obvio que un Gobiernosocialdemócrata –por muy apremiado por laresponsabilidad económica que estuviera– nopodía limitarse a la exigencia de sacrificios,aunque de ellos derivara el omnilegitimadorempleo futuro. En el marco de un juego deintercambio global, mediando pacto expreso ono, se dio satisfacción a determinadas deman-das del sindicato socialista. En el tema de lajornada, cuyo límite se generalizó a cuarentahoras semanales, y en el de las vacaciones,cuya duración se extendió a treinta días paratodos los casos. También el primer AcuerdoInterconfederal se abrió al reparto del empleo,esencialmente a través de la restricción de lashoras extraordinarias y las jubilaciones antici-padas. Las revalorizaciones sucesivas de laspensiones –hasta el año 86– y la fijación delímites mínimos a las mismas fueron medidasde compensación generosas. Pero una preten-sión a la que la que la UGT dio especial trans-cendencia, vinculándola a la cesión en la con-tratación temporal, fue la de la ampliación dela cobertura del desempleo sobre la que selegisló finalmente en agosto del 84 9.

No se puede restar importancia a las aspira-ciones que desde la legislación fueron satisfe-chas por el Gobierno socialista. Pero hay quepensar en la entidad de lo sacrificado: en unabuena parte el empleo fijo, reivindicaciónnuclear en la tradición de lucha obrera; tam-bién las propias rentas salariales que se auto-moderan antes del negociación convencional

en tres años. Además, entre otras cosas, lareducción de la conflictividad en el tema de lareconversión e incluso en el de la reforma delas pensiones, no era una trágala fácil de pasarcon la vista puesta en la ingente masa de afec-tados.

Sobre todo si se relaciona con los interesesorganizativos. En un contexto de pluralismosindical y de intensa competencia, especial-mente en el ámbito de esa «bipolaridad ate-nuada» en la que se sitúan los dos grandes sin-dicatos CCOO y UGT. Debido a la posibilidadque siempre tiene el sindicato competidor derecurrir a la presión y el conflicto para obtenerbeneficios inmediatos de tipo salarial o de con-diciones laborales en general. Con lo que obte-ner de paso beneficios para la organizaciónderivados de una mayor afiliación o de mejo-res resultados en las elecciones sindicales. Esafue la posición que, en términos generales,adoptó Comisiones Obreras 10. Frente a unaUGT que cooperaba con el Gobierno en lamoderación salarial y en la implementación deuna política de gestión de la oferta y que temíala detracción de apoyo que esta situación podíacrear en beneficio del sindicato rival 11. Es untópico la influencia de las cuestiones organiza-tivas en relación con la competencia intersin-dical son determinantes en la estrategia decolaboración o conflicto con los gobiernos(Jordana, 1994).

En la superación del dilema –requerimientoso rganizativos-cooperación solidaria con el par-tido–, planteado a la dirección del sindicatosocialista hay un elemento explicativo deimportancia crucial, que tiene que ver tambiéncon las estrategias vinculadas a temas org a n i z a-tivos. La detracción del poder sindical derivadode la moderación de la demanda sindical cabíaser c o m p e n s a d a por la fortaleza institucional yde otras clases, que sería trasferible por elGobierno socialista. La literatura destaca que encontextos similares –en Francia y bajo la direc-ción política de Rocard y Fabius– se intentaronpactar compensaciones de fortalecimiento sin-dical a cambio de moderar salarios y evitar lasrigideces del mercado (Maravall, J. M., 1995,pág. 222). Como veremos, en España todo elproceso de intercambio en esta fase estuvoenhebrado por la tendencia de la UGT a re c t i f i -c a r la probable pérdida de apoyo entre los asa-lariados, mediante el apoyo del gobierno her-mano a su política fortalecimiento org a n i z a t i v o .


En este sentido la UGT propició, un conci-liábulo opaco pero obvio en sus resultadosfinales, en el que las contrapartidas de peso seorientaron en dos direcciones convergentes: deuna lado, el refuerzo del estatus legal del sin-dicato más representativo –que compartía conCCOO y ELA-STV en su comunidad autóno-ma– y, de otro, desde esta figura, la construc -ción de su propia hegemonía.

Con respecto a lo primero hay que decir queya la Ley de 1980 del Estatuto de los Trabaja-dores, siguiendo la pauta de la promotinglegislation –que tiende a reforzar a los sindica-tos mas implantados–, había establecido esafigura. Pero haciendo depender ese carácter,no del usual nivel de afiliación, sino de laaudiencia electoral cifrada en un nivel mínimodel 10%. El efecto –dada la atribución dedeterminadas competencias en exclusiva a losmismos especialmente la de la negociacióncolectiva– había sido el favorecimiento de unahegemonía compartida, la de CCOO y UGT.Pero la Ley Orgánica de Libertad Sindical de1984 y otras normas pactadas en este períodoradicalizan la figura e incrementan su ventajade origen con respecto a otras organizaciones,dejando cristalizado un duopolio definitivo.

En primer lugar, dificultando la accesibili-dad a la figura y estableciendo lo que la Leyllamó eufemísticamente i rr a d i a c i ó n de lamayor representatividad. Es decir, la capaci-dad de una organización así considerada detransmitir a todos los sectores y ámbitos terri-toriales esa cualidad, con independencia de suéxito electoral en los mismos. Se instituyó asíla omnipresencia de las más representativas.

En segundo lugar, por la concesión en exclu-siva de una serie de derechos en el marco de laacción sindical estricta, que dejaría esta prácti-camente en sus manos. El de contar con localpropio en todas las empresas medias y grandes;el de la negociación colectiva con eficacia e rg ao m n e s en todo el territorio nacional y en todoslos ámbitos por el efecto de i rradiación c i t a d o(incluido el empresarial, antes reservado a larepresentación unitaria); y el derecho a partici-par en los sistemas no jurisdiccionales de solu-ción de conflictos colectivos.

En tercer lugar, mediante el reconocimientolegal del rol institucional de representación delos sindicatos, conferido con exclusividad alos más representativos, ante las Administra-ciones y otras entidades u organismos públi-

cos. Suponía el derecho a ser consultado enmaterias sociolaborales por los poderes públi-cos, a participar en acuerdos marco bilaterales,y en pactos tripartitos con el Gobierno. Tam-bién se ve cumplida por el derecho de las másrepresentativos, ya instaurado pero sobre elque profundizó el AES, a tener asiento prácti-camente en todos los órganos colegiados delos entes públicos, incluidas las empresaspúblicas, así como en determinadas organiza-ciones internacionales y de la Unión Europea.

En cuarto lugar, mediante una reforma delEstatuto de los Trabajadores, que favorecía laconcentración del voto en las dos centralesmayoritarias. La reforma incluía un porcentajede barrera de un 5% para tener acceso a losórganos de representación de la empresa. Loque restaba una representatividad a los minori-tarios, que nutría el volumen de actas de losmayoritarios. Pero especialmente por virtuddel sistema de promoción electoral, desarrolla-do por la citada modificación, que autorizabasolo a los sindicatos más representativos aconvocar los comicios en cada centro de traba-jo. Dada la estructura empresarial española,compuesta de unidades pequeñas con escasoactivismo, la rentabilidad electoral quedabaasegurada para la central que promoviera ypatrocinara el proceso desde fuera. Con ello seinstauraba un sistema en el que el poder sindi-cal actual llamaba al poder sindical futuro.

En quinto lugar, por supuesto, el apoyofinanciero incrementado con los gobiernossocialistas ocupó un lugar central en el juegode compensaciones. Para los más representati -vos la subvenciones establecidas en los presu-puestos en función del éxito electoral eranmuy rentables dada su posición aventajada yreforzada por el nuevo porcentaje barrera. Elautorizado canon de negociación de los Con-venios –cuota abonada por todos los trabaja-dores afectados con independencia de su afi-liación al sindicato negociador–, a quienrealmente beneficiaba era a los sindicatos quela monopolizaban. Además, diferentes deci-siones del gobierno socialista crearon varian-tes de financiación exclusiva de los más repre-sentativos: la subvención de la formaciónprofesional prestada por los sindicatos; losderechos –establecidos por la LOLS– de losc a rgos electivos sindicales a permisos retribui-dos –por el empresario– para el desarrollo de susfunciones, o el derecho al uso temporal de


inmuebles patrimoniales públicos, o a las in-demnizaciones por asistencia a los Consejos deAdministración de las Empresas Publicas o losó rganos de otros entes estatales. Ello con inde-pendencia de los créditos de la Banca Pública.

Pero, con mucho, la contraprestación econó-mica de mayor importancia, fue la resolución delo que ya se había convertido en un contencio-so recurrente, el del Patrimonio Sindical. Acomienzos del 86 una ley trató la doble cuestióndel patrimonio acumulado –el que procedía delsindicato vertical franquista– y del histórico–incautado después de la guerra civil–. Con res-pecto al primero, se dio una cesión de uso de1.200 inmuebles a favor de los sindicatos másrepresentativos, que se beneficiaban además desu mantenimiento a cargo del Estado.

Este conjunto de privilegios pusieron untecho prácticamente insalvable para cualquierfuerza sindical, que no fuera una de las dosgrandes centrales. Pero para la UGT, la únicacentral sindical eficiente en esta negociación,esto no era más que un primer paso desde elque acometer una estrategia más ambiciosa desupraordenación sobre su más poderoso rival,el sindicato Comisiones Obreras. No hay dudade este fué el elemento central, de cierre, de unproceso de negociación difícil, complejo y,finalmente, muy rentable para la UGT.

¿Como se hizo esto?: Mediante la sindicali -zación de la representación colectiva de lostrabajadores. La creación en la ley de LibertadSindical de la sección sindical en la empresacon amplias competencias –la negociacióncolectiva en el interior de misma, por ejem-plo– y superiores garantías, supuso una desva-lorización de la representación autónoma delos trabajadores en el Comité de Empresa,meros medidores desde entonces de la repre-sentatividad sindical. La fortaleza histórica deComisiones se asentaba en esos órganos derepresentación unitarios. La estrategia de laUGT era suplir su escasa implantación de par-tida, mediante el fortalecimiento «por arriba»,desde la ley, del sindicato y de la acción sindi-cal en la empresa con independencia de suimplantación real en la misma.

La normativa electoral pactada y ciertasdecisiones del Gobierno dieron alas al despe-gue ugetista. El inusual sistema español demedir la mayor representatividad –a través delas elecciones sindicales– era más útil a laUGT a la larga, pues esta, frente a una mayor

implantación y más numerosa militancia deCCOO, contaba con el poder de unas siglashistóricas y con el reflejo del potencial electo-ral del PSOE. El cual desde el Gobierno leayudó a romper la equidistancia con CCOO ya intentar la hegemonía electoral.

Un vehículo privilegiado para ello fue lafórmula de promoción externa y sindical de laselecciones, que facilitaba la convocatoria delas mismas en la pequeña empresa, en la que laUGT tenía más gancho electoral y que consti-tuían el grueso de los votantes. La reduccióndel período de cómputo electoral servía almismo objetivo. Las elecciones se habían cele-brado hasta entonces cada dos años, en perío-do electoral abierto. La reforma impuso unperíodo comparativamente muy corto –tresmeses– al que se oponía Comisiones Obreras,que tenía muchas más posibilidades en unenfrentamiento sindical basado en un trabajoexhaustivo empresa por empresa para el que senecesitaba tiempo, que en un enfrentamientopolítico-electoral, en que se aprovechaban máslas características del modelo sindical ugetista.

Por último, el trato diferencial dado al Patri-monio Acumulado y al Histórico resultó ser unapoyo inestimable para la UGT. Hay que pensarque del Patrimonio acumulado solo se distribu-yó el derecho de uso de locales, pero en el histó-rico, al que no tenía derecho CCOO, el Estado seobligaba a su devolución íntegra, mediante laentrega de la propiedad completa de los bienesincautados y a compensar pecuniariamente lap ropiedad de los que estuviese en manos de ter -c e ro s . En este sentido el primer acto importantede ejecución y aplicación de la ley consistió enla entrega a la UGT –en la antesala de las elec-ciones sindicales del 86– de la cuantiosa cifra de4.200 millones de pesetas en concepto de com-pensación por bienes que no se podían restituir.

El intercambio con satisfacción de intereseso rganizativos fue practicado casi en solitariopor la UGT, siendo excluida o autoexcluyéndo-se CCOO en la mayoría de las ocasiones apesar de su carácter de sindicato más re p re s e n -t a t i v o. Lo que en perspectiva no extraña vistaslas compensaciones que obtuvo. El Acuerdo derentas del 1983 ya contó con una normativaque ampliara la capacidad de acción sindical.La gran negociación en torno a la contratacióntemporal y el empleo pudo concluirse gracias aun «aparte» negocial, informal y casi secretoentre el Gobierno y la UGT, en el que se pactó


el contenido de la futura Ley de Libertad Sin-dical y la reforma de la normativa electoral,reforzadoras de la figura del más re p re s e n t a t i -v o . Aunque la negociación paralela en torno ala reconversión no acabó en acuerdo firme, noes desdeñable el factor de contención del con-flicto –favorecido por la UGT– que incorporóaquella retribución organizativa.

Pero el Patrimonio Sindical fue una contra-partida esencial que apareció a lo largo de todoel proceso negociador. Desde el 83 por lo menosse negociaba –con intervención de CCOO–aquél «reparto». La LOLS prometió su devolu-ción. El AES ,todavía con el conflicto de lareconversión detrás, anunció ya un desarrollolegislativo pactado. Pero, sobre todo, la formu-lación que se dio finalmente al tema en el corres-pondiente proyecto legislativo y las ventajasacumuladas por la UGT, permitió suavizar lasenormes tensiones entre este sindicato y elGobierno, que había suscitado el tema de lareforma de las pensiones en la segunda mitad delaño 85.

No hay duda de que esta estrategia concerta-da entre los amigos socialistas, fue la válvulade seguridad que impidió que las grandes con-vulsiones –pensiones, contratación temporal yreconversión industrial– quemaran la alianza.Tampoco de que se trazó con una lógica cohe-rente, que favorecía la incidencia sindical de laUGT en la empresa, y le reportaba ventajas enel mecanismo electoral. Y de la importancia deaquella sobrefinanciación en unos comicioscruciales como fueron los de 1986, en los que,además los votos decisivos estaban en lapequeña empresa, en la que convocar paracrear «espacio electoral» era my costoso. Losresultados electorales se beneficiaron de estaestrategia: la UGT obtuvo un triunfo amplio–el 40% frente al 34,5% de CCOO–, basado enla pequeña y mediana empresa.

3. Período conflictivo(1987-1996)

P asemos ahora a reflexionar en tornoal segundo de los períodos, queinvierte la tendencia concertatoria

del primero desde el 1987 hasta el final de lagobernación socialista en 1996. A efectos ana-

líticos lo dividiremos en dos fases. La primeraocupa el momento del llamado «gran desen-cuentro», que ultima la Huelga General dediciembre de 1988 y que es prolongada por unproceso de negociación iniciado tras ella –acaballo entre la segunda y tercera legislaturas–que se salda en el primer trimestre del año 90con un consenso parcial en torno al gastosocial. La segunda que ocupa todo el resto dela tercera legislatura y la cuarta, el que es recu-rrente el fracaso del pacto social, significativa-mente en relación con el pacto de competitivi-dad de 1991; la ley de huelga de 1992-1993; ylos compromisos para paliar el ciclo crítico–ya en pleno vigor– especialmente orientadasa la reforma del mercado laboral y que ocupala última legislatura.

3.1. RECUPERACIÓN ECONÓMICAY «GRAN DESENCUENTRO»(1987-1990)

En la primera fase se agudiza la conflictivi-dad de manera muy rápida, especialmente porla ruptura de la alianza socialdemócrata entre laUGT y el PSOE, que había sido el motor de laconcertación en la primera legislatura. Se die-ron tres intentos fallidos de pacto social: Laspropuestas de pactos centralizados de rentasincluidas en los acuerdos interconfederales de1987 y 1988 y el pacto de más amplio espectro,instado desde el Gobierno en el verano del 88,que comprendía propuestas orientadas aaumentar la productividad de nuestra economíaal lado de otras orientadas a la mejora de lasanidad o de ciertas protecciones sociales yasistenciales. Característico en esta fase fue elinicio –el año 1987– y consolidación de laestrategia de unidad de acción de las centralesmayoritarias que así agregan capacidad de pre-sión sobre el Gobierno. Desde esa nueva posi-ción le exigen un cambio, un «giro social», queno es asumido por el Gobierno. Finalmente laintensificación de la tensión conflictiva alcanzasu culminacion en la Huelga General dediciembre de 1988. El desarrollo de la jornadaelectoral, su éxito total y sorprendente, creó unambiente de euforia en las centrales sindicales,a las que todo el mundo parecía reconocer unaenorme capacidad de movilización y control desus bases naturales y de influencia sobre elresto de los ciudadanos.


En términos de comparación diacrónica lapregunta resulta obvia: que causó esa quiebra,o mejor, que red de circunstancias determi-naron un cambio tan brusco en el curso de laconcertación social. Una primera –ya aludida–que involucra a otras es fundamental: las di-vergencias en la política económica y en ladinámica de incremento de las transferenciassociales. Que hay que observar desde un cam-bio halagüeño en la perspectiva económica.Pues en el primer semestre del año después detres años consecutivos la previsión de creci-miento –de un 4 por ciento– hubo de ser revi-sada al alza hasta casi un 5,5 por ciento; lainflación parecía controlada y la confianza delos inversores nacionales y extranjeros estabade momento garantizada.

La posición del Gobierno, seguía centra-da 12, en la lucha contra la inflación, confiandoen un saneamiento económico que hicierabajar los tipos de interés, incrementara la com-petitividad exterior, la confianza de los inver-sores y –finalmente– un cambio en el ritmo decrecimiento económico que creara más empleo(Solchaga, 1997, 195 y sigs.). Pero aunque elpropio Gobierno daba por concluida la etapade ajuste «duro», los responsables económicosinsistían en que los problemas estructuralessubyacentes a la economía española –pocoahorro, carencia de iniciativa empresarial, tec-nología obsoleta– exigían el mantenimiento dela moderación en los incrementos de los costessalariales y sociales. Especialmente la desco-ordinación entre la velocidad del ritmo de cre-cimiento del sector real, de un lado, y de lasinsuficientes infraestructuras, de otro, podíaocasionar ineficacias en el funcionamiento dela actividad económica y la retracción de aquelcrecimiento. El Ministro Solchaga se mostrabapartidario –además– de mantener una políticamonetaria prudente y una política fiscal sololigeramente expansiva durante todavía unosaños 13.

Los sindicatos mayoritarios, unidos ya tácti-camente, exigían una «giro social», la redistri-bución del crecimiento económico mediante lapolítica social y la participación de los trabaja-dores en la mejora de la productividad de lasempresas. Por supuesto esta era la posición deComisiones Obreras que –salvando el acuerdointerconfederal de 1983– nunca había consen-tido frenar las demandas sociales frente alGobierno socialista. La posición de la UGT

resultaba más compleja. Aunque hay interpre-taciones que maximizan su distancia de parti-da con respecto a la política económica delGobierno socialista, lo cierto es que en la pri-mera legislatura –en los hechos– la asumieron,como vimos 14. Pero todavía en el 34.° Con-greso Confederal de 1986 se justificaba la ne-cesidad de seguir mejorando la oferta para es-timular la inversión y a la lucha contra lainflación. Incluso los Presupuestos Generalesdel Estado de 1987 contaron con el visto bue-no del sindicato. Ello no quiere decir que nohubiera divergencias de fondo, aunque estasestaban ya presentes desde 1982 15. Pero locierto es que solo hasta bien entrado el año1988 hay un pronunciamiento sin ambigüeda-des y crítico en relación con el modelo de polí-tica económica gubernamental, por su inefica-cia en la creación de empleo, exigiéndose unmayor protagonismo del sector público empre-sarial y de la planificación estatal, aumento deimpuestos, etc.

Las barreras levantadas en los procesos denegociación previos a la huelga general del1988 se referían por supuesto a materias sala-riales: los sindicatos se negaban a mantener lapolítica de rentas que se había venido consen-suando hasta entonces 16. El sacrificio salarialde los trabajadores ya había llegado a su lími-te, con lo que los incrementos debían superar ala inflación prevista y debían ser garantizadosen el propio acuerdo centralizado de rentas. Elgasto público representaba el otro gran esco-llo: de hecho los desacuerdos en el nivel deampliación de la cobertura del desempleo, enlos incrementos de los salarios de los funcio-narios y las pensiones para recuperar su poderadquisitivo, colocaron a las partes en una posi-ción muy distante. Los sindicatos, fuertes en elmomento debido a la progresión positiva delempleo, no rebajaron sus demandas. Ampara-dos en cifras macroeconómicas análisis dirigi-dos a contrarrestar la estrategia mediática de-sarrollada por el Gobierno 17.

Pero el gran conflicto de 1988 necesita serexplicado desde otras puntos de vista para abrir-s e a la red de interacciones real. Atender a losintereses de los agentes implicados en el proce-so de concertación y conflicto en cuanto org a n i-zaciones que tratan de sobrevivir y reforzarseresulta crucial. En el caso del partido socialistaen el Gobierno, ello se vinculaba a la compe-tencia electoral, en la que el éxito depende de


múltiples factores aunque para el supuesto pre-sente son destacables dos: el propio éxito de lapolítica económica y la creación de riqueza yempleo; el apoyo electoral proveniente de larecomendación de la organización sindicalhermana o del apoyo legitimador a las políti-cas del Gobierno.

Obviamente el punto de partida es la necesi-dad de recabar apoyos para la contienda electo-ral. Ahora bien tratándose de un partido c a t c hall, que se diversifica para recabar más votos,el apoyo expreso sindical puede tener efectosambivalentes. Pues podría ahuyentar a las cla-ses medias y al voto centrista tan ansiado 18.Pero ese aspecto no entró en la consideraciónde los dirigentes socialistas a la hora de condi-cionar sus relaciones con la UGT. El apoyoexplícito de la UGT en los comicios de 1982 y1986 no implicó pérdida de apoyos en otrosestratos sociales como mostraron los resulta-dos abrumadoramente mayoritarios. Por otrolado, como ha quedado demostrado, si bien laestrategia catch all fue puesta en marcha por elPSOE al que no le bastaban los votos de lostrabajadores, la misma tampoco hizo que remi-tiera ese voto 19.

Otra cosa era considerar la posibilidad de noganar las elecciones sin el apoyo formal eincluso con la oposición de la Unión Generalde Trabajadores (Con la de Comisiones Obre-ras siempre se había contado). E incluso sipara la victoria electoral no sería necesario elaval sindical a políticas públicas restrictivas,que contrariaban una demanda social crecidapor el ciclo expansivo. Predispuesta, además, auna conflictividad que era muy negativa elec-toralmente. En las distintas iniciativas guber-namentales que se producen en los años 1987y 1988 subyace esa preocupación, que lassucesivas caídas electorales acrecientan 20.

No obstante, la apertura a la negociaciónque derivaba de ello ponía de manifiesto unaexigencia sindical que –según los responsablesgubernamentales– sería siempre un obstáculopara alcanzar sus objetivos macroeconómicos.Lo que mostraba otra dimensión del interés delpartido gubernamental por sobrevivir electo-ralmente: el de la buena marcha de unas polí-ticas de ajuste que en el medio y largo plazogarantizasen el crecimiento, el empleo y –porsupuesto– el voto para el partido que las lleva-ra adelante. Así la no acomodación del Go-bierno a la exigencia sindical del momento, la

decisión unilateral siempre más estricta con lasmedidas de estabilización, también constituíanun activo electoral sobre todo pensando en elelectorado centrista. Y una cuestión a situar enla balanza a la hora de concertar o no. Ademásno se puede olvidar que el atractivo electoraldel propio Presidente de Gobierno –en sintoníaperfecta con su Ministro de Economía– erauna baza a considerar como contrapartida auna posible huida del voto sindical (Boix,1996, pág. 17).

Los sindicatos más representativos teníanrazones organizativas de peso para desechar laconcertación «de oferta». Especialmente vin-culadas a la caída de la tasa de afiliación, queen una progresión muy rápida había descendi-do desde el 30% en 1977 al 13% en 1989 21.Que siempre podía ser vinculada al pactismomoderado. Con la democracia consolidada y laeconomía en crecimiento, ya no estaba tan jus-tificado como lo estuvo en los momentos de latransición política, o durante todo el ciclo eco-nómico recesivo. En esta nueva circunstancialos trabajadores abandonarían en masa a lossindicatos que no radicalizaran sus posicionesal hilo del momento económico. No hay dudade que la interpretación indicada fue desde en-tonces la que obsesionó a los dirigentes sindi-cales condicionando su política de pactos en elfuturo (Fishman, 1989).

CCOO desde la llegada de los socialistas alpoder estaba explotando esa flanco en su com-petencia con UGT, como hemos visto. Partici-pó en pocos procesos de concertación, colocán-d o s e casi siempre en el exterior de los mismosy en el conflicto, para recabar afiliación y –porsupuesto votos– pues era en las elecciones sin-dicales en las que se debatía la posición defuerza respectiva de cada sindicato. Pero espe-cialmente en un momento de crecimiento eco-nómico la línea de la presión conflictiva seintensifica, aceptándose la unidad de accióncon una UGT reorientada estratégicamente. Lacompetencia sindical, en un contexto de creci-miento económico determinó un cambio estra-tégico de UGT. La renuncia al pacto de rentascentralizado y el uso de la presión conflictivapara obtener mejoras en los incrementos sala-riales, la mayor exigencia en política socialpodrían ahora mejorar la afiliación, la capaci-dad de movilización y el potencial electoraldel sindicato a los ojos de sus dirigentes. LaUGT había perdido mucho prestigio en las


grandes empresas debido a su negativa a par-ticipar en las movilizaciones de masas contrala política gubernamental socialista de recon-versión y ajuste (Köhler, 1995, 171) lo que sereflejó ya en las elecciones sindicales de1986 22. El no suscribir el AES había sido muyrentable para CCOO, al utilizar de forma efi-caz su libertad de acción para impulsar subidassalariales superiores donde era posible con elrecurso al conflicto. Eso creó mucha incomo-didad en la UGT, en su dirección, particular-mente entre aquellos que abogaban por unaestrategia sindical autónoma e independientede la política económica del Partido Socialistaen el poder 23.

Es interesante referirse al asunto del Plan deEmpleo Juvenil –presentado en el otoño de1988– que fue la espoleta del explosivo con-flicto huelguístico, pues contenía mezcladoselementos de debate ideológico y protecciónorganizacional. Se pretendía por el Gobiernofavorecer ese tipo de empleo exencionándoloen el pago de cuotas a la Seguridad Social yabaratándolo al excluir la aplicación a los mis-mos de los convenios colectivos. Los sindi-catos se oponían substantivamente a que seexcluyera a un colectivo de las condicioneslaborales generales y se abriera otra vía decontratación temporal y precaria. Pero tambiéntemían su propio debilitamiento. Asentadossobre el substrato, potencialmente más comba-tivo y conflictivo, de asalariados ya empleadosy con contrato por tiempo indefinido, estanueva vía de contratación muchísimo máscompetitiva, haría mella en la capacidad deacción sindical.

En definitiva, característico en esta fasesería el que la debilidad de la que son cons-cientes las organizaciones –muy evidente porla caída de la afiliación pero también por lacreciente dificultad para la movilización–intensifica la orientación estratégica, que prio-riza las condiciones organizativas (Jordana,1994, pág. 168). Pero además la precariedadde su base asociativa, que se traduce ademásen una falta de autonomía financiera, el miedoa la caída de su poder social, les induce lógi-camente a perseverar en la búsqueda otras víasde fortalecimiento exteriores. Cuyo objetivono podía ser otro que el ya planteado desde latransición política: la institucionalización delos sindicatos. Que solo se podía perfeccionardesde la legislación estatal.

Tanto Comisiones Obreras como UGT se ha-b í a n beneficiado de un intercambio iniciado yacon la elaboración del Estatuto de los Trabaja-dores, y proseguido en la segunda legislatura,aun con ese matiz de favorecimiento genéricoa la UGT, negociadora casi en exclusiva. Peroen esta segunda legislatura, aunque la institu-cionalización estuviera ya muy avanzada, lasdificultades organizativas que la nueva situa-ción económica parece plantear a cualquiersindicato que se automoderase, no podían sinodar relevancia a compensaciones de ese tipo.El poder que no emergía en génesis social es-pontánea y parecía incluso perderse por la es-trategia pactista previa, podía ser siempre res-tituido por otorgamientos estatales en forma definanciación, ampliación de las competenciasy funciones semipúblicas, etc.

Indudablemente la presencia de ese tipo decuestiones en la negociación que precedió a lahuelga del 1988 fue muy relevante. Incluso sepuede decir que fueron frustraciones que «avi-varon» la exigencia sindical en un momentocrítico. Así la negativa del Gobierno a admitirque el sueldo de los funcionarios se sujetara ala negociación colectiva en la misma formaque los asalariados del sector privado, en laque los sindicatos más representativos teníantodo el protagonismo 24. O a que los mismostuvieran un papel institucionalizado en la fija-ción de los incrementos de las pensiones. Locierto es que esto les impedía entrar en el santasantorum de la aprobación de los Presupuestospor vía indirecta.

En el mismo orden de cosas el desacuerdoen torno a la composición del futuro ConsejoEconómico y Social, del que los sindicatospretendían excluir al Gobierno y a organiza-ciones de intereses que no fueran las empresa-riales más representativas. O la rotunda nega-tiva del Gobierno a ceder a los sindicatos másrepresentativos la gestión directa de la cober-tura del desempleo, de la que los sindicatosesperaban un importante refuerzo institucio-nal, de afiliación e incluso financiero, en unmomento en el que las cuentas del INEM seencontraban muy saneadas.

En la resolución conflictiva en que conclu-yen los procesos de concertación años 1987 y1988 hay que considerar todos los elementos agrandes líneas arriba expuestos. Que agudiza-ron sus perfiles por circunstancias de últimahora. En el verano de 1988 se produce en los


sondeos de opinión una subida apreciable de laintención de voto al PSOE. En este sentido elumbral de negociación del Gobierno se retraíapues ello implicaba un apoyo a su política eco-nómica y, cuanto menos, que la ruptura de lanegociación, y las consecuencias electoralesde la misma no eran poco peligrosas, incluidoel expreso distanciamiento electoral de laUGT.

Otra circunstancia añadida explica el distan-ciamiento final de las partes. En el otoño deese año, en pleno fragor negociador, se com-prueba que la inflación está siendo notable-mente superior –más del doble– a la del primersemestre 25. Se refuerza con ello la posiciónrestrictiva de los economistas gubernamenta-les. Al margen de las consabidas terapias –co-mo la moderación salarial– que parecían ha-cerse urgentes en esta situación, hay quepensar que, precisamente la asincronía entre elritmo de crecimiento económico y la dotaciónde infraestructuras era un factor esencial en laprogresión inflacionaria. Con lo que la políticapresupuestaria se orientó, de golpe, hacia lasinfraestructuras, en detrimento, claro está, delgasto social.

En relación con la insatisfacción ante posi-bles retribuciones organizacionales que hubie-ran aliviado la tensión, se debe reseñar unatambién ocurrida en la última fase de la nego-ciación: el Gobierno ofendió a los sindicatosmás representativos, al pactar con sindicatosminoritarios el sueldo de los funcionarios ycon asociaciones de pensionistas no sindicales,el incremento de estas trasferencias sociales 26.

En un segundo momento de este períodotiene lugar una negociación de amplio espectroque fracasa en el último tramo de la segundalegislatura para tener un éxito parcial en el pri-mer semestre de la tercera 27. La huelga gene-ral del 14 de diciembre de 1988, que marca elcomienzo de esta fase, fue un éxito de movili-zación muy importante 28, aun cuando su co-bertura mediática y la presión sindical en sec-tores estratégicos, lo sobredimensionó. Pero entodo caso reforzó la posición del interlocutorsocial y forzó al Gobierno a replantear una ne-gociación particularizada –en una posicióndebilitada– en relación a asuntos que en la faseanterior habían llevado al conflicto abierto.Dos aspectos caracterizan a esta fase:

Primero que las posiciones llegaron a apro-ximarse notablemente sin que llegara, sin

e m b a rgo, a fructificar el pacto. En temas conincidencia presupuestaria –pensiones, desem-pleo por ejemplo– las propuestas del gobiernofueron relativamente generosas. Según lohecho público, lo que separó a la demandasindical de la oferta del Gobierno se cuantifi-caba en un cuarto de la exigencia final de lossindicatos 2 9.

Es cierto que el excedente de recaudaciónfiscal y de Seguridad Social en el ejercicioanterior de 1988, no presupuestado, se presu-mía cuantioso, creando expectativas en los sin-dicatos demandantes. Pero también que los sin-dicatos habían obtenido otras cesiones porparte del Gobierno. El Plan de Empleo Juvenilno se había puesto en marcha. En la regulaciónde la negociación colectiva de los funcionariosse había avanzado bastante. Su voluntad pactis-ta quedó clara cuando, a falta de acuerdo, pornorma legal amplió la cobertura del desempleo,aproximó las pensiones mínimas al salariomínimo interprofesional, y las revalorizó todasdando prioridad a las más bajas, amplió el sis-tema de trasferencias sociales con pensiones nocontributivas y universalizó el derecho a laasistencia sanitaria. E incluso hizo previsionespresupuestarias para compensar a los funciona-rios por la pérdida de poder adquisitivo produ-cido en los años en los que sus retribucioneshabían estado congeladas 3 0. Por supuesta eraobvia la intención electoralista de estos tresproyectos. Las elecciones europeas se iban acelebrar en junio y las generales en octubre.

Pero un segundo aspecto se involucra en elanterior y en parte lo explica. Se trata de lasfricciones surgidas en la negociación particu-larizada sobre el empleo por causa del controldel fraude en la contratación temporal. Lossindicatos CCOO y UGT, reivindicaron, enprincipio para contribuir a su erradicación,competencias para fiscalizar todo tipo de con-tratos laborales. Evidentemente, eso implicabaconceder a las centrales mayoritarias atribu-ciones de intervención e inspección en las em-presas, reservadas hasta entonces a la admi-nistración. Los representantes del ejecutivo noconsideraron siquiera este nuevo incrementodel status semipúblico de los sindicatos. No sepuede olvidar esta circunstancia a la hora deexplicar el hecho de que, aun habiéndose obte-nido importantes satisfacciones, ello no sirviópara diluir una tensión, que más bien los sindi-catos parecían querer hacer progresar.


Al primer semestre de la tercera legislaturasocialista se circunscribe otra de las fases de laconcertación, en gran medida continuación–pero exitosa– de las dos anteriores. Se alcan-zaron acuerdos de importancia en relación conla recuperación del poder adquisitivo de los fun-cionarios y de los pensionistas a los que, al mar-gen de un incremento porcentual, se reconocíahacia el futuro una cláusula de revisión automá-tica que las ajustaría a la inflación real. Se mejo-ró el proyecto de ley de pensiones no contribu-tivas incrementándose en un 14 por ciento laprestación. Aunque los sindicatos no consiguie-ron responsabilizar al Estado en el tema delsalario social –impuesto ya en muchas Comuni-dades Autónomas– el pacto mejoró sustancial-mente el subsidio agrario por desempleo 3 1.

Las circunstancias que lo hicieron posible,tras los dos intentos anteriores fracasados, sonde variada índole. De un lado los sindicatosmayoritarios necesitaban rentabilizar lasmovilizaciones para dar satisfacción a susclientes. Además, la negociación se ajustó bas-tante en forma y contenido a la Propuesta Sin-dical Prioritaria, que había sido recientementeelaborada por CCOO y UGT. El Gobierno, porsu parte, tenía la necesidad urgente de un con-senso global con los sindicatos. La nuevamayoría absoluta obtenida en las eleccionesgenerales de octubre de 89 había contrarresta-do el caudal de legitimidad que la huelga gene-ral parecía haber dado a los sindicatos 32. Perohabía puesto de manifiesto la desafección deuna gran parte del electorado urbano. Ademásaquellos parecían seguir ocupando una sólidaposición en una sociedad en la había expecta-tiva de crecimiento económico. Su capacidadde movilización –como demostraban los con-flictos en la calle– y de presión sobre los incre-mentos salariales era de hecho notable.

Obviamente, en el pacto que tanto necesita-ba, el Gobierno debía hacer concesiones deentidad. En este aspecto una circunstanciacomplicaba la cosa: aunque la economía seguíaen fase expansiva, el gran temor –en término dela prensa económica– era su «recalentamiento»3 3. Los fenómenos sucesivos y concomitantesde un nivel excesivo de consumo privado inter-no, de una inflación que se iba incrementandosin control y de un desequilibrio de la balanzade pagos, eran culpables. Muy preocupante enla tensión inflacionaria era un ingrediente quela venía agravando ya hacía tiempo de forma

extrema: la persistencia de un déficit público,que además no podía enjugarse con una restric-ción de la inversiones en infraestructuras, nece-saria para vertebrar el crecimiento. Solo el con-trol salarial –al que se negaban en rotundo lossindicatos– y desde luego una restricción pre-supuestario que contuvieran el déficit, podíanatenuar esa tendencia.

Por tanto en estas circunstancias para el Go-bierno era imprescindible un acuerdo social queminimizara en lo posible las concesiones en losocial. Así, aunque estas se produjeron, se utili-zaron con generosidad satisfacciones del interéso rganizativo para evitar su mayor expansión ycoste presupuestario. Se trataba de «abaratar» elacuerdo social, aunque ello implicara concesio-nes legales que incrementaran la capacidad deacción institucional de los sindicatos más re p re -s e n t a t i v o s. Esta era una solución buscada tam-bién por los dirigentes sindicales, que en aque-llas fecha llegaron a hacer propuestas próximasa la afiliación obligatoria 3 4.

Lo cierto es que el perfeccionamiento delacuerdo social tuvo como elemento clave unaLey de Control Sindical de los Contratos, queahora el Gobierno admitía y en la que los sin-dicatos más re p resentativos apreciaban, nosolo el incremento de su poder institucional,sino también el aumento de afiliación –proble-ma recurrente– que les podía reportar. Se acep-tó también en la negociación colectiva de fun-cionarios el poder de irradiación de aquellossindicatos en un ámbito, además, integrado enlos Presupuestos 35. Por último, para citar sololo más relevante, una reforma legal promocio-nada entonces sirvió para otorgar un papel pri-vilegiado a los sindicatos más representativosen el procedimiento laboral 36. Se puede decirque –el considerado excesivo coste presupues-tario y económico– se intentó reducir dandosatisfacción a las organizaciones sindicalesmediadoras, como elemento moderador de lademanda social 37.

3.2. NUEVO CICLO CRÍTICOY FRUSTRACIÓN RECURRENTEDEL ACUERDO SOCIAL ( 1 9 9 1 - 1 9 9 6 )

Una primera etapa ocupa todo el resto de latercera legislatura socialista, es decir hasta ju-nio de 1993, y tiene como hitos fundamentalesla discusión en torno al Pacto de Competitivi -


dad (o Pacto Social de Progreso) y al proyec-to de ley de huelga. Con respecto al primero,aunque fue ofrecido por el Gobierno ya en elverano del 90 se acabó negociando con losagentes sociales un año después. La propuestagubernamental, cuyo objetivo era la culmina-ción de la unión económica y monetaria, que-ría favorecer un crecimiento económico supe-rior al europeo. Lo que pasaba por alcanzaruna tasa de inflación similar a la de los paísesmás avanzados y, en conexión con ello, por lacontención del déficit público. Rechazadas porimpracticables políticas restrictivas de lademanda interna de tipo monetario o fiscal, elGobierno ponía su confianza en una desacele-ración pactada del crecimiento del salarionominal, con el límite puesto en el registradopor nuestros socios europeos. Que vinculándo-lo al aumento de la productividad, podría redu-cir la inflación, crear empleo, no ceder y siampliar nuestra cuota de mercado exterior yevitar radicales recortes del gasto público. Secompletaba este propuesta con la de ajustar elcrecimiento de los beneficios distribuidos porlas empresas al ritmo en que lo hacían los sala-rios. Por otro lado, para apoyar el avance en laproductividad en otros aspectos, se ofrecía –en-tre otras cosas– la revisión de los mecanismosde contratación temporal y la modificación delsistema de protección al desempleo para favo-recer el acoplamiento de la oferta y la demandade trabajo y de la formación profesional 3 8.

A pesar del esfuerzo de Gobierno y patro-nales este propuesta no llegó siquiera a nego-ciarse. Verdaderamente el marco de interlocu-ción no era el más adecuado. Los conflictossurgidos a partir de las elecciones sindicalescelebradas en el último trimestre del 90 y elposterior recuento de actas había llevado aCCOO y a UGT a una virtual ruptura de suunidad de acción. La iniciativa pactista tampo-co procedía de un ejecutivo particularmenteestable: La disputa interna en el partido guber-namental se resuelve en el 32.° Congreso cele-brado en noviembre del 90 a favor del sectorguerrista que, en marzo del 91, resulta exclui-do del Gobierno 39.

De otro lado, el ejecutivo había recurrido alaval parlamentario y de opinión previo a laconcertación social en sí misma. El «consensopolítico» sobre el interés general –aireado enla opinión pública– presionaría a los sindicatosen la negociación ulterior. Pero este acoso par-

lamentario a los sindicatos tuvo el efecto con-trario al pretendido. La defección final del Par-tido Popular –a pesar de la CEOE– en atencióna sus intereses de antagonista electoral y laposición IU, que se mostró como celosa defen-sora de la autonomía sindical, fueron determi-nantes. Solo sirvió para deslegitimar al Go-bierno e irritar gravemente los sindicatos.

Por supuesto, en relación con los temas sus-tantivos, el discurso sindical seguía rechazandomayores sacrificios para los trabajadores, quedebían beneficiarse del crecimiento exigía unapolítica social redistributiva. No confiaban, conbastante fundamento, en la eficacia de los me-canismos para retribuir la productividad y paralimitar los beneficios empresariales en favor dela reinversión. El distinto criterio en torno a lacontratación temporal también se adivinabacomo un elemento central de conflicto.

De todas formas la interpretación de una ne-gociación extraordinariamente opaca resultamuy difícil. No obstante y considerando la ne-cesidad de recoger más datos para un análisismás preciso de este proceso, se pueden avan-zar ciertos matices.

En primer lugar que sorprende la escasa vo-luntad negociadora mostrada por los sindica-tos. Cuando este acuerdo podía ser potencial-mente tan necesario o más que el AES paragarantizar un futuro económico estabilizado.Hay que considerar que en términos de compa-ración retrospectiva era una propuesta modera-da: el punto de partida era un incremento delpoder adquisitivo próximo al 1,5 por cientoanual, asegurado mediante un cláusula de revi-sión universal que salvara las desviaciones dela inflación prevista. La propuesta en todocaso era abierta. Y aunque no respondiera a laexigencia sindical de ampliar la cobertura dedesempleo, dejaba intacta la dotación presu-puestaria para pensiones y política social engeneral tal como había quedado en los pactossuscritos por los sindicatos hacía menos deaño y medio.

En segundo lugar, y quizás lo mas significa-tivo en el rechazo sindical al Pacto Social deProgreso, lo encontramos en una dimensiónprevia al contenido del acuerdo planteado. Loque se discute –y por lo que no se negocia– esel modelo de pacto sobre el que actualizar laconcertación. Los sindicatos –ya desde laépoca del AES– querían una negociación con-tinua, parcialiazada, para asuntos específicos,


casi exclusivamente bipartita y discreta. No lacorresponsabilización pública sobre políticaeconómica propia del gran pacto social queplanteaba el Gobierno. En el que las contra-prestaciones de todo tipo –y por supuestoaquellas que adoptaban la forma de bien orga-nizativo– podían ser con más facilidad exclui-das o minimizadas 40.

Desde el verano del 91 hasta la nueva con -vocatoria electoral persiste el fracaso de laconcertación en torno a temas centrales de lapolítica económica y de rentas, salpicado deavances considerables en la negociación deciertos temas. Se puede estructurar el momen-to en los siguientes grandes trazos:

De un lado, el cambio del signo de la eco-nomía –de alcista a recesivo–, que motiva –enparalelo– propuestas gubernamentales denegociación orientadas a forzar un cambio detendencia 41. El llamado Plan de Convergenciaauspiciado ya en el otoño del 91 y presentadoformalmente en marzo del 92, por ejemplo,que proponía medidas de ajuste entre las quese contaba nuclearmente la centralización ne-gociada de las rentas. Para el que se buscabaun amplio acuerdo, primero en el Parlamento ydespués entre las fuerzas sociales. Que fracasóabsolutamente, persistiendo unos incrementossalariales no controlados desde 1987 42.

No obstante, urgido por la situación, el Go-bierno anticipó –unilateralmente– una medida:la restricción de la prestación de desempleo, alampliar a un año del período mínimo de coti-zación –frente a los seis meses anteriores– pa-ra tener acceso a la misma 43. Hay que tener encuenta que la ampliación de la prestación dedesempleo a nuevos colectivos –posterior a lahuelga general y obtenidas bajo presión sindi-cal– había llevado a una situación extremada-mente crítica en el sistema44. La medida, deduro impacto en un país con un amplio sectorde empleo estacionario, fue contestada conuna nueva huelga general –en mayo del 92– dediscutible impacto.

De otro, a pesar del clima del enfrentamien-to, la apertura de múltiples negociaciones par-ciales y secundarias. La intención guberna-mental era facilitar con ella a la negociaciónsobre aquellos temas trascendentales de ajusteeconómico, especialmente un pacto centraliza-do de moderación salarial. En las mismas seplanteaban –entre otros– temas que afectabanal interés propio organizativo: por ejemplo, la

nueva normativa electoral que ya habían con-sensuado los dos sindicatos mayoritarios. Ta m-b i é n un acuerdo muy avanzado sobre forma-ción profesional continua contenía importanteselementos de reforzamiento financiero e insti-tucional de los sindicatos más representativos,que venían a participar en su desarrollo y ges-tión. Y, por citar solo lo más significativo, sa-tisfacía especialmente a CCOO y UGT unainiciativa consensual dirigida a prohibir losfondos de pensiones internos de las empresas,lo que favorecía a los llamados externos en losque el control sindical era potencialmente muysuperior 45.

Por último, el hito central fue el desenvolvi-miento a lo largo del período de una complejanegociación en torno a la regulación del dere-cho de huelga. La misma va a ser el telón defondo de todo el proceso consensual y la quedé las claves más significativas para entenderel fracaso global.

Una promesa electoral había llevado a lapuesta en marcha de un proyecto de ley dehuelga. Respondía a la necesidad de «regular»un derecho que la legislación vigente –todavíaanterior a la constitución del 1978– no definíasuficientemente, con la consiguiente incerti-dumbre para los usuarios de los servicios públi-c o s. En julio del 92, el Presidente de Gobiernoaceptó incluir esa materia en la agenda de laconcertación y dio pie a que se pusiera en mar-cha un complejo proceso de negociación conlas dos grandes corporaciones sindicales ensede parlamentaria. Se buscaba satisfacer susintereses en un cierto grado. Toda forma de«empaste» era necesaria en la búsqueda de lamoderación salarial centralizada o de otrosmecanismos concertados de ajuste económico.Máxime cuando la progresión de la crisis teníaacorralado al Gobierno. El cual, avanzada lalegislatura, temía cualquier contención del gas-to social, siempre onerosa electoralmente. Hayque pensar que la nueva –y difícil– baza que seperfilaba en el otoño de 92 era la reforma delmercado laboral –en el sentido de su desregu-lación parcial– que en principio también sequería incluir en la concertación.

En este caso la negociación se le fue de lasmanos al ejecutivo. Ubicada de antemano en elespacio parlamentario, no fue posible contro-lar la intervención de ciertos sectores del par-tido 46. Estos –vía grupo parlamentario socia-lista– utilizaban el consenso con los sindicatos


en la ley de huelga como arma para reducir elpoder de la facción renovadora instalada en elGobierno y en la dirección de la planificacióneconómica.

Después de muchas incidencias, el proyecto,pactado con los sindicatos y aprobado por elpleno del Congreso en febrero de 1993, cedíaclaramente a los deseos sindicales. En la marca-da tendencia a la «autorregulación» puesta demanifiesto en el desarrollo de lo relativo a losservicios mínimos, en la legalización de los«piquetes» de huelga y en la prohibición deldespido incluso en el caso de las huelgas ilega-les, entre otras cosas 4 7. La capacidad de presiónconferida de esta forma, especialmente a lossindicatos más re p resentativos –la normagarantiza el éxito de cualquier huelga si era con-vocada por uno de ellos– no fue nunca aceptadapor el Gobierno, temeroso de un poder sindicalconsiderado ya excesivo.

En realidad el ejecutivo en esta fase se vioabocado a una doble estrategia negocial: obte-ner la aquiescencia sindical a sus políticas deajuste, utilizando para ello todo tipo de retri-buciones incluida la regulación negociada delderecho de huelga, por un lado; y matizar ysuavizar el proyecto consensuado con el grupoparlamentario y la organización del partidoen materia especialmente sensibles como laregulación de servicios mínimos o los pique -tes, por otro. La sorprendente oferta de lacesión de la gestión de la prestación dedesempleo –el propio INEM– a los sindicatosfue un fracasado intento de incrementar lasatisfacción de retribuciones organizativas porotras vías, permitiendo un ley de huelga mascompensada 4 8.

Solo esta perspectiva explica el auténticoautoboicot al proyecto que finalmente puso enmarcha el Gobierno. Evidentemente ello sedebía a que el mismo –encima de todo– nohabía servido para facilitar los acuerdos demoderación salarial y de reforma laboral. Peroantes que eso, de suyo lo que había sido pacta-do con los sindicatos en el Parlamento resulta-ba difícilmente aceptable en su integridad porel Gobierno. Sólo desde un rechazo tan frontalse entiende que el ejecutivo asumiera el riesgode enfrentase a su propio grupo parlamentario,presionándolo para que modificara substanti-vamente en el Senado la ley aprobada ya en elCongreso. E incluso que –fracasado este inten-to– el asunto figurara como uno de los motivos

para anticipar una convocatoria de eleccionesanunciada en abril de 1993, que lo vetabadefinitivamente 4 9.

Por último, mi estudio incluye la última le-gislatura socialista, cuyo hito fue la reformalaboral aprobada en enero de 1994. En ella eldeterioro económico se hace más y más evi-dente. Complicaba la ya de por sí grave rece-sión de la economía global lo siguiente: la per-dida de competitividad y el deterioro de labalanza de pagos consecuencia del exceso dedemanda producido a partir del año 198750 ;elconsiderable incremento de los salarios realesen las dos legislaturas anteriores sin conten-ción pactada; y, vinculado a lo anterior, unainflación del 6 por ciento, que persistía a pesarde la fuerte caída de la demanda y del consi-derable aumento del desempleo.

A pesar de ello en los tres frentes de nego-ciación sucesivos surgidos después de las elec-ciones –un pacto presupuestario orientado a lacontención del déficit, uno de rentas y la refor-ma laboral– las negociaciones fracasaron. Evi-dentemente la situación de minoría parlamen-taria del partido gobernante, y la necesidadconsiguiente de acuerdo con la derecha nacio-nalista, ponía en dificultades a la otra estabili-zación necesaria: la que podía articular el pactosocial. De un lado, la urgencia de mayoría par-lamentaria dio prioridad a la búsqueda de alia-dos políticos, en detrimento de la consolida-ción de compromisos con los agentes sociales.A partir de ahí el acuerdo parlamentario limitóel margen de negociación social, por cuanto sualiado catalán CiU –y eventualmente el PNV–contemplaban la coalición como oportuna encuanto contribuyera a satisfacer sus demandasautonómicas y sus propuestas de política eco -nómica. Ello facilitó la adopción de medidasunilaterales en sustitución de lo que podíahaber sido pactado, señaladamente la reformalaboral citada, que introdujo un intento parcialde flexibilización del mercado laboral 51.

Los sindicatos más representativos seguíanvinculados a la conflictiva circunstancia ante-rior y no asumieron una reorientación estraté-gica dirigida a la concertación para paliar losefectos de la crisis. Lo que generó incluso–frustradas las negociaciones– una respuestaconflictiva en forma de movilizaciones, inclui-da una «huelga general» realizada en enero de1994. No obstante ello, algo que no convienesubestimar es que a pesar del fracaso formal de


las negociaciones, se abrió una vía de consen-so no explícito, nada conocido por el gran pú-blico, que al menos sirvió para moderar la rea-cción social liderada por los sindicatos 52. Queanticipaba además, en gran medida, la fórmulade intercambio que habría de usarse en mo-mentos posteriores.

Asentada en lo que podríamos denominaruna cierta esquizofrenia estratégica, vinculadaa la propia división interna y a la incertidum-bre que se daba en el seno de los sindicatos. Alo que no era ajena la progresión crítica de laeconomía, por supuesto, pero en la que incidíamuy especialmente la crítica situación finan-ciera de los dos grandes centrales. Ello se hizoespecialmente patente en la UGT. El sectormayoritario mantenía la estrategia de presión yoposición a la política económica guberna-mental. Pero la quiebra del entramado empre-sarial –y especialmente de la gran cooperativade viviendas PSV– gestionado por la UGT,que estalla al comienzo de esta legislatura 53,propició el debate interno e incentivó un «prag-matismo de sobrevivencia» en el seno de lapropia org a n i z a c i ó n .

De hecho, el Gobierno utilizó la crisis de laPSV para inducir a la UGT a pactar desde ladebilidad. El retraso con que fueron llegandolas imprescindibles ayudas estatales, financie-ras y de otro tipo, colocaba al sindicato anteuna terrible disyuntiva: aceptar las sucesivaspropuestas gubernamentales en relación conlos presupuestos, las rentas y la reforma labo-ral, o afrontar la persistencia de una crisis decredibilidad y financiera probablemente insu-perable. La tenaz persistencia de su SecretarioGeneral, Nicolás Redondo, en sus posicionesllevaba irremediablemente a ese efecto. Perofue matizada por su renuncia –anunciada enoctubre de 1993– que abría una puerta al desa-rrollo de un eventual acuerdo entre el Gobier-no y una UGT mucho mas dulcificada.

Pero el problema de CCOO, aunque menosagudo era el mismo: mantener una estructuramastodóntica creada en el vacío, sin la afi-liación necesaria para una autofinanciaciónaceptable. El sector mayoritario, más pragmáti-co, pugnaba por moderar la acción sindical. Enrealidad éste, de la mano de su Secretario Gene-ral, había dado muestras en los últimos procesosde una mayor flexibilidad en la negociaciónaunque se mantuviera todavía en contra de losgrandes acuerdos sociales. Se diría que el gi-

gantismo organizativo, producto de un creci-miento propiciado por la presencia institucionaldel sindicato y por el apoyo estatal, exigía cier-tas consideraciones con los administradores delos fondos públicos.

Todo ello abrió una vía de escape que con-tribuyó a reducir la contestación en el procesode concertación frustrado en el último trimes-tre de 1993. Si se quiere esa duplicidad tácticasindical tuvo consecuencias innegables e im-portantes: el respeto a una suerte de pacto decontinuidad de negociación, que sobrevivió asucesivas rupturas de la misma por decisionesunilaterales del Gobierno en materias presu-puestarias y de reforma laboral. En realidad sepreservó una vía de consenso con el Gobierno,dotada de una estanqueidad que la hizo inmu-ne a los grandes antagonismos explícitos. Quehizo posible que se limitaran las acciones deprotesta y se mitigaran –sobre todo– sus efec-tos. Por ejemplo, ante la imposibilidad del pac-to sobre los Presupuestos, y para satisfaccióndel ejecutivo, pospusieron las –ya de por simuy acotadas– movilizaciones a un momentoposterior a su aprobación parlamentaria, trans-formando la presión inmediata en testimonial.Pero incluso en el caso de la huelga generalconvocada contra la reforma laboral se regulóa la baja el potencial de respuesta: el paro sepostergó a los últimos días del mes de enero de1994, evitándose que el Gobierno –que yatenía asegurado el respaldo parlamentario– yque se había pronunciado con Decretos-Ley yproyectos de ley a principios del mes anterior,tomara las decisiones «contra la calle».

Esta actitud sindical la potenciaba una acti-va gestión del Gobierno orientada a retribuir alas organizaciones más representativas para almenos –en palabras de un alto funcionario–anestesiar la respuesta social a la reformalaboral y los recortes en el gasto social 54. Porsupuesto, como se apuntaba antes, obviamenteen este pacto de trastienda la cuestión finan-ciera fue esencial. El apoyo estatal imprescin-dible, no ya solo por el asunto PSV, sino por loque en realidad era una quiebra generalizadade las finanzas ugetistas, matizó mucho laacción de la UGT. Pero además producto de lanueva orientación coincidente en ambos sindi-catos fue el incremento en 1994 –para el añosiguiente– de un 20 por ciento en las subven-ciones presupuestarias a los sindicatos, quehabían estado congeladas ocho años.


Pero la retribución que aportó el gobiernono se limitó a esto. Aspecto importante en estesentido fue el mantenimiento estricto de susatribuciones en la negociación de convenioscolectivos, elemento esencial del primer pro-yecto de reforma laboral. De igual forma, dospactos que se ultiman en el período como pro-yectos legislativos propiciaron la moderación.Uno el de la ley de salud laboral, que creaba unnuevo ámbito de actuación sindical y de con-trol de fondos de las organizaciones más repre-sentativas, a la que las mismas concedían es-pecial importancia.

Pero aun más la normativa de eleccionessindicales, aprobada muy poco después de lareforma laboral 55. Partía de un pacto inicial delos sindicatos mayoritarios por el que, acepta-da la esterilidad de la lucha por la hegemonía,trataban de minimizar los efectos deslegitima-dores para las centrales mayoritarias de unalucha electoral que había resultado ser feroz–con actuaciones fraudulentas– en las últimasconvocatorias. De paso se añadían una serie demecanismos que tendían a reforzar y garanti-zar el duopolio sindical de hecho existente.Entre otras cosas a través de la supresión delcontrol de las comisiones de elecciones sindi-cales, en las que participaban también los sin-dicatos sin el rango de más representativos 56.O del reforzamiento del poder exclusivo deconvocatoria atribuido a los que si lo ostenta-ban, a los que ahora se privilegia con un acce-so restringido a los registros públicos a esosefectos.

4. Reflexión final

C on los argumentos e ideas esboza-dos vamos a hacer referencia aalgunas conclusiones. ¿Qué red de

c a u s a s están presentes en la persistencia de laconcertación social en España hasta mediadosde los ochenta? ¿O en la crisis de la concertaciónsocial en el período socialista excepcional a par-tir de 1987? ¿Ycuáles condicionaron la persis -tencia, con respecto a lo que ocurría en nuestroentorno europeo, de la crisis en la concert a c i ó nsocial durante cuatro trascendentales años?

Creo que no se puede discutir que la concer-tación social en España ha sido dependiente de

la debilidad de las organizaciones sindicalesespañolas, con uno de los niveles más bajos deafiliación de toda Europa 5 7. Como es conna-tural a cualquier organización la estrategiasindical se ha vinculado a su propio fortaleci-miento, aunque la debilidad de partida ha con-dicionado en este caso el juego de ese objetivoen sus conexiones con los ideológicos o derepresentación. En la búsqueda de afiliación ode votos, en el contexto de la competencia conotros sindicatos.

Pero la falta de implantación, la baja afilia-ción, les ha llevado a intensificar la búsquedade una fortaleza «sustitutiva» de aquél apoyosocial activo. A través del Estado que puedepromover su institucionalización, favorecer enel ámbito público a unos sindicatos con respec-to a otros y subvencionarlos. La concertaciónsocial ha estado estrechamente vinculada a unjuego de contraprestaciones entre las que lassatisfacciones organizacionales tenían un pesotrascendental. Se podría decir que la es-tructuración corporativista de la representaciónde intereses, en lo que afecta a los sindicatosmayoritarios, ha servido para retribuirlos por suactitud consensual en momentos críticos.

Por supuesto en el período de transiciónanterior a la gobernación socialista en el que semodeló la figura del sindicato más representa -tivo 58. Pero –como se ha analizado en este tra-bajo–, también en la primera legislatura socia-lista, aun cuando el objetivo subyacente erabeneficiar sobre todo a uno de los sindicatos,la UGT. Hasta 1987 los gobiernos españolespor mor del crecimiento y la estabilidad eco-nómica, otorgaron un altísimo nivel de poderinstitucional a unos sindicatos muy poco afian-zados en la sociedad, por la vía de la afilia-ción 59. En realidad la debilidad de partida delas organizaciones sindicales españolas y esteespecial intercambio explicarían la persisten-cia de una concertación decaída en Europadesde el comienzo de los ochenta.

Los problemas surgen en la fase de expan-sión económica, que se inicia en la segundalegislatura. El deseo de los sindicatos de «re-distribuir» los beneficios del crecimiento –enforma de incrementos salariales y protecciónsocial– es una pieza clave en sí. Que, en el ca-so de la UGT, llevó a que se sumara al recha-zo explícito a la política económica guberna-mental, el cual ya venía practicando el otrogran sindicato, CCOO, con el que se unió para


intensificar la presión conflictiva. Pero ellodebe ser entendido en lo que lo vincula con elinterés de protección de las organizaciones. Enun contexto competitivo, UGT radicaliza susdemandas y vira hacia el conflicto temiendoperder afiliación y votos en esta fase económi-ca expansiva y CCOO incrementa su agresivi-dad por el mismo motivo. En conexión con laanterior resulta significativo que la vía delintercambio entre el ejecutivo y los sindicatos,basada en el refuerzo institucional de estos, fuedesechada en esta ocasión por aquél, en lanegociación previa a la huelga general de 1988.Al contrario, la presión sindical por alcanzarnuevas cotas de poder institucional –en rela-ción con la negociación colectiva de los fun-cionarios por ejemplo– se convirtió en una fac-tor añadido de conflicto.

Se puede decir que –en el período socialis-ta– la dependencia del modelo de concertaciónespañol de esas contraprestaciones en formade «bienes organizativos», ha marcado tam-bién su precariedad: conforme fue avanzandoel proceso de institucionalización de los sindi-catos se hizo más y más difícil compensarlosen ese sentido. Por muchas razones, desdeintereses estratégicos del ejecutivo, hasta limi-taciones jurídico-constitucionales ineludibles.Aunque este tipo de compensaciones volvie-ron a reaparecer favoreciendo incluso ulterio-res éxitos en la concertación social –controlsindical de los contratos, por ejemplo, y porsupuesto moderando la respuesta conflictiva,significativamente en la cuarta legislaturasocialista– lo cierto es que en 1988 se rompióun modelo que había prolongado en España laconcertación social hasta 1986. Y lo que esmás significativo desde la perspectiva compa-rada es que la expectativa creada por la lógicade intercambio de la fase anterior generó–visto en perspectiva y señaladamente en rela-ción con la ley de huelga– un pernicioso y dis-funcional «plus» de tensión, que contribuyó aretrasar hasta 1996 la recuperación de la con -certación social.

NOTAS

1 Son clásicos al respecto los artículos de Eckstein H.(1975) y Lijphart (1975), que coinciden en la relevanciacientífica de ese tipo de análisis. Lijphart habla del estu-dio de caso hypothesis generating y explicita la nociónde «caso desviante» en relación con una teoría consagra-

da. Por su parte Eckstein entiende por «caso crucial» uncaso preelegido con la finalidad de confirmación –noconfirmación de una teoría–. La elección de la profundi-zación de un solo caso obedecería a ciertas preguntas yobjetivos específicos, pero relevantes y sustentados porhipótesis comparadas y de ámbito teórico presentes en laliteratura publicada.

2 El hecho repetido en la Europa postbélica fue la«acción concertada» que se sustentaba en una orienta-ción de política económica determinada, la keynesiana yuna estrategia en las relaciones laborales: la negociacióncolectiva centralizada.

3 CCOO, ligado al área comunista, había nacido enlos años sesenta, y se había llegado a implantar fuerte-mente a pesar de las condiciones de clandestinidad. Eraindudablemente el sindicato con más capacidad de movi-lización en los albores de la democracia.

4 Que llevara al crecimiento económico y a la mejoradel empleo mediante la inversión pública, pero tambiéna través de la moderación salarial y la mejora de la infla-ción –que evitaban el recurso a una política monetariaaustera– que se vería recompensada con el aumento delgasto social.

5 Algunos datos ilustran esta afirmación: El PIB prác-ticamente se había estancado, creciendo en un 0,5%anual, la inversión caía sin aparentes frenos, el déficitpúblico alcanzaba el 5,4% del PIB, la inflación mostrabauna fuerte resistencia la baja, manteniéndose en un 15%anual y la tasa de paro se encontraba en un 16,5%.

6 En el primero la banda de crecimiento salarial seestableció entre el 9,5 como mínimo y el 12,5% comomáximo; el incremento salarial a aplicar en los convenioscolectivos a negociar durante 1985 se estableció en elAES entre el 5,5% y el 7,5%; para el año 1986 se esta-blecerían en base a la previsión de inflación del Gobiernopara ese año, de forma que el mínimo de la banda fueraigual al 90% y el máximo al 107% de dicha previsión.

7 La reforma del Estatuto de los Trabajadores que fuedesarrollada por la Ley de 4 de agosto de 1984. Esen-cialmente lo pactado hacía referencia al mantenimientodel contrato por tiempo indefinido como norma, aunquese admiten excepciones para la realización de obra o ser-vicio determinado, cuando las circunstancias del merca-do o excesos de pedidos así lo aconsejaran o para la sus-titución de trabajadores con derecho a la reserva depuesto de trabajo, o para lanzamiento de una nueva acti-vidad. Se pactó la no inclusión de límites a esa contrata-ción, referidas a porcentajes sobre los trabajadores fijos.También se pactó la posibilidad –de enorme importan-cia– de que el gobierno estableciera, excepcionalmente,contratos temporales como medida de fomento deempleo de duración siempre inferior a los tres años. Loscontratos de trabajo en prácticas y para la formación, conuna duración máxima de tres años también quedaronapuntalados en este pacto. Así mismo el contrato a tiem-po parcial, esto es, el inferior a los 2/3 de la jornada ordi-naria, y el contrato de relevo, pensado para sustituir par-cialmente a un trabajador de 62 años que quisiera verreducida su prestación horaria.

8 Aunque también hubo otras cesiones en cuestionesimportantes como el descenso de las cotizaciones empre-sariales a la Seguridad Social, admitida al hilo del primeracuerdo Interconfederal, y que suponía un incrementoparalelo de las aportaciones estatales a la misma. En rela-


ción con el despido, dada la forzada ambigüedad con laque fue contemplado en el AES –que al respecto parecíamás un compromiso apócrifo que otra cosa– se pudointerpretar, y de hecho así se hizo por los empresarios,que el mismo se había liberalizado.

9 Con ella se pasó de cubrir el 30% del desempleo ahacerlo en un 45% y se creó un nivel asistencial y nocontributivo para situaciones de especial necesidad. Enel AES se llegó al acuerdo de ampliar esa cobertura hastael 48% para 1986.

10 Sin embargo, con anterioridad su participación enpactos de estabilización también había sido muy impor-tante, sobre todo por su vinculación con el PCE, uno delos artífices de la misma. Pero eso había creado muchasfisuras internas.

11 Lo que quedaba señalado explícitamente enmuchos textos de la dirección del sindicato de esa época:por ejemplo en las resoluciones del XXXIII y XXXIVCongresos Confederales de 1983 y 1986.

1 2 Protagonizada por el Ministro de Economía Solcha-ga en esta segunda legislatura, seguía vinculada al des-prestigio de la concepción de los economistas de forma-ción keynesiana, que consideraban posible una reduccióndel desempleo a costa de asumir un mayor nivel de infla-ción, y a la refutación por la realidad de los años setentade la «Curva de Philips», que reflejaba el intercambioentre inflación y desempleo. También a la desconfianzaen los efectos de la política monetaria en la que medidaen que esta podía ser anticipada por los agentes económi-cos. No se trataba de una política basada en planteamien-tos keynesianos pero tampoco monetarismo ortodoxo.

13 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputa-dos,26 de Octubre de 1987

14 Köhler (1995, 155), reduce el problema a losenfrentamientos a que se ve obligada la UGT frente auna opción de ajuste neoliberal, autoritaria y desmovili-zadora gestionada por los socialistas.

15 Aun cuando UGT no trataba en su ideario de resta-blecer las políticas clásicas de la socialdemocracia, siconcedía una importancia clave al sector publico empre -sarial, no establecía una conexión tan clara entre incre-mento salarial e inflación, no confería tanta importanciaa la minoración del déficit público y no apreciaba «larelevancia del mantenimiento de la competitividad exte-rior en las nuevas condiciones de globalización» (Sol-chaga, 97, pág. 43)

16 Centrada en la mera garantía del mantenimientodel poder adquisitivo y en una distribución de los incre-mentos de la productividad a realizar a partir de lo nego-ciado en convenios colectivos y empresa por empresa,que no se había llegado a realizar.

17 Todas estas materias fueron tratadas en distintasmesas de negociación puestas en marcha en el verano de1988. Bilaterales, con la participación de empresarios ytrabajadores en las relativas al gasto social y tripartitasen la discusión salarial con la intervención de las asocia-ciones patronales.

18 En este sentido se ha llegado a teorizar el triunfo delas socialdemocracias precisamente por la falta de apoyosindical (Howell y Daley, 1993).

19 Se pueden examinar al respecto los trabajos deMaravall (1991) y Boix (1996).

20 En las elecciones europeas del 1987 el partido gu-bernamental pierde una considerable presencia electoral,

pero es en las autonómicas y municipales de junio de eseaño en donde el riesgo parece grave: perdió millón ymedio de votos y la mayoría absoluta en las grandes ciu-dades y el Gobierno de las Comunidades Autónomas deAragón, Canarias y Castilla y León, por señalar lo massignificativo. Una interpretación extendida en mediossocialistas de esta caída era que había sido el producto dela conflictividad sufrida en los primeros meses del año,debida precisamente a la ausencia de un pacto con los sin-dicatos. Sondeos efectuados con posterioridad a las elec-ciones mostraban, por un lado, que un 56% de los electo-res veían al ejecutivo mas debilitado después de laselecciones y que el 58% consideraba necesario el acuerdosocial. (Demoscopia, publicado el 11 de julio, muestra de800 personas en municipios de mas de 2000 habitantes).

21 Especialmente el salto dado por la misma entre1980 (25%) y 1985 (16%). Los datos son de la OCDE,que constata en general una bajada de esa tasa en todoslos países incluidos en su ámbito. Pero el nivel de afilia-ción de partida en España era el más bajo de Europajunto con el de Francia. En las cifras que manejaban lossindicatos, más abultadas de inicio, la caída era aún masespectacular: se pasó de un 50% en el 1978 a un 17% enEnero de 1985. No obstante hay que tener en cuenta quela representatividad electoral vigente en España desde elcomienzo de la democracia desmotiva la afiliación: «rea-liza tendencialmente una desincentivación de la sindica-ción» (Treu, 1988, pág. 255)

22 En las empresas de mayor tamaño, de más de 250trabajadores, UGT venció en el 32 por ciento de loscasos y CCOO en el 37,1 por ciento, a pesar de su triun-fo global.

23 Esa iniciativa estratégica fue ocupando más espa-cio poco a poco entre los que ocupaban la cúpula del sin-dicato, especialmente con el dirigente Zufiaur a la cabe-za (Solchaga, 1987, 142).

24 La Ley 9/1987 de 12 de junio, de representacióncolectiva de los funcionarios no aplicó en ese ámbito lascompetencias que se habían conferido a los sindicatosmás representativos en la Ley Orgánica de Libertad Sin-dical de 1984. Casas, M. E. (1990).

25 El crecimiento acumulado de la misma para todo elaño prevista en un 3% –fue de un 5,8% como se dijo arri-ba. Pero fue especialmente significativo el hecho de quemientras en los seis primeros meses del año los precioscrecieron 1,6 puntos, en los seis últimos lo hicieran en4,2 puntos. Especialmente el IPC de julio de 1988, del1,3% y el más alcista de los dos últimos años, fue unadesagradable sorpresa para los técnicos gubernamenta-les, justo cuando se comenzaba el difícil camino de unaconcertación tantas veces frustrada.

26 Los pactos lo suscribieron con un sindicato, laConfederación Sindical de Funcionarios, ajeno al tán-dem CCOO-UGT, y que no podía reivindicar la condi-ción de sindicato mas representativo. O con una organi-zación, la Unión de Pensionistas, que era una asociaciónde jubilados y no estrictamente un sindicato. La falta deacceso al privilegio legal en la negociación colectiva dela que disfrutaban para los trabajadores en general, sehizo mas hiriente con el desprecio solemne a su estatusde hecho, que representaron los acuerdos formales con laCSIF y la UDP.

27 Desde enero de 1989 a abril transcurre el intentofracasado. Las elecciones generales se celebraron en


octubre y el ulterior proceso de negociación sobre deter-minadas partidas de gasto social y legislación sindical seprodujo entre octubre de ese año y febrero de 1990.

28 En sondeos posteriores (El País-Demoscopia, 16de diciembre de 1988) la mitad de los españoles con tra-bajo indicaban que se había sumado al paro para mostrarsu oposición al Gobierno.

29 Los sindicatos valoraron sus reivindicaciones porencima de los 400.0000 millones. La ulterior ofertagubernamental de 344.000 millones de pesetas peroincluía 60.000 ya ofrecidos antes de la huelga general.

3 0 Un proyecto de ley de ampliación de las pensionesque beneficiaría desde su entrada en vigor a 200.000 per-sonas. Se trataba de protecciones no contributivas, esd e c i r, prestadas a personas que no hubieran cotizado lorequerido a la Seguridad Social. Otros de los proyectosanunciados sería el de extender la sanidad a toda la pobla-ción, a lo largo de todo el año siguiente. La protecciónsanitaria y farmacéutica alcanzaría hasta el momento el97,2% de la población. Estos proyectos se llevaron aefecto a través del Decreto Ley 3/89, de 31 de marzo, «demedidas adicionales de carácter social» y del Real Decre-to 1088/1989 de 8 de septiembre. Todo lo anterior con uncoste total valorado en 200.000 millones de pesetas.

31 Se trataba de una prestación dirigida a aquellas per-sonas o familias sin ingresos o con ingresos inferiores alsalario mínimo interprofesional, dirigido a paliar las bol-sas de marginación y pobreza. Cuando el asunto lo plan-tean los sindicatos esa renta mínima estaba implantadaefectivamente en las Comunidades Autónomas del PaísVasco, Cantabria y Navarra y era previsible que se for-malizaran acuerdos en el futuro inmediato en las otrasComunidades Autónomas.

32 Ninguna de los sindicatos apoyó al PSOE en estaocasión. CCOO instó expresamente a no votarlo. La otragran sindical no hizo, a pesar de todo, un pronuncia-miento expreso. Pero su Secretario General dejó clara laaspiración de su colectivo: que el PSOE perdiera lamayoría absoluta, «lo que quizás le llevara a plantearseuna mayor sensibilidad social» (Nicolás Redondo,Secretario General de la UGT ante la ConfederaciónEuropea de Sindicatos, el 2 de octubre de 1989) pocosdías antes de los comicios. Lo cierto es que ese fracasoelectoral del PSOE no se produjo. Un 39,55% de los ciu-dadanos le volvió a otorgar su confianza a pesar de lahuelga, echando por tierra en buena medida las expecta-tivas sindicales.

33 Las expectativas económicas a comienzos de la ter-cera legislatura, es decir en octubre de 1989, que habíalanzado entonces a los gestores económicos a reivindicarterapias contra el «recalentamiento» de la misma, eraunos pocos meses después bastante peores. Si ya enton-ces la inflación mermaba la competitividad de nuestrosproductos y tendía a desequilibrar la balanza exterior,ahora la misma se había «disparado»: el índice mensualde incremento de precios –un uno por ciento– revelabaya como inalcanzable el objetivo del ministro de Econo-mía, que había hecho un previsión del 5,6 por ciento paratodo el año.

34 En concreto Antón Saracíbar, secretario de organi-zación de la UGT, pidió antes de las elecciones –segúndestacó la prensa– la afiliación obligatoria o mecanismopara privilegiarla, lo que despertó una fuerte polémicahabida cuenta del significado político y de la lesión al

sistema constitucional que el asunto suponía. El modeloque se trataba de defender era el del coludes shop britá-nico, que en su sentido más estricto impide al empresa-rio contratar a cualquier trabajador no afiliado al sindi-cato firmante del convenio.

35 Ley sobre derechos de información de los repre-sentantes de los trabajadores en materia de contrataciónfinalmente promulgada el 7 de enero de 1991.

36 Se trataba de la nueva ley de procedimiento labo-ral, que había sido impulsada por una Ley de bases apro-bada en el Parlamento a comienzos del año 89 y en plenaresaca de la huelga general. En el mes de febrero del añosiguiente el gobierno presentó el Real Decreto Legislati-vo que articulaba esa ley de bases, precisamente en elmomento más álgido de esta primera fase de concerta-ción. (Se promulgó el 27 de abril de 1990). Se trataba deuna regulación en la que, en términos genéricos, se reco-nocía y reforzaba notoriamente el papel de los sindicatosen el procedimiento y ante la jurisdicción laboral.

37 Avala esta interpretación el hecho de que la dife-rencia entre la mejor propuesta gubernamental de incre-mento del gasto social, realizada en el anterior negocia-ción en la que se excluyó el control sindical de loscontratos, era inferior en un 22 por ciento a la ahora efec-tuada, algo no insuperable por nuevas cesiones mutuas.Entonces la ulterior oferta gubernamental fue de 350.000millones de pesetas, como señalamos en su lugar. En estaocasión la cuantificación del pacto final no tendría unosvalores superiores en 100.000 millones de pesetas.

38 Se presento ante el Parlamento en junio de un textoelaborado, que el Gobierno pretendía sirviera de guíapara la discusión, primero en el Parlamento y luego conlos agentes sociales.

39 Ello sin contar con la pérdida notable de votos quesufre en las elecciones autonómicas y municipales demayo de 1991 el partido socialista en el Gobierno.

40 Sirva de referencia la «doctrina oficial» difundidapor el dirigente ugetista Zufiaur en una serie de artículosperiodísticos en los que se explicaba el fracaso de la con-certación: «el nítido rechazo que desde 1986 vienenmanifestando las organizaciones sindicales a una macro-concertación tripartita y la negociación centralizada delos salarios –contrasta con– una obsesión patológica porforzar la reedición de acuerdos tripartitos... tal empeci-namiento estuvo en el origen de la huelga del 14-D ylleva bloqueando la normalización y el avance de lasrelaciones laborales en este país en los últimos cincoaños. Lo sorprendente es que haya sido Carlos Solchaga(Ministro de Economía), que fue precisamente quien,con los acuerdos firmados en 1990, cambió esa idea fija(logrando establecer por primera vez en varios años unacierta sintonía y que por ello se había convertido, dehecho, en el único interlocutor del Gobierno con las cen-trales sindicales) quien ahora haya vuelto a desenterrar elviejo procedimiento, dilapidando de esta forma en pocosdías el capital político que había acumulado entonces»(Diario El País, enero de 1990).

41 Especialmente patentes en el año 92. En el primertrimestre del año la cifra de desempleados se había situa-do en 2,6 millones de personas, lo que representaba un17,45 de la población activa, una de las tasas más altasde los últimos tres años. Entre enero y mayo el Estadohabía gastado un 55 por ciento más que en 1991, lo quehacía un previsible un déficit público muy superior al 2,4


previsto. Los precios habían subido en solo cinco mesesun 2,8 por ciento, algo más de la mitad de lo previstopara el conjunto de 1992, un 5 por ciento. El déficit exte-rior había alcanzado ya la cantidad de 1,6 millones depesetas, lo que suponía un incremento del 15,5 por cien-to respecto al mismo período de 1991. El crecimientoeconómico previsto para el año el Gobierno lo situabasolo en un 3 por ciento aunque instituciones internas yexteriores lo rebajaban. La escalada de suspensiones depagos, que se habían triplicado en cuatro meses, ratifica-ba esa pésima situación.

42 Todavía en 1992, cuando la recesión estaba yadeclarada, su crecimientos medio fue del 8,2 por ciento,frente a una inflación en 1991 y 1992 del 5,9 por ciento(ver Solchaga, págs. 230 y sigs.

43 Decreto de Medidas Urgentes sobre el Fomento delEmpleo y protección al Desempleo de 4 de abril de 1992.

4 4 El gasto del INEM había pasado de se de 1.1 billo-nes de pesetas en 1988 a ser de 2.1 billones en 1992. Elpresupuesto para 1992 tuvo que ser incrementado en un25 por ciento, cuando con los empresarios se había pacta-do una congelación de las cotizaciones sociales. El incre-mento imprevisto en los costes parecía derivar ademásdel aumento inesperado del número de beneficiarios de laprestación, al hacerse masivamente uso de la contratacióntemporal y por la fuerte rotación en el empleo en sí. Porotro lado, si hasta la mitad del 91 la extensión de la tasade cobertura se compensaba con la disminución del paro,cuando en ese año comienza a sentirse la recesión en lacreación de empleo, se constató la seria dificultad quesuponía mantener la tasa de cobertura pactada.

45 Los de empresa son internos en el caso de que losfondos dedicados a esta finalidad se encuentren en elbalance de la empresa. Se materializan en el mismo enforma de reservas para hacer frente al pago futuro de lasprestaciones devengadas por los empleados. Los exter -nos o separados son aquéllos en que las aportaciones dela empresa y de los empleados, en su caso, son transmi-tidas a una tercera entidad para que lleve a cabo su ges-tión. Usualmente una entidad de previsión social o unafundación laboral de empresa o de sector industrial.

46 Agrupados en torno al dirigente Alfonso Guerra.47 En líneas generales el proyecto de ley finalmente

consensuado suponía un giro radical con respecto almodelo anterior, ya que fomentaba la autorregulación delderecho por parte de los sindicatos, en el marco de unaconsideración del mismo como derecho subjetivo. Así elestablecimiento de los servicios mínimos. Pero la con-creción de los mismos se dejaba a la voluntad de las par-tes, a partir de «códigos estables» con un contenido míni-mo referido entre otras cosas al procedimiento para ladesignación de los trabajadores que hubieran de prestar-los. En caso de desacuerdo el encargo de fijar los servi-cios mínimos correspondería a una Comisión de arbitra-je, formada por expertos y nombrada por el Gobierno asugerencia de los sindicatos. En el proyecto se prohibíataxativamente la sustitución de los huelguistas por traba-jadores ajenos a la empresa.

4 8 La reforma del Instituto Nacional de Empleoincluiría la cesión de la gestión del seguro de desempleoa las organizaciones patronales y los sindicatos másrepresentativos, para lo que se crearía nuevo organismocomún. Encargado de cobrar las cotizaciones por esteconcepto a empresarios y trabajadores y el de pagar la

prestación –contributiva– de desempleo. El órgano crea-do fijaría también el tipo de cotización para garantizar lacobertura y, eventualmente, la cuantía y la duración de laprestación. En definitiva el órgano debía asumir el man-tenimiento del equilibrio entre los ingresos y los gastos.El caso francés se utilizaba como referencia ya que enaquel sistema la gestión del seguro está encomendada aempresarios y sindicatos, que aun contando con la orien-tación y cierta tutela estatal, toman las decisiones finalesen órganos bipartitos.

49 La tramitación parlamentaria del proyecto quedótruncada al disolverse el congreso de los Diputados y elSenado y convocarse nuevas elecciones por el RealDecreto del 12 de abril de 1993, que fijó para junio deese año unas elecciones que en convocatoria ordinariadebían celebrarse en octubre del mismo año.

50 Que se intentó paliar con las devaluaciones de1992 y 1993.

51 Fundamentalmente el Gobierno se decidió a supri-mir la contratación obligatoria a través del INEM y alegalizar las agencias privadas de colocación; a facilitarla movilidad de los trabajadores para atender a las dis-tintas funciones de las empresas y su desplazamientoterritorial, a flexibilizar la jornada de trabajo; y a facili-tar el despido colectivo entre otras.

52 Algo no nuevo en nuestra comunicación político-mediática fue la confluencia del conflicto secreto con elconsenso expreso y del acuerdo teñido de opacidad conel conflicto aparente. La desavenencia sindical, de granresonancia pública, enmascaraba también una firmeposición favorable a la contención de la reacción social(Oliet, 1997).

53 La situación llegó a poner en peligro la propiasupervivencia de una organización acosada en un doblesentido: por la opinión pública, que no perdonaba al sin-dicato la situación en que había dejado a multitud depequeños ahorradores, y por su propia situación finan-ciera, ya catastrófica antes de afrontar sus responsabili-dades en relación con aquéllos.

54 El Secretario General del Empleo (Cinco Días, 26de octubre de 1993)

55 La reforma implicaba un conjunto de cambios nor-mativos de entidad, referidos a la Ley Orgánica de Liber-tad Sindical, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley deProcedimiento laboral y a los Decretos de desarrollo demateria electoral. Fue desarrollada por la Ley 11/94 de19 de mayo, y el Reglamento de Elecciones a Organos deRepresentación de los Trabajadores en la Empresa deseptiembre de 1994.

56 Todo como consecuencia de la función de intérpre-te del Tribunal Constitucional, que rectificó en este sen-tido normas aprobadas por acuerdo entre el Gobierno ylas centrales mayoritarias.

57 Como se reseñaba en la ponencia de organizacióndel V Congreso estatal de CCOO, en 1992: «cada inicia-tiva en nuestra acción sindical, cada plan, debe conllevarotro en paralelo de fortalecimiento y consolidación orga-nizativa» (Jordana, 1994, pág. 167).

58 «Como una suerte de hilo rojo que recorre todoslos acuerdos, la afirmación del principio de la autonomíade los agentes sociales y la potenciación institucional deespacios de negociación y acceso de aquellos a la imple-mentación de las políticas públicas» (Pardo, 96, pág.507).


5 9 No se trata, como en el corporativismo «societal»de los países nórdicos y centroeuropeos, de que el Estadohaya reconocido por ley un poder social real medido poruna afiliación sobresaliente. Aquí nos encontraríamoscon la concesión a ciertos sindicatos de un s t a t u s s e m i p ú-blico, en cierta forma «artificial», pues no derivaría deuna previa centralización sindical ni de una implantación«real», basada en una afiliación mayoritaria.

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