La democracia comunal y la victoria pírrica de la

Concertación

Cristóbal Cortés

Nicolás Romero

La Concertación obtuvo una victoria pírrica. Consiguió beneficios electorales con fuerzas

sociales ajenas. El presunto cambio en los pesos electorales que hoy parece haberse generado,

no es sinónimo inmediato de un cambio en las relaciones de fuerza a partir de las cuales se

resuelve la política chilena.

La alta tasa de abstención electoral que se expresó en las recientes elecciones municipales

y que, en promedio, asciende a cerca del 60 % del padrón electoral actual, emerge como

una expresión manifiesta de la crisis de legitimidad por la que hoy atraviesa nuestro

sistema político y, en definitiva, nuestra democracia. Diversos analistas han sostenido que

se debe al desajuste creciente entre “los políticos” y “la ciudadanía”, centrando la crítica

en el desempeño actual de partidos y representantes políticos, y buscando una solución

en la necesidad de renovar y mejorar la oferta electoral. Lejos de negar que tal distancia

exista y de que efectivamente sea necesario generar distintos referentes partidarios, un

planteamiento de tal naturaleza relega a un segundo plano el carácter mismo de la

democracia que se ha construido. Dicho de otro modo, los límites dentro de los cuales se

inscribe toda mejora al interior de este marco institucional.

Hace pocas semanas, la Fundación Decide lanzó un libro titulado Espacios institucionales

de participación y actores políticos comunales. Mapeo exploratorio de la participación

ciudadana en seis comunas de la Región Metropolitana. En este estudio se

problematizó el carácter de la democracia comunal, pudiendo reconocer desde tal

investigación algunos elementos que pueden aportar a este debate.

Lo que se expresó en las elecciones municipales hace unas semanas no existe al margen

de los procesos sociales y las relaciones de fuerza que configuran nuestra sociedad, tanto

desde sus fuentes institucionales como de las que surgen de los mismos sujetos políticos

en pugna. No es posible considerarlos de modo aislado y se hace necesario reconocer la

presencia de un proceso fraguado durante toda la transición.

La transición se caracterizó por un proceso de rediseño institucional que buscó asegurar

la “gobernabilidad” del país como tarea política primordial, buscando desarrollar

mecanismos capaces de encauzar y procesar institucionalmente la participación social,

limitando con ello la constitución de espacios reales y efectivos para la emergencia de

otros y nuevos actores políticos. Se relegó las iniciativas populares a un segundo plano.

Tal como dijera Boenninger, bajo la premisa de evitar cualquier “tentación populista” o

“desborde popular”, se privilegió la acción de los partidos políticos apostando a que la

transición se definiría en un contexto de acuerdo interno en la elite política, dejando fuera

de ello a todo movimiento social. Aquello decantó en la construcción de una democracia

elitista y de baja intensidad: mientras el sistema político poco a poco fue cerrándose sobre

sí mismo, el espacio público paralelamente se fue vaciando de actores sociales y

conflictos reales.

Aquello no es un proceso que podamos ver sólo a nivel nacional. Su correlato en los

gobiernos locales es también claro. En el transcurso de este período, nunca se presentó

como una exigencia la participación de los habitantes de la comuna en los distintos niveles

de decisión y gestión del Municipio. Sin ello, el clientelismo ha emergido como una

práctica social generalizada en los municipios de Chile, restringiendo selectivamente el

acceso a la participación y convirtiendo muchos beneficios de políticas o programas

sociales en “ficha de cambio” entre Alcaldía y organizaciones locales. Concordante con

ello, estas últimas han sido concebidas sólo como entidades gremiales, despojándolas de

espacios que definan posiciones en relación a la totalidad del gobierno comunal. Un signo

efectivo de lo anterior es que sólo pasados 20 años del término de la dictadura se concretó

una normativa legal que establece los marcos para la participación municipal. Aun así, su

excesiva flexibilidad (entre otros factores) siembra bastantes dudas de las efectivas

posibilidades que tenga de avanzar en revertir esta situación.

En las elecciones municipales, como adelantábamos, la alta abstención que se ha

expresado (de un crecimiento sostenido desde mediados de los años noventas) es muestra

de este proceso de descomposición política. Con un diseño político excluyente, sin

posibilidades para la incidencia de la acción colectiva de la ciudadanía en las decisiones

del Estado y, del mismo modo, con una política local cooptada por una gestión clientelar

que promueve la despolitización de las organizaciones sociales, un escenario distinto al

de hoy era bastante poco probable.

A modo de aclaración, no es la intención de esta columna subscribir una posición

antielectoral. Respaldar a una u otra expresión de tipo electoral, sabemos, no es una

decisión que deba tomarse en un plano abstracto, sino que corresponde a una opción

estratégica en función de reafirmar procesos sociales que incorporan estos espacios como

parte de su construcción política.

Con todo ello, los resultados de los votos válidamente emitidos parecen indicar una

presunta victoria de la Concertación. Sin embargo, ¿por qué parece haber ganado la

Concertación? No es afán de las siguientes líneas agotar las distintas tesis que puedan

levantarse acerca de ello, pero desde el análisis de ciertos casos emblemáticos, un

elemento distintivo dice relación con la disposición que algunos alcaldes presentan a la

participación y movilización social.

Las derrotas más emblemáticas de la derecha sucedieron justamente en comunas donde

sus alcaldes se enfrentaron de forma directa en contra del movimiento estudiantil. Aquella

actitud, lejos de ser sólo una caricatura comunicacional, es también reflejo del entramado

institucional de participación que sostienen en sus municipios. En nuestro estudio la

comuna de Santiago detenta una participación de nulo nivel vinculante y con una

disposición institucional bastante moderada (esto es, presentando dificultades al acceso

de los vecinos a las herramientas de participación). Caso similar ocurre en Ñuñoa, de

estrecho resultado electoral, en donde la disposición ya no es moderada, sino directamente

restrictiva y selectiva.

La fuerza con la que se ha levantado el movimiento estudiantil durante estos dos años ha

permitido que en las comunas en donde se ha expresado de manera más patente la

exclusión política proveniente de sus alcaldes, se reconstruya el clivaje sí/no (esto es,

autoritarismo versus democracia), permitiendo con ello que la Concertación pueda

capitalizar electoralmente con tal descontento. Existen casos, sin embargo, como el de

Providencia, que expresan procesos que sólo de un modo simplista pueden clasificarse

como parte de la política de la Concertación

Depende justamente también de los movimientos sociales, y de la capacidad que tengan

de poder transformar su fuerza social en directrices políticas, que este clivaje sea superado

por uno que ponga en cuestión los términos de la transición. Esto es, un nuevo

conflicto que construya una oposición a los enclaves autoritarios, pero que, superándolo,

ponga en cuestión también a los defensores de las políticas a las cuales hoy la mayoría de

Chile se ha opuesto. Tal proceso se hace ineludible en función de movilizar en torno a

éste a los nuevos grupos sociales que hoy han surgido.

Lograr que esto pueda expresarse en el plano comunal pasa también por generar un marco

programático que, en concordancia con el cuestionamiento a los términos excluyentes de

la transición política, pueda madurar avances en el horizonte de generar un mejor contexto

para la emergencia de nuevos actores políticos a escala local.

La Concertación obtuvo una victoria pírrica. Consiguió beneficios electorales con fuerzas

sociales ajenas. El presunto cambio en los pesos electorales que hoy parece haberse

generado, no es sinónimo inmediato de un cambio en las relaciones de fuerza a partir de

las cuales se resuelve la política chilena.

Hoy se hace patente la necesidad de construir un actor político nuevo y distinto. Generar

su fuerza implica superar los términos de la discusión en la que hoy se ha cerrado la

política chilena.