La construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua : situación … · 2017-11-21 · ANÁLISIS...

ANÁLISIS

La construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua:

situación de partida y efectos en el desarrollo nacional

AnnA HocHleitner

Agosto de 2015

fesamericacentral.org

El Canal de Nicaragua mediría 278 kilómetros de largo, entre 230 a 520 me-tros de ancho, y hasta 30 metros de profundidad. Llegaría a ser el proyecto de infraestructura más grande del mundo y tres veces más largo que el Canal de Panamá.

Según el Gobierno de Nicaragua el Canal es una oportunidad para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en Nicaragua. Gracias a la genera-ción de nuevos empleos, la ampliación de infraestructura y un aumento en las inversiones extranjeras directas; se espera una duplicación del Producto Interno Bruto (PIB). Esto permitiría al segundo país más pobre de América Central re-solver muchos de sus problemas sociales y económicos.

El Gobierno nicaragüense fue criticado tanto por la concesión del proyecto como por la aprobación de la Ley 840. Por un lado, la considerable falta de trans-parencia durante la toma de decisión generó una desconfianza por parte de la población, por otro lado dicha ley viola la Constitución Política de la República de Nicaragua y tratados internacionales.

El Canal fue criticado por la falta de atención a la sostenibilidad ambiental y social. En este momento viven aproximadamente 30,000 personas en la ruta del Canal, que van a ser expropiadas. El número de las personas afectadas indirec-tamente es mucho más alto. Por lo anterior, se han organizado 45 marchas de protesta pacíficas contra el Canal.

N° 4-2015

Anna Hochleitner /LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTEROCEÁNICO EN NICARAGUA

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Introducción

La construcción de un canal interoceánico en Nica-ragua no es una idea nueva sino un sueño viejo que ya existe desde la llegada de los españoles. Desde en-tonces existían muchos intentos diferentes para po-ner en práctica esos planes. Sin embargo, desde que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega aprobó una ley concreta para facilitar la construcción de un canal y entregó la concesión a una empresa china en junio de 2013, el megaproyecto no divide solamen-te el país centroamericano, sino también abrió un gran debate a nivel internacional. El tema del canal ha sido sobre todo objeto de controversias por sus impactos ambientales y socioculturales. Además, la concesión también suscita preocupaciones consti-tucionales, porque se entregó sin estudios previos. Hasta hoy, varios meses después del inicio oficial de las obras de construcción en diciembre de 2014, el Gobierno no ha podido eliminar las dudas y la resis-tencia de la población, tampoco por parte del mun-do académico. A continuación, serán analizados los posibles efectos positivos y negativos del canal para el país centroamericano y se buscarán explicaciones por qué el Canal no significa para todos(as) la reali-zación de un sueño viejo.

Estado actual de los planes de proyectos y de la legislación

El Canal en cifras

El 21 de febrero del 2012, Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua, anunció por primera vez públicamente que iba a reanudar la idea histórica del canal. Gracias a ese megaproyecto el Gobierno espera enormes beneficios económicos para el país, por un lado, una duplicación del PIB nacional, y por otro lado, la generación de numerosos empleos. Sobre todo con miras al crecimiento constante del comercio internacional, un segundo canal en Amé-rica Central podría descongestionar significativa-mente el Canal de Panamá que ya tiene un tráfico intenso. La ventaja comparativa más importante del Canal de Nicaragua serían sus dimensiones de aproximadamente dos veces más ancho y profundo que el Canal de Panamá. Incluso hoy en día el ta-maño creciente de los barcos y petroleros hace que a veces los nuevos barcos no puedan pasar por el Canal de Panamá. Como muestra el siguiente cua-dro, el Canal de Nicaragua podría solucionar este problema, ya que superaría por mucho el Canal de Panamá, incluso después de su ampliación.

1 Después de su ampliación planificada

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/137218-canal-interoceanico-nicaragua-panama-proyecto

Figura 1 Comparación entre el Canal de Panamá1

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LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL INTEROCEÁNICO EN NICARAGUA / Anna Hochleitner

El Canal de Nicaragua crearía una nueva conexión entre Asia y los puertos en la costa oriental de los Es-tados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y además entre Asia y Europa. Por su posición más al norte puede reducir en gran medida las rutas de envío y facilitar ahorros en el consumo de combustibles. El trayecto de Los Ángeles a Nueva York, por ejemplo, sería 800 kilómetros más corto de lo que es hasta ahora.

El marco regulador del Canal se estableció en junio de 2013. En ese mes la Asamblea Nacional de Nicara-gua, en la que el partido del gobierno ya tiene por sí solo la mayoría necesaria, aprobó la ley 8402 y habilitó el contrato con el grupo HKND, una em-presa del multimillonario chino Wang Jing. A esta empresa se le entregó tan solo unos días más tar-de la concesión absoluta para la construcción y la administración del Canal interoceánico, cuya cons-trucción costaría 50 mil millones de dólares esta-dounidenses y tendría que estar terminado en un

plazo de solamente 5 años. El Canal de Nicaragua mediría en total 278 kilómetros de largo, de 230 a 520 metros de ancho, y hasta 30 metros de profun-didad. Llegaría a ser hasta la fecha el proyecto de

2 Ley Especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al Canal, zonas de libre comercio e in-fraestructuras asociadas

infraestructura más grande del mundo y tres veces más largo que el Canal de Panamá. El Canal de Ni-caragua permitiría cada año el paso de 5,100 barcos graneleros y petroleros de 400,000 toneladas con 30 horas de tránsito para cada barco.

La ruta prevista para el Canal, que se indica en la siguiente figura, fue seleccionada entre seis opciones y cruzaría el país de este a oeste. Va por la desem-bocadura del Río Punta Gorda en el lado del Mar Caribe hacía Morrito, cruza el Lago Cocibolca por 105 kilómetros hacía Rivas, y entra finalmente cer-ca de la desembocadura del Río Brito en el Océano Pacífico. En cada costa se construirían esclusas para superar el desnivel entre el Pacífico y el Atlántico. En el lado Caribe además se construiría un lago ar-tificial, que suministraría con suficiente agua a las prensas y formaría también parte de la ruta cana-lera. Adicionalmente, el Lago se desarrollaría como un centro ecológico y turístico.

Además del Canal, el grupo HKND recibió la con-cesión para varios subproyectos, que prevén entre otros el mantenimiento y la construcción de carre-teras, la construcción de dos puertos (uno en el lado Pacífico y otro en el lado Caribe) con el estableci-miento de una zona de libre comercio, la construc-ción de un aeropuerto y varios centros turísticos. Gracias al Canal y los varios subproyectos se crearán

Fuente: http://impactocna.com/losimpresionantes-numeros-del-gran-canal-de-nicaragua/

Figura 2 La ruta del Canal de Nicaragua


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50,000 nuevos empleos durante la fase de construc-ción y a largo plazo, después de la instalación de los proyectos, otros 200,000.

Después de una fase de concepción de un año y la realización de un estudio de viabilidad, las obras de construcción pudieron empezar como previsto el 22 de diciembre de 2014. Sin embargo, primero se tienen que construir las vías de acceso y alistar la infraestructura requerida, antes de empezar la cons-trucción del Canal en septiembre de 2015.

Derechos y obligaciones de Nicaragua

Según la concesión, Nicaragua enajena al grupo HKND los derechos del Canal y a los subproyectos por un plazo de 50 años, prorrogable a petición de la empresa china por un período de otros 50 años. Eso significa también que la empresa puede decidir las tarifas para la utilización del Canal y retener to-dos los beneficios relacionados con los proyectos. La comisión del Canal, nombrada por el Gobierno ni-caragüense, solamente puede aprobar o rechazar las tarifas. Además, el grupo HKND obtiene el dere-cho de adquirir todas las propiedades nicaragüenses, que necesita para cada uno de sus proyectos - y en caso de propiedades privadas de expropiar a la gen-te. En caso de un retraso de las obras de construc-ción por la resistencia de la población o violaciones del derecho internacional o de la constitución polí-tica, la empresa tiene derecho a una indemnización. En tal supuesto, el Banco Central de Nicaragua (BCN) respondería con sus reservas. La empresa, en cambio, no es responsable por posibles daños. Durante el período contractual el grupo HKND, además, está exento de impuestos u otras obliga-ciones fiscales y no puede ser perseguido por la vía penal ni por la civil. En caso de litigio, un tribunal en Londres sería el competente. Los inversores del proyecto también tienen varios derechos especiales. Finalmente, el grupo HKND tiene el derecho de ceder todos o cualquiera de sus derechos u obliga-ciones a terceros o extender esos derechos a otros subproyectos.

Como contrapartida, Nicaragua obtiene por los próximos 10 años un pago anual de diez millones de dólares estadounidenses, y un monto de ajuste razo-nable, no especificado en el contrato. En total po-drían resultar entonces ingresos máximos por 100 millones de dólares estadounidenses. A partir del undécimo año, el país obtiene además cada año un 1% de las acciones de la empresa. Adicionalmente,

el inversor chino se compromete de usar una parte de sus beneficios en proyectos filantrópicos en Nica-ragua o el mundo en nombre del país. Además, Ni-caragua recibe la infraestructura, que se desarrollaría en el marco de los proyectos. Obviamente, Nicara-gua espera sobre todo también beneficios indirectos del Canal, que estimularía la economía y traería un crecimiento y un desarrollo al país según el modelo de Panamá.

Crítica a la toma de decisiones y del marco jurídico

El Gobierno nicaragüense fue criticado fuertemen-te tanto por la concesión del proyecto, como por la aprobación de la ley 840. Por un lado, una falta considerable de transparencia durante la toma de decisión provocó desconfianza por parte de la po-blación, por otro lado, dicha ley viola varios artícu-los de la Constitución Política y de tratados inter-nacionales.

Después de proclamarla reanudación del proyecto de construir un canal en Nicaragua, expertos asu-mieron que el parlamento nicaragüense iba a nece-sitar años para comparar diferentes ofertas y valorar los estudios necesarios antes de tomar una deci-sión. Por eso, la sorpresa fue muy grande cuando la concesión se entregó al grupo HKND en junio de 2013, una empresa con sede en las islas Caimán que fue fundada poco antes de esa fecha y no tiene nin-guna experiencia en la realización de un proyecto de infraestructura de esa dimensión. Además, casi no se sabe nada sobre la empresa, ni sobre su fundador Wang Jing. A pesar de que él mismo sea multimi-llonario y accionista mayoritario de 21 empresas, todavía no se sabe cómo va a reunir los recursos económicos necesarios para el proyecto de 50 mil millones de dólares estadounidenses – sobre todo porque el capital inicial de la empresa solamente al-canza los 400 dólares.

Además de la selección del contratista, también sor-prende la rapidez con la que se creó el marco jurídi-co del contrato. El debate en la Asamblea Nacional solamente duró 3 horas y tuvo lugar sin la parti-cipación efectiva de científicos(as), organizaciones ambientalistas o asesores(as) externos(as). Tampoco se solicitaron ex ante dictámenes científicos sobre la factibilidad del proyecto o su compatibilidad am-biental. Solamente dos días después de que se pre-sentó la iniciativa legislativa en la Asamblea Nacio-nal se aprobó la ley 840.

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Dicha ley también provoca grandes polémicas. Así como suscita preocupaciones constitucionales, viola varios tratados internacionales. Por ejemplo, se requiere una mayoría calificada del sesenta por ciento (60%) del total de los(as) diputados(as) para modificar o derogar la ley. Normalmente, ese porcentaje solamente se necesita en el caso de una reforma parcial de la Constitución. Después de la guerra civil en los años 80 del siglo pasado, Nica-ragua reconoció el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y comunidades afrocaribeñas del Atlántico. Ese estado particular de la región Caribe también fue establecido en la Constitución y en la ley 283, que garantizan a la región varias libertades políticas y económicas. Por ejemplo, debe adminis-trar su propio presupuesto y tiene que ser consulta-da ex ante para todos los proyectos de ley o medidas políticas que afectan directamente a la región. Sin la aprobación de la región, el Gobierno central no debe realizarlas. Además, se reconoció un nuevo tipo de propiedad después de la guerra civil: la pro-piedad comunal. El artículo 36.1 del Estatuto de Autonomía establece que esas propiedades no pue-den ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles. Con la ley 840 el Gobierno de Nicaragua desconoce abiertamente esos derechos particulares. Las comunidades del Caribe no se con-sultaron durante el proceso de formación de la ley, ni recibieronsuficiente información. Solamente el consejo regional aprobó con posterioridad los pla-nes del Gobierno central. Sin embargo, eso no es suficiente porque el Gobierno también tendría que consultar a las comunidades afectadas. Además, la ley desconoce el estado particular de la propiedad comunal, dado que permite la expropiación de cual-quier propiedad – sea privada, pública o comunal.

Otro aspecto muy precario de la ley es que el grupo HKND no tiene ninguna responsabilidad frente a posibles daños ambientales y no se le puede aplicar la legislación nacional. Además, el Estado renunció al establecimiento de obligaciones y compromisos con los Derechos Humanos o la protección del me-dio ambiente. La Constitución Política de Nicara-gua, por el contrario, declara los recursos naturales del país como herencia nacional y los pone bajo una protección especial.

Desde un punto de vista más general, el contrato entre el Gobierno de Nicaragua y el grupo HKND

3 Estatuto de autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua

no parece muy simétrico, sino que elaborado con la ventaja unilateral del inversor chino. Este recibe muchas seguridades por la parte del Gobierno, sin asumir ningún compromiso. Como tiene el dere-cho de apropiarse de todas las propiedades del país y puede operar fuera de la legislación nacional, Ni-caragua también pierde una gran parte de su sobera-nía nacional – aún así que según el contrato será la bandera nicaragüense la que ondeará sobre el Canal.

Por esa asimetría contractual, hay gente que habla de una concesión de guerra, en la que el inversor chino podía dictar las condiciones como potencia vencedora. Esa asimetría se muestra también en la asesoría jurídica desigual y en el hecho de que el contrato está en inglés y solamente existe una tra-ducción inexacta al español y con muchos errores. El Gobierno justifica el contrato por el hecho de que Nicaragua, como un país en desarrollo, tiene que ofrecer las mejores condiciones para atraer in-versiones. Además, razona que Nicaragua no aporta nada mientras que la empresa china asume todos los costos de la inversión y así también el riesgo eco-nómico por el proyecto. No obstante, no se puede olvidar que Nicaragua si aporta algo al proyecto: sus tierras y su medio ambiente. El grupo HKND puede asumir el riesgo financiero, pero Nicaragua asume todas las consecuencias de posibles daños ambientales. Como la empresa puede retener todos los beneficios de sus actividades, pero no se hace responsable por daños, como por ejemploconta-minación ambiental, existe un conflicto de interés importante. Se puede más que dudar entonces, que la empresa china no va a escatimar esfuerzos ni re-cursos para proteger el medio ambiente.

Las implicaciones del Canal para el futuro de Nicaragua

El Canal como motor de crecimiento?

Según el Gobierno el Canal es una oportunidad única para impulsar el desarrollo en el país y me-jorar fundamentalmente las condiciones de vida de la gente en Nicaragua. Gracias a la generación de nuevos empleos, la ampliación de la infraestructura y un aumento en las inversiones extranjeras direc-tas, se espera una duplicación del PIB nacional. Eso permitiría al segundo país más pobre de América Central resolver muchos de sus problemas sociales y económicos. Los ingresos anuales de más de mil millones de dólares estadounidenses que genera el


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Canal de Panamá provocan envidia y esperanza al mismo tiempo.

Sin embargo, muchos(as) economistas dudan que solo con el Canal el país puedasalir de su crisis. Por la falta de interrelaciones con otros sectores econó-micos y su mayor intensidad de capital, el Canal probablemente no podría dar los impulsos de cre-cimiento necesarios a largo plazo. Solamente podría aumentar la actividad económica a corto plazo. Además, los ingresos del Canal serán por 100 años para el grupo HKND, y no para Nicaragua. Tam-bién el efecto positivo de la generación de 250,000 nuevos empleos tiene que ser relativizado en razón de que se trata sobre todo de empleos de baja pro-ductividad. Adicionalmente, no queda claro si en realidad se van a generar tantos nuevos empleos. El grupo HKND ya anunció que también quieren em-plear principalmentetrabajadores extranjeros - sobre todo chinos. Al final, tampoco se puede olvidar que para la construcción del Canal se expropiarán unas 30,000 personas. La mayoría de ellas familias cam-pesinas.

Rentabilidad del proyecto

El supuesto para la justificación del proyecto de 50 mil millonesde dólares, es una demanda a lar-go plazo por un segundo canal en América Central. Es importante considerar que en Panamá ya están ampliando el Canal para facilitar el paso de barcos mercantes y petroleros más grandes. Aunque el Ca-nal de Panamá fuera más pequeño que el Canal de Nicaragua, se podrían reducir los ingresos para este último. Al mismo tiempo, se podrían formar nuevas rutas marítimas a través del Polo Norte en las próxi-mas décadas por el calentamiento global. Algunas de esas rutas ya son navegables en verano.

Científicos(as) además temen que los cotos de cons-trucción y de mantenimiento serán más elevados de lo que se cree hasta ahora. El primer gran desafío técnico es la situación geográfica de Nicaragua. El país de mil volcanes tiene que enfrentarse una y otra vez con catástrofes naturales como terremotos, erupciones volcánicas y ciclones. Los últimos van a aumentar por el cambio climático. Además, la ruta por el Lago Cocibolca podría presentar grandes di-ficultades. El viento en el Lago impulsa fuertes co-rrientes de agua que mueven cada día una canti-dad enorme de sedimentos de un extremo a otro del Lago. Para facilitar el paso de barcos en el cauce que será dragado en el Lago, sería absolutamente

necesario remover constantemente los sedimentos desplazados. Esta naturaleza especial del Lago po-dría entonces no solamente llevar a costos de man-tenimiento mucho más elevados sino que además causar retrasos importantes en el tránsito de barcos y aumentar el riesgo de accidentes.

Estas inseguridades son la razón por la que hay mu-cha gente que se pregunta acerca de la rentabilidad del Canal con mucho escepticismo. Hay dos teorías que intentan explicar porqué el grupo HKND to-davía quiere construir un canal en Nicaragua. Pri-mero, hay especulaciones que detrás de los planes de la construcción del Canal hay un interés geopo-lítico del Gobierno chino, con quien Wang Jing tiene relaciones personales y estrechas. Aunque esa teoría fue desmentida por parte de las autoridades, podría también explicar de dónde salen los recursos económicos para la realización del proyecto, y por qué la rentabilidad no es la principal preocupación. Para la potencia económica emergente un segundo canal en América Central sería muy importante para fortalecer su influencia en la región y para in-dependizarse del Canal de Panamá, que todavía está estrechamente interconectado con los EE.UU. Por ejemplo, existe todavía un derecho de intervenir por lo que los EE.UU. podrían bloquear el Canal de Panamá en caso de conflicto.

Una segunda teoría propone que el grupo HKND no tendría planes concretos de construir el Canal de Nicaragua, sino que buscaría con la concesión ase-gurarse los derechos exclusivos en los subproyectos, que si parecen económicamente rentables. También reprochan a Daniel Ortega, que solamente quiere enriquecerse por las expropiaciones previstas en la ley 840. Desde un punto de vista jurídico, el con-trato entre el Gobierno nicaragüense y el grupo HKND seguiría vigente sin la construcción de un canal con las exenciones del impuesto y todos los otros beneficios. Esta hipótesis se ve corroborada por el hecho que meses después de la inauguración del proyecto en diciembre de 2014 todavía casi no se ve nada de la ampliación y la construcción de las calles de acceso.

Impactos ecológicos

Uno de los argumentos más fuertes contra el Canal son los impactos del megaproyecto en el medioam-biente y sobre todo en el Lago Cocibolca. Además, esas dudas no se reducen por el hecho que la conce-sión se otorgó al grupo HKND sin estudios previos

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de impacto ambiental. No fue si no hasta el 31 de mayo del 2015que una empresa consultora, con-tratada por el grupo HKND, entregó un estudio ambiental al Gobierno nicaragüense. Sin embargo, aún no se revelan al público muchos de los resul-tados. Solamente cuatro capítulos fueron presen-tados a un grupo de científicos(as) independientes en Florida, que confirmadas sus dudas con respecto al proyecto. Aunque el estudio no fue publicado, recibió fuertes críticas por falta de transparencia e independencia, y una limitada base de datos. Ade-más, el plazo de un año y cinco meses parece muy poco para un proyecto que va a cambiar el país para siempre.

El Lago Cocibolca con una superficie de 8,200 ki-lómetros cuadrados es el segundo lago más grande de América Latina y un ecosistema muy frágil. Este Lago es hogar de especies raras como por ejemplo el tiburón de agua dulce, además cuenta con una gran biodiversidad. Aunque el Lago sea muy grande, es un cuerpo de agua muy superficial. La profundidad promedio está entre 10 y 12 metros. Para construir un cauce entre 27 y 30 metros en el Lago se tendría que remover una gran cantidad de sedimentos – y eso en una distancia de 105 kilómetros. No obstan-te, el peligro más grande para el Lago es la contami-nación que provocaría el Canal. Las consecuencias

de una catástrofe petrolífera serían fatales paralos ecosistemas acuáticos. Otros peligros para el Lago son la introducción de nuevas especies invasoras y una salinización creciente. Adicionalmente, hay más de 200,000 personas que en la actualidad beben el agua del Lago. En consecuencia, una salinización o contaminación del agua no tendría solamente con-secuencias devastadoras para la flora y la fauna, tam-bién para la población.

A la par del Lago, las zonas costeras también serán afectadas directamente por el Canal. Así como de-sastrosa sería una salinización del Lago, tan proble-mático sería la entrada de agua dulce en algunas zonas. Sobre todo en la costa pacífica se encuentran

ecosistemas marinos muy sensibles, que pueden per-der su equilibrio por cambios menores. Otro pro-blema es que el Canal dividiría el país en dos par-tes, restringiendo el comportamiento migratorio de varios animales. Sin embargo, los posibles impactos ambientales no se limitan a Nicaragua. Toda conta-minación se difundiría por las corrientes marinas a otros países latinoamericanos como México, Cuba o Colombia, siendo Costa Rica el país que resultaría especialmente afectado. El Río San Juan, que nace en el Lago Cocibolca, atraviesa Costa Rica y desem-boca en el Caribe – en una zona muy conocida por sus reservas naturales. Además de una posible con-taminación se teme un aumento en el depósito de

Fuente: http://www.confidencial.com.ni/el-gran-lago-amenazado

Figura 3 Vista al Lago Cocibolca


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sedimentos en el Río. Por otro lado, se encuentran aguas subterráneas bajo el Lago que se extienden hasta Costa Rica. En caso de un desastre no se pue-de excluir, que el agua contaminada del Lago entra-ría en esas aguas subterráneas, sobre todo como la profundidad del Lago se duplicaría artificialmente en la zona del Canal. Por estas razones, el presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, pidió más in-formaciones sobre posibles impactos ambientales al Gobierno nicaragüense y una explicación acerca de cómo Nicaragua puede minimizar estos efectos en el ambiente. En general, Costa Rica se muestra has-ta ahora muy reticente en cuanto al Canal.

En cuanto al bosque tropical, los impactos del Canal son difícilmente previsibles. Por un lado, la construcción del Canal destruiría extensas áreas de bosque. Por el otro lado, hay preocupaciones porque muchos de los(as) campesinos(as) expropiados(as) de sus tierras en la ruta del Canal, se introducirían en territorios indígenas o reservas naturales para en-contrar nuevas tierras. No obstante, para el buen funcionamiento del Canal una reforestación a gran escala sería necesaria para garantizar el abasteci-miento de agua del Canal. Por esta razón el efecto neto podría ser aún positivo.

Impactos sociales

En este momento viven aproximadamente 30,000 personas en la ruta del Canal, y que serían expropia-das por su construcción.4 El número de las personas afectadas indirectamente es mucho más elevado. Resuelta llamativo que como en el caso del medio ambiente hay una gran falta de informaciones y de estudios adecuados. Según la ley 840 y la concesión, el grupo HKND puede apropiarse de todo terreno que estime necesario para la realización del Canal o de uno de los subproyectos. En el caso de propie-dades privadas, la comisión del Canal va a ocuparse de que la gente va a ser expropiada si es necesario. Como indemnización las familias afectadas recibi-rían el valor catastral de su propiedad, un valor que es normalmente mucho menorque el precio de mer-cado. La gente solamente recibe el precio de mer-

4 También hay organizaciones que hablan de muchas perso-nas más (hasta 120,000). Esa cifra es difícil a precisar porque adicionalmente al canal se va a crear una zona de seguridad de 5-10 km en ambos lados del canal y no solamente personas que viven en la ruta del canal podrían verse afectadas, sino también gente en otras regiones del país, como también los subproyec-tos permiten expropiaciones y no hay un límite territorial.

cado si es menor que el valor catastral. En el caso de propiedades públicas el inversor no tiene que pagar nada. Un problema es que mucha gente en Nicaragua no tiene títulos de propiedad, aunque sus familias viven allí desde hace décadas. Esta gente se encuentra en una situación muy precaria y no saben si van a recibir una indemnización, porque la ley no dice nada al respecto. Los y las ciudadanos(as) afectados(as) pueden presentar una demanda ante un tribunal, pero solamente en cuanto al monto de la indemnización, no en cuanto a la expropiación. Las posibles reubicaciones no están previstas en la ley. Lo cual pone a las familias en una situación muy difícil, como la mayoría de ellas son campesinas y sus tierras son la base de su vida. Como las plan-taciones de café, arroz o piña son una inversión a largo plazo, tampoco será fácil comenzar de nuevo en otro lugar. Además, los precios de los terrenos ya están subiendo en la región, lo que hace casi imposi-ble encontrar una propiedad con un precio equiva-lente al monto de la indemnización. Una pregunta crucial será entonces cómo se pueden redistribuir los beneficios de los proyectos para que quienes ga-nan compensen a quienes pierden y no se ponga en peligro la paz social.

En el Caribe, la problemática de las expropiaciones es particularmente complicada porque el Gobierno niega de esta manera la autonomía de la región, ga-rantizada después de la guerra civil. Por esa razón, los pueblos indígenas de los Miskitos y Ulwa así como las comunidades Ramas y Creoles presenta-ron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta hoja de ruta ya tuvo éxito en casos anteriores, en los que se violó el derecho de autonomía. En el caso del Canal to-davía no hay una decisión. Sin embargo, si el Go-bierno sigue ignorando los intereses de las regiones autónomas y desconoce el derecho de propiedad comunal corre el peligro que se revivan antiguas tensiones sociales.

Otro aspecto importante es que el Canal dividiría el país geográficamente y haría necesaria una reorga-nización territorial. Además, el Canal reduce la mo-vilidad dentro del país. Por ejemplo, solamente hay planes para construir un puente sobre el Canal en-tre el Lago Cocibolca y la costa pacífica (en Rivas). Por lo cual, mucha gente tiene miedo que quedarán aisladas en su acceso a hospitales, escuelas o iglesias y tendrán rutas mucho más largas para visitar fami-liares o amigos(as). No obstante, la ley 840 no trata estos problemas. Del otro lado, la situación también

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ofrece grandes posibilidades para modernizar y re-novar la infraestructura local. Sobre todo en regio-nes rurales es muy urgente mejorar el suministro a las poblaciones. Según Telemaco Talavera, el vocero de la comisión del Canal, el objetivo del Gobierno es que la situación de suministro será mejorada por el Canal y que se establecerá una mayor cobertura de los servicios y de la infraestructura.

Por último, hay mucha gente que está preocupada por la militarización prevista de la zona canalera. No obstante, todavía no está claro quién será res-ponsable para la seguridad del Canal. Corren di-ferentes rumores que se podrían desplegar tropas chinas o rusas. Sin embargo, no hay una compro-bación oficial.

Protestas contra el Canal

Además de numerosas críticas del mundo académi-co, en los últimos años se formó un movimiento de protesta activa, que se apoya sobre todo en las regio-nes rurales directamente afectadas. Hasta la fecha se han organizado 45 marchas pacíficas en diferentes comunidades. El objetivo de los y las manifestantes es sobre todo generar más atención al nivel nacional pero también internacional al informar y movilizar también otras partes y sectores del país, que no se-rían afectados directamente, en su situación. Una característica muy interesante de las protestas es que

las personas manifestantes provienen de tendencias políticas muy diversas y muchas personas son de he-cho militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el gobierno. Lo cual es una situación muy especial para Nicaragua, un país en el que las manifestaciones y las protestas no figuran necesariamente en el orden del día.

No obstante, según Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua, la mayoría del pueblo nicaragüense sigue apoyando el proyecto del Canal. En ese contexto, es muy importante recordar que no hubo un debate abierto en el país y que falta todavía una discusión pública sobre el asunto. Lo anterior, debido -por un lado- a la falta de transpa-rencia y retención de informaciones por parte del Gobierno, y por otro lado, a la escasez de medios de comunicación independientes en Nicaragua, lo que resulta en una cobertura mayoritariamente positiva para el proyecto. Además, en Nicaragua criticar al Gobierno abiertamente no es posible sin cautela. La crítica puede tener consecuencias muy fuertes, como lo muestra el caso de Gabriel Álvarez Argüello, un profesor de derecho de la Universidad de León, que perdió su trabajo después de dar unas manifestaciones críticas al respecto. También en las marchas se presentaron serias violaciones a los De-rechos Humanos. En las protestas de diciembre de 2014 varias personas manifestantes fueron deteni-das ilegalmente por varios días, además, la policía

Fuente: https://www.dropbox.com/sh/3bdc0a3edujwuxc/AAA_M7OFN83HmVf5URMZ1BSja?dl=0

Figura 4 Protestas contra el Canal


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disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos, ocasionando más de 70 personas heridas. Un hom-bre perdió un ojo como consecuencia.

Octavio Ortega, uno de los líderes del movimiento contra el Canal y presidente de la ONG FUNDE-MUR (Fundación de Municipios de Rivas) aún así quiere seguir luchando. Cuenta con vigilancia cons-tante, amenazas de muerte y una presión sobre su familia y personas cercanas. El Gobierno, en cam-bio, subraya que las protestas son una expresión de la democracia en el país y que la policía y el ejército intentan todo para proteger a los y las manifestan-tes. Reprochan a Octavio Ortega y otros actores de ser financiados por el extranjero. Además, el Go-bierno no toma las protestas muy en serio. Es algo poco realista que las protestas cesarán tan pronto como la población local entienda los beneficios del Canal. Manuel Coronel Kautz, presidente de la co-misión del Canal, se expresó de una manera despec-tiva sobre los y las manifestantes, que según él son todos(as) campesinos(as) sin ninguna educación y no podrían entender las cuestiones complejas del país. Sobre la población indígena dijo que la ma-yoría de ellos(as) ni sabía lo que era un contrato y nunca antes habían tenido un dólar en las manos.

Habría que esperar si realmente el Gobierno no tiene que preocuparse por los y las manifestantes. Aunque la mayoría de los y las nicaragüenses toda-vía están a favor del proyecto del Canal, el apoyo disminuyó visiblemente en los últimos meses. Esto sobre se debe al hecho de que el Gobierno tuvo que corregir varias de sus promesas con posterioridad, lo que resultó en una pérdida de credibilidad. Por ejemplo, el Gobierno anunció al principio que el Canal iba a crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo – ahora ha corregido el número a 250,000 empleos. Posiblemente también se nota un impacto de las campañas de información de varias ONGs y ambientalistas. Lo que queda claro es que las mar-chas contra el Canal crecieron constantemente en los últimos meses. En la última marcha nacional en Juigalpa cerca de Managua, que fue la más grande hasta ahora, participaron más de 15,000 personas.

Además de las marchas, varias ONGs y también ciudadanos(as) en forma individual iniciaron pasos legales contra el Canal. Adicionalmente, a la deman-da ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se entregó una demanda ante de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Sin embargo, la gente espera más de la primera, porque

los(as) jueces y juezas mantienen relaciones estre-chas con el gobierno de Ortega. Los(as) críticos(as) del proyecto tampoco creen que las elecciones de 2016 van a cambiar la situación. Ya en los últimas elecciones de 2011 ocurrieron varias irregularidades y Daniel Ortega solamente pudo asumir su cargo de nuevo, porque cambiaron la Constitución. Su reelección en 2016 es entonces más que probable. Por lo anterior es que los(as) opositores(as) del Ca-nal ven su única oportunidad para impedir el Canal en la movilización del pueblo. Por lo tanto, dicen que si en septiembre de 2015 van a empezar la cons-trucción del Canal, sin haber modificado las con-diciones del contrato, habrán protestas a lo largo y ancho del país.

Alternativas

Distintos sectores exigen que Nicaragua haga un mayor hincapié en un desarrollo sostenible, que no enfrente el progreso económico y la protección del medioambiente como dos polos incompatibles. La generación de nuevos empleos es sin ninguna duda un asunto de mayor importancia en un país en de-sarrollo como Nicaragua. Sin embargo, también se puede conseguir de manera sostenible. Lo más evi-dente es el potencial turístico del país, y sobre todo para el ecoturismo. Nicaragua es con sus paisajes, sus lagos y volcanes un destino ideal para turistas amantes de la naturaleza y de la aventura. Para se-guir siendo atractivo para ese grupo destinatario, es muy importante proteger la naturaleza y la biodi-versidad del país. Por eso, el ecoturismo y la protec-ción del medio ambiente se apoyan mutuamente.

Las preocupaciones ambientales más grandes exis-ten por el trayecto del Canal que va por el Lago Cocibolca. Esto mismo, podría ser utilizado de muchas maneras diferentes. Ahora existe una ca-rencia importante de agua potable al nivel mundial. Una situación que va a empeorar en las próximas décadas por el cambio climático. Para el año 2100 científicos(as) predicen que el suministro de agua potable aumentará globalmente un 20-24%, mien-tras que la disponibilidad se reducirá un 35 %. En consecuencia, un enorme lago de agua dulce consti-tuye un recurso incalculable para el futuro de Nica-ragua. Su protección es, por lo tanto, una cuestión de justicia intergeneracional. Además de asegurar el suministro propio, Nicaragua podría exportar agua a otros países. La Constitución Política de Nicara-gua también reconoce el importante valor del lago.

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Los artículos 96 y 97 de la ley 6205 establecen que la aseguración de la cualidad de aguas nacionales y la protección del agua del lago Cocibolca son obli-gaciones del gobierno.

Además, existen desde hace décadas planes para utili-zar las aguas del lago para irrigar las planicies de Oc-cidente, fortaleciendo la agricultura y agroindustria en esa región. Sin embargo, esos planes hasta hoy nunca se pusieron en práctica. La irrigación de las regiones occidentales podría asegurar el suministro de alimentos para la población creciente a largo pla-zo y permitir a Nicaragua de exportar los excedentes. En torno del lago también hay muchas familias que viven de la pesca. Como el lago Cocibolca es muy rico en, la pesca también podría ser ampliada como deporte y comoactividad económica.

Una manera sencilla de seguir protegiendo el Lago en el futuro y no poner en riesgo este recurso tan valioso sería elegir una ruta para el Canal que no pase por el Lago. Por lo tanto, considerar los gran-des riesgos, las corrientes fuertes y la insuficiente profundidad por lo que no parece tan beneficioso utilizar el Lago como un componente del Canal. Sin embargo, el Lago hace parte de todas las rutas propuestas por el grupo HKND. Claramente falta una explicación de tal decisión así como estudios acerca de rutas alternativas que no pasen por el Lago. Tan solo se puede suponer en este momento que la empresa quiere disminuir costosutilizando el agua del Lago para el abastecimiento del Canal. En vista de los elevados riesgos, la Academia de Cien-cias de Nicaragua, no considera justificada la ruta elegida. Según la academia sería mucho más razo-nable cambiar la ruta y evitar el Lago. Las aguas del Lago todavía podrían alimentar el Canal por varios canales con esclusas, pero sin que los barcos y en particular los petroleros atraviesen directamente el Lago.

Para posibilitar un crecimiento económico a lar-go plazo, Nicaragua necesita además un profundo cambio estructural así como inversiones sosteni-bles en nuevas tecnologías y en educación. Sobre todo el Estado tiene que ofrecer alternativas para trabajadores(as) muy calificadas(os) para que se queden en el país y no tengan que ir a trabajar en el extranjero. Obviamente un cambio tan profundo solo se puede realizar muy lento y requiere inver-siones importantes en la infraestructura para crear

5 Ley general de aguas nacionales

las condiciones marco necesarias. Por esto mismo, el Gobierno razona que dichos gastos no serán po-sibles sin inversiones extranjeras y que el proyecto del Canal tiene entonces el potencial de impulsar ese desarrollo.

Evaluación del proyecto

Gracias a las inversiones asociadas, el viejo sueño de un canal en Nicaragua podría ser una gran oportu-nidad para el segundo país más pobre de América Central. En Nicaragua, un 42.5 % de la población tiene que sobrevivir con menos de 2 dólares al día y la tasa de analfabetismo todavía está – pese a mejo-ras en los últimos años - en un 22 % en el grupo de edad superior a los 15 años. El Canal y los proyectos vinculados podrían impulsar el desarrollo del país y mejorar la situación de la gente.

Sin embargo, también se debe asegurar un desa-rrollo sostenible del país y respetar la legislación vigente así como los Derechos Humanos. Por esto, es muy importante separar la idea de construir un canal entre su aplicación concreta y la concesión dada. La crítica no se dirige al proyecto en sí mis-mo, pero claramente en contra de la manera de su realización. La construcción de un canal cambiaría Nicaragua irreversiblemente y afectaría al país por generaciones. Por lo tanto, es una decisión que debe considerar todas las posibles consecuencias y necesita estudios científicos e independientes a pro-fundidad. Cuestiones como rentabilidad, sobre la protección del medio ambiente y acerca del impac-to social tienen que ser consideradas con seriedad. Además, se necesita un debate amplio y abierto en el país para asegurar una toma de decisión infor-mada y democrática. Las decisiones del Gobierno y de la comisión autorizada deben ser transparentes y disponibles para el público. Una forma de partici-pación a considerar, podría ser la experiencia prác-tica del referéndum sobre la ampliación del Canal de Panamá, en 2006. También es necesario elaborar propuestas acerca de cómo podrán ser compensadas las personas que van a perder su forma de vida por el Canal.

En su forma actual, la ley 840 y la concesión violan la Constitución y suscitan una gran resistencia en la población. Por esta razón, el Gobierno debería revisarlas y encontrar una solución aceptable para todos(as). Habría que esperar si será posible para el Gobierno de realizar el proyecto actual.


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Nicaragua espera que se realicen avances en el de-sarrollo del país, pero ese desarrollo no se debe for-zar a cualquier precio. Actualmente los costos del proyecto parecen demasiado elevados y ponen en peligro la herencia natural del país así como la paz social. Por lo tanto, es bastante dudoso que en es-tas circunstancias el Canal sea la realización de un sueño. Hay demasiadas cuestiones pendientes y una necesidad urgente de reformas. Antes que nada,

Nicaragua tiene que asegurar que el proyecto sea económicamente rentable, socialmente deseable y ecológicamente compatible. Por otra parte, tam-bién hay que destacar que el Canal no podrá resol-ver todos los problemas del país. Nicaragua necesita un plan de desarrollo integral y sostenible, que se enfoque sobre todo en inversiones en educación e infraestructura. Y que tal vez - en otras circunstan-cias - también podría incluir un canal.

AutoresAnna HochleitnerEs licenciada de la Universidad de Passau en Adminis-tración de Negocios y Economía, además, en Estudios Internacionales sobre Cultura y Negocios -ciencias po-líticas y geografía- con énfasis en Iberoamérica. En la actualidad es estudiante de Maestría en Economía de las Universidades de Konstanz y Nottingham.

En 1965 la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, Fundación Friedrich Ebert) abre en Costa Rica su primera oficina en la región centroamericana. El 23 de julio de 1965 se firma el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Costa Rica. El 1° de setiembre de 1980 se aprueba la Ley no. 6454 que lo ratifica.Por más de 45 años la Fundación Friedrich Ebert en Costa Rica ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con insti-tuciones sociales y políticas costarricenses.En la actualidad, la Fundación Friedrich Ebert, a través de su oficina en Costa Rica, desarrolla los ocho campos de trabajo regional de la FES en América Central. El concepto de planificación en red de las seis oficinas centroamericanas consiste del trabajo nacional con intercambio regional y segui-miento nacional.Las actividades permiten una cooperación con múltiples actores progresistas en los seis países cen-troamericanos y en los campos de la justicia social, la democracia, el cambio climático, la economía sostenible y la seguridad. Destaca además, en lo nacional y lo regional el trabajo sindical, de género y con jóvenes - agentes de cambio.

ANÁLISIS – ISSN 2413-6611

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La construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua : situación … · 2017-11-21 · ANÁLISIS...

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