Capítulo VI

La ilusión democrática

La República se puso de pie luego de la implosión del régimen militar. Pero ello no sucedió como consecuencia de una cruzada pa­triótica que luchó para desalojar un Gobierno nacido de un golpe de Estado contra un presidente constitucional. La devolución institucional ocurrió como resultado de tres factores que derrumbaron el régimen procesista: el colapso económico, la derrota en la guerra de Malvinas y el desprestigio internacional como consecuencia de los miles de des­aparecidos, cuyo esclarecimiento fue exigido por familiares de las víc­timas, organizaciones de derechos humanos y Gobiernos extranjeros.

Fue el final sin gloria de un régimen de facto que había comenzado con el apoyo de una parte importante de la población y que, sin haberse legitimado por la lucha contra el terrorismo, pretendió por una ley de autoamnistía evadir la responsabilidad por los excesos cometidos por los militares, trátese ya de las altas jerarquías castrenses como de los oficiales de menor graduación. ¡

Los valores liberales y republicanos'se alzaron como paradigmas frente a una sociedad cansada de la intolerancia, de la corrupción, de­cepcionada por el inútil sacrificio de la guerra, una sociedad frustrada de ver el país relegado a un destino secundario, desacreditado en el concierto internacional, vencido por el fracaso económico luego de tan­ta prédica triunfalista. La deuda pública generada por el Proceso pasó a convertirse en una carga insoportable^para las futuras generaciones.

La nación argentina se aprestaba a inaugurar una nueva esperanza. Fue como un renacimiento en todos los órdenes, un encuentro de la

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política con los ideales fundacionales, un alivio para los perseguidos, una ilusión de volver a encontrar un rumbo ascendente para un país que había caído en el abismo de la violencia interior y de la derrota in­ternacional.

Este capítulo describe algunos aspectos de la acción desarrollada por las seis presidencias que se sucedieron desde entonces: Raúl Alfon- sín (1983-1989), Carlos Saúl Menem (con dos mandatos: 1989-1999), Fernando De la Rúa (1999-2001), Adolfo Rodríguez Saá (una semana en 2001), Eduardo Duhalde (2002-2003), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011).

Durante este período cada Gobierno tuvo su propio enfoque po- . lítico, sus recetas, sus prioridades internas y externas, incluso la forma

de concebir el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias y el ejercicio de las garantías constitucionales.

Restaurar la democracia implicaba restablecer el funcionamiento equilibrado de un orden político, cuya arquitectura reposaba, como he­mos afirmado, de tres instituciones básicas: el Estado, la vigencia de las reglas fundamentales del Derecho y un Gobierno que rindiese cuentas ante el pueblo. Sin embargo el recorrido de la experiencia de la gestión política desde la restauración de 1983 indica que la ambición que ex­presaba el pueblo argentino no fue enteramente satisfecha. En efecto, muchos de los Gobiernos nacionales y provinciales de este período tra­taron, por todos los medios, legales e ilegales, de evitar la alternancia — en algunos casos, los clanes familiares aseguraron la continuidad— . Se resistieron a rendir cuentas ante el pueblo e impusieron la primacía de sus intereses políticos a las reglas del Derecho. Durante este período, algunos Gobiernos han puesto en práctica políticas y decisiones sin la debida intervención del Parlamento cuando así lo establece la Constitu­ción y no han acatado sentencias del Poder Judicial.

A partir del año 2003, el orden político no ha logrado restablecerse, está desvencijado: el Gobierno domina al Estado, la rendición de cuen-

. tas es una utopía inconcebible para un poder hegemónico que ha igno­rado todos los equilibrios del sistema constitucional.

La república de las leyes es un proyecto aún por realizar. Han pasa­do casi tres décadas desde el día en que soñamos haber cambiado defi­nitivamente, pero sin que muchos se den cuenta de ello, hemos vuelto a repetir la historia.

La democracia prometida

Con un clima festivo,' ante un Congreso delirante de entusiasmo, Raúl Alfonsín inauguró un nuevo ciclo democrático en presencia de los expresidentes Isabel Perón y Arturo Frondizi, los vicepresidentes de Cuba y de los Estados Unidos y los presidentes de Nicaragua y de Venezuela. Llegaba para poner fin a las «peleas estériles», «superar an­tagonismos» y convocar a un «movimiento nacional, popular, racional y transformador». La Argentina renacía con la esperanza de una ju­ventud que quiso desterrar para siempre la persecución y la intoleran­cia, así como la prepotencia de dictaduras y terrorismos que habían sembrado el terror y la muerte en todos los niveles de la sociedad ar­gentina. La llave del triunfo de la fórmula Alfonsín-Martínez frente a la fórmula Luder-Bittel, a pesar de que semanas antes del comido nin­gún pronóstico lo anunciaba, fue haber puesto en un mismo terreno a los sindicalistas y los militares, consagrando la idea de que existía un «pacto militar-sindical».

Raúl Alfonsín ganó las elecciones de 1983'recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Era la primera vez que el radicalismo triun­faba frente al peronismo, y prometía que «nunca más debe haber civi­les tocando la puerta de los cuarteles». Pretendía encarnar la república recuperada de las cenizas de la tragedia del Proceso militar, exorcizar el maleficio que significaban los.golpes de Estado, cuya primera víctima había sido Hipólito Yrigoyen en 1930 y su secuela de Gobiernos auto­ritarios que habían entregado al país a la dependencia del extranjéro, mientras su economía tocaba fondo, agobiada por la deuda y el déficit fiscal. Era el renacer del mito fundador para una ciudadanía cansada de repetir decepciones, de postergar promesas, de soportar la prepotencia

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del poder autoritario y sin apelación. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín, desde la Asamblea Legislativa declaraba:

(...) Hoy convocamos a los argentinos no solamente en

nombre de la legitimidad de origen deíGobierno democrá­tico, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa

legitimidad.

Debemos ayudar a nacer al nuevo sindicato... sin intro­misión del Estado, de los partidos o de los empresarios (...).

(La deuda externa) se abonará en la medida que las ex­portaciones argentinas puedan expandirse en el futuro.

(...) dotar a las Fuerzas Armadas de una clara doctrina

de defensa nacional, eliminando definitivamente la llamada doctrina de seguridad nacional.

Dos temas debían ser encarados con urgencia: la cuestión militar y el reordenamiento sindical. Por separado trataremos el primer tema, que mereció gran atención y decisiones políticas que, sí bien fueron cambiando en el curso de la gestión alfonsinista, pudieron concretar­se dejando un sello sin duda imborrable en la memoria colectiva del püeblo.

En la cuestión sindical, a pesar de la precariedad y la confusión que reinaba en la mayoría de los gremios, el Gobierno no tuvo éxito. Fue su primer fracaso intentar aprobar una legislación que promoviese el surgimiento de un nuevo modelo sindical en el que sus procesos elec­torales fuesen «controlados por el Poder Judicial (...) con expresión ade­cuada de las minorías». Esos fueron algunos de los objetivos señalados por Alfonsín en su discurso inaugural.

Los radicales sabían que si no cambiaban las reglas del juego del funcionamiento de los sindicatos, estas organizaciones, cuyos dirigen­tes sobrevivieron gracias a la buena voluntad del gobierno militar, ter­minarían siendo sus enemigos ante la disolución de la oposición que representaba el peronismo político, como consecuencia de la derrota

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Rápidamente, para enfrentar los proyectos del Gobierno, la CGT Azopardo, orientada por un sector que había colaborado con el régi­men militar, y la CGT Brasil, integrada por los Veinticinco, típicamente peronista, crearon una conducción colegiada. Jorge Triaca y Antonio Baldasini representaban la primera y Osvaldo Borda y Saúl Ubaldini, la segunda1.Todos los intentos de cambiar las Reglas y los métodos de las organizaciones sindicales y las negociaciones que tuvieron lugar con tal fin resultaron un fracaso.

La suerte del gobierno de Alfonsín resultó ser una paradoja. Tuvo el coraje político ele juzgar a los militares responsables del Proceso de Reorganización Nacional y de crear una Comisión que investigó sus crí­menes, pero al final dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que exculparon o frenaron las causas que muchas víctimas o familiares de desaparecidos habían iniciado. Llegó para restaurar una economía exhausta y revisar una deuda externa de dudosa legitimidad, pero pron­to se echó un manto de silencio y olvido sobre el desastre que había desarticulado el aparato productivo del país. Por otra parte, el Gobierno continuó con la práctica de adoptar medidas de estatización de la deu­da privada a través de circulares del Banco Central —iniciada por el Pro­ceso—, transfiriendo así recursos del Estado a grupos privados. Antes de la asunción de responsabilidades gubernamentales, en diciembre de 1983, el tema de la deuda externa había sido objeto de una querella en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.° 2. El juez a cargo, Dr. Balles­teros, continuó la investigación. Pero nada se hizo a nivel de la admi­nistración para indagar el origen de los títulos de lavoluminosá deuda.

Es indudable que Alfonsín y sus colaboradores pusieron su esfuer­zo y competencia profesional al servicio del gran cambio que preten­dían para la Argentina, tras una trágica historia de violencias, golpes y vaciamientos económicos. Pero las intenciones no siempre se traducen en hechos. La deuda externa se convalidó y la economía fue devorada por la hiperinflación. " 4 . ;

Durante el proceso militar había tenido lugar una transformación én la naturaleza de los vínculos que ligaban los intereses económicos y el Estado. Se formó una trama de complicidades y colusiones que per­

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mitió acumular riquezas a algunos grupos y atar la suerte de la evolu­ción de muchas empresas a las decisiones oficiales. Esta trama, a la que nos referiremos en el capítulo siguiente, se transfirió o extendió con la restauración de la democracia. Durante el gobierno radical apareció la figura del «operador político». La sanción de leyes y los acuerdos políti­cos en los momentos de turbulencia se logró gracias a la intervención de estos operadores que continuaron cumpliendo la función de repre­sentantes de grupos de interés e intermediarios «facilitadores» durante los siguientes años de la democracia. Muchos políticos y los represen­tantes parlamentarios se fueron, paulatinamente, transformando en gestores que actuarían entre el Estado y los intereses privados. Poco a poco, el Estado quedó rodeado por la ciudadela de los negocios, y los «operadores políticos» fueron quienes, a través de su influencia, conci- liaron el interés público con el interés privado en beneficio de este úl­timo. Es decir, «la política» no logró su autonomía frente a los intereses sectoriales.

Los acreedores externos acosaban al Gobierno para que se les pa­garan los intereses de la deuda y los grupos económicos privados im­pulsaban la reforma del sector público para frenar el déficit que produ­cía la administración desastrosa de las empresas del Estado.

Durante toda la gestión de Alfonsín, el país vivió en estado de so­bresalto. Más.aún, en no pocas oportunidades, el presidente apeló al concepto de «libanización». Varios frentes de tormenta se alternaban entre alertas, a veces justificadas, y peligros imaginados por quienes los creaban. Conspiraciones, desestabilización de la economía, ambigüe­dad de la oposición que no siempre apoyó al Gobierno en su gestión. El radicalismo jugó a la escisión de la oposición peronista, alentando complicidades con los sectores renovadores del Justicialismo contra la corriente que representaba el peronismo tradicional, mayoritariamente, de cuño sindical.

El primer gesto del oficialismo'para limitar el ejercicio confrontativo

acompañados por algunos partidos de menor importancia, de orienta­ción centrista, socialista y de izquierda. No suscribieron él acta ni el Par­tido Intransigente ni el comunista, ni la Unión de Centro Democrático que representaba la derecha liberal. Poca repercusión tuvo este intento ante el sonoro plan de lucha de los sindicatos que lograrían hacerle a Alfonsín catorce paros generales. El idealismo de Alfonsín chocó contra la dureza de la oposición.

Para superar esa confrontación, en el plenario del Comité Nacional de la UCR convocado en Parque Norte, el 1 de diciembre de 1985, el presidente Alfonsín, apelando a la posibilidad de un gran acuerdo, lanzó la idea de un «tercer movimiento histórico», conjugando en la unidad de todo el pueblo las corrientes políticas que siguieron a Yrigoyen y a Perón. El presidente invirtió todo su talento en movilizar a los jóvenes y a la nación toda detrás de esta convocatoria de unidad. El discurso de Alfonsín reiteró nociones como «pacto democrático»,' «pacto social», y «proyecto de país» que se asentaría en tres pilares: la democracia par- ticipativa, la ética de solidaridad y la modernización2. En realidad, este discurso era un llamado a partir de la centralidad del cargo presidencial, pero por encima del partido radical. No era el llamado a una alianza, sino una convocatoria a todos los actores a compartir principios y pro­cedimientos de la democracia y a rechazar para siempre la tentación dictatorial. Se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, se lanzaron propuestas para modernizar el Estado y hasta se propuso, precipitadamente, mudar la sede del Gobierno nacional a Viedma, para evitar un «centralismo» que era considerado el mal histórico.

Nada pudo cambiar el derrotero de una sociedad en la que aflora­ban tantas debilidades:la dependencia del Estado de los acreedores privados y organismos financieros externos, la resistencia de los gre­mios acantonados en la defensa de los «intereses» de los trabajadores,

tla codicia de los sectores de más altos ingresos que reclamaban divisas ’ para fugar sus capitales al exterior, en fin, el desentendimiento dé los partidos de la oposición a comprometerse en un salvataje que limitaría su probable juego electoral. (Felipe de la Balze calcula que, en 1989, los capitales fugados al exterior ascendían a 50.000.000.000 dólares3).

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Muchos apostaron al fracaso del Gobierno. A fines de 1988, el Fon­do Monetario Internacional y el Banco Mundial, alentados por Domingo Cavallo, suspendieron los créditos a la Argentina4-

Alfonsín tuvo a su lado en la Junta Coordinadora Nacional, orien­tada entre otros por Enrique Nosiglia, Federico Storani y Leopoldo Moreau, a un conjunto de jóvenes inteligentes, que dinamizaron su relación con la sociedad y, sobre todo, facilitaron una sinergia con el peronismo renovador, luego que la derrota electoral de los radicales en 1987 impulsó a Antonio Cañero y a José Manuel de la Sota a liderar un movimiento interno que tuvo como propuesta modernizar al pe­ronismo.

Debemos traer a la memoria el hecho de que las elecciones de 1985 tuvieron como escenario el estado de sitio. Algunas semanas después de la reunión de Parque Norte, los peronistas renovadores produjeron el Documento Fundacional de la Renovación Peronista, donde si bien com­partían los principios de sus homólogos radicales, criticaban a los que li­mitaban la democracia al sufragio y los enunciados de los «teóricos» del alfonsinismo. Hubo, sin duda, entre los alfonsinistas y los renovadores del peronismo diferencias de enfoque frente a lo que era el «proyecto de país»s.

Como expresa Gerardo Aboy Carlés en un artículo sobre el tema, «el naufragio de la gran concentración convocada en Parque Norte queda­ría de manifiesto a partir de octubre de 1986, cuando el llamado a una convergencia programática por parte del presidente comenzará a enca­rrilarse por el camino de una alianza electoral con pequeñas fuerzas de derecha y centro- derecha para los comicios legislativos y provinciales d e l 987»6.

Cuando Carlos Menem ganó las elecciones internas del peronismo, en julio de 1988, aquel cambió de posición, criticó el Plan Primavera y desarrolló una dialéctica contra las ideas socialdemócratas de Alfonsín.

Menem, que había sido un dialoguista frente al radicalismo — apo­yó la posición del gobierno de Alfonsín en la cuestión del Beagle—, se transformó en un bastión de la tradición nacional y popular con un re­chazo cultural a los sectores que parecían buscar una sintonía con el

radicalismo. Denunció en su dialéctica electoral los pactos de las élites en contra o por encima de los intereses del pueblo y fustigó las políticas impulsadas por el conservadorismo liberal. ¡

El 6 de febrero de 1989, una nueva devaluación provocó una in­mensa pérdida de ahorros a millares de personas. La aceleración del au­mento de los precios había comenzado y, con ella, la debacle de la eco­nomía como veremos más adelante. Los precios registraron una suba de 2426% entre enero y julio de 1989.

Alfonsín llevó a cabo'una política internacional que incentivó los vínculos con América~Latina y, en especial, con el Brasil, país con el que firmó en 1986 el Programa de Integración y Cooperación Argentina-Bra- sil, origen del futuro Mercosur. Puso fin a las desavenencias bilaterales, y ambos países iniciaron una cooperación nuclear que es hoy ejemplo en el mundo. Durante su gestión, la Argentina fue un miembro activo del grupo de países en desarrollo, criticó la política intervencionista del presidente Reagan en Centroamérica, impulsó la creación del Grupo Contadora (1984), integrado por el Perú, el Brasil, el Uruguay y nuestro país con el fin de encontrar una solución a la deuda externa. En 1986, fue miembro fundador del grupo Cairns (países agrícolas de zona tem­plada), y nuestro país fue uno de los que impulsaron la apertura de un nuevo ciclo de negociaciones comerciales en el GATT que se llamó la Rueda Uruguay.

Cuando el Papa entregó, el 18 de octubre de 1984, una nueva pro­puesta como mediador en la disputa del Beagle, el Gobierno llamó a una consulta popular no vinculante que permitió terminar ese conflic­to, y así, el 29 de noviembre de 1984, los cancilleres Dante Caputo y Jaime del Valle suscribieron en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad Argentino-Chilena.

En el caso de las islas Malvinas, la política exterior fue menos afor­tunada, pues intentó sin éxito normalizar las relaciones diplomáticas en una reunión que tuvo lugar en Berna los días 18 y 19 de julio de 1984 y, por otra parte, a raíz de la decisión argentina de otorgar permisos de pesca, a la Unión Soviética y a Bulgaria, Gran Bretaña decidió convertir la zona de exclusión en torno a las Islas en una «zona de pesca» de dos-

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cientas millas. Fue un error garrafal de nuestra política exterior, pues la administración de las Islas empezó a otorgar sus propias concesiones, lo que le brindó una autonomía económica que los kelpers no tenían hasta entonces.

Las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, realizadas en medio del naufragio económico, dieron el triunfo al Frente Justicialista Popular, encarnado en la fórmula Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhal- de. Si bien el mando debía transferirse ellO de diciembre, una serie de factores profundizaron la gravedad del cuadro y obligaron a adelantar el cambio. El 26 de mayo comenzaron los saqueos en el Gran Buenos Ai­res, Córdoba, Salta, Santa Fe, Rosario.Todos recordamos las tristes esce­nas por televisión. El presidente declaró el estado de sitio. El periodista Mariano Grondona pedía «sacar los tanques a la calle».

Por otra parte, los grupos económicos, atemorizados por el caos y la pérdida del valor de la moneda, se sumaron a la conmoción general, reteniendo mercaderías en stock y remarcando dos veces por día los precios. Menem, ya electo presidente, no respaldó ninguna medida de Alfonsín en la emergencia. Finalmente, Alfonsín y el vicepresidente, Víc­tor Hipólito Martínez, decidieron renunciar y el Gobierno electo asumió cinco meses antes de la fecha fijada por el calendario electoral.

Carlos Menem llegó a la presidencia con un claro triunfo sobre Eduardo Angeloz, lo que le permitió obtener la mayoría absoluta en el Senado y una ventaja importante en Diputados: 127 legisladores, uno menos que los necesarios para tener la mayoría absoluta. El 8 de julio de 1988, Raúl Alfonsín le colocó la banda presidencial.

' A pesar de las turbulencias, las múltiples dificultades y de haber te­nido que adelantar la entrega del poder por las circunstancias reinantes, la república recuperada celebró el primer traspaso pacífico defunciones entre dos presidentes elegidos de acuerdo con lo que establece la Cons­titución, lo que no tenía lugar desde hacía dieciséis años cuando Perón asumió su tercera presidencia en octubre de 1973.

El pueblo volcado a las calles acompañó con emoción el paso del Regimiento de Granaderos a Caballo, escoltando al nuevo presidente de la nación hacia el edificio del Congreso. En el recinto se cantó de pie

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el Himno Nacional. A pesar de la incertidumbre la Argentina volvía a mirar su futuro con confianza.

La cuestión militar.

La restauración de 1983 tuvo grandes diferencias respecto de lo ocurrido en otras oportunidades, puesto que el Golpe de Estado de

• 1976 fue un golpe apoyado por sectores civiles para —así decían— hacer frente a la violencia de la guerrilla ante lo que se calificaba de incompetente al gobierno de la señora de Perón.

El discurso militar, al concluir el Proceso de Reorganización Nacio­nal, intentó justificar su legitimidad en la «derrota de la subversión». Algunos sectores del peronismo, y sobre todo, el candidato que fue de­rrotado en la elección de 1983, ítalo Luder, defendían'el prestigio de las Fuerzas Armadas como institución fundacional del país, mientras que el presidente Alfonsín, liderando un radicalismo triunfante, debía definir1 una política audaz y novedosa que marcara un hito en la historia argen­tina. Y esa política se centró en el enjuiciamiento de las cúpulas militares del Proceso. Debe recordarse que en 1983 los militares, en su mayoría, apoyaron a Alfonsín y no a Luder.

Este cambio frente a la tradición de las amnistías y olvidos se fue expresando en forma paulatina a partir de los intensos debates y las discusiones que tuvieron lugar en el seno del grupo radical, aun antes de asumir el poder el 10 de diciembrexde 1983. La primera cuestión que había que resolver era la autoamnistía. Luego se procedió a la reforma del Código de Justicia/Militar para preparar el andamiaje legal de los juicios a los comandantes. Al anular la autoamnistía, se resolvió un pro­blema de fondo que era la aplicación al reo de la ley más benigna. El tema más complejo y dramático fue cómo tratar las responsabilidades' en los diferentes niveles de las Fuerzas Armadas. Al principio, la fórmula fue juzgar las cúpulas y a los «represores paradigmáticos» que habían ordenado la represión ilegal y eximir de los procesos judiciales a los que habían actuado recibiendo órdenes. Muchos sectores que acompaña-

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ron a Alfonsín sostenían la propuesta según la cual los juicios debían limitarse, es decir, debían ser «simbólicos».Trataremos esta cuestión con más detalle en el capítulo IX.

Horacio Jaunarena opinaba que se debía establecer una distinción, «sin prueba en contrario» entre los que daban las órdenes y los que las cumplían. A su juicio, era una cuestión que había que definir previa­mente. Hubo una reunión para tratar a quienes o hasta qué nivel de responsabilidad se procesaba, que se extendió durante dos días, en el Estudio Jurídico de Antonio Tróccoli, futuro ministro del Interior, en la que participaron Carlos Niño, Jaime Malamud Gotti, Raúl Borras y Ho­racio Jaunarena. No se llegó a ningún acuerdo, por lo que Jaunarena pidió ser escuchado por el presidente Alfonsín, quien lo citó para el día siguiente en una audiencia en la que también estuvieron presentes Car­los Aleonada Aramburu, Antonio Tróccoli y Raúl Borrás. Al llegar tarde a la reunión la posición de Jaunarena no fue escuchada por Alfonsín y por lo tanto no fue tomada en cuenta. La decisión fue enviar a juicio a los comandantes de las Juntas. La cuarta definición tuvo lugar con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Si bien las Fuerzas Armadas, como institución, habían digerido las condenas al generalato responsable de lo que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976, los oficiales jóvenes no querían ver destruidas siis ca­rreras ni ser abandonados a su suerte frente a las asociaciones de dere­chos humanos y los familiares de las víctimas de la represión. Los fallos habían atribuido responsabilidad a los comandantes a través de la «ac­ción ficta», pero la investigación de numerosos asesinatos, secuestros y torturas abrieron las vías para iniciar acciones legales contra muchos responsables subalternos. Ello expuso a la oficialidad de menor rango a ser blanco de acciones legales incontrolables, contrariando lo que había sido el objetivo limitado de la estrategia emprendida en el primer mo­mento del gobierno de Alfonsín.

El discurso de los derechos humanos escapó del control guberna­mental. Todos tenían algo que reclamar. La sociedad era la víctima; y el Estado, el victimario. El presidente Alfonsín, que en todo momento había intentado mantener la ecuanimidad, se vio superado por una ava-

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lancha de demandas. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas había iniciado unas trescientas causas, pero la Cámara se las sustrajo, alegan­do dilaciones (junio de 1986). Las organizaciones se movilizaron contra cualquier limitación de los juicios.

En las Fuerzas Armadas, la efervescencia amenazaba el orden y la disciplina. Cuando la Cámara Federal condenó ai general Camps, a Mi­guel Etchecolatz y otros militares y policías por secuestro y tormento, pero no por desapariciones, figura no contemplada en el CódigoPenal, las Madres de la Plaza de Mayo dieron un grito de alarma, acusando a los jueces de aplicarla «política del olvido».

Según dice Jaunarena en su libro La Casa está en orden, asesorado por el grupo de filósofos del Derecho Carlos Niño y Jaime Malamud Gotti, Alfonsín «resolvió establecer una distinción entre los niveles de responsabilidad para juzgar los delitos cometidos: aquellos que ha­bían dado las ordenes, aquellos que habían actuado'cumpliendo esas órdenes, y aquellos que habían cometido excesos en dichos cumpli­mientos». *

El 14 de abril de 1987, el mayor Ernesto Barreiro se refugió en un regimiento y se negó a abandonarlo cuando fue citado por la Cáma­ra Federal de Córdoba. Al intentar capturar a Barreiro, se produjo en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo un levantamiento lidera­do por el teniente coronel Aldo Rico: exigía frenar los juicios y-que las autoridades prometieran no sancionar a los rebeldes. Fue esta la sublevación de Semana Santa, que no tuvo él propósito de derrocar al Gobierno sino de demostrar que este no controlaba a las Fuerzas Armadas y que, en todo caso, ellas tenían una autonomía que era pre­ferible no despreciar. /

En un apasionado discurso ante la Asamblea Legislativa, luego de afirmar que «el tiempo de los golpes» había terminado, Alfonsín dijo que la democracia no se negociaba7. El presidente aprovechó la situación ’ que despertaba tantos fantasmas en la conciencia de los argentinos) y el domingo 19 de abril todos los partidos firmaron el Acta de Compromiso Democrático, apelando al respeto de la ley y haciendo un llamado a la «responsabilidad de las conductas» de todos los argentinos.

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Antes de que varias otras unidades se plegaran al movimiento —las fuerzas que se comisionaron para reprimir se disgregaron durante su desplazamiento— y ante el serio riesgo de no poder ejercer la fuerza para reducir a los sublevados, Alfonsín aceptó la exigencia de Rico de reunirse con él para desactivar la sedición. El ministro de Defensa Hora­cio Jaunarena y el presidente evaluaron que era menos costoso aceptar entrevistarse con el sedicioso que el triunfo aleatorio de aplastar el mo­tín. Después de reunirse con el oficial «carapintada», héroe de Malvinas, Alfonsín pudo decirle a los argentinos: «La casa está en orden. Felices Pascuas».

Finalmente, se aprobó la ley conocida como «de obediencia debi­da» que liberaba de penas a quienes habían cometido delitos bajo el mando de otros. El proyecto de esta ley ya había sido decidido antes de los sucesos de Semana Santa. Sin embargo, para las Fuerzas Armadas la ley de Obediencia Debida era insuficiente, pues pedían que se recono­ciera a los vencedores de la guerra antisubversiva y que se dictara una amnistía general.

El gobierno de Alfonsín estaba aprisionado por una contradicción: por un lado, cumplir con su política de sancionar a los responsables mi­litares y, por otro lado, desactivar los juicios contra la oficialidad con las leyes de punto final y de obediencia debida. Los peronistas, ya vislum­brando un triunfo electoral, rechazaron lo que parecía el doble discurso de Alfonsín, acusaron al Gobierno de negociaciones concesivas y ratifi­caron su posición contraria a la amnistía.

Acorralado por el fracaso de su política económica, ya con la derro­ta-electoral encima, y erosionada su credibilidad de defensor de los cas­tigos ejemplares a los militares del Proceso, Alfonsín se enfrentó a una nueva sublevación militar, con epicentro en el regimiento de tanques de La Tablada, que estalló en enero de 1988. Un juez había negado la ex­carcelación a Rico, acusado de rebelión. Pero esta vez, afortunadamen­te, el Estado Mayor General del Ejército actuó con celeridad conforme al Derecho,'poniendo preso a Rico, le dio de baja y lo encerraron junto a cuatrocientos rebeldes en la prisión de Magdalena. El presidente, que a pesar de su debilidad política ganó frente a la sedición militar, pudo

con satisfacción declarar: «la democracia en el país está consolidada y hemos puesto otra vez la casa en orden»8.

Los carapintadas y sus reclamos seguían vivos a fines de 1988, pero con otro referente como líder: el corone] Mohamed Alí Seineldín. La po­lítica de Alfonsín no amedrentó a los militares. Ocurrió, entonces, la ter­cera sublevación. En noviembre de 1988, algünos comahdos de Campo de Mayo se sublevaron bajo el mando del coronel Seineldín, que había entrado subrepticiamente del extranjero. El Coronel Seineldín era un personaje carismático. El'ministro de Defensa quiso, meses antes de la sublevación, conocerpersonalmente a este militar con tanto.ascendien- te en círculos políticos del peronismo y en el Ejército. En ocasión de uno de sus viajes desde Panamá, donde prestaba servicios como agregado militar, Horacio Jaunarena conversó largamente con él, y sus razona­mientos lo dejaron «estupefacto». En sus memorias, cuenta que luego de escucharlo no sabía si interpretar sus ideas como las que partían de «una cabeza rígidamente formadas en convicciones fundamentalistas, como expresiones de una mentalidad nazi-fascista, o simplemente fru-; to del extravío y la confusión»9.

A Seineldín, las cosas no le salieron como había previsto. No tuvo las adhesiones que esperaba recoger. Los sublevados amenazaron avanzar sobre Buenos Aires y se acantonaron en el Batallón de Arsenales de Villa Martelli. El enfrentamiento entre militares, vecinos y efectivos pro_dujo tres muertos y 43 heridos. La sublevación, a pesar del apoyo que tuvo entre algunos los militares, se logró detener, gracias a una negociación entre Seineldín y el jefe del Ejército, general Isidro Bonifacio Cáceres. El coronel sublevado tuvo la osadía de dejar en claro que no cesaría en su actitud hasta que no se cumplieran los objetivos que el Gobierno en parte respetó (aumento de los salarios, y partidas suplementarias para equipamiento). El Ejército había vuelto a ser un actor protagónico de la política, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por someterlo al poder civil. — •

El país atravesaba una situación inquietante. A la galopante infla­ción, se sumaron el deterioro fiscal y la caída de la posición en divisas del Banco Central. Rumores de todo tipo, y actividades de sectores de de-

recha que preparaban la anunciada «revolución nacional» fueron caldo de cultivo para nuevas expresiones de conflicto armado. Efectivamente, el 23 de enero de 1989, grupos irregulares, residuos de los setenta, que llevaban la insignia de Movimiento Todos por la Patria (MTP), militantes de izquierda y guerrilleros de distinto origen, asaltaron el Regimiento 3 de La Tablada. Fue una operación de distracción y sorpresa, comandada por un exjefe militar del ERP, Enrique Gorriarán Merlo.

El Ejército lanzó un ataque para recuperar el cuartel, lo que se lo­gró rápidamente. Ya varios oficiales y conscriptos habían muerto defen­diendo la guarnición. Al,menos 39 perdieron la vida, y hubo 50 heridos,

Este nuevo alzamiento, que causó la muerte de tantos jóvenes, le­vantó una voz de alarma en la sociedad, pues se temió el regreso de la violencia. El Ejército, al demostrar su capacidad de enfrentar a la guerri­lla, salió favorecido en sus argumentos. El gobierno de Alfonsín deslu­cido, contradecía en los hechos su prédica inicial, sin haber logrado el respeto de los militares ni la solidaridad de las organizaciones, con el peronismo haciendo juegos dialécticos, completó el descrédito que lo acosaba.

A pesar del coraje demostrado al abrir el juicio de las Juntas y de su convicción de hacer todo lo posible por asegurar la primacía del poder civil y la vigencia de las instituciones republicanas, Alfonsín terrpinó su gobierno sin resolver la cuestión miliar.

Todavía después de la transferencia del Gobierno al próximo pre­sidente constitucional, las Fuerzas Armadas, aun aceptando en el dis­curso su sujeción a las autoridades de la república siguieron cultivando la secreta ilusión de conservar, en parte, el rol que venían cumpliendo desde la década de los treinta.

Alfonsín tuvo como objetivo despolitizar las Fuerzas Armadas, paso necesario para consolidar una democracia estable. Sin embargo, al fi­nalizar su mandato, no había todavía depurado los cuadros castrenses, que identificaban el poder militar con el protagonismo político de las

bre de 1983, día en que asumió la presidencia de la nación. La Argentina había cambiado definitivamente.

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Pérdida de autonomía: la hiperinflación

En su discurso inaugural, Alfonsín se expresó sin vueltas: el estado del país «es deplorable y, en algunos casos, catastrófico, con la eco­nomía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones de empobrecimiento». El ingreso por habitante era el mismo que el de hacía más de una década; el producto industrial, igual al de 1972.

Alfonsín pasó a la historia por haber inculpado a los jefes militares por sus responsabilidades en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en el ejercicio posterior del Gobierno. Pero hubo una grave res­ponsabilidad que el radicalismo no asumió. Hacer un inventario de la situación económica del Estado y, sobre todo, una revisión de la abulta-' dísima deuda externa (e interna) que dejó el Proceso. Más aún, todavía no se ha explicado por qué continuó la política de estatización de la deuda privada que tan gravosa resultó para el erario público.

El ministro de Economía Bernardo Grinspun hizo lo imposible por llegar a acuerdos con los bancos acreedores, habló en el Consejo de las Américas, en la Asamblea del BID, en el Comité Interino del Fondo y ante los miembros del Club de París, pero tanto los bancos privados como los organismos financieros reclamaban un acuerdo previo con el FMI. Para evitar el riesgo de la cesación de pagos, suspendió los pagos de los intereses de la d,euda hasta el 30 de junio de 1984 (México había declarado una moratoria de su deuda en agosto de 1982). Un grupo de países apoyó al Gobierno que reinstalaba la democracia, participando en un «crédito puente» de quinientos millones. Fueron el Brasil, Colom­bia, los Estados Unidos, México y Venezuela para evitar que, de acuer­do con las reglamentaciones de la reserva de los Estados Unidos, se declarara en mora la deuda argentina y pudieran quebrar los bancos norteamericanos. Más que una muestra de solidaridad, fue una acción

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orquestada por el Tesoro de los Estados Unidos a favor de los bancos

de ese país.Asimismo, se realizaron gestiones con varios países de la región,

con dificultades en materia de deuda, para conformar el Consenso de Cartagena, que intentó, sin mucho éxito, concertar una posición común frente a los acreedores. La idea de la moratoria, sobre todo, colectiva —club de deudores— era temida por los acreedores. El apoyo que Al­fonsín recibió de Reagan cuando concurrió a la Asamblea de la ONU auguraba seguridades para conseguir el financiamiento externo que luego no resultó fácil.

El primer año de gobierno (1984) mostró un cuadro económico de­cepcionante: los precios aumentaron 688%, y el dólar pasó de 23 a 179 pesos por unidad.'Las negociaciones con los acreedores externos no fueron exitosas, y ante de una inflación que se desató en 1985 llegando al 1000 % anual, hubo un déficit fiscal reacio a reducirse. Grinspun no tuvo otra alternativa que iniciar una negociación con el FMI para obte­ner un crédito stand by. Esto implicaría ajustes, siempre resistidos en la Argentina y siempre a cargo de los asalariados y los jubilados. La CGT convocó a un acto durante el cual acusó a Alfonsín de ser continuador de |a dictadura.

El giro de la política oficial era repudiado por los sindicatos que declararon su lucha contra «la patria financiera» y que pedían elimi­nar la indexación en los préstamos hipotecarios, suspensión de des­alojos, paritarias y el 82% móvil para los jubilados. Decretaron un paro de 24 horas el 3 de septiembre de 1984. El déficit del presupuesto era equivalente al 12% del PBI, y la recaudación solo cubría el 45% de los gastos. Los funcionarios del Fondo desconfiaban de la Argentina por ser un país incumplidor, violador serial, dirían algunos. El ante­rior acuerdo con la Argentina, suscripto en enero de 1983 por Jorge Whebe, último ministro de Economía del Procpcn «. (

El nuevo acuerdo con el Fondo requería bajar el gasto público, efectuar una reforma tributaria y unificar el mercado de cambios (Clarín, 3 de febrero de 1985)9. El Fondo se había transformado, de hecho, en el representante técnico de los acreedores encargado de elaborar un programa que luego supervisaría o cuyo cumplimiento, seguiría. El no poder frenar la inflación que, en 1984, alcanzó 626,7%* (fuente: BCRA y Ministerio de Economía) y las tensiones suscitadas con los acreedores llevaron a los empresarios y a algunos grupos de radicales cercanos a Raúl Prebisch y al presidente del Banco Central, Enrique García Vázquez, a escamotearle el apoyo a Grinspun.

Hubo muchos tironeos con el Fondo y, en algún momento —luego de que el Ministerio de Economía enviara una carta de intención que fue rechazada por aquel—, la Argentina intentó crear un «cíub de deu­dores», pero esta amenaza no se pudo concretar. La actitud confrontati- va que desarrolló Grinspun con los acreedores, no tuvo éxito. Entonces, el ministro se avino a enviar, en septiembre, otra carta al Fondo. Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, en diciembre de 1984, la suerte del bata- lladorfuncionario estaba sellada, no tanto por lo que sucedía en el fren­te interno, sino por los pésimos resultados de la economía argentina al cumplirse el primer año de gobierno. Es posible afirmar que ni Grins­pun —un funcionario que defendió el interés nacional con pasión— ni el gobierno de Alfonsín creían que el acuerdo con el FMI mejoraría la situación. Dos meses después, el 18 de febrero de 1985, Grinspun fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille.

La situación de la deuda heredada del Proceso limitó, evidente­mente, la libertad de acción del gobierno de Alfonsín, sobre todo/por­que hubo en esa época varios países —aparte de México— en dificulta­des para honrar sus deudas. El grado de exposición de los diez mayores bancos norteamericanos con los países latinoamericanos (la Argentina, el Brasil, México, Venezuela y Chile), salvo en un caso, superaba amplia­mente el capital de estos. Por ejemplo, solo la deuda argentina con el Manufacturer Hannover representaba el 47,8% de su capital10.

'El gobierno de Alfonsín, a pesar de que en su discurso inaugural ha­bía dicho que «la deuda se abonaría en la medida que las exportaciones

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argentinas puedan expandirse en el futuro», la reconoció sin discusión, y se pagaron los vencimientos.

Al asumir Sourrouille, la economía no podía mostrar peores resulta­dos. La experiencia del nuevo ministro se había desarrollado en centros de estudio e institutos académicos, alejado de la gestión administrati­va del Estado. Al ser designado, era secretario de Planificación y había sido miembro del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA), liderado por Jorge Sábato y Dante Caputo, que había enriquecido con ideas al alfonsinismo.

A fines de noviembre de 1984, Sourrouille, le había entregado al presidente Alfonsín, unos «lineamientos» enfocados a completar el pro­ceso de industrialización asistida. Se trataba de conciliar estabilización y crecimiento industrial. Como lo comentaría tiempo después el propio Sourrouille, el segundo objetivo del plan de estabilización era revertir el desastre de las finanzas públicas y el tercero, la inflación11. Sourrouille cambió el enfoque para tratar con los deudores y los empresarios y se embarcó en una negociación «amigable» con los extranjeros y sumisa con los intereses locales12.

El 26 de abril, Alfonsín se adelantó para anunciar desde el balcón de la Casa de Gobierno, lo que estaba obligado a hacer empujado por las circunstancias: «una economía de guerra». El 14 de junio se anunció el «Plan Austral». Este contempló un amplio abanico de medidas eco­nómicas que se referían a las finanzas públicas, la renegociación de la deuda externa y los precios, e impulsaba una reforma tributaria que incrementaba las retenciones a la exportación y el impuesto a los com­bustibles. Uno de los objetivos era reducir el déficit del 8% al 2,5% del PBI. JorgeTodesca resume el contenido del Plan como sigue:

El Gobierno se comprometía a no emitir más dinero para financiar el gasto público; se congelaban los precios de los bie­nes y servicios privados, las tarifas públicas y el tipo de cambio,- se reducía un conjunto de gastos públicos y se aumentaban los impuestos al comercio exterior. También nació una nueva moneda, el «Austral», en reemplazo del peso argentino, con un

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valor de $ 1.000 unidades de la «vieja moneda» y acompañada de una devaluación del 18%, con lo que el tipo de cambio se ubicó en 0,80 centavos de austral por dólar. Junto con el cam­bio de signo monetario se puso en marcha un mecanismo de desindexación de los contratos (el «desagio») que obligaba a las partes a efectuar un descuento sobre los valores a futuro pactados en las transacciones. Fue una medida inteligente, porque ayudó a detener la inercia inflacionaria, aunque su ' aplicación implicó’renegociar infinitos contratos. • '*

* (Jorge Todesca, El mito del país rico)

A este plan, se le agregaron, posteriormente, incentivos fiscales para exportaciones, un drawback y varias exenciones de impuestos. El resultado del Plan fue sorprendente, pues la inflación se desaceleró del 30,5% en junio al 1,9% en octubre, aunque al final délaño la actividad económica se había reducido un 4,4%. Alfonsín recobró su imagen, la UCR ganó con 42% las elecciones de noviembre, aun cuando el clima 1 político seguía perturbándolo por las tensiones que provocaba la cues­tión militar.

Ante las dudas que algunos empresarios plantearon vista la falta de divisas, Sourrouille respondió orgulloso: «Tenemos todo el apoyo del se­cretario del Tesoro, Paul Volcker»13. Los primeros éxitos del Plan Austral se debilitaron, y la CGT fue la protagonista de un inevitable enfrenta­miento entre la preocupación por mantener el salario de los trabajado­res y el congelamiento salarial del Plan\ entré el rechazo a que fuesen los más débiles quienes soportasen el ajuste y el rigor exigido por el FMI. En enero de 1987, Sourroujlle logró negociar un nuevo perdón con el FMI y suscribió un acuerdo a fin de obtener fondos. Demostró a los funciona­rios del organismo internacional que había logrado un nuevo paquete fiscal, una ley de coparticipación y que había iniciado los primeros pa­sos de la capitalización de la deudar

El cuadro era muy difícil para el Gobierno jaqueado por varios lados desde, el principio de 1987: los militares —Rico era una pesadilla—, con más levantamientos; los sindicalistas, con más huelgas —hicieron vein-

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ticuatro—; los acreedores, con más reclamos y los grupos empresarios, con sus ambigüedades. A partir de septiembre, cuando las elecciones legislativas dieron el triunfo al Partido Justicialista (41,5% frente a una UCR en retroceso con 37,4%), la fragilidad política hizo del Gobierno una ciudadela acorralada. Su autoridad se quebró cuando, invalidando el congelamiento de precios convalidó un aumento de salarios nego­ciado por los metalúrgicos por encima del techo máximo que se había convenido en las negociaciones paritarias.

Empecemos por describir las propuestas de los actores externos. En octubre de 1985, se lanzó el llamado Plan Baker, en el cual se plantearon las reformas que debían realizar los países deudores. El primer punto fue resolver el problema de las empresas públicas en los países deudo­res, mal administradas y deficitarias; la solución no era reformarlas o dar créditos para paliar el deterioro de las inversiones, sino «privatizarlas». El segundo punto fue la apertura de las economías para reconstituir su capacidad de compra. La gestión económica argentina aceptó esta pro­puesta de venta de activos públicos y reconoció los bonos de deuda como medio de pago de las empresas del Estado.

La segunda propuesta, también aceptada, se incorporaría a la polí­tica argentina. En febrero de 1987, el Ministerio de Economía y el Banco Mundial concertaron un business plan con préstamos de dos mil millo­nes de dólares destinados a modificar la política comercial, racionalizar del sector público y reformar el sector financiero.

El Gobierno lanzó, a principios de 1988, una propuesta de privatiza­ciones que fue rechazada por el justicialismo en el Congreso. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terrágno, presentó y defendió ante el Senado, durante los meses de abril y mayo de 1988, la venta del 40% de Aerolíneas Argentinas y ENTEL a las empresas SAS y Telefónica de España, además de plantearse la participación privada en la explo­ración y explotación del petróleo, la privatización de petroquímicas y la reestructuración de Fabricaciones Militares. Se creó un Directorio de Empresas del Estado bajo cuya tutela se colocaron todas las empresas públicas. Las privatizaciones incluyeron un plan — el Plan Houston— «promercado», para permitir la incorporación de capitales privados en

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la exploración y explotación del petróleo. Estos proyectos se anegaron por la falta de consenso político en el Parlamento.

Mientras que el Departamento de Estado y el Banco Mundial soste­nían que los países debían privatizar sus empresas públicas y abrir sus economías, el FMI mantenía sus preferencias por las políticas de ajuste. Hubo una pugna entre las dos posturas. Cuando/en agosto de 1988, se lanzó el Plan Primavera, cuyo objetivo era evitar el estallido hiperinfla- cionario, la Argentina, de hecho, en mayo de ese año, había entrado en una moratoria de pago. Aún sin acuerdo del FMI, el Tesoro de Estados Unidos organizó un crédito puente para ayudar a la Argentina. Hay que recordar que el proceso de estatización de la deuda comenzado por el gobierno militar fue continuado por Alfonsín. En septiembre de 1984, se capitalizó la deuda externa privada con seguro de cambio (Comunica­ción A 532 del BCRA). Luego el proceso continuó porvdiversas circulares en julio y agosto de 1987 y en mayo de 1988. Poco a'poco, todos o la gran mayoría de los intelectuales del radicalismo aceptaron las ideas y propuestas de privatización, apertura y capitalización de deudas como parte de la única solución que veían para el caso argentino. Pero la situa­ción del país, donde los conflictos sociales y las protestas callejeras re­crudecían, no dejaba de degradarse. El presidente fue abucheado cuan­do participó en la tradicional exposición de la Sociedad Rural Argentina. En diciembre, estalló la sublevación militar de Seineldín, seguida al mes siguiente por el asalto del cuartel de la Tablada por el movimiento gue­rrillero Todos por la Patria, lo que exasperó a una sociedad que ya sufría por el deterioro de todos los servicios:transportes, teléfonos, salud, et- céteraTEI 6 de febrero de 1989, el Banco Central anunció que ese día se retiraba del mercado y que solo vendería dólares para pagar importa-

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dones (vendía aproximadamente cuatrocientos cincuenta millones por día). En enero, el dólar que valía ! 7 australes pasó a cotizar 535 australes, es decir, se produjo un aumento de 2100% en un mes. A partir de febre­ro, comenzó una corrida bancaria, con fuertes compras de divisas por parte de los bancos privados y extranjeros.

-Fue una situación que llevó al país al borde de la disolución cuan­do el pánico se apoderó de los sectores de modestos recursos, impul-

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sándolos a asaltar negocios y supermercados. El desabastecimiento, el desempleo, la imposibilidad de confiar en los bancos hicieron, por mo­mentos, casi imposible el sistema de transacciones. Transitamos cerca del abismo, el caos. Si bien el PB creció el 3% de 1983 a 1989, el PB per cápita disminuyó un 10%. Se redujo el gasto público, que en 1983 repre­sentaba el producto 50,7% del PBI, y en 1990 fue el 43,2% del producto. El déficit fiscal también se redujo del 16,1% del Producto Bruto al 7,3% en el mismo lapso. En 1988, la deuda pasó a ser de 60 100 millones de dólares. La Argentina protagonizó una de las catorce hiperinflaciones que ocurrieron en la historia de la humanidad. La historia recuerda las del siglo xx. En Alemania (1922-23), donde en un mes la inflación alcan­zó 3,25 millones %; en Hungría (agosto 1945 y julio de 1946), donde alcanzó 19 800%: en'Bolivia (1984/5), donde llegó a 19 000 %.

El presidente Alfonsín no imaginó nunca que su mandato, iniciado en la euforia del alba de un nuevo tiempo para la Argentina, terminaría entre lágrimas y decepciones, y que destruiría los sueños de un pueblo que creyó que había encontrado el camino hacia su destino.

Contrito ante el Parlamento, con voz trémula, en su última inaugu­ración de las sesiones ordinarias del Congreso, confesó, quizá con el do­lor de un estoico romano: «Hay cosas que no supimos hacer, hay cosas que quisimos hacer y hay cosas que no pudimos hacer».

La derrota sufrida por el peronismo el 30 de octubre de 1983 estu­vo construida sobre la base de identificar ese movimiento y sus repre­sentantes en la fórmula ítalo Luder y Deolindo Bittel como sinónimo de autoritarismo político y arcaísmo ideológico. Con Carlos Menem pasó exactamente lo contrario: tuvo el talento de encarnar la síntesis de un peronismo y, a la vez, representar una visión que miraba el futuro de la Argentina como un desafío de transformación y de modernidad. Ape-

tunidades que brindaba la Argentina, en la necesidad de construir un Estado adaptado a la era de cambio que se vivía. Menem se proponía cambiar el rumbo de una Argentina ahogada en el papelerío burocrá­tico, paralizada por el miedo a la competencia, inhibida por prejuicios de ideologías superadas por una juventud ávida de comunicarse y par­ticipar. La Argentina podía formar parte del «PriimérMundo». Ese era su desafío. Su objetivo. «Argentina, levántate y anda» fue la última frase del discurso inaugural que Carlos Menem pronunció ante la Asamblea Legislativa el 8 de julio de 1989. Las caóticas circunstancias del país y la imposible gobernabilidad por parte de Alfonsín habían obligado a adelantar en varios meses la entrega del gobierno a su sucesor.

Menem había ganado las elecciones por 47% sobre 32% de los vo­tos que cosechó el radical Eduardo Angeloz. Debe recordarse que Me­nem había sido ungido candidato a través de las primeras elecciones internas, sin las manipulaciones que habían tenido lugar en el Partido Justicialista. Triunfó con el 53% de los votos en esas internas contra el 46% de Antonio Cafiero, lo cual le daba una doble legitimidad para go­bernar un país quebrado. Es interesante recordar que el primer texto en el que se planteaba la renovación del peronismo, titulado «La renova­ción peronista. Un proyecto y una voluntad para transformar la Argenti­na», hecho público el 31 de diciembre de 1985, llevaba la firma de Anto­nio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem. En el apartado «Democracia, modernidad y libertad», el documento planteaba la polis desde una perspectiva que difería del enfoque radical14. De allí, que Carlos Menem tenía el título de ser un iniciador de la renovación peronista, pero a di­ferencia de los seguidores de Cafiero más afines al radicalismo, Menem planteó una dura crítica al gobierno de Alfonsín, a la vez que bregó por la unidad del peronismo.

Su primer discurso apeló a un «gobierno de unidad nacional para llevar a cabo un cambio a fondo» que necesitaba el «país quebrado». «Todos, en mayor o menor medida —confesó Menem— somos respon­sables y copartícipes de este fracaso argentino». Sobre ese país del «to­dos contra todos» había que crear el país de «todos junto a mí», y ante la «brasa ardiente» que recibía ofreció «sacrificio, trabajo y esperanza».

Carlos Menem no propuso un programa detallado, sino que convocó a la nación a asumir un cambio de actitud, porque era imprescindible «superar los crueles enfrentamientos que nos dividieron hace más de una década».

Era, sin duda, un reconocimiento de la realidad antes de plantear la consigna histórica del peronismo: «justicia social, soberanía política e independencia económica». La hiperinflación era su primera batalla. Luego solo enunció algunos temas: el federalismo, la descentralización administrativa, la evasión fiscal. La justicia social sería el eje ordenador de su enfoque hacia la persona.

Para nosotros la justicia social pasa hoy por la elimina­ción de todo tipo de privilegio: del privilegio de la impuni­dad, del privilegio de las prebendas, del privilegio de la bu­rocracia, del privilegio de la especulación, del privilegio de

la falta de competencia. (Carlos Menem, discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa del 8 julio de 1989)

Menem, en su discurso inaugural, insistió en el concepto de res­ponsabilidad colectiva por lo que pasó y frente a los desafíos para el fu­turo: «A la Argentina la saneamos entre todos o la Argentina se muere». Nunca se había pronunciado una frase tan dramática para diagnosticar el estado del país.

Carlos Menem, primera generación de argentino nacido en la tie­rra de Facundo Quiroga y de Joaquín V. González, había recorrido todo el país durante su campaña; parecía ser el símbolo de la reivindicación del interior contra la nomenclatura partidaria. Su postura ideológica lo colocaba a las antípodas de la moda socialdemócrata. Su figura evoca­ba tradiciones viejas, de caudillos del interior, pero su lenguaje percutía en las cuestiones de la actualidad productiva, tecnológica o cultural con criterio desprejuiciado y moderno. Durante su campaña eíectoral, hizo viajes por los países europeos, donde se entrevistó con los más importantes patrones de la industria y de la banca. Cuando desayu­nó en la residencia del barón David de Rothschild—presidente del fa-

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moso grupo financiero— le transmitió que llevaría adelante un plan cuyo contenido hizo exclamar a su anfitrión: «Si es así, yo me mudo a la Argentina». j

Los sindicatos, desde antes de su asunción, habían pretendido ro­dearlo y condicionarlo hasta presentarle (Lorenzo Miguel y Saúl Ubal- dini) listas de exigencias que incluían embajadas, empresas públicas, medios. Menem no se sometió: «llego sin ningún tipo de condiciona­miento y no le debo facturas a nadie». De la misma forma que no quiso involucrase en un apoyo que al final de su gobierno Alfonsín pedía en medio del naufragio, Menem llegó libre de compromisos para encarar lo que quiso ser, más que un plan de salvataje, un programa para trans­formar a fondo a la Argentina. Puso en marcha un programa neoliberal que respondía a lo que se llamó «economía popular de mercado».

La suba de precios provocó saqueos en el conurbano y en varias\

ciudades del interior. Mientras el país vivía entre «la parálisis, el terror, la esperanza», como dice Jorge Todesca, falleció el primer ministro de Economía Miguel Roig14. El único que mantuvo la fe en esos días acia­gos fue el presidente, quien recorría todos los ámbitos empresarios dando muestras de seguridad. Anunció en la Sociedad Rural Argentina la reducción de las retenciones, halagó a los industriales el «Día de la In­dustria», concurrió a las reuniones de IDEA (Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos) y ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa). Debía explicar a cada paso el gran giro de su gobierno respecto de la doctrina justicialista. Explicar el nuevo rumbo como una actualización de la doctrina en esos tiempos en que pronto implósionaría el mundo bipolar de la guerra fría.

/

Yo estoy poniendo en marcha el verdadero justicialis-

mo. El justicialismo aggiornado, actualizado. Es una actuali- '

zación a la que Perón hizo referencia varias veces. No es nada

del otro mundo, pero no nos olvidemos que el peronismo,

como cualquier otra ideología política (...) tiene y tuvo que ’’ •* superar etapas. (Carlos Menem, declaraciones al Cronista Co­

mercial, 2 de julio de 1989)

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El gobierno de Menem, en sus dos mandatos, pudo llevar adelante tres principales decisiones o políticas que transformarían la Argentina como durante ninguna otra presidencia se hizo, salvo la primera presi­dencia de Julio A. Roca. Los hitos fueron los siguientes:

1. Cambió el papel del Estado frente al ciudadano y la sociedad de acuerdo con criterios radicalmente opuestos a la concep­ción que tenía el peronismo en la materia. Llevó a cabo un proceso de privatizaciones de empresas públicas que signi­ficó una gran transferencia de actividades de servicios y pro­ducción al sector privado.

2. Se aprobó Ley de Convertibilidad a partir de 1991, y se llevaron a cabo negociaciones financieras que cambiaron la configura­ción de la'deuda pública.

3. Su política internacional transformó los parámetros que la Ar­gentina había respetado hasta su gobierno, modificando sus contenidos a fin de hacerlos más favorables a las grandes po­tencias del mundo occidental.

El efecto que la puesta en marcha de estas decisiones políticas tuvo sobre la sociedad fue sorprendente. Menem apareció como algo nuevo en una sociedad que durante una generación padeció el autoritarismo represivo, la utopía libertaria de la izquierda, el liberalismo dependiente y las desapariciones, para terminar en la hiperinflación. Nadie hizo tanto para cambiar el lenguaje político en un país que parecía condenado a una sempiterna repetición.

Las primeras decisiones estratégicas que servirían de marco de re­ferencia durante los dos gobiernos de Menem son la Ley 23696 de Re­forma del Estado, aprobada el 17 de agosto de 1989, y la Ley 23697 de Emergencia Económica, sancionada el 1 de septiembre de aquel año.

Si bien estas dos leyes no modificaron la situación inmediata, fue­ron bien recibidas por los intereses empresarios, que veían abrirse pers­pectivas de negocios por los acuerdos externos que anticipaba el uso de los títulos de deuda contra compra de activos públicos.

A partir de ese momento, y durante todo su mandato, Menem utili­zó, cuando las circunstancias lo requirieron, los Decretos de Necesidad y

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Urgencia que autorizaban estas leyes, para soslayar la autoridad del Par­lamento. Este tipo de disposiciones no estaban previstas en la Constitu­ción, pero si lo estuvieron en la reforma de 1994. Sin embargo, Menem las utilizó a su gusto cuando, a su juicio, no debían dilatarse las decisio­nes. Más aún, cuando los proyectos de ley que el presidente mandaba al Congreso eran modificados en puntos que el-consideraba esencia­les, no tenía empacho en vetar parcialmente esas leyes. Por ejemplo, los cambios introducidos por Diputados a la Ley de Reforma del Estado para incrementar las indemnizaciones por despido fueron vetados por el Poder Ejecutivo.

La crisis económica, sumada a la Ley de Emergencia, otorgó al pre­sidente un espacio de autoridad y decisión que pocos mandatarios han tenido en la historia argentina. Se fue constituyendo una verdadera doctrina que no podía criticarse; las propuestas presidenciales no po­dían ser puestas en dudas sin una severa reprimenda. Los militantes pe­ronistas que no compartían la doctrina eran tildados de traidores o se­guían un camino más práctico y universal: someterse al poder de turnó. De allí que algunos críticos posteriores se hayan referido a la «mayoría automática».

En lo que respecta al apoyo de los sectores productivos, tanto el sector agropecuario como el industrial, fueron favorables a los princi­pios generales de la política, pero críticos respecto de las medidas con­cretas. Si bien Eduardo Zavalía, presidente de la Sociedad Rural Argen­tina, apoyó desde el principio la política, el sector fue categórico en re­chazar la propuesta de privatización del Banco de la Nación15. También, al principio del gobierno de Menem, aquel señaló «un fuerte desequili­brio de los precios relativos, perjudicando particularmente a los bienes transables que están expuestos a la competencia externa». Se quejó de que muchos productores «no encuentran los medios para nivelar sus cuentas, ni para tecnificarse, ni para realizar las inversiones necesarias que aseguren su futuro»16.

Al final del segundo gobierno, las relaciones se tensaron con el sec- tór rural. En la Exposición Anual de la Sociedad Rural Argentina de 1988, su presidente, Enrique Crotto, describió el peligro de la globalización.

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La globalización hace que las crisis financieras de re­

giones o países afecten la economía de casi todo el mundo.

Paradójicamente, en nuestro país sufrimos los perjuicios

sin recibir los beneficios, ya que la baja de los alimentos

en los mercados mundiales repercutió enseguida en la re­

ducción de nuestros precios, pero la baja del petróleo de

casi un 30% no se reflejó en nuestros costos, y no obstante

laboramos con un gasoil de los más caros del mundo. (En­rique Crotto, Exposición Anual de 1998)

El ministro de Economía Roque Fernández los acusó de ser «evaso- res». Del 19 al 21 de abril, la SRA, CRA, FA y Coniagro convocaron a un paro agropecuario. Los sectores rurales reprochaban al Gobierno la falta de iniciativas para paliar las dificultades del campo y, sobre todo, protes­taban por los «costos fiscales» que soportaban. La combatividad de los ruralistas fue intensa. En la tapa de la publicación mensual de la CRA se pudo leer: «Más que un paro, una voz que dice basta».

A mediados del año 1999, el presidente Menem se sintió obligado a defender su política neoliberal17.

El campo tuvo períodos muy buenos y no sé cuáles son ; los aportes lógicos que le hizo al país, teniendo en cuenta

que, si hay un sector que es evasor por excelencia, es del campo. Lamento tener que decir esto, pero este es el único Gobierno que eliminó las retenciones a las exportaciones,

que eliminó un montón de impuestos distorsivos a la activi­dad del campo y que más los apoyó en todo lo que hace a la

infraestructura para poder sacar la producción de la Argen­

tina (...). No puede ser que cuando viene un período más o

menos malo, de vacas flacas, le estén reclamando al Gobier­

no una ayuda un aporte. ¿Y el resto de la comunidad? (Carlos'

Menem, La Nación, 20 de mayo de 1999)

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I

La relación entre Cavallo y parte de los industriales habían sido ris­pidas. El ministro afirmó que al abrir el mercado interno no se preocu­paría de las actividades fabriles. En una Asamblea della UIA, en abril de 1992, cuando un fabricante de juguetes alzó su voz para quejarse «de la mano de obra esclava de las cárceles chinas», Cavallo sin inmutarse le respondió: «Obviamente, el negocio estaba en vender juguetes más que en fabricarlos ¿Qué tiene eso de raro?». Sin duda, el presidente de la UIA, Jorge Blanco Villegas, que al principio no disentía con la filosofía, aunque sí con alguna medida, fue cambiando de posición. El Consejo Académico de la Fundación Unión Industrial Argentina realizó una eva­luación sobre los posibles riesgos de la convertibilidad. Afirmaba en una parte del estudio que «hay un estrangulamiento externo encubierto» por las altas tasas de interés que se haría explícito si la tasa de interés descendiese a nivel internacional y el flujo de capitales se redujera18.

En el Anuario 1994-95 de la UIA, Blanco Villegas proponía más ac­ciones del Estado para asegurar la apertura y evitar el dumping; asimis­mo, atacó a los «fundamentalistas del mercado»19.

14 000 establecimientos que debieron bajar sus persia­nas son una evidencia de los dolores que esta adecuación a las transformaciones provocó a la actividad industrial. (Jorge Blanco Villegas, ¿nuar/o J 994-95. Unión Industrial Argentina) -

En 1995 Blanco Villegas, escribió en la revista Apertura un artículo en el que afirmaba que muchos «montados» en la ola de antiestatismo querían vender «gato por liebre». Ratificó así su posición: «Los industria­les estamos en contra de la apertura indiscriminada, la apertura inge­nua, y a favor de una apertura administrada, como la que emplean los Estados Unidos, la Unión Europea o Japón».

Roberto Rocca, presidente deTechint, presentó un estudio elabora­do por un equipo encabezado por José Luis Machinea y Pablo Gerchu- noff donde, sorpresivamente, la paridad peso-dólar sobre las exporta­ciones industriales no fue tema central. Sí lo fue la competencia ruinosa de los productos brasileños.

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Hasta el final de la presidencia de Menem, la UIA tuvo una relación contradictoria con la política del Gobierno. El discurso de cierre de la V Conferencia Industrial que Osvaldo Rial realizó en Córdoba entre el 18 y el 20 de agosto de 1999 es revelador de la posición del sector. «Los industriales de las pequeñas y medianas empresas encontraron tre­mendas restricciones para acceder al crédito. Nuestra banca privada se dedica a financiar al Estado Nacional y los estados deficitarios provincia­les (...). Si nosotros, para producir, tuviéramos la ineficiencia del sistema financiero, seguramente no exportaríamos a ningún país del mundo» (Osvaldo Rial, UIA Anuario 1999,18 de agosto de 1999).

Si observamos la política puesta en práctica durante los dos perío­dos, es posible afirmar que, la política del gobierno de Menem preservó su coherencia ideológica. En lo inmediato podemos, ensayar algunos juicios sobre los resultados finales de esa década.

En primer lugar, fue un gobierno innovador, y eso es un valor en un país que repite sus fracasos. Menem imprimió una dinámica de innova­ción en los sectores productivos y en el movimiento de ideas. Sacudió las estructuras, pasó hondo en la tierra la hoja del arado, posibilitó una rápida mejora de la infraestructura (sobre todo, en la telefonía), hubo reformas de excelencia a nivel mundial como en el sector de produc­ción y distribución de electricidad, pero otras medidas a la larga fueron, francamente negativas, como la privatización de los ferrocarriles. Re­lanzó el espíritu de emprendimiento que se expandió por todo el país y movilizó a la población, pero al mismo tiempo descolocó a muchos empresarios nacionales que tuvieron que cerrar las puertas de sus in­dustrias ante la apertura indiscriminada del mercado internacional. El objetivo de las reformas fue remover los obstáculos que, a su juicio, frenaban el crecimiento de la Argentina, pero el continuo recurso del endeudamiento del Estado — a partir de la reforma de las jubilaciones en 1994— provocó un colapso financiero que desacreditó gran parte de las innovaciones.

La mayoría de las reformas fueron urgidas por un tiempo político que exigía resultados rápidos. Más tarde fueron duramente criticadas por no haber preservado los intereses del Estado, no haber previsto

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resguardos o plazos de adaptación de la producción nacional y porque estas reformas se llevaron a cabo en una atmósfera de sospechosa colu­sión entre funcionarios y empresarios. ¡

Un segundo comentario es que las medidas del gobierno de Menem favorecieron la consolidación de un capitalismo de amigos ligados al poder, y que se transfirieron recursos del Estado a ese sec­tor prebendario. Favoreció la concentración y, en algunos casos, el cierre o la desnacionalización de numerosas empresas argentinas. En la industria, los capitales extranjeros ganaron espacio a costa de los nacionales.

En el sector financiero, hubo concentración y extranjerización: se pasó de 281 entidades en 1991 a 119 en 1991; en esos años, el capital extranjero pasó de manejar el 17% de los depósitos bancarios a absor­ber el 45%. En 1994, las empresas nacionales producíán el 65,5% de las ventas totales del sector industrial; en 1998, solo el 30,5%.

La política de transformación, impuesta a una sociedad cansada de ensayos fallidos, fue llevada a cabo sin un trabajo de información a nivel de la opinión pública ni una pedagogía a nivel de los sindicatos y la so­ciedad política que la aceptó más que por convicción, porque era impa­rable en aquellas dramáticas circunstancias de principios de la década de los noventa. Se usaron los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) no previstos en la Constitución de 1853 y la transferencia sine die de po­deres del Congreso hacia el Poder Ejecutivo. Menem, bajo este aspecto, fue el antecesor del hiperpresidencialismo que ejercitó más adelante Néstor Kirchner.

Durante el gobierno de Menem tuvo lugar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Gran Bre­taña, interrumpidas desde la guerra con Malvinas. Por la declaración de Madrid, firmada el 13 de octubre de 1989, las partes reafirmaron su com­promiso de «respetar permanentemente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular, la obligación de solucionar’las con­troversias exclusivamente por medios pacíficos». No hubo una negocia-

• ción previa sobre las muchas cuestiones importantes que quedaron en el aire —pesca, explotación de hidrocarburos,'uso de puertos, comuni-

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caciones, etc.— ni una reserva en cuanto al tema de la soberanía. El can­ciller Cavallo, sin experiencia ni formación diplomática, prefirió anunciar un aparente triunfo, y dejó de lado lo que debió haberse hecho aunque tomara tiempo: negociar antes de restablecer las relaciones diplomáti­cas. Otra oportunidad perdida.

Dado que la descripción de las políticas adoptadas por el Gobierno de Menem supera el propósito de esta obra, trataremos solamente al­gunos de los principales hitos.

El nuevo Estado

La plataforma electoral que Menem prometió realizar en 1989 fue una propuesta peronista tradicional. Pero lo que llegó después del 10 de julio en muy poco se parecía a ese programa, incluso se afirma que fue lo opuesto. El fracaso de las políticas de Alfonsín y la hiperinflación habían vencido la resistencia de la opinión peronista a aceptar una re­forma profunda y habían rehabilitado la nostálgica evocación del pe­ronismo clásico como doctrina de legitimidad para cualquier Gobierno que quisiera romper el statu quo. La población estaba cansada de ser­vicios públicos ineficientes.

La Argentina se hallaba en un brete cuando Carlos Menem ganó la presidencia. Un país aquejado por un retraso muy notorio de su infra­estructura heredaba un estancamiento (1981-1989: PB global -0,51 %, sector manufacturero: -0,53%) de casi una década, la abultada deuda del Estado y la mora del pago de sus intereses. Lo que se llamaba «los capitanes de industria» o, más despectivamente, «la patria contratista» había adquirido un protagonismo que nunca antes tuvo, por lo menos, con anterioridad al gobierno del Proceso.

En el orden internacional, la caída de! muro de Berlín (1989) cam­bió el mapa del mundo, tal como el peronismo lo había interpretado desde Yalta (febrero de 1945). La implosión soviética desacreditó la te­sis socialista y, con ello, la democracia y la economía de mercado se instalaron como único canon de conducta que legitimaba el papel de

los Estados en el nuevo orden internacional bajo la tutela unipolar de los Estados Unidos. A ese cambio del orden político mundial, se sumó la evidencia de que la globalización había llegado para instalarse en forma permanente. i

El rol que el caudillo riojano le asignó al Estado difería de los cri­terios que sustentaron el primer y segundo'peronismo. Menem creía que los desafíos nacionales e internacionales a los que la nueva realidad enfrentaba a la Argentina eran la oportunidad para llevar a cabo la gran transformación que necesitaba el país. Y el instrumento central de esa transformación sería el Estado, al que se le asignó una función diferente a la que tradicionalmente tuvo en la Argentina.

Ese nuevo rol se lograría a través de los siguientes objetivos: 1) re­ducir el intervencionismo estatal en el campo económico y social20, 2) despojar al Estado de responsabilidades productivas que pudieran ser asumidas por el sector privado, 3) favorecer a los grandes actores so­cioeconómicos nacionales y extranjeros para que realizaran las inver­siones en el país. Menem pretendió que su estrategia de transformación estuviera en sintonía con los cambios que se operaban a nivel mundial.

La era continentalista que estamos viviendo cuestiona la cultura, la ideología y la política surgida y desarrollada du­

rante la era nacionalista que ha terminado; y la fuerza iner- cial electoral del justicialismo heredada de la conducción del general Perón se ha agotado como fuerza homogénea

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decisiva, brindando su último servicio con el triunfo elec­toral de 1989. Por ello están en crisis los partidos políticos y a nosotros/nos caben las generalidades de la ley. (Carlos

Menem, Congreso de Actualización Doctrinaria del Partido Justicialista, 1991) t ;

En repetidas oportunidades, Menem justificó su política económi­ca en el cambio de concepción que exigía la doble evolución interna­cional: el fin de la Guerra Fría y el nuevo proceso de globalización. En un discurso pronunciado en la sede del Partido Justicialista, expresó

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que así como Perón había tenido que reubicar la Argentina en el orden internacional bipolar, su gobierno reinsertó al país «en el mundo de la postguerra fría»24.

Las grandes orientaciones de Menem estuvieron en concordancia con los principios establecidos en el Consenso de Washington. Este fue un listado de políticas económicas que, a partir de 1990, preconizaban para los países latinoamericanos, los organismos internacionales (Ban­co Mundial, FMI) o centros económicos (Federal Reserve Bank) con sede en Washington. Surgió de un documento preparado por John William- son en noviembre de 1989 (Lo que Washington quiere decir). Entre las políticas recomendadas, cabe citar las siguientes: disciplina fiscal, libe- ralización, tipo de cambio competitivo, privatización, regulación, libe- ralización del comercio internacional. Estas recomendaciones tuvieron muchos críticos, entre ellos Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001.

De esta forma, esa reinserción internacional le sirvió a Menem para promover tres objetivos a la vez: 1) adaptarse al nuevo orden mundial, 2) elegir un camino «moderno» y novedoso como contribución del pe­ronismo a las transformaciones internas que el país requería urgente­mente y 3) adoptar una política amigable hacia los Estados Unidos, in­discutible superpotencia del nuevo orden.

Las grandes orientaciones a lo largo de su gobierno fueron las si­guientes: menor intervención del Estado, apertura económica, privati­zaciones, desregulación, estabilidad monetaria. Menem fue muy claro desde el principio cuando, al inaugurar durante su gobierno la primera exposición en la Sociedad Rural Argentina, afirmó que no quería que el Estado «continúe siendo el «ogro filantrópico» que todo lo invade, que todo lo entorpece y nada resuelve»21.

La mayoría de las personas que ejecutaron la política económica de Menem eran ajenas al peronismo, pues venían de otras fuerzas políticas. Eran hombres de negocios o estaban apoyados o trabajaban para fun­daciones privadas.

En el primer gobierno peronista (1946-55), el Estado cumplía una función central, organizando y arbitrando, en cierta medida, entre las

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fuerzas del trabajo y los sectores empresariales. La visión social de Pe­rón implicaba un activo intervencionismo de Estado, tal como había ocurrido, pero por distintas razones, durante la década de los treinta. El peronismo de los setenta era más beligerante respecto del capital extranjero, estuvo influido por las ideas tercermundistas del momento. En el caso de Menem, la propuesta era hacer lo que funcionaba en los países desarrollados, aliarse al «Primer Mundo». Dejar de lado los pre­juicios heredados del nacionalismo, dinamizar la economía, apelando a la creatividad y a los recursos del sector privado. Ésta posición de con­fianza hacia el mercado y hacia las inversiones extranjeras difería de las «Pautas para la propuesta justicialista» que, en diciembre de 1982, ha­bían prologado Antonio Cafiero, Alfredo Gómez Morales, Julio Palarea y Eduardo Setti, númenes del movimiento. Decían en esa oportunidad:«no compartimos la visión liberal del Estado, que implica librar las pu-

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jas de poder de resolución de los conflictos sociales u económicos a los distintos grupos sociales, lo que significa intervenir a favor del más fuerte».

Menem desconfiaba de los economistas peronistas, con quienes antes de asumir, se reunió en el Banco de la Provincia. Los oyó, cuenta Jorge Triaca, «y no había ninguna solución, entonces, hizo un acuerdo con Bunge y Bom»22.

Basta a los monopolios y a los subsidios irracionales.Basta a la trabazón burocrática y al gasto público improduc­

tivo. Basta a la sobreprotección y á la ineficiencia. Basta al intervencionismo estatal, y a la complicidad de la incompe­tencia privada. Basta a la socialización de las pérdidas y a la privatización de las ganancias. Basta a la cultura de la renta y de la especulación. Basta a la mínima actividad industrial y la máxima actividad financiera. Basta de empresarios ricos y

empresas pobres. En fin, basta al privilegio de unos pocos a costa del perjuicio de todos. (Carlos Menem, Discurso en el

Día de la Industria, 1 de septiembre de 1989)

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\» medVtas apeadas to n Us águtenteR K ‘%n\>mu1v'n oo\ rol del te io a travos de las pii\'atír ctonos

v depilaciones..V X.

Autonomía del Banco Central aspecto del poder político, se

refoiwo su Carta Orgánica pat a prohibir financiar al Gobierno

(emitir para comprar titules de deuda).

3. La Ley de Convertibilidad que impidió la manipulación mo­netaria

4. Reducción unilateral de las tarifas aduaneras antes de la finali­zación de la Rueda de Uruguay de negociaciones comerciales en el GATT (Rueda de Uruguay de 19S6-1994).

Si bien la política del gobierno de Menem revirtió la tendencia de «más Estados, el balance, al final de sus diez años de gobierno merece algunos comentarios. No se logró establecer las bases de un Estado pro­fesional a pesar de los esfuerzos hechos para instaurar carreras adminis­trativas, es decir, frenar el asalto dientelar del Estado.

El número de personal dentro de la planta del Estado disminuyó como consecuencia de las privatizaciones y de los planes de retiros vo­luntarios, pero se aceleró la práctica de contratos y asignaciones fue­ra de la planta permanente para disimular las continuas prebendas que se distribuyeron. Algunos contratos se hicieron a través del PNUD —Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo— que sirvió de pan­talla para distribuir altos salarios fuera del Presupuesto. La Argentina continuó en este aspecto rezagada frente a los países desarrollados y a otros menos avanzados, pero con sistemas competitivos de selección de personal. El Estado liberal, tal como existió al final de la década de los noventa, seguía prisionero de los métodos arcaicos de dientelismo y de las prebendas imperantes desde fines del siglo xix.

Esta fue una falla imperdonable de la llamada «reforma del Estado», que solo sirvió para beneficiara amigos con puestos y contratos a cargo de los préstamos del Banco Mundial. Se creó un régimen especial para funcionarios jerárquicos (SINAPA). Pero en la práctica, se usó el sistema

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Del Plan BB a la convertibilidad

Antes de las elecciones internas del PJ, en julio de 1988, que trans­formaron a Carlos Menem en candidato a la presidencia, dos destaca­dos economistas peronistas, Samuel Muzykanski y Eduardo Curia, le presentaron un documento titulado «Metas macroeconómicas para un programa de gobierno». En ese documento, se proponía un programa económico completo.

Este documento fue utilizado en todas las reuniones internas y ex­ternas con empresarios, políticos y sindicalistas, y sirvió para diversos fines: a) para orientar al candidato presidencial en un sintético enfoque desarrollista de altas tasas, quebrar la hiperinflación y crear un marco para el Programa'de Gobierno, con una nueva política económica de metas cuantitativas del 8% anual de crecimiento del PBI y un incremen­to del 27% de la inversión total, en el curso de un quinquenio; y b) para orientar a los equipos técnicos en política económica y financiera.

La campaña electoral de Menem se basó en mostrarse — por reco­mendación de Juan B.Yofre— como el representante del peronismo en estado puro, sin aditamentos químicos.

. Ganó las elecciones el 14 de mayo de 1989 sin un programa, re­pitiendo el anuncio de la «revolución productiva» y el «salariázo», así como el mantra «síganme, y no los defraudaré». El poder de Alfonsín se fragilizaba y, como alertó Luis Barrionuevo, «se nos cae el Gobierno y no tenemos un papel». Solo Yofre — uno de los jefes de confianza de la campaña de Menem— recordaba que poco después de la inter­na, Néstor Rapanelli le había dicho que Bunge y Bom (BB) lo apoyaba y que tenía un «papel». En un desayuno que tuvo lugar en diciembre entre Rapanelli y Yofre, aquel confirmó que «tenían un plan». Yofre le comunicó rápidamente a Menem la disposición de BB a colaborar, y le presentó el plan.

Una vez decidido que el programa y la gestión económica se hacían en conjunción con el gran grupo económico Bunge y Born, todo parecía asegurado por la supuesta pericia técnica de los directivos del grupo y por su capacidad de lograr un apoyo financiero para salir del pantano

inicial. Se insinuó que el plan tenía el apoyo de las grandes empresas y «de la embajada». Fue un exceso de confianza y de subordinación...

El primer ministro de Economía, Miguel Roig, actuó sobre un vol­cán. Su programa de gobierno no incluyó nada origiríal. El plan de esta­bilización fue un conjunto de medidas conocidas: aumento del tipo de cambio (de 210 a 650 pesos por dólar) y actualización de las tarifas de servicios públicos (algunos incrementos llegaron a 2800%). En realidad, se trataba de una tregua de precios y salarios, cuyos socios serían los sindicalistas y empresarios. El Estado se comprometía a no emitir para financiar déficit;Roig murió a la semana de asumir —posiblemente de un ataque cardiaco por su tabaquismo, aunque hay serios indicios de que se suicidó y dejó una carta—, y fue reemplazado por otro director de la firma, Néstor Rapanelli. El programa de. gobierno, a pesar de la ¡ncertidumbre, se explícito un poco más: apertura comercial, libre mo­vimiento de capitales, liberalización del sistema bancario, privatizacio­nes, reducción del déficit, achicamiento del Estado, desregulación del mercado petrolero, disminución de la operatoria del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de Desarrollo.

Como el enfermo no reaccionaba, se hizo un nuevo ajuste llamado Bunge y Bom II: devaluación de 54%, aumento de tarifas y retenciones a la exportación. Hacia el final de la gestión de Rapanelli, las tasas de interés y el precio del dólar aumentaron peligrosamente.

La idea de una alianza entre el partido gobernante y un gran grupo empresario argentino que asumiera las responsabilidades de la conduc­ción económica falló, lo que dejó a'Menem un tanto desautorizado fren­te a sus interlocutores políticos y económicos. El año 1990 cerró con una inflación de 5000%./Estábamos nuevamente en la hiperinflación. Nés­tor Rapanelli renunció, y Erman González asumió el 18 de diciembre de 1990. Era un contador público de origen democristiano que había sido ministro de Economía en La Rioja durante la gobernación de Menem. Retomó las líneas de los anteriores ministros y, en parte, profundizó el enfoque liberal.

- •, , No bien asumió González, este eliminó el control de cambios y dejó flotar el dólar, suprimió todos los controles sobre los precios y volvió

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atrás, seguramente, por pedido del sector rural, con las retenciones a la exportación que habían sido aumentadas por el anterior ministro. Los planes I (diciembre 1990), II (enero 1991) y III (marzo 1991) no tuvieron la capacidad de resolver la crisis, y la imagen del presidente se deterioró junto con el aumento del riesgo de un estallido social. Contradiciendo lo que establecía la Ley de Defensa, un decreto de Menem autorizó la contingencia de una intervención militar en caso de «conmoción in­terior». En noviembre de 1989, se había firmado un acuerdo stand by (¡otro más!) con el FMI por mil quinientos millones de dólares, el que paliaría el ahogo financiero del Gobierno.

Lo que es necesario destacar es que los ensayos, con sus diversas medidas, de los ministerios de Roig, Rapanelli y luego González, no tu­vieron éxito en sus intentos de estabilización macroeconómica. Por otra parte, la inestabilidad económica produjo no poca turbulencia política, incluso una amenaza de juicio político en el Congreso, la que Menem gerenció con destreza con la ayuda de varios operadores políticos. La opinión pública y los empresarios, particularmente, expresaban su an­gustia, la impotencia para atacar el principal flagelo: la inflación.

Para frenar la corrida sobre los bancos, el 3 de enero de 1990, se lanzó el célebre plan Bonex 1989 que consistía en la conversión forzosa de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos en dólares a diez años de plazo. Se exceptuaron los depósitos de menos de mil dólares y los destinados al pago de salarios24.

Vivimos hasta hace 45 días del plazo fijo. Era más fácil hacer dinero en la República Argentina sin trabajar. Mientras el obrero quebraba su lomo todos los días (...) había otros

que con esa cultura de la especulación (...) colocaban sus re­cursos a siete días y luego los volvían a colocar ya con los intereses agregados al capital. (Carlos Menem, Discursos, de

enero a abril de 1990)

Ni siquiera esa medida sirvió de mucho, puesto que en ese mes de enero la emisión monetaria creció el 35% para pagar un déficit

presupuestario equivalente (la inflación del 79% en enero y de 62% en febrero)25. «

Ante la amenaza de un nuevo ascenso de la fiebre inflacionaria, a fines de enero de 1991 el presidente designó ministro de Economía a Domingo Cavallo, quien ya venía hacía tiempo alegando por otra política. Desde el principio del Gobierno, era ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

El 19 de febrero de 1991, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de catorce artículos que establecían la convertibilidad fija de la moneda argentina a una tasa de 10 000 australes por dólar.

El esquema de la convertibilidad era sencillo. El Ban­

co Central vendería al tipo de cambio establecido todas las

divisas que le fueran demandadas y debería retirar de la circulación todos los australes recibidos en pago. A su vez, podía comprar a precios de mercado todas las "divisas que se le ofrecieran, haciendo uso de la emisión si fuera necesario.

Simultáneamente, se establecía que las reservas inter- ' nacionales en oro y divisas extranjeras debían ser por lo me­

nos ¡guales a base monetaria, que es la suma de la moneda en circulación más los depósitos de los bancos en el Banco Central como reservas de liquidez.

(...) lá piedra angular era que cesaba toda emisión mo- - netaria con destino a financiar el gasto público y el Banco Central quedaba transformado en una simple caja de con­

versión. (Jorge Todesca. El m)to del país rico)

Solo siete paísestenían un sistema semejante, entre otros, las Ber- mudas, Brunei, Isla Caimán, Gibraltar, Hong Kong. La Argentina había experimentado el sistema de convertibilidad entre 1902 y 191426.

La Ley de Convertibilidad fue votada por los bloques justicialistas, salvo ocho disidentes, parte de-los diputados de la UCEDEy los de los partidos provinciales, pero los representantes de la UCR, a pesar de que dieron quorum al Gobierno, votaron en contra. La sanción de esta ley marcó un hito en la historia económica argentina. El sistema de con-

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vertibilidad fue el marco general dentro del cual ¡ba a llevarse a cabo la transformación que el gobierno de Carlos Menem ambicionaba para la Argentina. Los diez años de ambos mandatos fueron, sin duda, contro­vertidos. Se logró la estabilidad monetaria, pero no se frenó el endeu­damiento del Estado.

La convertibilidad fue, pues, el gran telón de fondo, sin duda eficaz para detener la inflación, pero no seguido en su lógica consecuencia que indicaba la necesidad de mantener equilibrado un presupuesto de gastos públicos. Los déficits públicos solo se pueden financiar, si hay una caja de conversión, con venta de activos o endeudamiento. Eso es lo que ocurrió por desaprensión de los responsables del Gobierno que continuaron endeudando al Estado argentino. Este, a su vez, vendió ac­tivos, en parte subvaluados por decenas de millones de dólares. Pero aún este recurso no fue suficiente.

En 1994, se aprobó la reforma previsional impulsada por el Banco Mundial, la que tendría desastrosas consecuencias para las finanzas del Estado y para los jubilados. Influyó directamente en el déficit fiscal y en el endeudamiento. La ley aprobada daba opción para elegir entre el sis­tema de reparto y el de capitalización (AFJP). No obstante, esta opción significaba que si quien estaba en el sistema público no manifestaba expresamente su elección, pasaba automáticamente al privado. Aparte de esta argucia en contra del sistema público, las agencias privadas que se constituyeron cobraron comisiones del 30% y hasta del 40% sobre los aportes de los afiliados. Por otra parte, para estimular el empleo, se decretó la baja de los aportes patronales. Cientos de miles de futuros

' jubilados se pasaron o fueron pasados, como «cautivos», del sistema de reparto al de capitalización. El sistema jubilatorio de reparto quedó des­financiado como consecuencia de esta política impulsada por Cavallo.

Entre 1994 y 2000, la reducción de los aportes patronales alcanzó a 16 657 millones de pesos (dólares) que, sumados a otras reducciones vinculadas al mercado del trabajo como aportes al sistema de.obras so­ciales, totalizaron 29 959 millones de pesos (dólares). Los aportes jubi- latorios transferidos del Estado a las AFJP en total, durante ese período (reducción de aportes patronales, más cargas vinculadas al trabajo, más

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aportes jubilatorios), fueron 52 331 millones de pesos (dólares)27. Esta reforma y las que se sumaron para tratar de disimular sus resultados fiscales, es decir, ley de solidaridad provisional, bajare las jubilaciones, etcétera, ocasionaron un creciente déficit fiscal por las trasferencias a las AFJP. En 1997, el Estado dejó de recaudar ocho mil millones de pesos (dólares). En 1994, había reaparecido el déficit público y, un año des­pués, el PB1 descendió el 3%.

Mientras organizaba y aplicaba un plan de reformas internas, el gobierno de Menem-tuvo que afrontar dos grandes frentes de nego­ciaciones (presiones y reclamos) externas: el FMI, con sus permanentes exigencias, y los acreedores.

Con el FMI, se llegó aúna serie de acuerdos que, básicamente, com­pletaron y repitieron los que había firmado Alfonsín. Ninguno terminó cumpliéndose enteramente y ninguno resolvió el grave estrangula- miento financiero externo que sufría el país. Cosíos acreedores exter­nos, categoría compuesta por bancos privados y organismos interna­cionales, durante los diez años del Gobierno se desarrolló una compleja trama de negociaciones y acuerdos. Vale recordar uno de los acuerdos emblemáticos de la época, el Plan Brady.

El Plan Brady, que ya mencionamos, estuvo centrado en las priva­tizaciones, pues Washington para resolver el problema de la alta ex­posición de sus bancos en América Latina recomendó a los Gobiernos vender activos contra reducción de deuda. Ya al principio del gobierno de Menem, se había vendido ENTELy se habían capitalizados cinco mil millones de dólares en títulos de deuda(veremos a qué valor).

La Argentina estuvo en una «moratoria de hecho» de principios de1988 a diciembre de 1992 El Plan Brady, enunciado en marzo de 1989

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por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, fue un nuevo intento para que los bancos recuperaran el capital a través de privatizaciones que facilitaron la capitalización de bonos de deuda externa.

El total de la deuda que entró en el Plan Brady ascendió a 32 670 millones de dólares por capital e intereses y la quita fue de 2660 mi-

• llones de dólares (8,1% del total negociado y 3,6% de la deuda exter­na pública). Pero para adquirir los bonos estadounidenses que servían

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de garantía, la Argentina tuvo que endeudarse ante organismos inter­nacionales (2880 millones de dólares) más 770 millones de dólares en efectivo. Mientras pagó 3650 millones de dólares para ingresar al Brady (endeudándonos y pagando 770 millones de dólares al contado), la re­ducción fue de solo 2660 millones de dólares. Este razonamiento es dis­cutido por algunos especialistas, que evaluaron la quita en siete y once mil millones de dólares. Los bancos privados acreedores, que antes de Brady eran el 53,5% del total, luego de este solo representaban el 2,3%. El Brady dio seguridades a nuestros acreedores pero aumentó la deuda pública argentina sin resolver la cuestión de fondo28.

Es pertinente recapitular esta cuestión. Con el Plan Brady, se saneó a los bancos norteamericanos que aceptaron bonos argentinos por un valor aproximado de treinta y dos mil millones de dólares (veintitrés mil millones dólares de capital y nueve mil millones de igual moneda de in­tereses), garantizados con bonos del tesoro de los EE. UU. a treinta años (vencían en 2023). Esto les garantizaba el repago. Los bonos quedaron en depósito en la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Argentina ofreció bonos a la par con interés fijo (al 3,6% que llegaba al 4% al sép­timo año) y bonos con descuento del 35% a interés variable (Libor más 13/16 avos). La garantía era que la totalidad de la deuda que entregó la Argentina había sido pensada como contrapartida de una quita del 35% de lo que tanto se habló. Pero lo que sucedió fue que los bancos eligie­ron en su mayoría los bonos a la par, con lo que el descuento resultó irrisorio (2660 millones de dólares).

El Plan Brady, repetimos, solucionó el problema de los bancos nor- ' teamericanos, pero no el argentino. Más aún, la operación nos costó

más de mil millones de dólares a los que deben sumarse las comisiones, siempre escondidas por el Ministerio de Economía, cuya connivencia con aquellos era voxpopuli.

El proceso del nuevo endeudamiento en la década de los noventa resultó de una serie de fenómenos, cuyo impacto fue más importante que la deuda que se redujo al usar los títulos en el pago de las privatiza­ciones. Impulsaron la deuda, aumentaron el déficit fiscal — provocado, sobre todo, por la reforma provisional— y las tasas de intereses locales

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que, entre 1991 y 2000 fueron siempre superiores a ios internacionales (Libor, 180 días). En la década de los ochenta, la deuda privada se había transferido al Estado, y las privatizaciones se intentaron hacer sin deuda, pues esta fue asumida por el Estado. 1

Los cálculos utilizados en un estudio que realizó la OCDE de las cuentas fiscales de la Argentina entre 1993 y.el año'2001, sobre la base de porcentuales del Producto Bruto, permiten probar el aumento del déficit de la Seguridad Social (% s/PB). En 1993, el saldo de la cuenta de Seguridad Social que tenía un superávit en 0,4% del PB pasó a ser defi­citario en 1995 (-0,7% s/PB), en 1998 (-1,8%S/pb) y en 2001 alcanzó un déficit de 2,6% del PB. Los recursos que recibía el Estado en materia de Seguridad Social pasaron de ser el 5,6% PB en 1993 a no más de 3,5% s/ PB en 2001. Los gastos fueron del 5,3% al 6,1 % s/ PB en esos años(OCDE. fuente: Ministerio de Economía, UBS-Warburg). Es decir que la reforma ideada por el ministro Cavallo transformó el superávit de la seguridad social en 1993 en un déficit en 2001.

El endeudamiento externo total se incrementó a una tasa del 8*6% anual durante la década 1991-2001 (pasó de 61 000 a .140 000 millones de dólares). A su vez, los depósitos de capitales privados argentinos en el exterior se expandían a un ritmo de 9,6%; pasaron de 55 000 000 a 138 000 000 dólares. Por cada cien dólares de endeudamiento, se fuga­ron ciento cinco de esa moneda.

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Al tiempo de la asunción de Menem a la presidencia, desde que se incorporó al FMI en septiembre de 1956, la Argentina había suscripto dieciocho acuerdos con este organismo financiero: quince se incum­plieron, se pidieron ocho waivers (excepciones transitorias) y cuarentay cuatro dispensas administrativas. Los Gobiernos argentinos siempre/tuvieron relaciones borrascosas con ese organismo.

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i f

Las privatizaciones

Entre 1950 y 1975, las empresas públicas representaron un pro­medio del 7,8% del PBI (el 75% de los servicios públicos). En la Argen­

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tina, hubo una larga tradición de empresas públicas. Curiosamente, los ferrocarriles fueron de las primeras, e YPF, la de mayor prestigio y volumen de ventas. Sin duda, la transferencia de empresas públicas a inversionistas privados fue la modificación estructural más relevante del gobierno de Menem.

El programa de privatizaciones tuvo por objetivo desasir al Estado de responsabilidades de producción de bienes y de algunos servicios. Cambió el tamaño del sector público. Se comenzó con las empresas que Alfonsín había pretendido privatizar— Aerolíneas Argentinas, Te­lefónica y el sector eléctrico— y se terminó con la «acción de oro» de YPF, vendida al final del gobierno de Menem, decisión que, a nuestro juicio, fue uno de los graves errores de la administración de Menem. Error tanto estratégico como económico. Se vendió una de las mayores empresas petroleras de América Latina a una empresa española que no producía petróleo — solo tenía estaciones de servicio— y cuyos activos eran muy inferiores a la gran empresa que todos los argentinos habían ayudado a construir desde el descubrimiento del primer yacimiento, el13 de diciembre de 1907, en el pueblo de Comodoro Rivadavia. Pri­vatizar fue un mantra que abarcó gran parte del patrimonio público. Fue como una llave para el progreso. La lista se agrandaba sin cesar: Segba (1992), Transportadoras y distribuidoras de gas (1992), Somisa (1992); YPF (1992-1993), El Chocón (1993), Alicurá (1993), Piedra del Águila (1993), Cerros Colorados (1993), Caja Nacional de Ahorro y Se­guro (1994).

La primera empresa que se privatizó fue ENTEL, luego vinieron los canales de televisión (noviembre de 1989) y una serie de otras empre­sas, además de las mencionadas, Altos Hornos Zapla (junio de 1990), Carboquímica Argentina (julio de 1990), Forja y Petroquímica Río Ter­cero y Polisur, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (mayo de 1993), Central Hidroeléctrica Futaleufú (octubre de 1994), etc.

Las privatizaciones se transformaron en una panacea para el éxito económico que se auguró con el achicamiento del Estado. Todo lo esta­tal podía venderse según el criterio dominante, (con pocos detractores) de los noventa.

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Uno de los objetivos de la política de racionalización fue YPF que, luego de la designación de José Estenssoro como presidente, se convir­tió en una sociedad por acciones, y se vendió parte del capital acciona­rio en el mercado (Resoluciones 697 y 740 de 1993). Desde el principio del Gobierno, YPF fue una empresa que sería privatizada, tal como se intentó hacer con el Banco de la Nación Argentina. Se transfirió el de­recho de la explotación y a los operadores locales que eran contratistas se los transformó en concesionarios. En 1993, se vendió el 35% de las acciones de YPF, el Éstado conservó el 25% más 1a «acción de oro», las provincias retuvieron el 11,3% y los empleados, la Propiedad Participa­da, equivalente al 10%.

A poco de asumir Menem, YPF había sido objeto de un plan de ra­cionalización. Entre 1989 y 1992, redujo su personal de 55 000 emplea­dos a menos de 11 000. La empresa que había perdido 570 millones de dólares en 1990, pasó a ganar 600 millones en Í99334. Cuando asumió Roque Fernández como ministro de Economía, se procedió a vender las acciones de YPF que el Estado aún retenía con el objeto de financiár el déficit fiscal. Tuvo la intención de vender en la bolsa el 20% del capital accionario de YPF en manos del Estado, pero Repsol ofreció un monto superior a condición de que se le asegurara el control. Entonces, se hizo una operación en bloque, aun cuando Repsol era una empresa mucho más chica que YPF (Decreto 666 del 26 de junio de 1999). Parapaliar un déficit de presupuesto, la Argentina vendió el control de la más grande empresa del país y la que tenía mayor interés estratégico.

En lo que hace a las inversiones extranjeras, se adoptaron una serie de medidas de liberalización con el.objetivo de promover el flujo hacia la Argentina y se accedió al Plan Brady para permitir la capitalización de la deuda. Es decir que los bancos norteamericanos transformaronsus acreencias contra el sector público de la Argentina en títulos aptos

tpara comprar empresas del Estado. La Ley de Emergencia Económica suprimió todo tipo de prohibiciones en cuanto al destino de las inver­siones, estableció la igualdad de tratamiento respecto de los inversores nacionales, la supresión de toda discriminación o trato diferencial y la libre remisión de utilidades al extranjero (modificaciones introducidas

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por la Ley 23.697 y su Decreto reglamentario 12257/89). Hubo también, durante el gobierno de Menem, una gran reestructuración financiera que abarcó tanto el Banco Central como las entidades privadas.

El Gobierno suscribió acuerdos de garantía de inversiones con los Estados más importantes a fin de otorgarles a los inversores extranjeros la posibilidad de someter sus eventuales diferendos con el Estado ar­gentino a los tribunales arbitrales del Banco Mundial. Se trataba de una verdadera prórroga de jurisdicción que autorizaba a los inversores ex­tranjeros a recurrir a tribunales arbítrales fuera de la jurisdicción argen­tina. De este modo, se argumentó, se buscaba crear un clima favorable para las inversiones extranjeras.

Toda la normativa de las privatizaciones se hizo de acuerdo con las recomendacionés del Banco Mundial, responsable de las reformas es­tructurales. Entre otras recomendaciones, para hacer atractiva la venta de las empresas públicas, se mencionaba que el Estado debía absorber la totalidad de las deudas y la mano de obra excedente, que era necesa­rio usar títulos de deuda para pagar y que la indexación aplicable a los contratos debía basarse en algún índice de los Estados Unidos

El Gobierno quiso racionalizar los ferrocarriles, pero se enfrentó con la primera oposición de los sindicatos que ejecutaron medidas de fuer­za contra cada decisión del Gobierno. A pesar de la oposición sindical, se clausuró el 40% de los ferrocarriles de pasajeros de larga distancia. El Banco Mundial organizó un programa de indemnizaciones para el retiro voluntario que fue aceptado por 60 000 trabajadores, que en su gran mayoría terminaron en el «cuentapropismo». Los ferrocarriles se vendieron por ramales o servicios y, al poco tiempo, se clausuraron más de la mitad de las líneas, por ser «antieconómicas» para los nuevos ope­radores privados.

Hay enormes reparos a muchas decisiones tomadas por el gobier­no de Menem en este terreno. En materia de privatizaciones, en la de SEGBA, distribuidora de energía, hoy Edesur, Edenor y Edelap, se obser­va el otorgamiento de un plazo de concesión sorprendentemente largo (más de noventa años) si se la compara con el sector gas, donde el plazo asciende a treinta años. Lo mismo sucede con el transporte. La privati-

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zación de ENCOTESA, si bien pasó por Diputados, fue rechazada por el Senado, así como lo fue la privatización de los Aeropuertos. No obstante ello, se hicieron por decreto de Necesidad y Urgencia, apelando a la Ley de Emergencia de 1989. f

La carrera privatizadora del ministro Fernández, casi logró la venta del Banco de la Nación —ya estaba en la agenda la segunda reforma del Estado— y, por supuesto, impuso la privatización total de YPF a lo que ya nos hemos referido. No solo se enajenaron empresas, sino que en los años 1997-1998, para hacerse de caja, el ministro Fernández vendió bonos cupón cero de los Estados Unidos que garantizaban los bonos argentinos dentro del Plan Brady, lo cual volvió a aumentar la deuda ex­terna. Brady—cuyo plan ya explicamos— abrió la posibilidad de lograr financiamiento a través de la colocación de títulos de deuda argentina.Se vendió la acción de oro de YPF para enjugar el déficit de 1999. Ello

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permitió financiar el déficit en cuenta corriente y los desequilibrios pre­supuestarios; de esta forma, al tomar un interés coyuntural, tuvo priori­dad sobre un interés estratégico.

Estas medidas importantes impulsadas con el entusiasmo de la ortodoxia liberal de Menem y Fernández, quienes apelaron a transfe­rencias de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, no convalidan el respeto al equilibrio de poderes ni el estado de la opinión pública, sino que más bien son un ejemplo de la hegemonía del Ejecutivo, síndrome malsano que recorre varios períodos de nuestra historia.

De acuerdo a los cálculos realizados pór Eduardo Basualdo, el Esta­do recibió por las privatizaciones 36 300 millones de dólares. Si valua­mos los bonos al valor nominal de 28 600 millones de dólares, pero al precio corriente de mercado, la deuda absorbida por el Estado a media­dos de 1993 fue, aproximadamente, de veinte mil millones de dólares.Jorge Lanata considera que. los pasivos que afrontó el Estado alcanza-

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ron a sesenta mil millones de dólares, El sector más afectado fue el ferro­carril, que de 36 000 km de vías y 95 000 puestos de trabajo, pasó'a tener 8000 km y 15 000 empleos, porque los operadores privados considera-

' ron que muchos ramales no eran rentables. Un verdadero vaciamiento, como bien lo ilustra Fernando Solanas en su documental Memorias del

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saqueo. El caso de Aerolíneas es conocido: en 2000, la empresa solo con- servaba uno de los veintinueve aviones que tenía cuando se privatizó29.

Los procedimientos usados para llevar a cabo las privatizaciones han dado lugar a muchas acusaciones de corrupción y de haber ven­dido los activos públicos por debajo de su valor. Algunos activos han vuelto, en años posteriores, a transferirse al Estado, y varios de los adju­dicatarios nunca pagaron al Estado los cánones fijados en los contratos de concesión.

No pueden desconocerse las críticas a las privatizaciones. Muchos servicios fueron concesionados bajo condiciones leoninas para el inte­rés del Estado. La privatización de la seguridad social, es decir, la crea­ción de las AFJP, fue muy perjudicial para el Estado. Con posterioridad al colapso financiero del año 2001, varias privatizaciones, como las de Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias de la Nación, el Correo o el Con­trol del Espectro Radioeléctrico volvieron al Estado por diversas razones (rescisión de contratos de concesión, reestatización, juicios penales por corrupción). En algunos casos, el Estado se transformó en accionista con motivo de la capitalización de los cánones impagos del concesionario, como sucedió con Aeropuertos 2000. Si hay una crítica que puede ha­cerse a la política de privatizaciones, cualquiera sea el juicio que se ten­ga sobre su impacto económico en función del bien común, no puede negarse que hubo una carencia de información pública al respecto. Dic­támenes de la Auditoría General de la Nación u otros Órganos de Con­trol han planteado la existencia de no pocas irregularidades y han cuan- tificado grandes perjuicios para el erario público o el interés general. Sin embargo, algunas privatizaciones, como la producción y distribución de electricidad, han sido exitosas y redundan en beneficio del bien común.

Reforma constitucional

En 1993 se realizaron elecciones legislativas. En ellac e\ inctir¡ai«-

Aires y a Erman González en la de la Capital Federal. El resultado fue interpretado como un plebiscito a favor del Gobierno, lo cual empujó a sectores del peronismo a gestar un movimiento de opinión a favor de la reelección de Carlos Menem. Esto requería una reforma constitu­cional. Ante una oposición débil frente al envión del triunfo, se argu­mentó que la Constitución cortaba al pueblo la posibilidad de elegir, equiparando la cláusula que impedía la reelección á una proscripción, sin duda, una falacia.

A ios dos años dél gobierno de Alfonsín, también hubo un movi­miento de opinión que había propuesto reformar la Constitución para permitir la reelección y acortar el mandato a cuatro años. La crisis eco­nómica y política diluyó el proyecto. Después con Menem, la ¡dea vtolvló a emerger, aun cuando no contaba con los dos tercios para impulsar la reforma constitucional.

A fines de octubre de 1993, el Senado votó la reforma de la Consti­tución por dos tercios. Del PJ, votaron por la negativa Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y de Octavio Bordón (Mendoza). Como en la Cámara de Diputados la aprobación parecía difícil de lograr, Menem anunció un plebiscito que los gobernadores radicales como Horacio Massaccesi (Río Negro) y Carlos Maestro (Chubut) apoyaban.

Ante la posibilidad de una fractura en el radicalismo y ante la certe­za de perder el plebiscito, el 13 de diciembre, Alfonsín acordó con Me­nem lo que se conoce como Pacto de Olivos. Se coincidió en una serie de reformas precisas: la reelección.del presidente por una vezy la reduc­ción del mandato a cuatro años, la cVeación del cargo de Jefe de Gabine­te, la instalación del Consejo de la Magistratura para eiegir jueces, la am­pliación del período jdé sesiones en ambas Cámaras, la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, el tercer senador y la elección directa de este, el establecimiento del voto directo y el balotaje para la elección presidencial.También se decidió la autonomía institucional de la Capital y la elección popular del Jefe de Gobierno de esta.

Otros de los temas fueron dejados a la libertad de criterio de los "que participarían ante la Asamblea Legislativa (creación de órganos de control, otorgamiento de rango constitucional a los acuerdos interna-

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dónales, etc.). También se acordó verbalmente modificar la composi­ción de la Corte. Se cambiaron dos jueces por Héctor Masnatta y Gusta­vo Bosseret y, a fines de 1995, se incorporó Adolfo Vázquez.

Los partidos estaban exultantes por la colaboración, aun cuando era la aceptación de la debilidad de la UCR y de Alfonsín quien, por su parte, anunciaba públicamente una etapa de saludable «diálogo poli- tico». El 29 de diciembre de 1993, se votó en el Senado la Ley 24309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional. El resultado de las elecciones para convencionales fue el 38% de los sufragios para el PJ y el 20% para el radicalismo.

Las elecciones a convencionales probaron, en sus resultados, que la ciudadanía desconfiaba del Pacto y de la reforma de la Constitución, porque respondía a los intereses de Menem, que solo buscaba su re­elección, y de la cúpula del radicalismo, que quería ganar iniciativa aun a costa de sacrificar principios. Más aún, los métodos opacos de ges­tiones confidenciales entre emisarios gubernamentales y políticos ra­dicales debilitaron el prestigio de Alfonsín, aumentaron los reproches a Menem y plantearon interrogantes morales aún hoy no aclarados. Carlos Álvarez, liderando su Frente Grande, inauguró sobre esa virtual falla su denuncia contra la corrupción del Gobierno y la manipulación de voluntades.

El nuevo texto fue votado por la amplia mayoría. Carlos Álvarez in­vitó a su grupo a votar a favor a pesar de que dos convencionales del Frente Grande desertaron: el obispo Jaime de Nevares y el cineasta Fer­nando «Pino» Solanas. Rodríguez Saá, con gran honestidad intelectual, dijo que la reforma era un «mamarracho» y no la votó. Mucha tinta ha corrido en torno a la reforma. Algunas novedades son positivas, como la jerarquía constitucional de los derechos sociales y los derechos llama­dos de «última generación» (consumidor, medio ambiente, definición de las regiones como espacios para la planificación del desarrollo de áreas y servicios plurijurisdiccionales). También son un avance positivo el rol asignado a la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pue­blo, así como la regulación del derecho de amparo, el babeas corpus y el habeos data.

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No pocos de sus alcances se consideran negativos por algunos autores y sectores políticos. Entre otras cuestiones, se destacan la des­naturalización del Senado con el tercer senador y sú elección directa,|a prioridad de los pactos internacionales por sobre el orden jurídico nacional, la provincialización de los recursos naturales que impide una política energética nacional a largo plazo; el réqimén institucional de la CABA como «provincia urbana» y la politización de los órganos de control. Tampoco el Consejo de la Magistratura ha dado transparencia al nombramiento y la remoción de los jueces. . •

Sorprende sobremanera que la Carta de 1994 no haga referencia, entre los antecedentes que cita, a la Constitución de 1949, derogada por un bando revolucionario en 1956, como si aquella constitución nunca hubiera existido.

A la función presidencial de la Constitución de 1853 — que res­pondía a la tradición hispano-criolla, al proyecto alberdiano y al mo­delo norteamericano— se le impuso un Jefe de Gabinete que puede ser interpelado por el voto mayoritario de una Cámara y removido por los miembros de ambas Cámaras. Se discutió su naturaleza, pero en la práctica ha actuado hasta ahora como un superministro coordinador, totalmente dependiente del Jefe de Estado.

Otra reforma fue la autorización de delegación legislativa en el pre­sidente de la Nación de materias de administración o en casos de-emer­gencia pública (artículo 76 de la Constitución Nacional). Por otra parte, se instituyen los Decretos de Necesidad y .Urgencia en determinados casos (artículo 99, inciso 3 de la Cbnstitución Nacional). El presidente Alfonsín, antes de la reforma, en cinco años y medio, había firmado diez. Con Menem, en diez años y medio, se dictaron 545; con Fernando De la Rúa, en dos años, 73. Eduardo Duhalde, en dos años y medio de gestión, dictó 158, y el presidente Kirchner, 270 (frente a 250 proyectos de ley).

¿No lleva esta reforma a la convalidación ¡de prácticas hegemóni- cas por parte del Poder Ejecutivo? En cuanto a la coparticipación de impuestos, la nueva Constitución dispone que una ley sobre su distri­bución entre la nación y la provincia debía aprobarse al finalizar el año 1996 (artículo 75, inciso. 2de la_Constitución Nacional). Todavía no se

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ha sancionado y sigue vigente una ley de la década de los ochenta. Se trata del régimen aprobado, en 1988, durante el gobierno de Alfonsín, aún en vigor.

Podríamos a título provisorio, formular las siguientes observacio­nes a la reforma de la Constitución Nacional de 1994:

1. Se refuerza el presidencialismo a pesar de la creación del Jefe de Gabinete.

2. La delegación de facultades y los decretos de necesidad y ur­gencia le agregan al Ejecutivo funciones antes reservadas al Poder Legislativo, aumentando sus posibilidades hegemónicas.

3. Si los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires aspiraban tener un intendente electivo, solo eso debía haberse establecido. Buenos Aires es el distrito federal, convertido ahora en «pro­vincia urbana», con una enorme estructura burocrática que excede las necesidades de un municipio.

Las elecciones presidenciales para un nuevo mandato habilitado por la reforma constitucional dieron el triunfo, en 1995, a la fórmula Car­los Menem y Carlos Ruckauf. Esta mejoró el margen obtenido respecto de la elección de 1989. El Gobierno logró el 49%, seguido por Octavio Bordón y Carlos Álvarez, con el Partido País Solidario, el que obtuvo el 28% de los sufragios. El radicalismo obtuvo el 16,8%. En todas las go­bernaciones, excepto Tucumán, que quedó en manos del general Bussi, ganó el peronismo.

La reforma de 1994 tuvo efectos miméticos en todas las provincias —salvo Mendoza y Santa Fe— que, cada una a su turno, modificaron sus constituciones para permitir la reelección de sus gobernadores. La reforma ha convalidado la tendencia contraria a la rotación de los go­bernantes y el impulso hacia la concentración del poder.

La herencia sin inventario

Menem terminó su mandato sin herederos, puesto que la bande­ra del peronismo la levantó Eduardo Duhalde, quien luego cuestionó

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su modelo económico. Más aún, se afirma con algún fundamento, que Menem, distanciado de Duhalde, saboteó su campaña presidencial.

De la Rúa prefirió —y así lo manifestó en su carfipaña— respetar la convertibilidad ante los riesgos queimplicaba su supresión y eligió cen­trar sus críticas en la ausencia de un estado de Derecho, la concentra­ción de facultades en el Poder Ejecutivo y, en fin, en acusar a la década de los noventa de ser una de las épocas con más actos de corrupción.

El planteo de De la Rúa fue moral, centrado en descalificar la «frivo­lidad» del régimen que él pretendía reemplazar. Quiso transmitir serie­dad y seguridadTprometió estabilizar y dar garantías a un país cansado de sobresaltos y de la confusión de valores, donde.el éxito era más im­portante que la decencia, el crecimiento de los negocios más trascen­dente que el desarrollo social y humano. Un spot publicitario resumió su contraste con Menem: «Dicen que soy aburrido».

La elección le dio el triunfo a la fórmula Fernando De la Rúa y Carlos Álvarez como candidatos de la Alianza para la Producción, el Trabajo y la Educación (FREPASO), una unión de la UCR con el País Solidario, con el 48% de los votos. Duhalde y Ortega obtuvieron el 38,3%, y Domingo Cavallo, el 10,2%.

Fernando De la Rúa era un hombre de Derecho, abogado y profe­sor de Derecho Procesal. Había sido Senador Nacional y Jefe de Gobier­no de la Ciudad de Buenos Aires, después de la reforma constitucional. Solo un mal destino podía turbar lo que su gobierno parecía prometer: éxito y seriedad. Llegaba a la Primera Magistratura de la Argentina un hombre cuyo cursus honorem auguraba la presencia de quien se pen­saba sería un gran estadista. Desde el primer momento, enfrentó la ac­titud poco cooperativa del consabido frente de tormenta que eran las finanzas del Estado aguijoneadas por los reclamos de los acreedores y las exigencias de los organismos internacionales.

Al hacerse cargo de la presidencia, el 10 de diciembre de 1999, la deuda ascendía a ciento cincuenta mil millones de dólares y los venci­mientos serían de veinticinco mil millones de dólares para el 2000; el

' déficit fiscal de ese año alcanzaría los diez mil millones y no cinco mil como se reconocieron por el Gobierno anterior. A eso, se sumaron las

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enormes deudas provinciales con los bancos, autorizadas en la última etapa de Menem, que pagaban altísimos intereses. El FMI las incluyó como parte del déficit global del Estado, lo cual condicionó el acuerdo que se pretendió hacer con ese organismo internacional. La economía real no estaba mejor: un descenso de 3,4% del PBI y un desempleo del 14% de la población activa.

La relación con Carlos Álvarez fue conflictiva. Orígenes, valores e idearios políticos diferentes los separaban, y la misma situación de des­confianza se replicaba entre los miembros del Gobierno originarios del Frepaso y los leales al presidente. En su primer mensaje de Navidad, sus palabras tuvieron el gusto de un reproche: «el déficit que nos dejaron es lo que está asfixiando al pueblo» (Clarín, 24 de diciembre de 1999).

A pesar de las apariencias, De la Rúa llevó a cabo un extenso pro­grama de medidas. Algunas eran reformas que Menem había dejado inconclusas o pendientes: Plan Nacional de Modernización (Decreto 103/01) con el objeto de mejorar la capacidad de gestión, reformas en el sistema de jubilaciones y privatización parcial del Banco de la Nación — pedida por el FMI y rechazada por De la Rúa—, un proyecto de ley de coparticipación prevista en la Constitución de 1994, beneficio universal para mayores de 75 años, desregulación de las obras sociales exigida por los organismos internacionales, proyecto de reforma laboral, en fin, una serie de medidas para profundizar el ajuste y la reducción de costos impulsados por su primer ministro de Economía, Luis Machinea. Casi todas las que tocaban los intereses sindicales fueron rechazadas tanto por los dirigentes de los trabajadores como por la oposición peronista. Algunas, que tenían clara resistencia en el Congreso, se aprobaron por decreto. Por ejemplo, el Plan de Infraestructura anunciado pór el minis­tro del ramo, ingeniero Nicolás Gallo, que preveía obras por un total de veinte mil millones de dólares, tuvo que aprobarse por un Decreto de Necesidad y Urgencia ante la insalvable oposición legislativa. Cuando el Congreso se opone a una política, el Poder Ejecutivo invoca la emergen­cia, para adoptarla legalmente.

El proyecto de flexibilización laboral defendido por el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, que preveía contratos eventuales, la des-

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centralización de la negociación colectiva que habilitaba convenios por empresas y otras disposiciones que reducían los costos fue apoyado por Menem, Duhalde y la mayoría de los gobernadores peronistas, pero fue resistido por los gremios en un contexto económico de recesión y des­empleo muy grave. ¿Qué otra cosa podían hacer los dirigentes sindicales? Hubo gran resistencia gremial: Moyano, por un-lado, y los pequeños sin­dicatos de izquierda, por el otro, rechazaban las reformas que pedían las empresas y el grupo productivo. Las negociaciones se estancaron, y una serie de sospechas giraron en torno a la existencia de dádivas, lo que invo­lucraba a varios senadores peronistas y radicales en actos de corrupción.

A mediados del 2000, recrudecieron las acusaciones de fraude y corrupción, lo que sirvió de motivo a Álvarez, distanciado del presiden­te, para tomar la bandera de la lucha contra aquellos flagelos. Álvarez denunció al Senado como un «foco de corrupción». Elsenador Antonio

NCafiero, que conocía la trama, en el mes de abril,"con el apoyo de Mo­yano, había presentado una denuncia. Los senadores sospechados se indignaron y se empeñaron en denunciar un ataque contra la goberha- bilidad. Álvarez señaló que había ochenta «ñoquis» en la Cámara Alta. Cansado de intrigas y discordia, renunció a su cargo de vicepresidente el 6 de octubre de 2000.

Los problemas se acumularon a nivel sindical y político. La «carpa docente», instalada desde la gestión de Menem, continuó impertérrita durante el gobierno aliancista, mientras este decidió, para empeorar las cosas, una reducción del 12% en los sueldos de la administración públi­ca superiores a 1000 pesos y del lx5% a los mayores de 6500 pesos.

Hacia finales del primer año de gestión, el panorama político y eco­nómico se enturbió/En ese año 2000, según algunas fuentes confiables, cien empresas se mudaron al Brasil.

El año 2000 cerró con un déficit presupuestario de cinco mil millo­nes de dólares. Frente a un Senado opositor a su política, a una mayoría de gobernadores que eran peronistas y a un movimiento obrefo hostil, De la Rúa estaba jaqueado por varios frentes que se movían a la vez. El grupo productivo, por su parte, coincidía con las exigencias planteadas por los organismos internacionales.

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Desde el inicio de la gestión ministerial de Machinea, este supo que heredaba una difícil situación, no solo en las cuentas externas, sino también en las fiscales. La Argentina vendió activos durante la déca­da de los noventa y contrató préstamos para pagar deudas anteriores. Con ese dinero, fueron financiados el déficit de presupuesto y la fuga de capital.

Debemos recordarque, según los datos del Banco Mundial, en 2000, la Argentina era el país más endeudado entre la categoría de los esta­dos de ingreso medio. Mientras la deuda externa én 1991 era de 62 232 millones de dólares, en 2000, había alcanzado 146 172 millones de dó­lares y representaba el 381,2% de las exportaciones. Era el resultado de la herencia que habían dejado las políticas practicadas durante el go­bierno de Menem. En ese último año, la deuda chilena representaba el 156% de sus exportaciones, y la mexicana, el 79,9% de estas. Sin duda, en 2000, había fundados temores de una posible cesación de pagos.

Uno de los protagonistas del drama que nos llevó al colapso de fi­nes del 2001 fue, sin duda, el FMI. Este daba apoyo financiero contra programas de reformas para equilibrar las finanzas públicas y suprimir los déficits de balanzas de pago que los Gobiernos, con frecuencia, re­sistían. En el momento de evaluar resultados (revisión de los progra­mas), se constató el incumplimiento argentino y que el país necesitaba un refuerzo. Para colmo, el FMI era un auditor institucional para las ne­gociaciones de la deuda privada. La historia de tensiones continuó sin interrupción entre declaraciones de amor-odio e intercambio de repro­ches que la opinión pública aceptaba como normales.

Lo primero que hizo Machinea fue concretar con el Fondo un apo­yo a las nuevas políticas. En enero de 2001, se le adicionaron 6500 mi­llones de esa moneda y, en septiembre, 8000 millones de dólares más. Como dice Michel Mussa en su libro Argentina y el FMI. Del triunfo a la tragediar este fue «uno de los mayores errores» en la historia del organis­mo de Bretton Woods porque ese dinero no sirvió para pagar la deuda, sino para abastecer la demanda de dólares que los privados utilizaron

El encierro

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para fugarse. Es decir, el FMI, en parte financió la fuga de capitales, pero después del 10 de diciembre, cuando las reservas estaban exhaustas, se negó a librar las cuotas y en consecuencia, aceleró pl desenlace. Por su parte el Dr. Alejandro Olmos, en su estudio sobre la deuda argentina, demuestra la confusión que existía sobre su origen,.los acreedores y los plazos. La investigación que llevó adelante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.° 2 culminó en julio de 2001 con la sentencia del Juez Ballesteros, en la que se prueban centenares de actos ilícitos mediante los que se fraguó la deuda externa argentina y se sindica a los respon­sables que por el transcurso del tiempo se libraron de las penas por Ja prescripción de las causas penales. Esa sentencia se encuentra firme y es vinculante, pero el juez no declaró la nulidad absoluta de los actos dictados sobre la base de delitos (artículo 1047 del Código Civil) El temaes grave, pero su análisis excede el alcance de esta obra30.

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La primera gran operación para apuntalar la solvencia argentina fue lo que se llamó el «blindaje», una negociación colectiva que tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2000, para cubrir vencimientos de capital e intere­ses de la deuda en los años próximos. Se trató de una renovación, nueva deuda y canje que representó un total «de, aproximadamente, 40 000 millones de dólares prometidos, pero no enteramente concretados por tres grupos de entidades.

19 700 millones de dólares por el FMI, el Banco Interame- ricano de Desarrollo, el Banco Mundial y España.

13 000 millones de dólares de compromisos de renova-/

ción y suscripción de nueva deuda, por los bancos locales y administradoras de fondos de pensión.

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7000 millones de dólares en operaciones de canje de deuda que implicaría un ahorro de vencimientos en los 5 años siguientes.

(Fuente: Ministerio de Economía y otros)

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El objetivo fue aliviar los compromisos en el corto plazo. El acuerdo se firmó en diciembre del año 2000, pero las entidades cumplieron mal y tarde lo que habían prometido. La realidad fue que el «blindaje» no solucionó la crisis de liquidez. La Oficina de Evaluación Independiente del FMI emitió un juicio negativo sobre los resultados del «blindaje».

Los recursos del FMI se utilizaron para respaldar un

régimen económico que era cada vez más insostenible. En

lugar de financiar la fuga de capitales y dejar que Argenti­

na atravesara un difícil período de seis meses de deflación y

pérdida de producción, los recursos disponibles podrían ha­

berse utilizado para aliviar los inevitables costos de la tran­

sición de un nuevo régimen, de evitar un reajuste excesivo

del tipo de cambio y reducir al mínimo la compresión del

crédito al que podría dar lugar. (FMI. Oficina de Evaluación Independiente)

Larry Summers, Secretario de Estado del presidente Clinton dio su valiosísimo aval al acuerdo, que se suscribió el 18 de diciembre de 2000. Contra este acuerdo, el Gobierno argentino se había comprometido a llevar adelante una serie de reformas para restablecer la solvencia del Estado. Entre otros compromisos, prometió una reforma previsional; una renegociación de las transferencias a las provincias, la supresión del déficit en 2005 (el anterior acuerdo prometía esta meta en el 2003).

En enero de 2001, la Argentina batió el récord histórico por el nivel de sus reservas en el Banco Central: 37 380 millones de dólares. El mi­nistro Machinea, confiado, anunció que «la crisis ya está superada». Se empezaron a realizar parcialmente los desembolsos del Banco Mundial, el BID, el stand by y los bancos privados. Sin embargo, luego de la visita que realizaron los funcionarios del Fondo a principios del 2001, estos transmitieron al Gobierno su insatisfacción frente a los incumplimientos respecto de lo acordado. Lo que complicó la situación de la Argentina

, fue la denuncia de la diputada Elisa Carrió por lavado de dinero, la que puso en jaque todo el sistema financiero involucrado en la corrupción31.

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Frente a la situación, De la Rúa designó a Ricardo López Mürphy al frente del Palacio de Hacienda, quien asumió el 6 de marzo de 2001. Luego de una semana de encierro con su equipo, anunció el plan. Con­sistía en un gran recorte presupuestario, sobre todo, úna reducción del aparto burocrático del Estado (universidades, y provincias) del 30% en la planta de personal. Los estudiantes se sublevaron, sacaron sillas y es­critorios a la calle, heridos, incomprendidos... ¡reducirla educación y los centros científicos! La autopista Lugones, en la entrada de Buenos Aires, estuvo cortada por estudiantes de las facultades.adyacentes, quienes asistían a clases éñ lá calzada.

López Murphy duró dieciséis días al frente de la cartera de Econo­mía. Antes de partir declaró haber querido emular ejemplos de aquellos tiempos en los que la Argentina alcanzó un rango superior en el con­cierto de las naciones. N ■

\

La nostalgia de la Argentina grande viene de un perío­do en que nuestro país era un actor importante en el esce- ' nario internacional (...). Fue cuando estuvimos integrados al mundo cuando mejor nos fue, y es por ello que un eje in-. soslayable de una política económica ganadora debe estar

basado en una mayor integración a la economía mundial.(Ricardo López Murphy, 16 de marzo de 2001)

El presidente, cada vez más desautorizado, el 20 de marzo de 2001 llamó a integrar el gabinete a la peVsona que se había vanagloriado de poder solucionar el problema argentino: Domingo Cavallo. Este contaba con el apoyo del exprésidente Menem. Cavallo, con su hiperactividad y, en ese momento, respaldado por la opinión pública, debía encarar con urgencia el problema estructural de la convertibilidad, el que requería una reducción de costos y la solución del déficit fiscal. El ministro pre­sentó su Plan de CompetitiVidad,-enviado enseguida al Congreso den­tro de una catarata de anuncios, según su metodología habitual. El plan comprendía la baja de aranceles para los bienes de capital y el aumento para los bienes de consumo, la bancarización de la mayoría de las tran­

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sacciones, la instauración del impuesto al cheque y otras medidas.Tam­bién exigió una delegación de poderes en el Ejecutivo para aumentar impuestos y adoptar otras decisiones.

En su hiperactividad, y con el objeto de generar confianza, anunció planes por sector (calzado, textil, etc.), trató de bajar los encajes banca- ríos y, el 14 de abril, anticipó una nueva ley de convertibilidad en la que incluía una «canasta de monedas» que incorporaba al Euro. El Congreso, conociendo la voracidad del funcionario en lo concerniente a los ingre­sos de los más pobres (los ajustes eran siempre a sus expensas), aprobó el plan, pero excluyó la posibilidad de modificar las normas laborales, previsionales y de obras sociales, privatizaciones y cesantía de personal. Había que evitar que, en su caída, el ministro fagocitara a los más débi­les, como era su hábito.

David Mulford, Director del Credit Suisse First Boston y exsecre­tario del Tesoro de los Estados Unidos, muy vinculado a directivos de entidades financieras argentinas, propuso la realización de un «canje voluntario» de la deuda. Mulford se reunió con Cavallo para tratar el asunto de este canje voluntario de bonos que tenían vencimiento en el largo plazo.

En realidad, había muchos interesados en continuar el negocio de los canjes y las renegociaciones. Como dijo Charles Colomiris, econo­mista de la Universidad de Columbia que predijo el coralito, «los ban­cos cooperaron con la farsa», con el objeto de «ganar comisiones»32.

Ningún consejo amedrentó a Cavallo, que lanzó el 30 de abril un llamado a propuestas para llevar a cabo el «canje voluntario», las que debían recibirse el 3 de mayo. Se presentaron varios bancos: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Salomon Smith Barney, Galicia Santander, Francés, Merryl Lynch y Lehman Brothers. Por supuesto que Economía eligió el Banco de Mulford, el Credit Suisse.

El propósito era reducir los pagos del 2001 al 2005 y hacer que los vencimientos se abonaran después. Se ofrecieron cinco títulos por los 52 tipos de bonos argentinos que había en circulación. Si bien los cálcu­los son complicados, el resultado final del «megacanje», como se llamó la operación, para la Argentina fue el siguiente:

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I

Deuda total por capital e intereses (hasta 203(fl

Antes del megacanje 2001 -2031:64 822 millones de dólares.Después del megacanje 2001 -2031:114110 millones de dólares.Diferencia en más de 49 280 millones de dólares.

. _ i (Fuente: FMI Oficina de Evaluación. Independiente)

Michel Mussa dice que el megacanje fue «como un acto de deses­peración de un deudor que puede prometer casi cualquier cosa, en el largo plazo, a carnbío de un alivio relativamente modesto en el servicio de la deuda en el corto plazo». Mussa era un funcionario de rango en el FMI en esos momentos, y su opinión parece representativa de la de algunos miembros de la institución33. Mussa cuantifica el extraordina­rio aumento de la deuda argentina que provocó la operación ideada

\por Cavallo, operación que lo llevó, años después, ante la Justicia penal.

Para salvar la responsabilidad del FMI, debemos recordar que, a fines del 1998, Michel Camdessus, entonces director general de la enti­dad, había alertado a los países en grave situación externa de no ceder a la tentación de medidas populistas como «reestructurar unilateral­mente la deuda»34. Los bancos intervinientes cobraron más comisio­nes, y el asunto del Megacanje se encuentra desde hace años radica­do en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.° 2, a cargo del juez Ballesteros. Lo que es más increíble de esta saga financiera a la que fueron sometidas las arcas del Estado argentino es que cinco meses después de terminado el «megacanje», el Gobierno lanzó otro mega­canje que «incluía los mismos títulos» que se dieron én junio de ese fatídico 2001.

Este nuevo megacanje realizado en noviembre de 2001, deacuerdo con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo 1987/01,

i ,cuyo texto «ómnibus» es confuso e inconexo, se refería a otros asun­tos como la modificación de Ios-impuestos al trabajo. Lo importante por destacar es que en esta oportunidad se otorgaba «una garantía especial» de fondos del presupuesto, como el impuesto al cheque. Lo nuevo era la «garantía», pero dado el escándalo que causaron las

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comisiones del anterior, en esta oportunidad no se mencionaron. Apenas cinco meses después de realizado el megacanje, se hizo otro que modificó el perfil de los vencimientos y las tasas de interés de la deuda argentina, lo que sumó a favor de los acreedores una garantía del Estado asegurada con impuestos locales. Cabe hacerse la pregun­ta de por qué se negoció el primer megacanje a treinta años de plazo si esa operación no resolvió los problemas de coyuntura ni del largo plazo, es decir, que los bonos del anterior megacanje se incluyeron en este (el 85% de aquellos), pero esta vez el Gobierno argentino ofreció nuevos bonos garantizados.

¡Pobre Argentina! Fue sometida al más bochornoso ensayo finan­ciero que, con el pretexto de solucionar la debilidad de la Tesorería, ace­leró el endeudamiento público y dejó abultadas ganancias a los ban­queros amigos. ¿Es posible creer que el Ministerio de Economía había caído en manos inescrupulosas? La justicia investiga todavía el asunto, para establecer responsabilidades y eventuales sanciones

En un año fueron negociados el Blindaje, el Megacanje I y el Mega­canje II. Apenas se cerró este último, a principios de diciembre, cuando la fuga se había consumado; se decretó el «corralito» y pasó lo que la historia conoce como «colapso». Paul Krugman, el famoso economista norteamericano, en un artículo aparecido en su sitio de Internet en di­ciembre de 2001, decía que «Cavallo perdió de vista el hecho de que la convertibilidad es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. (...) Es hora de ponerle punto final al experimento. (...) La Argentina debería dejar que flote el tipo de cambio»35.

En diciembre de 2001, el FMI interrumpió su respaldo y no efecti- vizó una cuota que vencía en ese mes. El sistema de «deudas» pagadas con «deudas» se agotó. Pero lo que sucedió en ese año nos hace pensar que en la Argentina el sistema institucional no tiene resguardo para evi­tar catástrofes voluntarias, como dicen los banqueros, es decir, culposas.

En enero de 2002, se constituyó en el Senado una Comisión Espe­cial Investigadora de Entidades Financieras, integrada por los senadores Malvina Segur (presidente), Roxana Itatí Latorre, Mónica Arando de Be- ller, Mario Domingo Daniele y Marcelo Alejandro.Guinle.

La investigación tuvo por objeto analizar el comportamiento del sistema financiero en el período 1999-2001 y el papel del Banco Central. Presentaron el fruto de su trabajo en un informe el 13 de agosto de ese año. El informe consignaba la salida masiva de depósitos a partir del inicio de 2001. Indicaba al respecto que desde «la asunción de Domin­go Cavallo al frente del Ministerio de Economía en marzo, se observa la primera caída significativa de reservas en el año (3000 millones de dólares en solo dos semanas)». Afirmaba luego que «el Banco Central no adoptó ninguna medida precautoria en el sentido de —como mí­nimo— sugerir aFÉstado nacional el cese de la práctica de incorporar títulos públicos en la cartera de los bancos (...) más aún que el defaultse tornaba evidente».

El informe señala, asimismo, que el Banco Central, de acuerdo con su Carta Orgánica, no encaró «acciones prudenciales para intentar de­tener una crisis bancaria claramente previsible». Lo increíble es que muchas informaciones que los senadores pidieron en 2002 al Banco Central y al Ministerio de Economía, a pesar de sus reiterados reclamos, nunca fueron enviadas a la Comisión Investigadora. En lo que hace al «megacanje», señaló que fue aprobado sin la intervención del Congreso de la Nación, y que el Poder Ejecutivo aplicó autorizaciones dadas por leyes especiales (Leyes 24156,25401 y 11672). Los senadores argumen­taron que no se cumplió con lo establecido en el artículo 65 de"la Ley 24156, por lo que no se mejoraron «los montos, plazos o intereses de las operaciones originales». > '* ■

También el Informe de la Comisión Investigadora mencionaba los casos de transferencias efectuadas por personas físicas sin justificacio­nes de su patrimonio y otra serie de operaciones «sospechosas» (entre otras, las llamadas back to back), vinculadas con el «lavado de dinero», incluso con el narcotráfico, lo que puso en evidencia que la Unidad de Información Financiera nofuncionabavDestacaba la responsabilidad de las casas matrices de los bancos extranjeros y acusaba al Banco Central de no cumplir sus obligaciones. La Comisión presentó en 2002 un pro­yecto de ley de reforma del Estatuto del Banco Central por su inconduc­ta e irresponsabilidad.

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Lo inconcebible es la suerte que corrió este informe que fue aprobado por unanimidad por el Senado de la Nación con la recomendación de que se imprimieran tres mil ejemplares para que la opinión pública conociera la verdad. El informe desapareció, y nunca se publicó ningún ejemplar. El autor de esta obra posee una copia (Informe de la Comisión Especial Inves­tigadora de Entidades Financieras, Expediente S 1890/02,13 de agosto de 2002). Recién en 2011, una editorial privada (Fabro) lo publicó.

Hacia el abismo

Con el cambio de autoridades del FMI, Horst Kóhler y Anne Krueger, desautorizaron la laxitud en las conductas de la institución, según las cuales esta ponía la plata y los acreedores externos aprovechaban las reservas para fugarse, como en el caso de la Argentina. Ahora, la nueva conducción, más conservadora, decidió que los privados —es decir los bancos— debían correr riesgos y afrontar parte de las pérdidas.

Si se hubiese salido de la convertibilidad a tiempo, todo habría sido diferente. Sobre todo, si se evalúa lo que costaron al erario público de la Argentina esos juegos inútiles e improvisados.

Desde la devaluación del rea), en 1998, era difícil que la'Argenti­na pudiera mantener su crecimiento y estabilidad bajo el sistema de la convertibilidad. Al cumplir una década de cambio fijo, durante el minis­terio de Machinea, el peso se había sobrevaluado el 40% frente al real. ¡Brasil era nuestro principal cliente!

Este marco general de confianza creada por el nombramiento del nuevo ministro se deterioró más rápido que el fruto de sus decisiones, y los argentinos empezaron a transferir fondos al exterior: comenzaba la fuga de divisas.

Una serie de movimientos de dirigentes de la UCR, entre ellos Alfon­sín, impulsó conversaciones con líderes del PJ destinadas a sondear las posibilidades de un acuerdo para instalar un «Gobierno de unidad nacio­nal». La situación, sin embargo, se deterioró en varios frentes: se produje­ron tensiones entre Cavallo y los legisladores de la UCR; en el Congreso,

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el peronismo se fracturó entre los seguidores de Eduardo Duhalde y el grupo que respondía a Menem, otros no adoptaron posición frente al Gobierno y el sector sindical parecía superado por piquetes y cortes que en el suburbano lideraban la protesta social. Aparecieron la Federación Tierra y Vivienda de Luis D'Elía y la Corriente Clasistaiy Combativa (CCC).

El líder cegetista Hugo Moyano levantólavoz para señalar que «el único que decide en este país es el ministro de Economía (...) porque es utilizado (el ministerio) por quienes llevan adelante éste modelo de miseria» (La Nación, 15 de mayo de 2001 )AS.

Los anuncios gubernamentales y los hechos parecían una máqui­na de doble tracción que generaba la pérdida de confianza y aceleraba la fuga. En junio, Cavallo anunció el aval del FMI y de los bancos para la negociación de los bonos por vencer en tres años (24 480 millones de dólares) a un 15,3% de interés. El proceso de canje se Inició, pero el 30 de julio se aprobó la Ley 25453 de «déficit cero» que impuso una reducción del 13% a los salarios y jubilaciones de más de quinientos

»pesos. Los efectos fueron contrarios a los esperados, puesto que en julio la fuga de capitales ascendió a diez mil millones de dólares y el riesgo país ascendió a 1600 puntos.

El ministro, como un demiurgo, continuó proponiendo antídotos con­tra el derrumbe financiero. Se proyectó crear un Fondo Patriótico al que los bancos y las empresas contribuirían para juntar dinero y poder pagar las letras deTesorería, al mismo tiempo que lanzó Letras de Consolidación.

Las firmas vendedoras de bonos de la Argentina se llevaron casi mil millones de dólares en comisiones para vender y recomendar bo­nos de la Argentina en la década 1991-2001. (Washington Post, 3 de agosto de 2003) /

El megacange solo trató de solucionar el problema futuro, pero en lo inmediato lo importante era frenar el drenaje de fondos. El 29 de agosto se aprobó la ley de intangibilidad de los depósitos que garan­tizaba a los depositantes en los bancos contra el congelamiento o un nuevo Plan Bonex. Ya en ese momento, algunas provincias estaban aho­gadas financieramente, lo cual llevó al gobernador bonaerense Carlos Ruckauf a emitir los «Patacones».

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El FMI, eterno socio de las decisiones gubernamentales argenti­nas, decidió en noviembre, como ya lo expresamos, no girar los 1 260 millones de dólares que le correspondía pagar según los compromisos del blindaje. Sin duda, el Fondo aceleró la máquina del tiempo que nos acercaba al abismo.

En medio de las protestas populares y de una casi imposible gober- nabilidad, el presidente De la Rúa, empujado por las corridas bancarias, dictó el 1 de diciembre de 2001 el Decreto 1 570, que limitaba las ex­tracciones en efectivo a 250 pesos semanales de las cuentas corrientes y cajas de ahorro.

Los más pudientes fueron los que decidieron abandonar el barco antes de que se hundiera, y retiraron sin ninguna contención sus activos monetarios del país. Las informaciones difieren según los estudios reali­zados. Una comisión de la Cámara de Diputados, creada para investigar la fuga de divisas durante el último año de la convertibilidad, señaló que la salida fue de 29 913 millones de dólares. El 12,7% del monto total de las operaciones era de personas físicas y el 87,3% era de empresas. Hubo 94 794 registros en el Banco Central, lo que representaba el 64,5% de divisas salidas ese año.

La comisión se constituyó en los primeros meses de 2002, bajo la presidencia del diputado Eduardo Di Cola, y estaba integrada por Gra­ciela Ocaña, Alejandro Filomeno, Noel Breard, Manuel Baladrón, Loren­zo Pepe, Daniel Carbonetto y Alejandra Oviedo. En la lista de empresas, figuraban las más importantes del país (el grupo que más transfirió lo hizo por una suma de 3.213 millones de dólares). Entre las personas, la mayoría era de poco conocimiento público, pero accionistas de grupos económicos; la que más transfirió hizo cinco operaciones por 52,1 mi­llones de dólares (Comisión Especial de la Cámara de Diputados 2005). En 2002, también se constituyó una Comisión Especial en Senadores a la que ya nos referimos.

El 44% de las transferencias se concentraron en el primer trimes­tre, sin duda, impulsadas por una serie dé hechos que fueron evaluados como potencialmente negativos. Primero, la renuncia del vicepresiden­te, en octubre del 2000; luego, en enero de 2001, asumió George W.

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Bush, republicano que cambiaría la política de financiación externa de los Estados Unidos, y, en marzo, renunció Machinea, el ministro de Eco­nomía, para ser brevemente sustituido por López iyiurphy. Sería, como ya lo vimos, reemplazado por Domingo Cavallo. ,

Cacerolazos, marchas callejeras, destrozos de bancos, saqueos... jla desesperación de los argentinos! ^ ‘

El 15 de diciembre hubo asaltos a supermercados y negocios. En el centro de la capital, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos. La Argentina vivió en esos días el caos. El presidente de­cretó el estado de sitio y, el 19 de diciembre, denigrado por la realidad a la que había conducido su política, Domingo Cavallo renunció a su cargo. En medio de gravísimos disturbios populares en la Plaza de Mayo y en calles céntricas, donde la policía repelió con bastones y balas de los jóvenes y no tan jóvenes enfurecido con el Gobierno, el andamiaje ins­titucional se resquebrajaba con el ruido de las cacerolas que retumbaba desde todos los balcones. ,

El 20 de diciembre, a las 19:45 horas, el presidente Fernando De la Rúa renunció a su cargo antes de un año, once meses y diez días de ven­cer su mandato. Cuando el expresidente se retiraba en la soledad de su derrota desde el techo de la Casa Rosada a bordo de un helicóptero ha­cia la Quinta de Olivos, la ciudadanía se enteraba de que los disturbios y los saqueos ocurridos en las últimas horas de su presidencia habían deja­do, por la represión de la policía y la defensa de los comerciantes, veinti­cuatro muertos y casi dos mil heridos. Hubo centenares de detenidos. Al otro día, De la Rúa, también en helicóptero, volvió' 3 la Casa de Gobierno, donde derogó el estado de sitio y luego se reunió con Felipe González.

Así, trágicamente, terminó una de las presidencias de la restaura­ción de la democracia que pretendió ser seria y responsable.

*

Una corta acefalía

El senador justicialista por Misiones, Ramón Puerta, en su carácter de presidente provisional del Senado, se hizo cargo de la presidencia,

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de acuerdo con lo establecido por la ley de acefalía. Había sido elegido presidente provisional del Senado en octubre de 2001, luego de que el PJ había ganado las elecciones legislativas con 26,6% de los votos, y la Alianza había quedado en segundo lugar con el 16,9%. La nueva fuerza emergente, el ARI, cuya líder indiscutida era la diputada Elisa Carrió, recibió 1,6 millones devotos.

Convocada la Asamblea Legislativa, el día 21 de diciembre de 2001, se aceptó la renuncia de Fernando De la Rúa. El senador Puerta, que ha­bía sido dos veces gobernador de Misiones y era una persona muy res­petada en todos los medios, convocó la Asamblea de acuerdo con lo que en estos casos ordena el artículo 2 de la Ley de Acefalía 20972: dentro de las 48 horas para elegir qué funcionario habría de desempeñar la presi­dencia hasta que'se designe un nuevo presidente. La norma establece que la persona elegida deberá ser gobernador, senador o diputado.

Había cinco gobernadores que lideraban el grupo de representan­tes del peronismo, y eran ellos los que podían construir un consenso sobre la persona por designar. Finalmente, los gobernadores Carlos Ruckauf, de Buenos Aires; José Manuel de la Sota, de Córdoba; Carlos Reutemann, de Santa Fe y Rubén Marín, de La Pampa, con la anuencia de Eduardo Duhalde, decidieron que el 23 de diciembre de 2001 fuera elegido Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis. Su mandato expiraba el 5 de abril de 2002, con elecciones anticipadas el 3 de marzo, fecha en que se­ría elegido un presidente que gobernaría hasta el final del mandato que tenía Fernando De la Rúa. Los gobernadores querían que las elecciones se realizaran pronto. La elección de Rodríguez Saá obtuvo 169 votos a favor y 138 en contra.

El nuevo presidente era el continuador de un linaje familiar de tra­dición conservadora presente en la provincia de San Luis desde 1860. Había ejercido el cargo de gobernador de su provincia durante diecio­cho desde 1983 y había tenido cinco reelecciones consecutivas. En la última, en 1999, había triunfado con el 54,9% de los votos. La Organiza­ción Mundial de Naciones lo eligió en 1987 el gobernador del año, por su eficiente desempeño. La elección de Rodríguez Saá fue precedida de conciliábulos y variadas negociaciones entre grupos del peronismo

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con distintas ambiciones e intereses. El Presidente designó un gabinete de confianza, e hizo anuncios que definían bien sus intenciones. Dijo que gobernaría para «los humildes y los que sufren» y que su prioridad «era la gente, no la deuda externa». Al anunciar una «nueva política económica» declaró, ante una Asamblea que reunía senadores y dipu­tados y que escuchaba en silencio, la suspensión del pago de la deuda externa. Es decir una moratoria unilateral. Prometió que los 11 000 mi­llones de dólares que debían abonarse ese año 2002, como capital e intereses de la deuda externa, los dedicaría a la emergencia sanitaria y la asistencia social.

Su programa de gobierno fue anunciado con la ejecutividad ha­bitual en el gobernador: creación de un seguro de desempleo de 300 pesos y un subsidio de 60 pesos por hijo, revocación del recorte salarial del 13% para pensionistas y empleados públicos decidido por De la Rúa, disminución de los salarios de los altos funcionarios públicos, supresión de ministerios, reducción del parque móvil (tres aviones y cientos de au­tomóviles), confirmación del corralito y la Ley de Convertibilidad. Den­tro de la amplia panoplia de proyectos, trascendió la creación de una moneda, el «argentino». En su gabinete, el responsable de la economía fue Rodolfo Frigeri, quien quedó a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Recibió a las organizaciones de derechos humanos y nombró en la administración a personas vinculadas a ese movimiento, e hizo discur­sos laudatorios a las víctimas de la dictadura. Rodríguez Saá prometió crear un millón de puestos de trabajo.

Los liberales anunciaron inminentes catástrofes, los gremios los apoyaron, la opinión general observaba con sorpresa la efectividad del presidente, quien, conociendo la gravedad de la crisis argentina, sabía que era necesario actuar con celeridad. Pero los disturbios callejeros y la terrible imagen del Congreso de la Nación asaltado por turbas que hacían una pira de fuego con muebles, cortinas y sillones, retirados por la puerta principal que alguien abrió, auguraban una descontro­lada conmoción. Ese extraño acontecimiento del asalto al Congreso,

' cuyas imágenes suscitaban dudas sobre su espontaneidad, recorrieron el mundo.

El presidente Rodríguez Saá, para calibrar los apoyos con que conta­ba, convocó en la residencia presidencial de Chapadmalal a los goberna­dores peronistas y a Ramón Puerta para discutir un nuevo gabinete. Solo seis de los catorce respondieron a su convocatoria. Los ausentes alega­ron diversas excusas. Algunos le reprochaban «graves errores» y toma de decisiones sin consultar. La casa de Chapadmalal estuvo rodeada de piquetes no tan espontáneos, mientras que los responsables de la segu­ridad de su propio gabinete susurraban al oído del presidente «la falta de garantías» que lo rodeaba. Carlos Ruckauf se retiró de la reunión antes de que terminara, en un helicóptero que salió del jardín. Ramón Puerta lo siguió y, sin comprender lo que pasaba, subió al mismo aparato que los dejó en Carnet. Un halo de ausencias rodeaba el final silencio de aquella tarde en que el presidente se quedó solo. Aquella circunstancia fue la teatralización de... una traición del destino... ¡o de los hombres!

Rodríguez Saá volvió a la tierra donde se sentía seguro, San Luis. Desde allí, entrada la noche de aquel domingo, se dirigió por cadena de radio y televisión para presentar su renuncia indeclinable, no sin antes señalar las «actitudes mezquinas y retáceos» de quienes desde las som­bras le había negado el apoyo prometido. Fue duro con José Manuel de la Sota «por priorizar la interna partidaria a los intereses de la patria».

Adolfo Rodríguez Saá fue así presidente por una semana. Él y su hermano Alberto seguirán siendo personalidades destacadas en el uni­verso de la política argentina.

El salvataje

Eduardo Duhalde, el hombre providencial que logró rescatar a la Argentina del caos social y del colapso político y financiero, llegó a la presidencia para hacer una tarea que parecía imposible.

Eduardo Camaño, entonces presidente provisional del Senado, convocó nuevamente la Asamblea Legislativa, que se reunió el 1 de enero de 2002 para aceptar la renuncia de Rodríguez Saá. Sin muchas negociaciones, se designó al senador Eduardo Duhalde como presiden­

te hasta terminar el mandato que le hubiera correspondido a Fernando De la Rúa, es decir, hasta diciembre de 2003. Su elección recibió 262votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones. Si

En su discurso inaugural, Duhalde reconoció, que el país estaba «quebrado, fundido». Apeló a un gobierno de unidad nacional para «re­construir la autoridad política e institucional,garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social». Sabía que era imposible asumir la urgencia con cabildeos de dirigentes que, difícilmente, concordasen en los programas o las prioridades, pero al mismo tiempo conocía los riesgos de actuar en aislamiento. Por ello, su gobierno estuvo siempre dispuesto a escuchar y asumir la complejidad de los problemas, pero a actuar con rapidez, no con un enfoque ideoló­gico, sino con una visión práctica.Trató de lograr acuerdos amplios para llevar adelante medidas en un clima de turbulencia y protestas popula­res, cuyas expectativas justas había que satisfacerle alguna forma y sin dilaciones. ¡

El gobierno de Duhalde tuvo dos grandes desafíos: uno era resta­blecer la respetabilidad de las instituciones para encauzar la república y superar la grave crisis política y el otro, superar el colapso financiero en que había caído la Argentina. Había un desafío mayor que era preservar la sociedad argentina de la desintegración y, sobre todo, socorrer a los pobres e los indigentes, quienes eran los más débiles para enfrentar la terrible coyuntura.

Una de las medidas más efectivas que adoptó ante el grave que­branto que sufría la mitad de la población argentina fue la organización de la Emergencia Alimentaria, concretada en los programas Trabajar y Jefes y Jefas de Hogar Desempleados, que instituyeron ayudas direc­tas a los sectores más afectados por la crisis. Se estableció una gestión descentralizada que otorgaba a los municipios un rol relevante en la ad­ministración de la ayuda económica que se brindaba (Decreto 565/02). Fue una decisión que llevó un alivio inmediato a cientos de milés de fa­milias. El Plan Alimentario benefició a 1,6 millones de familias; los Planes

' Jefes y Jefas de Hogar se otorgaron a 2,2 millones de familias (25% de las familias del país), que salieron así de la indigencia.

Tenía poco margen de tiempo; escasos dos años que se acortaron por un hecho inesperado. La población había manifestado su profundo desprecio por una élite política a la que consideraba responsable de la catastrófica situación. Los cacerolazos y los piquetes, las huelgas y las críticas de los sectores medios no eran el único frente que debía satis­facer el Gobierno. El peronismo estaba internamente quebrado por los complejos y callados intereses que confluían en un centro conflictivo: la salida política. Todos eran conscientes de que la disolución interna que sufría el país deterioraba enormemente la imagen internacional y la consiguiente capacidad de negociación externa.

En el frente económico, no había más remedio que actuar en ca­liente y esa tarea la asumió el ministro de Economía Jorge Remes Leni- cov, secundado'por un equipo de profesionales calificados como Jor­ge Todesca, secretario de Política Económica; Roberto Lisandro Barry, secretario de Finanzas y Alieto Guadagni, secretario de Energía. Mario Blejerfue el primer presidente del Banco Central.

Salida de la convertibilidad

Cuando asumió Duhalde, la Argentina estaba sumida en una cri­sis monumental: el colapso de la convertibilidad, una enorme deuda externa y una declinación de la actividad económica. En medio de un descreimiento de la población, una fuerte convulsión social y una des­confianza de la población, la élite política, el presidente y su equipo debían actuar y hacerlo de modo que el Congreso los respaldara.

El congelamiento de los depósitos impedía que las corridas vacia­ran los bancos, pero debemos recordar que en los cuatro primeros me­ses del gobierno de Duhalde se dictaron 34 000 medidas de amparo, que si se les agregan las aperturas parciales del «corralón» y otros retiros «hormiga», provocaron que los depósitos cayeran en 13 000 millones de pesos.

Desde 1998, el PBI estaba en declive. En 2001, los depósitos en los bancos se redujeron en 22%, estábamos en default frente a los acree-

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i

dores externos, y la deuda representaba 5,3 veces las exportaciones, en tanto que el déficit fiscal equivalía al 6% PBI. En la plaza de Montevideo, se estaban pagando 1,7 pesos por dólar a doce meses.

El presidente Duhalde, por un error de asesoramiento, afirmó en su discurso de apertura del 1 de enero de 2002 que «el que depositó dólares, recibirá dólares; el que depositó* pesos, recibirá pesos». La crisis amenazaba llevarse a los bancos del interior. El Banco de la Nación Ar­gentina se hizo cargo de tres bancos regionales — Suquía, Bisel y Banco de Entre Ríos— qué pertenecían al Banco Francés-Credit Agricole, en circunstancias que nunca se aclararon. Fue como si la institución banca- ria francesa se hubiera escapado harta de la situación argentina.

Teóricamente, la Ley de Convertibilidad solo respaldaba la base monetaria con las reservas del Banco Central, pero no'los depósitos en los bancos. La convertibilidad se había sostenido por las privatizaciones y el ingreso de inversiones extranjeras.

El endeudamiento que el país tenía se debió al déficit del presu­puesto (a causa, sobre todo, de la desafortunada reforma previsionál) y a la fuga de capitales (a causa de la desconfianza). Este endeudamiento pesaba sobre el empleo y su aumento (préstamos para pagar présta­mos) era un factor que incrementaba exponencialmente la insolvencia. No había consenso sobre cómo salir de la situación. La Corte Suprema había hecho lugar a los amparos, obligando a los bancos a devolver a los dientes los dólares depositados.

Remes Lenicov adoptó dos,tipos de medidas vinculadas al cambio fijo y a lo que se llama la pesificación. Hubo en esos días muchas dudas. ¿Dejar flotar el peso o pedir más al FMI? Algunos proponían la dolariza- ción, lo que significaría la pérdida de la autonomía cambiaría y mone- taria. Además, se perdía el «señoreaje», que es la capacidad que tiene el Estado de recibir ingresos por el monopolio de emitir dinero. Otros sostenían que no había que tocar el.sistema. Lo importante para el Go­bierno era detener la caída del-peso y evitar la hiperinflación. Los más perjudicados, si ello ocurría, eran los sectores de bajos ingresos.

, De acuerdo a la Ley 25.561, Emergencia y Reforma del Régimen Cambiario del 6 de enero de 2002, las medidas fueron las siguientes:

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1. Se estableció un nuevo valor para el peso: 1 dólar = 1,4 pesos2. Los depósitos en dólares en los bancos, se devolverían a los in- I

versores a 1,4 $ por dólar más CER (coeficiente de estatización de referencia), más intereses. Los bancos tenían un plazo de 18/36 meses para devolver el dinero a los ahorristas.

3. Las deudas se pagarían a 1 peso por 1 dólar más CER más inte­reses. Se limitó este cambio a la deuda hipotecaria hasta cien mil dólares, deudas prendarias o automóviles hasta 15 000 dólares, créditos para consumo hasta 10 000 dólares, etc. Las restantes deudas se negociaron entre las partes con tope al nuevo tipo de cambio fijo.

La Ley de Emergencia puso fin a la convertibilidad y pesificó las ta­rifas de los servicios públicos.

La continuación del «corralito», aunque menos riguroso, era nece­sario para los depósitos en dólares, pues no existían los billetes necesa­rios para devolver 50 000 millones de dólares en depósitos, aun entre­gando todas las reservas del Banco Central.

Cuando el 12 de enero se abrió el mercado, el dólar subió a más de 1,4 por peso (en marzo alcanzó $3,5 por dólar), aunque luego bajó y se estabilizó. Hubo una presión sobre las divisas del Banco Central en el primer semestre del 2002, pero en el segundo volvieron a ingresar divisas.

En lo que respecta al valor 1,4 pesos = 1 dólar, se lo eligió consultando estudios externos que midieron el retraso cambiario (a diciembre 2001, Sachs daba 30-40 % de retraso; el Banco Mundial, 42% y el BID, 46%).

La segunda gran medida fue la «pesificación», que siguió algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, en tiempos de la gran crisis de 1929 en los Estados Unidos, seguida de la depresión, una de las piezas clave del programa de recuperación de Rooseveltfue la eliminación de la cláusu­la oro en los contratos, lo que fue reconocido por la Corte Suprema de ese país.

Todas las deudas y los créditos en dólares quedaron pesificados a las tasas descriptas más arriba ($1,4 por dólar más CER, más intereses para

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acreedores, y $1 por dólar más CER, más intereses para deudores). Ello no se aplicaba a las operaciones de comercio exterior. Estas decisiones provocaron una reunión en Olivos, en la que se invojucró directamente al presidente Duhalde (estuvieron presentes De Mendiguren, ministro de Producción, JorgeTodesca y Remes Lenicov, ministro de Economía). Hubo otras el 2 y 3 de febrero en Buenos Aires, a la que asistieron mu­chos empresarios que expresaron que si no se les autorizaba a pagar sus deudas a $1 por 1 dólar muchos irían a la quiebra. Los bancos, a su vez, decían lo contrario. Á dicha reunión concurrieron; entre otros, Luciano Miguens (SRA), Sergio Einaudi (VIA), Gregorio Chodor (CAC), Emilio Cár­denas (HSBC), Carlos Heller (Credicoop), Ricardo Gutiérrez (BAPRO), En­rique Olivera (BNA) por el Estado: Jorge Capitanich (jefe de gabinete de ministros), José Ignacio De Mendiguren (ministro de Producción), AldoPignatelli (vicepresidente del BCRA) y el ministro Remes Lenicov.

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Luego de grandes forcejeos, argumentos y contraargumentos, se decidió que las empresas pagarían sus deudas en dólares a $1 por 1 dó­lar más CER, más tasa de interés. A su vez, los bancos y la AFJP aceptaron el pago de sus créditos en dólares del Estado a un valor de $ 1,4 por dólar más CER (es decir, el Estado se beneficiaba y con ese beneficio compen­saba a los bancos por las pérdidas sufridas al cobrar 1 peso por 1 dólar más CER más tasa de interés a las empresas que les eran deudoras). Ello provocó la sanción del Decreto 214/2002 del 3 de febrero, que amplió la autorización de aplicar el valor 1 peso por 1 dólar.

Es así que se solucionó la cuestión de las deudas en dólares de las empresas y las personas físicaxs (de todos los sectores industriales, agrícola-ganadero, electricidad, construcciones) con los bancos. Esta solución significó una enorme transferencia de ingresos a las empresas al poder pagar sus deudas en dólares 1 x1, tratándose de un peso deva­luado. Esto se llamo la «pesificación asimétrica».

Lo importante es destacar que, a diferencia de lo que ocurrió du­rante el período del Proceso y del gobierno de Alfonsín, en la presiden­cia de Duhalde no hubo seguro de cambio ni una transferencia de re-

' cursos del Estado a los empresarios. No hubo hiperinflación debido a la política fiscal y monetaria que se puso en vigor. En el caso de la opera-

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ción de pesificación, el Estado se benefició en más de diez mil millones de dólares, es decir, el 12% del PBI (que en 2002 era 92 000 millones de dólares), porque de acuerdo con los cálculos hechos en el Ministerio de Economía, la deuda pública total del Estado con las AFJP y bancos era 53 450 millones dólares. Con la tasa reducida que pagaría, tuvo un beneficio de 22 048 millones dólares (el dólar libre que estaba en ese momento a 3,36 pesos por dólar). A su vez, el Estado compensó a los bancos con Boden y pagarés, pero por su costo fiscal de 11 073 millones de dólares. Por lo tanto, el Estado tuvo un beneficio neto de más de diez mil millones de dólares.

En el momento de pesificar, había en el sistema financiero seis mi­llones de deudores por préstamos personales y tarjetas de crédito. Cua­trocientos noventa mil deudores hipotecarios y quinientos mil comer­ciales. Se aplicaron retenciones a las exportaciones agropecuarias para evitar el alza de precios y financiar los programas sociales.

La solución de devaluar y volver a la moneda propia era una solu­ción similar a la adoptada por Roosevelt en la década de los treinta. Se salió del corset de la Ley de Convertibilidad de la forma menos gravosa para el Estado y sin provocar grandes pasivos privados. En 1982, los se­guros de cambio y las soluciones financieras habían costado mucho en términos del PBI y generaron un aumento de la deuda pública de 11 500 millones de dólares36.

El presidente Eduardo Duhalde tenía ante sí varios desafíos simul­táneos: reacomodar el sistema financiero, reconstruir la credibilidad internacional y otorgar una mayor legitimidad a su gobierno a fin de garantizar su permanencia. La más eficaz contribución para apuntalar estos objetivos fueron los «14 puntos» suscriptos entre el poder eje­cutivo y los gobernadores el 25 de Abril de 2002, dos días antes de la asunción de Roberto Lavagna como ministro de Economía. Todo se asentaba en el Punto 1: «Respetar los acuerdos internacionales de la nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo». Luego se prometía respetar varias acciones: un pacto fiscal con las provincias, otro de responsabilidad fiscal que incluía provincias y municipios, estabilidad cambiaría, previsibilidad para los ahorristas,

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etc. Se incluyeron dos puntos que interesaban al FMI: la promesa de una nueva Ley de Quiebras y la derogación de la subversión económi­ca. En momentos de tanta conmoción, estos mandamientos sustenta­ron la gobernabllldad. - (

Cuando Roberto Lavagna asumió la cartera de Economía, el 27 de abril de 2002, los efectos del colapso económico aún persistían. Arregla­da la salida de la Ley de Convertibilidad, había que poner en marcha la economía y evitar un nuevo defaultfinanciero. Remes Lenicov renunció porque el Congreso rechazó un plan para reemplazar los depósitos del público por bonosVEra un momento, crítico. El HeraldTribune anunciaba el 25 de abril: «Argentina se hunde un poco más». En un clima de urgen­cia, el 25 de abril del 2002, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía.

Mientras algunos —Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá y Nés-\tor Kirchner— pedían elecciones anticipadas, otros gobernadores li­derados por el de la provincia de Salta, Juan Carlos Romero, firmaron los llamados «catorce puntos» donde delineaban lo que debía hacer él Gobierno. Entre esos puntos, figuraba «respetar los acuerdos Interna­cionales de la nación», mantener el «cambio fijo» y derogar la Ley de Subversión Económica. Desde el exterior, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Paul O Neill, en sintonía con los senadores, pidió cum­plir con «los requisitos del FMI», mientras que José María Aznar, jefe del Gobierno español declaraba «Peor será lo que vendrá si el acuerdo no se alcanza». i

A las presiones desde el exterior, se sumaron los lobbies locales, los miles amparos judiciales que seguían autorizando retiros (goteo) en los bancos, la fuga que no se había detenido, los bancos que no querían abrir sus puertas el lunes siguiente a la asunción de Lavagna,porque como le dijo al presidente del Banco Boston, Manuel Sacer-

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dote, «si abrimos, el sistema se va a desplomar». Pedían bonos com­pulsivos para reprogramar depósitos y créditos externos para estabi­lizar la situación.’ i Lavagna y su grupo tuvieron coraje y firmeza en sus decisiones, que fueron diferentes a lo que pedía el establishment financiero. Los ban-

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eos fueron obligados a abrir sus puertas, se dio prioridad a lo interno y como afirmaba Roberto Lavagna no al «nuevo endeudamiento, no al canje compulsivo de depósitos por bonos del Estado», se dejó flotar la moneda nacional. No hubo corridas, el dólar bajó, el Banco Central no tuvo que intervenir37.

Lavagna formó un equipo inteligente y ágil. Alberto E. Devoto como secretario de Programación; Jorge Sarghini, en Hacienda, Guiller­mo Nielsen, secretario de Finanzas, y varios otros en el equipo ministe­rial de Duhalde, como Graciela Camaño, en Trabajo, y Alfredo Atanasof, en la Jefatura de Gabinete.

Muchos economistas y analistas, entre otros, Jorge Castro, Miguel Ángel Broda y Jorge Ávila, pedían la dolarización, y algunos auguraban que se irían los depósitos o que todo terminaría en hiperinflación, y pro­nosticaban para fin del año 2002 un dólar a 5 pesos (Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas). Anne Krieger, del FMI, pidió al ministro de Eco­nomía que protegiera a Domingo Cavallo, por entonces detenido por la Justicia por temas de su gestión.

La CGT colaboró con el Gobierno, y Hugo Moyano suspendió un paro «por malas condiciones climáticas». Las decisiones del ministro fueron descomprimiendo paulatinamente las presiones. En contra de lo que propugnaba el Banco Central (bonos compulsivos), se optó por establecer bonos voluntarios, que se negociarían libremente en las bol­sas, y se obligó a los bancos extranjeros a recapitalizarse. El Estado no asumió el pago a los depositantes, y se autorizó la apertura de cuentas libres («L»). El FMI insistía en sus posiciones (bonos compulsivos, que las provincias cumplieran un programa de ordenamiento fiscal, suba de tarifas de servicios públicos, etc).

Una serie de medidas económicas adoptadas por el presidente Duhalde bajo la inspiración de su ministro Roberto Lavagna permi­tieron llegar a fin del año 2002 —sobre doce meses de colapso— con una economía que ya mostraba un crecimiento del 3% del. PBI. El 31 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos llamó a Eduardo Duhalde para expresarle «su respaldo a los esfuerzos hechos por la recuperación».

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A mediados de 2002, fue enviado a Washington un grupo de aseso­res integrado por cuatro personalidades para tratar de explicar el caso argentino. Los cuatro eran los expresidentes de los Bancos Centrales de Canadá, Alemania, España y el Director del Banco de Pagos de Basilea. Fue una verdadera comisión de notables, aunque parece ser que no sensibilizó a los gélidos funcionarios del Fondo; •

La Argentina adoptó una posición dura y jugó fuerte. El ministro no se dejó amedrentar por la burocracia del Fondo que, en 2000, había otorgado al Brasil 30 000 millones de dólares, el mayor préstamo de su historia.

El 15 de enero de 2003, el Gobierno no pagó un vencimiento de 680 millones de dólares con el BID y amenazó no pagar a ningún or­ganismo internacional. Debía abonar el 17 de enero, la suma de 1065 millones de dólares. El 16 de enero, el Fondo se avino a un acuerdo pro­visorio que suscribió a fines de ese mes, lo cual permitió' a la Argentina reprogramar pagos por 6600 millones de dólares y'renovar préstamos con otros organismos por 4400 millones de dólares.

Es así que el gobierno de Duhalde logró, poco a poco, salir del pozó en que se encontraba la Argentina a principios del año 2002.

En el frente internacional el FMI siguió, no obstante, exigiendo cam­bios en la legislación interna que, si bien el Congreso al principio resistía, luego aprobó. Se trataba de la derogación de la Ley de Quiebras (se apro­bó en febrero de 2002), la Ley de Subversión Económica y, asimismo, el cumplimiento del Pacto Federal. En nada había cambiado la posición del FMI. La Argentina se sometió a aprobar medidas vergonzosas que posi­bilitaron la inmunidad de muchos, sobre todo banqueros y financistas.

Antes de dejar el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia declaró «inconstitucional» la pesfficadón en el caso del reclamo de San Luis, y acordó al Gobierno sesenta días para arreglar el pago. Muchos creyeron que se trataba de decretar la dolarización, pero el plan económico se­guía adelante y no les dio el gusto.

Lavagna decidió suprimir las restricciones a los depósitos y pagar al ahorrista 1,40 + CER que en mayo de 2003 era 2,05, mientras el dó- la'r libre valía $2,85/2,90. Por la diferencia se entregó al ahorrista, y no a los bancos, un bono con vencimiento en 2013 (cuando los ahorros eran

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superiores a los 30 000 pesos, se ofreció otra solución). El costo fiscal de esta operación fue de 2500 millones de dólares, o sea el 1%, aproxi­madamente, del PBI. Antes de finalizar el Gobierno adoptó una medida fundamental para preservar la moneda nacional: se unificó el signo mo­netario y se suprimieron los trece papeles moneda que circulaban en el país. El proyecto de unificación monetaria permitió absorber paulatina­mente las monedas provinciales al valor de su cotización.

En el primer trimestre del año 2003 la economía argentina tuvo un crecimiento del 5.2% y la inflación de Abril fue del 0.1 %. Ya se había lo­grado la liberalización total del sistema financiero. Cerraron 332 sucur­sales y fueron despedidas diez mil personas que, como dijo Lavagna, «solo se podían mantener sobre la base de los supernegocios financie­ros de la convertibilidad». La Argentina, sin renunciar a su moneda ni a su bandera soberana, había, en trece meses, superado el colapso finan­ciero más grave de su historia.

Cambios políticos

La política oficial provocó grandes trasformaciones en la situación económica y financiera, pero se tardó unos meses en calmar la indig­nación y la inquietud de grandes sectores de la población por lo que había ocurrido en 2001.

Hubo, permanentemente, huelgas y piquetes, tanto en la Capital como en el interior. A mediados de junio de 2002, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica y la Coordinadora Aníbal Verón de Lanús habían convocado a una jornada de protesta para conseguir un aumento del monto de los subsidios a los desocupados de 150 a 300 pesos, alimentos para comedores populares y solidaridad con la fá­brica ceramista Verón, a punto de ser desalojada. La convocatoria en Avellaneda tuvo mucho éxito, y las autoridades decidieron intervenir organizando un operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Gendarmería y la Prefectura. Un exce­sivo despliegue que provocó más problemas que soluciones, cuando

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durante varias horas en el centro de Avellaneda se enfrentaron obreros desocupados y piqueteros enojados con un operativo de represión de una inusual organización. l¡

El 26 de junio, en medio de corridas y refriegas, cerca de la esta­ción de Avellaneda fueron baleados por la «Bonaerense» dos jóvenes manifestantes, Maximiliano Kosteki, de Guérnica, y Darío Santillán, de la Coordinadora de Lanús. Hubo 33 heridos de bala y muchos detenidos. Como consecuencia de esta tragedia, la justicia condenó a perpetuidad al comisario inspector Alberto Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta. Los que dieron las órdenes no aparecieron.

Este hecho tuvo un enorme impacto emocional en el presidente Duhalde, que se sintió superado por las circunstancias y, en todo caso, responsable moral de la trágica muerte de los dos jóvenes. Sintiéndose quizá culpable de aquellas muertes, en la soledad de su' conciencia deci­dió, ante la sorpresa de la opinión pública, adelantar las elecciones al 30 de abril de 2003 para el traspaso el 25 de mayo, a la vez que renunciaba a la pretensión de presentarse como candidato a la presidencia.

El Partido Justicialista, en pleno debate, multiplicaba sus líneas in­ternas. Carlos Menem, que había vuelto a la primea plana, era temido por sus críticos y fielmente apoyado por sus seguidores. Los goberna­dores del grupo de los cinco (San Luis, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe) parecían hacer aprontes para una competencia que podía desatar una furiosa y desgastante rivalidad en el justicialismo.

Se convocó para el sábado 25 de eneró al Congreso partidario a re­unirse en la ciudad de Lanús. Allí 724 cohgresales debían decidir el pro­cedimiento para elegir la fórmula presidencial que se presentaría en los comicios de abril. Los delegados que respondían a Menem se inclinaron por decidir en internas, tal como había ocurrido en 1988.

Algunos preferían la Ley de Lemas para que se pudieran presentar todos, aun cuando Duhalde preveía que se produciría con ello una dis­persión de votos. Sin duda, la crisis que atravesaba el país exigía', como dijo el presidente, «medidas excepcionales». Finalmente, se decidió, por -amplia mayoría, la suspensión de las internas y se aprobó el procedi­miento de neolemas que carecían de tradición. del PJ: si la justicia im­

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pugnaba, la Comisión de Acción Política designaba la fórmula. Los cor­dobeses se abstuvieron, Reutemann apoyó las internas abiertas, Ramón Puerta impulsó la Ley de Lemas. Cristina Kirchner dio una reprimenda a los que impusieron, a último momento, una modificación tan sustancial de los procedimientos:

Se es democrático cuando se es minoría y se banca la opinión de los demás. Yo muchas veces fui minoría, pero ja­más fui a reclamar al estrado de un juzgado.

Más allá de las diferencias que tengamos, compañeros,no volvamos a los tiempos de Herminio Iglesias.

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(Cristina Kirchner, Congreso del Partido Justicialista,Lanús, 25 de enero de 2003)

Cristina Kirchner fue abucheada por sus compañeras menemistas que se levantaron y retiraron del Congreso antes de que finalizara.

La jueza Servini de Cubría avaló aquella decisión, no obstante «la confusión que genera en el electorado que no sabría cual es el candi­dato a presidente por el Partido Justicialista», como advirtió en su dicta­men. El peronismo presentó, así, tres candidatos, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá en las elecciones de abril de 2003.

Hada la república absoluta

Ese 25 de mayo de 2003, el Congreso estaba de fiesta para presen­ciar el juramento del nuevo presidente Néstor Kirchner. Nunca hubo tantos representantes de Gobiernos extranjeros para asistir a una ce­remonia de este tipo. Entre muchos otros vicepresidentes y enviados especiales se destacan los siguientes: Ricardo Lagos (Chile), Jorge Batt- le Ibáñez (Uruguay), Mireya Moscoso (Panamá), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia), Alfonso Portillo Cabrera (Guatemala), Hugo Chávez

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(Venezuela), Fidel Castro (Cuba), Alejandro Toledo (Perú) y los presiden­tes de Ecuador y Colombia. El rey de España mandó al heredero de la Corona, el príncipe Felipe de Borbón y Grecia. j

En su discurso inaugural, el presidente Kirchner invitó a la Asamblea Legislativa a trabajar juntos para hacer una Argentina «unida», «normal» y «en serio». Expresó que la ciudadanía había"votado por dar vuelta una página de la historia para «avanzar hacia lo nuevo». Enfatizó la necesi­dad de superar el pasado y convocó a todos «a inventar el futuro».

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Nuestro pasado esta pleno de fracasos, dolores, enfren­tamientos, energías malgastadas en luchas estériles.

Esta es la oportunidad de transformación, del cambio

cultural y moral que demanda la hora.Nos planteamos construir prácticas colectivas de co-

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operación que superen los discursos individuales de oposi­

ción. En los países civilizados (...) los adversarios discuten o disienten cooperando.

(Néstor Kirchner, Discurso ante la Asamblea Legislativa, 25 de mayo de 2003)

Recordó que en los ochenta solo se pidió la vigencia del Estado de Derecho y que en los noventa la exigencia fue obtener avances-en ma­teria económica, pero señaló que no importaron «la consolidación de la pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social, la fragmentación nacional y el enorme e interminable endeudamiento externo».

En ese nuevo milenio, Kirchner dijo que la política debía juzgarse por su finalidad del «bien común (...), el Estado de Derecho (...), la efecti­va democracia (...), la corrécta gestión de gobierno y cumplimientos de transparentes y racionales reglas».

Pero es imprescindible advertir que la tragedia cívica

1 del clientelismo político no es producto de la asistencia so­

cial como gestión del Estado, sino la desocupación como

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consecuencia de un modelo económico. (...) Mientras en la República Argentina hubo trabajo, nadie fue rehén de un dirigente político. (Néstor Kirchner, Discurso Inaugural en la Cámara de Senadores de la Nación, 25 de mayo de 2003)

Anunció que llegaba «sin rencores, pero con memoria» para termi­nar diciendo «quiero una Argentina unida, quiero una Argentina nor­mal, quiero que seamos un país en serio».

Llegó a la presidencia por dos hechos excepcionales: que el Con­greso del Partido Justicialista reunido en enero de 2003 hubiera supri­mido las elecciones internas, permitiendo la presentación de varias can­didaturas, y que se retirara del balotaje el candidato que tuvo más votos en la primera vuelta de la elección (Menem). El resultado de la elección del 23 de abril fue, en términos de votos sobre el total, el siguiente: Car­los Menem y Juan Carlos Romero (Alianza Frente por la Lealtad): 24,3%; Néstor Kirchner y Daniel Scioli: 22%; Rodríguez Saá: 14,2% y Elisa Carrió: 14,1 %. Leopoldo Moreau, de la UCR, obtuvo el 2,3%. Ninguno había ob­tenido el 40% para evitar el balotaje. Carlos Menem decidió retirar su candidatura. El Frente de la Victoria obtuvo solo catorce diputados en la Cámara Baja contra setenta de la Alianza, quienes en su mayoría, muy pronto, apoyaron a Kirchner.

Durante tres días, varias personas (entre las que se encontraban Eduardo Menem, Alberto Kohan, Francisco de Narváez, Eduardo Bauza, Juan Carlos Romero, Adrián Menem y Rubén Marín) evaluaron la conve­niencia de ir o no ir a la segunda vuelta. Siete de ellos sostuvieron una opinión contraria a participar. Menem aceptó el criterio de la mayoría. Carlos Corach, en una reunión que tuvo con Menem el día anterior, le recomendó que se presentara a la segunda vuelta, pues había que res­petar las reglas de la democracia.

Kirchner, que había sido intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz varias veces, había trasmitido durante la campaña un perfil socialdemócrata, pero su discurso inaugural no tuvo propuestas concretas. Tampoco se refirió a algún sector; no aludió a los derechos humanos. Insistía, como repitió durante el viaje que en julio de 2003

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realizó a varios países europeos, en que su objetivo era hacer de la Ar­gentina «un país en serio».

Kirchner llegó a la presidencia sin partido y con la menor propor­ción de votos sobre los emitidos en el escrutinio (que cualquier otro presidente argentino. Su primer desafío fue construir un poder cuya legitimidad se asentara en su persona a fin de restablecer el prestigio y la auctoritas presidencial. Buscó los materiales de ésa construcción pre­sidencial en tres fuentes de poder: el PJ, los sectores de centroizquíerda y la opinión pública. " ,

Con el Partido Justicialista en ebullición, desarrolló una estrategia de cooptar dirigentes usando el poder del Estado como imán y las pro­mesas de dádivas políticas como aliciente para militantes que estaban habituados a seguir el poder de turno por oportunismo o comodidad. Así se fueron sumando José Pampuro, que fue ministro de Defensa, ex­dualista, y Miguel Pichetto, a quien se hizo jefe dtej bloque justicialista en el Senado. Desde el principio, había convocado a seguidores de Ca­vallo como Alberto Fernández, su Jefe de Gabinete,

Acumuló fuerzas también incorporando apoyos de todos los gru­pos de centroizquíerda; cautivó a los intelectuales que luego formaron lo que se llamó Carta Abierta y confesó su lealtad incondicional hacia las organizaciones de derechos humanos, especialmente, las Madres de la Plaza de Mayo. -

Al anunciar la creación del Premio Azucena Villaflor de De Vicen­te, en presencia de las Madres de la Plaza.de Mayo, el 10 de diciembre de 2003, Kirchner les dijo: «son elVeferente ético más importante que tiene el país». En el discurso ante la 58.a Asamblea General de las Na­ciones Unidas, en tslueva York, el 25 de septiembre de ese año, había afirmado: «Somos los hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y por ello insistimos en apoyar en forma permanente el forta­lecimiento de los derechos humanos y el juzgamiento y condena de quienes lo violen».

La crítica a los años del Proceso fue un argumento usado constan- ' temente, así como el impulso a la derogación del decreto dictado por

De la Rúa, que impe'día la extradición de represores argentinos y la anu­

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lación por el Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 30 de julio de 2003, tras la firma de aquella norma, afirmó: «Mi postura histórica en este tema fue de justicia y memoria».

La transversalidad fue una idea nueva a la que, ya en agosto de 2003, se refirió Alberto Fernández: «Estamos en un momento decisivo para impulsar proyectos políticos que miren hacia la gente y que se sos­tengan en las ideas comunes, más allá de los partidos» (La Nación, 31 de agosto de 2003). Tuvo una función similar al proyecto de un tercer movimiento superadordel duopolio radical-peronista que dominaba la política argentina, lanzado por Alfonsín en la década de los ochenta. En realidad, por la dificultad de compatibilizar culturas ciudadanas en parte antitéticas, al terminar el segundo año de su mandato, Kirchner abandonó la ¡dea o se concentró en afianzar su liderazgo en el PJ. Sería este el eje central de su máquina electoral. Estrechó vínculos con la di­rigencia de la CGT, los intendentes del conurbano y creó una verdade­ra red de subsidios, distribución de planes sociales en todo el territorio nacional a una clientela política de naturaleza prebendaría, por no decir dependiente, antes desconocida en la Argentina. Hasta la movilización callejera fue un área de interés presidencial: incorporó a la nómina de sueldos pagados por el Estado a Emilio Pérsico, a Jorge Ceballos en el Ministerio de Desarrollo Social, a Luis D'Elía en la Secretaría del Hábitat y Vivienda de la Nación, así como muchos a otros activistas. Captó a todos los que pudo: piqueteros, habitantes de las villas de emergencia, movi­mientos indigenistas, «pagando» con planes, jubilaciones, subsidios o nombramientos en el Estado.

Finalmente, el presidente, desde el primer momento, se comunicó en forma directa con la población a través de los medios de prensa. To­dos los días anunciaba alguna medida u obra, y cuando no las había, se refería a alguna figura de la oposición. Eso le permitió estar casi todos los días en primera plana. Puso pasión en todo lo que hizo. Fue ayudado incondicionalmente por una colaboradora ejemplar por su inteligencia y convicción: su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.

construyó una hegemonía presidencial de hecho y de derecho. Los mandatos sucesivos de Néstor y Cristina Kirchner formaron un solo Go­bierno por los contenidos de las políticas y por los rjnétodos usados para mantener o acrecentar adhesiones. Apelaron a una nueva metodología de construcción política que consistía en un constante juego dialéctico entre lo bueno y lo malo. Sus proyectos ó propuestas se argumenta­ban y defendían en esos términos (ruptura con el FMI, reestatización de las AFJP, retenciones al agro, etc.) Los Kirchner no buscaron consensuar, sino que prefirieron triunfar sobre el oponente.'El Gobierno publicitó sus medidas como un combate entre el bien y el mal, y la selectiva con­frontación con sectores o personas elegidos como enemigos fue fun­cional al «relato» kirchnerista, que sirvió de matriz ideológica para la gestión política. Ese relato descalifica lo realizado por sus antecesoresque son los culpables del derrumbe de la Argentina, del saqueo de las

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empresas públicas, de la fuga de capital. Néstor-y Cristina Fernández de Kirchner, en el ejercicio de sus funciones, han aludido permanente­mente a ese pasado al que no hay que volver y a su compromiso con el pueblo al que han tratado de beneficiar con la nueva política sensible a las necesidades de los sectores más vulnerables y castigados. Las medi­das fueron claras: expansión de los planesTrabajar, asignación universal por hijo, créditos y subsidios al consumo (bienes de primera necesidad, transporte, energía, etc.), otorgamiento de jubilaciones, ayudas a diver­sos sectores, «Fútbol para todos», distribución de computadoras en los colegios. i

Néstor Kirchner interpretó su función presidencial como una mi­sión y su acción de Gobierno como una «gesta» política. Sin explicitarlo conceptualmente,'dio a su mandato presidencial la misma connotación con que Yrigoyen, a principios del siglo XX, concibió su acción política: en aquel tiempo era la «causa» frente al «régimen», mote utilizado para designar el accionar de los conservadores. Ciertos grupos, marcada­mente Ideológicos, se plegaron a la lógica, apelando a una confronta­ción cultural

El presidente, sus ministros, los medios, las organizaciones cul­turales que le son leales, desarrollan un «relato», cuyas verdades legl-

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timan la política del Gobierno: hay que evitar «volver al pasado», «al engaño de los noventa», «a la ilusión de un crecimiento para pocos que empobreció al pueblo argentino», al «espejismo neoliberal que nos impidió ver el saqueo», en fin, no podemos volver a confiar el país «a los que nos llevaron a la frustración nacional». En lo que respecta a la libertad de prensa, el presidente dijo ser «defensor de la libertad de prensa (...), pero tengamos buena memoria —aclaró—, porque no puede ser que nos vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa (...) aquellos que para imponer sus ideas, mataron, asesinaron, secuestraron»38.

En un panorama nacional donde se observa el debilitamiento de las estructuras partidarias y la representación está en crisis, la oposición no logró poner límites a la gestión de un Poder Ejecutivo que actúa como un «soberano», en muchos casos, rozando los límites que impone el derecho positivo.

Una de las piezas necesarias del discurso político es el manteni­miento de la «emergencia nacional». La permanencia de esa doctrina (a la que nos referimos en el próximo capítulo) le permitió acrecentar su poder, independizándolo de controles excesivos y creando una zona autónoma para las decisiones políticas.

Este discurso — centrado en el antiliberalismo y la crítica a los no­venta— convenció a muchos, y la acumulación de poder en la presi­dencia fue bienvenida por una parte de la población, pues entendió así presentir un liderazgo que daba seguridades frente a la incertidumbre de una dirigencia sin solidez. Mientras el Estado había sido despojado en sus funciones y responsabilidades por la política de la década de los noventa, Kirchner otorgó al Ejecutivo el rol de gran actor en la polis, cu­yas funciones fueron acrecentadas por una permanente transferencia de facultades por parte del Congreso. Siguió, en este sentido, las prác­ticas de Menem con los Decretos de Necesidad y Urgencia. El modelo intervencionista regulatorio de su estrategia económica asignaba al Es­tado un papel relevante en la república.

Las elecciones legislativas de 2005 confirmaron ese sentimiento de confianza que en un gran sector de la población generó el accionar del

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presidente Kirchner. El Frente para la Victoria ganó con el 40% de los vo­tos emitidos válidos, asegurándose 69 de los 127 cargos de diputados en juego y 17 de las 24 bancas de senadores que sé eligieron.

La figura de Kirchner, al final del mandato, sufrió un natural desgaste tanto por sus métodos confrontativos como por las prácticas de limitar o intervenir en los otros poderes del Estado. La apropiación del Estado como dominio reservado le valió grandes críticas, a tal punto que prefi­rió que fuese su señora quien lo sucediese. En efecto, Cristina Fernández de Kirchner, que tenía la imagen de ser más contemporizadora, triunfó en las elecciones del 28 de octubre de 2007. Fue una compañera fiel de su marido, al que había secundado con inteligencia y lealtad política. Diputada y senadora nacional por la provincia de Santa Cruz y senadora por la provincia de Buenos Aires, fue la primera mujer en ser elegida presidente de la nación argentina. Su política económica y social siguió los grandes lineamientos diseñados por Néstor Kirchner, aun cuando el mensaje con que se dirigía al pueblo tocaba fibras más sensibles. Apeló con frecuencia a la imagen de madre, y cuando ocurrió la muerté del expresidente, con tristeza transmitió su condición de viuda.

Apoyó sin reservas a las organizaciones de derechos humanos, aumentó los planes sociales distribuidos por todo el país, reafirmó un creciente rol del Estado con un importante programa de obras públicas, desvinculó algunos precios internos (alimentos, energía, transporte) de los precios internacionales a través de impuestos, implemento la prohi­bición de exportar (carne) y subsidios (gas, transportes, productos lác­teos) a fin de abaratar el consumo interno, concedió abultados créditos (subsidiados), fomentó la producción y el consumo, reestatizó el sistema de jubilaciones, dispuso un blanqueo de capitales, en fin, practicó una política de incentivo al mercado interno y el consumo. Como su marido, identificó al Gobierno con el Estado, lo usó con fines partidarios, lo puso a su disposición en todo lo que le pudiera ser útil para acrecentar su po­der. También bajo su mandato,'se produjeron reestatizaciones.' No duda cuando se trata de una intervención del Estado. Las presidencias de los Kirchner tienen un antes y un después del conflicto con el campo, que estalló en marzo de 2008 con motivo de las retenciones a la exportación.

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Néstor Kirchner, al dejar a su mujer en la presidencia, había anun­ciado su intención de «renovar el peronismo e integrarlo como un pilar de una fuerza de centroizquíerda moderna»39. A mitad del mandato, cuando el expresidente presentó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas, la suerte no lo acompañó. No solo el Gobierno perdió en Santa Cruz, sino en el lugar donde se postuló contra Francisco de Narváez (Unión-PRO), quién cosechó el 34,6% de los votos contra el 32,1 % de Kirchner. El Frente para la Victoria perdió 31 diputados y 4 senadores y con ellos la mayoría en el Congreso.

Se anunciaban otros tiempos. La pérdida de quórum parlamentario generó duras y controvertidas batallas legislativas. En marzo de 2008, un conjunto dé intelectuales argentinos se reunieron para defender al Gobierno con motivo del paro agropecuario. Desde entonces, se ma­nifiestan públicamente a favor de la presidente a partir de una visión socialdemócrata.

La primera presentación pública de Carta Abierta fue en la librería Gandhi de Buenos Aires el 13 de mayo de 2008. La mesa estaba forma­da por Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Jaime Solin y Horacio Verbitsky y presentó la primera «carta» que fue firmada por 750 intelectuales y artistas. Se define como un espacio no partidario a pesar de que el presi­dente Kirchner estuvo en algunos actos. Cada carta trata de un tema de actualidad (derogación de la radiodifusión, alertar contra la «nueva de­recha», respeto a las decisiones del Congreso que expresan la voluntad popular). Los firmantes son socialistas o Intelectuales de izquierda. Hay entre ellos peronistas. Puede citarse a Juan Gelman (Premio Cervantes), David Viñas, Roberto Cossia, Eduardo Pavlowsky, Carlos Heller. Se esta­blecieron Cartas Abiertas en las provincias y en el exterior.

El primer aporte que hizo la Carta Abierta fue proponer, en medio del conflicto con el campo que veremos en seguida, el adjetivo «des­tituyeme». Como dice Beatriz Sarlo en su libro La audacia y el cálculo, el objetivo destituyente «no es un sector social sino una práctica». Esta palabra se transforma en un arma en el terreno del combate cultural para descalificar cualquier oposición. En la república absoluta, debilitar

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al Gobierno es cuestionar «el poder político constitucional qué tiene el Gobierno para efectivizar sus programas de acción...» (Carta Abierta 1).

Como señala Beatriz Sarlo, «Podrían adoptar el;objetivo destituyen- te como descripción de las acciones realizadas en tiempo presente por el conglomerado social agrario y extenderlo sin problemas a los sec­tores urbanos que lo apoyaban» (Beatriz Sarlp, La audacia y el cálculo. Kirchner, 2003-2010).

En agosto de 2008, otro grupo de intelectuales, «no peronistas», se nuclearon en el Grupo Aurora para confrontar con Carta Abierta. Entre los miembros dé este grupo, cabe citar a Jorge Vanossi, Marcos Aguinis y Daniel Sabsay.

Ambas presidencias han puesto de manifiesto que el gran debate sobre el «modelo» argentino aún no ha llegado a su conclusión. Han prac­ticado el principio según el cual gobernar es imponerse a las minorías.

En las elecciones nacionales del 23 de octubre de 2011, la candida­tura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 53,9% de los votos contra el 16,87% de Hermes Binner, del Frente Amplio Progre­sista; Ricardo Alfonsín, de la Unión para el Desarrollo Social, obtuvo el11,1%. La apabullante victoria plantea un escenario político nuevo, no tanto por el número de votos obtenido por la presidente, sino por la dife­rencia frente a sus opositores, algunos de los cuales tuvieron porcentajes insignificantes. Casi todos los desafíos que plantea esta obra estarán pre­sentes en el horizonte de este nuevo mandato presidencial. ¿Cuál será elrumbo que se imprimirá a la república? El futuro nos dará la respuesta.

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La hegemonía presidencial

El presidente Néstor Kirchner tuvo el mérito de restablecer el lu­gar de la política en una sociedad desilusionada luego de tantas expe­riencias traumáticas. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones tuvo por objetivo manifiesto construir una autoridad basada en la hegemo­nía del Poder Ejecutivo frente a los demás poderes y equilibrios que la Constitución prevé.

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Consolidó este sistema de poder en el marco de una bonanza eco­nómica de la que gozó el país bajo la guía del ministro de Economía Roberto Lavagna, un funcionario de sólida formación y prudencia. Ha­bía heredado este ministro del gobierno de Duhalde, de quien dijo que había «fracasado en su gestión» (Declaración a los medios, 28 de mayo de 2002).

Los dos principales instrumentos para ejercer ese poder sin ape­laciones fueron: 1) la delegación de facultades por parte del Congreso, que invocó la doctrina de la emergencia y 2) los Decretos de Necesidad y Urgencia. La Constitución Nacional en su artículo 76 dice lo siguien­te: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.» (Constitución Nacional, artículo 76). En la cláu­sula octava transitoria, establecía que las delegaciones preexistentes caducarían a los cinco años, salvo que legisladores la rectificasen por ley. Por eso, desde 1999 (Ley 25148) fueron renovándose las transferen­cias (2002,2004,2006).

A través de la delegación de facultades, se apropió del poder fiscal. Al terminar el gobierno de Menem, se encontraban vigentes más de dos mil delegaciones (incluso la facultad de establecer alícuotas de aranceles in­cluidos en el Código Aduanero, facultad delegada por el Proceso en 1981).

En 1999, último año del gobierno de Menem, la Ley 25148 prorro­gó por tres años la totalidad de la delegación legislativa, prórroga que fue repetida tres veces más —Leyes 25645 (2002), 25918 (2004) y 26135 (2006)—, hasta que luego de discusiones muy extensas se prorrogó por un año, el 24 de agosto de 2009, la delegación de facultades a Cristina

Kirchner por Ley 26519. En esta oportunidad, se prohibió la subdele­garon de facultades por lo que solo la ejercerán el Poder Ejecutivo y el Jefe de Gabinete. En 2000, dadas las presiones de los partidos de oposi-

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nistración». «Creación y organización de entidades autárquicas como correos, bancos, entes impositivos (...), fijación de las Fuerzas Armadas y el dictado de normas para su organización y gobierno sobre la jefaturade Gobierno y los ministerios (...),, control de la ejecución del régimenide coparticipación federal, así como toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo Nacional que se relacione con la administración del país»40.

Si bien la presidente no tiene, con la misma intensidad, la vocación de ejercicio personalista del poder que evidenciaba su marido, la prácti­ca de las transferencias de facultades al Ejecutivo se impuso con la mis­ma frecuencia y fin. El presidente se transformó en el centro del sistema político. Nos encaminamos hacia la «república absoluta». Más aún, la mayoría pasa a ser la totalidad, y solo un pequeño grupo de personas interpreta y define el «interés general». *

En el último año del mandato de Kirchner, por Ley 26124, se facul­tó al Jefe de Gabinete a disponer «las reestructuraciones presupues­tarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financie­ras y distribución de finalidades.» (Ley 26124, artículo 11). Es así que el Jefe de Gabinete puede ampliar el presupuesto, y reasignar partidas. En realidad, esto se hacía desde 1997 a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Como dice Hugo Quiroga, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y del Litoral, «mientras se refuerza el poder presupuestario del presidente con facultades permanentes para el Jefe de Gabinete, se re­duce la esfera de.competencia constitucional del Parlamento»41. Para justificar la transferencia de facultades, uno de los recursos usados du­rante ambos mandatos fue prorrogar la Ley de Emergencia Pública y Régimen Cambiario 25561 que sancionó Duhalde en plena crisis eco- nómica. Se prorrogó todos los años hasta el 31 de diciembre de 2009. Ese año fue extendida por un bienio más, hasta el término del mandato

• •. presidencial. Debe recordarse que la senadora Kirchner había votado contra la emergencia en 2002.

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Una institución muy usada son los llamados «superpoderes». Es una práctica consistente en delegar al Jefe de Gabinete la facultad de reasignar libremente partidas presupuestarias. Esa práctica ha sido imitada en varias provincias. Es un ejemplo del desborde del poder acompañado por una nueva «mayoría automática» que acampa en el Congreso de la Nación.

El Congreso delegó muchas facultades: «comercio de combusti­ble, creación de entidades como ONCCA, potestades del Banco Central, funcionamiento de sociedades comerciales, penalización de las drogas, radiodifusión y toda materia que se relacione con la administración del país». Hay 1901 leyes que contienen delegaciones, entre las cuales, el Código Aduanero a partir de la cual el Poder Ejecutivo estableció las re­tenciones (facultad legislativa cedida en el art. 755 del Código Aduane­ro). Los superpoderes del Poder Ejecutivo son un símbolo de gobierno hegemónico. Durante 2008, el Poder Ejecutivo amplió el presupuesto y transfirió partidas, por más de 40 000 millones de pesos.

Otro de los recursos que amplían el poder presidencial son los DNU. Durante su presidencia, Néstor Kirchner dictó 270 DNU de los cuales 205 eran proyectos de ley. Es decir, dictó un promedio de un DNU cada seis días de gestión. En diez años, el presidente Menem había dictado 545, es decir 54,5 por año. En marzo de 2007, se dictaron 42 DNU en una semana. Toda esta arquitectura ha permitido el ejercicio de un poder omnímodo sobre los recursos fiscales, o lo que en términos vulgares se llama «la caja».

La metodología del uso del poder, con la aquiescencia parlamenta­rla, vulnera no solo el principio de la división y equilibrio de los poderes, sino normas constitucionales que establecen que el Ejecutivo «no po­drá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emi­tir disposiciones de carácter legislativo». Solamente es posible hacerlo «cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trá­mites ordinarios previstos» (Constitución Nacional, art. 99, inc. 3).

Las transferencias de poderes que se sucedieron como una cascada abarcan una larguísima lista de facultades. Para tener una idea clara de lo que se aprobaba en 2009, se confeccionó una lista que cerraba dicien­

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do «y toda materia que se relacione con la administración del país». Este andamiaje legal era solo una faceta del creciente poder presidencial.

Otro de los instrumentos usados para la construcción de la hege­monía presidencial fue la práctica de confrontar con el interlocutor que se le opone, colocando a este en una situación de acusado, quién, luego de un juego dialéctico entre el «bien» y el «mal», termina debilitado o in­hibido frente a la «razón» presidencial. Kirchner empleó esta metodolo­gía frente a empresarios, la Iglesia, productores agropecuarios y oposi­tores a su gobierno. Toda crítica, en especial las públicas, fue concebida como una amenaza para su concepción del poder. La disensión no está protegida. Esta metodología ha sido usada también, en distintas épocas por los gobernadores de provincia.

Las intervenciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(INDEC) en enero de 2007 y la designación de la señora Beatriz Plagieri

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en reemplazo del anterior director, cuya objetividad en la realización de la confección de estadísticas no pudo ser doblegada por el secretario de Comercio Interior, es una manifestación de esa concepción del ejerdcio del poder. Si las estadísticas no me dan la razón, hay que cambiarlas.

No hay ningún país en el mundo donde no haya reuniones de Ga­binete regulares de los Gobiernos.Tampoco hay noticias de que un Jefe de Estado se rehúse a recibir personalmente a los embajadores extranje­ros cuando presentan sus cartas credenciales. En el frente internacional «estas actitudes presidenciales crearon animosidad: muchos Jefes de Estado evitan a la Argentina». Fue inusual la descortesía hacia el presi­dente de los Estados Unidos, que participó en la Cumbre de Mar del Pla­ta (2005), donde en paralelo se organizó una «anticumbre» pagada por Venezuela, apoyada por las autoridades argentinas a favor de la Alterna­tiva Bolivariana y para denigrar al presidente estadounidense, invitadopor el propio Gobierno42. En medio de un clima lúdico y por momentos

i ;desafiante en la voz del presidente Hugo Chávez, que asistió también a la contracumbre organizada en las cercanías, el Gobierno no impidió, sino que alentó el espectáculo nunca visto de un público exaltado que lucía camisetas con inscripciones contra el presidente Bush, como las de «asesino sin escrúpulos» y que coreaba cánticos insultantes contra

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un huésped oficial de la república. Fue una patética representación de quienes habían olvidado que la hospitalidad es la prenda más preciosa de la hidalguía criolla. Pasarán muchos años hasta que los ofendidos puedan olvidar esta afrenta diplomática. Como dijo el presidente Kirch­ner en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, «aquí no vengan a patotearnos» (noviembre de 2005).

En 2006, se inició un espinoso conflicto con el Uruguay por mo­tivo de la construcción de una planta papelera instalada sobre el río Uruguay. Dicho proyecto había sido tratado por la Comisión Argenti­no-Uruguaya del Río Uruguay (C.A.R.U) sin que la delegación argenti­na presentara objeciones. El puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos fue cortado durante años por los vecinos de aquella ciudad. El presidente organizó un acto con la presencia de muchos gobernado­res, nacionalizando así el conflicto y apoyando a los que interrumpían el paso del puente internacional, en contra de lo que establecen las leyes argentinas y el Tratado de Asunción que crea el MERCOSUR. Felizmente, la doctora Cristina Fernández de Kirchner usó su charme personal para limar asperezas y superar el conflicto.

El Jefe de Estado debe someterse a las leyes, pero además es desea­ble que respete las reglas de la cortesía, que es un arte eficaz para ganar amigos para su país.

¡La deuda eterna!

Así la designó el embajador Miguel Ángel Espeche Gil, quien pre­sentó hace dos décadas la propuesta de solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CU) una opinión consultiva para que se manifieste sobre cuál es el Derecho Internacional aplicable, público o privado a la deuda43.

Desde que el gobierno del Proceso inició la política de endeuda­miento (Isabel Perón se fue con 4 900 millones de dólares de deuda externa que el Proceso multiplicó por diez), una carga de plomo se abatió sobre las finanzas públicas [fuente: Orlando Ferreres, Dos siglos de economía argentina (1810-2004)]. A pesar de los esfuerzos, las ne-

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gociaciones y las renegociaciones para reducirla, al cumplirse veinte años de la restauración democrática, el problema no había sido re­suelto, para regocijo de muchos que hicieron, sin demasiado riesgo ni esfuerzo, enormes negocios y ganancias con la deuda. El 25 de mayo de 2003, la Argentina era uno de los países más endeudados del mun­do en relación al PBI. ^

Al llegar Kirchner, había pasado lo peor: el sector agropecuario, muy endeudado, había recibido el alivio de la pesificación y la devaluación; la industria comenzó a utilizar la capacidad instalada que había quedado vacante con motivo de la caída del 11% del PBI en 2002. Como afirma Jorge Todesca, «la cantidad y gravedad de los acontecimientos y deci­siones gubernamentales que tuvieron lugar entre los últimos meses de 2001 y fines de 2002 no reconoce precedentes en la historia argentinacontemporánea»44. s . '

\Rodeado por un gabinete de compañeros'patagónicos (grupo Ca­

lafate) y alguno que otro exduhalista, Lavagna continuó en el cargo mi­nisterial con su política de estabilización, cambio flotante y presupuesto equilibrado. Las dos tareas principales que realizó fueron lograr la rees­tructuración de la deuda en default y reiniciar el diálogo y la negocia­ción con el FMI que, con sus errores, había acompañado a la Argentina hacia el abismo en diciembre de 2001. Desde la declaración de Adolfo Rodríguez Saá el día de su discurso inaugural en la Asamblea Legislati­va, se habían suspendido los pagos de la deuda.

La deuda externa acumulada desdé el gobierno militar había sufri­do renegociaciones, canjes, ampliaciones, reducciones y transformacio­nes sucesivas sin que el problema de la sustentabilidad, en el contexto presupuestario argentino, hubiera sido resuelto.

En septiembre de 2003, Lavagna y su equipo presentaron en la re­unión del Fondo y Banco Mundial, realizada en Dubái, las líneas gene­rales de la propuesta de reestructuración. Consistía esta en una quita del 75% sobre el total de la'deuda en default (capital más intereses) que se hacía efectiva a través del ofrecimiento a los acreedores de un canje voluntario de los bonos que poseían por otros, a intereses que en promedio fueron del 8,28% y a plazos de amortización de 30 a 42

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años. A pesar de las críticas y presiones del mundo financiero y de los grupos de acreedores, el 1 de junio 2004 se presentó la oferta defini­tiva: el canje voluntario a opción de los acreedores se abrió el 14 de enero y cerró el 25 de febrero de 2005. Era una operación compleja, porque se ofrecía entregar tres nuevos bonos para cambiarlos por 152 tipos de bonos argentinos que existían en los mercados, emitidos en seis monedas y regidos por ocho diferentes legislaciones. A pesar del ambiente negativo frente a la propuesta argentina, más del 75% de los tenedores de bonos argentinos aceptaron la oferta, entre ellos, el 20% eran tenedores nacionales, por ejemplo, las AFJP, los bancos y los inversores institucionales argentinos45.

Se retiraron de circulación ocho mil millones de pesos en bonos provinciales y, el 22 de agosto de 2005, se pagaron los depósitos repro- gramados en los bancos a un tipo de cambio de $2,42, con lo cual, los ahorristas que habían depositado en dólares antes del 31 de diciem­bre de 2001 perdieron menos del 20%. Si bien este megacanje fue pre­sentado a la opinión pública como un éxito, hay quienes (p. ej., Héctor Giuliano) consideran que fue un nuevo diferimiento de deuda con una quita relativa y un alto costo (debido a la capitalización de intereses, indexación de deuda en pesos por CER y cupones ligados al PBI).

En lo que hace a las relaciones con el FMI, siguieron siendo tan complicadas como lo fueron en las dos décadas precedentes. El organis­mo tuvo diagnósticos muy severos respecto de la conducta económica de nuestros Gobiernos, sobre todo, después de la convertibilidad. Sin embargo, debe destacarse que el presidente Kirchner tuvo frente a los acreedores externos una actitud muy firme que reflejaba su convicción de que la reducción del monto de la deuda y el alargamiento de los plazos eran una necesidad insoslayable para la Argentina. Para el presi­dente, esta cuestión era una prioridad de interés nacional.

En 2004, el ministro de Economía dio a conocer un documento ti­tulado «Argentina, el FMI y la crisis de la deuda», con un comentario crítico a la conducta del Fondo y la política de salvataje de países con problemas, para lo cual proponían un tratamiento de caso por caso con un «hospital de empresas» para las empresas ahogadas:

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La evidencia empírica muestra que durante el transcur­so del crítico año 2002, el organismo incurrió en una severa equivocación en el diagnóstico de la crisis, lo que lo llevó a cometer gruesos errores de pronóstico y recomendacio­nes de política inadecuadas, así mismo, y ya más con una visión de futuro, resulta altamente cuestionable que el FMI imponga condicionalidades estructurales en susprogramas, exigiendo medidas que van más allá de las atribuciones dej Gobierno en tfn régimen republicano (por ejemplo, actos concretos 'del Congreso, las provincias o los tribunales) y cuyo resultado final puede ser opuesto al efecto que origi­nalmente se esperaba. (Ministerio de Economía y Produc­ción de la República Argentina, Análisis II, julio de 2004)

Gracias a la insistencia de Lavagna para que apoyaran las gestiones diplomáticas los representantes de los Estados Unidos, Francia, el Brasil, Rusia y otros países, se aprobó la revisión del acuerdo. Y así continua­ron las difíciles relaciones entre la Argentina y el Fondo—que siempre encontraba defectos y omisiones en la conducta argentina—, y ante la urgencia que planteaba la reestructuración de la deuda externa con los acuerdos privados, el ministro Lavagna no cedió en darle prioridad al crecimiento por encima de lo que exigía el organismo. Cansado de Iei desgastada relación con el Fondo y presintiendo la inutilidad de los es­fuerzos por convencer de las virtqdes de la.posición argentina, Kirchner terminó el asunto: el 15 de diciembre de 2005, la Argentina canceló la deuda de 9530 millones de dólares con el FMI. No teriemos aún la con­vicción de que fue un acto voluntario. El Brasil había adoptado la misma decisión pocos días antes. Hubo, desde el FMI, una gran presión sobre los tres grandes deudoresja Argentina, el Brasil yTurquía, que en con­junto representaban un gran porcentaje del financiamiento dado por’el organismo para que devolvieran las acreencias.

De 'allí en más, la agenda económica de la Argentina rio estuvo *m¿js sujeta a la aprobación del organismo de Bretton Woods, del cual la República es miembro desde 1956. Fue la nueva ministra de Economía

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Felisa Miceli, quien reemplazó a Roberto Lavagna el 1 de diciembre, la que ejecutó la medida de «ruptura» con el Fondo.

El ministro Lavagna es quien había iniciado el proceso de canje por el que se logró una quita del 75% del valor nominal de los bonos ofreci­dos en el canje. Fue exitoso a pesar de que un porcentaje de tenedores de los bonos no aceptaron la oferta de Gobierno argentino.

A fines de 2010, tenemos dos lecturas de la situación del endeuda­miento público de la Argentina, según sea lo que se computa en su cál­culo. Una versión es favorable y demuestra que la deuda se redujo sen­siblemente. La otra cara de la moneda, como el dios Jano, alerta contra las cifras del desendeudamiento argentino. Veamos las dos versiones.

y S S g ú n el informe de Económica S.A., realizado por Ramiro Castiñei- ra,\juraráe los dos'mandatos del gobierno de Kirchner, el stock de deu­da enrnanos privadas ha experimentado una notable disminución46.

En septiembre de 2010, la deuda pública bruta era de 161 000 millo­nes de dólares, de los cuales el 48% (78 000 millones de dólares) estaba en manos de organismos del Estado (ANSES: 36 000 millones de dólares; BCRA: 29 600 millones de dólares, Banca Pública y otros: 10 900 millones de dólares). Solo 84 300 millones de dólares se deben portítulos emitidos que están en el mercado y por deuda a los organismos internacionales.

Esta contracción fue el fruto de varios factores:a) De 2003 a 2008, hubo un superávit fiscal del 3% de PB, se re­

negoció la deuda en default a\ 1 de junio de 2005, y se modifi­caron plazos e intereses.

b) A partir de 2008, desapareció el superávit fiscal, pero ello se compensó con la estatización de las AFJP (que tenían parte importante de la deuda argentina), y se usó parte de las reser­vas del Banco Central para el pago de la deuda.

Si tomamos las cifras de Castiñeira, la deuda pasó de representar 140% del PBI, en 2003, a ser solo el 24,4% en 2010. Según Mario Broder- sohn, la deuda pública en 2010 era el 30% del PBI, la mitad en pesos y la otra mitad en divisas extranjeras. En Alemania, la deuda es el 73% del PBI; en Francia, el 78% y en Italia, el 116%47.

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De acuerdo a esta visión; es la primera vez desde que se instauró la democracia que el país está aliviado de la pesada carga del endeuda­miento. Según estas previsiones, los intereses de la deuda representa­ban el 1,1% del PBI en 2010 (3.600 millones de dólares) — eran el 3,8% del PBI en 2001— y los vencimientos del capital, el 1,9% del PBI (6.400 millones de dólares). """• ^

Queda todavía por verse que pasará con los 23 400 millones de dó­lares más intereses de los acreedores que no aceptaron el canje ofrecido por la Argentina en 2005. El gobierno de Néstor Kirchner sostuvo que esa deuda podía'permanecer «indefinidamente impaga», aún cuando el FMI y la Tesorería norteamericana afirmasen que si no se arreglaba con ellos no habría ningún acuerdo con el FMI. Kirchner fue el presidente que actuó con mayor autonomía y voluntad de independencia frente a los acreedores privados extranjeros.

Es evidente que esa no es la única deuda del Estado argentino. Hay que agregar los intereses que se capitalizan durante los diez primeros años (2005-2014), las indexaciones de deudas en pesos ajustadas por inflación, los cupones ligados al PBI, el recálculo de la deuda con los países del Club de París, la deuda cuasi-fiscal del Banco Central y, entre otras, las deudas de las provincias y los municipios.

El asunto de la deuda del Estado argentino, qué ha sido desde el Pro­ceso difícil de evaluar, a partir del último megacanje (cerrado el 1 de junio de 2005), sigue siendo confusa por el hecho de que el Gobierno ha con­tinuado gastando más de lo recaudado, apelando a financiamientos que proveen la ANSES, el PAMl, el Banco'Nacióñ y el Banco Central, entidad en la que se provee de divisas, y otros organismos públicos, además de letras y notas colocadas en el mercado a un interés del 10% para rescatar billetes que imprime sin intereses para comprar reservas. El manejo del endeuda­miento público, una vez más, no es todo lo transparente que debiera ser.

Otra lectura evalúa que lo que ha tenido lugar es una transformación paulatina de la deuda externa en interna, según las definiciones que da el FMI. A fines de 2010, el 50% de la deuda del Estado estaba en manos 'del propio Estado (ANSES, con los activos nacionalizados de los fondos de pensión), Banco Central, Banco Nación y otras entidades públicas).

Para Héctor Giuliano, la Argentina ha ingresado en un nuevo ciclo de endeudamiento que, según sus cálculos, aumenta a un ritmo de diez mil millones de dólares por año. Según informaciones del Ministerio de Economía (SF/ONCP) al 31 de marzo de 2011 la deuda pública del Go­bierno central era de 184 000 millones de dólares. El Presupuesto de 2012 prevé amortizaciones de deuda por 40 100 millones de dólares48.

Por primera vez en la historia de las finanzas públicas, aproximada­mente la mitad de la deuda está en manos de agendas del propio sector público. En diciembre del año 2010, la mitad del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES (190 000 millones de pesos) estaba prestada al Estado, es de­cir, aproximadamente 25 000 millones de dólares (Héctor Giuliano op. cit.).

El Gobierno dispone unilateralmente de las reservas del Banco Cen­tral, y aplica decretos del Poder Ejecutivo. Esta institución estaba a me­diados del año 2011 empapelada de títulos públicos que la Tesorería fue entregando al retirar los dólares para cancelar deudas o para otros fines.

La Argentina, según esta interpretación, volvería entonces a repetir la política ya conocida del endeudamiento permanente. Paga parte de sus compromisos con nueva deuda y llena de títulos y letras a entidades oficiales a las que les pide prestados dólares y pesos. El Estado, así, gasta más de lo que recauda y se endeuda sistemáticamente.

La Argentina se ha liberado en gran parte de la pesada carga que significaba la deuda externa para la economía. Este logro se ha llevado a cabo con muchos costos laterales, como ser los derechos de los bonis- tas extranjeros y locales, los derechos de los contribuyentes a las AFJP, las reservas, el uso indiscriminado de los fondos jubilatorios de la AN­SES, que pertenecen a la masa de jubilados. ¿Se ha disminuido la deuda del Estado argentino? Queda planteado el interrogante.

Los subsidios y el capitalismo de amigos

A partir del año 2003, al Estado se le asignó un rol económico dife­rente al que tenía con anterioridad. Subsidia el consumo, reestatiza las privatizaciones y ayuda a los amigos.

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Kirchner usó permanentemente la delegación de facultades y los poderes extraordinarios para reasignar partidas presupuestarias, am­pliar el presupuesto y, de esta forma, utilizar fondos públicos con el me­nor control legislativo posible. Una gran masa de recursos se dedica a

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financiar subsidios, cuya incidencia en los precios finales aumenta sin cesar en algunos casos. La economía argentina está notoriamente dis­torsionada en lo que respecta a los precios relativos internos. El nivel de vida de los más pobres depende en forma creciente de los precios subsidiados. •• ......

Todos los años, entre 2003 y 2008, el Poder Ejecutivo logró, a tra­vés de su mayoría parlamentaria, aprobar, el presupuesto del ejercicio siguiente casi sin discutirlo en el Congreso (se delegaban en el Ejecuti­vo facultades y, por otro lado, se aprobaban y convalidaban esas deci­siones tomadas en virtud de las facultades delegadas). Los resultados superavitarios se lograron con fondos transferidos del Banco Central y la ANSES (sistema de jubilaciones), contrariando lo que establecen las leyes. i

La presidente Cristina Kirchner dispone, a su criterio y sin la apro­bación del Congreso, «de la nada despreciable suma de 41.500 millones de pesos mediante una ampliación del 26 % del presupuesto nacional». El Gobierno ya había utilizado 68 000 millones de pesos de la ANSES, según declaró el diputado Claudio Lozano (CTA Capital), «sin controles, lo que es claramente ilegal»49.

Este panorama cambió al perder el Gobierno la mayoría en la Cá­mara de Diputados. El presupuestó 2011, tal comolo envió al Congreso el Ejecutivo, no pudo aprobarse en 2010 por falta de acuerdo en la Cá­mara baja. Sin embargo, la presidente lo prorrogó con un DNU, aumen­tando su monto en aproximadamente el 18% con respecto del anterior. Este creciente uso de fondos públicos para financiar los subsidios se alimenta gracias a un crecimiento del gasto público que entre el año 2004 y 2008 aumentó 271% (sin computar el pago dejos intereses de la deuda).Tal situación requiere de más y más recursos.

- v , La guerra política desatada por el aumento de las retenciones for­ma parte de esta trama. El fisco necesita aumentar los recursos para

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incrementar los gastos. Un caso típico de subsidios es el que se otorga a los transportes.

El Gobierno distribuye subsidios para compensar a empresas con­cesionarias de servicios (desde concesionarios de ferrocarriles hasta titulares de distribuidores eléctricos de gas). El transporte urbano re­cibe grandes subsidios (la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba,Tu- cumán y otras provincias). Un medición hecha en 2008 estableció que en algunos casos el subsidio más que duplicaba el precio del boleto de transporte.

Algunos otros ejemplos demuestran lo absurdo de la situación. En la estación Florida funcionaba una calesita (2009). Para dar unas vueltas debía pagarse dos pesos, lo que era casi el doble del precio del boleto para viajar en tren desde esa estación a Buenos Aires. En 2010, la lavandina tiene un peso de subsidio por botella; el pollo, 1,52 pesos por animal. Desde el principio de su mandato, el presidente Kirchner había anunciado un nuevo rol para el Estado. Eso significaba retomar facultades que el proceso de desregulación le había despojado. Un cambio de dirección en lo que concierne a privatizaciones. Como dice Luis Alberto Romero, «abandonada la ilusión de construir un apara­to estatal eficiente y equitativo que imponga normas universales y controle asilos intereses particulares, la solución para una Argentina empobrecida es, simplemente, una jefatura suficientemente dura y arbitraria como para mantener relativamente contenida a la manada prebendaría»50.

El proceso de reestatización de empresas privatizadas pone de ma­nifiesto un cambio de tendencia hada una mayor presencia del Estado en la economía.

Cabe citar algunos casos de reestatizaciones:1. Por Decreto 721 del 11 de junio de 2004 se reestatizó el Correo

y se organizó el Correo Oficial de la República Argentina S. A.2. La Fábrica Militar de Aviones, creada en 1927 por Marcelo T.

' de Alvear y privatizada por Menem a través de una concesióna la Lockeed Martin en 1995 fue reestatizada; mediante ley de 2009, se rescindió la concesión.

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3. Por Decreto 303 del 21 de marzo de 2006 se rescindió lá con­cesión de Aguas Argentinas S.A. y, el mismo día, por Decreto304, se creó la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argen-itinos S.A. i

4. Aerolíneas Argentinas y Austral, de acuerdo con la Ley 26416, aprobada el 3 de septiembre de 2008,fu.e rescatada. Se aprobó el acuerdo suscripto el 17 de julio de 2008 con Intervest, por el cual, el Estado adquirió las acciones de Aerolíneas Argentinas.

También volvieron al Estado argentino Thales Spectrum (2004), que tenía la concesión del control del espectro radioeléctrico;Trenes Metro­politanos (2004), Yacimientos Carboníferos RíoTurbio (2004) y Belgrano Cargas (2008).

Una de las reestatizaciones más importantes fue el regreso al sector público de las AFJP. La medida fue acertada, puestó que el proyecto de 1994fue perjudicial para el sistema de reparto y para los intereses de los futuros jubilados. El déficit que la reforma había provocado en el sisté- ma provisional fue la causa eficiente del colapso del año 2001. Por Ley 26425 del 20 de noviembre de 2008, se estatizaron los fondos y pasaron a integrar el Sistema Integrado Previsional Argentina. En este caso, el proyecto de estatización recibió el apoyo del Partido Socialista y del ARl. Votaron en contra el PRO y la UCR.

Al nacionalizar las AFJP, a través de la ANSES, el Gobierno tomó po­sesión de acciones en una gran cantidad de empresas: Banco Galicia, Francés, Macro, Patagonia, Hipotecario: Edenor, Camuzzi Gas Pampea­na, Siderar, Molinos, etc. La intención gubernamental era, sin duda, co­locar sus representantes en los directorios, lo cual es razonable. Pero sin duda no lo es al haberse apropiado de las cuentas de capitalización de los jubilados que estaban en el Sistema Privado. La consolidación del «capitalismo de amigos» —un sinónimo de corrupción— ha desacredi­tado a la Argentina en el mundo de los negocios.Tenerque pasar'por la red de «influyentes» o socios del poder es, sin duda, una calificación ne­gativa para el país. Este fenómeno influye también sobre la evaluación de la libertad económica en la Argentina. En el índice de libertad eco-

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nómica que confeccionan la Wall Street Journal y Heritage Foundation sobre 179 países la Argentina figura en el lugar 135,65 el lugar más bajo de los países que integran el G2051.

«Amiguismo y corrupción están matando la libertad económ ica en la Argentina», señalaba Jam es Roberts en 201052. Para este periodista, entre los factores negativos figuran el «capitalismo de amigos». Dice que los inversores extranjeros se quejan por la expandida corrupción en el sector público y privado y los «pedidos de coimas por parte de los funcionarios públicos». Al final de su artículo, señala que el «lavado de dinero», el «tráfico de drogas», el «contrabando» y la «evasión fiscal» son plagas financieras instaladas en la Argentina.

Este capitalismo de am igos, a medida que se consolide (en el cam­po de la energía, tos servicios públicos, las concesiones, el juego, etc.), conspirará contra la posibilidad de lograr un Estado independiente y equitativo, y distorsionará, con el dinero, la evolución hacia la instau­ración de una democracia auténtica. Tendremos un Estado socializado por los intereses privados. Entonces, la política habrá colapsado en ma­nos del dinero.

El conflicto con el campo

Al cumplirse menos de cuatro meses de su asunción, Cristina Kir­chner se enfrentó en una controversia con uno de los sectores produc­tivos más importantes de la Argentina, los productores del campo.

Como este asunto ha tenido una gran repercusión nacional, quere­mos dejar aclarado que la señora de Kirchner usó las facultades trans­feridas por el Congreso que ya Carlos Menem había subdelegado en Cavallo (Decreto 2752 de 1991). Tanto la transferencia de facultades que la señora presidente recibió del Congreso como las que.M enem usó son, a todas luces, inconstitucionales, antes y ahora, después de la reforma de la Constitución Nacional en 1994. El artículo 74 de la Cons­titución Nacional admite delegaciones legislativas en materias deter­minadas de «administración» o en casos de em ergencia pública. Las

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retenciones no son decisiones de «administración», y no había emer­gencia. Tampoco se podía dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia. Todo el accionar fue inconstitucional y así lo declararon algunos fallos judiciales53.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció el 11 de marzo de 2008 la aplicación de retenciones móviles axuatro productos (suba de 7 a 9 puntos para la soja y girasol y de 1 punto para el trigo y el maíz). Lo hizo dentro del marco de una política, dijo, destinada a combatir la «sojización» del campo argentino. Finalmente, la presidente usó la fa­cultad de modificar la alícuota porque era una atribución establecida en el artículo 755 del Código Aduanero —sancionado por la dictadura militar en 1981— que había sido transferida por el Congreso. Era una de las más de dos mil transferencias prorrogadas en 2007. La Resolución 125 establecía un aumento del 27% al 35%.

El anuncio causó una gran conmoción entre'lps productores, los propietarios y gran parte de la población que se había beneficiado con el extraordinario aumento de la producción agrícola. La segunda Revolución de las Pampas, como dijo Héctor Huergo, había alcanzado una producción agrícola de cien millones de toneladas. La abanderada de la revolución era la soja, que en 1970 era apenas una curiosidad En 2008, la cosecha llegó a 45 millones de toneladas!

De la noche a la mañana, la Argentina se había convertido en el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja, luego de grandes esfuerzos tecnológicos propios para instalar su producción en el país. La harina de soja es el insumo clavé para la producción de proteínas. Un gran mercado se abría en el mundo para este commodity, cuyo precio había subido aceleradamente.

El campo argentino se había transformado en la avanzada de la sociedad del conocimiento. Por una parte, la soja modificada genética­mente (tolerante al herbicida «glifosato») permitió combatir la maleza perenne que atacaba su cultivo.-Por otra, la siembra directa aumentó la producción y redujo los costos. De allí en más, se podía encerrar novi­llos dándoles maíz y liberar diez millones de hectáreas para cosecha. Se instaló en el país la fábrica de urea más grande del mundo y se crearon

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plantas de fosfato y otros servicios técnicos. Entre 1999 y 2008, se ha­bía duplicado la capacidad de molienda. Esta revolución productiva le agregó valores a la industria de sembradoras, cosechadoras, motores y a toda la maquinaria agrícola. La onda expansiva de transformaciones avanzaba hacia la producción de leche, cítricos, maní, etc. Héctor Huer- go, experto en temas agrícolas, dijo que la iniciativa oficial consistió «en frenar todo esto para ver qué pasaba»54.

Apenas se anunció el proyecto del Gobierno, la Sociedad Rural Ar­gentina, Confederaciones Rurales, la Federación Agraria y Coniagro de­cretaron el 25 de marzo un paro agropecuario «hasta que el Gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto por tiempo indeterminado»73. Camiones en las rutas, cosechadoras, tractores, miles de jóvenes y mu­chos productores rurales protestaban en todo el interior del país. Las ciudades se adhirieron organizando manifestaciones masivas.

La perspectiva de producir 120 millones de toneladas, anunciada por la Fundación Producir Conservando, se esfumaba. Para colmo, ese año la sequía se sumó y la cosecha 2008/2009 bajó a 60 millones de to­neladas. Los agricultores estaban furiosos con el Gobierno.

Pero lo que más sublevó a la gente del interior sobre esa propues­ta es el hecho de que, de aprobarse la medida impositiva de Lousteau, seis provincias soportarían el 92% del impuesto (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Chaco) Buenos Aires aportaría el 32% del total recaudado y Córdoba, el 24,8%. Para Santa Fe, lo que debían aportar era igual a una coparticipación y media55.

Recientemente, varios de los estudios más serios hechos en el país coincidieron en que, al ritmo que se va, el campo aportó en el año (2011), solo en materia de retenciones, la «friolera» de 9 000 millones de dólares, de la mano de las cada vez más sorprendentes cotizacio­nes internacionales. Susana Merlo ha dicho al respecto: «Lo increíble es que este aporte extra que se impone al interior es equivalente, prác­ticamente, a lo mismo que cuesta la totalidad de una nueva campaña agrícola de algo más de .90 millones de toneladas, aproximadamente 35/37 000 millones de pesos» (Susana Merlo, Campo 2.0,2 de noviem­bre de 2010).

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Sabemos que en la Argentina las retenciones existieron desde el siglo xix, cuando la Aduana de Buenos Aires era la única fuente de re­cursos del Tesoro Nacional (en 1864, representaban el 33% del gasto público total; entre 1888 y 1916, desaparecieron y luego se reinstala­ron, salvo en 1958,1962/1987 y el 1992-2002). En 20.02, las retenciones fueron introducidas sin consulta ni aprobación parlamentaria. Hay ar­gumentos a favor y en contra de este instrumento de política econó­mica. No es satisfactorio por sus efectos negativos sobre la producción: reduce la rentabilidad de los productores y disminuye incentivos para adoptar nuevas tecnologías, especialmente, sobre las exportaciones. En general, es considerado un impuesto distorsivo. Otros lo defienden como un valioso recurso fiscal, un instrumento contra posibles conse­cuencias nocivas de la especialización primaria. Su impacto es positivo en la distribución del ingreso, y baja el precio de consumo de alimentos (cuando es sobre productos agrícolas)56.

A partir de cierto nivel de precios internacionales, el fisco se apro­piaba del 95% del aumento marginal del precio de la soja (el productor solo recibía el 5% de cada dólar de aumento). El proyecto presidencial puso al país en vilo, pues el paro duró 129 días. Miles de manifestantes en todo el país se rebelaron contra la medida, que les causaba un perjui­cio directo a grandes y pequeños chacareros y propietarios.

Lousteau renunció el 25 de abril porque, según se dijo, se enfren­tó con el expresidente Kirchner y el secretario de Comercio Moreno. Lo cierto es que, imprudentemente, había puesto a la presidente en un brete de donde le sería difícil salir, salvo dando marcha atrás.,O estaba convencida de su decisión o no quería aceptar su error. El 23 de marzo, cinco camioneros protagonizaron un enfrentamiento con ruralistas en la ciudad de San Pedro, mientras la presidente, para desacreditar a los productores los acusaba dé organizar «piquetes de la abundancia» (ha­bló de «extorsión» y de «las camionetas 4x4»). Dijo estar dispuesta al diálogo si levantaban el paro, pero esto no ocurrió.

El Gobierno dejó pasar el tiempo creyendo en el desgaste de la protesta, pero esta cobró vigor en todo el país. El 15 de junio, uno de los líderes del movimiento de rebelión, Alfredo De Angelis, fue dete-

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nido por la Gendarmería cerca de Gualeguaychú, pero después de las puebladas en Entre Ríos y gran parte del país, tuvieron que liberarlo para no provocar reacciones mayores. En las ciudades, empezaron los «bocinazos» y los «cacerolazos» y en Palermo (Buenos Aires) el día an­terior a la votación en el Congreso una multitudinaria manifestación (más de doscientas mil personas) hizo comprender al Gobierno cuán ■ popular era la causa del campo. Lo que hizo fue mandar, el 17 de junio, un proyecto de Ley al Congreso para que sea este fuera el que decidiera la cuestión. El proyecto sobre retenciones y compensaciones a peque­ños productores se aprobó en Diputados. El 17 de julio en el Senado se votó, y el vicepresidente Cobos, entrada la medianoche, debió des­empatar. En medio de un silencio sepulcral, con voz vacilante, dijo: «Mi voto no es positivo». El proyecto fue así rechazado. Pero las retenciones siguen vigentes en 2011.

La presidente, tal como se había comprometido, ordenó, al día si­guiente, dejar sin efecto la Resolución 125/08 que ella había mandado dictar en ejercicio de atribuciones que le daban las facultades delega­das por el Parlamento. Este fue uno de los conflictos con el agro. La po­lítica intervencionista fue permanente.

El campo argentino con trabajo arduo, innovación tecnológica y un decisivo mejoramiento de gestión, ha sabido utilizar las ventajas natu­rales de nuestro país para aprovechar las oportunidades de un mercado internacional que, luego de cuatro décadas de caída constante de pre­cios, experimenta un alza acelerada. Solo en 2007, el índice de precios combinado de alimentos aumentó el 27% (fuente: FAO).

Este conflicto permitió, una vez más, poner en evidencia la importan­cia que la producción agropecuaria tiene en la vida económica argentina.

Nuevas formas de participación social

Desde principios de siglo xx la inserción laboral y la participación política eran los dos principales caminos que tenía el pueblo para inte- ractuar en la sociedad. En lo laboral, el ser humano, además de valorizar

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sus aptitudes personales a través de salario o de una ganancia, se hacía acreedor de una serie de derechos y obligaciones en torno al trabajo y la empresa que lo ayuda a mejorar su condición de vida. La política, en el marco de los partidos y los movimientos políticos lo transformaba en un actor de su destino y lo hacía responsable frente a la sociedad. Los sindicatos, representando al trabajador asalariado, lideraban el comba­te colectivo para la mejora de los derechos y beneficios sociales. Para ese pueblo que participaba en el esfuerzo colectivo de ia producción, el salario era una forma de asegurarse el futuro. "

La actividad política articulada a través de los partidos integraba al ciudadano al debate de ideas, socializando así su participación en la toma de decisiones colectivas.

La educación pública obligatoria, además de plasmar la naciona­lidad en la mente y valores de todos los ciudadanos, tenía como para­digma central el ascenso social a través del conocimiento y la aptitud para el hacer. El respeto a la cultura y la instrucción pública fueron una constante popular que caracterizó nuestro modo de ser, porque aquí nadie hasta hace pocas décadas debió obligar a un niño a ir al colegio.

Esa sociedad más o menos estructurada alrededor de un Estado que mantuvo un rol dominante, aun cuando con matices de interven­ción diferentes, desde la época de la Organización Nacional, fue trans­formada a partir de la década de los setenta del siglo xx por un proceso de desestructuración que atacó el mundo del trabajo, la política y la cultura.

\Se puede caracterizar ese proceso por lo siguiente: en el mundo del

trabajo hay «desalarización» y aumento de la precariedad laboral y des­ocupación (en la Argentina esta había sido tradicionalmente mínima). En lo político, con motivo de la crisis económica y financiera, se produce un desprestigio de la dirigencia y una dilución de los partidos políticos como espacios simbólicos de identidad y proyecto nacional. En lo cul­tural, los paradigmas tradicionales de respeto a la inteligencia y la ilus­tración —M' hijo, el dotor— y el esfuerzo del trabajó como disciplina són reemplazados por la apariencia del éxito económico, el hedonismo y el facilismo de los logros rápidos. Esos proceso fueron coetáneos a la

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desvalorización de lo que representa el Estado de acuerdo con las con­cepciones clásicas y de la secularización de lo privado.

Esta transformación está impulsada por la desindustrialización (en 1970, la industria manufacturera aportaba el 30,02% al PBI; en el 2000, solo el 16,49%). La tasa de desocupación, que en 1970 fue del 5,17 %, pasó al 15% en el 2000 y a más del 18% en el 2003. Los índices más dra­máticos se encuentran al calcular los hogares y las personas por debajo de la línea de la pobreza en los centros urbanos. Mientras en 1970, el total urbano de personas en esa condición era el 4,6%, llegaba en el 2003 al 54% para quedaren 2009 en 33,4%. Este último porcentaje sig­nifica que 13 404 898 personas están en la Argentina bajo la línea de la pobreza. Las estimaciones oficiales indican el 13,6%. Sin comentarios57.

No cabe duda que nuestro país ha sufrido una catástrofe social que transformó a la sociedad, aun cuando los sectores preservados de la caí­da quieran esconderse en los countries, consumir más en los emblemá­ticos shoppings o evitar el debate sobre el desarrollo y la distribución del ingreso. Esta involución —que alcanzó a toda América Latina— fue con­secuencia de las dictaduras padecidas a partir de los años sesenta y de la incapacidad y la insensibilidad de las élites políticas que las sucedieron.

La Argentina es hoy uno de los países de América Latina donde la riqueza está peor distribuida. El ingreso promedio del 10% más rico es treinta veces más alto el de los que reciben el 10% menos58. Esta deba- ele social se produjo durante la gestión de gobiernos constitucionales. Hay muchos estudios de este fenómeno de transformación social que sufrió la Argentina, pero cualquiera sea la óptica o el criterio de evalua­ción que se tenga, ello ha repercutido negativamente en el universo de la política. En general, todos los análisis ubican el comienzo del proceso de deterioro en 1976.

En la sociedad argentina, hasta los años ochenta, más del 70% de la población trabajaba bajo un sistema salarial formal, mientras que a fines de la primera década del siglo xxi lo hace solo un tercio de la población activa; otro tercio de la población trabaja en condiciones ilegales, con salario bajo y no declarado, ajena a toda protección. Aproximadamente, el 20% está sin trabajo.

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Estos nuevos pobres o excluidos de las redes de protección social viven en un universo con valores, creencias, hábitos, en fin, con una cul­tura política que poco tiene que ver con lo que fue.el mundo popularanterior a la década de los cuarenta, Son las víctimas de una economíat

que los excluyó y de una política que los usa. Estos segregados viven en un doble combate de protesta y supervivencia. Ño luchan para pre­servar derechos adquiridos, sino para hacerse reconocer la calidad de excluidos, desocupados, pobres. Es un país lateral caído del mapa de una Argentina que fué. - • *

Se hallan al'cóstado de los asalariados sindicalizados, que tienen obras sociales y pagan jubilación. Los más jóvenes de este universo se­mejan «cazadores» que entran y salen, buscan como sobrevivir al borde de una ciudad que tira la comida mientras ellos reciclan los desechos.Los rodea el espejismo de la droga. Vegetan como potenciales duda-

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danos de una república cuya constitución ignoran, en un estado pre- político. Son la clientela de una democracia delegativa que les paga la sumisión, con una promesa siempre incumplida. El Estado los clasifica y les da planes de ayuda. De la política nada pueden esperar en medio de una catarata de palabras, porque en la Argentina la pobreza pasó de menos del 5% de la población urbana a un tercio en 2010. Una serie de factores ha desinstitucionalizado la relación laboral. Es esa población que vive hace más de una generación acosada por el hambre y la-ausen­cia de los servicios más elementales que brinda la sociedad moderna.

Esta transformación de la sociedad argentina produjo, entre otros, dos fenómenos que merecen destacarse: huevas formas de expresión po­lítica en el espacio público y adhesiones a grupos o partidos políticos que, fuera de los cauces tradicionales, intentan representar las aspiraciones de esa «otra» Argentina. Entre las nuevas formas de expresión, pueden des­tacarse los asentamientos, los piquetes, los cortes de ruta, las organizacio­nes barriales. La pobreza y la desocupación han creado una situación que permite justificar el título de la obra de Daniel Kohen: Marea roja59.'

En los años recientes, este proceso comenzó con los asentamientos de )9Q6, en el Arroyo Mario, cuando un grupo de vecinos ocupó tierras después de que la inundación se llevó sus casas, y se formó un nuevo

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barrio: El Tambo. En ese acto había «una clarísima utopía social». Eran cientos de personas que se organizaban «para proveerse de los más elementales bienes de existencia: agua, abrigo, instalaciones sanitarias, electricidad (...). La vida estaba en juego. Había que organizarse, lo que significaba cooperación y solidaridad»60.

El anhelo de tener casa propia y un espacio vital para la familia, se diferencia en este caso de la «villa de emergencia». Denis Merklen expli­ca la diferencia entre las villas y los asentamientos: «en los asentamien­tos se trazan las calles y se subdlvide el terreno en lotes y manzanas (..,), se dejan espacios libres para los equipamientos colectivos, la escuela, la plaza, el centro deportivo.Tienen aún la memoria de"la casa propia", un sueño que fue realidad para muchas generaciones».

Es decir, los asentamientos son la representación simbólica de una utopía. Hemos visto el «ordenamiento» con que se hizo, a fines de 2010, la Invasión del Parque Indoamerlcano por cientos de familias; demarca­ban el Parque en lotes.

El territorio barrial es una forma de conectarse con las instituciones y un punto de apoyo a la acción colectiva. Los asentamientos son mo­vimientos sociales en donde los asuntos comunes se resuelven a través de asambleas, elección de autoridades y delegados. Se trata de cons­truir un barrio. Para Merklen, el concepto de «barrio» y «vecino» es el «cimiento ideológico de los asentamientos».

Ante la ruptura del mundo del trabajo y la desarticulación de las protecciones sociales, hay un «fortalecimiento de lazos de cooperación y de proyección hacia la sociedad estructurados a nivel local61».

La precariedad y la falta de trabajo asalariado han hecho que una parte de los argentinos se desprenda del cuerpo social. Se convierten en pobres, desclasados. Son los «ciudadanos pobres» desafiliados. Dado que los sindicatos no tienen la presencia de antaño en las decisiones del Estado, no garantizan la protección social, no pueden combatir el traba­jo «en negro» y no encuentran paliativos para los que son expulsados del trabajo asalariado.

Otros de los instrumentos de acción de estos grupos son las mo­vilizaciones urbanas, las protestas y los cortes de rutas o de calles. Son

55°

acciones de defensa de derechos y de conquistas. Como no hay discu­siones orgánicas a nivel Institucional sobre temas que les interesan a los sectores populares por la anomia Institucional imperante en el país, los pobres toman la calle. Ello ocurrió en 1989, en 2001 y durante los dos mandatos de los Kirchner. Más que la revuelta de una sociedad civil frag­mentada, se puede ver en todo esto la formación.de una nueva politici- dad de las clases populares, o sea, de otras formas dé expresión en las nuevas circunstancias democrátlcas.También como una forma de lograr la inserción política y social porfuera de las vías institucionales de los vie­jos partidos políticos, como las huelgas y las manifestaciones callejeras. Los cortes de ruta tienen como objetivo presionar a las autoridades, blo­queando de algún modo la vida social y perturbando el orden público.

Los estallidos fueron revueltas populares que se dieron a partir de 1990, provocando la destitución de gobernadores en Chubut, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Corrientes. Fueron el présagio de lo que en 2001 daría por tierra con el gobierno de De la Rúa. La Ira popular se volcó en saqueos, ataques a la residencia de los gobernadores, incendió de edificios de instituciones públicas. Esto fue precedido por la suspen­sión de salarios estatales: «no es tanto la miseria o la crisis económica lo que provoca la explosión de la sociedad civil, sino |a incapacidad, la negligencia o la indiferencia del poder frente a esta situación»62. Los piquetes se dieron por primera vez en junio de 1996 en dos ciudades petroleras de la provincia de Neuquén: Plaza Huincul y Cutral Co, a raíz de la amenaza de cierre de pozos petroleros, debido a la privatización de YPF. Los habitantes cortaron la ruta que atravesaba dichos pueblos y que une Neuquén a Zapala. Los piquetes duraron varios días. A partir de entonces, el reconocimiento de las nuevas organizaciones como ac­tores sociales se convirtió en un hecho instalado en la opinión pública.

Las organizaciones barriales — otra forma de participación— se multiplicaron en los barrios populares: parroquias católicas y otras iglesias, centros de salud, escuelas, ONG, además de grupos forrriados alrededor del fútbol, la música, la droga y múltiples partidos políticos. Dentro de este contexto, se sitúan las «manzaneras», delegadas de un proyecto de asistencia alimentaria creado por .Eduardo Duhalde en

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1994, cuando era gobernador de Buenos Aires. La coyuntura electoral

de fines de los noventa puso a las «manzaneras», en el centro del debate

público. Durante su mandato como gobernador de la Provincia de Bue­

nos Aires, Duhalde, creó un dispositivo de asistencia social alrededor de

estas delegadas. El gobernador conocía ya la experiencia de los asenta­

mientos desde sus comienzos de intendente de Lomas de Zamora. No

obstante, dio un contenido diferente al plan de asistencia social llevado

a cabo a partir de 1994. En principio, el Gobierno de la provincia de Bue­

nos Aires integró a las delegadas en el Consejo de Familia, a través del

Programa Vida, que lo relacionó con los grupos familiares.

El programa determinó que los delegados de manzana serían mu­

jeres. Según las cifras oficiales, las «manzaneras» trabajaban en 2107

barrios habilitados por acuerdos entre el Consejo de la Familia y cada

municipalidad. Eran elegidas por su propio barrio y prestaban sus servi­

cios en zonas de concentración de pobreza extrema, distribuyendo una

cuota semanal de alimentos para los niños de menos de seis años, como

por ejemplo cincuenta litros de leche por día, un kilo de cereales, fideos

y azúcar. Las «manzaneras» fueron 30 490 mujeres que no percibían

ningún salario; eran acompañadas por 6484 parteras que asistían a las

mujeres embarazadas. El programa tuvo un presupuesto de alrededor

de doscientos millones de dólares por año.

En agosto de 2002, existían 122 Asambleas en la Ciudad de Buenos

Aires y 329 en todo el país. Las asambleas mostraron una notoria hetero­

geneidad en su composición, integrada por profesionales, estudiantes,

jubilados, desocupados, trabajadores estatales y privados, entre otros.

Podían encontrarse activistas sociales y políticos de diversas tendencias,

personas sin experiencia política previa, exmilitantes y hasta algunos

funcionarios de segundo nivel del Gobierno de la Ciudad. En enero de

2002, inició sus actividades un espacio de coordinación conocido como

«la interbarrial», que funcionaba en el Parque Centenario.

i i -^-marión de la vida social en la Argentina, en lo referente a

favor del Gobierno, a partir del 2003, son armados con gente que se «lle­va» en ómnibus. El mundo popularconocido desde los años cuarenta se ha transformado. Aquel militante desapareció. ¡

Las organizaciones piqueteras desarrolladas en. todo el país, se transformaron en redes sociales que manejan planes y recursos que las vinculan. Los piquetes son pequeños ejércitos ofensivos, y el barrio es un bastión de resistencia.

La Iglesia católica fue una de las primeras instituciones que com­prendió esta nueva sitúación. En casi todos los barrios y villas hay «curas de base», capillas y comunidades. Otro fenómeno que merece destacar­se es la aparición, durante la democracia, de nuevas organizaciones po­líticas sustentadas en los episodios de diciembre de 2001, el colapso de la convertibilidad y la exclusión de una parte de la población, sumida en el desempleo y la pobreza a niveles nunca conocidos en la Argentina. Al­gunos grupos de izquierda llegaron a concebir los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 como un período «prerrevolucionario» de agitación, propaganda y organización. Para Daniel Kohen, este período es una «nueva etapa histórica»63. En ese caldo de cultivo se potenciaron los movimientos sociales piqueteros que, a partir de diciembre de 2001, se dividieron, por un lado, en la Federación de Tierra y Vivienda (CTV) liderada por Luis D'Elía y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) prove­niente de los asentamientos de La Matanza y, por otro, el Polo Obrero. D'Elía trató de integrar lo territorial en las estrategias sindicales, mientras Juan Carlos Alderete ubicó el eje de su activismo en la desocupación.

La CCC tiene tres vertientes: la sindical, surgida en 1994 y. dirigida —hasta la expulsión del partido— por el estatal jujeño Carlos «Perro» Santillán; la rama de jubilados, que ingresó a la CCC en 1966, bajo el liderazgo de Raúl Castells; y la de desocupados, que nació en 1998, con­ducida por Juan Carlos Alderete64.

Las jornadas de diciembre de 2001 son la causa de la creación de ramas piqueteras dentro de los partidos de izquierda. El Partido Revo­lucionario de Liberación (PRL) conforma la coordinadora de unidad ba­rrial (CUBA) a principios de 2002; el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Revolucionario Socialista (PRS) y el Frente Obrero Socialista

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(FOS) crearon la Federación de Trabajadores Combativos (FTC) en 2002; el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST-TV); el Partido Comunista creó el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), que actuaba dentro de la FTV; el Partido Obrero (PO) creó el Polo Obrero (PO) en 1999.

Los movimientos populares piqueteros han provocado muchos incidentes, frente a los cuales el gobierno de Kirchner demostró tener un doble discurso. Se declara «hijo de las Madres de Plaza de Mayo», pero sabe que en última instancia debe mantener el orden. Mientras De la Rúa tuvo dos muertos en el puente que une Corrientes con Re­sistencia y más de una docena en diciembre de 2001, Kirchner no tuvo ningún muerto por estos conflictos callejeros. Dice Daniel Kohen que los acontecimientos de ocupación de tierras en Jujuy en agosto de 2011 han introducido claramente una dimensión clasista en las protestas. La impotencia del Gobierno jujeño para resolver el conflicto al solicitar la intervención de Milagros Sala ante el movimiento de ocupación de tie­rras presupone, quizá, la existencia de lo que se llama un «Estado débil».

Desde la asunción de Néstor Kirchner, en mayo de 2003, el Gobierno nacional avanzó firmemente ert la dirección de no reprimir la protesta social, en un momento donde, desde el «piquete y cacerola, la lucha es una sola», los estratos medios de las grandes ciudades del país, al calor de la recuperación económica y la acción desarrollada por los grandes medios de comunicación, iban virando hacia posiciones antipiqueteras.

Un ejemplo destacado de esta nueva forma de participación social de las organizaciones barriales es la Tupac Amaru, creada por Milagros Sala, que ha desarrollado una importante acción solidaria en Jujuy, en­tregando miles de viviendas, creando centros asistenciales, ayudando y estimulando la ocupación. Recibe cuantiosos subsidios y tiene una vo­cación por defender la cultura y los intereses de los pueblos originarios. Moviliza multitudes y tiene una creciente presencia política.

Junto a estas expresiones y reclamos muchas veces justificados, aun cuando los métodos en un estado de Derecho no sean legítimos ni legales, ha germinado un resentimiento social que es necesario des­tacar. Un odio de clases que en la Argentina solo existió, como ejercicio dialéctico, entre pequeños grupos intelectuales.

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En medio del conflicto con el campo, Luis D'Elía declaró a la prensa, luego de calificar de «golpistas genocidas» a los ruralistas, «me moviliza el odio visceral contra la oligarquía» (La Nación, 28 de marzo de 2008). En ese mismo momento, mientras grupos opuestos a la política del Go­bierno se concentraban en el Obelisco, para marchar hacia la Plaza de Mayo, los manifestantes se enfrentaron con la agresión verbal y física de organizaciones de la protesta social como Quebracho.

Diego Maradona, el célebre futbolista, conmocionado por la vio­lencia de las agresiones piqueteras dijo que, dolido por lo que les pa­saba a los provincianos, «nunca había visto a ningún chacarero vestido con Versace».

Los piquetes adoptan conductas francamente delictivas en ciertas circunstancias. Algunos trabajadores de Kraft Foods tomaron de rehe­nes a directivos que no querían plegarse a la medida de fuerza. Mientras sucedían esos episodios en Pacheco, una agrupación denominada Mo­vimiento de Desocupados tomaba, en Tartagal, Salta, una planta de gas

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de la empresa Panamerican y quemaba dentro de ella dos automóviles.Una semana más tarde se supo que el secretario de Comercio, Gui­

llermo Moreno, amenazaba con «quebrarle la columna y hacerle saltar los ojos» a un grupo de representantes en Papel Prensa. Aun cuando se tratase de un exabrupto verbal, la Argentina no estaba ni está a resguar­do de repetir un nuevo ciclo de violencia.

Si bien hacia 2002, en el ocaso de la convertibilidad, se llegó a con­siderar que la política popular pasaba por los movimientos sociales, y surgían nuevos conceptos sobre la politicidad, en el 2010, los sindicatoshabían regresado a la escena política, con su organización, sus bande-/ras y sus movilizaciones. Volvieron nuevamente a ser interlocutores, con una fuerza que no se observa en otros países de América Latina.

El 13 de noviembre de 2009, los noventa pbispos de la Argentina reunidos en la Asamblea Plenarla del Episcopado advirtieron en su do­cumento sobre «la violencia verbal y física» que asolába la Argentina. Frente a la multiplicación de conflictos, señalaron los obispos «la falta dé respeto a las personas e Instituciones, el crecimiento de la confllctivi- dad social y la descalificación de quienes piensan distinto».

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T o d a v ía s o ñ a m o s

La placa tectónica sobre la que se asienta la Argentina imagina­ria se movió para generar una opción de vida diferente. El desamparo invadió la atmósfera social de la Argentina desde el momento en que la política abandonó los ideales para transformarse en mercadería y el trabajo que había asegurado el porvenir de muchas generaciones, se hizo para la mayoría tan precario, que borró las certezas del presente y la confianza en el porvenir.

Las dictaduras, una república excluyente, el declive económico y la guerra alucinaron la mente de los jóvenes cuando, además de aquellos infortunios, ccpmprendieron que la sociedad en que vivían, iba a ser pi­sada por el poder de los de arriba, dominada por el imperio del dinero y asfixiada por la pérdida de antiguos ideales. La Argentina culta, popu­lar y creativa abandonó a muchas familias que se refugiaron en barrios alternativos, aguardando el momento propicio de volver del exilio. De un exilio de los servicios más elementales de la vida civilizada, de la se­guridad que otorga un trabajo, del goce de la propiedad, de la riqueza que brinda al corazón el conocimiento y de la cultura de sentirse prota­gonista de un orden político que podía haberle dado su lugar. Se formó como un espacio nuevo, desamparado, donde la supervivencia parece un combate contra lo que forma el entorno e incluye la indiferencia. Un espacio que la política abandonó. El poderse acantonó en la república absoluta. Los derechos de los más desunidos se transformaron en pro­visiones de dinero para disimular la pobreza.

En ese mundo lateral caído del mapa, está una gran parte de la po­blación argentina que vive en la pobreza, carece de educación, no goza de higiene ni de agua corriente ni de cloacas, en fin, son argentinos que por incompetencia, egoísmo, o imprevisión de los grupos dirigentes, han sido despojados de la posibilidad de recibir los beneficios materiales y culturales que la Argentina ofreció a todos sus habitantes. Se abando­nó el paradigma del ascenso social para reemplazarlo por la ideología de «derrame económico». Pero los dirigentes que sostenían esta premisa, no sabían que en la Argentina el «derrame» és de abajo hacia arriba.

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Con todo, en ese mundo marginal donde el alcohol y la droga cau­san la ruina moral y física de muchos jóvenes, existe una incuestionable fuerza espiritual creativa que se expresará con toda su vitalidad cuando se abran las compuertas que los excluyen del mundo ascendente, pro­ductivo y conectado de la comunidad organizada^ la cultura.

Esas familias aguardan un tiempo nuevo, los mayores con resigna­ción y humildad; los jóvenes con rabia y rebelión. Los adolescentes es­peran confiados para, por lo menos, poder sobrevivir en un mundo de hambre, falta de higiene y abandono.

Muchas organizaciones y redes sociales hacen esfuerzos para que la etapa del exilio que padece un tercio de la población sea más lleva­dera, paliando carencias, entregando amor a los más frágiles. Miles de grupos organizados para la solidaridad prestan su asistencia y amparo a los que tienen hambre y sed de justicia. La Iglesia católica y Caritas, su principal ONG, han desplegado una enorme red de asistencia espiritual y material extendida por todo el territorio nacional. Casi todas las villas precarias tienen una capilla y un dispensario sostenido por los católicos, y representantes de otros credos hacen una labor ennoblecida por la solidaridad, también con gran eficacia y dedicación.

Frente a las terribles crisis económicas y la desaparición de la so­ciedad que hizo del guardapolvo blanco de los niños y del trabajador símbolos de la nacionalidad, cuando la ciencia y la educación eran ob­jetivos irrenunciables, al costado del derrumbe de esa Argentina imagi­nada, existe otra fuerza nueva y contundente que no ha depuesto sus designios de hacer más digna laVida de todos süs habitantes.

También existe un universo donde creadores, hacedores, escritores y músicos que a partir de la protesta y la esperanza cantaron «aventuras mar­ginales donde el alcohol es combustible obligatorio y donde la libertad es simplemente hacer lo qUe uno quiere sin preocuparse de los demás»65*

En ese universo, el rock nacional se desarrolla como la música re­presentativa que se transforma en una máquina de cuestionar la socie­dad y en un estímulo que permite soñar a la juventud. A veces violento y sórdido, gritón, desarrolla sin duda una estética que se identifica con el país lateral que espera y soporta. En los años sesenta, era el «no a

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lo establecido», el pelo largo combatido por la policía, los jeans y las zapatillas.

Esta juventud marginal, a pesar de su exilio de la verdadera ciuda­danía, vibró al compás de los acontecimientos políticos. Por eso cree­mos que sus expresiones musicales o literarias son también representa­tivas de una parte de Argentina

A partir de los primeros años del siglo XXI, luego del colapso eco­nómico, se generó un resentimiento creciente. José Gobello considera que en los años recientes hay una violencia de conductas y actitudes en estos jóvenes de las villas y barrios. Gobello y Marcelo Oliven, en su libro Tangueces y lunfardísimos en la cumbia villera, dicen que esa violen­cia «parece manifestarse ahora en el aire combativo e impreso en los bailes y las canfciones que ya no son instrumentos de lo que hace vein­te o treinta años se entendía por diversión sino danzas y gritos de una guerra que no es política ni ideológica sino lisa y llanamente social. La democratización de la droga, la violencia y la lujuria destilada por los medios de comunicación social, el descuido de la educación pública y de la formación de hábitos de vivir y convivir, dan tema a los llamados comunicadores a los autores de libretos televisivos (...) para que (...) el vicio sea «mucho más atractivo que la virtud»».

Dice Gobello que, ese escándalo no son las villas miseria, sino la so­ciedad toda, como las «élites atrincheradas en su orgullo y en su egoís­mo hacia las clases inferiores que desde siempre han imitado a los de arriba y desdeñado a los de abajo»66.

La música fue un testimonio de protesta social ante la triste reali­dad de observar impotentes que «sus padres pierden el empleo y sus vidas se deterioran vertiginosamente». Había algo que se parecía al gri­to de la juventud inglesa en 1976/77: No future67.

Pero la vida civil .fue empobrecida por la política, y la economía poco ofreció a la juventud de la Argentina lateral. Se perdió la esperan­za y los Redonditos de Ricota, banda que llegó a ser mítica, introdujo la violencia del «pogo» (saltar y golpearse), los códigos de la cancha, la hinchada. Como dice Sergio Marchi, en su obra El rock, de los hippies a la cultura chabona, «se fue creando una ideología difusa, contradictoria y

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prepotente, que el rock asimiló por ser el nuevo código adolescente, jo­ven, nacional. Una manera de pensar que encaja con el modo argentino informal de hacer las cosas y de no preocuparse por el otro, amparada por la inexistencia de sanción ante el quiebre de la ley».

La clase media pauperizada se convirtió en un nuevo fenómeno sociológico, y el rock fue testigo de aquélla caída, todo esto, coronado por un brutal desprecio hacia lo que el Estado pudiera hacer en torno a la salud o la educación, terminó por configurar una sociedad violenta y desigual (Sergio Marchi).

Ante el dgcáimiento del rol del Estado muchos grupos humanos vuelven hacia la parcela que cobija y da identidad: el barrio. Allí aparece, de la mano de la cumbia villera, un lenguaje que describe lo que pasa. La delincuencia, las drogas, el lenguaje «tumbero» o carcelario que re­fleja el deterioro social, educativo, económico y de costumbres que trae aparejado el declive y la crisis económica. Esto és decisivo en la época de la convertibilidad, con el cierre de fábricas y el aumento de la des­ocupación.

Pero no debemos basarnos en esas conductas violentas para de­finir la naturaleza cultural de la juventud y sus familias en la Argentina lateral. Levantan las banderas de la «libertad», son pacíficos en su visión política, pues no exaltan el enfrentamiento armado. Sus canciones son himnos universales. A pesar de la marginalidad de esa juventud de la Argentina lateral, existe una aspiración profunda de ascenso social y cultural que tiene por ideal superar el dolor y el vicio. La Argentina es un lugar donde el sol puede brillar p'ara todos. En homenaje a esa juventud que ansia progresar hemos titulado este subcapítulo, en recuerdo de esa canción de Víctor Heredia, cuya letra dice: Todavía cantamos/Toda­vía pedimos/Todavía soñamos/Todavía esperamos.

Es la política la que debe asumir su responsabilidad desterrando la frivolidad y la ignorancia que ha provocado sú incompetencia, al olvidar que su finalidad es el bieh común. Este pueblo argentino ambiciona ser mejor y no ha perdido la esperanza.

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Notas al capítulo VI

1. Novaro, Marcos (2009)2. Aboy Caries, Gerardo (2004)3. Déla Balze, Felipe (1993)4. Lobato Zaida, Mírtay Suriano, Juan (2000)5. Aboy Caries, Gerardo (2004)6. Aboy Caries, Gerardo (2004)7. Clarín, 18 de abril de 19878. La Nación,19 de enero de 19889. Jaunarena, Horacio (2011)10. Basualdo Eduardo (2006)11. Basualdo, Eduardo (2006)12. Clarín, 21 de junio de 198513. Basualdo, Eduardo (2006)14. Todesca, Jorge (2006)15. Sídicaro, Ricardo (2002)16. Memoria de la SRA (1990-91)17. Sidicaro, Ricardo (2002)18. Marcelo Diamand y Hugo Nochteff

citados por Sidicaro, Ricardo (2002)19. Sidicaro, Ricardo (2002)20. Sidicaro, Ricardo (2002)21. Menem, Carlos, discurso inaugural

de la 103.a Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria, Sociedad Rural Argentina, 12 de agosto de 1989

22. Senen González, Santiago y Bosoer Fabián, El sindicalismo en tiempos de Menem, Buenos Aires, Corregidor,1999

23. Todesca, Jorge (2006)24. Todesca, Jorge (2006)25. Todesca, Jorge (2006)26. Basualdo, Eduardo (2010)27. Basualdo, Eduardo (2010)28. Basualdo, Eduardo (2010)29. Basualdo, Eduardo (2010); Lanata, Jor­

ge (2005); Solanas, Fernando30. Mussa, Michel (2000); Olmos, Alejan­

dro (2004)31. Novaro, Marcos (2009)32. Coromiris, Charles, Lecciones de Brasil

y la Argentina, FIEL, 200033. Mussa, Michel (2000)34.' Camdessus, Michel, discurso en Nue­

va York, 15 de septiembre de 1998, Boletín FMI, 5 de octubre de 1998.

35. Krugman, Paul, Argentina s Money Monomanía, Sitio Oficial P.K. en MIT, Harvard, diciembre de 2001

36. Entrevista del autor con Jorge Remes Lenicov

37. Lavagna, Roberto (2011)38. Kirchner, Néstor, declaraciones ante

representantes de la SIP, 4 de marzo de 2005

39. Clarín, 26 de diciembre de 200640. Quiroga, Hugo (2010)41. Quiroga, Hugo (2010)42. Lanús, Juan Archibaldo, Clarín,

20 de noviembre de 200843. Espeche Gil, Miguel Ángel (1989)44. Todesca, Jorge (2006)45. Todesca, Jorge (2006)46. Castiñeira, Ramiro (2010)47. Castiñeira, Ramiro (2010)48. Héctor Giuliano (2011)49. La Nación, 21 de marzo de 2009.50. Romero, Luis Alberto (2009)51. 2009 Investment Clima Statement

Argentina (9 de abril de 2010)52. Roberts, James, EconomicFreedom,

22 de abril de 201053. Quiroga, Hugo (2010)54. Huergo, Héctor (2009) ¡55. Huergo, Héctor (2009)56. Castro, Lucio y Díaz Frers, Luciana

(1998)57. Ferreres, Orlando (2010). (fuente:

Observatorio de la Deuda Socialde la Universidad Católica Argentina)

58. Merklen, Denis (2010)59. Kohen, Daniel (2010)60. Merklen, Denis (2010)61. Merklen, Denis (2010)62. Kohen, Daniel 2010)63. Kohen, Daniel (2010)64. Kohen, Daniel (2010)65. Marchi, Sergio (2005),66. Gobello, José y Oliveri, Marcelo

(2003)67. Revista Sudestada, N.° 95 (2010)

Capítulo VII

Los desafíos ii

En las antiguas culturas precolombinas, existía un concepto que significaba la unión entre dos opuestos que se complementan y enri­quecen. En lengua quechua este concepto se expresaba con una pala­bra: tinkuy.

Al recorrer algunos aspectos de la política y de la cultura en la Ar­gentina, encontramos que con frecuencia los principales actores de la vida social expresan voluntades antagónicas que no se complementan ni enriquecen. Se rechazan, se oponen, no coinciden en los designios que persiguen. Joaquín V. González, al analizar el comportamiento his­tórico en el primer siglo que transcurrió hasta el Centenario, dice que en la Argentina prevalece la «ley de la discordia» — «hidra feroz»— que se manifiesta como un «vértigo disolvente«. Es ío contrario a lo que ex­presa tinkuy. - .

Un carácter que también aflora como una constante histórica es la tendencia a concebir la política y sus objetivos como una acción que persigue la preeminencia. Se trata de dominar, dé tener razón, sin estar sujeto a la ley, sin respetar ningún equilibrio, utilizando al Estado como un instrumento. Ep los hábitos de nuestros gobernantes aflora, con fre­cuencia, un carácter absolutista que distorsiona la naturaleza republica­na que tiene nuestro ordenamiento político. Estas y otras modalidades de nuestros hábitos políticos y la falta de respeto al orden legal estable­cido, han sido causas que obstaculizaron el logro de los idealés funda­cionales de la Argentina.

Gerardo Della Paolera, un economista argentino, presidente de la Red de Desarrollo Global con sede en Delhi (India) y exrector del Institu­

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to Di Telia decía que «nuestro país tiene en su historia una serie de ben­diciones que, en el fondo, no se sabe si lo benefician o lo perjudican».

Nadie entiende en el exterior cómo la Argentina está como está. Yo estoy viviendo en la India, un país con 1300 millones de habitantes, donde se hablan más de 100 lenguas y no hay ningún idioma que unifique la nación. Nadie com­prende que un país que tiene 2.600.000 kilómetros cuadra­dos, la riqueza de la Argentina y 40 millones de habitantes no pueda tener un Producto Bruto Interno (PBI) de 25.000 dólares per cápita. Ni yo puedo dar respuesta tan clara a qué se debe que la Argentina tenga un PBI de 8000 dólares. Na­die entiende que desperdiciemos así nuestro país y cómo no podemos ponernos de acuerdo para lograr una nación via­ble. (Gerardo Della Paolera. La Nación, 23 de enero de 2011)

Hay varias causas que dificultan la realización de las ambiciones que la mayoría de los argentinos tienen para su país. Son como bacilos que impiden el funcionamiento de un orden político, condición para la existencia de una sociedad democrática, como veremos más adelante.

Una fuerza profunda emerge del alma argentina que mantiene in­tactos los ideales que fundaron la nacionalidad. Esa fuerza que da rien­da al logro de esos altos designios no abandona al pueblo argentino.

La anemia

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El gobierno por la ley y el respeto de la libertad individual son pi­lares fundacionales de la civilización en Occidente. La ley es una regla general pública, estable y conocida que el ciudadano debe observar, contrariamente, a lo que sucede en otras tradiciones culturales donde el súbdito obedece al mando personal y discrecional de un monarca, cau­dillo o líder guerrero. Como afirma Aristóteles: «el reino de la ley es pre­ferible al de un solo de sus ciudadanos (...) querer el reino de un hombre

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es querer al mismo tiempo el de una bestia salvaje»1. No al mando de los hombres, sino el imperio de las leyes; no a las órdenes particulares, sino a las reglas generales; queremos derechos, no favores.

De los griegos nos viene lo que hoy se llama el «estado de Dere­cho», base constitutiva de la polis que conforma el gobierno de lo que es común a todos los ciudadanos. Esta organización a partir de la ley es el cimiento de las sociedades democráticas y el pilar de la estabilidad y previsibilidad para las actividades que desarrollan privadamente las personas físicas y jurídicas.

Desde el comienzo de nuestra existencia como nación, se constata que las leyes son frecuentemente violadas tanto por las personas priva­das como por los gobernantes. Más aún, el Estado, con regularidad, no respeta las normas generales contenidas en las leyes y, a veces, las nor­mas aprobadas por el Congreso no pueden aplicarse porque el Poder Ejecutivo no las reglamenta, lo cual es una forma de incumplimiento. Con frecuencia, las sentencias judiciales tampoco son respetadas por el Estado cuando le imponen obligaciones que contrarían sus intereses o prácticas administrativas. En la Argentina, cuando la acción u omisión de un funcionario público causa perjuicios a un particular, la responsabilidad económica por el resarcimiento es del Estado, en tanto que la del fun­cionario será administrativa. Por el contrario, en los Estados Unidos, para citar un caso, el particular damnificado puede demandar conjuntamente al Estado, al funcionario a cargo del organismo público responsable y a los agentes que tuvieron directa intervención en la decisión recurrida.

Esta realidad en nuestra historia social está sustentada en creencias y hábitos arraigados. Se invoca como, explicación que el Estado ha de­sertado de la justicia y de la ética en su conducta y que los individuos no se sienten obligados al respeto de leyes porque fueron dictadas porGobiernos ilegítimos. Esta situación ha hecho que en la Argentina sea

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muy grande la imprevisibilidadyquese multipliquen los casos de litigio hasta provocar el colapso de la justicia por la cantidad de procesos que tramitan ante sus estrados. Se comprueba un bajo cumplimiento de las normas regulatorias por falta de controles; los más débiles están des­amparados frente a los más fuertes, con frecuencia, protegidos por la

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impunidad. Se pueden dar golpes de Estado, derribar Gobiernos consti­tucionales y, acto seguido, la Corte Suprema convalida a los golpistas y legaliza sus gobiernos. En fin, por muchas razones más, la Argentina es una sociedad de hecho donde la justicia es aleatoria, el poder arbitrario y la igualdad ante la ley, una ilusión.

Esta tendencia frecuente de no cumplir la ley está, en muchos ca­sos, sostenida por una complicidad de la autoridad o el Gobierno. En este contexto, el tráfico de influencias es constante, a nivel nacional o prov ncial y el cohecho es un instrumento siempre útil para lograr la firm -1 ^rato o para consolidar la vigencia de un derecho.

Existe una diferencia muy ostensible entre el respeto a la ley que tiene, en general, el ciudadano norteamericano y la actitud de un hispa­noamericano, salvo en Chile y en el Uruguay. Esto lo ha analizado muy bien Luis Rappoport en su libro Intolerancia y transgresión2.

La confianza de los norteamericanos en sus líderes deriva del hecho de que creen en la ley y dan por sentado que los líderes van a respetarla. Los hispanoamericanos, al contrario, creen en los hombres y descreen en las leyes. Es interesante observar que los puritanos de Massachu- setts eran pesimistas respecto del ser humano, pero respetaban la ley en forma desapasionada. Ese respeto por la ley, que existió aun antes de sancionar la Constitución, era necesario para controlar los excesos de quienes ejercían el poder. Los colonos en América del Norte crearon organizaciones colectivas de base local que no dependían de complejas estructuras jerárquicas. Las autoridades locales estaban controladas por la ley, los gobernadores tenían sueldos bajos, los impuestos que se pa­gaban a la Corona inglesa eran módicos, y la monarquía era algo lejano, que, si bien tenía representantes locales, nunca integró el imaginario colectivo de la población.

institucional.Acá nadie cree en nada.(Entrevista a Tomás Abraham,y4DA/, 31 de mayo de 2008J

Esta sociedad ha sufrido tantas crisis que tiene anomia

Numerosos testimonios avalan la opinión de que en la América del período hispánico, con bastante frecuencia, no se cumplía con las leyes y que esta situación es una de las características de la vida social con anterioridad a los procesos de independencia. José Ignacio Gar­cía Hamilton, en su obra El autoritarismo y la improductividad, recuerda que: «El Licenciado Mayor, Oidor de la Audiencia de Lima le escribía en 1562 una carta al rey que decía lo siguiente: «Ninguna de las cédulas que se enviaron se ha cumplido. Las provisiones no se obedecen y son instrumentos para robar a los vasallos». El virrey Toledo, en 1570, se expresaba igual: «Se puede decir que de lo mandado por V.M. nada se ha hecho. Voy hallando cédulas dadas por V.M. en favor de los indios no osadas ejecutar por ningunas justicias».

Los encomenderos violaban las leyes tanto como las autoridades.El sacerdote Bartolomé de las Casas alertó al rey.en repetidas oportuni-

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dades sobre el maltrato y la mala alimentación que se daba a los natu­rales, a pesar de la frondosa legislación que en las Indias los protegí?3.

Luego de que el Padre Las Casas hiciera conocer a la Corona el trato cruel que los españoles imponían a los indios en América, el emperador Carlos V dispuso que en Nueva España (México) no se repartieran más indios. Pero Cortés ya había dado encomiendas a su gente cuando la real orden llegó. Alzó sobre su cabeza la Real Cédula y declaró a viva voz que la orden legal se «acataba, pero no se cumplía». Se sometía a la Co­rona, pero desobedecía sus leyes. He aquí el alma de la corrupción his­pánica. Las denuncias de Fray Bartolomé de Las Casas por (as injustas, sangrientas y tiránicas guerras175 de los españoles en América consti­tuyen un alegato desgarrador. Ellos— describe Las Casas— quemaban vivos a los indios, que eran manejados como perros mestizos.

Si en el Río de la Plata se practicaba el contrabando, violando la pro­hibición de comerciar por el puerto de Buenos Aires, que no se hablase de ello era la regla. Hubo lo que se llama hoy un «doble estándar».

En un sistema donde para evitar privilegios, el otorgamiento de en­comiendas se limitaba a dos o tres generaciones, y muchos cargos se vendían, era lógico que el sistema político fuese dientelar y patrimonial. No había derechos definitivos. La Corona quiso evitar por todos los me­

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dios que en América se formara una nobleza o un grupo de poder que pudiese contestar la legitimidad del sistema en cuya cúspide estaba el rey.Todos los derechos (mercedes, reales, encomiendas) fenecían, y era necesario renovarlos. Eso permitía evitar una clase de sujetos que se sin­tiesen seguros en sus derechos frente a la autoridad; la aplicación de las leyes se negociaba.

En estos dominios, la concepción moderna de separación entre lo privado y lo público no llegó nunca; el personalismo era lo habitual. Todo se negociaba y, por ello, la relación con el poder era esencial. El clientelismo establecía una trama de poder en donde se instalaba, orno dice Rappoport, «una relación de dominación, protección e inter­

cambio entre patrón y cliente». Es decir, en la América hispana la ley era indicativa, lo que importaba era la relación con el poder, de allí provenía lo demás. Prevalecía la antítesis del gobierno por la ley.

Gran parte de los personajes de ficción de la literatura argentina manifiestan una insistente desconfianza hacia la ley y un rechazo ha­cia los funcionarios del Estado. Las «leyes» son para los «otros»; para el pueblo es la «injusticia». Las leyes están escritas para los privilegiados que las usan en su provecho. Atestiguaba esta desconfianza Bartolomé Hidalgo, el primer poeta gauchesco, quien a principios del siglo xix es­cribió un poema, Dialogo patriótico entre Jacinto Chano y Ramón Confie­ras, que señala la desigualdad de trato entre un gaucho y un «señorón» Al primero, «lo prienden, lo enchalecan», y al señorón, «el preso sale a la calle, y se acaba la junsión».

Los protagonistas de los relatos de José Hernández en Martín Fie­rro, los de Florencio Sánchez en Barranca Abajo y los de Roberto Payró en Cuentos de Pago Chico, manifiestan la misma actitud de rebeldía. Es posible que esa falta de respeto a la ley o el descrédito que persiste en el juicio popular se deban a la ilegitimidad de su origen y a la arbitra­ria aplicación de sus preceptos por parte de los grupos que manejan el sistema político. Si la justicia es, como se dice, una «comunidad de igualdades», la injusticia es la desigualdad en la aplicación de la ley. ¿Es la injusticia lo que ha consolidado la falta de respeto a la ley?

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Cuando vienen a buscarlo los soldados de Navarro para llevarlo Juan Morelra exclama: «...ya verán como pruebo a esos maulas que yo no soy pasto de la justicja». Cuando un policía lo apuñala por la espalda dejando caer su daga, ex­clama con desesperación: «no podés negar que sos justicia».(Eduardo Gutiérrez, JuanMoreíra) ’

Aquí las leyes no tienen el imperio que se les asigna en el mundo anglosajón o en las sociedades de Europa continental. En la Argentina, el poder ha logrado, con frecuencia, imponer sus deseos frente a la ley sin que un sistema convincente de premios y castigos ponga límites a una tradición de violación al pacto constituyente de las sociedades li­bres: la palabra empeñada.

Esta aleatoria vigencia de la ley, del Derecho'en general, es una de las características de la sociedad argentina, señalada con insistente uniformidad por escritores, pensadores e historiadores. La carencia de las normas que unen a la gente (los nomoi, plural de nomos en griego), tales como las costumbres y los patrones de comportamiento, provo­ca, como dice José Enrique Miguens, una pérdida de la credibilidad y la confianza entre las personas. En las sociedades anómicas desintegra­das como la nuestra, que, además están insertadas en una cultura ma­terialista, «se produce un corte brutal entre los modelos de éxito con los que nos bombardean los medios de comunicación, que se mide por la riqueza y los «consumos posicionales» que marcan «su nivel», como decía aquella recordada publicidad, y la real posibilidad para la inmensa mayoría de la población de lograr ese éxito honestamente»4.

Miguens afirma que la sociedad anómica, con un sistema de justi­cia arbitrario y un Estado predatorio e impredecible, se convierte en una sociedad donde el azar y la suerte, sustituyen a la previsión y, en la cual, la inmediatez desplaza a la continuación y la duración.

Se afirma que la Argentina padece de anomia y ello deriva de un sentimiento extendido de que el Estado, todo lo estatal, ha desertado de principios «éticos» que el argentino individualmente profesa en el interior de sí mismo.

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Los Gobiernos han contribuido al descrédito social de la ley. Las políticas y conductas administrativas incrementan el deterioro de la calidad y prestigio del sistema legal, y se convierten en un factor que impulsa la falta de confianza en la ley y, en consecuencia, contribuyen a su devaluación.

La ausencia del estado de Derecho es, a la vez, causa y efecto del in­cumplimiento de la ley. Los propios actos de gobierno violan la ley. Los ejemplos de las últimas décadas son relevantes. El Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y las municipalidades pagan salarios en su totalidad o parte en «negro» (militares, maestros, contratados, etc.), no cumplen con las leyes de seguridad social, falsifican las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), designan miembros de los órganos de control de los servicios públicos sin respetar los con­cursos exigidos por las leyes respectivas, etcétera.

Un caso de degradación del sistema legal en la Argentina es la vio­lación implícita de normas constitucionales, aun en períodos de norma­lidad democrática. Basta con citar un ejemplo. El artículo 114 de la Cons­titución de 1994 creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjui­ciamiento a Magistrados con el propósito de desvincular de la política la designación y remoción de jueces. Según la Constitución Nacional, el Consejo se compondría de veinte miembros repartidos equilibrada­mente entre representantes políticos (legisladores y un representante del presidente), jueces, abogados y académicos. El Jurado de Enjuicia­miento tiene, según la Constitución Nacional, nueve miembros: tres jue­ces, tres legisladores y tres abogados.

En 2008, de veinte miembros que tenía el Consejo, trece eran po­líticos. Con el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que decide a quién se nombra juez y a quién se le hace juicio político, pasaba lo mismo. De los nueve miembros, cinco eran del oficialismo. Es decir, que el partido gobernante, controlaba la designación y el enjuiciamiento de los jue- cesf contradiciendo así el espíritu y las normas que dieron lugar a su creación.

El Estado tampoco cumple las sentencias dictadas por la Corte Su­prema de Justicia y ordena practicar los reajustes dé los beneficios ju-

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bilatorios. En lo que hace a la conducta de los grandes contratistas oconcesionarios de obras o servicios públicos, los diarios y los estrados

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judiciales están plagados de relatos de violación de las normas legales. Hubo casos de importantísimas concesiones otorgadas por el Estado a empresas privadas contra la prestación de un canon que estas últimas nunca han pagado al Estado. Esto sucede a pesar de que la violación del contrato de concesión fue, en varios casos, analizado y comprobado por la Auditoria General de la Nación. Esos largos y valiosos dictámenes quedarán en los anaqueles para cuando se haga'la historia del saqueo del Estado argentino.

Existe, sin duda, un descrédito de la calidad del derecho argentino, que se ha consolidado con la práctica: suscribir contratos privados que se refieren a la ley extranjera y pactar tribunales foráneos para la solu­ción de diferendos. Este descrédito ocurre también con los tribunales de justicia, cuyo escaso prestigio y garantía de imparcialidad, es reco­nocida por los mismos Gobiernos, como se comprueba con la firma de tratados de garantías de inversiones suscriptos con numerosos Estados, en los cuales, se faculta al inversor extranjero a recurrir a los tribuna­les arbitrales del CIADI, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Este es un tribunal arbitral ajeno a la jurisdicción argentina, creado en 1965 por la Convención de Washington. El Estado argentino ha suscripto un elevado númeTo de es­tos acuerdos que dan un privilegio a los inversores extranjeros, facultadque no se le acuerda al inversor argentino en casos idénticos5.

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La emergencia permanente

Por otra parte, existe lo que podría calificarse, desde una óptica antropológica, una «estructura de violación» o de «fraude» que se ha consolidado como una jurisprudencia de Estado. Sin haber sufrido las consecuencias de ninguna guerra devastadora ni cataclismo ecológi­co, desde que se restauró la democracia en 1983, el Congreso y los Go­biernos han declarado sucesivas «emergencias», bajo cuyo paraguas se

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han modificado contratos, congelado precios, desconocido derechos, cambiado el valor de la moneda, en fin, alterado la ecuación económi­ca de inversiones y contratos privados.

El Congreso ha declarado una gran variedad de «emergencias»: habitacional, educacional, provisional, etcétera6. Para algunos autores, este procedimiento al que recurren los Gobiernos ha creado una situa­ción de «emergencia perpetua».

Algunas leyes de emergencia que prohíben ajustes tarifarios no tie­nen límite temporal y los procedimientos de renegociación, a veces, no han podido aplicarse. Si bien la Corte Suprema, en forma constante y rei­terada, ha declarado la constitucionalidad de las leyes de emergencia, estableció cuáles son las condiciones que deben cumplir las medidas: pueden limitar o demorar el ejercicio de derechos, pero el perjudicado debe ser compensado, y la medida no debe ser discriminatoria, como tampoco exceder la duración de la emergencia. Sin embargo, estas li­mitaciones jamás se respetaron, y algunos sectores se fueron liberando de las leyes e incluso fueron compensados en detrimento de otros que recibieron peor trato. La emergencia tiene también su inequidad6.

Luego de la crisis del 2001-2002, como señala Héctor Mairal, se ge­neralizó la diversidad de trato: los bancos recibieron una compensación en bonos7, las obras públicas fueron ajustadas a precios con inflación8, algunas concesiones fueron autorizadas a ajustar sus tarifas al dólar (vías fluviales), aeropuertos9. Los servicios públicos fueron en casi su totalidad obligados a congelar sus tarifas10. Estos son ejemplos de una conducta gubernamental arbitraria que no respeta el principio de la igualdad de trato para todos los sectores.

La ley de emergencia, muy justificable, de 2002, se prorrogó ocho veces en un contexto donde era cada vez más difícil justificar que vi­víamos una «emergencia». El 11 de noviembre de 2009 la Cámara de Diputados aprobó una ley de emergencia económica que delega en el Poder Ejecutivo una serie de facultades legislativas, la más importante de las cuales es la renegociación de contratos con las empresas de ser­vicios públicos. Se prorroga cada dos años hasta 2011 la ley sancionada en enero de 2002. Según un estudio realizado por la profesora Marcela

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J. Basterra, el derecho de propiedad ha sido despojado de contenido desde que se consagró en la Constitución de 185311.

Este derecho, que solo puede ser expropiado por ley e indemniza­ción justa, comenzó a sufrir limitaciones desde 1922 por sentencias de la Corte Suprema12.

Leyes del Congreso, decretos del Poder Ejecutivo y sentencias del más alto tribunal convalidan en forma permanente limitaciones al de­recho de propiedad de los individuos o establecen obligaciones que lo vulneran, a veces, al amparo del paraguas de la «emergencia». En 1960, se obligó por ley a las salas de cine a contratar artistas «en defensa del patrimonio artístico nacional»; en 1966, se prohibió la cosecha de yerba mate, y el Poder Ejecutivo se facultó por decreto a decomisar lo cose­chado (la Corte Suprema declaró luego inconstitucional el decreto)13.

En materia de jubilaciones, la conducta de los Gobiernos es escan­dalosa, siempre aduce la falta de recursos. Desdé 1954, el Estado usa los fondos del sistema jubilatorio para otros fines. A partir del año 2004, merced a las transferencias de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, este se apropió ilimitadamente de fondos deí ANSES para uti­lizarlos con fines diferentes a los de la Seguridad Social. Los Gobiernos han jugado cínicamente con la fragilidad de los más ancianos14.

Otro ejemplo de la violación del derecho de los individuos so­bre la propiedad fue el Plan Bonex (véase el capítulo VI). Mediante un decreto del Poder Ejecutivo se dispuso por parte del Estado la mayor apropiación recordada en la historia argentina de dinero depositado en los bancos y de certificados a plazo fijo, transformados en bonos del Estado con vencimientos a diez años. La Corte Suprema convalidó este avance del Ejecutivo «desde entonces se habilitó un festival de trans­gresiones»15.

La Corte Suprema también avaló los decretos de necesidad y ur­gencia antes de su habilitación constitucional por la reforma de 1994. Es decir, en la Argentina la justicia convalidó una explícita ampliación de la competencia del Poder Ejecutivo a costa de las facultades cons­

titucionales del Congreso de la Nación. Al principio, era para defender presuntos derechos sociales, luego para privilegiar los derechos del ca-

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pital. La doctora Basterra dice que así como la doctrina de la emergencia sirvió para «transitar del Estado liberal al Estado social, de manera inver­sa en nuestros tiempos se acudió a la emergencia para transitar desde el Estado benefactor al Estado neoliberal»16. Efectivamente, a partir de la década de los años noventa, con el fallo de la Corte Suprema, en el caso Peralta, se consolidó un derecho de excepción17.

Las contradicciones en que incurrió el Estado argentino en los años2001 y 2002 fueron una prueba de que en nuestro país es el propio es­tado de Derecho el que se encuentra en emergencia. Mientras en sep­tiembre del año 2001, por una ley, el Estado se comprometía a respetar la intangibilidad de los depósitos, agregando y disponiendo que esta promesa era de «orden público», en enero de! 2002 se suspendió esa norma a pesar dé que el Congreso había declarado que la intangibilidad era un derecho adquirido y que estaba protegida por el artículo 17 de la Constitución18.

Desde la crisis de 2001, no ha podido restablecerse el respeto al derecho de propiedad. Hay «defaulteados»: indexaciones falseadas o adulteradas por el INDEC; se ha forzado la venta de participaciones en empresas a empresarios amigos del Gobierno, se establecen prohibicio­nes de exportar, el Estado se apropia de fondos provisionales del ANSES, etcétera. La provincia de San Luis se rebeló contra esta situación y pre­sentó un amparo contra el «corralito» y la pesificación de sus ahorros en moneda extranjera.Tuvo éxito, porque la Corte Suprema ordenó su de­volución. En los considerandos del fallo, la Corte Suprema sostuvo que enervar el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, cualesquiera sean las razones «importaría retirar a la república del concierto de naciones civilizadas, que contemplan el derecho de propiedad como uno de los pilares del respeto a los dere­chos inherentes a la persona» Frente a esta sentencia, el Poder Ejecutivo buscó todo tipo de artilugios y se aprovechó de cualquier vericueto le­gal, para sortear los obstáculos de la interpretación judicial19.

El fondo de la cuestión del estado de Derecho no es solamente la inestabilidad y los cambios permanentes de la legislación, sino la fragi­lidad del hecho fundante de la legalidad que es el pacto constitucional.

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La Corte Suprema de Justicia convalidó la «doctrina de facto» durante veinticinco años de Gobiernos de este tipo entre 1930 y 1983.

Alberto Spota, define la situación con convicción: «El desmesura-i

do uso de los decretos de necesidad y urgencia halla en nuestro país sus raíces más profundas en la hipertrofia producida por la doctrina de facto que durante más de cincuenta años fue socavando los cimientos cívicos y jurídicos que deben sustentar el estado de Derecho»20.

El constitucionalista Daniel Sabsay nos previene del efecto disol­vente de usar sin justificación el estado de emergencia: «tenemos que dejar de ampararnos en la emergencia para seguir justificando la ilegali­dad». Los golpes de Estado son «un trastoque de todas las instituciones para garantizar un objetivo, en contra del guión institucional»21.

Los Gobiernos, el Estado, los ciudadanos y las empresas estarían,pues, contrariando con frecuencia las leyes sin que ello acarree conse-

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cuencias patrimoniales o morales. La falta de observación continua de la ley se ha transformado en una inconducta social aceptada y tolerada, sin el correlato de una sanción. Un segmento de las acciones de gobier­no y de las actividades privadas está afectado por este bacilo social que es la anomia. Desde el Código de Hammurabi, sancionado en el siglo xvill antes de Cristo, la conducta del ser humano que vive en una comuni­dad se rige por normas. Revertir la anomia es, por lo tanto, uno de los desafíos que debe convocar las mayores energías morales de la nación. Ningún cambio en profundidad será posible en nuestro país sin este primer paso.

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La «Sociedad Cohechadora»

El tema de la deshonestidad que impera en la Argentina a todos los niveles de la sociedad tiene, en nuestro caso, la característica de un fenómeno antropológico o cultural que excede su naturaleza delictiva.

El filósofo Tomás Abraham, que nació en Rumania, pero vivió desde su niñez en nuestro país y escribió en 1994 una Historia de Argentina se quejaba, en 2008, de que un sector mayoritario.de la sociedad «acep­

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ta la corrupción como una fatalidad inevitable del país y lo único que le importa es que las cosas avancen». Para Abraham la corrupción es el «engaño». Afirmaba algo que muy pocas veces se dice, y es que la educación no es el Ministerio de Educación. Es «el jefe de Estado, los ministros de la Corte Suprema». Para este autor la autoridad «modela, conduce, orienta»22.

En la novela, Los siete locos, de Roberto Arlt, uno de los protagonis­tas, el astrólogo, decide crear un prostíbulo, cuyo rendimiento econó­mico está destinado a financiar su logia. El astrólogo explica los gastos en que debe incurrir para instalar ese lupanar en el que trabajarán diez señoritas: sobre un total de. 9000 pesos, que incluye los diez juegos de dormitorio usados, instalación de cocina, baños y bar, el alquiler de la casa y otros gastos, debe agregar la «coima para el jefe político de la concesión« (2000 pesos) y «coima para el médico» (150 pesos).

En el Juguete Rabioso (1926), el mismo autor muestra un mundo de disonancias con el optimismo de la década de los veinte, un mundo oscuro que evidencia un malestar en la cultura argentina. Esa sociedad, que ha perdido valores nobles y sencillos, se entrega como señala Dis- cépolo, al dios del dinero. La codicia debe satisfacerse a cualquier pre­cio, aun recurriendo a medios ilegales. Enrique Santos, en su tango, dice: «i Qué Vachaché? ¡Hoy ya murió el criterio! Vale Jesús lo mismo que el ladrón!».

La práctica del soborno, en el lenguaje vulgar, «coima», se había transformado desde la época hispánica en una conducta bastante usual. La literatura se refiere a este hecho no con la intención de delatar un indigno proceder, sino con el fin de señalar su existencia. Los her­manos Robertson en sus Cartas Sudamericanas recuerdan «que eran co­rrientes las coimas pequeñas a los guardianes de la renta pública: vino Carlón, medias de seda, algunos doblones»23. Julio Irazusta, en su libro Balance de siglo y medio, habla de «la sociedad cohechadora de nuestros gobernantes» para señalar la venalidad que aquejaba al país.

La historia argentina está jalonada de «negociados», malversación de los dineros públicos y actos de corrupción de toda clase, en los que agentes privados lograron favores de funcionarios públicos a cambio

de compensaciones financieras. Las operaciones sobre las que recae la sospecha de ser actos de corrupción en perjuicio económico del Esta­do son cada vez más complejas y sofisticadas. Los «grandes casos como la CHADE o el negociado en la compra de mármoles para construir el edificio del Congreso de la Nación a principios del siglo xx son juegos infantiles al compararlos con situaciones más recientes. Las grandes inversiones del Estado están inmersas en sospechas de corrupción so­bre los precios de las contrataciones, financiadas con fondos públicos (los casos IBM, Banco Nación, Yaciretá), por el incumplimiento de reglas transparentes'eri las licitaciones, por comisiones pagadas secretamente a funcionarios, etcétera.

La década de los treinta, que fue pródiga en noticias sobre fraudes y estafas, terminó en un clima de escepticismo sobre él destino de la Ar­gentina. La poetisa Alfonsina Storni se suicidó en Mar del Plata, Lisandro

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de la Torre se pegó un tiro el año siguiente, posiblemente, desesperan­zado. Dos años más tarde, se suicidó el diputado nacional Guillot antes de que se le iniciara juicio por acusaciones vinculadas al negociadó de las Tierras del Palomar. Fue uno de los muchos «negociados» en un país en el que, según el escritor Osvaldo Bayer, «la palabra coima había al­canzado ya un status constitucional».

Descubierta la operación en perjuicio del Estado, el ministro de Guerra trató de culpar a sus subordinados ante la Comisión Investigado­ra integrada por los senadores Suárez Lagos, Benjamín Villafañe y Alfre­do Palacios. Siete diputados, incluso el presidente de Cámara Baja Juan G. Kaiser, recibirían pena de cárcel de hasta seis añps, y el presidente de la nación presentó una renuncia que le fue rechazada. Aunque no todos los culpables fueron condenados, la sociedad demostró tener reflejos para defender los principios de ética pública.

Otro «negociado» famoso fue el de las concesiones eléctricas en/ ,

la Capital Federal, cuyo primer contrato se otorgó en 1898 a la Cfa. Ale­mana Transatlántica de Electricidad (CATE), que se convirtió en CHADE y luego en CADE. Esta compañía absorbió todas las pequeñas empresas

" ••• de electricidad que existían en la Capital, incluso una municipal, y logró que los concejales le aprobaran una concesión por cincuenta años, a

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cuyo vencimiento (1957), todos sus bienes pasarían al Estado. En 1912, otra concesión entregó parte del mercado eléctrico a la Cía. ítalo Ar­gentina de Electricidad (CIADE). Hubo varias denuncias por monopolio y colusión entre ambas empresas, aumentos no autorizados de tarifas, facturaciones incorrectas, etcétera.

La Comisión Investigadora creada en 1943, presidida por el coronel Rodríguez Conde e integrada por Juan Sábato, Jorge del Río y Juan Pa­blo Oliver, descubrió numerosas irregularidades y excepcionales depó­sitos de dinero en cuentas y cajas de seguridad.

En el dictamen final de la Comisión Investigadora se afirma que ambas empresas eran «focos potentes de explotación pública y de ex­plotación social, política y administrativa (que) han prostituidos en su provecho a gran parte de la prensa (y han)... contribuido a la corrupción de algunos partidos políticos y defraudado al Estado». La Comisión pro­puso anular la personería jurídica de la CADE y CIADE, dejar sin efecto las ordenanzas que aprobaron la prórroga, revocar las concesiones y ex­propiar ambas empresas sin más trámite. Nada de eso pasó.

Otro hecho de corrupción, insólito por sus características, conmo­vió la sociedad, que sentía derrumbarse la arquitectura de las ¡deas mo­rales que fueron el sostén de la educación cívica promovida con ahínco desde el siglo xix. Esta vez, los delincuentes fueron los niños cantores que anunciaban los premios de la Lotería Nacional, una de las más pres­tigiosas instituciones públicas junto con la Caja de Ahorro Postal y el Correo.

Todo empezó una tarde en el Café de los Angelitos, cuando uno de los niños cantores comentó que conocía aun tornero que podía fabricar un facsímil de la bolilla utilizada en los sorteos oficiales con un núme­ro preasignado que podía cambiarse por la que resultaba ganadora del sorteo. Así fue que en la sesión del 24 de julio de 1942 «salió» el núme­ro 31 025, beneficiado con 300 000 pesos. Indiscretos, los niños habían contado a amigos su plan, que pronto llegó a oídos de periodistas. Al día siguiente, el diarioCrítica publicó la noticia: «Ayer salió con la grande el número ya anticipado». La Cámara de Diputados formó una comisión presidida por el diputado Rodríguez Araya con el objeto de investigar

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la Lotería Nacional, y esclarecer este hecho. De la investigación surgió que no solo los seis niños cantores y el tornero Lancellotti se habían beneficiado con la maniobra, sino que la Lotería distribuía talonarios de «decenas» bajo el rótulo de donación a «pobres y lisiados», pero en rea­lidad se trataba de parientes de expresidentes, jueces, ministros y ami­gos, los que se beneficiaban regularmente del dinero público. La comi­sión demostró que la Lotería creada por ley del Congreso Nacional el 30 de octubre de 1895 para sostenerla beneficencia de los «menesterosos desamparados» distribuía pensiones vitalicias «a gente cercana al poder y al mundo finafídero». Los indigentes eran una minoría24.

La Comisión destacó en su informe que esas dádivas ilegales cons­tituían una «injusticia social que justifica las reacciones de los humildes contra los beneficiarios ilícitos de las prebendas. «Es un sistema de de­lincuencia organizada que se agrava cada día al realizarlo dentro de la más completa impunidad» Solo los niños cantores y el tornero re­cibieron condenas de tres y cuatro años, pero recuperaron la libertad rápidamente.

Raúl Oscar Ebelot, en su libro Balance del argentino, expresó que «los argentinos son coimeros, entran muy a gusto en el peculado y co­meten varias formas de la viveza como manera de eludir la realidad». La misma opinión tiene un italiano citado en una conferencia de Jorge R. Vanossi, cuyo nombre es G. Bevione, quien dijo, en 1911, que el'país es­taba sacudido por el «ave negra de la corrupción». Afirmó de paso que «la Argentina es una dictadura»2?.

Transparency International esxuna organización no gubernamental que, entre otras investigaciones, confecciona el índice de Percepción de Corrupción (Corruppon Perceptions Index) que mide el abuso del poder para obtener ganancias privadas. Es decir, el índice no mide la corrup­ción general que impera en una sociedad, sino en el sector público.

El correspondiente al 2010 clasificó 178 países según trece índices de informes independientes (0-marca muy corrupto; 10, limpio). En la lista, la República Argentina ocupa el lugar 105.° con un puntaje de 2,9, es decir, que está en el grupo de los países más corruptos de Asia, África y América Latina (junto a Etiopía, Yemen, Uganda y Venezuela —el últi­

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mo de la lista—, Bollvia, Ecuador, Haití y el Paraguay). En 2006, teníamos el lugar 93 entre 163 países. En América, de 28 países, Argentina ocu­paba en 2010 el 20.° lugar. Esto es, sin duda, el rasgo que más debería avergonzarnos. Hiere a nuestra dignidad, a nuestra identidad nacional.

En la Argentina, se tolera y se acepta, sin gran rechazo de la opi­nión pública, el robo grande o la malversación en detrimento del era­rio público. La sociedad parecería inmune a las denuncias, aun las que provienen de los órganos públicos encargados de velar y de fiscalizar la aplicación de las leyes. Hay prácticas que en nuestra sociedad se toleran y que en otros países serían reprobadas.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada en 1999, y la Auditoria General de la Nación han producido una gran cantidad de investigaciones y de dictámenes que ponen en evidencia la trama de una diversificada y profunda corrupción en las decisiones adminis­trativas y en los negocios con el Estado. Son numerosos los casos de­nunciados y estudiados por los órganos estatales competentes. Muchos son objeto de procesos judiciales que tardan años en substanciarse. El periodismo brinda con frecuencia información detallada sobre irregula­ridades en adjudicaciones, contrataciones y proyectos sin que, la mayor parte de las veces, estas informaciones causen demasiada indignación pública o provoquen la iniciación de alguna acción contenciosa o penal. El Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Dr. Manuel Garrido, presentó, por su parte, una denuncia sobre un presunto fraude millo­nario al Estado que beneficiaba a ciertas empresas «cercanas al poder», como dice el diario La Nación del 15 de mayo de 2009.

A principio del año 2009, la Fiscalía había realizado una serie de investigaciones sobre maniobras con facturas falsas que emitían em­presas privadas para abultar costos en obras públicas. El caso más reso­nante fue el de una constructora sueca, adjudicataria del tendido de nu­merosos gasoductos, que, posiblemente, pagó sobornos a funcionarios públicos. Esta y otras empresas generaron cuantiosos fondos entre los años 2003 y 2007, gracias a las falsas facturas de empresas fantasmas. El fiscal Garrido, al constatar que el Procurador General de la Nación, por una resolución había acotado su campo de acción condenando a la

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FIA a un rol casi intrascendente, decidió dimitir. El poder político quería limitar la acción de la Fiscalía26.

Demasiado entrometido y eficaz, Garrido se había transformado en un fastidio para el Gobierno a principios del año 2009. Cansado «de correr en dirección contraria», presentó el día 12 de mayo de 2009 su renuncia al cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.

Está claro que la corrupción es un fenómeno que se da

en mayor o menor medida en todos los países, pero lamenta­

blemente el nuestro se destaca por la impunidad casi absoluta de ese fenómeno y la falta de decisión y seriedad para hacer­le frente. En la medida que no se comprenda y se asuma que la corrupción y su impunidad impactan en la vigencia de los

derechos humanos — tal como lo ha puestojde manifiesto la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), In­

forme sobre Paraguay, año 2001— y en la calidad del sistema \ democrático, exhibiendo sin pudor la desigualdad social de un sistema penal que castiga impiadosamente a los pobres y a los

marginales que son generalmente víctimas de la corrupción, pero que es cortes e impotente ante poderosos y corruptos, no será posible respetar el papel de los órganos de control y

optimizar su funcionamiento y competencias. (Párrafos de la

renuncia del fiscal Manuel Garrido, Perfil, 14 de mayo de 2009)i .

\Desde la restauración de la democracia en 1983 — defraudando las

expectativas de honestidad que había suscitado frente al gobierno del Proceso— son numerosísimos los casos de corrupción, sospechados o sometidos a juicio, que han quedado impunes entre los laberintos de los procedimientos judiciales, la prescripción o la complicidad de. los que deberían ejercer el imperio punitivo del Estado. Las negociaciones de contratos de servicios y concesiones cuando YPF era del Estado y las posteriores concesiones de petróleo y gas (a partir del año 2000)

' por parte de algunas provincias son objeto de fundadas sospechas de corrupción. Miles de millones de dólares han beneficiado a grupos pri­

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vados y a dirigentes políticos, miles de millones también han sido los perjuicios que soportó el erario público, gracias a una secreta trama de complicidades que asegura el olvido o el silencio. El sistema de la co­rrupción está convalidado por la participación de los sectores privados, que alimentan con sus propias conductas delictivas las ganancias secre­tas de los funcionarios públicos.

Desde la creación de la AGN, ningún funcionario al que este or­ganismo acusó de estar involucrado en un caso de corrupción ha sido condenado por la justicia (obras públicas, concesiones de aeropuertos, etc.). El Fiscal de Investigaciones Administrativas impulsó más de cien denuncias con pobres resultados. En efecto, la justicia hace su traba­jo con tanta lentitud que el tiempo juega a favor de la impunidad. Un informe elaborado en la Universidad Católica Argentina (UCA) por un grupo de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, dirigido por Carlos Mangroni, estudió la situación de cuarenta casos en los tribunales fede­rales. La causa más vieja analizada es la de IBM - Banco Nación, abierta en 1994 por presunto fraude en un contrato para informatizar la entidad financiera. Mientras se redacta este libro, la prensa informa que el expe­diente judicial, alcanzado por la prescripción, se cerró definitivamente (mayo de 2011).

Son tantos y tan variados los casos de licitaciones, importaciones de combustibles hechas por el Estado, negocios promocionados en paí­ses amigos, transferencias por subsidios, pagos no debidos y otras tran­sacciones sospechosas, que es imposible hacer una evaluación de la situación. La Dra. Elisa Carrió es la dirigente política que con más énfasis y convicción ha denunciado e iniciado acciones judiciales por presuntos actos de corrupción.

Manuel Garrido, desde sus nuevas funciones en una ONG dedicada a la justicia y transparencia, afirmó que este caso mostraba la subsisten­cia de un sistema procesal absurdo «la falta de protección del denun­ciante y testigos de buena fe en hechos de corrupción»27.

No pocas veces los órganos creados para controlar o supervisar la recta aplicación de disciplinas en transacciones o actividades económi­cas, cambian su naturaleza de tal forma que terminan amparando los

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abusos. José Sbatella, Director del Instituto de Estudios Fiscales y Eco­nómicos de La Plata, sostiene que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la cual fue presidente, mantenía un gran número de expedientes sin resolver (muchos vinculados a denuncias en el mer­cado de televisión por cable), dilación que los colocaba al borde de la prescripción28.

La misma crítica se ha hecho a otros órganos de control. Por ejem­plo, Marcos Aguinis sostiene que la Oficina Anticorrupción (OA) «desde2003 ha ido perdiendo la poca relevancia que tenía», «como el resto de los organismos de control, sus músculos parecen cada vez más débiles, casi al borde de la parálisis». Dice que en 2008 se abrieron 151 carpe­tas de investigación, y, a mediados del año siguiente, ya habían sido ar­chivados 127 casos. Aguinis también señalaba — en 2009— que desde el año 2006 la AFIP formuló 2.638 denuncias por evasión impositiva (2 139 millones de pesos) muchas vinculadas a la producción de facturas falsas. Sin embargo, la «ley de blanqueo impositivo permitirá que esos evasores puedan acogerse a la moratoria, pagar en cuotas sin intereses y quedarfuera de cualquier persecución penal»29.

Pero la corrupción es también la raíz del desorden administrativo en definitiva muy perjudicial para el erario público. £1 descontrol de algu­nas concesiones de servicios públicos es la trama que nutre el soborno. Por ejemplo, en el sector de ferrocarriles, la ley de emergencia del 2002 — que declaró la pesificación y el congelamiento de tarifas— ha desar­mado todo el esquema contractual que regía las concesiones ferrovia­rias. Con la ayuda adicional de decretos y leyes posteriores se ha desarti­culado el cuadro normativo que se resumió en una Unidad de Renego­ciación El Estado paga subsidios millonarios a empresas privadas y a los ferrocarriles estatales (ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur), en este caso, a través de la Administración de Infraestructura y la Operadora Fe­rroviarias, sin que haya desde hace casi una década ninguna normativa. Todo esto ocurre mientras la Administración del Estado y el Parlamento cierran los ojos y dejan que la corrupción se instale con impunidad.' v , Según la evaluación que surge de un extenso informe que presen­tó en diciembre de 2009 Poder Ciudadano, sobré la base de un trabajo

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realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIACE) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, «en la Argen­tina aún no se han dado a conocer medidas importantes para la promo­ción de transparencia y de castigo de la corrupción».

El cúmulo y la diversidad de casos de corrupción en la Argentina contemporánea es realmente abrumador. La situación no es nueva puesto que, ya en 1883, Domingo Faustino Sarmiento, en su obra Con- . fJictos y armonías de las razas de América reconocía con tristeza que la Re­pública, a pesar de tener una Constitución, «seguía plagada de corrup­ción, de personalismo y de un desprecio general de las instituciones». Pero lo decepcionante es que ha calado en lo profundo de la sociedad.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) realizó un estudio que abarca los años 2002 a 2007, en el que se demuestra que los destinatarios de planes sociales, a pesar de que el Gobierno implementó la tarjeta de débito a partir de 2004, en algunas etapas de la obtención de dichos planes, son «víctimas de prácticas clientelares». Entre las «contraprestaciones irregulares» que se les exige, el estudio menciona, entre otros casos, la extracción de di­nero, trabajar en negocios o casas particulares, o participación en mar­chas y piquetes (69,42% de los casos) bajo amenaza de’darles de baja el subsidio. Afirma el estudio del CIPPEC que, a veces, a cambio de los planes sociales «se exigen relaciones sexuales» Sin embargo, señala que muy pocas víctimas «de acoso sexual» presentan denuncia por temor a ser revictimizadas30.

La situación de nuestro país ha sido objeto de informes confiden­ciales producidos por embajadas extranjeras acreditadas ante el Gobier­no argentino. A principios del 2010, en WikiLeaks se revelaron, a través del diario El País de España, comunicaciones diplomáticas emanadas de la Embajada de los Estados Unidos durante los años 2007 y 2009, en las cuales se expresan dudas sobre el interés del Gobierno argentino en perseguir la corrupción. Según esas comunicaciones, en la Argentina la corrupción es generalizada no solo en la política, «sino también en el sistema judicial y policial» [La Nación, 9 dé febrero de 2011). De acuerdo

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con informaciones posteriores, las autoridades de la Unidad de Informa­ción Financiera se arrogaron la facultad de «ordenar el pase al archivo de reportes de operaciones sospechosas (ROS) dejavado de activos» en el caso de más de 1200 alertas recibidas entre enero de 2010 y marzo de 2011 (La Nación, 7 de agosto de 2011).

La República Argentina suscribió el 17 de diciembre de 1997, en Pa­rís, la «Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Transnacionales», dentro del marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Este tratado fue ratificado en el Congreso Nacional el 18 de oc­tubre de 2000 por Ley 25319. Hay otras convenciones sobre corrupción suscriptas en el marco de las Naciones Unidas y del sistema interameri­cano (la Convención de la ONU sobre corrupción, suscripta en 2003, y la Convención Internacional del 24 de marzo de 1996, que declara el delito

N

extraditable). La convención más importante es la de la OCDE.Por esta última convención nos comprometimos a tipificar el delito,

incorporando a la legislación nacional la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La OCDE envió una misión a la Argentina en junio de 200831. Si bien en parte nuestro país aplicó las recomendaciones de la convención, la misión que nos visitó en ese áño declaró, en el Informe del Grupo de Trabajo en la sede de la OCDE «estar muy preocupada de la'ausencia continuada de responsabilidad de las personas jurídicas que se com­prometen en un soborno y por las deficiencias sistemáticas en el marco general para las investigaciones y persécuciones del cohecho». El Grupo de Trabajo afirmó que «la Argentina es pocas veces capaz de investigar efectivamente y perseguir el soborno y otros serios crímenes económi­cos, en particular, a causa de los plazos extraordinarios en llegar a una decisión debido a las reglas de procedimientos» (Informe del Grupo de Trabajo sobre Soborno. OCDE, 9 de julio de 2008).

En visitas anteriores, la misión que vino a la Argentina señaló que «hubo serias acusaciones públicas de soborno internacional en el año2002 que no fueron investigados hasta el año 2006». La misión, que ha­bía visitado la Argentina en diciembre de 2007, recomendó a nuestro

país adoptar la competencia nacional para los actos de soborno extran­jero y que la legislación prohibiera la deducción de coimas a los funcio­narios públicos extranjeros.

Estas misiones de la OCDE tuvieron muy poco apoyo oficial y, a ve­ces, las mismas empresas estatales, como Enarsa y Fabricaciones Milita­res, no aceptaron entrevistas con los miembros de la misión. Hay más de mil denuncias, pero en caso de iniciarse un proceso judicial, su duración, lo dicen los expertos de la OCDE, es en promedio de catorce años. Al . otorgar un crédito de 4 140 millones de dólares a la Argentina en junio de 2009, el Banco Mundial a través de su Directorio, advirtió a nuestro país sobre «el elevado nivel de percepción de corrupción»32.

El GAFI,(Grupo de Acción Financiera Internacional), un organis­mo intergubernamental creado en 1989 para luchar contra el lavado de dinero, del cual forma parte la Argentina, analiza la situación de cada país miembro en relación con sus obligaciones a través de in­vestigaciones que incluyen exámenes cruzados y de autoevaluación que realiza cada país. En el caso de la Argentina, el organismo con responsabilidad en la materia es la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional contra el lavado de dinero, que inició sus gestiones en 2002.

En abril de 2010, el GAFI volvió a criticar a la Unidad de Información Financiera (UIF) por su falta de capacidad para analizar las operaciones sospechosas. En mayo de 2008, vino una misión a la Argentina para pe­dir que se aumentaran los controles. Se evaluaron los progresos desde2004 y en un informe se señaló que en la Argentina no hubo ninguna condena judicial por lavado, que el UFI no compartía archivos confiden­ciales y que no tenía personal permanente33.

La Argentina volvió a estaren la lupa del GAFI en octubre de 2010, cuando el organismo internacional le hizo una lista de reclamos (pide una reforma legislativa para ampliar la figura legal del lavado y las fa­cultades de los jueces, evitar la compartimentación dé la información, etc.). Nuestro país fue intimado para que demuestre su compromiso con la lucha contra el lavado de dinero. En la reunión del GAFI del mes de noviembre de 2010, se aprobó un informe de evaluación sobre la

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Argentina, el que ha sido la más severa crítica del organismo sobre un país desde su creación, hace diez años.

La advertencia por el incumplimiento de normas internacionales, sobre el lavado de dinero, así como la carta enyiada por el presidente del GAFI al Gobierno, provocó poca reacción entre las grandes figuras políticas, lo cual es una prueba más de la apatía de la sociedad frente a las cuestiones de corrupción. Lo más desesperante ante esta inacción es que la propia justicia argentina ha cuestionado el comportamiento de la UIF, cuya misión es, como dijimos, controlar el lavado de dinero. En efecto, en el mes de septiembre de 2011, el fiscal Carlos Stornelli acusó a la UIF por que entre los 130 casos de operaciones sospechosas solo dos fueron investigados, mientras que los demás fueron «tapa­dos» (entre otros, el caso Schoklender-Madres de lá Plaza de Mayo). Lo increíble es que Stornelli afirma que el Director de la UIF carece de la idoneidad mínima para ejercer el cargo. Para'ej fiscal, el organismo de control y lucha contra el lavado de dinero está pervertido y su función es desnaturalizada.

La corrupción local es como una metástasis que compromete a muchos espacios de la sociedad y órganos del Estado. Algunas perso­nas que actúan en los medios de negocios privados más importantes del país, fueron quienes promovieron y acrecentaron, con su falta de principios éticos, las prácticas del cohecho para obtener beneficios a costa del erario público nacional, provincial o municipal. Esta práctica ha transformado los valores o principios de la clase política, haciéndola proclive a la codicia y al secreto comercio de la «coima». Los que debe­rían ser ejemplo de honradez republicana y custodios del interés gene­ral, se han transformado en ávidos depredadores de la sociedad.

Ezequiel Martínez Estrada trata en su Muerte y transfiguración deI Martín Fierro las falencias éticas en el accionar del sector público, y dice que el Estado argentino ha tenido, un papel de «corruptor y expoliador»: «Podría decirse sin exageraciones que los Gobiernos se habían consti­tuido en monopolizadores de formas de abigeato en gran escala». Estos conceptos fueron escritos hace más de cincuenta años. Nada ha cam­biado. La república virtuosa es una promesa incumplida. Julio Irazusta,

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confirmó en 1966, en su Balance de siglo y medio, que la Argentina era una «sociedad cohechadora».

Gobernar o repartir puestos

Todas las naciones democráticas, donde el Gobierno está sujeto al cambio de personas y la alternancia de partidos en razón de la periodi­cidad de las funciones, han organizado al Estado con criterios profesio­nales y seleccionan sus recursos humanos en función de la excelencia a través de concursos. Ello permite dar estabilidad a los funcionarios del Estado, lo que compensa la inestabilidad o la alternancia del personal gubernamental. Más aún, la complejidad de las sociedades actuales re­quiere un Estado profesional capaz de ejecutar políticas a largo plazo.

A partir del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, casi todas las socieda­des democráticas establecieron sistemas de selección de personal a fin de controlar la calidad de los servidores del Estado. Ello no solo aumen­ta la eficacia de la gestión pública sino que limita el ingreso de personas cuyo mérito es la militancia política antes que la calificación profesional. En los Estados Unidos, en Francia, en la China y en tantos otros países los Gobiernos carecen de la facultad de designar funcionarios por capri­cho del gobernante. Los Estados Unidos dictan en 1883 la Civil Service Reform Act, en virtud de la cual, los funcionarios entran por concurso, poniendo fin al sistema corrupto de nombrar a todos los niveles em­pleados de los partidos que ganaban las elecciones.

El general de Gaulle, en Francia, creó la Escuela Nacional de Admi­nistración en 1945, y en la China es vieja la tradición de los mandarines, quienes servían al emperador. Actualmente, el «sistema de exámenes públicos para la selección de funcionarios» que sirvan al Estado tiene en Corea una jerarquía constitucional, puesto que la misma Ley Fundamen­tal —en su articulo 85— establece la obligatoriedad de los concursos.

Eduardo Conesa, en su trabajo Causas de la decadencia argentina, dice que en el Estado argentino «los cargos públicos no se proveen por exámenes, sino simplemente por la amistad del senador, del diputado,

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del ministro, de la conexión política, de la afiliación al partido, e incluso por razones de alcoba etc». Comenta que existe una enorme masa de funcionarios públicos nombrados «por razones, exclusivamente polí­ticas» y que cuando se avecina un cambio de autoridades, los funcio­narios así nombrados crean una gran.resistencia; porque los que están en los cargos hacen una enorme presión contra dicha renovación por el riesgo que conlleva para ellos y sus prerrogativas». Forman en la ad­ministración capas que se acumulan. En la mayoría de los casos, no se sabe cuál fue la calificación que los llevó a ingresar en la Administración Pública34. Se lamenta el autor citado que no tengamos un Estado meri- tocrático «donde todos los funcionarios que forman parte del servicio civil serían contratados en base a exámenes y ascendidos por carrera administrativa».

La Generación del Ochenta, que tuvo grandes aciertos, se equivocó en esta cuestión al no establecer un sistema de administración pública. Por ejemplo, una ley que reglamentase el principio de la idoneidad, que es el requisito adoptado por la Constitución. Esta generación había ini­ciado la construcción del Estado, había creado un Ejército profesional, un sistema judicial nacional y una serie de instituciones con jurisdicción para actuar en todo el territorio nacional, como el Banco de la Nación o el Correo. Sin embargo, no se reguló la designación de los empleados o funcionarios de la Administración Pública, que siguieron siendo depen­dientes de los grupos dominantes. El clientelismo político se instaló en la Argentina. •

Cuando, en 1916, llegó Yrigoyen al Gobierno, empezó a nombrar empleados en todos los niveles del Estado. Hubo a partir de allí una

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«fuerte tendencias la autoperpetuación». MarceloT. de Alvear, antes de asumir la presidencia de la nación, pasó por la sede del Partido Radical y presentó su renuncia como afiliado, pues consideraba que era presiden­te de todos los argentinos. Su gobierno «no utilizó el clientelismo como medio de autoperpetuación política», fue eficiente y sus ministros eran expertos en las funciones cuya competencia asumieron.

La «idoneidad» es el único requisito que la Constitución impone para el nombramiento de personas que deben cumplir funciones en

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el Estado. Este requisito no está reglamentado, por lo que las designa­ciones constituyen una facultad discrecional del Ejecutivo o de quien designa. Es decir, en la Argentina, no existe un Estado profesional inde­pendiente de los avatares gubernamentales. El «poder» en la adminis­tración es superior al «mérito». La función pública, si alguna vez pudo ser, es un concepto que prácticamente ha desaparecido. Conesa, en el estudio comentado, señala que el Estado dominado por la política par­tidaria es una de las causas de la decadencia argentina.

Los Estados Unidos suprimieron el spoil system en 1883, cuando se aprobó la Civil Service ReformAct.Todos los países desarrollados y muchos de los emergentes — la China, el Brasil, la India— han consagrado un Es­tado profesional con ingreso por mérito. El presidente Getulio Vargas creó un sistema de reclutamiento por concurso, exámenes, promoción por méritos y capacitación. Trajo al Brasil cien administradores de los Estados Unidos. Actualmente, el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil solo puede designar desde fuera de la planta profesional a su secretario.

La organización de la administración pública es muy tardía en la Argentina. Recién con el gobierno peronista se establecen algunas nor­mas para la contratación de agentes públicos (la condición de ser ar­gentinos y tener más de 18 años). Un estudio realizado en 1942, calculó que el 99% de los agentes públicos fue elegido por influencias o moti­vos políticos35.

Los intentos que se han hecho de regular y profesionalizar la selec­ción de los funcionarios en nuestro país, salvo excepciones como el del Servicio Exterior de la Nación o las Fuerzas Armadas, han durado poco o no son respetados al poco tiempo de adoptarse.

Cada Gobierno que asume sus funciones, luego de designados los ministros y secretarios de estado, empieza por nombrar a personas que, a la larga, en algunos casos, forman parte de la planta permanen­te del Estado. Estas designaciones son realizadas por los miembros del Gobierno nacional, como premio político o compromiísos personales, amistad o parentesco. En las provincias ocurre lo mismo.

La multiplicación de personas que ingresan o son contratadas por el Estado sin planificación de necesidades de personal ni selección por

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concurso, ha desacreditado lo que en otros países es fuente de presti­gio y honorabilidad: la función pública. La degradación ha llegado al extremo de denominar funcionario» a todos los (que cobran su sueldo del Estado. ,

En el caso de la Cancillería, en agosto de 2010 había 622 funciona­rios administrativos de la planta permanente (SINEP) y 882 con contra­tos transitorios, contratados a través de las Resoluciones 48/02 y 421 dentro de programas financiados por el PNUD (ONU), que es un sistema encubierto de financiación proveniente del Tesoro argentino.

El Estado; en la Argentina, carece de prestigio porque se ha trans­formado en una agencia subordinada a los grupos políticos que do­minan el Gobierno. Lo estatal tiene mala fama. El Estado, más que una institución de autoridad, es un instrumento de mando y distribución de favores. Halperin Donghi destaca su utilización por grupos que dan prioridad a sus intereses particulares por sobre'el interés general: «Hay un uso faccioso del poder en beneficio de ciertos grupos». Ese autor afirma que en la Argentina puede comprobarse que existe un clima «ra­biosamente faccioso».

Los Estados provinciales son también usados para distribuir pues­tos de trabajo entre amigos y simpatizantes políticos. Una ya gastada y vieja práctica para ganar adeptos, sumisos y dependientes.

La dirigente política radical Margarita Stolbizer ha dicho'que en la provincia de Buenos Aires se utilizó el Estado «para hacer clientelismo» y que se lo sigue usando «como botín»36’

La práctica de designar empleados públicos sin proceso de selec­ción en la planta permanente o transitoria ha introducido en las gran­des administraciones desigualdad en el trato laboral y una gran dificul­tad para ejercer el control y la planificación de los recursos humanos

La anomalía llegó al descontrol. En abril de 2009, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió distribuir tarjetas magnéticas para cobrar el sueldo. Al finaTde la distribución, sé detectó que 6 000 empleados no habían ido a retirar sus tarjetas para cobrar el sueldo. «Se presume que no cumplían las funciones por las que recibían una paga».

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Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su mensaje a la Legislatura del 1 de marzo de 2008, planteó como obje­tivo «reconstruir el Estado« y dijo que era necesario «jerarquizar al em­pleado público de la Ciudad». Para ello debían recuperarse «los concur­sos y la carrera pública» y generar «incentivos del mérito y del esfuerzo» (Mauricio Macri, discurso ante la Legislatura, 1 de marzo de 2008).

En el gobierno de Néstor Kirchner, su administración nombró un promedio de veintitrés empleados públicos por día (32 si se descuentan los fines de semana). Los puestos de trabajo aumentaron el 14,2% en 1580 días de gestión.

¡Y el reparto de puestos sigue! El 11 de mayo de 2010, la Presiden­te anunció «la incorporación a la planta permanente de 10 000 traba­jadores transitorios del Estado». Dijo la información de prensa que era «una primera etapa que incluye a 20 000». El acto donde se anunció la decisión se realizó en el Teatro Colón. El proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires de 2011, que incluyó un aumento de gastos de 22% respecto del año anterior, preveía la incorporación de 11177 em­pleados públicos, médicos y docentes.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, se quejó de la cantidad de empleados pasados a planta permanente luego del ba­lotaje: «se nombraron en planta permanente más de 300 personas, a razón de dos nombramientos por día». El ministro de Trabajo de Tierra del Fuego afirmó que estaban estudiando 4 600 pases a planta perma­nente a través del «megapase», establecido por una ley del año 2005 que blanqueaba beneficiarios de planes sociales» (La Nación, 8 de fe­brero, 2008).

En los países donde no se diferencia entre Gobierno y Estado, existe una difundida creencia de que el sufragio —el triunfo en las eleccio­nes— no solo permite designar a los miembros del Gobierno, sino que también autoriza a proveer los cargos administrativos del Estado. En muchos países de África y de América Latina, esta es la situación.

En el sistema meritocrático, donde Estado y Gobierno son cosas di­ferentes, los funcionarios de carrera, es decir, la pirámide de la adminis­tración pública, y el personal político son dos órdenes diferentes. Unos

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son transitorios, cambian con los humores electorales y definen las polí­ticas a corto, mediano y largo plazo. Los otros, la administración propia­mente dicha, ejecutan las directivas políticas. El sistema meritocrático es el más efectivo método de control de la corrupción en el interior de la Administración. ;

La primera gran reforma administrativaque necesita la Argentina es diferenciar las funciones de gobierno de carácter político de las fun­ciones administrativas. Ello difundirá un mayor respeto por el conoci­miento, mayor acatamiento y consideración de'estándares éticos y un mejor funcionamiento del Estado.

Conesa, en su trabajo ya citado sobre las Causas de la decadencia ar­gentinaf, afirma que «el sistema de mérito es esencial en la lucha contra la corrupción, porque fomenta la autoestima del funcionario público», autoestima que se sabe es el principal motor del desarrollo humano.

Creemos firmemente que si en la Argentina se pone fin al Estado clientelístico en manos de los Gobiernos ávidos de repartir «puestos en la administración», los jóvenes tendrían el horizonte abierto a nuevas oportunidades donde desarrollar su vocación pública sin la tutela de padrinos políticos. Ese Estado adquiriría, con el tiempo, una nueva je­rarquía.

El Estado no es un botín

La historia argentina pone cié manifiesto los escollos que ha sufri­do el funcionamiento de nuestras instituciones, cuyo equilibrio ha sido jaqueado por la posición hegemónica del Ejecutivo y erosionado en su legitimidad por el fraude electoral practicado con demasiada frecuen­cia desde el inicio de la Organización Nacional. La desvencijada repú­blica que hoy somos es producto del abandono de conductas virtuosas y del débil respeto del espirita de las leyes fundamentales del país.

Por otra parte, el Estado como organismo público se ha transfor­mado en un «botín de guerra» de la política. El Estado es usado, casi siempre, para satisfacer apetencias de poder y codicia de los que logran

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dominarlo a través de los comicios o por la fuerza. En la Argentina, ese Estado es administrado como si fuera un patrimonio, con un criterio clientelar por los cuadros gubernamentales que lo abordan. A su vez, el Gobierno es tutelado por un muy pequeño grupo familiar y partidario que define las prioridades y los objetivos de la acción gubernamental.

El Estado neutro y administrado profesionalmente está ausente de las prácticas sociales en nuestro país. El Estado «es» el Gobierno y viceversa. Quizá sea por ello que, en la Argentina, el Estado, lo estatal en su conjunto, no ha logrado alcanzar el nivel de autoridad y prestigio que goza en otros países o civilizaciones. Aquí el Estado y la política siempre tienen algo de ilegítimo. Como dice Carlos Pagni, «todo lo ofi­cial se vuelve sospechoso. Y, como se sabe, en la Argentina, el Estado es el Gobierno,' el Gobierno es el partido, y el partido es el caudillo»37. El Estado, en vez de representar la voluntad y los Intereses colectivos de la nación, con frecuencia es utilizado para satisfacer intereses parti­culares de grupos políticos o económicos que lo usan a su capricho y discrecionalidad.

El que más ha fustigado el papel que en la Argentina ha cumplido el Estado es Ezequiel Martínez Estrada, para quien todo lo que se hace de­pender de aquel: «es lo que las razas agobiadas hicieron depender de la fatalidad». No solo critica esa creencia de que la fuerza esté concentrada en los «arsenales» y los «despachos», sino también la falta de idealismo que ha caracterizado al Estado argentino. Este ha tenido, como se ha dicho, un papel de «corruptor y expoliador». Podría decirse sin exagera­ciones que para el autor citado los Gobiernos se habían constituidos en monopolizadores de esa forma de «abigeato» en gran escala es decir de robo, tal como lo afirma en su Muerte y transfiguración del Martín Fierro. Martínez Estrada, al referirse al «cuatrerismo político», expresa que «la capacidad para el Gobierno se dedujo de la capacidad para el mando, y la capacidad para el mando estaba en saber sacar provecho de las cir­cunstancias sin norma legal ni moral, sin otro designio que la victoria»38. También comenta en La cabeza de Goliat que «El funcionario público se considera condómino de una compañía anónima cuyos dueños verda­deros han desaparecido».

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¿Es posible afirmar que el argentino descree del Estado? En las raí­ces de nuestra formación cultural la respuesta es> quizá, afirmativa. El argentino se considera más «derecho» que el Estado, y esto, sin duda, es un hecho singular en la historia de las civilizaciohes. Su descreimien­to no es un acto de rebeldía o de marginación, sino una prueba de la prioridad que asigna a sus valores personales, a su idealismo. Su decep­ción como ciudadano está suplantada por la autoestima de su condi­ción humana. Para el argentino, el Estado ha desertado de su función ética y del sueño de justicia y de honestidad que anida en el corazón del más simple'dudadano. Cuando mide la realidad del Estado con el compás de sus sueños, es como si un claro desengaño hubiera quebra­do su esperanza.

En la literatura y el imaginario de los argentinos, la justicia, el Estado y los políticos son figuras emblemáticas que representan un enemigo o un peligro en ciernes. Son los autores de la persecución y de la injusticia, de la ineficacia, de lo arbitrario. En el Martín Fierro, de José Hernández; Barranca abajo, de Florencio Sánchez o en los Cuentos del Pago Chico, de Payró, se observa el insistente rechazo de sus personajes a los adminis­tradores de la ley y los funcionarios del Estado. Estos se identifican con el mal, representan un peligro para el erario público porque, general­mente, son corruptos

Como nos recuerda un gran estudioso de la ciencia política que fue Georges Burdeau, «de la misma forma que la historia del Estado resume nuestro pasado, su existencia en el presente parece prefigurar nuestro porvenir. A este Estado, a veces, Ib maldecimos, pero sabemos bien que, para lo mejor como para lo peor; estamos ligados a él»39.

Si alguna vez,sé pensó en establecer mecanismos para institucio­nalizar un Estado profesional, en la década de los treinta, se abandonó esa ambición. Definitivamente, el Gobierno surgido del golpe militar que derrocó a Yrigoyen se identificó con el*Estado y la política cón la administración pública. Él Estado, como un patrimonio gubernamental, pasó a ser el botín de guerra de la política. El grupo que accede al Go-

' v bierno domina el Estado, no soló en lo que se refiere a designaciones y distribución discrecional de contratos de trabajo, sino que poco a poco

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los grandes contratos públicos, las concesiones y el uso de los bienes y recursos del Estado han pasado a ser una «gabela», una «canonjía», un botín que aprovechan, a todos los niveles, los gobernantes de turno. Al­rededor del Estado administrador, se forma la ciudadela de los negocios «facilitados» o «concedidos» por los gobernantes. De este modo, y por su íntima vinculación con los beneficiarios de las decisiones oficiales, la política se transforma en una variable inseparable de los negocios y de los intereses de los grupos que dependen de aquellas decisiones para subsistir.Todos los países democráticos tratan de evitar la colusión o la confusión de la política con los negocios. Las élites políticas y la opinión pública en los países democráticos y desarrollados están siempre aler­tas para señalar vínculos encubiertos, complicidades o colusión. En la Argentina, es lo Contrario. Como dice Halperín Donghi, en La Argentina en el callejón, en nuestro país hay un uso faccioso del poder del Estado en beneficio de ciertos grupos. Un ejemplo emblemático permite tomar conciencia de este grave problema. Desde el año 2000, las provincias petroleras han concedido 166 áreas para la explotación petrolera, de las cuales, noventa se han entregado a empresas sin experiencia en la ac­tividad ni capacidad financiera. La mayoría no ha realizado inversiones de exploración petrolera. Una gran parte de las empresas pertenecen a «amigos» del poder que especulan con la oportunidad de transferir las áreas a terceros. En el Brasil, las concesiones petroleras se entregan a grandes empresas que operan en el sector y que tienen gran capacidad de inversión.

Hemos recorrido un camino que fue conformando un vínculo asociativo que consagra una colusión entre la mayoría de los grupos políticos y sus dirigentes con los intereses de los grupos económicos privados con actividades dependientes del Estado. Para estos partidos, facciones o representantes políticos, el control del Estado es fuente de enriquecimiento y de hegemonía. Gerardo Della Paolera afirma contundente: «Acá lo importante para acceder al poder es hacerse del botín»40.

Eduardo Fidanza, en un artículo donde puntualiza cuales son los factores que conforman la anomia argentina, señala el uso de los Esta-

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dos con fines partidarios. Este fenómeno, una tentación irresistible en cualquier sistema político, alcanzó en la Argentina niveles intolerables. Implica, como tantas veces se ha repetido, una confusión entre Estado, Gobierno y partido. Llegar al Gobierno supone apropiarse del Estado y usarlo como instrumento arbitrario de acumulación de poder. Esta mal­versación de la función estatal, convertida en'costumbre y fuera de todo control, tiene efectos devastadores para la cultura pública»41.

Esta práctica también se observa en la utilización de las empresas públicas como lugares para distribuir prebendas políticas. La Argentina tiene una vieja experiencia en la materia (p. ej., YPF fue la única empresa petrolera del mundo que perdía plata). En vez de administrarse con téc­nicos y profesionales, estas empresas son asaltadas por los negocios ilí­citos. Aerolíneas Argentinas, empresa reestatizada, dirigida por grupos designados políticamente, es la empresa aérea del mündo que arrojó más déficit en 2010.

Wilhelm Rópke, un reputado economista alemán, expresa que a su juicio el peligro consiste en lo que llama el «colectivismo privado», en el sentido de una concentración del poder económico y social excesivo por parte de determinados grupos sociales frente a los grupos de poder situados en el Estado y fuera de él. Esto hace depender al individuo de tales grupos de poder que intentan utilizar el Estado para sus propios fines. La política económica queda sujeta, en buena medida, a los de­seos de los grupos de poder privado42. Esta sensación experimentó, sin duda, el ministro Roberto Lavagna cuando fue visitado en su despacho por un empresario preocupado poV un problema que podía afectar al sector financiero, quien le hizo entrega de un proyecto .de decreto para su firma, redactado en papel oficial del Poder Ejecutivo y ajustado a las formalidades de la Secretaría Técnica de la Presidencia: «Sin siquiera leer el documento — relata Lavagna— le dije cuán enormemente impropio era que un privado trajera (...) en limpio un decreto al que solo le faltaba la firma del ministro para que luego lo gestionara ante el presidente». Para el visitante también fue una sorpresa, pues solo atinó a responder: «Pero ¿cuál es el problema? Si hace años que esta es la costumbre» (Ro­berto Lavagna, El desafío de la voluntad).

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Dice Rópke que «la lucha de los grupos de intereses conduce a la desintegración del Estado. Al formar poderosas asociaciones, los distin­tos intereses dividen toda la vida política de acuerdo con los intereses particulares de orden económico, mientras el poder estatal pasa a ser la presa codiciada que desencadena la lucha».

Para Rópke, la delegación de tareas esenciales del Estado en orga­nismos autónomos acarrea un proceso disolvente del Estado. El corpo- rativismo en un Estado democrático implicaba que este debía ceder soberanía a los grupos económicos, lo que llevaba, en el campo econó­mico, a la «anarquía del proceso de producción». El corporativismo im­plica monopolismo, anarquía de los grupos, preponderancia de intere­ses sectoriales, corrupción, descomposición del Estado y economías de privilegio. Estas conclusiones teóricas eran comparadas con los ensayos contemporáneos, como el caso fallido de la «administración económica autónoma» de la República de Weimar o el del ensayo del Estado Cor­porativo austríaco.

El objetivo del abordaje que las fuerzas políticas de cada Gobierno hacen del Estado, es el uso de sus bienes, recursos y competencias con el fin de satisfacer las ambiciones de poder y dinero de los grupos gu­bernamentales y de sus «amigos». Este impulso, esta ambición, alimen­ta el proceso de concentración de poder. Carlos Leyba, a quien se cita en otra parte de esta obra, personifica como los «concesionarios» a estos grupos, a quienes la privatización les ha transferido servicios públicos esenciales.

Mientras que en el siglo XIX y principios del siglo XX el Estado estaba pordelantedela sociedad, era fuerte, y sus intervenciones nofueron resis­tidas cuando se construía la Argentina moderna, ya avanzado el siglo xxi, el Estado era objeto de la codicia y la rapacidad de los que lo utilizaban en su beneficio propio. Sobre su autoridad dependiente, se asienta la ronda prebendaría de subsidios arbitrarios, ayudas discrecionales y con­tratos con sobreprecios.

El Estado, botín de guerra de la política, es inmune a cualquier con­trol de auditoría, aunque sea de legalidad, puesto que la hegemonía del Ejecutivo silencia y reduce la independencias equilibrio de los demás

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poderes u órganos. Cuando el poder político y el Estado se conciben como una fuente inagotable de prebendas, favores sin control ni con­tralor posible, la corrupción se instala como un ingrediente necesario del procedimiento administrativo. Esta metamorfosis se opera bajo la doctrina de que el Estado debe ceder parte de su rol al mercado, que es más eficaz en asignar roles y distribuir recursos»..

El único camino práctico para dotar al Estado argentino de mayor autoridad, prestigio y eficacia es tomar conciencia de que el Gobierno y el Estado no son lo rtiismo. Uno es transitorio, cambiante, dependiente del resultado délos comicios, y el otro es estable, neutro, es decir, debe interpretar sus competencias y llevar a cabo sus acciones administra­tivas conforme a la ley y en beneficio de todos los actores sociales y políticos, respetando el bien común.

En esta era de la globalización y la complejidad, donde a los países\

se les exige más responsabilidades internacionales, es necesario cons­truir un Estado capaz de asumir nuevas competencias de gestión, con capacidad profesional para desarrollar su acción. La Argentina debería abandonar el modelo de gestión de los intereses colectivos e identifi­car la diferencia entre Gobierno y Estado. Este es, sin duda/un impor­tante desafío para suprimir una de las causas de la decadencia del Es­tado argentino.

¡Comicios limpios! ,\

El pueblo argentino luchó durante largo tiempo para obtener la garantía de respeta de la voluntad popular, expresada a través del su­fragio libre y sin condicionamientos. Una lucha entre los que sosteníanque el voto era el único procedimiento para legitimar la autoridad y

tlos que lo consideraban una ilusión que solo servía para consagrar el atraso y el instinto gregario. Fue, en otras palabras, un largo cómbate entre los que creían en la soberanía popular y los que preferían una re-

‘ pública sin pueblo, donde las élites políticas serían las responsables de interpretar los intereses generales de la población. Joaquín V. Gonzá­

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lez, desde su banca de Senador, lanzó una requisitoria contra la atávica impostura que habla privado de legitimidad a casi todos los Gobier­nos designados por elecciones desde la vigencia de la Constitución de 1853. En 1912, dijo: «Este país, según mis convicciones después de un estudio prolijo de nuestra historia, no ha votado nunca»43.

Durante todo el siglo XIX, las consultas electorales carecían de nor­mas eficaces para controlar los comicios. Las prácticas fueron casi siem­pre inescrupulosas,y los ciudadanos carecían de una ordenada informa­ción sobre sus derechos y los procedimientos que regían las consultas. Esas circunstancias hicieron que casi todos los resultados fueran falsos. A más de un siglo de los primeros combates por la limpieza del sufragio, las malas praxis electorales han reaparecido como un método de nues­tra enclenque democracia.

Toda o gran parte de la historia argentina ha sido una tensión entre los que afirman que la autoridad de Gobierno debe surgir de la volun­tad popular, es decir, el voto, y los que pretenden imponer a las mayo­rías las ¡deas de una minoría que, supuestamente, interpreta el interés del pueblo.

Fue un militar, quizá el primero, quien definió el principio de la so­beranía popular cuando en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo declaró lo que sería uno de los principios rectores de nuestra filosofía política: «que no quede ninguna duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando». Lograr que este principio se hiciese realidad costó mucha san gre y tiempo. Durante largos años la sedición y las sublevaciones contra la autoridad fueron el método más usado para i m p o n e r Gobiernos.

En la Argentina, antes de la sanción de la Constitución de 1853 y, ya hemos visto, aun después, la práctica de cambiar e imponer por la fuerza a los Gobiernos fue un método aceptado.

El primer fraude fue el que posibilitó la elección de Lavalle como gobernador de Buenos Aires en 1828, cuando en elTemplo de San Fran cisco se reunieron unas ochenta personas que, entre gritos y aclamado nes, eligieron al sublevado general candidato único. Fue una farsa, pero Lavalle se instaló en el fuerte y poco después fue responsable también del primer magnicidio (Dorrego).

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A partir de la sanción de la Constitución de 1853 fue proclamado como forma de gobierno el sistema republicano, representativo y fe­deral. Esta Constitución nada había dispuesto respecto del sistema electoral, vacío que fue llenado por la Ley 140 de 1857. Los votos eran cantados y se elegía la lista completa. El que ganaba obtenía todas las bancas. Las consultas populares adolecían defalta de transparencia por la manipulación de las voluntades, el control arbitrario de los padrones y la intimidación de grupos armados que, en los atrios, supervisaban las mesas de voto. s

En una carta a Domingo de Oro, Domingo Faustino Sarmiento ex­plicó cómo fueron los comicios del 29 de marzo de 1857^:

Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente han dado este resul­tado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extran­jeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición.

Es sorprendente que en la Argentina del siglo XIX, con una clase política relativamente culta, el fraude electoral o la posibilidad de ha­cerlo haya sido una práctica a la qüe todos apelaro'n.en alguna circuns­tancia. El voto cantado exponía al ciudadano al control de los caudillos que dominaban el circuito. Si el votante no sufragaba a favor de la lista del caudillo, podía perder un cargo público o ser molestado. Salvo la Constitución de 1819, qué no concedía el voto al peón, soldado, criado a sueldo o a los «notoriamente vagos», en la Argentina, la legislación no optó por el criterio del voto'réstringido, excepto en lo que concier­ne a las mujeres. Las leyes electorales que se sucedieron desde 1857

' nunca acotaron el derecho del sufragio, salvo, por razones de género, a la mujer.

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Félix Luna recuerda que ante esa reiteración de «fraudes, violencias y adulteraciones», Juan María Gutiérrez exclamó con indignación: «La elección libre es una ironía sangrienta en toda la República». Por su par­te, el diario La Tribuna reconocía el 1 de abril de 1864 que «a partir de 1852 no hay una elección, una sola, que no se haya ganado al amparo de la mayor destreza de los partidos»45.

«A partir de 1852, en la política porteña —dice Félix Luna— preva­leció la doble inmoralidad que hemos señalado: la de los partidos per­sonalistas y carentes de principios, es decir, oportunistas e incoheren­tes, y la de los comicios violentos o fraudulentos. Esta doble inmoralidad fue la que provocó en su momento la réplica de la Unión Cívica. No se pueden entender el movimiento de los noventa y sus secuelas si no se los interpreta cómo una reacción moralista contra aquellos abusos (...), si no se lo comprende como un rechazo a la política personalista que había prevalecido hasta entonces y a la que el nuevo partido —imper­sonal y de principios—pretendía clausurar para hacer posible mejores prácticas cívicas»46.

Roca dominó el país durante un cuarto de siglo, primero con Juárez Celman, después controló catorce provincias, y frustró cualquier intento de disputarle el poder. La máquina, perfectamente montada, se utili­zaba también para la elección de los candidatos, donde era decisiva la influencia del presidente y de los caudillos47.

Roca montó una eficaz «máquina del fraude». Al final del roquismo, se usó mucho la compra de votos. Cayetano Ganghi, caudillo de parro­quia, personaje pintoresco, perla fina en la corbata, bigotes a lo Kaiser, chaleco con filete blanco, que hablaba castellano cocoliche, era quien con eficacia manejó el voto verbal o cantado.

Este caudillo conservador, que se jactaba de su poder, le escribió a Roque Sáenz Peña lo siguiente: «Roca es un poroto a mi lado, tengo dos mil quinientas libretas». En las provincias del Norte, cuando ganaba un opositor, se practicaba el método de las «raspaduras» para cambiar el nombre del diputado. Miguel Ángel Cárcano, en su obra sobre Sáenz Peña, dice que «desde la votación de 1810, el sufragio generalmente es falseado, siempre restringido y pocas veces libre y auténtico».

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Después de la Constitución de 1853, hay una gran literatura sobre el fraude. Payró, en Las divertidas aventuras dei nieto de Juan Moreira, re­lata los procedimientos de las «elecciones canónicas», donde los opo­sitores estaban vedados. Carlos D'Amico, en su obra Buenos Aires, sus hombres y su política, es más categórico: «y así el sistema republicano fe­deral representativo que han adoptado, soló'existe escrito en las Cons­tituciones nacionales y provinciales: jamás es aplicado en la práctica de lo que resulta que no hay farsa mayor que la Constitución Nacional y las Constituciones de la República Argentina»48; ''

En la práctica, hasta 1912, el votante fue seleccionado, influencia­do, violentado, comprado, y su voto, generalmente, fue adulterado. Carlos Pellegrini, en 1902, evocaba sus recuerdos de infancia en un dis­curso en la Cámara de Senadores: «la practica era que toda la lucha se circunscribía a apoderarse de la mesa». El mismo Carlos Pellegrini no temió ser calificado de cínico cuando exclamó, en 1906, en la Cámara de Diputados, «no hay voto más libre que el voto que se vende»50. Luna dice que los presidentes deploraron estas prácticas (Mitre, en 1864; Sarmiento, en 1869 y 1874; Avellaneda, en 1875), pero todos se bene­ficiaron con ellas49.

Lo más sorprendente es que el fenómeno del «fraude electoral» ha tenido una aceptación moral en gran parte de la sociedad argentina. José Nicolás Matienzo, luego de afirmar que desde que Mitre se levantó en 1874 en apoyo de la libertad de sufragio, nada había cambiado y que al no poder suprimir el fraude, «todos los presidentes posteriores (...) han optado por aprovecharlo». LasX protestas a favor del sufragio libre y en contra de la injerencia indebida de los funcionarios no tiene alcance moral ni acarrean sanción alguna que perjudique la reputación del go­bernante o funcionario censurado. El funcionario que viola su promesa de abstenerse en la elección y hasta el que comete fraude electoral no pierde por eso las consideraciones sociales y sigue gozando de la amis­tad de las personas que la voz pública califica de honorables (José Nico­lás Matienzo, El gobierno representativo federal de la República Argentina).

' • * Como hemos dicho, el primer levantamiento contra el fraude fue la revolución de 1874 encabezada por Mitre para oponerse a las su­

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puestas trampas efectuadas en el escrutinio que llevó a la presidencia de la nación a Nicolás Avellaneda, cuya elección contaba con el apoyo de Sarmiento y la Liga de Gobernadores. En su manifiesto del 6 de abril de 1874, Mitre proclamó que «frente al fraude la revolución es un de­ber para desalojar a la oligarquía oficial de hombres sin conciencia». Mientras Sarmiento afirmaba que «la revolución traerá el gobierno del sable», Mitre sostenía que «la lucha por el sufragio es suprema» y, entonces, «la revolución es un derecho, un deber, una necesidad». La revolución será vencida; el fraude como sistema será la práctica que triunfó.

El segundo levantamiento contra el sistema empezó cuando se movilizaron miles de seguidores tras las figuras de Mitre, Aristóbulo del Valle e Hipólito Yrigoyen. Dos grandes manifestaciones políticas fusti­garon al gobierno de Juárez Celman (1886-1890): los actos del Jardín Florida (1 de septiembre de 1891) y del Frontón Buenos Aires (15 de mayo de 1890). Hipólito Yrigoyen publicó un manifiesto el día que esta­lló la revolución del Parque, el 26 de julio de 1890, en la plaza Lavalle de Buenos Aires, explicando por qué querían derrocar al Gobierno: «lo de­rrocaremos para devolverlo al pueblo a fin de que el pueblo lo reconsti­tuya sobre la base de la voluntad nacional». Los revolucionarios fueron vencidos, pero el senador Dídimo Pizarro pronunció una famosa frase: «La revolución está vencida, pero el gobierno está muerto». La Unión Cívica Radical, partido liderado por Leandro Alem, se identificó con la lucha por la limpieza del sufragio50.

La sombra de una conspiración nacional se instaló en la Repúbli­ca para ser uno de los grandes capítulos de la discordia. El 30 de julio de 1893, estallaron sublevaciones en ochenta y ocho localidades de la provincia de Buenos Aires. Una multitud juvenil, alegre y pacífica entró en La Plata con Yrigoyen a la cabeza, aclamado por pueblos que a su paso le ofrecían flores y naranjas. En Tucumán y Santa Fe, también se registraron grandes manifestaciones y se sublevaron el acorazado Los Andes en Rosario y dos torpederas en el Tigre. Luego de la revolución de 1893, que fue un espectacular ejercicio de movilización, la limpieza del sufragio fue ganando adeptos poco a poco.

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En la república que inauguraba el siglo xx, hubo dos graneles gru­pos políticos que competían. Uno liderado por el general Roca, que asu­mió por segunda vez la presidencia de la «república autoritaria» y otro bajo el lema del derecho del pueblo, que fundaría la Unión Cívica Radi­cal. Para Roca lo importante era defender «el principio de autoridad y la unión nacional»; para los radicales, asegurar «comicios limpios». Eran dos visiones de la Argentina encarnadas por hombres que actuaban con la convicción de buscar el bien común, entre «pazy administración» y «abrirle las urnas al pueblo». Carlos Pellegrini, luego de haberse reído del «lirismo de loscomicios libres y otras pamplinas por el estilo» (1895), cambió de parecer y se plegó a los que combatieron el «fraude», afir­mando en 1903: «He aquí el mal, todo el mal. El voto es el más sagrado de nuestros deberes»51.

La discordia se profundizó en la sociedad argentina cuando duran­te la presidencia de Manuel Quintana estalló nuevamente en 1905 la re­volución que fue el punto culminante de las protestas contra el «orden conservador». «Los derechos electorales son una farsa» y el «comicio libre no existe». El general Roca fue considerado «el jefe supremo que manipula la política de los grandes terratenientes», como decía uno de los principales diarios de la Capital52.

Las rebeliones populares que reclamaban comicios limpios, se su­cedieron desde el levantamiento de Mitre en 1874 fueron hasta-1905, y fueron acompañadas por militares sediciosos que pusieron sus ideales de ciudadanos por encima del deber profesional de obediencia. Debemos recordar esas «revoluciones» que jalonan el combate de una historia que, lamentablemente, aún no ha terminado: 1874,1876,1890,1893,1905.

Ante el fraude permanente de los conservadores, la respuesta de los radicales fue intentar un golpe de Estado. Era la postura de Leandro Alem en 1890 y de Hipólito Yrigoyen en 1893 y 1905. Yrigoyen desistió del golpismo recién en 1916, cuando Alvear lo convenció de que no ha­bría fraude. Sin embargo, años después, ya presidente, Yrigoyen confe­saría a Diego Luis Molinari que había sido un error de su parte aceptar

'la propuesta del «régimen» y que él debía haber asumido como «jefe revolucionario»53.

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El viejo sistema del voto público y voluntario de acuerdo con el cual el ciudadano debía inscribirse en la Junta Calificadora, y recibir según sus «capacidades» la boleta de calificación, fue modificado. El «voto can­tado» —debía expresarse en voz alta por el sufragante o por alguien de la mesa— se transformó en «secreto» mediante la Ley 4179 (1905). La Ley 8130 (1911) obligó al empadronamiento obligatorio mediante la libreta de enrolamiento. En 1912, la Ley 8871, conocida como la Ley Sáenz Peña, estableció el voto universal, secreto y obligatorio. El presi­dente Roque Sáenz Peña, junto con su ministro del interior Indalecio Gómez, a pesar de las oposiciones y la falta de apoyo de algunos, lo­graron hacer aprobar esta fundamental reforma electoral. Sáenz Peña quería terminar con el sistema de «la máquina».

En una caita que le escribió el gobernador de Córdoba al presiden­te, afirmó: «La ley ha concluido con el fraude, toca a los Gobiernos termi­nar con la violencia». Desgraciadamente, aquella patriótica reforma no erradicaría de nuestra república ni el fraude ni la violencia.

La Ley Sáenz Peña, en lo que hace al sistema electoral, establece la lista incompleta —dos tercios al primero y un tercio al segundo—, á di­ferencia del anterior sistema de lista completa (1857-1902 y 1905-1912) según la cual el que gana cubre todas las bancas de diputados enjuego y el sistema de votos uninominal por circunscripción (1902-1905). Pos­teriormente, se estableció el sistema de representación proporcional (1957 y 1963-1965) que actualmente rige con la cláusula de un mínimo de votos del 3% del padrón electoral para acceder a una banca.

Hipólito Yrigoyen, luego de triunfar en las primeras elecciones li­bres en el país, el 12 de octubre de 1916 ingresó en la Casa de Gobier­no bajo una lluvia de rosas, y la carroza que lo llevó al Congreso fue arrastrada por una multitud que deliraba ante el triunfo de un.sueño. Más de sesenta años después de haberse sancionado la Constitución Nacional, la república recién logró aprobar un sistema electoral que garantizaba la participación democrática de todos los ciudadanos ar­gentinos. Había pasado más de un siglo desde el primer Gobierno pa­trio. Como había anunciado el vaticinio de la Unión Cívica Radical de la Juventud antes de la Revolución de 1890, había llegado «el desperta-

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miento de la vida cívica nacional». Pero la tradición autoritaria argenti­na no sería cancelada por una ley ni por el entusiasmo de una mayoría de ciudadanos. •

Los círculos conservadores condenaron el frutó de la reforma elec-itoral y, desde varios sectores de la sociedad, surgieron sones marciales de un sentimiento que despreciaba la Constitución. Criticaban el domi­nio de la república por una «masa ignorante, anárquica y concupiscen­te, producto del sistema electoral que producía cada vez peores gobier­nos». El heraldo inspirador de la campaña .para .demoler la democracia fue el gran poeta'Leopoldo Lugones.

Ante la democracia ideológica y siempre falaz de los derechos del hombre, se alza ahora la realidad de lá nación.Ante el gobierno consentido, el mando. Ante el racionalis­mo, la disciplina. Ante la libertad de las fórmulas, el bienes­tar de los hechos. Porque libre y justo solo puede serlo en realidad el sano y el fuerte. La libertad, la justicia, la cultura, la salud, son consecuencia del bienestar conseguido. Pues solo así alcanza expresión positiva el derecho, que es la or­ganización de la libertad y la justicia. (Leopoldo Lugones, La patria fuerte, 1930)

Hacia 1920, Joaquín V. González, sin duda con su corazón desgana­do, concluyó que la Ley Sáenz P,eña había sido un error. Descubrió que, por debajo de una apariencia tranquilizadora, había otra Argentina con un temor profundo que destruía «toda esperanza de arraigo y de segu­ridad y toda fe en el porvenir». Compartía las ideas de los que afirmaban que el régimen de Yrigoyen era ilegítimo.

Los grupos que dominaban el Estado estaban convencidos de que el pueblo no sabía lo que le convenía y, por lo'tanto, el simulacro electo­ral parecía lo mejor. Querían evitar el regreso del radicalismo bajo cual­quier forma y a cualquier costo. En 1936, la «derecha» política publicó

' -. un manifiesto redactado por Federico Pinedo, ministro de Hacienda de Justo desde 1933:

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Estamos bien lejos de reclamar para nosotros el de­

recho a una tutela que nadie nos ha discernido, pero afir­

mamos que la nación, como identidad indestructible tiene

derecho inalienable a conservar su individualidad de país civilizado; ordenado, culto, dueño de su acervo moral o his­

tórico cuantioso como sus inmensas riquezas morales (...)

no hay razón para que las masas ciegas pongan todo esto en peligro(...) a través del ejercicio inconsciente del sufragio universal por masas populares ignorantes, perturbadas por una prédica insensata. (La Nación, 1 de junio de 1936)

Alain Rouquié describe la naturaleza del sistema: «Volvemos a en­contrar la distinción, propia del antiguo régimen, entre razón popular y voluntad popular, entre democracia ilustrada de la élite y los apetitos desenfrenados de las masas, entre la cultura de la oligarquía y la incul­tura de la plebe. Es la teoría misma del Fraude Patriótico»54.

El sistema se repite en la próxima elección presidencial que, en septiembre de 1937, les da el triunfo a los candidatos de la Concor­dancia, Roberto M. Ortiz y Ramón S. Castillo, frente a los radicales Marcelo T. de Alvear y José Tamborini. Estos comicios fraudulentos se realizaron en medio de varios escándalos, disturbios con tiroteos, heridos y muertos.

Los hechos de violencia eran frecuentes. Félix Luna cuenta que un ciudadano llamado Juan Maciel, dirigente deTres Arroyos (provincia de Buenos Aires), sabiendo que en Coronel Dorrego se estaba «haciendo fraude» el día de la elección de Ortiz, se trasladó a esta ciudad para im­pedirlo. «Fue cocido a balazos», asevera Luna55.

Como afirma este historiador, «es la marca que define políticamente a la década del '30» y es en parte lo que justifica el mote «década infa­me». Tal fue el nombre con que la bautizó José LuisTorres56. En la provin­cia de Buenos Aires, como el gobernador Federico Martínez de Hoz quiso evitar el fraude, lo destituyeron con juicio político y los comicios se hicie­ron bajo el control del vicegobernador Raúl Díaz, quien puso en práctica,

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a todo vapor, «la máquina». Así resultó elegido el conservador Manuel Fresco, figura emblemática del fraude en la década:de los treinta. «Votar en secreto no es de hombres libres», decía Fresco. Eq 1936, las elecciones de diputados nacionales se hicieron con fraude; en i 937, las presidencia­les «fueron una vergüenza», dice Luna en la biografía de Ortiz. Así fue el fraude patriótico en todo el país, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad.

El presidente Ortiz anunció su intención de terminar con el fraude y de sanear la vida política en todo el país, pero murió antes de poder garantizarla. Su sucesor, Ramón Castillo, tenía ideas diferentes. El fraude reapareció en las elecciones de 1940 en Santa Fe y, luego, en Mendoza y Buenos Aires. El último fraude «patriótico» se realizó en la elección de diciembre de 1941.

La revolución del 43 y luego el presidente Perón sepultaron el frau­de. Perón declaró que «la era del fraude ha terminado».

Con la elección de la formula Juan D. Peróh y Hortensio Quijano el 24 de febrero de 1946, la Argentina inauguró una nueva era, cuyo rasgo dominante fue la presencia del peronismo. Ya no se trataría de una discordia —violenta o pacífica— entre el conservadorismo del viejo orden y el radicalismo como expresión popular, sino que su presencia en la vida política provocaría un enfrentamiento que por momentos se­pararía la sociedad en dos partes antagónicas. Esta una nueva visión de la Argentina planteó una difícil convivencia con la tradición positivista y liberal que hasta 1930 había dominado el pensamiento de las hasta entonces élites dirigentes, conservadoras ó radicales.

Desde 1947, con el impulso'último de Eva Perón, se establecieron el voto femenino y el derecho al sufragio de los suboficiales de las Fuerzas Armadas y la policía, así como en los territorios nacionales. (Leyes 13.010, 13.012, 13.494 y 14.032). Durante el gobierno de Fa- rrell, Perón quiso otorgar el voto femenino, pero, ¡qué ironía! las más ardientes sufragistas de antaño, como Victoria Ocampo, hicieron una fuerte campaña en contra y le dejaron la continuación y la concreti- zación de esta lucha a Eva Perón. Mediante la reforma constitucional

- .de 1994, el voto universal, igual, secreto y obligatorio adquirió rango constitucional.

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Desde el derrocamiento de Perón en 1955 hasta su vuelta en 1973 todos los Gobiernos fueron fruto de una imposición o decisión de las Fuerzas Armadas, de un golpe de palacio o de elecciones presidenciales con algún tipo de vicio que privaba de legitimidad a los mandatarios electos. Todos los Gobiernos electos fueron interrumpidos por alguna causa, ajena a su voluntad.

El golpe de Estado de 1955, conocido como «Revolución Libertado­ra», que derrocó el régimen legítimo del general Perón para restablecer «el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia», reinstaló la forma más absoluta del fraude, que fue la «proscripción» y la persecución del peronismo. En los comicios de febre­ro de 1958 que consagraron a Arturo Frondizi presidente de la nación, el peronismo estuvo proscripto.

En las elecciones provinciales del 18 de marzo de 1962, a pesar de la aversión de las Fuerzas Armadas, Frondizi autorizó la presentación de candidatos peronistas bajo el rótulo de distintos partidos: Unión Popu­lar, Tres Banderas, Partido Laborista. En la provincia de Buenos Aires, la fórmula justicialista fue integrada por Andrés Framini —dirigente sin­dical de la Asociación Obrera Textil— como candidato a gobernador y Marcos Anglada —ex ministro de Educación de la Nación— como can­didato a vicegobernador. La fórmula inicial había sido Framini y Perón, pero el Gobierno vetó al líder exiliado pretextando que tenía causas ju­diciales abiertas.

El triunfo de la fórmula peronista de la Unión Popular, apoyada por el Partido Socialista Argentino dirigido por Alfredo Palacios y Alicia M. de Justo, provocó un maremoto entre los jefes militares y aquellos sec­tores para quienes la democracia no podía incluir al justicialismo, a pe­sar de que había ganado en diez de las catorce provincias.

El presidente Frondizi intervino la provincia de Buenos Aires y anu­ló las elecciones. De nada valió su decisión, pues once días después fue derrocado.

En la elección presidencial del 7 de julio de 1963, el peronismo en todas sus variantes fue una vez más proscripto. Arturo lllia y Carlos Pe- rette fueron electos presidente y vicepresidente por el 25,14% de los

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votos emitidos. El voto en blanco alcanzó el 18,82%. La Unión Cívica Ra­dical había claudicado de uno de sus principios fundadores, por el cual había durante tantos años luchado: la limpieza del sufragio.

Hasta la restauración de la democracia en 1983, solo la elección presidencial del 23 de septiembre de 1973 respetó la libertad electoral.

La reforma constitucional de 1994 establece que el presidente y el vicepresidente duran en sus funciones cuatro años y que pueden ser re­elegidos por otro período consecutivo. Se reinstaló la reelección, lo que permitió a Carlos Meñem sumar a su mandato inidal de seis años, otros cuatro años máícJe mandato renovado por la reforma

En la década de los noventa, el afán reeleccionista se expandió por todo el país. En 1983, las reelecciones consecutivas de los gobernadores estaban prohibidas en todas las provincias. En 2009 solo lo estaban en dos provincias: Santa Fe y Mendoza. En Catamarca, Sarita Cruz y Formo- sa está autorizada la «reelección indefinida». En Salta, se permiten dos reelecciones.

Luego del colapso político y financiero que sufrió la república en ¡os años 2001 y 2002 y de la pobre imagen que algunos Gobiernos ofrecían a la opinión pública, parecía que una nueva conciencia ética emergería como paradigma en una sociedad cansada de fracasos y de corrupción. La decencia era una proclama que, al grito «que se vayan todos», reco­rrió el país del Atlántico a los Andes y de la Quiaca hasta Ushuaia; Pero el curso de la historia no ha colmado esas expectativas sociales.

Desde distintos ámbitos de ¡la opinión pública, tanto los partidos como las ONG especiales o intelectuales de prestigio, han alertado so­bre la repetición de los viejos vicios que rodean los actos y procedimien­tos electorales. El uso del poder del Estado por parte del Gobierno altera el juego limpio que debe garantizare! sistema constitucional.

Por ejemplo, en la elección legislativa de junio de 2009 para en-* ;cabezar las candidaturas del oficialismo a gobernador, diputados o in­tendentes, se presentaron en la cabeza de dichas listas, candidaturas «testimoniales». Se trata de candidatos que prestan sus nombres para •encabezar las listas. Gobernadores, ministros,.intendentes ponen sus nombres en las primeras posiciones para presentarse a cargos que no

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han de asumir. Pese a los reclamos que se presentaron a la justicia, esta las autorizó porque consideró que frente al debilitamiento de los parti­dos, la presencia de referentes importantes facilitaba al elector la identi­ficación de las opciones partidarias.

Hay nuevos instrumentos, nuevas metodologías para influir en el elector. El financiamiento de la campaña del oficialismo con fondos pú­blicos encubiertos aun cuando no es una novedad entre nosotros.

Demasiados hechos políticos y administrativos, autorizan a calificar nuestra democracia de «imperfecta». ¿Será posible afirmar, como de­claró La Prensa el 7 de junio de 1907, que «los derechos electorales son una farsa»?

Los partidos políticos, sostén necesario de la democracia, cuya exis­tencia es un prerrequisito para los procesos electorales, han sufrido una desarticulación creciente en sus estructuras y una disminución de su capital de prestigio ante la sociedad. La concentración del poder en el Estado/Gobierno, transformado en el centro hegemónico en la vida po­lítica de la nación, ha reducido el papel del partido político como articu- lador de ideas y representante de intereses sociales. La mayoría de ellos son objeto de una conducción autoritaria que no refleja la vocación de­mocrática de sus plataformas. En la Argentina, la política ha sido, poco a poco, capturada por facciones sujetas a las demandas que expresan los sondeos. Adoptan una geometría variable en lo que concierne a sus alianzas y a sus eventuales programas.

La manipulación de los partidos políticos por camarillas desvirtúa la función de las organizaciones políticas como instituciones al servicio de la democracia. Lo más significativo de este proceso de desvaloriza­ción de los partidos es el dominio que sobre ellos ejercen ¡os grupos o caudillos que seleccionan «a dedo» sus dirigentes y que cambian sus posiciones políticas según la coyuntura de los acontecimientos. La lis­ta «blanqueada» o «sábana», es una oferta cerrada que los votantes no pueden cambiar. Es un «menú fijo».

Un elemento introducido por los partidos y avalado por la justicia que crea confusión en cuanto a la identidad partidaria de los candida­tos y la oferta electoral es el invento reciente de las «listas colectoras».

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En las elecciones legislativas nacionales de 2009, los votantes de la pro­vincia de Buenos Aires debieron elegir entre 1480 listas con un total de 24 253 candidatos. En algunos distritos hubo¡ sesenta listas en el cuarto oscuro. Esto se debió a las «listas colectoras» (que permitieron endosar nóminas distritales a las boletas de los candidatos pero con distinto sello partidario). Se crean expresiones para designar realidades que solo existen en la Argentina: candidatos testimoniales (figuran en la boleta pero no tienen intención de ocupar el cargo para el que se pos- tulanj, candidatos eventuales (los que se declaran que (eventualmente asumirán), cáncfidatos con portación de apellidos (se colocan en las listas candidatos del nombre de los intendentes, esposas o parientes), can­didatos importados (nacidos en una provincia, pero que se presentan en otra), listas colectoras (son idénticas a nivel de las candidaturas na­cionales y provinciales, pero llevan nombres diferentes a nivel munici­pal), lista espejo (candidatos idénticos, pero con diferente número de boleta).

A esta confusión, que genera la gran cantidad de listas, se debe agregar el número de cargos y candidatos. En la elección parlamentaria de 2009, hubo 1 479 listas en todas las provincias.

Además de estos hechos, se modificaron sin motivos aparentes las fechas electorales nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una evidente ruptura de las reglas del juego.

Por más que la ley electoral sea ejemplar, hay que perfeccionar el sistema de intermediación que ¡son los partidos, que de acuerdo con la Constitución tienen el monopolio de esa mediación.

Churchill decía que el sitio donde menos se practicaba la demo­cracia era en los partidos, que son la herramienta necesaria para prac­ticarla. Como señala Jorge Vanossi, «el problema está en los partidos políticos y no en el sistema electoral». Miramos el aspecto cuantitativo de los partidos, pero no el cualitativo. «Nos llenamos la boca de orgullo diciendo que en el partido tal tenemos millones de afiliados»50.

La Argentina cumplió doscientos años de vida en el 2010. Prota­gonizamos una epopeya impulsada por los sueños de un pueblo que quiso ser libre y que entregó sus mejores energías a la construcción

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de una república con vocación de brillar por sus realizaciones entre las principales potencias del mundo. La democracia fue como el fi­nal de un largo camino de luchas y esperas, combates populares y debates conceptuales, la realización de las ambiciones de un pueblo que no se rindió ante el poderío de los más fuertes. El voto limpio que logró consagrar el triunfo del primer Gobierno representativo del pueblo en 1916 abrió las puertas a una Argentina que confiaba en su destino. Sin embargo, ha pasado casi un siglo desde aquella reforma electoral que creíamos era el salto definitivo a la modernidad, para tomar conciencia, al finalizar la primera década del siglo veintiuno, que un incomprensible retroceso nos impulsa a las prácticas que creíamos derogadas. La Argentina tiene que continuar la batalla por la transparencia del sufragio como paso necesario para instaurar la vigencia de un orden político que es, a nuestro juicio, una condición ineludible para el desarrollo del país y la recuperación de su prestigio institucional en el seno de la comunidad internacional. Que nuestra larga lucha no haya sido en vano.

Crimen y justiciai»

Nuestra historia política ha sido violenta. Paul H. Lewis sostiene, en la Crisis del capitalismo argentino, que entre 1958 y 1973, «Argen­tina padeció más revueltas militares, triunfantes o no, que cualquier otra nación en el mundo salvo Iraq». Según este autor, en ese lapso, fueron asesinadas por razones políticas 287 personas, incluyendo al ex­presidente Aramburu y los dirigentes sindicales Augusto Vandor y José Alonso. Pero ese récord mundial de sublevaciones militares que nos asigna Lewis es un reflejo bastante pálido si observamos la violencia que se manifiesta en nuestra historia política desde la Revolución de Mayo a la restauración de la democracia en 198358.

El perdón, que responde a un sentimiento humanitario y a un in­tento social de olvidar los agravios, ha sido una práctica de pacificación permanente en nuestro país. Se ha perdonado, por indulto o amnistía,

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a los que han cometido delitos de sedición, sublevación, con o sin vio­lencia. Es un recurso muy usado en la historia universal. Cicerón, en la antigua Roma, propuso la amnistía para los asesinos de César. Carlos V también propuso una amnistía a los comuneros, castellanos luego de aplastarla rebelión.

A lo largo de esta obra, hemos consignado las distintas mani­festaciones de violencia que con fines políticos han tenido lugar en la Argentina. Numerosos fueron los fusilamientos, con o sin funda­mento legal. Toda'nuestra historia está jalonada de levantamientos populares o militares, como el del general Mitre en 1874, las sucesi­vas revoluciones radicales, los levantamientos militares del teniente coronel Pomar en la década de los treinta, el levantamiento de Valle en 1956, las numerosas asonadas militares que acosaron a los presi­dentes Frondizi y Guido, los sucesos de Semana Santa durante el go-

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bierno de Alfonsín, los numerosísimos actos terroristas con bombas, asesinatos y secuestros de las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XX, los actos de violencia ilegales cometidos por las fuerzas mili­tares y de seguridad durante el Proceso de 1976, en fin, muchos otros actos que violentaron la libertad de las personas o que provocaron su muerte forman parte de un memorial de sangre que testimonia un aspecto desolador de nuestro pasado.

Demasiados son los ejemplos de esa tendencia patológica de aca­llar, de anular políticamente, de dominar, que suele manifestarse entre los argentinos que ejercen alguna función pública de alto rango. Recor­damos a aquel ministro de Economía que interrumpía los programas de radio para rebatir lo que el entrevistado decía. Su egolatría no podía tolerar la disidencia. Desde los que hostigan hasta quienes alteran el reino del pensamiento único gubernamental y los que creen necesa­rio salvar la patria a través de un asesinato o demoliendo por la fuerza

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un Gobierno constitucional, todos cometen algún tipo de acción que merece resarcimiento moral, pecuniario, o el castigo penal de encarce­lamiento.

Sin embargo, a lo largo de la historia de la Argentina fueron pocos los crímenes, abusos, sediciones o golpes de Estado, cuyos ejecutores

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o actores fueron juzgados y sancionados de acuerdo con lo que esta­blecían las leyes. Hay grandes crímenes que quedaron impunes como el fusilamiento de Dorrego, el asesinato de Urquiza o las ejecuciones de Valle y de otros militares y civiles en 1956. Los que participaron en sublevaciones civiles o militares, generalmente, fueron «amnistiados», es decir perdonados; muchos actos terroristas fueron objeto de una in­vestigación judicial, pero un sinnúmero ha quedado impune.

En muchos países, actos de esta naturaleza han merecido proce­sos que marcaron la memoria colectiva de los pueblos y, en todo caso, son una reafirmación de la vigencia del derecho y no una revancha o venganza.

Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de los crí­menes perpetrados por los nazis, se estableció el Tribunal Militar Inter­nacional en Núremberg que juzgó y castigó a los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje. El proceso, que duró 216 días entre 1945 y 1946, sentenció a trece personas a la pena de muerte. La noche del 15 de octubre de 1946 fueron ahorcados once; uno de ellos escapó y otro se suicidó. El Tribunal también condenó a tres responsa­bles a cadena perpetua.

Asimismo, entre 1946 y 1948, funcionó en Tokio el Tribunal Penal Internacional para el Lejano Oriente, que juzgó a veinticinco altos fun­cionarios del Estado y jefes militares japoneses considerados crimina­les de guerra. Este órgano estaba compuesto por un panel de jueces de once países intervinientes en la Guerra del Pacífico. Resolvió siete condenas a muerte y dieciocho condenas a prisión, dieciséis de ellas a perpetuidad.

Perdones y amnistías

Fue en el Reglamento Provisorio de 1815 donde se trató por pri­mera vez el perdón. Allí se dispuso que el Poder Ejecutivo tendría la facultad de «suspender las ejecuciones capitales (...) y conceder perdón o conmutación el día del aniversario de la libertad de Estado» o, en

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ocasión de alguna fecha insigne, pero que en el uso de esa facultad no se podría ejercer «con los delincuentes de traición a la patria y demás delitos exceptuados» (Reglamento Provisorio de 1815 Art. XXVII del Cap. I, Secc. II).

Las Constituciones de 1853 y 1860, y la de 1994 distinguen el de­recho de gracia o indulto o conmutación decenas «por delitos sujetos a la jurisdicción federal», que es una facultad dél Poder Ejecutivo (art. 99, inc. 5 de la Constitución de 1994) y la amnistía que es una facultad legislativa. La Corte Suprema ha clarificado las diferencias que existen entre ambas instituciones: «El indulto difiere de la amnistía sustancial­mente en su naturaleza, en su objeto y en sus efectos. El primero signifi­ca el perdón de la pena acordada por el Poder Ejecutivo para suprimir o moderar en casos especiales el rigorismo excesivo de la ley, mientras la amnistía es el olvido de un hecho delictuoso, para establecer la calma y la concordia social. El primero extingue la pena ál indultarlo; la segunda, la acción y la pena si antes hubiese sido impuesta y borra la criminalidad del hecho» (CSJN, Fa//os, 165:211). 1

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La amnistía ha tenido, como dijimos anteriormente, una larga tra­dición en nuestro país, pues se aplicó desde el Primer Triunvirato para beneficiar a los que intervinieron en las conspiraciones y revueltas que desde su inicio acosaron al Primer Gobierno Patrio y luego a la Junta Grande.

La amnistía acordada el 30 de septiembre de 1811 por el Primer Triunvirato (Chiclana, Sarratea y Paso) tuvo por finalidad liberar de su confinamiento a Azcuénaga, Béruti, Larrea, Rodríguez Peña, Vieytes y Posadas. Los castigos que se les había impuesto era la respuesta a las conspiraciones que oponían a «morenistas» y «saavedristas».

La segunda amnistía fue dictada por la Asamblea del Año XIII y tuvo por objeto sobreseer a todos los que estaban sometidos a causa de re­sidencia, y se los declaró «expeditos para cualquier destino en servicio del Estado», exceptuando, según la decisión de la Asamblea, a Cornelio Saavedra y Joaquín Campana «que deberán ser extrañados fuera del te­rritorio de las Provincias Unidas». Ya afloraban las venganzas de partido o, como decía Manuel de Estrada, los «cavilosos rencores».

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Antes de Caseros hubo dos amnistías: la del 4 de diciembre de 1826 y la del 19 de marzo de 1839. Por esta última, Rosas amnistió a los que habían apoyado o fueron cómplices de la agresión extranjera. Uno de los que se beneficiaron de esta amnistía fue el general Paz.

Desde el período de la Organización Nacional, casi todos los incur- sos en delitos de sublevación, sedición o rebelión contra las autoridades nacionales fueron amnistiados. Hasta el gobierno militar que derrocó a Isabel Martínez de Perón en 1976, incluyendo las mencionadas, se han sancionado veinticuatro amnistías por ley, además del pacto de caballe­ros entre Mitre y Avellaneda que fue una amnistía sin ley.

Luego de la revolución radical de 1905, había quienes pensaban que los civiles o militares que habían participado en la sublevación de­bían ser castigados. Carlos Pellegrini, que era diputado cuando se discu­tió la ley de amnistía, afirmó que había llegado la oportunidad de san­cionar una ley protectora, que bien podría llamarse de salvación institu­cional, que castigue con el máximo rigor al argentino, civil o militar, que intente quebrar el orden de las instituciones y derrocar a un Gobierno legítimo». Es necesario que las instituciones tengan estabilidad, presti­gio y respeto. Ello se logra, en gran parte, castigando a quienes violan su funcionamiento o se rebelan contra su vigencia.

El último presidente de facto, general Reinaldo Bignone, luego de convocar a elecciones para restablecer la vigencia de la Constitución, dictó el 23 de septiembre de 1983 la denominada Ley 22924, en virtud de la cual se extinguían las acciones penales contra los que hubiesen cometido actos ilegales durante el Proceso. Estaba destinada a civiles y militares «que pudieron haber apelado al empleo de procedimientos que sobrepasaron el marco legal».

ítalo Luder consideró irreversible la amnistía sancionada por Bigno­ne. La autoamnistía, de acuerdo con el ordenamiento legal argentino, hacía imposible el juzgamiento de los militares porque; el artículo 2 del Código Penal dice que los imputados pueden invocar «la ley penal más benigna». Sin embargo, la posición radical cambió la tradición argentina de reconocer la continuidad del Estado —gobiernos de facto y constitu-

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cionales , abriendo las puertas a una nueva doctrina, que luego sería convalidada por una acordada de la Corte Suprema al establecer que los decretos militares solo serían válidos «si fueran explícita o implícita­mente ratificados a través de un debido procedimiento institucional». El espectro político estuvo dividido entre los que creían imposible sosla­yar el principio general del Código Penal y lós que argüían la ilegalidad de la autoamnistía.

Alfonsín convocó a juristas y filósofos para que encontraran una sa­lida al dilema sin violentar el orden legal argentino. Roberto Gargarella realizó una investigación sobre este tema en la que puso de relieve los informes de dos eminentes intelectuales: Genaro Carrió y Roberto Niño. Ambos llegaron a la misma conclusión por dos caminos diferentes. Para Genaro Carrió, «el artículo 29 de la Constitución prohíbe el otorgamien­to de facultades extraordinarias al Ejecutivo, y lo. que ha hecho Bignone es violar este mandato de la Constitución. El Poder Ejecutivo se ha au- toarrogado funciones del legislativo. La ley es inconstitucional porque deriva de la impermísible suma del poder público». Por su parte, Niño sostuvo que decir que una ley está vigente no es lo mismo que afirmar su validez. Para él, solo las normas nacidas de la democracia podían go­zar de la presunción de su validez59.

Cuando a principios de diciembre de 1983 Alfonsín anunció la anulación de la ley de autoamnistía, las razones invocadas fueron dosprincipales: la autoamnistía implicaba la violación del artículo 29 de lai •'Constitución (argumento de Genaro Carrió) y carecía de todas las pre­sunciones de validez, por ser una ley de facto.

Alfonsín, la Cámara de Diputados y luego el Senado, aprobaron la Ley 23040 que derogó por inconstitucional la autoamnistía con que se intentó cubrir la retirada del gobierno militar. La declaración de la nulidad de dicha ley de autoamnistía fue votada por la UCR, el Partido Justicialista y la casi unanimidad de los representantes en el Congreso. Posteriormente, dos jueces, Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, la de­clararon inconstitucional.

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Juicios a las Juntas y a los jefes guerrilleros

Apenas electo Alfonsln adoptó dos decisiones históricas en mate­ria de derechos humanos: la reforma del Código de Justicia Militar y la creación de la CONADEP.

Se envió al Congreso la reforma del Código de Justicia Militar, que hasta ese momento reconocía el fuero castrense para juzgar delitos comunes. De allí en más, anulaba esa competencia y, además, habili­taba una segunda instancia en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal en caso de estar afectados derechos civiles. De esta forma, se mantuvo un equilibrio entre el principio de continuidad jurídica y la no retroactividad de las leyes.

En el seno del Gobierno también se discutió, con la ayuda de exper­tos, cuál era la mejor forma de organizar una comisión investigadora: instituir una comisión bicameral por los organismos de derechos hu­manos o establecer una comisión de personalidades dependientes del Ejecutivo (apoyada por Carlos Niño). Cinco días después de haber sido electo el presidente Alfonsín, nombró la Comisión Nacional sobre Des­aparición de Personas. Estuvo integrada por nueve miembros elegidos por el presidente, tres por la Cámara de Diputados y cinco secretarios. Entre ellos, puede recordarse al escritor Ernesto Sábato, el médico René Favaloro, el científico Gregorio Klimovsky, el ingeniero Hilario Fernán­dez Long, el rabino MarshalIT. Meyer, el pastor evangélico Carlos Satti- noni, el obispo católico Jaime de Navares, la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú. Entre los secretarios, estaban la activista de derechos huma­nos Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador y Alberto Mansur

La CONADEP desarrolló un meticuloso y complejo trabajo de inves­tigación y recibió el testimonio y las pruebas de miles de casos. Su traba­jo no fue fácil por la resistencia de sectores que se oponían a la política de esclarecimiento. Recorrieron la Argentina, España, Francia, México y otros países y se entrevistaron con testigos. Luego de 280 días de inten­so trabajo, se dio a conocer un informe de cincuenta mil páginas, que es considerado el documento más importante en la historia de los De­rechos Humanos. La Comisión determinó que el gobierno militar había

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hecho desaparecer a 9000 personas. Una selección de los testimonios se publicó bajo el título de Nunca más también conocido como el «In­forme Sábato» (1984). Pero existen otras versiones —sin apelar a fuen­tes militares— distintas respecto de lás cifras dadas por la CONADEP al inaugurarse la democracia. ¡

En el prólogo, se describe el drama de aquéllos.que «arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil» y se descalifica el «delirio semántico» por calificaciones como «marxismo-leninismo», «apátridas», «materialistas y ateos», «enemigos de los valores occidentales y cristia­nos». El informe es una alucinante suma de casos, una serie de des­cripciones sobre las condiciones, los sitios en que estuvieron, la acción represiva, los métodos de reclusión, la actividad del Poder Judicial, en fin, los sufrimientos que padecieron miles de muertos y desaparecidos. Años antes, esas informaciones habían inducido a muchos argentinos a refugiarse en la negación o en la justificación que implica responderá! horror con un «por algo será».

El presidente Alfonsín sabía que no era fácil poner en marcha los juicios, darles un andamiaje jurídico sólido, organizar la acusación. Para ello contó con el asesoramiento de un equipo que trabajó antes de la asunción: Carlos Niño, Genaro Carrió, Martín Farre)l, Ricardo Gil Lave- dra, Eugenio Berlygin, Osvaldo Guariglia, Eduardo Rabossi y Jaime Ma- lamud Goti60.

Según fuentes testimoniales, Borrás, antes de asumir como ministro de Defensa, expresó que «el número de oficiales inculpados, incluidos los seis comandantes, no superaría los quince»61. Esta opinión fue com­partida por AntonioTróccoli (ministro del Interior), Juan Carlos Pugliese (presidente de la Cámara de Diputados) y Carlos Aleonada Aramburú (ministro de Educación y Justicia), quienes creían que los que debían ser procesados eran las cúpulas, las Juntas y unos pocos generales más. Por su parte Malamud Gotti, quien con Carlos Niño había estudiado.este asunto, afirma que Alfonsín pensaba que serían juzgados entre sesenta y ochenta militares62.

Se tomó la decisión de que la investigación sobre la represión fuese realizada a partir del 24 marzo de 1976 y de que sé dejasen de lado los

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crímenes, ataques y desapariciones de aproximadamente seiscientos casos ocurridos durante el gobierno de Isabel Perón.

Alfonsín y sus ministros, el mismo 13 de diciembre de 1985, promo­vieron acciones penales contra los jefes de las organizaciones guerrille­ras y terroristas (Decreto 157) y contra las tres juntas militares (Decreto 158). En el primer caso, por los delitos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973, y en el caso de los militares, por delitos cometidos después del 24 de marzo de 1976. Designó al Procurador General de la Nación para impulsar la investigación de los hechos.

El artículo 1 del Decreto 157/83 promovió la persecución penal por los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973 contra Mario E. Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo A. Obregón Cano, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, Héctor P. Pardo y Enrique Gorriarán Merlo por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público.

Se apresó a Mario Firmenich, Aníbal Gordon y José López Rega. Tróccoli llegó a afirmar que se trataría del Nunca más de los Montoneros.

El artículo 1 del Decreto 158/83 sometió a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno el 24 de marzo de 1976 y a los integran­tes de los juntas militares subsiguientes: teniente general Jorge R. Vide- la, brigadier general Orlando Agosti, almirante Emilio Massera, tenien­te general Roberto Viola, brigadier general Ornar Graffigna, almirante Armando Lambruschini, teniente general Leopoldo Galtieri, brigadier general Basilio Lami Dozo y almirante Jorge Anaya.

El enjuiciamiento se decidió para los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a detenidos sin perjuicio de otros. La sentencia sería apelable ante la Cámara Federal.

El procesamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo se empezó a sustanciar en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que dio a éstas la posibilidad de enmendarse. Sin embargo, el Consejo fue su­perado por el trabajo y por su propia inexperiencia o falta de compro­miso. Cabe destacar que el 28 de diciembre de 1983, el Tribunal Militar

inició sus actuaciones y procesó al teniente general Videla, al almirante Massera y al brigadier general Agosti, y dictó prisión preventiva para los dos primeros. Al día siguiente de que Ernesto Sábato entregó el informe de la CONADEP, Nunca más, al presidente Alfonsín —20 de septiembre de 1984— , el Tribunal Supremo informó que no llegaría a finalizar con las causas a tiempo y emitió una declaración sobre la justificación de la represión. El fiscal Strassera pidió que la Cámara se hiciera cargo de la causa. La Cámara detuvo a Roberto Viola y a Armando Lambruschini. Las audiencias empezáron el 19 de abril de 1985.

Se había puesto mucho esmero en la designación de los miembros de la Cámara Federal, dando prioridad al prestigio académico y judicial, y al compromiso democrático. Finalmente, quedó constituida por Ricar­do Gil Lavedra, Jorge Torlasco, León C. Arslanian, Jorge Valerga Aráoz,Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. Los fiscales fueron Julio Oscar' *\Strassera y Luis Moreno Ocampo.

La primera audiencia tuvo lugar el 22 de abril de 1985; en conjunto, las audiencias duraron novecientas horas. Seis jueces de la Cámara Fe­deral de la Ciudad de Buenos Aires integraron elTribunal que juzgó a los comandantes. La acusación se basó en 709 casos (sobre 8960 denuncias recogidas por la CONADEP). Declararon 833 testigos (entre ellos catorce sacerdotes, 64 militares, quince periodistas y trece ciudadanos extranje­ros). El primer testigo fue ítalo Luder.

La descripción sobre el horror de algunos hechos generaba una indignación que impulsó a presentar más demandas por parte de los familiares de las víctimas y organismos de derechos .humanos. Por su parte, los militares creían firmemente.que la represión había sido ne­cesaria.

Para Ricardo Kirschbaum, «el juicio a las Juntas es un logro gigan­tesco». Es una toma de conciencia sobre las consecuencias de la ines- tabilidad institucional y sobre los valores que deben ser defendidos y protegidos. «Por primera vez, el espanto dejó de ser murmullo de pocos para traducirse en una realidad incontrastable». «Los testimonios ante aquella Cámara en lo Criminal nos instalaron a todos como testigos de lo más negro que la sociedad argentina ha generado»63.

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Los militares estaban ofuscados y acorralados. A la salida de un programa de televisión, el general Menéndez atacó con un cuchillo a un grupo hostil que lo aguardaba afuera del estudio. Una eficaz redada judicial llevó a la prisión a Ramón Camps (19 de enero de 1984) y al al­mirante Rubén Chamorro.

Mientras los militares estaban cada vez más impactados, las orga­nizaciones de derechos humanos y fuerzas políticas de izquierda exi­gían «que se juzgara por la justicia civil a todos los instigadores, autores y cómplices del terrorismo de Estado»64. A diario, hubo marchas, aun­que solo convocaron a unos pocos militantes. Cuando Henry Kissinger visitó la Argentina, el estímulo fue mayor y se reunió alrededor de cinco mil militantes que,gritaban: «Patria financiera, militares, la misma re­presión».

Por su parte, el gobierno radical quiso en todo momento preservar la imagen de que los juicios no eran «políticos» o una venganza. A pesar de sus esfuerzos, el Gobierno actuaba en soledad, pues su política de revisión y castigo era rechazada por parcial y limitada, por la mayoría de las organizaciones, incluso por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que Alfonsín integraba65. Las Madres hacían punta en la crí­tica con familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas.

Hubo sectores del peronismo que criticaron duramente la políti­ca de Alfonsín por considerar que dividía a los argentinos e introducía una discordia que podía poner en peligro la estabilidad de las institu­ciones. Herminio Iglesias, que fue uno de los dirigentes que denunció la represión de la Junta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusó a Alfonsín de «haber enfrentado a todos los argentinos (...) a todas las instituciones nacionales y populares como (...) militares, Iglesia, al peronismo (...) (tratando) de dividirlas y destrozarlas (...). Ya es tiempo de terminar con este circo»66. No solo Iglesias descalificaba la honestidad del proceso judicial, sino que el expresidente Frondizi pidió poner fin a los juicios y al «ataque a las Fuerzas Armadas», mientras que Famus (Asociación que representaba a los familiares de los militares) al­zaba su voz llamando a «tomar las armas». Hay quienes afirman que, ya iniciadas las audiencias, se intentó organizar un golpe institucional.

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Cuando se dio a conocer el informe de la CONADEP, el cardenal Juan Carlos Aramburu promovió una declaración de los obispos en la que se rechazaba las «injustas acusaciones que parecieran a veces os­curecer o negar la presencia de la Iglesia en un campo donde actuó con generosidad y firmeza y, en muchos casos, en silencio y arriesgado es­fuerzo». Monseñor Antonio Quarracino, vicepresidente de la Conferen­cia Episcopal Argentina era partidario de la amnistía67.

Las audiencias que tuvieron lugar durante el proceso a las Juntas fueron momentos desgarradores por lo que se oyó en la sala. Uno de los testimonios más terribles fue el de Robert Cox, editorialista del Buenos Aires Herald, que vino de los Estados Unidos, expresamente para decla­rar. Su testimonio duró dos días.

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio Strassera hizo su alegato y afirmó que la responsabilidad por cada delito debía ser compartida por los miembros de cada junta militar a la que se le había probado participación. Los inculpados se defendieron entre el 30 de septiembre y 21 de octubre.

El día 9 de diciembre, León Arslanian, presidente de la Cámara Fe­deral, después de 232 días del histórico juicio, leyó la resolución del Tri­bunal, en la gran sala de audiencia tapizada de maderas lustrosas, ante un público que mantenía su contenido silencio. Él expediente tenía 38 000 fojas y, por cuerda separada, corrían 9000 agregados: ~

Se ha comprobado por declaraciones de los más altos je­

fes militares que participaron de las operaciones arítisubversi- vas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las de­

tenciones eran .encubiertos, que las demás fuerzas no debían

interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a

disposición de la Justicia salvo contados casos, que no se debíaidar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces.

En suma, puede afirmarse que los comandantes esta-

' ¡ blecieron secretamente, un modo criminal de lucha contra el

terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las Fuerzas

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Armadas una gran discreclonalldad para privar de libertad a

quienes aparecieran, según la Información de Inteligencia,

como vinculados a la subversión; se dispuso que se los inte­

rrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestina­

mente en cautiverio; se concedió, por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al

sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física.

(León Arsalanian, lectura de la sentencia en el juicio a

las juntas militares, diciembre de 1985)

Finalmente, la sentencia expresa que la fiscalía no pudo probar que con posterioridad a 1980 se hubieran cometido delitos de los que pudieron ser responsables los miembros de la Junta Militar. Por eso, se exculpó a Galtieri, Anaya y Lami Dozo68.

La sentencia dispuso las siguientes condenas: a Jorge Rafael Videla, Emilio E. Massera, reclusión perpetua; a Roberto Viola, diecisiete años de prisión y a Orlando R. Agosti, cuatro años de prisión.

Política y derechos humanos

A partir del fallo de la Cámara del 9 de diciembre de 1985, se aceleró la iniciación de procesos que incriminaron a un gran número de oficia­les. El activismo de las organizaciones de derechos humanos competía con las iniciativas judiciales de los hijos y parientes de las víctimas. Ello colocó al gobierno de Alfonsín ante el riesgo de tener que hacer frente a sublevaciones militares, hecho que ocurrió en tres oportunidades antes de finalizar su mandato.

Condenados ios miembros de las Juntas, se multiplicaron las in­criminaciones, lo que contradijo en los hechos las previsiones del Go­bierno. Este intentó primero limitar y frenar los procesamientos; luego declaró que las conductas llevadas a cabo bajo órdenes de militares su-

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periores no serían punibles, aunque fuesen pasibles de castigos según el Código Penal.

El pasado devoraba el desarrollo armonioso de la democracia, como lo pretendía el presidente Alfonsín. Para evitar enfrentamientos entre sectores de opinión, el Gobierno envió un proyecto de ley al Con­greso conocido como de «Punto final», que fue sancionado como ley el 23 de diciembre de 1986. Su objetivo era «extinguir la acción penal» respecto de los delitos cometidos por personal militar y de seguridad que actuó del el 24/03/76 al 23/09/83 en operaciones para «reprimir el terrorismo que noésté prófugo o en rebeldía y que no lo cite a prestar declaración indagatoria dentro de los sesenta días de la promulgación de esta ley».También se extinguió la acción penal contra «toda persona que haya cometido delitos vinculados a formas violentas de acción po­líticas hasta el 10 de diciembre de 1983. Se exima de aplicarse esta ley a los delitos de sustitución de identidad de estado civil o la sustracción u ocultación de menores».

Malamud Gotti, el autor de la idea, dice que el punto final puede leerse con dos significados: por un lado, como punto final y, por otro lado, como «métanle, hagan algo»69.

Algunos radicales y la totalidad de los peronistas no votaron la ley en el Congreso. Los renovadores votaron en contra y los ortodoxos no concurrieron a la sesión. Las organizaciones de derechos humanos'pro- testaron porque se sintieron traicionadas por las sentencias y pedían luego de los comandantes, ir por los generales, luego por los capitanes, luego por los sargentos. \

A pocos días de promulgarse la Ley de Punto final, la Corte Su­prema dio a conocer el fallo definitivo del juicio de los comandantes y ordenó «continuar la investigación», frase que incitó a multiplicar las demandas judiciales. A principios de 1987, los tribunales se abarrota­ron de casos y denuncias. Hübo más de dos mil imputados de alto ran­go, muchos de los cuales se negaban a presentarse a las citaciones. La indignación de la mayoría de los oficiales de las fuerzas armadas ante el acoso indiscriminado a que estaban expuestos, preparaba los ánimos para una rebelión.

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Antes de los incidentes militares de Semana Santa de 1987, el Go­bierno había decidido sancionar la ley que impidiera la cascada de jui­cios hacia los rangos inferiores de la oficialidad. Horacio Jaunarena, mi­nistro de Defensa, había, al principio del gobierno de Alfonsín, sugerido algún tipo de amnistía para prever estas situaciones.

La Ley 25521, de obediencia debida, sancionada el 4 de junio de 1987, establece que no son punibles por los delitos cometidos en «ope­raciones para reprimir el terrorismo» entre el 14 de marzo de 1976 y el 23 de septiembre de 1983 si a la fecha de comisión de un hecho re­vestían la calidad de. oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa. Esta presunción de impunidad no admite prueba en contra. Se eximen de esta ley los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de estado civil o apropiación ex- torsiva de inmuebles. Esta ley provocó que gran número de procesos se paralizaran. Esta paralización se interrumpió años después cuando, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino apoyó los reclamos de «verdad»70.

La llegada de Carlos Menem a la presidencia significó un cambio copernicano en lo que se refiere a los castigos impuestos a los respon­sables del proceso militar. Menem quiso reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas en el seno de las instituciones de la República, pero sabía que una ley de amnistía sería imposible de ser aprobada en el Congreso. Eligió otro camino mediante una facultad que le era exclusiva en tan­to jefe del Estado. Apenas asumió la presidencia, el 6 de octubre de 1989, suscribió dos decretos (1002/89 y 1003/89) por los cuales indultó a condenados y procesados: Cincuenta militares y sesenta guerrilleros fueron liberados. A través del Decreto 1004/89 del mismo día, indul­tó a los sublevados de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Los militares responsables de la guerra de Malvinas fueron también in­dultados.

Finalmente, el 29 de diciembre de 1990, tomó la decisión de in­dultar a los comandantes y los jefes terroristas condenados (Decretos 2.741/90 y 2.742/90). Solo podían ser juzgados por delitos contrá me­nores y por sustitución de identidad. Ese mismodía indultó a José Mar­

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tínez de Hoz, al general Suárez Masón y otras personas (decretos 2.743, 2.744,2.745 y 2.746).

Videla, Massera, Viola, Camps y muchos otros volvieron a sus casas. También Firmenich, condenado a treinta años, Vaca Narvaja y Roberto Perdía regresaron al país. El capitán Alfredo Astiz, condenado en Francia ¡n absentia, en 1990, acusado del asesinato de Léonie Duquet y Alice Domon, también volvió a su hogar.

El juicio histórico de estos indultos ya ha dado su veredicto. La deci­sión de Menem de querer apaciguar la sociedad tuvo un efecto adverso, pues abrió las llagas que estaban cicatrizando. Con más violencia y con un espíritu impregnado de ira, los que habían sostenido la necesidad de hacer justicia utilizaron todas las armas para cerrar las puertas del perdón o del olvido cuando Menem dejó la presidencia.'Como un rayo justiciero venido de Zeus, el Parlamento aprobó leyes y la justicia con­cibió la jurisprudencia para condenar nuevamente á Jos indultados que habían tenido responsabilidad en el proceso militar.

El derecho internacional incorporó un concepto impulsado pór Emilio Mignone fundador del CELS, que habilitó centenas de causas ju­diciales: «el derecho a la verdad». Los juicios de la verdad permitieron identificar cadáveres de 187 desaparecidos.

A partir del año 2003, esta saga de inculpaciones, condenas, des- penalizaciones, exculpaciones e indultos tomó un nuevo cariz apoya­do por el Gobierno que asumió en ese año. Néstor Kirchner hizo de las posiciones en materia de derechos humanos sostenidas por las orga­nizaciones — procesamiento a todos los ‘responsables sin exclusiones ni limitaciones— el principal pilar de su legitimidad y, en esa dirección, impulsó una serie de iniciativas políticas que modificaron el marco legal y jurisprudencial aplicable a estas cuestiones.

En 2003, el Congreso dictó la Ley 25779 por la cual se declararon nulas las leyes de Punto final y de Obediencia debida. Aun cuando se cuestionó su validez, la Corte Suprema dijo que eran constitucionales e invocó un fallo anterior (Simón, Héctor Julio; que ya había declarado la ¡nconstitucionalidad de esas leyes). En un fallo muy importante de la Corte Suprema, se había sostenido, en el caso Arancibia Clavel, Enrique

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que, por tratarse de delitos contra la humanidad, correspondía la aplica­ción retroactiva de la imprescriptibilidad de la acción penal. Este caso se fundamenta, entre otros argumentos, en el hecho de que la Argentina, a través del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, ha conferido«jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos».

El 6 de septiembre de 2006, el juez Norberto Oyarbide declaró in­constitucional el Decreto 2741/90 que indultó a los miembros de las juntas militares y procesó a Jorge Rafael Videla por el caso del secuestro de los empresarios Gutheim. Pocos días después, el 19 de septiembre de 2006, el máximo tribunal penal de la Argentina, la Cámara de Casa­ción Penal, declaró la ¡nconstitucionalidad del indulto concedido al ge­neral Santiago Ornar Riveros, criterio confirmado por la Corte Suprema en el fallo Mazzeo, de 2007.

La Procuración General de la Nación, por resolución 158/2007, im­partió instrucciones para que los representantes del Ministerio Público se abstuvieran de instar la acción en denuncias por delitos cometidos por personas vinculadas a organizaciones guerrilleras, porque estos eventos no entrarían en la clasificación de lesa humanidad, puesto que se trataría de delitos comunes y, por ende, quedarían prescriptos por el transcurso del tiempo. Es decir, los delitos cometidos por militares son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, mientras que los co­metidos por los guerrilleros son delitos comunes, por lo tanto, quedan sujetos a prescripción.

Los oficiales de las Fuerzas Armadas sometidos a juicios o que cum­plen penas se han asociado en grupos e instituciones que defienden a los encausados y que critican, acerbamente, a partir de 2003, la política del Gobierno, las leyes, la jurisprudencia y el trato impuesto por la jus­ticia a los acusados por violaciones de los derechos humanos. Una de las líderes de los oficiales retirados y de las asociaciones de familiares de presos políticos, es Cecilia Pando, quien con otro grupo de señoras se encadenó en la entrada del Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada.

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El diario La Nación, en su editorial del 26 de agosto de 2008, «Los crímenes impunes de los años 70», expresa que la Argentina ha prospe­rado en hacer justicia respecto de algunos delitos de,«lesa humanidad» cometidos durante en la década de los setenta: «aquellos que tienen que ver con la responsabilidad directa del Estado».EI editorial señala que los delitos de las organizaciones guerrilleras han quedado impunes.

El proceso inaugurado con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 es, sin duda, uno de los períodos más crueles y violentos de nues­tra historia o, para decirlo de otro modo, la'época en la que el Estado actuó con menos reglas y códigos de conducta para hacer frente al te­rrorismo, los ataques guerrilleros, o como quiera calificarse a estas ac­ciones. Por su parte, cualquiera fuese su justificación política, la guerrilla y el terrorismo también actuaron con una crueldad y un sadismo pocas veces vistos.

La sociedad se vio, pues, confrontada a un conflicto intestino, don­de los sentimientos humanitarios del pueblo argentino se desvanecie­ron entre el miedo y el odio. El estado de Derecho cayó hecho trizas en una lucha fratricida que enfrentaron al orden público y la subversión guerrillera. El prólogo del Informe de la CONADEP resume la visión de la Comisión respecto de lo sucedido en la Argentina;

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsio­nada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas de las Brigadas Rojas y de gru­pos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún mo­mento los principios del derecho para combatirlo, lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, •' ofreciendo a los acusados todas las garantías de defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuan­do un miembro de los servicios de seguridad le propuso al

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General Della Chiesa torturar a un detenido pues parecía

saber mucho, le respondió con palabras memorables: «Ita­

lia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio,

implantar la tortura».(Prólogo del informe Nunca Más, de la Comisión

Nacional sobre la Desaparición de Personas)

El texto del prólogo del Informe Nunca más, firmado por Ernesto Sábato, aprobado por todos los miembros de la CONADEP, ha sido pos­teriormente criticado por sentar lo que se denominó «la teoría de los dos demonios» y con ello se ha intentado desacreditar a Ernesto Sábato, un intelectual honesto y probo, a cuyo entierro se le negó el homenaje oficial que merecía.

La mencionada «teoría» pretendía que el Informe de la CONADEP ponía en un pie de igualdad el terrorismo de Estado con las acciones violentas de los grupos guerrilleros. Es una afirmación que responde a la realidad, puesto que el Estado tiene el deber de defender a los ciu­dadanos y la seguridad. Se inculpa a Alfonsín de haber mencionado el concepto de «igualdad de los atropellos», y en el Decreto 157/83 (inicia acción penal contra guerrilleros) que las personas que destruyeron la amnistía de 1973, instalaron «guerras violentas de acción política con la finalidad de acceder al poder mediante el uso de la fuerza». Se trata de una teoría falaz y no se sustenta ni en los hechos ni en las intenciones de Sábato ni en los miembros de la Comisión.

(...) en ningún momento se puso en duda que el terro­

rismo de Estado fue mucho más grave que el terrorismo de

orientación política que se práctico en nuestro país. El Esta­

do tiene el deber de proteger a los individuos. Pero de allí a

sostener que aquellos grupos civiles que torturaron, secues-

• traron, extorsionaron y mataron a gente inocente, a veces con refinada crueldad, tanto en épocas de la dictadura como

durante la vigencia de las instituciones democráticas, eran simplemente Idealistas que combatían por la justicia y que

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merecen nuestra comprensión, sería cerrar los ojos frente a otros culpables, y lo que es más grave, legar a nuestros hijos una actitud de cierta tolerancia para conductas que debe­rían siempre ser objeto de mayor repudio. Afortunadamen­te, una nueva jurisprudencia internacional se empezó a abrir camino más tarde, al comenzar a considerar crímenes de lesa humanidad a los cometidos también por organizacio­nes terroristas no pertenecientes a ningún Estado. (Horacio Jaunarena, La Casa está en orden. Memoria dé la transición)

El castigo de los responsables de esa confrontación ha sido, como lo hemos visto, una historia en zigzag. De la pretendida autoamnistía, se pasó a los juicios de los comandantes; luego de tratar de expandir el castigo, se exculpó a los militares de menor jerarquía con dos leyes del Congreso que la justicia declaró inconstitucionales^ Menem, entre tanto, indultó a todos los que, desde el Estado, reprimieron la guerrilla y tam­bién a los jefes de estas organizaciones. Finalmente, todo ha vuelto a em­pezar de nuevo con el imperio de la ley y la jurisprudencia. Las opiniones no pueden ser más opuestas y contradictorias sobre esta cuestión.

Ricardo Kirschbaum afirma en un artículo titulado «El país que cre­yó en la democracia» que el año 1983 inauguró úna nueva etapa «que será recordada como un punto de inflexión, como una gigantesca bisa­gra, aquel en el que cada ciudadano comprendió que un país se hace entre todos los que nos gustan y ¡los que no nos gustan y que la palabra debe ser la herramienta central ptara convencer al otro, como corres­ponde en un sistema democrático»71.

Algunos opinaban que para los que pedían justicia, ciertas organi­zaciones de DDHH y familiares, el proceso iniciado en el Consejo Supre­mo no sería más que «un circo». Para los voceros y los defensores de los militares, los juicios estaban viciados, porque se arrancó a los acusados de sus jueces naturales, se les impuso retroactivamente normas que no tenían vigencia al momento de los hechos72.

' \- , No puede desconocerse que los derechos humanos y su promo­ción se han politizado al extremo en la Argentina. Dice Tomás Abraham

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que se ha hecho «uso y abuso de la tragedia de la década del setenta con fines de apropiación de espacios de poder y consolidación de inte­reses corporativos73».

A pesar que la opinión pública parece apoyar el argumento que influye sobre los jueces, hay puntos de vista que no acallan su disidencia con la política adoptada por el gobierno de Kirchner. Esta politización del concepto de derechos humanos llegó al extremo de agregar un pró­logo a la edición del Informe Nunca más en el 30.° aniversario del golpe de Estado, («treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia»). Ya no se habla del «terror» que provenía tanto de la extrema derecha «como de la extrema izquierda». En la edición 2006 de Nunca más, se agregaron 525 personas que se consideraron víctimas de «ejecución primaria», muertas antes del 24 de marzo de 1976. La «ejecución primaria» es una categoría de reciente creación. Fernando Abal Medina encabeza los nuevos listados. Entre estos, figuran ocho de los doce guerrilleros caídos en el intento de toma del Regimiento de Monte 29 (Formosa) el 5 de octubre de 1975. Es evidente que muchos no murieron en una «ejecución sumaria». Este es el caso de esos doce guerrilleros muertos en Formosa.

En noviembre de 2010, visitó la Argentina uno de los más respe­tados intelectuales de origen búlgaro, el semiólogo y filósofo Tzvetan Todorov, experto en analizar la memoria después del horror. Luego de recorrer la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Parque de la Memoria, afirmó en un artículo que el término «terrorismo de Estado» era muy apropiado, sin embargo, dijo, en los dos lugares que visitó no vio una descripción del «contexto en el cual, en 1976, se instauró la dic­tadura». Dijo que el país estaba al borde de la guerra civil y que no se podía silenciar «la guerrilla de la extrema izquierda».

La cuestión que me preocupa no tiene que ver con la evaluación de las dos ideologías que se enfrentaron y siguen teniendo sus partidarios; es la de la comprensión histórica.Pues una sociedad necesita conocer la Historia, no solamen­te tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja

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las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la so­ciedad; por eso puede ser utilizada por ese grupo como unmedio para adquirir o reforzar una posición política. Por suiparte, la Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. ^

(TzvetanTodorov, «Una Memoria Incompleta», en La Nación, diciembre de 2010)

En la Argentina, se ha instalado una interpretación de la historia que es doble. Existen dos patrones para juzgar los delitos: los militares y el Estado son culpables, los guerrilleros no. Los delitos de los primeros son de lesa humanidad, los cometidos por los segundos son delitos co­munes, mientras estos prescriben, los otros no ¡Qué pesada carga para el futuro! Desde que Séneca evocó en Antígona que la dignidad huma­na está por encima de! Estado, nacieron los derechos humanos, como patrimonio excelso de la humanidad. Son las creencias profundas que serán preservadas de los caprichos del poder. Para Novalis, «ser hombre es tanto como ser universo». La visión del cristianismo pone al ser hu­mano en el centro de su preocupación, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios.

Religiones y filosofías han repetido la consigna de un destino del ser humano para la liberación del espíritu. Su misión es perfeccionarse para el bien.

\ V\

Educar al soberano

La educación fue el cimiento de la nacionalidad, un medio para completar la formación moral e intelectual dé los individuos y para uni­ficar la personalidad colectiva de la nación argentina. Como diría un vie­jo adagio medieval, «Osar, ser y hacer».

■ •, f Aun cuando hubo no pocas controversias en cuanto al contenido educativo, la educación primaria y secundaria.había alcanzado por su

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excelencia y proporción de población estudiantil un lugar privilegiado entre las políticas puestas en práctica en la Argentina.

Ese gran progreso educacional se debe a esfuerzos llevados a cabo por los Gobiernos y, en menor medida, por las congregaciones cató­licas. Desde el principio de nuestra existencia nacional, el Estado es el gran protagonista en el financiamiento de la educación que se imparte gratuitamente.

La educación pública, como ya expresamos en el capítulo III, fue una de las pocas políticas de Estado que tuvo el país. A la tarde de conocer los resultados del primer censo realizado en 1869, que establecía como anal­fabetos el 87% de la población de más de siete años, el presidente Domin­go Faustino Sarmiento citó a una reunión de gabinete y dijo a sus minis­tros: «Voy a proclamar la primera política de Estado por un siglo: escuelas, escuelas, escuelas». Durante su gestión, se construyeron 1117 escuelas, es decir una cada dos días, más la Escuela Naval, más el Colegio Militar.

Luego del primer período presidencial de Perón, 1946-1952, que le si­guió a Sarmiento en la construcción de escuelas, fueron los presidentes Nés­tor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner quienes batieron un récord.

En 1895, final de la presidencia de Luis Sáenz Peña, se había redu­cido a 54 % y, en 1914; después de las presidencias de Uriburu, Roca, Quintana, Figueroa Alcorta y Roque Sáenz Peña, el analfabetismo des­cendió un 35%.

En 1938, solo el 12% de la población era analfabeta, y la Argenti­na ocupaba una posición privilegiada frente a principales países como España (59%), Italia (48%), Bélgica (19%) y Francia (14%). Teníamos el primer lugar en América Latina. Éramos uno de los países del mundo que más gastaba en educación a principios del siglo XX.

No se trata aquí de hacer una historia de la educación en la Argen­tina, sino de destacar los grandes desafíos que enfrentamos al cumplir el Bicentenario.

Algunas aclaraciones previas parecen útiles. La primera es que Buenos Aires tiene el récord mundial de asistencia a colegios privados (aproximadamente, el 60% de los hogares con hijos en edad escolar). En el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, dos de cada tres

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alumnos van a colegios privados. La segunda es que a partir de media­dos del siglo XX, se empezó a cuestionar la capacidad del Estado y su burocracia para decidir qué, quiénes, cómo y cuando se educa. Esta crí­tica a la capacidad estatal de organizar la educación nacional se refleja en muchos estudios, comentarios y diagnósticos recientes que progra­man soluciones futuras y que explican el desastre actual. Otra decisión que ha transformado la organización educativa primaria y secundaria en la Argentina es la Ley Federal de Educación 24195). En su artículo 10, cambia la estructura educativa tradicional, transformando las escuelas primaria y media en la Educación General Básica (EGB) de nueve años y la Educación Polimodal de tres años. Antes de esta reforma, se había de­cidido, poruña ley del año 1991, la transferencia —salvo las universida­des— de las escuelas a las veinticuatro jurisdicciones locales. La Ley Fe­deral se aplicó en algunas provincias, otras suspendieron su aplicación; la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén no aplicaron íá,reforma. Esta, muy criticada aún por algunos que la propusieron, ha introducido el caos en todo el sistema.

Finalmente, hay que recordar la triste suerte de las Escuelas Técni­cas, disueltas irresponsablemente en la década de los noventa, junto con la supresión del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Habían nacido en la década de los cincuenta y estaban vinculadas al Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y al Instituto Nacional de Tec­nología Agropecuaria (INTA), con el propósito de relacionar la educa­ción con la producción fabril o artesanal, y el mundo del trabajo.Tenían una gestión autónoma tanto en lo ^ue hace a la selección de docentes como su manejo financiero. El primer golpe fue la descentralización y la supresión del CONET>lás escuelas tuvieron que subordinarse a la admi­nistración centralizada de cada provincia; el segundo fue la Ley Federal, que al crear ciclos de nueve y tres años, dejaron a las Escuelas Técnicas de seis años sin ningún estatuto normativo74.

Mariano Narodowski, un experto en cuestiones educativas, dice que el cambio que hizo la Argentina «es un cambio a contramano de la tendencia internacional». Dichas estas consideraciones previas, la educación debe ser evaluada por su calidad y por sus efectos. Las prue­

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bas de la evaluación internacional sobre alumnos de quince años que realiza la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), cuya sigla es PISA, en la que participan cientos de miles de alumnos de 56 países es un buen termómetro para medir nuestra calidad educativa. En 2008, en la prueba de matemática, sobre 56 países examinados, la Argentina ocupó el puesto 53.°, superado solo por Azerbaijan y Qatar, y detrás de todos los países latinoamericanos evaluados.

Entre los años 2000 y 2009, el nuestro fue el país que más retroce­dió en cuanto a resultados de la educación secundaria.

En la misma evaluación PISA, para el 2009, los estudiantes argenti­nos se ubicaron en el puesto 58.° de 65 países, lo cual significa un des­censo de cinco puestos en relación con la prueba de 2006. Los que es­tán a la cabeza, como los mejores son Hong Kong y Corea del Sur; entre los países latinoamericanos, Chile está en primer lugar en comprensión de lectura y ciencia; Uruguay logró el puesto 47.° en matemática. La Ar­gentina, en una época lejana, tuvo los mejores índices educativos de América Latina y del mundo hispano; ahora los ha perdido.

A pesar del esfuerzo colectivo realizado por los padres, los docen­tes, el Estado y los institutos de enseñanza privada, pareciera que un lento declive empuja nuestro sistema educativo en una dirección con­traria a la que se podía esperar de la Argentina. Cómo puntualiza Alieto Guadagni, las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación señalan también «las grandes diferencias entre las escuelas privadas y estatales y entre las provincias que están fuertemente determinadas por el nivel socioeconómico de las familias»75.

Otro de los factores que conspiran contra la educación que se im­parte en nuestro país es el bajo promedio de días de clases en el año. La Ley 25864 de 2003 estableció un ciclo escolar mínimo y obligatorio de 180 días, con la obligatoriedad de compensarlos. Entre 2002 y 2008, se perdió un promedio de 63 días de clases por año; en Entre Ríos, 196 días y en Chaco, 126 días. Son las familias pobres las más perjudicadas, como bien lo señala Guadagni. Guillermo Jaim Etcheverry también destaca que en la Argentina solo el 58% de la fuerza de trabajo (de 15 a 64 años) ha completado la educación media y que en 2009 había quinientos mil

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argentinos de menos de veinticinco años que no estudiaban ni traba­jaban. El promedio de los países de la OCDE es 190 días y, en Corea, es obligatorio cursar 220 días76.

Un aspecto que poco se evoca al considerar nuestra educación es la ausencia del paradigma de excelencia y del espíritu de competencia que debe reinar en la carrera hacia la formación yel perfeccionamiento que implica el esfuerzo educativo. Uno de los elementos es la compara­ción de quien enseña mejor y quienes están más preparados para subir los escalones del sistema educativo. Resulta que el artículo 97 de la Ley de Educación prohíbe la difusión de los resultados de evaluación: «res­guardará la identidad de los institutos educativos, a fin de evitar cual- quierforma de estigmatización». Así, en la Argentina, por expresa dispo­sición de la ley, los resultados de las evaluaciones no están disponibles para el público. Los padres y los estudiantes no saben cüáles institutos son mejores o peores. Contrariamente al rechazo que su publicidad tie­ne en nuestro país, los resultados de las pruebas evaluadas en el Brasil con el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes (ENDE) son públicos y permiten apreciar el nivel de enseñanza en cada universidad, pública o privada.

Desde hace décadas, la universidad experimenta varios fenómenos al mismo tiempo: hay menos alumnos en las universidades públicas y hay más en las privadas; la proporción de graduados en relación con los matriculados es la más baja del mundo y los graduados de carreras científicas respecto del total es insignificante.'

En lo que se refiere a los estudios universitarios, desde el año 2002, cada vez son menos los alumnos que ingresan a las universidades esta­tales. En 2008, ingresaron 34 000 estudiantes menos, pero las universi­dades privadas aumentaron su matrícula en un 75% desde ese mismo año (40 000 estudiantes anuales más)77.

iHace años, se propuso un examen para habilitar a los estudiantes

que terminaban el secundario, para entrar en la Universidad. Pero nadie quiso implantarlo. Chile aplica esos exámenes desde la década de los sesenta: la Prueba de aptitud académica. En el Brasil, aproximadamen­te cinco millones de alumnos de la escuela primaria rinden las pruebas

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Prava Brasil, implantadas por el gobierno de Lula para evaluar los co­nocimientos en matemáticas y lenguaje. Los resultados son difundidos para estimular el mejoramiento de la enseñanza.

En las universidades públicas, se gradúa un físico cada noventa abogados, y los graduados en ciencias agropecuarias son el 2,6% del total; en las privadas se gradúan 103 abogados por cada químico, y hay un 0,5% de diplomados en ciencias agropecuarias.

Las desigualdades se han introducido en la sociedad, no son solo culturales y de nivel de ingresos, sino las que se instalan a través del sistema educativo, tanto a nivel primario como terciario. La pobreza provoca pobreza, la riqueza consolida la riqueza. Se ha producido, en la Argentina, una segmentación del sistema educativo en circuitos so­ciales y académicós desiguales. La integración, el encuentra del hijo del ganadero con el hijo del portero, los chicos de clase media y los humil­des compañeros hoy están, de más en más, distanciados por zanjas que separan sus territorios culturales.

Para resumir esta compleja cuestión quiero referirme a Guillermo Jaim Etcheverry, para quien la educación es inseparable del esfuerzo: «Educarse es un trabajo difícil, complejo, que hace uno sobre uno mis­mo, interesado en el conocimiento por padres y maestros, ayudado por ellos, pero en esencia, es una labor personal que demanda esforzado trabajo». Resulta evidente que la sociedad «no está dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para instruir mejor a la mayor cantidad posible de ciudadanos»78.

La educación está incorporándose rápidamente al mundo de! en­tretenimiento Hght, y toda apelación al esfuerzo es considerada como actitud represiva que priva a niños y jóvenes de este mundo idílico en el que parecieran vivir.

Todos los problemas, en general, enfrentamientos entre padres y docentes, reclamos salariales, entre otros, ponen en evidencia «la falta de relevancia social de las instituciones de la educación formal».

La educación argentina ha ingresado en la pendiente que consolida la fragmentación social, nos retrasa en la formación, se aleja de modelos de conducta y niveles de conocimiento necesarios para encarar los de­

safios individuales y colectivos del mundo del siglo xx. ¡Asumamos este desafío con seriedad! En esto, se juega el destino de la Argentina.

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Terminar con la pobreza

El concepto de «pobre», tal como lo definimos en el siglo xxi, se aplica a alguien cuyas necesidades básicas están insatisfechas (comida, agua potable, educación, servicios de salud, vivienda), es decir, que su vida se ve afectada'por carencias físicas o socioculturales que lo colo­can al margen de la sociedad. Esta cuestión no formaba parte del dis­curso político anterior a 1960. Ello no quiere decir que no existieran pobres.

Existe una abundante literatura del siglo xix sobre los gauchos «dis­graciados» y los «vagos», aquellos que no tenían conchabo y, en con­secuencia, «papeleta», por lo tanto, eran mandados al servicio de las armas (Bando de Gobernadores intendentes de la provincia de Buenos Aires del 30 de agosto de 1815). Esta «papeleta» es mencionada por Ri­cardo Güiraldes en el Don Segundo Sombra (1926). En la obra de José Hernández, se describe la existencia de gauchos que no tienen «rancho ni mujer». Alberdi, Guido Spano y Andrade denuncian «la barbarie cul­ta» que provoca la exclusión del pobre del proceso político. En la carta que le escribe al editor del Martín Fierro (1872), José Hernández mani­fiesta su deseo de exponer «los abusos, todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada (...) shs trabajos, sus desgracias, los azares de su vida de gaucho».

El primer estudio para evaluar las condiciones de la clase obrera, es encomendado en el segundo gobierno de Roca por su ministro Joa­quín V. González al ingeniero Juan Bialet Massé, con el fin de redactar la primera Ley Nacional de Trabajo. A comienzos del siglo xx, la respuesta a la «cuestión social» no serestudia en términos de «pobreza», sino en cuanto a la situación de los trabajadores en relación con las economías regionales, las industrias y su desarrollo, las inversiones públicas y la idiosincrasia popular. No se trata de estudiar la pobreza, sino en qué

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medida «las condiciones de vida de los trabajadores impiden el desa­rrollo industrial y en consecuencia el de la nación en su conjunto». Bialet Massé concibe al obrero como «el creador de la riqueza, el motor de la nación, el que con su fuerza de trabajo es productor de todos los bie­nes». Según Bialet, el Estado nacional debe procurar al trabajador condi­ciones de paz y prosperidad. Esta construcción social pasaba entonces por la cuestión del trabajo.

Bialet Massé recorrió todo el país y afirmó con convicción la «ex­celencia del criollo como artesano y como peón». Su informe es muy pormenorizado, y aunque no presenta conclusiones generales, señala grandes diferencias de trato a los trabajadores, los que en algunos casos prestan sus servicios en forma inhumana.

/Se les paga bien, pero la proveeduría se encarga de re­

ducirlos (...).

El vale y la proveeduría son los instrumentos de la ex­plotación, resultando, como en el obraje, que el indio, cuan­do acaba la temporada, se.va sin más que algunos trapitos, como vino, y así pasa la vida. (Juan Bialet Massé, Informe so­bre el estado de la clase obrera, T. II)

iCuando resume su opinión sobre la situación de los trabajadores en

el Chaco, afirma lo siguiente: «Tienen la absoluta seguridad de que para ellos no hay justicia y de que sus agresores quedan siempre impunes».

Bialet Massé, luego de destacar, en algunos casos, bajísimas remu­neraciones y malas condiciones de trabajo, se refiere en su informe a «los sufrimientos de esas pobres tribus indias (...) del abandono .de sus culturas, del desamparo de sus derechos y de la explotación inhumana de que son objeto». En Famatina, vio a los mineros deslizarse por las ga­lerías en atmósferas a la mitad de la presión normal, cargando sesenta y más kilos; en la mina de San Pedro observó que «no hay ventilación en aquel hueco de aire viciado (...), trabajan hora tras hora (...) a los 40 años el minero está agotado y viejo»; vio en las cigarrerías a «niños y niñas de 8 a 12 años (...), algunas estaban anémicas»79.

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El relevamiento de Bialet Massé estaba dirigido al trabajador, sus condiciones de trabajo y de vida. También fue el enfoque de toda la le­gislación posterior. En cambio, los que estaban fuera del mundo asa­lariado recibían asistencia a través de la ayuda social pública, de la be­neficencia privada o de la Iglesia católica. La Sociedad de Beneficencia, integrada por señoras de familias tradicionales,-tuvo desde el siglo xix un gran papel en la educación y en la ayuda a las familias de menos recursos.

Perón planteaba (ajusticia social como centro de su programa po­lítico, pero debe destacarse que la palabra «pobreza» no existió en sus discursos oficiales ante la Asamblea Legislativa de 1946 y siguientes. A veces, usaba el término metafóricamente.

Soñamos con una Argentina poderosa, pero si Dios dis- pusiera que nuestro destino nos convirtiere en un país afli­gido por la pobreza, creo que todos estamos de acuerdo en rogar para que nunca dejemos de ser hidalgos y generosos.(Juan Domingo Perón, 1 de mayo de 1948)

Para los que quedaban excluidos de la sociedad y la seguridad que pretendió garantizar el gobierno peronista, la ayuda social era el instru­mento para satisfacer las necesidades de individuos o familias carencia- das. Evita, a través de la fundación que llevaba su nombre, se hizo cargo de los más humildes. ¡

Si bien no hay cifras confiables, Orlando Ferreresi en su gran trabajo estadístico sobre la economía argentina, calcula que la pobreza urbana es del 3% de los hogares y personas en 1968; en 1974, representa el 3,8% y en 1980, el 8%. El gran salto se produce a partir de la década de los ochenta (16%, en 1985; 34,3%, en 1989; 26,7 %, en 1995,30%, en 1999). En momentos del colapso financiero, más de la mitad de la población urbana estaba sumida en la pobreza (55,3%, en 2002). A partir de 2004, el índice se reduce hasta estabilizarse, aproximadamente, en un tercio de lá población (30,1 %, en 2007; 31,2%, en 2008; 33,4%, en 2009)80. Las cifras oficiales de esos últimos tres años indican 22%, 16,6% y 13,6%.

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Frente a esa realidad, el primer Gobierno que reaccionó con un programa contra el hambre extendido en todo el país fue el de Alfon­sín, que creó el Programa Alimentario Nacional (PAN). En 1984, el IN- DEC publicó un estudio, La pobreza en la Argentina, donde se señalaba que casi un cuarto de la población argentina vivía con «necesidades básicas insatisfechas».

El plan de Alfonsín fue una solución de emergencia para paliar lo que se creía un fenómeno excepcional. Dijo el presidente el 1 de mayo de 1984 ante la Asamblea Legislativa: «El objetivo del PAN es enfrentar la emergencia que padecen familias carenciadas, especialmente, aquellas donde existen mujeres embarazadas y niños menores de seis años».

La creación de la pobreza fue acelerada por las políticas económi­cas. En diez años, se pasó de 1,1 millones de personas bajo la línea de la pobreza en 1970 a 2,4 millones en 1980. En 1985, ya eran 4,8 millones. Los acontecimientos producen efectos escalofriantes: en 1995 llegan a 9,2; en 2000 a 11,9 millones, en 2002 asciende a 20,7 millones de pobres y en 2007 a 13,4 millones.

SEL Consultores, que publicó un informe sobre la situación laboral y social de la Argentina, cuya última edición es del año 2010, hace una indagación al interior de las cifras globales, es decir, qué ocurre con los que están en el 25% de la población que tiene el ingreso más bajo. Se­ñala la consultora que en la base de la sociedad «está muy extendida la precariedad laboral extrema». En el 25% de la parte de la población ubicada en el nivel inferior, el 18% no tiene empleo y el 16% tiene un empleo intermitente, mientras que para el 25% el desempleo es del 2,7%81. Cualquiera sea el aspecto social que se analice, la situación de la población de nuestro país es vergonzosamente catastrófica para el nivel de ingresos promedio de la Argentina81.

Personas sin cobertura social (2010): promedio 33,3%; del 25% de la población con menos ingresos, el 60,9% no tiene cobertura social. El 25% de la población con menores ingresos vive sin cloacas; el 56,6% vive hacinado (más de tres personas por habitación).

La Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción más rica del país, con un ingreso per cápita superior a veinte mil dólares, si bien tiene un porcen­

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taje menor de pobres (8,6%), está plagada de villas de emergencia, de personas que duermen en las calles y de una multitud de indigentes. La ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, María Eugenia Vidal, realizó el 2 de diciembre de 2010 un relevamiento social en todos los barrios, el que indica que pernoctan en la ciudad.1300 personas sin techo y que setecientos menores viven en las calles abandonados por sus familias.

En el conglomerado humano más vasto y densamente poblado del país, que es la provincia de Buenos Aires, los índices de pobreza e indigencia han ¡do en aumento. El crecimiento pobíacional en villas mi­seria «es síntoma agudo de pobreza». Lo más increíble es que en el área metropolitana el aumento de la población residente en esos lugares, entre el 2001 y 2006, fue ocho veces más que el incremento poblacio- nal global.

La ONG Un Techo para mi País, cuya actividadNque se desarrolla en diecinueve países donde trabajan más de cientos de miles de volun­tarios, ha realizado un relevamiento de las villas de emergencia, en el conurbano de Buenos Aires. El resultado del estudio consigna que del el año 2006 al 2011 han surgido en esa región de la Argentina noventa nuevas villas de emergencia. La ONG afirma que en octubre del 2011, en el Gran Buenos Aires, había 864 villas y asentamientos donde vivían más de quinientas mil familias, de las cuales, el 79.9% no tenía desagües pluviales, el 32.4% tampoco tenía agua potable (La Nación, 5 de Octu­bre de 2011).

El pueblo trabajador, sindicalizado, vive una realidad que desco­noce los problemas y desafíos del país pobre. La situación en el Norte, sobre todo, en las poblaciones aborígenes, es la de una tragedia colecti­va. Mempo Giardinelli; quien realizó una interesante investigación en el Chaco, habla de una «miseria sin fin» entre los tobas. Un relevamiento fo­tográfico permite ver mujeres de 37 años que pesan 30 kg; en las princi­pales ciudades del interior; hospitales sin higiene adecuada, no prepara­dos para las numerosas enfermedades que tienen los niños y los adultos. Lo mismo sucede en Fortín Valle, Villa Río Bermejo y otras localidades." Con frecuencia, la prensa informa sobre la muerte por desnutrición

de niños argentinos en varias provincias sin que las autoridades logren

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o quieran solucionar este drama. Esto sucede en un país imaginado como el granero del mundo. En 2002, murieron varios niños recién na­cidos en las provincias de Tucumán y Misiones. La mortalidad infantil reconoce otras causas —paros cardiorrespiratorios, neumonías—, pero la verdadera raíz es la desnutrición. Así lo ha afirmado el Dr. Abel Albino, de la Cooperadora para la Desnutrición Infantil (CONIN).

El gobernador de Misiones admitió que en 2010, hasta finalizar el mes de octubre, «ya murieron 206 niños en la provincia» y precisó que había 6000 desnutridos (1000 en extrema gravedad). Habían muerto tres niños: Héctor Díaz de dos años, que vivía en Apóstoles, y Milagros Benítez de un año y tres meses (Monte Cario), inscriptos en el Programa Hambre Cero. Afirprió que la mortalidad infantil afecta al 12,3 por cada mil niños, «un valor que es similar a la medida nacional». Pero en la década de los noventa, afectaba a 33 por mil, dijo el gobernador. Sil­vana Martínez expresó que: «Lo que ocurre en Misiones es otro crimen cometido por el Estado»82.

El fenómeno de la pobreza, la marginalidad social y el hambre ha dado lugar a una crítica generalizada por la incompetencia para enca­rar estos problemas, aun cuando Juan Carr, líder de la Red Solidaria e integrante del Centro de Lucha contra el Hambre, ha reconocido que durante el segundo lustro de este siglo se ha trabajado muy bien para paliar este flagelo. Desde la ANSES, con los fondos de los jubilados, se dan subsidios a las empresas y a las clases medias.

En 2009, el Papa hizo un llamado en el que destacaba «el escánda­lo de la pobreza y la inequidad social». Caritas y el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que representan el pensamiento de la Iglesia católica argentina, hicieron conocer un estudio en el que se afirma que el 34,9 % de la población, es decir 4,4 millones de personas que viven en el área metropolitana (Buenos Aires y treinta municipios) viven bajo la línea de pobreza. Este informe se dio a conocer el 19 de noviembre de 2011; mientras que la medición del INDEC era del 15,2%83. Hay lugares en la Argentina donde la pobreza es el hecho que domina el paisaje social. Según el Instituto para el Desarrollo de las Economías Regionales (IDESA), en el Chaco, el 49% de la población es pobre y el 17,2%, indi-

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gente (2009) Resistencia es la ciudad, según ese instituto, que propor- cionalmente tenía más indigentes en el país en ese año64.

El cardenal Jorge Bergoglio dijo que el aumentode la pobreza tie­ne sus causas en políticas inspiradas «en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes del mercado como parámetros ab­solutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos»05.

El economista Eduardo Amadeo, ha declarado que «la Argentina vive empobreciéndose desde la década de los setenta y que los indi­gentes siguen casi conio en 200286.

Junto con la educación, la extirpación de la pobreza es uno de los desafíos que enfrenta la sociedad y, especialmente, el Estado.

Democracia o poder hegemónico\

Una mirada retrospectiva sobre nuestra vida política nos permiti­ría visualizar momentos de bonanza seguidos por otros de turbulen­cias; unos cuya serenidad permitía renovar la confianza en el destino nacional, otros que suscitaban honda preocupación por conflictos que invadían lo cotidiano con anuncios y presagios de catástrofes en una secuencia de paisajes que se sucedían como girando en una caja de imágenes de cotillón.

Pareciera que la sucesión de hechos y fenómenos repetitivos se resistiesen a abandonar la realidad. Y esta repetición se instala en las conductas de los más relevantes actores de la historia. En este capítulo, hemos presentado conductas que sobreviven incrustadas en los mo­delos imaginarios deLpoder. Varias muy nocivas, como la anomia o la práctica del cohecho que afecta al erario público. Hay un fenómeno que se repite en la historia argentina y que concierne al modo de ejercer la autoridad: la creencia de que el poder es dominar a los demás, tutelar sus ideales. Pareciera que la política consistiera en una puja por él pre­dominio. La exaltación de la personalidad de muchos actores se vincula Con ,el mando y la capacidad de condicionar la voluntad ajena. El poder hegemónico se ha constituido en un paradigma de conducta política

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que algunos asumen con ostentación y otros guardan en el secreto de sus ambiciones más confidenciales. Como un furor de mando, lo ob­servamos desde el principio de la nacionalidad en las querellas por el poder que dividieron a los hombres de la Junta de Mayo, en las conflic­tivas relaciones de gobernantes y caudillos, en el imprudente ensayo de imponer dos constituciones (1819 y 1826) que los pueblos del interior rechazaban...

¿Cuál fue la causa de tantas tensiones y violencias que asoló ochen­ta años de historia argentina, sino el síndrome de alcanzar la supremacía o poder hegemónico? ¿Cuál fue la causa que los conflictos de intereses y las diferencias de opinión no hayan podido resolverse por la concilia­ción? ¿Cuál el motivo de que no haya más consensos?

La vigencia del poder hegemónico implica reducir el espacio del otro, desconocer toda legitimidad a su opinión, contestar el poder de los otros «poderes», lo que significa desconocer sus leyes y sentencias y, así, de escalón en escalón, se va consolidando la «razón» y la «verdad» de un mando sin autoridad.

La imposibilidad de lograr consensos y la constante discordia, la ma­nipulación de las leyes, la intolerancia que recorre la historia es la conse­cuencia del síndrome que analizo. Un impulso autoritario domina a casi todos los gobernantes. Hay un estereotipo de gobernantes, que respon­de a conductas paradigmáticas: aman su propia imagen, titubean en los momentos de turbulencia, cuando se sienten fuertes son implacables. Algunos promueven proyectos ambiciosos para la nación, pero su vida privada es emocionalmente crispada, viven sin generosidad replegados sobre sus propios temores. Ni las artes los seducen; no convocan a los sa­bios como solían hacer reyes y emperadores en antiguos tiempos. Salvo algunos, muy pocos, por lo general, carecen de cultura y de interés por el conocimiento. Solo el poder los motiva verdaderamente.

Acumulan el poder a través de un ejercicio hegemónico, que les da ante el mundo una seguridad de la que carecen en su fuero interior. Para su cercanía, solo elijen a los que le inspiran confianza, a los adu­lones, a los secuaces; todo prestigio ajeno les incomoda, cooptar a los mejores es un ejercicio desconocido.

Para Botana, la intolerancia y la desvalorización de la opinión del contrario es una constante argentina. Se busca siempre al «enemigo» y cuál es el «método más eficaz para difamarlo». Esto fes particularmente severo durante la década de los años setenta, «ese montaje perverso teñido de sangre que disparó el terror recíproco», afirma Botana. «La in­tolerancia —dice— cosechó así el fruto de ¡^eliminación física de quien se consideraba enemigo». Esta vieja historia se repite con nuevos ves­tuarios y protagonistas.

El llamado también «hiperpresidencialismo» argentino fue, hasta hace algunas décadas, una calificación que se justificaba en que el pre­sidente era el jefe de uno de los grandes partidos nacionales. En años posteriores, y sobre todo en la actualidad, se basa en el hecho de que el presidente se acapara del Estado, se instala en él, y desde allí construye su poder e impone su influencia.

En un artículo sobre la anomia en la Argentina, Eduardo Fidanza elaboró, como primera característica de este fenómeno, aquel rasgo que Halperin Donghi calificó como el más grave: «Si hay un rasgo que caracteriza la vida política argentina es la recíproca denegación de legi­timidad de las fuerzas que en ella se enfrentan». Como dice Fidanza, esa recíproca denegación de legitimidad significa «descalificar por comple­to al que piensa distinto».

Otro factor de la anomia que advierte Fidanza, es el «autismo» de las élites enfocadas «en sus luchas facciosas perdieron la noción de que viven en una región del mundo que considera una pérdida de tiempo vivir dilapidando oportunidades (..!) practicando la desunión y dando la espalda a la realidad internacional»87..

Una anécdota original y cómica de esta exaltación en el ejercicio del poder hegemónico sucedió a principios del siglo xx. El 25 de enero de 1908, el presidente Figuéroa Alcorta clausuró el Congreso para reno­varlo «a su paladar», según refiere Ramón Columba.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han estado tentados por un modelo de práctica hegemónica. Cuando tuvieron mayoría en el Congreso, las discusiones carecían de motivaciones, pues para el Go­bierno la opinión de la oposición era irrelevante. Las leyes se imponían

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á f ó x j u d á ¿5 a n s e w a / i o s t ó con la Ley de Radiodifusión o si

de í í " - ' ; ; i « : Arosntínas. Orando el Gobierno perdió la mayo-

ría. cugjTjjeí ¿2/551KÍ3 de fe oposóón en si Congreso, se transformó

~ una batatera cpe terminaba a t e empujones o con improperios.

r j - s ' 2 $ í 20í0con fes discusiones sobre el Fondo de! Bícen-

tena.70 que, cor- fes reser/as ce! Banco Central, pretendía garantizar *

W5 pa -os ce ios intereses ce ía deuda externa y que terminaron con

1-2 renuncia ce; presiente de! Banco Central En este caso, el ejercicio

d d poder presidencial llevó a utilizar un DNU para anular las propiasící #c e c m ie s presardales. Recordemos que en el período de la doctora

Cristina Femar, cezce Kirchner creó oor decreto del 14 de diciembre de

2C09 e: Fondo del B'centenario para usar las reser/as del Banco Central.

Faro meses después íí de marzo de 2010), utilizó un DNU para derogar ^ / t f •» *

fe creaaon del Fondo.

Los conflictos del Ejecutivo con el Congreso y el Poder Judicial

ser» recurrentes. Los proyectos de la oposición no son tratados, y el

presupuesto de gastos de la nación de 2011 no pudo aprobarse por­

que k Casa ce Gobierno no aceptó cambios en la propuesta enviada

al Parlamento. Respecto del poder judicial, las desconsideraciones

han sido permanentes. El Poder Ejecutivo no cumplió varias senten­

cias dictadas por la Corte Suprema en materia de ajuste de haberes' ibilatoríos.

En su discurso del 1 de marzo de 2009, con motivo de la apertura del

Corigreso, la presidente acusó a la Corte de conceder excarcelaciones a

rambío de dinero. Ante la repetición de reproches y la falta de cortesía

cruzada. Este es un sistema crispado donde el poder hegemónico tiene la posibilidad de usar el Estado a su antojo y los fondos públicos para su provecho electoral, preservado de todo cuestíonarníento judicial. La obligación de «rendir cuentas* (occounto'oílity) que es un principio axio­mático de todo Gobierno que pretenda ser democrático es, en la Argen­tina, una rara práctica sí separarnos la retórica de la autentica convicción sobre la responsabilidad gubernamental.

El control de la gestión pública por parte del Congreso también está seriamente deteriorado. Según afirmaciones'confiables, a princi­pios del 2011, tenía 230 informes de control demorados de tratamiento. Existía una auditoría que detectó irregularidades por parte del Órgano de Control de Concesiones'/¡ales (OCCOVI) en la renegociación de con­cesiones viales, pero como tantas, su destino fue el archivo. Ocurre lo mismo con una auditoría realizada a la Administración de Programas Especiales sobre cuestiones vinculadas a los medicamentos. Son cien­tos los casos similares.

El poder hegemónico que en diversas épocas ha probado su exis­tencia política (Rosas y Roca, en el siglo xix) ha asumido caracteres que amenazan el funcionamiento de las instituciones tal como fue previsto en el texto constitucional.

Quizá para recordar que esta tendencia no es nueva en nuestra his­toria política, cabe recordar que Manuel Gálvez, a principios del siglo xx, ya se refería a la «supremacía ejecutiva». Esta supremacía no era para él la de los príncipes sabios, sino que aplastaba el debate, excluía a los ciu­dadanos y concentraba el poder. En el antiguo régimen, el absolutismo y en los totalitarismos de nuestra época, la autocracia para Gálvez era una modalidad que transformaba las instituciones en meros ropajes del mando personal.

¿Y el federalismo?i

• ••• , El federalismo fue una de las primeras ideas políticas que movilizó al pueblo argentino. Junto con la Independencia, fue la causa política

más popular durante casi todo el siglo xix. Corporizó la resistencia del interior contra el centralismo unitario de las élites, principalmente, la porteña, y estaba arraigado en las viejas ideas de libertad sobre las que se asentaron los cabildos en América.

José Gervasio de Artigas fue el primero en plantear el tema del fe­deralismo en su levantamiento contra la autoridad española en 1811. Tuvo las mismas concepciones que inspiraron las revoluciones de Chu- quisaca (1809) y de La Paz, cuyo origen estaba en las ideas de Pedro Mu- rillo, quien proponía hacer de América una confederación de munici­pios. José María Rosa confirma que Artigas «fue el creador del federalis­mo» en nuestra tierra, como heredero de los viejos Cabildos indianos88.

Vicente Sierra dice que, en los albores del siglo XIX, los americanos afirmaron «su existencia nacional» a través de los cabildos cuando en Eu­ropa habían desaparecido las libertades munic¡palesy,desdeel sigloxvil, se imponía el Estado centralista. En América, los Borbones fueron ab­solutistas a diferencia de los Habsburgo, que manejaron las Indias con precaución y toleraban tumultos siempre que se respetara la Corona. A su advenimiento al trono español, se destruyeron los antiguos fueros y privilegios, lo que redujo el rol de los municipios a favor de las inten­dencias89.

De allí que, desde su origen, el federalismo más que para hacer frente a una amenaza de seguridad colectiva o para aprovechar una oportunidad de expansión, como dice William H. Riker, fue una mani­festación del impulso a la libertad y la autonomía como quería Simón Bolívar, y proclamaba Artigas90.

Si el federalismo fue heredero de esa tradición local opuesta al espí­ritu iluminista y autoritario, Buenos Aires adquirió su primacía en el ex­tenso territorio del Virreinato por voluntad de Carlos III, exponente de la monarquía borbónica.Tanto Facundo Quiroga, el «Tigre de los Llanos», con su lema «Religión o muerte» grabado en sus banderas, como Juan Manuel de Rosas o el Chacho Peñaloza y sus gauchos, representaron tardíamente el viejo talante del Cid Campeador y el del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Fueron el fruto de la rebeldía frente al autoritarismo iluminista.

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Antes de ser objeto de sofisticados debates entre doctores y espe­cialistas, las intrincadas cuestiones constitucionales fueron planteadas desde el lomo de los caballos por gauchos y caudjllos que defendie­ron hasta la muerte la causa del federalismo. Aceptando esta distinción entre la teoría y la praxis, Enrique de Gandía diferenció el federalismo histórico del constitucional, utilizando pará'compararlos el origen del federalismo en los Estados Unidos y en nuestro país91. En los Estados Unidos, los estados federados precedieron a la Constitución de la Unión con sus correspondientes organizaciones. Mientras que en la Argentina surgió del podér'de los caudillos, y sus propuestas fueron influenciadas por el régimen de los cabildos.

Entre nosotros,fue el centro de lo que podíamos calificar como una larga guerra que opuso a federales y unitarios, tratada en el capítulo III. Vale recordar los hitos principales de esta guerra entré ambos bandos que tanto influyó en la política argentina.

Si bien Artigas fue el primero que planteó el problema federal, des­de su levantamiento de 1811, fue en ocasión de la violenta reacción del litoral contra la Constitución de 1819, dictada por el Congreso traslada­do a Buenos Aires que en elTucumán había declarado la independen­cia, cuando se enfrentaron las dos partes. Santiago del Estero, Catamar- ca, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Córdoba no acataron la autoridad del Director Supremo;Tucumán se declaró independiente.

En 1820, luego de la batalla de Cepeda el poder central se desin­tegró y cada provincia asumió su autonomía. Córdoba declaró su in­dependencia federativa. Las provincias reclamaron, la creación de un sistema federativo rechazado por las.élites, sobre todo, por la porteña. Bernardino Rivadaviá, designado presidente antes de sancionarse un texto constitucional, fue la figura emblemática del centralismo unita­rio que las provincias resistieron. La constitución de 1826 tuvo también el rechazo generalizado por no consagrar el sistema federal. La víctima más célebre del enfrentamiento fue Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, fusilado por Lavalle.v ! Los federales lograron imponerse y los representantes de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firmaron el Pacto de la Confederación Ar­

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gentina, que fue el único documento que ligó las provincias hasta la convocatoria del Congreso de Santa Fe y la sanción de la Constitución de 1853. Fue el fundamento legal de la Confederación Argentina.

El Pacto Federal de 1831 no fue una alianza entre Buenos Aires, San­ta Fe y Entre Ríos, sino que fue aceptado por todas las provincias luego de la derrota de los unitarios.

Varios caudillos querían una Constitución, pero Rosas la postergó y afirmó que no estaban dadas las condiciones del país. Le explicó a Qui­roga, en larga carta de la Hacienda de Figueroa del 20 de diciembre de 1834, porqué no se podía suscribir todavía una Constitución (capítulo II). Es así que durante el período de 1831 a 1852, tuvimos una confede­ración descentralizada que pronto sucumbió el control hegemónico de la provincia de Buenos Aires92.

Firmada la Constitución de 1853 y luego de la reincorporación de la provincia de Buenos Aires — en 1862 había rechazado la Constitu­ción—, se estableció un sistema federal centralizado bajo el dominio porteño, que se completó con su capitalización en 1880. Si dejamos de lado las provincias que desde el principio se separaron, como el Alto Perú, Paraguay y Uruguay, a pesar de los sangrientos conflictos y repeti­dos intentos independentistas, todas las provincias mantuvieron la vo­luntad de formar parte de una unión. Sin embargo, Buenos Aires siguió siendo el semillero de unitarios y las provincias, viveros de federales.

Buenos Aires se consolidó como centro de la unión, en primer lu­gar, por su dinamismo económico y, en segundo lugar, por la posición geográfica que le daba el dominio del puerto. Desde mediados del go­bierno de Rosas, la producción de la pampa se inclinó por el mercado internacional, y el puerto estuvo obligado a jugar un papel central de comunicador.

La Constitución de 1853 generó centralización y, sobre todo, le otorgó al Poder Ejecutivo Nacional el arma de la intervención, que fue decisiva durante los primeros momentos de la instalación dél Estado nacional. Entre 1853 y 1860, hubo diecisiete intervenciones que, decidi­das por decreto, recayeron en todas las provincias, salvo Entre Ríos y San Luis. De 1860 a 1880 hubo veintinueve, solo cinco por ley93.

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Las tensiones y los conflictos violentos entre Buenos Aires y las pro­vincias, como hemos visto en el curso de esta obra, fueron el origen de no pocos resentimientos y animosidades que invadieron las relaciones entre ambas partes.

Andrade, haciéndose eco de un sentimiento que.seguramente exis­tió, fue implacable con los porteños, a quienes identificaba como Parti­do Unitario o Partido Federal, pues fueron en algún momento colabora­dores. «Rivadavia fabricó las herramientas con que Rosas forjó las duras cadenas de su dictadura». Andrade vio una permánente conspiración contra las provincias desde Buenos Aires: «¡Ruina y desquicio, la riqueza y el poder para Buenos Aires! ¡La misma política de todos los tiempos aciagos en la República! Rivadavia, Dorrego, Rosas y Mitre han sido sus instrumentos». Para Andrade, Justo José de Urquiza fue el único caudillo que defendió las libertades de los argentinos, convocó á un Congreso e hizo sancionar una Constitución. El partido Unitario, que también a su juicio se llamó, por momentos, federal, era «un partido de mercaderes políticos sin fe, sin dogma, sin corazón»94.

Rivadavia, Sarmiento, Rosas y Mitre eran, para los que pensaban como Andrade, los perpetuadores de la pobreza, la violencia y el terror.

Aparte de esta animadversión de los federalistas y los centralistas, Alberdi tuvo la idea de que había dos países, dos historias. Una centrada en Buenos Aires, era el facsímile de Europa; otra estaba asentada en las provincias y en las clases populares. Hubo una importante polémica en torno al federalismo y la Constitución, cuyos principales interlocutores fueron Mitre y Alberdi. Mientras el primero admiraba la Constitución de los Estados Unidos y aspiraba a trasplantarla en la Argentina, Alberdi se basaba en «las instituciones anteriores, (en) los hechos que constituyen sus historias», como se lee en las Bases. Juan Bautista Alberdi se propuso buscar un equilibrio entre'las facciones que se disputaban el poder y que protagonizaron las guerras civiles. Por eso puede percibirse que la Constitución que proponía adoptó una fórmula mixta,federal y unitaria a la vez. Ese término de equilibrio entre la parte y el todo debía servir para apaciguar la continua tensión entre las provincias y el poder fede­ral. Dice Alberdi que «...esos dos países son distintos bajo la apariencia

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de uno solo (...), el Estado metrópoli, Buenos Aires, y el país vasallo, la república. El uno gobierna, el otro obedece; el uno goza del tesoro, el otro lo produce; el uno es feliz, el otro miserable» (Juan Bautista Alberdi, Grandes y pequeños hombres del Plata).

Esta cuestión de la articulación de todas las partes integrantes de la república, gracias al sistema ideal continúa presente en Joaquín V. Gon­zález, quien en El juicio del siglo señaló su preocupación por el desajuste ostensible que percibía entre Buenos Aires y el resto del país. La Argen­tina tenía un federalismo de fachada que debía repararse, según él, con la formación de «una clase superior de capacidades directivas, en una larga tradición universitaria o colegial».

El Gobierno central debió imponerse a las rebeliones y subleva­ciones locales. Mitre fue un gran constructor del Estado nacional, aun cuando tuvo que gobernar acosado por levantamientos. Durante, su presidencia hubo 107 levantamientos en el interior contra el poder cen­tral y diecisiete interrupciones de mandatos gubernamentales de las provincias.

A medida que la república fue absorbiendo flujos inmigratorios y el territorio se fue poblando desproporcionadamente, el federalismo como distribuidor de pesos políticos fue menos efectivo al no reflejar las realidades socioeconómicas. Se han ido formando en la Argentina dos «países» muy desiguales: uno constituido por dieciséis provincias de bajos ingresos, actualmente, grandes consumidores de planes socia­les. El segundo podía formar la sociedad productiva y comprende siete provincias: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, el interior de Buenos Aires y, un poco alejadas de las primeras,Tucumán y Corrientes. Un tercer, país, macrocefálico, está integrado por la Ciudad de Buenos Aires y el conur- bano. Está formado por un poco más del 1,3% del territorio total y tres millones .de habitantes. La sociedad productiva de siete provincias y el interior de la provincia de Buenos Aires tiene, aproximadamente, el 33% de la población. Existe una gran desproporción entre estos tres compo­nentes geográficos.

Las desigualdades en la participación de la producción de riqueza y la recaudación de impuestos hace que las provincias del grupo de los

«dieciséis» dependan mucho más del poder central para sus gastos que las del grupo de las «siete».

Uno de los temas más conflictivos entre las provincias y la nación es la distribución de los fondos coparticipables. En 1973, la Ley 20221 establecía el 48,5% para cada una de las partes y el 3% para un Fondo de Desarrollo Regional. Durante el gobierno de Alfonsín se aprobó la Ley 23548 (1988), impulsada por Cañero, entonces gobernador de Buenos Aires, en virtud de la cual el 42,34% sería para el Ejecutivo nacional y el 57,66% para las provincias. Los porcentajes establecidos en la Ley no se han respetado éñ los últimos años. En 2005 y 2006, aproximadamente, el 24% fue a las provincias; en 2007, el 27,6% y en 2009, el 24,9%.

El carácter transitorio de la Ley de Coparticipación de 1988, reno­vada automáticamente, revela la fragilidad del sistema. Pero como la norma quedó congelada, se fueron dictando una serie de normas adi­cionales (más de setenta) que convierten el sistema en un laberinto que refleja un intrincado equilibrio de intereses.

La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, estipula que una ley convenio entre la nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, «garantizando la automa- ticidad en la remisión de fondos». Además, como la ley que se sancio­nó bajo la presidencia de Alfonsín era provisoriia, la sexta disposición transitoria de la Constitución dice que «un régimen de coparticipación y la organización del organismo fiscal federal deberá dictarse antes de la finalización del año 1996». ,

Mientras algunos afirman qúe la reforma de 1994 reforzó el fede­ralismo, hay autores de gran autoridad, como Alberto Dalla Vía, quién en su libro Competencia política en el federalismo argentino sostiene que «la coparticipación federal es una de las instituciones que más ha con­tribuido a acentuar la dependencia de las provincias del poder central; al lado de ella podría incluirse a la intervención federal y la declaración del estado de sitio». Según Dalla Vía, la coparticipación es una «patolo­gía», «un gran debilitamiento» ante la insuficiencia de nuestro sistema

' fiscal de definir claramente a atribución de competencias. Afirma este autor que en la Convención Constituyente nada se hizo para debatir

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sobre la atribución de fuentes impositivas originales entre la nación y las provincias.

Alieto Guadagni sostiene que «es evidente que el Gobierno nacio­nal no ha tenido ni tiene vocación por cumplid con el mandato cons­titucional. No puede existir un verdadero federalismo político que no esté sustentado en la autonomía financiera de las provincias. (Alieto Guadagni, «Más coparticipación y menos arbitrariedad con las provin­cias» (El Cronista, 2 de noviembre de 2009).

Otra cuestión ligada al funcionamiento del sistema federal es el abuso que se hizo de las intervenciones por vía de decreto. La Constitu­ción de 1994 redujo las atribuciones del Poder Ejecutivo en este tema, al establecer que las intervenciones deben ser decididas por el Congreso mientras esté en período de sesiones ordinarias. Solo en caso de receso, puede hacerlo el Ejecutivo, por razones de necesidad y urgencia, sujeta a posterior aprobación o reprobación del Congreso.

Las intervenciones han sido un arma muy controvertida en nuestra historia. Entre 1853 y 1976, se registraron 168 intervenciones federales; solo 54 por ley del Congreso. En la restauración democrática, solo hubo ocho intervenciones federales (seis por decreto). Los gobiernos de Al­fonsín y de Kirchner no usaron este expediente.

De 1880 a 1916 hubo 39 intervenciones federales y de 1916 a 1930, se aprobaron 33. La década de los treinta fue más calma, ya que hubo solo trece, y en el período peronista, 1946-1955, las intervenciones fue­ron catorce.

Según Botana, las intervenciones tuvieron un triple papel: fueron un instrumento de control frente a las oposiciones de diverso signo; actuaron como un dispositivo para dirimir conflictos dentro de una agrupación o de un partido dominante y reforzaron, en la mayoría de los casos, la presencia hegemónica del Poder Ejecutivo. Durante mucho tiempo, las provincias fueron entidades políticamente dependientes del poder central. Actualmente, a esa dependencia se sumó la econó­mica, puesto que las provincias han perdido su capacidad de colectar impuestos. Esto ha reforzado la poderosa «tendencia centralizadora», si se usa el lenguaje de Botana. /

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S¡ tenemos en cuenta la discrecionalidad con que el poder central cumple sus obligaciones de coparticipación de impuestos, la manipula­ción de las obras públicas asignadas a los territorios provinciales paga­das con fondos nacionales y la permanente presión que ejerce el poder central respecto de los gobernadores, es posible afirmar que el sistema federal es una fachada institucional.

Sin duda, el funcionamiento del federalismo es una historia de cris- paciones y reproches, donde a pesar de su frustrante retórica ha podido mantener una apariencia que mantiene vigente ún ideal de organiza­ción política nacida con la patria misma.

A fines de siglo XIX, Estanislao Zeballos afirmaba que el federalis­mo era una «mascarada», y Manuel Pizarro predijo lo que, por suerte no ocurrió: constató que «el silencio sepulcral de las provincias» anunciaba su «defunción desgraciada».

La política de centralización fue, sin duda, elpivote alrededor del cual se organizó el Estado. Por ello, el poder central mantuvo casi siem­pre su preeminencia sobre las provincias, sea para imponer políticas'na- cionales sea para sofocar rebeliones o caos políticos locales a través del recurso de las intervenciones.

Una de las cuestiones que desequilibra el funcionamiento del sis­tema de representación política en la Argentina, es la sobrerrepresen- tación que se otorga a las provincias con poca población y modesto producto bruto.

El primitivo Pacto Federal era que cada provincia tenía un peso igual en el Senado y que los diputadosxeran elegidos según la población. Pero ello se distorsionó en paulatinas reformas. La Constitución de 1949 estable­cía un representante por cada 100 000 habitantes o fracción que no baje de50 000 (ajustable por el censo) y fijaba un mínimo de dos diputados por dis­trito; la Ley 19862 de 1972 aumentó el piso a cuatro diputados y, en 1983, la

i #Ley 22847 lo aumentó a cinco. Eduardo Gibson y Ernesto Calvo dicen que «el sistema federal argentino sobrerrepresenta a las provincias más pobres y despobladas más que cualquier sistema federal en el mundo»95.• ; La provincia de Buenos Aires, con más de doce millones de habi­tantes, tiene setenta diputados, el mismo número de representantes

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que doce provincias que tienen en conjunto apenas cinco millones de habitantes (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan). Es decir, que Bue­nos Aires tiene menos de la mitad de la representación del promedio de esas provincias.

Solo una de las diecinueve provincias periféricas tiene más del 10% de la población de la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que cuentan con más del 60% de la población, tienen solo el 51% de los diputados, y todas las demás provincias totalizan el 49% de los diputados. Este des­equilibrio se agrava en la medida en que más del 70% de la producción nacional está en las provincias de más población y en la Ciudad Autóno­ma de Buenos Aires.

La relación armoniosa entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la nación requerirá un debate sincero y soluciones que necesitan una dosis elevada de coraje. Se trata de encontrar una nueva plataforma que permita compatibilizar la unidad nacional con las históricas autonomías provinciales, y una gestión eficiente y equita­tiva de los recursos públicos a fin de impulsar un proceso de desarrollo sustentable.

La existencia de entidades políticas provinciales en el seno de la nación ha suscitado complejos y sangrientos enfrentamientos y discu­siones desde el inicio de nuestra historia independiente. El federalismo todavía es un programa por realizar.

No hay milagro sin esfuerzo

No hay política a largo plazo porque la sociedad no logra encontrar consensos, negociar acuerdos que persistan; se hace difícil coincidir, hacer-prevalecer una misma visión sobre los intereses nacionales. Se practica una política proteccionista (Justo, Perón, Levingston) y luego se bajan los aranceles (Videla, Martínez de Hoz); se sanciona el «Com­pre nacional» para todas las áreas del Estado (Cámpora, Lastiri) y luego

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se abre el mercado nacional a la competencia extranjera (Martínez de Hoz, Menem); se regulan las inversiones extranjeras (Cámpora, Lastiri) y después se liberan de todo control (Videla, Menem); se crea la «ta- blita» cambiaría (Martínez de Hoz, Viola) y luego se deja flotar el dólar (Galtieri); se controlan y se liberan los precios; se congelan las tarifas y los salarios y se pasa a la indexación modérada; así se suceden sin cesar políticas contradictorias.

Se suscriben contratos con empresas extranjeras para explorar y explorar el petróleo (Frondizi), y el gobierno siguiente (lllia) anula los contratos; se compran empresas para el Estado (Perón-Videla) y se hace luego un programa de privatizaciones (Menem); se comienza a financiar el déficit estatal con endeudamiento (Isabel Martínez de Perón) y años después se decreta el Déficit Cero como política de estado (De la Rúa). Se crea un sistema de Convertibilidad y una década después se lo elimina. Se establece un sistema jubilatorio con cajas privádas de capitalización (Menem) y años más tarde se nacionalizan las AFJP (Kirchner). La política monetaria es particularmente cambiante. Carlos Moyano Llerena, dé la Universidad Católica Argentina, decía que cada once años se reformaba el sistema financiero. En 1946, se estatizaron los depósitos, en 1957, se privatizaron; en 1973, se reestatizaron los depósitos y, en 1977, se pri- vatizaron nuevamente. En 1990, el Plan Bonex confiscó depósitos y, en diciembre de 2001, el «corralito» modificó los términos de los depósitos (fuente: Juan Carlos De Pablo, 200 años de Economía Argentina).

En la Argentina, la «emergencia» es una doctrina que permite jus­tificar la negación de derechos o (a creación de obligaciones. Pero esta inestabilidad o ausencia de políticas a largo plazo está sustentada en una calesita de cambios continuos desde los primeros tiempos de la Or­ganización Nacional.

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Desde 1854 a 2010 tuvimos 127 ministros de Economía (o equivalentes) lo que significa un promedio de duración en el cargo de un año y un trimestre. Desde 1930 a 2010 fue-

, ron 72 los titulares de economía (1,3 años en promedio en el cargo). Desde 1935 cuando se creó el Banco Central, hasta

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2004, la Argentina tuvo 53 presidentes. El promedio de per­

manencia en el cargo es 1,3 años. Ernesto Bosch, el primer presidente duró 10 años. (Juan Carlos De Pablo, 200 años de

Economía Argentina)

En lo que respecta a los jefes de Estado, entre 1853 y 2010, tuvi­mos 51 presidentes de la nación, el doble de los que deberíamos haber tenido de cumplirse para todo el periodo de seis años y, a partir de la Constitución de 1994, de cuatro años.

Esta discontinuidad se manifiesta en todos los órdenes. La Corte Suprema de Justicia es, en casi todos los países, una institución sagrada o estable. En nuestro país, la Constitución de 1853 estableció que sus miembros eran cinco. El presidente Frondizi los elevó a siete, Raúl Al­fonsín volvió a cinco, Carlos Menem los transformó en nueve y Kirchner quiso que fueran siete, y una ley de 2006 los llevó nuevamente a cinco.

No son necesario más ejemplos para probar la discontinuidad o el cambio permanente de las políticas en la Argentina. Desde que la Ar­gentina logró niveles que la colocaron en los primeros lugares del rango mundial hasta el presente, muchos argentinos y parte de sus élites polí­ticas, económicas, intelectuales y científicas exteriorizaron una ambición de grandeza y prosperidad para su país. Hubo grandes logros que justi­ficaron preservar la confianza en la potencialidad del país y de su capa­cidad para actuar como una gran potencia en el concierto internacional.

La colosal tarea de transformar el país, cuyo territorio productivo y ocupado era un tercio del actual, de pasar de una economía precaria y de baja productividad, a una potencia agroindustrial como ocurrió en los albores de la Primera Guerra Mundial, fue una obra realizada en tres o cuatro décadas. Ya entonces, ostentábamos el título de los estados emergentes que forman la parte exterior del pivote central del mundo y, a su vez, éramos visualizados por nuestro dinamismo como una futu­ra potencia.

Hemos descrito los instrumentos internos de la transformación — educación laica y obligatoria, inmigración, ferrocarriles, vanguardia agropecuaria productiva, expansión de la frontera interior, empréstitos,

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vinculación con el mercado internacional— que fueron parte de la polí­tica de integración al mercado mundial.

Sin embargo, a partir de la década de los años^incuenta del siglo pasado, políticas que se llevaron a cabo, la mayoría de las veces dicta­das con la premura que imponían las circunstancias o por una razón que provenía de la ideología de los actores gubernamentales, fueron menos exitosas que las que se aplicaron en el tropel de países que nos aventajaron en el rango mundial. Fuimos quedando rezagados. Lo que pasó es incomprensible, pero verdadero. ••

Si observamos el progreso económico argentino durante el con­junto del siglo xx, comprobaremos que mientras el producto bruto mundial creció en términos constantes cinco veces, el de la Argentina solo creció 3,3 veces.

Crecimiieirato PBB total! y por habitante *(tasas equivalentes de variación anual, en %)

Período PB1 total PBI por habitante1875-2007 3.8 1.51875-1913 6.1 2.61913-1939 2.7 0.41939-1974 3.8 2.11974-1990 0.0 -1.61990-2007 3.9 2.8Fuente: J. C. De Pablo, 200 años de Economía Argentina.

Para Juan Carlos De Pablo, la fase de gran crecimiento entre 1875 y la Primera Guerra Mundial coincidió con que la Argentina «encaró un proceso de creciente interacción con la «locomotora mundial» de en­tonces, la economía inglesa». Según De Pablo, es lo que ocurre en Chi­na desde el último cuarto de siglo XX. En «ambos casos se incorporan capital, tecnología y acceso a los mercados mundiales; la diferencia es que China no registra la masiva inmigración de mano de obra que en su momento registró la Argentina»96.

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En el Centenario, la Argentina integraba el grupo de los diez países de mayor ingreso per cápita. En términos de dólares de 1990, el con­junto de países subdesarrollados representaba 800 dólares de ingresos promedio per cápita, mientras que la Argentina tenía 4000 de esos dóla­res, es decir, cinco veces más. De 1875 a 1913 el crecimiento del PBI por habitante fue espectacular (160%) a pesar de que la población se había más que duplicado.

La situación en el Bicentenario es diferente. Los cuarenta años pre­cedentes el crecimiento del PBI por habitante se pueden dividir en dos períodos: de 1970 a 1990 cae el 15%, de 1990 a 2010 aumenta un 60%. El crecimiento del PBI per cápita de la década de los noventa ocupa el tercer lugar entre las mejores décadas de la Argentina. La primera es durante 1880-189Ó (66%), y la segunda (40%) es durante 1900-1910. La primera década de siglo xxi concluyó con un crecimiento del PBI per cápita del 22% a pesar del colapso de 2001-2002. La gran recuperación empieza en 200397.

Los cálculos realizados por Angus Maddison, publicados por la OCDE, y por Orlando Ferreres demuestran que, en lo que concierne al PBI por habitante, la Argentina empieza a perder posiciones en el esce­nario mundial a partir de fines de la década de los cincuenta o principios de la década de los sesenta del siglo XX. En 1950, el PB por habitante de un argentino era el 60% del de un estadounidense; en 1970. el 50% y en 2000. menos del 30%. España sobrepasó a la Argentina en 1970; Francia, en 1960; Japón, en 197598.

Un informe del Banco Mundial, cuyo título es Argentina Sustained Growth and Social Equity, destaca el retroceso que sufrió la Argentina: el PBI per cápita creció al 1,1% anual en esos cincuenta años. En América Latina, solo Bolivia y Venezuela crecieron a tasas inferiores. En cambio, México, el Brasil y Chile duplicaron la tasa de crecimiento de la econo­mía argentina entre 1950 y 2000.

Mario Brodersohn destaca que los sucesivos Gobiernos, en esos cin­cuenta años, no lograron superarla restricción que imponía una limita­da capacidad para importar las materias primas y los bienes de capital no producidos en el país. La crisis externa conducía a adoptar medidas

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para provocar el «stop» de la actividad económica (enfoque monetaris- ta) y una vez logrado el equilibrio, se aplicaba un enfoque keynesiano que generaba el go económico. Esta contradicción, «arranque y freno» domina gran parte de la historia económica. La Argentina es uno de los pocos ejemplos mundiales en donde la pobreza aumentó tanto en los períodos de crecimiento como en los de contracción económica»99.

Existe un sinnúmero de análisis y opiniones sobre las causas de la caída. Algunos ponen énfasis en factores internos, otros en factores in­ternacionales. Hay una divergencia grande en los juicios conceptuales y análisis del porqué la Argentina declinó en relación con los países más avanzados del mundo.

Todos están de acuerdo en que hasta 1930 fue un período de alto crecimiento. Hacia la década de los treinta tuvo lugar la crisis del mo­delo agroexportador y, poco a poco, en un impulso que empezó hacia 1900, se fue expandiendo un proceso de industrialización. Hasta 1930 la apertura comercial fue grande y se empezó a cerrar a partir de la gran depresión. De 1944 a 1974, la industria fue apoyada por una política de sustitución de importaciones y del apoyo del Estado a través de políti­cas de cambio y créditos de fomento. Este modelo se quebró en 1975. A partir de entonces y hasta 1989, fue un período de disminución del PBI por habitante (aproximadamente, -1,3/1,1 %)100.

Carlos Leyba sostiene que a partir de 1974 el país ingresó en un pe­ríodo de decadencia, puesto que se abandonó el paradigma del Estado de Bienestar por el predominio1 del mercado, la tasa de interés como regulador y la economía de deuda. Dice Leyba que la industria dejó de liderar el progreso, económico y el poder regulatorio del Estado fue

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cedido al «concesionario», quien se apropió de las «rentas estratégicas del Estado». El capital por habitante disminuyó, así como la participa­ción de la industria en e¡ PBI. Leyba agrega que, a partir de 2004, se inició el período de crecimiento con endeudamiento, lo que él llama la «primarización» de la economía. Demuestra que, en 1974, se pro­ducían más automóviles en la Argentina, porque tenían el 90 % de los componentes nacionales, mientras en 2010 solo el 30 % (Carlos Leyba. Primarización).

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1975 fue, sin duda, un momento de inflexión. Los dos años anterio­res, 1973 y 1974, fueron de crecimiento del PBI (4,5% y 6,7%, respectiva­mente) y de bajo desempleo (4,5% y 2,5%). El eje central del programa era de «inflación cero»101.

En la década de los noventa, ingresaron capitales externos por 109 556 millones de dólares. A partir de la segunda mitad de esa dé­cada, el sector agrícola argentino fue protagonista de una revolución tecnológica y de una expansión de la frontera agropecuaria. Apareció la soja transgénica resistente a los insectos y tolerante a los herbicidas y, junto con la técnica de la siembra directa, permitió en poco más de un decenio aumentar las exportaciones agrícolas en 233% (1995-2008). La producción de cereales y oleaginosas pasaron de una producción de 45 millones de toneladas en 1995 a 95 millones en 2010. El rendimiento por hectárea aumentó un 70% en maíz y 43 % en soja. China e India aparecieron en el mercado internacional como grandes demandantes, lo que produjo un acelerado crecimiento de los precios. El superávit co­mercial acumulado en el período 2003/2010 fue de 105 000 millones de dólares.

El sector externo, por sus limitaciones, había sometido a la econo­mía argentina al fenómeno de «freno y arranque» observado durante la segunda mitad del siglo xx. El cambio ascendente de la demanda ex­terna y de los precios internacionales en los productos de exportación cambió completamente el cuadro de la economía argentina.

Al comenzar el siglo xxi, el mundo se presenta como una gran opor-- tunidad para la Argentina a diferencia de lo que ocurría en la segunda

mitad del siglo xx.Pero la Argentina, por su riqueza, desarrollo tecnológico y calidad

institucional, está muy por debajo en el rango mundial del pelotón de países avanzados, algunos de los cuales tenían nuestro mismo nivel an­tes de la Segunda Guerra Mundial102.

Las políticas internas, la falta de seguridad jurídica, la gestión de los recursos públicos, las políticas en algunos sectores clave como la energía y muchos otros factores, pueden hacer que el país desaprove­che la excepcional oportunidad.Todo dependerá del curso que tome la

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política interior. La incógnita no es económica. El dilema es político. En ausencia de un orden político que funcione, ¿será posible definir una estrategia nacional a largo plazo y mantenerla? j

«Los hermanos sean unidos» "\

La historia nos ofrece muchos ejemplos de países que, luego de haber atravesado las experiencias traumáticas de dictaduras crueles y sanguinarias, déguerras civiles, de confrontaciones intestinas violen­tas por causas raciales, ideológicas o religiosas, han podido restablecer la convivencia y superar odios y rencores. Han asumido la tragedia de su historia y emprendido un camino de reconciliación'y, a partir de allí, han encontrado los grandes consensos para realizar sus respectivos

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proyectos nacionales.El más importante ejemplo fue la rápida resolución de los resen­

timientos, el odio y el dolor que dejó el régimen nazi al ser derrotado el Tercer Reich en 1945. El pueblo alemán, bajo el liderazgo de Konrad Adenauer, inició la reconstrucción del país superando la terrible historia que había vivido Alemania.

Finalizada la guerra civil española, con sus crímenes, persecuciones y secuelas de enfrentamientos políticos, hubo casi cuatro décadas de dictadura franquista que, si bien dividió profundamente al pueblo espa­ñol, una vez instalada la monarquía constitucional y suscripto el Pacto de la Moncloa, España pudo desarrollar una democracia plenamente participativa sin odios ni rencores. .

Cuando después de décadas de practicarse, se puso fin a la política de segregación racial (apartheid) en Sudáfrica, donde se creó una socie­dad libre y democrática, en la que todas las personas vivirán juntas eniarmonía e igualdad de oportunidades. La voluntad política de los líderes de Sudáfrica y, sobre todo, la voluntad moral de su pueblo, permitieron superar una historia de brutalidad e injusticia. La asunción de Nelson Mandela a la presidencia en 1994, luego de veintisiete años de prisión, las normas constitucionales y la acción de la Comisión de Reconciliación

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Fue conducido con un carro pintado de rojo. Ha quedado en la memoria colectiva la profanación del cadáver de Eva Perón, perpetrado por sus enemigos políticos. El féretro del coronel Ibazeta, fusilado en 1956 por la Revolución Libertadora, decía «individuo Ricardo Ibazeta».

Las desavenencias, la incapacidad de ponerse de acuerdo y la permanente discordia entre los grupos de dirigentes son una caracterís­tica que se repite a lo largo de la historia de la Argentina, y que debemos aceptar como un misterio inexplicable.

Desde el principio mismo de nuestra vida política, padecemos en forma más o menos violenta una discordia. Moreno y Saavedra en la Junta, luego entre republicanos y monárquicos, el odio entre unitarios y federales, el enfrentamiento entre el general Roca y los católicos, el rechazo a Yrigoyen''— que culminó en el golpe de Estado de 1930—, las divisiones profundas que separaban a peronistas y antiperonistas, la sangrienta etapa de terrorismo y represión de los años setenta. Los argentinos tuvieron pocos momentos de paz y mucha dificultad para pactary establecer consensos en la política. Esta incapacidad de «lograr acuerdos» que aqueja a los grupos dirigentes del país se manifiesta no solo en lo político, sino también en lo económico, lo social y lo cultural.

Esta discordia, que podría tener su origen en una estructura antro­pológica, está asentada en una situación permisiva que es la inmora­lidad que ha rodeado la política argentina pór largo tiempo. El deseo del poder está por encima del respeto a la ley. La anomia, sin duda, ha habilitado la discordia y la violencia, así como la trampa y el fraude.

Al hacer una ojeada en lo que pasó después de Caseros, Félix Luna — en el libro citado— señala dos «grandes inmoralidades» que carac­terizan la política de la época. La primera es la falta de principios que torna a los partidos políticos en «huestes carentes de objetivos, salvo la conquista del poder». La segunda es la «inmoralidad electoral» a la que nos referiremos más adelante.

Tardamos cuarenta y tres años en sancionar la primera Constitu­ción o cincuenta si incluimos a todas las provincias; setenta años para elegir una capital, luego de enfrentamientos armados en los que mu­rieron tres mil personas. Casi sesenta años pasaron, luego de sancionar

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la Constitución de 1853 que eligió la forma republicana de gobierno, antes de establecer un sistema electoral que, en 1912, garantizara el su­fragio libre.

La polémica en torno al federalismo aún pervive. Superado el pe­ríodo de las guerras civiles, Mitre y Alberdi se confrontaron en un deba­te que nunca se cerró. Mientras el primero admiraba la Constitución de los Estados Unidos y aspiraba a trasplantar su práctica institucional a la Argentina combinando el federalismo y el liberalismo, Alberdi se inclinó en respetar las tradiciones políticas que prevalecían en el país.

La posibilidadde hacer respetar las instituciones fue siempre un espejismo. Hemos llegado al Bicentenario de la Revolución, y la limpieza de los comicios sigue siendo una deuda pendiente. De hecho, cada Go­bierno se instaló para «salvar a la patria» de los desastres’cometidos porel anterior. Como en el mito de Sísifo, subir la piedra a la montaña es una

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tarea que se repite, pues esta vuelve a deslizarse ha'cia abajo.Santiago Kovadloff señala que en la Argentina existe «una guerra

incansable de todos contra todos». Afirma que «el país sigue empeci­nado en escindirse» y que la «feroz atomización (...) encuentra las raí­ces en su invicta inoperancia en los dilemas más antiguos e irresueltos de nuestra historia». Al observar el método de enfrentamiento que usa Néstor Kirchner para construir poder, afirma «que ño ha hecho más que capitalizar a su favor esa proclividad a las divisiones enconadas» (San­tiago Kovadloff, «El mal argentino», La Nación, 28 de agosto de 2009).

El primer eslabón de nuestra democracia fue, sin duda, el voto, pero el ideal de una república recién logró concretarse sesenta años más tar­de de la vigencia de la Constitución cuando, en 1912, luego de una larga lucha popular, se sancionó la ley electoral que impuso el voto «universal secreto y obligatorio», y se intentó por este medio terminar con el fraude y las trampas.

El triunfo conjetural de la democracia poco duró, sin embargo, puesto que la voz portentosa demuestro gran poeta Leopoldo Lugones resonó desde Lima, donde se celebraba, el 17 de diciembre de 1924, el centenario de la batalla de Ayacucho que puso fin al poder español en América del Sur. Lugones anticipó un augurio fatal como si propiciara el

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golpe de Estado: «Ha sonado otra vez, para el bien del mundo, la hora de la espada»103.

La Argentina padece en lo interior una constante «discordia» polí­tica. Esta desavenencia civil casi permanente ha erosionado su solidez institucional y, sobre todo, ha sido un impedimento para que la repúbli­ca pudiera desarrollarse teniendo objetivos estratégicos estables.

Al conmemorarse el centenario de la revolución emancipadora de 1810, Joaquín V. González publicó El juicio del siglo, un ensayo de inter­pretación, ayudado por su vasta cultura y experiencia política. Destinó la mayor parte de ese estudio a lo que él llamaba la «ley histórica de la discordia intestina que existía en la Argentina»104.

/Toda América se ha manchado con sangre de sacrifi­

cios e inmolaciones, pero acaso en ninguno de sus pueblos echó raíces más hondas que en el pueblo argentino. Las

¡lustres víctimas de la hidra feroz, según se la llamó siempre, comienzan a desfilar hada el destierro o al patíbulo desde la mañana misma del gran día de la libertad, y empezando

por envenenar, debilitar, disociar las fuerzas más vivas de la Revolución, invade el organismo nacional entero, lo marea y desvía en el período más crítico de su desarrollo, enferma

los corazones más robustos y sanos, sombrea los espíritus luminosos, y arroja a la inercia o la desesperada rebelión de las voluntades y los caracteres más bien forjados: inspira la

ferocidad, el odio y el crimen en las conciencias más rectas,

y asimilándose a la propia sangre, preside, asiste y satura to­

dos los movimientos de la vida, en la.guerra, en la paz, en .

las luchas civiles, en las tentativas orgánicas, en los graves

conflictos exteriores. (González, Joaquín V., El juicio del siglo)

A cien años de sus reflexiones podríamos preguntar:-¿continúa siendo válida su interpretación, según la cual el desarrollo argentino está aquejado desde 1810 por «una discordia intestina»? Como si fue­ran los síndromes de una epilepsia, la cadena de alternancias guberna-

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mentales conflictivas impide toda posible continuidad en las políticas públicas. Pareciera que la Argentina no logra ponerse de acuerdo ni en la forma de gobernarse ni en los propósitos que deben guiar su acción colectiva. En la polis no pueden generarse consensos, los gobernantes se suceden, salvo excepciones, para reparar el «mal» hecho por sus pre­decesores. Más aún, la discordia no es sólo de ideas o programas, sino también de personas: «es la discordia fundada en rivalidades persona­les», como afirmaba Joaquín V. González. Como decía el gran riojano, es un «vértigo disolvente».

González,-en su magnífico y breve libro, decía que había «una ley histórica invariable» desde los más remotos orígenes de la civilización en América, «la del predominio de la ambición, la posesión (...) sobre todos los demás móviles». Comentaba que, en el fondo de la sociedad americana, a través de trescientos años, se incuba esa «honda ingénita e irresistible pasión por el dominio personal». Cuando se refiere a la ley de la discordia argentina afirma que ha conspirado sin tregua «contra la integridad material e institucional de la patria». Recuerda a Corríelio Saavedra, cuya memoria fue «flagelada sin piedad», y el fusilamiento de Dorrego, que fue y será siempre «un crimen funesto para la nación»105.

Este síndrome de la discordia se manifiesta también en el rechazo o la negación de lo que hizo o es «el otro». Se rechaza al otro porque es un enemigo, no se puede pactar con él, hay que ponerlo preso, Disimu­ladamente, hay que eliminarlo como adversario. En el lenguaje chaba­cano que circula en la comunicación de las élites políticas argentinas del siglo XXI, es frecuente el uso del neologismo «ninguneo», para negar en­tidad al adversario, para borrar su personería como se diría en términos procesales. Los «dueños» del Gobierno lo son también del Estado, de la verdad, de la economía, del protocolo, del relato..., en fin, de la historia.

Cada Gobierno llega para corregir el mal hecho por el anterior o para establecer las bases fundacionales del nuevo contrato social para la nación. Vienen los nuevos gobernantes para redimir al pueblo de la perfidia de los Gobiernos precedentes. Los antiguos jefes de Estado son,

- -.con frecuencia, relegados como enemigos o vergonzosos ejemplos de inconducta cívica en una nación que cambia de «música» en cada Go-

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bierno. Últimamente, ni se los invita a las ceremonias oficiales en oca­sión de las fiestas patrias.

Pero una mirada retrospectiva permite confirmarnos que ello ocu­rre desde hace mucho tiempo. Cuando Hipólito Yrigoyen asumió la pre­sidencia de la nación, declaró que llegaba para regenerar la sociedad; era la «causa contra'el régimen», «la democracia del pueblo contra el fraude de la oligarquía». En septiembre de 1930, una rebelión militar • terminó con el Gobierno constitucional e inició una nueva etapa de «fraude», esta vez llamado «patriótico». Esta rebelión no aceptaba la filo­sofía de la Constitución liberal de 1853 ni el Gobierno surgido según sus principios. Lugones, el numen de los nuevos tiempos, decía refiriéndose a la Constitución: «no tenemos entonces por qué seguir respetando un mero ídolo de papel», «Sería un caso de estúpido fetichismo», «Me cau­sa repulsivo frío la clientela de la urna y el comité».

Cuando el coronel Perón ganó las elecciones, en 1946, levantó nue­vamente la voz del «pueblo contra la oligarquía». Fue derrocado nue­ve años más tarde (1955) por una revolución que prohibió por decreto promocionar o escribir el nombre del «dictador». Algunos llamaron al presidente «tirano», acepción esta que en nuestra tradición política solo se había aplicado a Rosas e Yrigoyen. Se prohibió evocar su nombre, se qüiso suprimir su memoria, como si se tratara de un exorcismo contra un culto satánico. Los Gobiernos que siguieron son siempre, salvo ex­cepciones, calificados con los peores términos por el establishment que los derrocó.

El presidente Arturo Frondizi (1958-1962) fue un «protocomunista». Arturo lllia (1963-1966) una «tortuga» inútil frente a la Revolución Ar­gentina que lo destituyó, cuyos representantes fueron, a su vez, califica­dos de lacayos del imperialismo y de la oligarquía por el Gobierno que se instaló en 1973. Isabel Perón, que asumió la presidencia a la muerte de su esposo, porque se juzgó que el país estaba a la deriva amenazado, por una implacable guerrilla, fue sustituida por un gobierno antidemo­crático, el Proceso de Reorganización Nacional, que la encarceló cinco años y llevó a cabo una sangrienta represión. Como ocurrió antes, los que ejercieron cargos gubernamentales en aquel proceso terminaron

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degradados por la prensa, incluso hasta por los medios que en su mo­mento aplaudieron su gestión. i

Un gobierno democrático fue electo en comicios libres en 1983, pero tuvo que acortar su mandato por el descoptrol inflacionario. El Gobierno que siguió (Carlos Menem) rescató al país de la «hiperinfla- ción» a la que lo llevaron las desacertadárpolíticasdel anterior e inició un proceso de reformas más tarde calificadas con los peores términos. Su sucesor provocó un colapso financiero que precipitó su caída, para que luego de tres presidentes designados de acuerdo con los procedi­mientos de la Leyde Acefalía, se eligiera un presidente que tuvo gestos descomedidos ante la presencia en el Congreso de un ex primer man­datario que ejerció sus funciones durante más de diez años.

Si bien el carácter de los argentinos es amable y cordial, tolerante en los hábitos y plural en las costumbres, pareciera que se transforma cuando un hombre o una mujer desarrolla una "•actividad política. En nuestra historia política', se observan muchos ejemplos de mezquindad e intolerancia, de resentimiento que llega al odio en personas que, apa­rentemente, habrían sido psicológicamente normales. Las antinomias quiebran la comunidad y la acusación sustituye la crítica reflexiva, el debate se hace difícil cuando no hay vocación de escuchar y aceptar al otro. Al que disiente se lo denuncia por«golpista»’o, más recientemente, con la calificación de «destituyente»; al periodismo que no apoya al Go­bierno — ló hemos constatado en 2008 con el programa radial Puntos de Vista que conducía Nelson Castro en Radio del Plata— se lo'sanciona rescindiendo su contrato y prohibiendo su programa. En núestro país disentir en público con el poder de turno genera siempre un riesgo, porque, como dice Rabio Mendelevich, es «un país de enemigos, no de adversarios».

Eduardo Mollea, en La vida blanca, señala la influencia negativa que la política, en cuanto se refiere al Gobierno, tiene sobre la sociedad: ¿Lo político abraza al país sofocándolo, como el ramaje,tropical al tronco oculto. Para comprobar esta obstrucción deí proceso de solución dé los

-conflictos en la sociedad, podría recorrerse la historia de Ios-grandes temas políticos argentinos. En algunos casos, l.a conciliación se realizó

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luego de largos esfuerzos y muchos enfrentamientos casi todos san­grientos y otros a pesar de estar planteados desde hace más de un siglo, aún no han sido resueltos. Entre los primeros puedo citar la elección de la ciudad para ser Capital de la República y la cuestión indígena. Entre los segundos la cuestión de la transparencia electoral y la distribución de los recursos entre la nación y las provincias».

- A nivel nacional hay muchos y variados conflictos que se alimen­tan o surgen de este estado de discordia permanente. Discordia que en la práctica cotidiana se manifiesta en desconfianzas hacia el otro y la sensación muy frecuente de que cualquier crítica contra el Gobierno o el accionar de las autoridades, se considera un ataque a su legitimidad o un intento de «desposesión» de su autoridad. El debate necesario en una democraciá participativa es, entre nosotros, generalmente difícil, se lleva a cabo a partir de esta tensa atmósfera política que a veces termi­na en insultos, improperios o pugilatos. Como los que gobiernan son «dueños» en el «uso» del Estado para sus propios objetivos, se genera de inmediato una sospecha de sedición si sus argumentos o políticas son refutados o contestados,. Cualquier debate puede, con facilidad, deslizarse hacia el irreconciliable terreno ideológico o de confrontación .entre sectores sociales o grupos de opinión (la privatización del petró­leo, las retenciones a la exportación, la ley de medios, entre otros, son los temas más recientes en discordia).

La discordia a la que se refirió Joaquín V. González como caracte­rística del primer siglo de vida de la Argentina continúa estando vigen­te a principios del siglo XXI. Una sociedad dividida por enconos que la política alimenta por un discurso oficial que distingue entre elegidos y entrenados, entre víctimas sociales y culpables económicos. A veces, se escucha por la red periodística oficial, una diatriba gubernamental que señala las sórdidas intenciones «golpistas» de la oposición y el «clima destituyente» que genera la sospechosa conducta de no compartir los proyectos oficiales. Esta casi permanente tensión ha creado en la socie­dad política nacional y.provincial un clima de división en casi todos los niveles.

Una noticia sorprendente anuncia, antes de inauguradas las sesio­nes del Parlamento de 2011, que los representantes del oficialismo y de la oposición han llegado a un acuerdo para no paralizar el Congreso: no tratar ningún tema conflictivo. Solo se debatirán y sancionarán leyes en las que haya consenso. «Es la única posibilidad de que el Congreso fun­cione», sentencia un legislador. Se previo-üna<spla Sesión por semana.

La evolución de la Argentina continúa amenazada desde el interior por la discordia, que como una «hidra feroz» conspira contra la integri­dad material e institucional de la patria. Su.«vértigó disolvente» nos ma­rea hasta hacernos perder el rumbo que güiaba el sueño fundacional de la república.

Esta generación debe reencontrar el rumbo de la grandeza que aún forma parte de nuestros objetivos y el lugar donde la répública coincide con los sueños que llevamos en el corazón. \ •

Al finalizar el relato de luces y sombras de é's.ta gran aventura que fue construir la Argentina, es necesario volver a repetir la enseñanza, pri­mordial que la sabiduría de nuestro poema épico ha legado a las gáne- radones que sucedieron al poeta de la nacionalidad.

Los hermanos sean unidosporque ésa es ia ley primera, -tengan unión verdadera,en cualquier tiempo que sea,porque si entre ellos peleanlos devoran los de ajuera. \

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(José Hernández, La vuelta de Martín Fierro)/

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