LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA ... -...

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES

11 de julio de 2007

Comisión de Industria

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ÍNDICE Síntesis del documento.................................................................... 3 1.- La importancia de la Industria ....................................................6 2.- Evolución de la Industria en España ..........................................15 3.- La Energía como factor clave en la competitividad industrial.... 23 4.- Industria e Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica 26 5.- Industria y Medio Ambiente...................................................... 31 6.- Logística e infraestructuras para el desarrollo de la industria...38 7.- Industria, Mercado de trabajo y formación ............................... 42 8.- Propuestas y conclusiones ........................................................ 56


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Síntesis del documento En un país desarrollado como el nuestro, donde existe un predominio de la actividad del sector servicios, podría resultar difícil resaltar el papel que desempeña la industria en la economía española. Sin embargo, la aportación y el peso de nuestro tejido industrial a la actividad económica es tan destacado que una breve exposición de los datos más representativos puede ser suficiente para conocer el papel de nuestra industria en el marco del desarrollo económico y el bienestar social. En un contexto de creciente globalización de la economía, el sector industrial español se erige como un importante motor de nuestra actividad exportadora (casi el 90 por ciento de las exportaciones corresponde a productos industriales), coadyuvando, al tiempo, al desarrollo de otros sectores económicos. Su capacidad de arrastre es tan significativa que por cada euro en que se incrementa la producción industrial, 72 céntimos se destinan a compras en el tejido productivo, mientras que por cada euro producido, por ejemplo, por el sector servicios, sólo 38 céntimos revierten en compras al conjunto de la economía. La industria es también el segundo sector de la economía española con mayor peso porcentual en el Producto Interior Bruto, tan sólo por detrás del sector servicios y por delante de lo que representa el turismo o un sector tan significativo como la construcción. Además, nuestra industria da empleo a más de tres millones de trabajadores, lo que representa en torno al 16 por ciento del empleo en España, constituyendo, sin lugar a dudas, uno de los sectores más productivos de nuestra economía, con cifras de crecimiento positivas. A estos datos cabe añadir el alto grado de estabilidad en el empleo que genera la industria, por encima de la media de la economía española. A pesar de la contundencia de estas afirmaciones, la frialdad de los datos puede no calar en nuestra sociedad, acostumbrada a conocer la industria desde la óptica distorsionada de mensajes que la relacionan con la contaminación y los residuos generados por la propia actividad manufacturera. Esta visión, más propia de la revolución industrial, podría ser más realista si el ciudadano tuviera conocimiento de la implicación del sector industrial español en la Investigación, en la aplicación de la tecnología para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la generación de empleo estable o en la formación de los trabajadores, y, en definitiva, en el desarrollo del bienestar de nuestra sociedad. En lo que respecta a los gases de efecto invernadero, y según los datos facilitados por el propio Ministerio de Medio Ambiente, la combustión y los procesos industriales de los sectores incluidos en la Directiva de comercio de derechos de emisión sólo son responsables del 15 por


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ciento del total de emisiones, en el año 2004, alcanzando el 43,6 por ciento si a este dato le agregamos el correspondiente a la generación de energía. Pese a ello, todo el peso de la reducción de los gases de efecto invernadero, en virtud de la ratificación del Protocolo de Kioto, recae sobre el sector industrial, sin que los llamados sectores difusos contribuyan apreciablemente a mejorar la situación, en especial, las actividades de confort de los ciudadanos, como el transporte privado, la calefacción o el aire acondicionado. En este sentido, y a pesar de tener que competir en un entorno global con economías que no están obligadas a cumplir con este compromiso de reducción, el tejido industrial español ha redoblado los esfuerzos para alcanzar los objetivos que se le han asignado. Para su consecución ha invertido más de 2.223 millones de euros en la protección del medio ambiente, en 2004, último año facilitado por el propio Instituto Nacional de Estadística, lo que representa un incremento del gasto del 13,2 por ciento respecto al año anterior. Estos breves apuntes podrían ser suficientes para que la sociedad española y la Administración, en todas sus vertientes, adquirieran conciencia de la necesidad de mantener e impulsar una industria sólida, moderna y competitiva, como ocurre en los países más prósperos del mundo. Pero, adicionalmente, una visión más amplia nos lleva a considerar otros aspectos no menos importantes, especialmente relevantes para alcanzar los objetivos de convergencia con la Unión Europea. Nos estamos refiriendo, en este caso, a los objetivos señalados en la pasada Cumbre de Lisboa para el año 2010, entre los que destaca el de alcanzar, como media de la Unión Europea, el 3 por ciento de gasto en I+D respecto al Producto Interior Bruto. Actualmente, nuestro país se encuentra muy por debajo de esa cifra, situándose en torno al 1,13 por ciento del Producto Interior Bruto. La contribución del sector industrial supera el 55 por ciento del gasto total en I+D en España. Pero no sólo eso, sino que durante el periodo 2003-2005, más del 36 por ciento de las empresas industriales fueron innovadoras, frente al casi 25 por ciento de las empresas del sector servicios, cifras que aumentan exponencialmente en el caso de los sectores industriales de alto valor añadido. La propia Comisión Europea se comprometió, en su momento, a que la estrategia de Lisboa se basara en el crecimiento y en el empleo, centrando las prioridades para la consecución de estos objetivos en el conocimiento y la innovación como motores del desarrollo económico en Europa. Por este motivo, la Comisión ha apostado por favorecer el marco en el que desarrollar una industria manufacturera fuerte y competitiva como elemento esencial para alcanzar los objetivos planteados, habida cuenta de su contribución al empleo (más de 34 millones en toda la Unión Europea) y a la I+D+i en Europa. En este sentido, una de las grandes preocupaciones radica en que el peso de la industria en el Producto Interior Bruto de la mayoría de los países de la Unión


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Europea, incluido el nuestro, se encuentra en retroceso. Esto es debido a diversas causas, como el traslado de los procesos manufactureros a otros países, la externalización de algunas partes del proceso, que han quedado englobadas en el sector servicios; o la propia estructura de la industria en Europa, menos preparada para afrontar el proceso de globalización. Sin embargo, este hecho no está ocurriendo en todos los sectores ni en todos los países. Los sectores industriales de alto valor añadido han respondido eficazmente a estos desafíos y mantienen ventajas comparativas con las industrias del resto del mundo. En cuanto a los países, cabe significar el caso de Alemania, principal economía exportadora a nivel europeo, donde el peso de la industria en su Producto Interior Bruto es creciente. En el caso concreto de España, una economía con problemas de competitividad, con una productividad de crecimiento débil y con uno de los niveles de gasto en I+D más bajos de la Unión Europea, sería un contrasentido que desde los poderes públicos de las distintas administraciones no se hiciera una apuesta firme y decidida por establecer las condiciones adecuadas para fortalecer e impulsar nuestra industria, teniendo siempre en consideración lo heterogéneo de la misma y las particularidades de cada sector industrial. La industria española se ve sometida a una importante competencia internacional, coexistiendo con economías que se caracterizan por sus menores costes laborales y menos exigencias regulatorias y medioambientales. Sin embargo, nuestra industria no desea renunciar a la mejora de estos aspectos que redundan en el desarrollo de la sociedad del bienestar, pero sí requiere de un respaldo de las administraciones y de la sociedad para que el entorno productivo sea el adecuado para incrementar la competitividad del sector y de nuestra economía en general. En el último apartado de este Informe se pueden encontrar un buen número de propuestas que los empresarios españoles consideran imprescindibles para que la industria mantenga e incremente su nivel competitivo. De esta manera, no sólo se estaría potenciando nuestra capacidad exportadora, sino que las medidas que se establecen en este documento tienen como objetivo, entre otros, hacer frente a los efectos de la globalización, aumentar el atractivo de España para la inversión extranjera, con los múltiples y beneficiosos efectos colaterales que produce; y, por ende, generar un mayor grado de bienestar y prosperidad al conjunto del país.


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1. La importancia de la Industria

La industria continúa siendo un sector económico fundamental para aquellos países que buscan un crecimiento económico equilibrado y sostenible. Entre los principales aspectos que dan una muestra de la importancia del sector industrial se pueden destacar los siguientes.

• La industria1 supone el 15 % del VAB de la economía española y el 13,3% del PIB, según datos de Contabilidad Nacional para el año 2006. Representa el 29,3% del valor de la producción (suma del valor añadido bruto y de los consumos intermedios entre sectores), medido a partir de la Tabla Input-Ouput del 2000, y concentra a 3,1 millones de trabajadores, lo que equivale a casi el 16% del total del empleo que recoge la Encuesta de Población Activa en 2006.

• Es el sector que en mayor medida contribuye a la diversificación del tejido productivo y el que mayores relaciones intersectoriales genera. Por cada euro producido por el sector industrial, este realiza compras directas al conjunto del tejido productivo por valor de 73 céntimos. Y por cada euro en que se incrementa su demanda final, se genera un incremento de 2,89 euros en la producción total de la economía teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos.

• El sector industrial (incluido energía) realiza una destacada contribución a la innovación y a la I+D concentrando el 56,3% del total del gasto que se realiza en actividades innovadoras.

• El empleo que genera la industria es más estable que el de la media de la economía.

• Es el motor de las exportaciones, donde el sector manufacturero concentra el 87,3% de las mismas en el año 2006.

El impacto

económico de la industria en España

El segundo sector económico

15% VAB

3,1 millonesempleos

16% Empleo total

56,3% del gastoen actividades innovadoras

87,3% exportaciones

Mayor estabilidad en el empleo

Mayor gasto en formación

Efectos directos e indirectos

76% contrato indefinido,(66% en la media de la economía )

110,3 euros por persona y año(92,7 € en la media de la economía)

Cada € que se produce genera compras por

73 céntimos

Cada € que aumenta la demanda final

genera aumentos en la producción de

2,9 €

El impacto económico de la

industria en EspañaEl segundo

sector económico15% VAB

3,1 millonesempleos

16% Empleo total

56,3% del gastoen actividades innovadoras

87,3% exportaciones

Mayor estabilidad en el empleo

Mayor gasto en formación

Efectos directos e indirectos

76% contrato indefinido,(66% en la media de la economía )

110,3 euros por persona y año(92,7 € en la media de la economía)

Cada € que se produce genera compras por

73 céntimos

Cada € que aumenta la demanda final

genera aumentos en la producción de

2,9 €

1 NOTA ACLARATORIA: el sector industrial al que se refiere este informe es fundamentalmente la industria manufacturera. Por lo tanto, no incluye ni energía ni la actividad extractiva, ni la coquería ni el refino.


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En el resto del capítulo se detallan cada uno de estos factores enumerados.

1.1. El peso de la industria en la economía. VAB y empleo El sector industrial es el segundo sector de la economía española, medido tanto en términos de valor añadido como en términos de empleo. En ambos casos, el sector industrial se sitúa únicamente por detrás de los servicios que es el de mayor peso en todas las economías avanzadas. En términos de valor añadido, en el año 2006 el sector industrial ha generado el 15% del VAB de la economía, porcentaje que se eleva al 17,5% si se consideran en su conjunto las ramas industriales y las ramas energéticas. El valor de su producción alcanza casi el 34% del total (29,3% sin energía ni extractivas) y sólo es superada por la del sector servicios. Desde el punto de vista del empleo, la industria concentra cerca del 16% del total, casi 3,1 millones de trabajadores, o el 16,8% si se incluye la energía y la industria extractiva, llegando a los 3,3 millones de ocupados, según reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2006. Esta cifra de empleo está en sintonía con el peso del sector en la economía, tal como se ha visto anteriormente.

VAB sectorial. Año 2006

Construcción12,2%

Industria15,0%

Energía2,4%

Agricultura3,1%

Servicios67,2%

Fuente: CNTR (INE) y elaboración propia.

Empleo sectorial. Año 2006

Servicios65,7%

Agricultura4,8%

Industria15,7%

Energia0,9%

Construcción12,9%

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia

1.2. La estabilidad del empleo en la industria La relevancia de la industria en términos de empleo no se limita al importante número de trabajadores con que cuenta este sector, sino también a las características de estos empleos. Características entre las que destacan la estabilidad y la continuidad de los empleos y la inversión en formación de los trabajadores, que en el sector industrial son más favorables que en la media de la economía.


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A partir del análisis de la información disponible en la Encuesta de Población Activa, se pone de manifiesto que el empleo del sector industrial goza de una mayor continuidad y estabilidad que el del conjunto de la economía española. Así lo demuestra el hecho de que el 67,4% de los trabajadores de la industria manufacturera llevan más de tres años en su actual empleo, mientras que en el conjunto de la economía son el 60,8% de los trabajadores los tiene una antigüedad igual o superior a los tres años en su empleo actual. Además el 75,9% de los asalariados del sector industrial tienen contratos de trabajo indefinidos y sólo en el 24,1% de los casos la relación contractual es de duración temporal. Mientras que en el conjunto de la economía española 34 de cada 100 trabajadores asalariados tienen contratos temporales, 10 puntos más que en la industria, y 66 de cada 100 disponen de contratos indefinidos.

Distribución de los asalariados según tipo de contrato. Año 2006

65,9675,87

34,0424,13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total economía Industria manufacturera

% contrato indefinido % contrato temporal

Fuente: EPA y Elaboración propia

Distribución de los ocupados en función del tiempo de permanencia en el empleo actual. Año 2006

60,7967,41

17,16

14 ,9 2

2 2 ,0 517,6 8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total economía Industria manufacturera% 3 o más años % entre 1 y 2 años % menos de 1 año

Fuente: EPA y Elaboración propia

Otra característica diferenciadora se observa en el tipo de jornada, ya que mientras en la industria manufacturera el 95,5% de los trabajadores tiene jornadas completas y el 4,5% restantes jornada parcial. Por último, desde el punto de vista de la formación de sus trabajadores, la industria realiza un mayor esfuerzo que la media de la economía. En 2005, los gastos en formación profesional de la industria fueron de 110,3 euros por persona mientras que la media de la economía fue de 92,7 euros por persona. Así, la industria invierte en formación de sus trabajadores un 19% más que la media de la economía.


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1.3. La industria y su destacado papel en el tejido productivo La importancia económica de un sector de actividad no se debe medir únicamente en función del valor de su producción, del empleo que crea o de valor añadido que genera. Existen otros aspectos que han de tenerse en cuenta y, sin duda, uno de los principales es el papel que desempeña dentro del tejido productivo de una economía, es decir, como afecta su producción a la del resto de los sectores. El sector industrial, como se detallará seguidamente, es clave en el tejido productivo español porque además del importante valor de su producción, la segunda mayor tras los servicios, hay que añadirle el efecto arrastre que tiene sobre el resto de la economía, dado que es el sector que más consumos intermedios requiere por cada unidad de producción. Es decir, es el sector que más compra a los demás sectores y con ello contribuye al incremento de la producción de los mismos. A partir del estudio de la Tabla Input Ouput (TIO) se pueden medir las relaciones entre los diferentes sectores de actividad y conocer la estructura productiva de cada uno de ellos. En la TIO se puede ver como el valor de la producción de cada sector es la suma del valor añadido que genera (remuneración del trabajo, del capital, impuestos) y de los consumos intermedios que requiere (las compras de bienes y servicios a otros sectores). El siguiente esquema simplificado ilustra el funcionamiento del sector de la industria manufacturera en agregado.

Producción de la Industria(1 €)

Compras aAgricultura

(0,07 €)

Compras a Energía(0,02 €)

Compras a Servicios(0,17 €)

Elaboración

Valor Añadido• Salarios• Cotizaciones• Beneficios• Impuestos

Consumos intermedios (compras de bienes y servicios) (total 0,73€)

+ +

…Compras aIndustria(0,47 €)

Compras aConstrucción

(0,003 €)

+ +


Compras aAgricultura

(0,07 €)

Compras a Energía(0,02 €)

Compras a Servicios(0,17 €)

Elaboración

Valor Añadido• Salarios• Cotizaciones• Beneficios• Impuestos

Consumos intermedios (compras de bienes y servicios) (total 0,73€)

+ +

…Compras aIndustria(0,47 €)

Compras aConstrucción

(0,003 €)

+ +

El análisis de la TIO pone de manifiesto que los sectores industriales son los que mayores relaciones intersectoriales generan. En dicho análisis se aprecia que los sectores industriales tanto extractivos como manufactureros son los que


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emplean mayor proporción de consumos intermedios por cada unidad de producción. Así, y tal como se ve en el esquema anterior, para aumentar el valor de la producción de la industria manufacturera en un euro, esta industria genera compras a otros sectores, incluido la propia industria por valor de 73 céntimos. O dicho de otro modo, por cada euro que deja de producir la industria, las compras directas al tejido productivo se reducen en 72 céntimos. Sin embargo, por cada euro que dejan de producir los servicios, las compras directas al conjunto de la economía disminuyen sólo en 38 céntimos.

Valor de las compras al tejido productivo (consumos intemedios) por cada unidad de producción

0,41

0,81

0,60 0,63

0,37

0,52

0,73

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Agric

ultu

ra

Indu

stria

sEx

tract

ivas

Ener

gía

Indu

stria

man

ufac

ture

ra

Con

stru

cció

n

Serv

icio

s

Tota

l Eco

nom

ía

Fuente: Tabla Input-Output de España y elaboración propia

Pero los efectos sobre una economía van mas allá de estos efectos directos, también se generan importantes efectos indirectos. Siguiendo con el ejemplo anterior, el aumento de un euro en la producción de la industria manufacturera, genera relaciones intersectoriales por valor de 73 céntimos, de los cuales 17 corresponden a compras al sector de servicios. Por lo tanto, el sector de servicios deberá incrementar su producción en 17 céntimos para satisfacer esta demanda. Este incremento de la producción de los servicios generará a su vez consumos intermedios, a razón de 37 céntimos por euro producido tal como se ha indicado antes. Como en este caso la producción aumenta en 17 céntimos, el sector servicios generará consumos intermedios (compras al tejido productivo) por valor de 6 céntimos, de los cuales aproximadamente 1,7 céntimos irán al sector de la industria y casi 4 a los propios servicios. Estas compras intermedias habrán de ser satisfechas mediante nuevos incrementos en la producción de estos sectores, que a su vez conllevarán consumos intermedios adicionales. Y así sucesivamente, tal como se muestra de manera simplificada en el siguiente esquema.


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Servicios(4 cent)

Prod Energía(0,2 cent)

Energía(0,02€)

Servicios(0,17€)

Industria(0,47€)

ElaboraciónValor Añadido

Consumos intermedios (compras de bienes y servicios)

…

Compras de Industria


Producción de la Construcción

Compras deEnergía

Compras de Servicios

Consumos intermedios (compras a otros sectores)

+ + …. + …. +

…

Producción de la Construcción(0,03€)

Energía(0,01 cent)

Servicios(0,4 cent)

Industria(0,8 cent)

Elaboración


+ + …. + …. +

…


Producción de los Servicios(0,17€)

Energía(0,2 cent)

Construcción(0,4 cent)

Industria(1,7 cent)

Elaboración


Prod Construcción(0,04 cent)

Prod. Industria(1,7 cent)


Prod Servicios(0,4 cent)

Prod Industria(0,8 cent)

Agricultura(0,07€)

Construcción(0,03€)


Servicios(4 cent)


Energía(0,02€)

Servicios(0,17€)

Industria(0,47€)



…




Compras deEnergía



+ + …. + …. +

…


Energía(0,01 cent)

Servicios(0,4 cent)

Industria(0,8 cent)

Elaboración


+ + …. + …. +

…



Energía(0,2 cent)


Industria(1,7 cent)

Elaboración









Energía(0,02€)

Servicios(0,17€)

Industria(0,47€)



…




Compras deEnergía



+ + …. + …. +

…


Compras deEnergía



+ + …. + …. +

…


Energía(0,01 cent)

Servicios(0,4 cent)

Industria(0,8 cent)

Elaboración


+ + …. + …. +

…



Energía(0,2 cent)


Industria(1,7 cent)

Elaboración









El modelo de demanda de Leontief permite conocer la cuantía de la totalidad de los efectos, tanto directos como indirectos, que se generan en una economía cuando se produce un incremento en la demanda final de un bien. Aplicando este modelo se puede saber, por tanto, que cuando se produce un incremento en la demanda final del sector manufacturero por valor de un euro, conlleva un incremento en el valor de la producción del conjunto de la economía por valor de 2,89 euros. De los cuales, 1 euro se corresponde con el efecto directo que permite satisfacer el euro demandado y el resto, 1,89 euros, se deben a las relaciones intersectoriales que se dan para hacer posible ese aumento de producción. Por lo tanto, por cada euro en que se reduce la demanda final de la industria, la producción del conjunto de la economía pierde 2,89 euros. Nuevamente hay que resaltar la importancia del sector industrial para el tejido intersectorial, ya que en términos de producción, la perdida de un euro en la demanda final del sector industrial, genera un mayor descenso en el valor de la producción de la economía, que la perdida de un euro en la demanda final de cualquier otro sector, como se puede ver en el gráfico siguiente.


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Incrementos totales en el valor producción como consecuendia de aumentar en un euro la demanda final

2,03

3,06

2,47 2,56

1,83

2,26

2,89

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Agric

ultu

ra

Indu

stria

extra

ctiv

a

Ener

gia

Indu

stria

man

ufac

ture

ra

Con

stru

cció

n

Serv

icio

s

Con

junt

o de

laec

onom

ia

Fuente: Tabla Input-Output de España y elaboración propia En resumen, tal como se ha mostrado, el sector industrial es el que mayores relaciones intersectoriales genera con el consiguiente beneficio para el conjunto del tejido productivo. Por cada euro en que se incrementa su producción genera compras directas al conjunto de la economía por valor de 73 céntimos, y por cada euro en que se incrementa su demanda final, conlleva un aumento del valor de la producción del total de la economía por valor de 2,89 euros. En ambos casos, estos valores son mayores que los que generan el resto de los sectores económicos.

1.4. Externalidades de la industria En sintonía con lo anteriormente expuesto sobre las relaciones del sector industrial con el conjunto de la economía, hay que destacar la creciente contratación de servicios externos por parte de la industria, así como el aumento de la contratación de trabajos a otras empresas, lo que acrecienta la interdependencia del sector con el resto del tejido productivo. Según la información extraída de la Encuesta Industrial, en el año 2005, el valor de los servicios contratados por la industria manufacturera ascendía al 56,5% del importe del VAB de dicha industria manufacturera, mientras que los trabajos contratados a otras empresas alcanzaban el 17,5% del VAB. Además en ambos casos estos servicios han aumentado sensiblemente en los últimos once años con ritmos de crecimiento medio anual del 6,8% en el caso de los servicios externos y del 10,5% en el caso de los trabajos contratados fuera.


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Externalización de la industria

0

10

20

30

40

50

60

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Servicios exteriores/VABTrabajos realizados por otras empresas/VABEvolución de los servicios exterioresEvolución de los trabajos realizados por otras empresas

Fuente: Encuesta Industrial de empresas y elaboración propia

1.5. La industria, motor de las exportaciones A los factores ya comentados hay que añadir otro factor, no menos relevante, como es el papel preponderante que juega la industria en el sector exterior, máxime en un contexto de creciente internacionalización de las economías. Así, en el año 2006, las exportaciones de los sectores manufactureros han concentrado el 87,3% del total de las exportaciones españolas. Exportaciones que en los últimos seis años han crecido un 36,8%, y un 35,7%, respectivamente, en el caso de los sectores manufactureros, lo que ha supuesto un crecimiento medio anual de casi el 6%.

1.6. La industria, fuente de la innovación El sector industrial juega un papel destacado en el impulso de la economía del conocimiento y es una pieza fundamental para el desarrollo de la actividad innovadora y de la inversión en I+D en España. Los datos sobre innovación tecnológica de las empresas del año 2005 muestran que el 40,4% de las empresas que llevan a cabo actividades innovadoras pertenecen al sector industrial2, cifra que asciende hasta el 58% al centrarse exclusivamente en actividades de I+D. Además el 12% de las empresas del sector industrial realizan inversiones en I+D mientras que para el conjunto de la economía el porcentaje de empresas que invierten en I+D se reduce hasta el 5,5%.

2 En este apartado, el sector industrial incluye la industria manufacturera, la industria extractiva y los sectores energéticos.


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En términos de gasto también es preponderante el papel de la industria que realiza el 56,3% del total del gasto en actividades innovadoras y el 58,9% del total de los gastos en I+D, englobando tanto la I+D interna como la adquirida. Además concentra el 51,7% del total del personal que trabaja en la I+D (en jornada completa equivalente) según los datos de la Estadística de Actividades de I+D del año 2005. Por último, y relativizando los gastos en innovación frente a la cifra de negocio de las empresas, hay que señalar que el sector industrial gasta en actividades innovadoras el 1,31% del valor de su cifra de negocio, mientras que la media de la economía apenas alcanza el 0,83%.

Distribución entre Industria* y resto de la Economía

40,4

58,0

56,3

58,9

17,5

59,6

42,0

43,7

41,1

82,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empresas con actividades innovadoras

Empresas con actividades de I+D

Gasto en actividades innovadoras

Gasto en actividades de I+D

VAB

IndustriaResto de la economía

Fuente: Encuesta sobre Innovación tecnológica de las empresas y elaboración propia

* Incluye Energía


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2. Evolución de la Industria en España La industria manufacturera continúa configurándose como el segundo sector en importancia de la economía española, por delante de la construcción y el turismo, tanto en términos de producción como de empleo. Sin embargo, en la última década ha sufrido una continua aunque suave pérdida de representatividad dentro del tejido productivo. Esta evolución ha supuesto que el peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del valor añadido (VAB) de la industria manufacturera haya caído cuatro puntos porcentuales en los últimos once años. Tras la crisis económica del 93 y la posterior recuperación industrial hasta el año 2000, la industria manufacturera cada vez ha contribuido menos a la economía española. La recuperación de la actividad registrada en 2006, tampoco le ha permitido aumentar su presencia, representando un 13,3% del PIB (un 15,0% del VAB total) en la actualidad.

Esta tendencia es similar a la de otros países europeos, con la excepción de Alemania, cuyo VAB de la industria manufacturera ha ganado peso en el tejido productivo en los últimos años. Según la información de la base de datos AMECO (Eurostat), hay que señalar que la caída de la contribución del sector industrial español a la economía ha sido muy similar al de Francia, pero inferior a la registrada en Italia, una economía que ha perdido competitividad debido, en parte, a su mayor especialización en sectores con más exposición a la competencia en los mercados internacionales (textiles, calzado, muebles).

VAB Industria manufacturera(% sobre el total de sectores)

10%

15%

20%

25%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(p)

2008

(p)

España FranciaItalia AlemaniaFuente: AMECO

Por ello, y aunque la tendencia de los países más desarrollados sea a una pérdida paulatina de las manufacturas, el caso de Alemania e incluso el de Irlanda y Finlandia (ambos con un VAB industrial en torno al 25%) son


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ejemplos ilustrativos de cómo un sector industrial fuerte y especializado en ramas de actividad de elevado valor añadido contribuye a que estas economías se sitúen en el ranking de las más competitivas del mundo. Además, la tendencia a futuro, según los datos de Eurostat, es hacia la estabilidad e incluso leve incremento de la aportación del VAB industrial en el tejido productivo.

En el análisis de la evolución de la actividad y el empleo del sector industrial en la última década se pueden observar dos periodos claramente diferenciados: un primer periodo de elevado crecimiento que se extendería hasta el año 2000 y un periodo de estancamiento que abarcaría desde el año 2002 hasta el 2005. El crecimiento medio del VAB industrial en el periodo 1996-2000 fue del 5,0% anual en términos reales, lo que contrasta claramente con el 0,3% de crecimiento medio anual registrado en el periodo 2002-2005. En el último año (2006), la actividad industrial manufacturera se ha recuperado significativamente, en términos de valor añadido, con respecto a la evolución seguida los últimos años, al registrar un crecimiento del 3,3%, aunque todavía se encuentra muy alejada del dinamismo de la segunda mitad de la década de los 90.

VAB y Empleo Industria(puntos porcentuales y tasas de variación interanual)

-4

0

4

8

12

16

20

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

% sobre el PIB % sobre el Empleo TotalEvolución del VAB industria Evolución del Empleo Industrial

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral (INE).

La trayectoria seguida por la actividad industrial manufacturera se ha reflejado claramente en la evolución del mercado de trabajo en el sector. Así, la importante creación de empleo que se produjo durante el periodo de expansión ha dado paso desde 2002 a una etapa de estancamiento. Este comportamiento unido a la fortaleza del empleo en otros sectores ha derivado en una pérdida de peso del sector industrial manufacturero con respecto al total nacional de más de 3 puntos porcentuales, que se sitúa en la actualidad en el 15,7%, frente al 19% de 1997.


17

De acuerdo con el análisis anterior, se identifican dos periodos muy desiguales en cuanto a su dinamismo. El primero de ellos (1997-2000) vendría caracterizado por unas tasas de crecimiento de la actividad y el empleo elevadas que fueron, además, compatibles con ganancias de productividad. El segundo periodo (2002-2005), por su parte, se podría definir como de profundo estancamiento. Entre ambos periodos se encuentran años de transición como 1996 ó 2001 que dieron paso a etapas totalmente divergentes y donde también podría situarse el ejercicio de 2006 que, registrando crecimientos de actividad superiores a los años anteriores no ha llegado a alcanzar el fuerte ritmo de producción y empleo del periodo 1997-2000. La incógnita que se plantea es hacía donde se dirigirá la actividad en el año 2007 y siguientes, siendo altamente probable que se oriente hacía crecimientos sostenidos más que a una vuelta al estancamiento de los últimos años. Por lo tanto, sería oportuno aprovechar la coyuntura actual para establecer unas condiciones favorables que consoliden la reactivación industrial y mejoren su competitividad.

Producción y Empleo en la Industria

1996

2001

1997

19981999

2000

200220032004

2005

2006

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Variación del VAB

Varia

ción

del

Em

pleo

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral (INE).

La conjunción del modesto avance de la actividad y el estancamiento en la creación de empleo en la industria manufacturera muestra un avance de la productividad en este sector durante todo el periodo analizado claramente superior a los registrados por otros sectores. En concreto, mientras los otros dos grandes sectores del tejido productivo registraban continuos retrocesos en la productividad aparente de su factor trabajo, en el sector industrial la productividad, medida como el VAB generado por cada trabajador (puestos de trabajo equivalente a tiempo completo), lograba un crecimiento acumulado cercano a los 14 puntos en los últimos doce años.

?


18

Evolución de la Productividad por Sectores(tasas de variación)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Industria Construcción Servicios

FUENTE: INE (CNTR) y elaboración propia. Los resultados de la Central de Balances (CB) del Banco de España confirman la evolución de la actividad y empleo en la industria observada en las estadísticas del INE. También en la CB sobresalen las ganancias en nivel y crecimiento de las empresas industriales españolas, que se sitúan por encima de la media de otros sectores. Además de la expansión de la actividad y de la productividad de las empresas industriales en 2006, cabe destacar la recuperación de sus ratios de rentabilidad que han superado incluso los de años precedentes. Este resultado unido al leve repunte del coste de financiación de las empresas ha propiciado que el diferencial entre rentabilidad y dicho coste se haya reducido, lo que en un contexto de crecimiento nacional y mundial elevado, podría ser un soporte fundamental para que la industria consolide la recuperación de la inversión iniciada en 2005.

Productividad y rentabilidad de los recursos propios de las empresas industriales

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

1995 1997 1999 2001 2003 20050

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fuente: Central de Balances Productividad: VAB cf real/ nº trabajadores

Niv

el d

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tivid

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Ren

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lidad

Rec

urso

s pr

opio

s


19

La información que proporciona la Encuesta de Inversión en la industria manufacturera señala que la inversión se está recuperando. De hecho, las empresas han aumentado las previsiones para llevar a cabo nuevos proyectos de inversión, con un incremento medio del 18% entre 2005 y 2007, muy superior al 12% realizado a finales de los 90. Por lo tanto, la oportunidad que brinda la recuperación de la actividad productiva en 2006 y la fortaleza de la economía mundial deberían ser un revulsivo para que el sector industrial consolidase sus perspectivas de inversión y contribuir de este modo al crecimiento, empleo y mejora de la competitividad de la economía española.

Inversión Industria

-35

-25

-15

-5

5

15

25

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

prevista

realizada

Fuente: M inisterio de Industria, Turismo y Comercio

De hecho, gran parte de la recuperación seguida por el sector industrial desde mediados de 2005 se puede explicar a través de la evolución de sus expectativas. Como se puede observar en el siguiente gráfico, desde el inicio de 2005 el nivel de la cartera de pedidos comenzó una clara senda ascendente que ha continuado hasta la actualidad, en línea con la recuperación de las exportaciones y el fuerte dinamismo mostrado por la inversión nacional. A esta tendencia de la cartera de pedidos se han añadido, aunque de forma posterior, una gradual mejora de las perspectivas de producción y un mantenimiento del nivel del stock de productos terminados. La evolución de estos componentes ha dado lugar a que el Índice de Confianza del Sector Industrial se haya mantenido en niveles positivos de forma continuada al inicio de 2007, lo que no ocurría desde el año 2000.


20

Indice de Confianza del Sector Industrial

-15

-10

-5

0

5

10

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Eurostat

El análisis seguido hasta ahora se ha referido al sector industrial agregado. No obstante, hay que tener en consideración que el sector industrial manufacturero está compuesto a su vez de un conjunto de industrias muy heterogéneo con evoluciones dispares y problemáticas diversas. Desde un punto de vista desagregado por ramas de actividad, la información de la Encuesta Industrial pone de manifiesto que el ritmo de crecimiento del VAB se ha visto recortado prácticamente a la mitad en los últimos años en la industria manufacturera. En el período comprendido entre 2002 y 2005 este sector de la economía ha presentado un crecimiento medio del VAB nominal del 3,6% frente al 7,4% de la etapa 1997-2000. Este comportamiento se reproduce en la gran mayoría de las ramas de actividad, aunque merece la pena destacar algunos comportamientos más divergentes: en primer lugar, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco, contrariamente al resto de los sectores, presenta un mayor crecimiento en el segundo período que en el primero, por otro lado, destacan los retrocesos de actividad registrados en el sector de Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico que en el periodo 2002- 2005 ha retrocedido un 2,1% de media anual y el sector de la Industria textil, confección cuero y calzado cuyo VAB, en esta segunda etapa, ha descendido a una media del 3,9% anual.


21

Evolución del VAB por ramas (tasa de crecimiento)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Total Industria manufacturera

Alimentación, bebidas y tabaco

Industria textil, confección, cuero y calzado

Madera y corcho

Papel, edición, artes gráficas y reproducción desoportes grabados

Industria química

Caucho y materias plásticas

Productos minerales no metálicos diversos

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Material de transporte

Industrias manufactureras diversas

promedio 1995-2000 promedio 2001-2005Fuente: Encuesta Industrial (INE) y elaboración propia.

También del análisis desagregado del Índice de Producción Industrial (IPI) se desprende una reducción del ritmo de avance de todas las ramas de actividad de la industria en los últimos años frente a los crecimientos experimentados en la segunda mitad de la década de los noventa. Esta desaceleración llega a alcanzar un comportamiento contractivo en determinadas actividades. En concreto, aquellas ramas más expuestas a la competencia internacional como las relacionadas con el vestido y calzado (Textil, confección y cuero y calzado) junto con el material electrónico y el tabaco han sufrido importantes recortes de producción en el periodo 2002-2005. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, en 2006 ha persistido el recorte de producción en estas actividades, lo que viene a señalar la continuada pérdida de competitividad de nuestros productos en los mercados exteriores y también nacionales ante el incremento de la competencia en productos de bajo valor añadido. No obstante, en muchas ramas de actividad el 2006 ha sido un año de notable repunte de actividad alcanzando, en algunos casos, incrementos superiores a la media de la última década. El repunte de actividad que refleja el IPI en 2006 se concentra fundamentalmente en aquellas actividades cuyos productos se engloban en la categoría de bienes de equipo, hecho que vendría explicado por el dinamismo mostrado por la inversión productiva nacional en este periodo y por el repunte de las exportaciones que ha venido de la mano de la recuperación de las economías europeas en este ejercicio.


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Indice de Producción Industrial(tasas de variación)

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20Al

imen

tos

y Be

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Prod

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Mat

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Promedio 1997-2000Promedio 2002-20052006

Fuente:INE y elaboración propia.

La heterogénea evolución de la actividad en las distintas ramas que componen la industria también se ve reflejada en lo que se refiere a mercado de trabajo. La información suministrada por la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que el proceso de reestructuración en algunas ramas de actividad ha repercutido intensamente en el empleo. Determinadas industrias, como es el caso de la confección, el calzado, material electrónico o muebles entre otros, han experimentado una fuerte reducción en el número de ocupados en el periodo 2002-2006. Además, en aquellos sectores en los que la creación de empleo ha mantenido variaciones positivas en este último periodo, estás han sido, en general, muy limitadas y significativamente inferiores a las registradas en la segunda mitad de los noventa.


23

3. La Energía como factor clave de la competitividad industrial

La energía es, actualmente, un factor esencial en la competitividad de las industrias y, por ende, de las economías. Todos los países tienen especial interés en obtener una energía que les proporcione ventajas competitivas respecto al resto, bien por su capacidad de producción, bien por su capacidad de conseguir esta energía al mejor precio y con un adecuado nivel de garantía en el suministro. En los últimos tiempos, se han producido situaciones que han puesto de relieve la dependencia energética de las economías de los países industrializados. La propia Unión Europea ha sufrido en primera persona las restricciones del suministro energético procedente del Este de Europa, como consecuencia de situaciones ajenas a los países de la Unión. Estos y otros desajustes pueden provocar incertidumbre en las economías de los países que dependen de un suministro externo de energía, entre los que se encuentra España y el resto de la Unión Europea. Para paliar, en cierta medida, estos efectos y en línea con lo manifestado por la Comisión Europea en su propuesta de medidas de carácter energético recientemente presentadas, CEOE considera esencial la creación de un mercado único de la energía en el seno de la Unión Europea. El hecho de que Europa pueda negociar como una sola voz con los terceros países suministradores de energía en lugar de establecer negociaciones bilaterales en el ámbito específico de cada país, confiere a la Unión Europea una mayor representatividad en este mercado y un poder negociador más amplio que, a buen seguro, redundará en unas condiciones más favorables para los Estados Miembros. Por otro lado, teniendo en consideración las especiales circunstancias de España, cuyo nivel de dependencia energética supera el 80 por ciento, muy por encima de la media Europea, y su especial situación geográfica; alcanza una mayor relevancia la necesidad de desarrollar las interconexiones energéticas que posibiliten un suministro eficaz de energía para nuestro país. Concretamente, la mejora de las interconexiones con Francia es fundamental para garantizar el suministro de energía eléctrica. En este sentido, es necesario que se cumplan los Acuerdos europeos ya alcanzados, concretamente, los consensuados en el Consejo de Barcelona de 2002, para que España deje de ser una isla energética y se pueda integrar de forma efectiva en el mercado interior de la energía.


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En lo que se refiere al suministro de gas, se deberían intensificar las conexiones con Francia, para así aprovechar el suministro de gas procedente de Europa y, por supuesto, mejorar las conexiones con el norte de África a través del Sur de España, habida cuenta de la importancia del suministro de gas procedente, en gran medida, de Argelia. Respecto a la seguridad del abastecimiento energético, CEOE considera especialmente importante la apuesta por las inversiones en innovación y desarrollo tecnológico en este ámbito, así como la conformación de un mix energético adecuado que ofrezca las suficientes garantías de abastecimiento para cubrir la demanda española. Para nuestra industria es vital que se garantice el suministro energético en cantidad y calidad adecuadas y a precios competitivos, que no penalicen la actividad industrial en España en beneficio de otras economías. En relación a este último aspecto, y con el objetivo de incrementar nuestro escaso nivel de autoabastecimiento, sería conveniente que la aportación de la energía nuclear fuera convergiendo con la media de la Unión europea, donde existe una apuesta decidida, por parte de varios países, por el desarrollo de nuevas instalaciones o la ampliación de las ya existentes. En relación a la energía nuclear debería considerarse, además, que este tipo de energía es la que mejor garantiza el suministro energético a un coste razonable y con un mínimo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

Emisiones GEI por fuente de generación eléctrica

0

100

200

300

400

Carbón Petróleo Gas Natural E. Renovables Nuclear

GC

eq/K

Wh

Fuente: IAEA En el gráfico anterior se puede apreciar como la energía nuclear es la fuente energética que contribuye en menor medida a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Este hecho es especialmente relevante en el caso de España, dado el esfuerzo que han de hacer nuestras industrias para cumplir con el objetivo de reducción asignado.


25

En lo que respecta, concretamente, al suministro de energía eléctrica, y para garantizar el abastecimiento en la próxima década, debería conformarse un mix de potencia eléctrica instalada adecuado. En este sentido, para el año 2015, la composición porcentual de las fuentes de energía eléctrica en España no debería diferir demasiado de la que se presenta en el siguiente gráfico:

Mix objetivo por potencia instalada Fuente: Elaboración propia. (*) La aportación de las energías renovables comprende, entre otras la hidráulica, la eólica y la solar

50%

15%

Resto TérmicaRenovable (*)

Nuclear

35%


26

4. Industria e Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 4.1. La Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en España En los últimos años, los datos facilitados por los indicadores que definen la evolución de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en los diferentes países de la Unión Europea demuestran el progreso de España en esta materia. Sin embargo, España aún se encuentra en una posición muy alejada de los países que lideran parámetros tan determinantes como el gasto total en I+D como porcentaje del Producto Interior Bruto, quedando, incluso, lejos de la propia media de la Europa de los 27. En la siguiente tabla, que refleja el gasto en I+D como porcentaje del PIB, se puede observar la posición relativa de España respecto a los bloques y países más relevantes.

Gasto en I+D como porcentaje del PIB

AÑOS 2004 2005

UE-27 1,84 1,84

UE-25 1,85 1,85

UE-15 1,91 1,91

España 1,06 1,13

China 1,23 1,34

Japón 3,18 -

Rusia 1,16 1,07

EEUU 2,68 - Fuente: Eurostat

Estos datos sitúan a España todavía lejos de la media de la Unión Europea, siendo más significativa la comparación con la media de la Europa de los 15. La evolución del gasto en España ha sido, en los últimos años, positiva y con una tendencia creciente. Sin embargo, el esfuerzo de la Administración para incrementar el nivel de gasto no ha servido para alcanzar la convergencia con la Unión Europea. En este sentido, los Planes Nacionales de I+D+i tampoco han tenido el esperado efecto multiplicador sobre el incremento del gasto en esta materia.


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En contraposición, el incremento medio del gasto en I+D ejecutado por las empresas en la última década supera el crecimiento en términos nominales de la economía española durante ese periodo de tiempo. Un detalle de la evolución del gasto en España se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Evolución del Gasto total en I+D como porcentaje del PIB en España

Fuente: INE En este contexto, el ligero avance de España en esta materia queda diluido en la imposibilidad de la propia Unión Europea de avanzar en el cumplimiento de los objetivos marcados en la pasada Cumbre de Lisboa, en un horizonte temporal tan próximo como el año 2010. En línea con el resto de países europeos, el sistema español de ciencia- tecnología- empresa se caracteriza por el bajo nivel de aplicación práctica de los resultados obtenidos de la investigación. Este hecho nos obliga a realizar un esfuerzo añadido para integrar a todos los agentes de este sistema en la cultura de la innovación tecnológica y aprovechar así los resultados de la investigación básica y la aplicada. Por otro lado, es preciso seguir potenciando la calidad de los distintos agentes del sistema de Innovación español, especialmente de sus Infraestructuras de Conocimiento, por ser la Innovación Tecnológica un factor determinante para la competitividad de la economía española. En este sentido, es necesario que la investigación que se realiza en los Centros Tecnológicos y en el ámbito universitario se ajuste a las necesidades reales del mundo empresarial, con el objetivo de hacer rentable la inversión en I+D+i. Para conseguir este objetivo es imprescindible que la Administración desarrolle las medidas necesarias para que se produzca de manera efectiva este trasvase de conocimientos.

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1995

1996

1997

1998

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2000

2001

2001

2002

2003

2004

2005


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En lo que respecta a la presencia española en los distintos Programas europeos, dada la decidida apuesta de la Unión Europea por el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, sería especialmente importante que la participación y el volumen de captación de recursos de las empresas españolas en el VII Programa Marco de I+D+i fuera claramente superior al de ediciones anteriores. Las empresas españolas deberían ser capaces de aprovechar los recursos disponibles en los distintos programas, a pesar de la gran dificultad que supone para nuestras empresas la presentación de proyectos en áreas donde existe una enorme competencia. En este sentido, deberían ser las plataformas tecnológicas (preferentemente lideradas por industrias, y con la participación de Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos, entidades de normalización, reguladores, grupos de usuarios y entidades de financiación pública y privada; entre otros) las que sirvieran para potenciar la participación española en las actividades preparatorias y de lanzamiento del VII Programa Marco mediante su inclusión en las Plataformas Tecnológicas Europeas correspondientes, en los Centros europeos de excelencia a crear o constituir y en los proyectos de coordinación de políticas nacionales. No debemos olvidar la existencia de otros Programas, como el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación y (CIP), que, aunque se encuentre en una fase muy preliminar, puede resulta de gran interés para las empresas españolas. En cualquier caso, sería recomendable que España pudiera tener un papel más activo en la confección de estos Programas, de tal manera que se pudieran adaptar mejor a las necesidades de nuestro tejido productivo, en lugar de responder a los objetivos de los grandes consorcios europeos. Por último y de gran relevancia para el mundo empresarial, es preciso destacar que, aunque en estos últimos años se viene haciendo un esfuerzo cada vez mayor por aumentar los fondos de las políticas de I+D+i en nuestro país, parece un contrasentido que se anuncie, para el año 2011, la desaparición de los actuales incentivos fiscales para este tipo de actividades. Si tenemos en consideración que el objetivo de establecer en el 30% el tipo general del impuesto sigue manteniendo a España en una posición de desventaja con relación a la tónica dominante en los países de la Unión Europea, cuyo tipo medio se encuentra en el 25,81%, esta desventaja se acentúa si tenemos en cuenta que se lleva a cabo una eliminación de la mayor parte de los incentivos fiscales vigentes, lo que determinará una considerable elevación del tipo efectivo del impuesto. En el caso de las deducciones por I+D+i, la decisión de suprimirlos es especialmente lamentable teniendo en cuenta las necesidades y el retraso de nuestra economía en esta materia. Desde CEOE entendemos como absolutamente necesario mantener este tipo de incentivos fiscales por su carácter horizontal y su neutralidad respecto de las decisiones tomadas fuera del ámbito empresarial.


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4.2.-Patentes Los distintos indicadores relacionados con la producción de publicaciones científicas, en volumen e impacto, indican que nuestro país está situado en una buena posición a nivel internacional. Sin embargo, la explotación industrial de los resultados y el desarrollo innovador no se corresponden con esta posición. El crecimiento en los gastos en I+D sigue sin ser suficiente para alcanzar la media de los países de nuestro entorno y el porcentaje de exportaciones en productos de alta tecnología esta muy por debajo de los valores de países industrializados. Con respecto a las patentes, aunque desde 1998 ha aumentado el número de solicitudes en torno al 5% anual, los valores en relación con el número de habitantes o con respecto al volumen del PIB son alarmantemente bajos en comparación con la media de la UE, muy por debajo de los que nuestro potencial humano y productivo señala. Aunque no existe un modelo generalmente aceptado, sí hay consenso en la idea de que el número de patentes de una economía va incrementándose a medida que lo hace el gasto en I+D. El todavía escaso porcentaje de gasto en I+D en relación al PIB de nuestra economía puede ser uno de los factores que expliquen el déficit de solicitudes de patentes de origen español. Si realizamos una comparación con los países de nuestro entorno, el indicador de solicitudes de patentes que relaciona éstas con el gasto en I+D en España se encuentra por debajo de la media comunitaria, aunque no tan alejado del nivel que le correspondería. Sin embargo, en el caso de solicitudes de patentes de origen español que luego dan lugar a patentes europeas, las cifras son muy bajas. Apenas el 30% de estas solicitudes llega a concretarse en patentes europeas, con el consiguiente y pernicioso efecto sobre la competitividad de nuestra economía y de nuestra balanza exterior. Otro dato a tener en consideración es el de que sólo 1 de cada 30 solicitudes de patentes con efectos en nuestro país procede de empresas españolas o residentes en España, lo que podría explicar, de alguna manera, el importante déficit de transferencia tecnológica de las empresas españolas al extranjero en los últimos años. A pesar de estos datos negativos, el mundo empresarial es cada vez más consciente de lo importantes que son para nuestra economía las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, esenciales para mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo. No obstante, existen una serie de obstáculos que interfieren en la protección de nuestras invenciones e innovaciones mediante el sistema de patentes.


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Estas dificultades se acentúan significativamente en el caso de las PYMES. Aunque hay pequeñas y medianas empresas que contratan grupos de investigación, no hay procesos establecidos para la generación de empresas basadas en la explotación de la tecnología desarrollada en la investigación. La falta de cultura y de sensibilidad empresarial en el ámbito científico y en la Administración impide la adecuada conexión entre las PYMES con la Universidad o los centros de investigación. Este hecho, unido a la inexistencia de profesionales, que pudieran servir de correa de transmisión, dedicados a impulsar el proceso de transferencia o de otras formas de explotación de resultados, como la creación de nuevas empresas de base tecnológica, puede explicar el motivo por el que el sistema no acaba de funcionar. Por otro lado, junto al desconocimiento de las posibilidades de la Protección, la empresa en muchas ocasiones no sabe cómo utilizar las patentes dentro de sus estrategias y actuaciones. Existe, en este sentido, una carencia de formación básica a todos los niveles a lo que se añade el desconocimiento respecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sus servicios y sus actividades. A estas dificultades endémicas de nuestra economía, cabría añadir el coste para la obtención y el mantenimiento de las patentes, los defectos del sistema de protección y los elevados costes derivados de futuros litigios. Estos problemas añadidos repercuten de manera significativa sobre las PYMES y los inventores individuales.

Para mejorar la situación actual se requiere un esfuerzo conjunto por parte de la Administración, el mundo científico y las empresas. A la necesaria labor de concienciación de la necesidad de patentar los resultados de la I+D+i y de la protección de las distintas marcas y nombres comerciales, habría que añadir, necesariamente, todas aquellas medidas que favorecieran la integración de los distintos ámbitos, la mejora de los sistemas de protección, la formación de los científicos de universidades y centros públicos en aspectos básicos de propiedad industrial y, por último, la reducción de los costes inherentes al sistema de patentes, con especial atención a aquellas generadas por PYMES e inventores individuales. Paralelamente, deberían establecerse mecanismos que favorecieran la investigación española que genera patentes, introduciendo desgravaciones fiscales adicionales para los gastos derivados de la gestión del depósito y extensión internacional de dichas patentes, incrementando la importancia de dicho parámetro para la concesión de ayudas a proyectos de I+D empresariales. En este sentido, sería acertado que el gasto realizado por una empresa española para patentar en el extranjero fuera considerado como una inversión en I+D+i, pudiendo acogerse a las deducciones fiscales correspondientes.


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5. Industria y Medio Ambiente 5.1. Desarrollo Sostenible No siempre es fácil compaginar los intereses medioambientales con otro tipo de políticas generales. A la hora de compatibilizar los distintos intereses surgió, hace algunas décadas, un nuevo concepto: el desarrollo sostenible. Esta expresión hizo fortuna a raíz de la publicación del informe de la Comisión Brundtland, en el que se la definía como el compromiso de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades. La propia Unión Europea ha recogido esta idea, señalando que la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa. A todos los niveles – nacional, europeo, internacional – se reconoce que la consecución del objetivo de desarrollo sostenible precisa de la puesta en marcha de unas estrategias que estimulen el crecimiento económico, fortalezcan la cohesión social y mejoren la protección del medio ambiente. La complejidad de este reto requiere de un amplio debate abierto a todos los agentes sociales que posibilite una aproximación global por parte de los políticos, y de la sociedad civil, de forma que se puedan integrar realmente los desafíos que se plantean en las tres áreas. Es evidente que la Unión Europea está jugando un papel de liderazgo mundial en el ámbito de la protección del medio ambiente y, muy especialmente, en la lucha contra el cambio climático. Pero, esta preocupación no debería distraer la atención de otros importantes objetivos que también han sido fijados en la Unión Europea. En el conocido Informe de Wim Kok referido a la Estrategia de Lisboa se señala que, en la misma, se pretende que la cohesión social y la protección del medio ambiente estén en el corazón del proceso de crecimiento económico y de la creación de empleo, de forma que sean parte de la ventaja competitiva de Europa. En la revisión de la Estrategia Europea sobre Desarrollo Sostenible, también conocida como Estrategia de Gotemburgo, desgraciadamente no siempre se alcanza el objetivo de equilibrar la parte económica, el desarrollo social y la protección al medio ambiente, puesto que la propia revisión de dicha Estrategia de Gotemburgo hace básicamente referencia a cuestiones sociales y ambientales, marginando los aspectos económicos.


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Hoy en día, la práctica totalidad de las normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente emanan del ámbito comunitario. El primer paso para avanzar hacia una mayor coordinación entre las diferentes estrategias de desarrollo sostenible es garantizar que éstas tengan un modelo de referencia adecuado. Es evidente que el modo en que se lleve adelante la aplicación del concepto de desarrollo sostenible en la Unión Europea resulta fundamental, en la medida en que se constituye como modelo de referencia para la mayor parte de los Estados miembros, regiones y municipios que han iniciado la elaboración e implementación de sus propias políticas de sostenibilidad. Por ello, es importante que estas otras Administraciones públicas encuentren en la Unión Europea no sólo una formulación correcta de lo que es el desarrollo sostenible, sino un planteamiento general o estrategia y unos instrumentos para llevarla a cabo que verdaderamente pongan en práctica el significado de este concepto y que sirvan como ejemplo para orientar en la dirección correcta las estrategias diseñadas en otros ámbitos. Hasta el momento, los hechos reflejan que existe una grave carencia en cuanto a la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad. Esta última podría constituir una herramienta adecuada para mejorar la calidad y coherencia del proceso de elaboración de políticas en clave de desarrollo sostenible, en la medida en que su objetivo es lograr que todas las políticas sean diseñadas teniendo en cuenta sus posibles consecuencias económicas, sociales y ambientales. Se puede constatar que, a la hora de realizar este tipo de exámenes y evaluaciones, la atención suele estar más centrada en las repercusiones ambientales de las políticas económicas y sociales que en las implicaciones económicas de las iniciativas en medio ambiente. Este hecho impide la efectiva aplicación del concepto de desarrollo sostenible, en cuanto que repercute en el que precisamente es su punto clave: el equilibrio entre las tres dimensiones. No se debe olvidar la importante contribución de muchas empresas que han incluido explícitamente entre sus objetivos fomentar el desarrollo sostenible a través de novedosas iniciativas proactivas para dar respuestas a las expectativas de los ciudadanos y consumidores en relación con este tema. 5.2. Cambio climático

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos del Cambio Climático y de las posibles soluciones para minorar sus efectos. En este contexto se aprueba el Protocolo de Kioto en el año 1997 y posteriormente la Unión Europea desarrolla la Directiva 2003/87 de Comercio de derechos de emisión para poner


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en marcha los compromisos que Europa ha adquirido en el seno de Naciones Unidas al ratificar el Protocolo de Kioto. Así, se firman una serie de acuerdos internacionales en los que España participa y, por ello, se adoptan una serie de medidas para cumplir los compromisos adquiridos, como la aplicación de la Ley 1/2005, que transpone la Directiva 2003/87.

Sin embargo, la situación de partida de España respecto a sus homólogos europeos no es muy favorable. Según datos de Eurostat, en el año 2004, la media de emisiones de CO2 per cápita de España frente a las de la media de la UE-25 aún se encuentra aproximadamente un 15% por debajo. Esto se traduce en un esfuerzo falto de equidad a la hora de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para la economía española en comparación con el resto de los países de la Unión.

Además, si analizamos más en profundidad la situación de nuestro país, se observa que el importante desarrollo económico de los últimos años ha impulsado el fuerte incremento de la demanda de los productos fabricados por las empresas españolas. Este efecto es deseable para cualquier economía, es uno de los pilares básicos en los que se apoya el desarrollo sostenible y potencia los objetivos de Lisboa. Pero, al mismo tiempo, este crecimiento económico hacia la convergencia con los países del resto de Europa, aunque se haga de la forma más eficiente, produce un aumento de las emisiones fruto del incremento de la producción, a pesar de contar con tecnologías punta.

Para cumplir con los compromisos adquiridos, y según prevé la Directiva de comercio de derechos de emisión, España ha implementado un Plan Nacional de Asignación para el periodo 2005-2007 y está en fase de aprobar un segundo para el periodo que comprende los años 2008-2012. En estos planes, el Gobierno ha asignado una cantidad de derechos de emisión a una serie de instalaciones industriales y energéticas afectadas por dicha Directiva y que figuran en su anexo I.

Analizando los porcentajes que corresponden a cada uno de los sectores emisores de gases de efecto invernadero de España, se observa que, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, las emisiones correspondientes a los procesos y combustión industriales incluidos en la Directiva de comercio de derechos de emisión representan en torno al 15% del total de las emisiones de España en el año 2005. Al sector de la producción de energía le corresponde un 28,6% del total. Por ello, no se debe cargar toda la responsabilidad de reducción de las emisiones a los sectores afectados por la Directiva. Desde CEOE se recomienda tener en consideración las actividades privadas de los ciudadanos y los llamados sectores “difusos” en la parte que les compete como focos de emisión de gases de efecto invernadero.


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Reparto sectorial de emisiones de GEI 2005

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente Otra consecuencia que ha conllevado la mejora del nivel de bienestar social en nuestro país ha sido el aumento notable del consumo energético por los particulares y, por ello, el incremento de las emisiones imputables al transporte y la vivienda. Como se ha destacado anteriormente, el escenario de partida para hacer la asignación a las instalaciones afectadas por la Ley 1/2005, de comercio de derechos de emisión, ha sido un escenario de escasez, por lo que el número de derechos que le ha correspondido a cada una de las empresas afectadas ha estado por debajo de sus necesidades. Al ser el objetivo de España un reto a cumplir por el país en su conjunto, no se debe imponer la mayor parte de las reducciones a los sectores industriales básicos, pues esto afectaría negativamente a la viabilidad de la actividad económica de una industria que, paradójicamente, ha conseguido situarse entre los primero puestos de eficiencia en su producción en términos de emisión de gases de efecto invernadero.

En definitiva, la industria española está comprometida y dimensionada para producir lo que le demandan sus mercados. Esta demanda se suple de forma eficiente porque es una industria competitiva dentro y fuera de nuestras fronteras, ya que funciona, en muchos casos, en mercados globalizados. Es fundamental mantener la competitividad de las instalaciones industriales españolas para que les sea posible abastecer el mercado doméstico y mantener sus exportaciones. Si se le añaden cargas adicionales respecto a sus competidores directos en estos mercados se compromete seriamente la competitividad de las empresas españolas.

Dada la importancia de lo antes mencionado, desde CEOE se quiere hacer una reflexión más profunda sobre las desventajas competitivas de nuestra industria: una empresa sólo funciona y genera riqueza, tanto económica como social, si resulta competitiva dentro del mercado en el que desarrolla su actividad. Por

Sector Energético28,6%

Emisiones Fugitivas0,9%Combustión Industrial

y construcción16,3%

Transporte23,9%

Comercial y Residencial

9,1%

Agricultura y Ganadería

10,2% Residuos2,9%

Procesos Industriales8,0%


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ello, es reseñable la difícil situación de competitividad en la que se encuentran las instalaciones españolas afectadas por la Directiva de comercio de emisiones.

Por un lado, muchas de estas instalaciones tienen que competir dentro de un mercado a nivel internacional con otras empresas que no se encuentran regidas por un mercado de derechos de emisión de CO2 como el implementado en la Unión Europea, lo que implica una primera distorsión de la competitividad a nivel internacional.

Pero, además, tal y como se han planteado algunos Planes Nacionales de Asignación en los países de la Unión Europea para el primer periodo, varios sectores españoles han comprobado como sus competidores directos han recibido asignaciones por encima de sus necesidades. Este hecho genera otro importante factor a tener en cuenta al producir una distorsión de la competitividad de nuestras empresas, esta vez a nivel de la propia Unión Europea, en un sistema supuestamente equitativo.

Desde CEOE se quiere destacar el grave problema que plantean estas diferencias de asignación. Así, una instalación que en España esté funcionando de una manera más eficaz y eficiente que su competidor directo en otro país de la UE, tendrá que comprar derechos de emisión a éste, a quien le sobran porque su Gobierno realizó una asignación más generosa.

En este punto, es necesario recalcar también que una insuficiente asignación a los sectores de producción de electricidad de la Directiva tiene un importante efecto sobre las industrias intensivas en energía, ya que se produciría un incremento en el precio de la electricidad que repercutiría negativamente sobre estas instalaciones.

En el momento actual se está empezando a vislumbrar los resultados y consecuencias de la asignación correspondiente al primer Plan Nacional de Asignación. Sin embargo, no se debe olvidar que el montante global de derechos se asigna a lo largo de tres años en cantidades iguales. De esta forma, si la asignación se hubiera realizado correctamente, lo lógico sería que en el primer año hubiera un exceso de asignación, hecho que se puede comprobar al cotejar las emisiones verificadas del año 2005, y en el último año de asignación se debería producir un déficit debido al aumento de las emisiones por el crecimiento de la producción, suponiendo un entorno de crecimiento económico, que se compensaría con los derechos sobrantes del reparto del primer año.

Por ello, no será posible analizar los efectos totales hasta que no finalice el periodo completo, es decir, hasta, al menos, principios del año 2008, una vez realizada la verificación de las emisiones para el último año que comprende el periodo 2005-2007.

Aun así, estos resultados podrían no reflejar la realidad en su totalidad pues algunos sectores industriales han podido dejar de realizar inversiones ya que las compañías no deciden éstas de un día para otro. Por eso, aunque los derechos de emisión para el primer periodo están cotizando en estos momentos por


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debajo de los 2€/tonelada de CO2, el precio hace tan sólo un año estaba por encima de los 29€/tonelada de CO2, lo que se podría haber traducido en posibles pérdidas en la planificación de inversiones o de disminución de la producción por no contar con suficientes derechos para sus instalaciones y ajustar lo que se produce a lo asignado. Desafortunadamente, es harto complicado asignar a este punto un montante concreto que permita demostrar la poca bonanza del esquema.

Esto lleva a plantearse la efectividad del esquema impuesto dado que, si los productos que son demandados no se fabrican en España, por ejemplo, y se traslada su producción a otro país que cuenta con unos criterios medioambientales más laxos, la consecuencia final será que para fabricar el mismo producto se emitirá más CO2 del que se emitiría en España. Adicionalmente, a esas emisiones habría que añadir las del transporte para trasladar el producto demandado hasta su lugar final de consumo.

En definitiva, lo que se obtiene es un perjuicio global para el planeta, pues los gases de efecto invernadero se transmiten y difunden por toda la atmósfera, independientemente del punto del globo donde se emitan.

5.3. Contribución de la Industria a la mejora del Medio Ambiente La industria española se ha visto impelida a recurrir a la mejora de la eficiencia en el uso de la energía y de las materias primas a lo largo de sus procesos de producción, utilizando para ello las tecnologías más eficaces desde el punto de vista energético y el uso de combustibles alternativos, de cara a mejorar las emisiones en sus instalaciones, siempre dentro de las posibilidades técnica y económicamente viables. Una muestra de todo lo expuesto anteriormente se encuentra en los últimos datos publicados por el INE sobre los gastos en protección ambiental de la industria. Estos aumentaron un 13,2%, en el año 2004, respecto al año anterior, lo que corresponde a 2.223,1 millones de euros. Se constata, por tanto, que la industria española ya ha realizado y está realizando grandes inversiones para mejorar sus procesos y sus emisiones al entorno.

Como conclusión, señalar que la industria no es la única fuente que produce contaminación y que, por otro lado, es la que más controlada está a través de distintos instrumentos legislativos. A lo largo de este documento se ha destacado en gran medida las implicaciones de la aplicación de la Directiva de comercio de derechos de emisión, pero no se debe olvidar los muchos otros instrumentos legislativos diseñados para paliar los efectos de los procesos productivos industriales sobre el medio ambiente: la Ley 16/2002 de IPPC, las legislaciones que regulan los usos del agua, los tratamientos de residuos, la calidad del aire, etc. Por tanto, desde CEOE se recomienda un ejercicio de coherencia, en el sentido de exigir a las instalaciones industriales españolas las


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reducciones que sean técnica y económicamente viables, en la justa proporción que les corresponda a sus emisiones. Cuando una instalación industrial está desarrollando su proceso productivo de una manera eficiente y responsable, las medidas que se adopten no deben coartar su crecimiento y futuro desarrollo, pues es imprescindible preservar la competitividad de nuestras industrias en un mercado cada vez más globalizado. Actuar de otra manera sería imponer una traba adicional y artificial a la competitividad de nuestras empresas frente a otros países de nuestro entorno. Finalmente, se debe destacar que, en los últimos años, las iniciativas legislativas que se han ido desarrollando en el ámbito comunitario relacionadas con el medio ambiente han proliferado de forma exponencial. Esto conlleva un ritmo trepidante de aprobación de disposiciones que, posteriormente, han de trasladarse a la legislación estatal. Los objetivos que se persiguen, que la industria comparte y defiende, tienen una complejidad creciente, ya que los primeros pasos en materia medioambiental, que eran fáciles de implementar, se han hecho ya, siendo lo que resta por hacer mucho más complejo y costoso. En esta situación, y debido a la premura con que se quieren adoptar algunas de estas disposiciones legales, se deberían tener en cuenta algunos elementos muy importantes a la hora de realizar las negociaciones. Los Gobiernos de los distintos países de la Unión Europea deberían contar, antes de tomar una decisión de ratificación al respecto, con estudios realistas de las condiciones iniciales económicas, sociales, medioambientales y del estado de las tecnologías de partida, que reflejen de una manera clara y veraz las consecuencias que se derivarán para cada uno de los Estados Miembro de la adopción y el cumplimiento de dichas disposiciones.


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6. Logística e infraestructuras para el desarrollo de la Industria España registra desde hace varios años un crecimiento económico constante que ha incidido positivamente en las condiciones de bienestar de sus ciudadanos, en la fortaleza y competitividad de su estructura empresarial y en el peso específico de nuestro país en el contexto internacional. En este marco, un transporte capaz de dar respuesta a los empresarios es la garantía de la continuidad y de la conclusión, con éxito, del proceso industrial. No cabe duda de que la logística, tanto de la producción como de los materiales que aprovisionan a la industria, es un factor clave de competitividad. En el caso concreto de España, se debe tener en consideración también su especial situación geográfica, marcada por su carácter periférico, alejada de los principales mercados y proveedores. En este sentido, si bien es cierto que su situación es estratégica por su proximidad al Norte de África, también deben considerarse las dificultades de comunicación con el resto de Europa y la lejanía de los mercados asiáticos. Para conocer la relevancia del transporte en los últimos años, cabe significar que en España y en la Unión Europea ha crecido 1 punto por encima del PIB cada año, es decir, un 50% en los últimos 12 años. Además el transporte representa el 10% del citado PIB europeo, genera 1 billón de euros anuales y emplea a más de 10 millones de personas, según los datos del Libro Blanco del Transporte en Europa que define la política sectorial de la Unión. En el contexto Europeo, la Comisión ha puesto de manifiesto en su reciente Comunicación sobre la logística de transporte de Mercancías en Europa (COM(2006) 336 final) que la logística supone como promedio entre el 10% y el 15% del coste final de un producto terminado. Además, las tendencias de la actividad industrial hacen prever un incremento de los costes logísticos de aprovisionamiento en los próximos años. La industria ha realizado y sigue realizando grandes esfuerzos para incorporar avances tecnológicos y sistemas de gestión que permitan recortar al máximo sus costes y mantener la competitividad. La entrada, en los últimos años, de nuevos competidores con costes, sobre todo laborales, mucho más bajos, ha presionado a los países más desarrollados y de tradición industrial a realizar un importante esfuerzo de reducción de costes. Sin embargo, no se ha avanzado de igual manera en los costes relacionados con la logística y, en concreto, con el transporte, donde queda mucho por hacer en nuestro país.


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El transporte de mercancías internacionales en España alcanza ya los 218 millones de toneladas y su reparto intermodal señala al barco y la carretera como las modalidades de transporte fundamentales, con un 51,8% y un 46,1% de cuota respectivamente, mientras que el transporte por ferrocarril tan sólo alcanza un 1,9%. En los últimos años la mayor parte del crecimiento del transporte ha sido absorbido por la carretera, por las facilidades que ofrece al proporcionar una repuesta rápida a las solicitudes de servicio. Sin embargo, todos los modos de transporte son fundamentales y cada uno dará respuesta a las necesidades de la industria según el volumen a transportar, la distancia, la flexibilidad del servicio, etc. El objetivo, por lo tanto, estriba en aprovechar mejor cada modo de transporte según sus características, siempre bajo la premisa de contar con un transporte de calidad, eficiente y competitivo. Las claves para que esto sea posible se encuentran, básicamente, en el desarrollo de la intermodalidad y de nuevos sistemas e infraestructuras de transporte. En la actualidad, cruzan diariamente los Pirineos cerca de 20.000 camiones, con una previsión de crecimiento del 8% anual. Por lo tanto, es necesaria, para la interconexión con el resto de Europa, una mayor permeabilidad de los Pirineos por su zona central y la mejora de las vías terrestres ya existentes que están muy saturadas y con dificultades, sobre todo, en el modo ferroviario. En lo que se refiere exclusivamente al transporte por carretera, la actual normativa sobre tiempos de descanso y la obligatoriedad del tacógrafo digital condicionan la competitividad de este tipo de transporte. A todo ello, cabe añadir las diferencias en la normativa de dimensiones máximas con respecto a otros países de la UE, que restan operatividad a los transportes internacionales; y la falta de flexibilidad en el establecimiento de los horarios de restricción del tráfico en el entorno de los centros urbanos. Al margen de otras consideraciones, es fundamental para la industria española disponer de buenas infraestructuras que cubran las necesidades que genera la propia actividad industrial. La falta de las mismas, su deficiente diseño, su saturación, unido en algunos casos a su mala gestión, tiene unos efectos negativos que pueden poner en peligro, a medio plazo, la competitividad de la industria. La comparativa con otros países en lo que se refiere a la disposición de infraestructuras pone de manifiesto la escasez de las mismas, siendo especialmente relevantes las correspondientes a la densidad de la vía férrea. Una significativa comparación de algunos de estos parámetros con respecto a distintos países de nuestro entorno se puede apreciar en el cuadro siguiente:


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Longitud de autovías-autopistas y vías férreas en algunos países de la UE (2004)

Países Longitud en Km por miles de Km2 de superficie

Km de carretera Km de vía férrea

Alemania 34,1 97,3

Italia 21,7 53,9

Francia 19,1 53,8

España 21,2 28,4

Reino Unido 14,9 67,7

UE-15 17,2 46,4 Fuente: Comisión Europea El transporte ferroviario está infrautilizado como transporte alternativo al transporte por carretera. Según Eurostast, la UE-15 tiene una cuota de utilización de este modo de transporte del 14%, siendo el de la UE-25 del 17,4%, mientras que en España apenas alcanza el 2%. Esta circunstancia resulta como consecuencia de las reducidas velocidades medias de circulación, de la falta de fiabilidad en el servicio en términos de plazos, de la situación de estancamiento del proceso de liberalización de los servicios ferroviarios y de la prioridad del transporte de pasajeros frente al de mercancías.

Además, las infraestructuras ferroviarias existentes no están adaptadas a las exigencias del transporte de mercancías. Claros ejemplos de esta situación son la inexistencia de corredores exclusivos para el transporte de mercancías, diferencias entre el ancho de vía ibérico y el ancho de vía UIC, terminales ferroviarias pirenaicas sin posibilidad de ampliación que limitan la capacidad de conexión con Francia, terminales ferroviarias colapsadas por la carencia de infraestructuras intermodales y de sistemas de gestión de espacio. El transporte marítimo también debe potenciarse como alternativa al transporte por carretera, para lo que será necesario mejorar los accesos a los principales puertos, promover una mayor liberalización de los servicios portuarios para conseguir una mejora de costes y proponer fórmulas que permitan incentivar la utilización de los servicios de Short Sea Shipping.

La carencia de infraestructuras logísticas de transporte intermodal y las deficiencias de las actuales también condicionan el buen funcionamiento del transporte. Actualmente, se detecta una obsolescencia de las actuales plataformas intermodales ferroviarias y de las situadas en los centros urbanos, una carencia de zonas de aparcamiento orientadas


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al transporte por carretera que dispongan de servicios logísticos asociados y una mejor conexión con los puertos. Ante esta situación, CEOE entiende que la Administración debería tener como objetivo prioritario la mejora de las infraestructuras de transporte en España, tanto las internas, como las de interconexión con el resto de Europa, así como el incremento de la eficiencia y competitividad de los distintos modos de transporte, especialmente aquellos que están menos sujetos a la competencia.


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7. Industria, mercado de trabajo y formación 7.1 Mercado de trabajo Estado de situación Con carácter general puede afirmarse que los rasgos negativos que diferenciaban la situación laboral española antes del ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea han ido reduciéndose en los últimos años gracias al proceso de convergencia con los restantes países de la Unión que ha experimentado nuestro mercado de trabajo. En concreto, si tomamos como referencia los últimos 10 años, la diferencia de la tasa de desempleo entre la Unión Europea y España ha pasado de 11,2 puntos porcentuales (1997: 21,0% España – 9,8% UE-15) a 0,3 puntos (2006: 8,6% España – 8,3% UE-25). Dicho de otra forma: mientras la Unión Europea en dicho período ha reducido su tasa de desempleo en 1,5 puntos, España lo ha hecho en más de 12 puntos (12,4). En cuanto a la tasa de ocupación durante el mismo período también se registran datos significativos: siendo la tasa de ocupación en España del 64,7% (año 2006), casi idéntica a la media del resto de los países de la Unión (64,6%), la tasa de las mujeres en España aún se mantiene alejada en 4,1 puntos, a pesar de los avances registrados en este grupo. Por lo que se refiere en concreto al sector industrial, en este contexto de creación de empleo, se aprecia en el último quinquenio un cierto estancamiento de la industria, lo que supone una pérdida de peso del sector en el conjunto del empleo, tal como se detalla en el apartado 2 de este Informe. Así, el pasado año apenas creció en 12.000 ocupados volviendo a las cifras que venían marcando su evolución desde 2002. Siendo conscientes de los avances producidos, aún queda camino por recorrer a la vista de los objetivos definidos en el contexto europeo. La sociedad del conocimiento está sustituyendo a la tradicional sociedad industrial y con ello se hacen más evidentes los procesos asociados a las nuevas tecnologías de la información y comunicación; se concibe en términos diferentes la formación personal y la prestación del trabajo; la estructuración jerárquica de la organización del trabajo está siendo sustituida por otra con mayor autonomía que requiere una mayor flexibilidad; los procesos de globalización se imponen a la visión puramente local de la producción. Por otro lado, se producen cambios en la población derivados del acortamiento de la vida laboral de forma simultánea a una mayor esperanza de vida, a una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, a la presencia de población inmigrante y a un descenso de la población juvenil que se incorpora al mercado de trabajo.


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Todo parece apuntar a que, superando tentaciones inmovilistas, deberían acometerse medidas en diversos ámbitos, y con distinta intensidad, que permitan a la economía española en general y a la industria en particular ganar en competitividad y seguir creando más empleo que el resto de los países de la Unión en el mismo período de tiempo. La disponibilidad general de recursos humanos, su adecuada cualificación, su asignación a los distintos puestos disponibles mediante mecanismos eficaces de intermediación, las posibilidades de gestionar unos recursos humanos móviles, adaptables a nuevos requerimientos y a distintas formas de organización del trabajo, así como el conjunto de factores que conforman y determinan el mercado laboral son elementos esenciales que pueden limitar o potenciar la competitividad. Desafíos y medidas en materia de mercado de trabajo En este contexto se abren nuevos desafíos de distinta naturaleza, las reglas del mercado de trabajo adquieren un valor creciente para la competitividad final de las empresas y su capacidad de adaptación. Una respuesta rápida y eficaz por parte de las empresas depende de su capacidad de adaptación, a la que deben contribuir las relaciones laborales mediante la aplicación de mecanismos de flexibilidad, objetivo en el que se ha venido avanzando en los últimos años. Por ejemplo, en materia de contratación cualquier medida que pretenda corregir la tasa de temporalidad, sin afectar a la creación de empleo, debe ofrecer mecanismos alternativos que permitan mantener la adaptabilidad de empresas con plantillas más estables. Las empresas deben poder adaptar sus plantillas a los flujos de trabajo variables y la contratación temporal cumple en nuestro país esta función de flexibilidad. En otros países, esta capacidad de adaptación se afronta no sólo mediante la temporalidad sino por otros mecanismos alternativos. Entre ellos, y aparte de los elementos como la extinción de la relación laboral o el tiempo parcial y fijos discontinuos, hay que resaltar los relacionados con la flexibilidad interna de las empresas, que afecta a cuestiones como la distribución flexible del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y funcional y las nuevas formas de organización del trabajo. Partiendo de la filosofía anterior se plantea a continuación, de forma resumida, una serie de propuestas dirigidas a la flexibilización del mercado que permitan el equilibrio entre flexibilidad y seguridad: a) Medidas de adaptabilidad interna.

Dotar a las empresas de una mayor capacidad de adaptación a las nuevas realidades utilizando diversos instrumentos. Así por ejemplo:


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o La capacidad de adaptar las necesidades de la empresa a las demandas del mercado está estrechamente vinculada al margen disponible para distribuir la jornada de sus trabajadores. El cómputo anual de la jornada y su distribución flexible constituyen instrumentos idóneos para lograr dicha adaptación. La distribución flexible se ha venido articulando a través de fórmulas variadas, si bien es necesario seguir avanzando a través de acuerdos entre las empresas y los trabajadores.

o La utilización de remuneraciones por habilidades y competencias, así

como la fijación de partidas salariales de carácter variable, ligadas a la consecución de objetivos redunda en la competitividad de las empresas.

o Dentro de un contexto intensamente competitivo resulta inevitable que

determinadas empresas de sectores específicos procuren ceñir más su actividad a procesos productivos básicos y requieran de servicios ajenos para la producción de bienes y servicios que en otros momentos acometían ellas mismas. Ello implica sin duda cambios importantes en la estructura organizativa. Los marcos legales y convencionales, introduciendo las modificaciones que en su caso procedan, deben permitir la utilización de distintas formas de organización del trabajo acordes con las estrategias de cada empresa.

b) Adecuar la contratación y el despido y reducir la segmentación

existente en el mercado laboral.

Para ello habría que:

o Atenuar la dualidad existente entre la contratación temporal y la indefinida.

o Adecuar las modalidades de contratación a las necesidades

cambiantes y del ciclo de las distintas actividades. Resulta perfectamente compatible el fomento de la estabilidad en el empleo con el mantenimiento de un marco flexible de contratación temporal que permita a las empresas hacer frente a imprevistos que, de otra forma, deberían atenderse a través de otros mecanismos.

o Potenciar el contrato a tiempo parcial. A pesar del crecimiento

registrado en los últimos años es aún escasa su utilización. Entre las causas que habría que considerar y valorar estaría cierta inestabilidad y complejidad del modelo, la existencia de una mentalidad social menos favorable a este tipo de contratación, algunas restricciones que persisten en materia de horas complementarias y extraordinarias, o la confusión introducida por las modificaciones en la regulación de los fijos discontinuos.

o Introducir cambios en los procesos e indemnizaciones por

despido, para superar la inseguridad jurídica.


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Se puede contratar más y con mayor estabilidad inicial cuando se simplifica y dota de certeza al instrumento extintivo. El temor a pagar altas indemnizaciones por la extinción de los contratos y la inseguridad jurídica en cuanto a la calificación del despido como procedente o improcedente sigue pesando de forma significativa a la hora de optar por un contrato temporal o indefinido. Las medidas adoptadas de reducción de los costes del despido o simplificación en sus procedimientos no han supuesto en el pasado un incremento del porcentaje de despidos, sino más bien al contrario, por lo que convendría seguir avanzando en esta línea.

o Clarificar y delimitar el alcance del control judicial en los despidos objetivos.

En los despidos objetivos el principal problema radica en la ausencia de criterios normativos claros que delimiten el control judicial de la decisión extintiva empresarial y la consiguiente dispersión jurisprudencial, lo que implica inseguridad jurídica, pues el empresario no podrá saber con razonable certeza cuál será la calificación judicial de la decisión, con el riesgo que ello supone de incremento de la indemnización a pagar. Una posible solución pasaría por la clarificación y delimitación legal del alcance del control judicial sobre la medida extintiva empresarial. El control judicial debería limitarse a la constatación de la existencia de la causa alegada y a su razonabilidad respecto de los efectos pretendidos, pero no entrar en la valoración de la adecuación de la medida empresarial, pues ello comportaría un control de la oportunidad de la decisión empresarial y tal cuestión pertenece a la esfera de libertad de la empresa.

o Adoptar medidas de atención y prevención de procesos de

reestructuración, de carácter integral, que incluyan, entre otras, planes especiales, procesos de recolocación, etc.

Como ya se ha indicado, el sector industrial español, por su apertura a la competencia internacional, es especialmente sensible a los riesgos derivados de las decisiones de localización de nuevas inversiones o de deslocalización de centros productivos. Resulta ilustrativo recordar, en este ámbito, los importantes diferenciales que nos separan en costes laborales, no sólo respecto a economías emergentes en Asia, sino a los nuevos socios de la Unión Europea, al tiempo que su población ofrece niveles educativos bastante superiores a los de la española.

o Adecuar los procesos de regulación de empleo a lo previsto en la normativa de los países de nuestro entorno comunitario con los que competimos, para lo cual, entre otras cuestiones, habría que suprimir la autorización administrativa en los expedientes de regulación


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de empleo que distorsiona la capacidad de organización del empresario (Directiva 98/59 CE y Convenio de la OIT nº 158).

La autorización administrativa constituye una carga de la

que no soportan los empresarios de nuestro entorno competidor.

Comporta mayores costes de indemnización pues la

Administración autoriza el expediente cuando hay acuerdo con la representación de los trabajadores y para alcanzar éste generalmente es preciso superar de forma significativa la indemnización legal de 20 días de salario por año de servicio.

Supone una mayor dilación en la tramitación de los

despidos. c) Disponibilidad de recursos humanos.

Diversos estudios prospectivos señalan que, atendiendo a la evolución demográfica de nuestro país, así como a las previsiones de crecimiento y de creación de empleo, los problemas de carencia de recursos humanos disponibles, hoy ceñidos a determinados sectores, ocupaciones o territorios, podrían ir generalizándose en los próximos años, ejerciendo de cuello de botella que estrangule nuestras posibilidades de crecimiento económico. Para afrontar esta evolución en mejores condiciones cabe plantear:

o Mejorar los ajustes entre oferta y demanda de mano de obra reduciendo el desempleo para lo cual hay que:

Superar los obstáculos para la movilidad geográfica y funcional y

la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Resulta paradójica la coexistencia de elevadas tasas de paro, que persisten todavía en algunos territorios, colectivos, sectores u ocupaciones, con la carencia de mano de obra para cubrir determinados empleos disponibles. Es una realidad que tales desajustes no se están corrigiendo suficientemente por la vía de la movilidad, ni funcional ni geográfica. Problemas estructurales del mercado de trabajo, barreras normativas que limitan la movilidad, desconexión de los servicios de intermediación, dificultades para conseguir vivienda o factores culturales, lingüísticos o socioeconómicos, pueden estar en el origen de este fenómeno.

Articular mecanismos de intermediación eficaces, valorando la intervención de las ETTs y otras entidades privadas en este ámbito, siendo entendidas como agencias de empleo en un sentido más amplio.


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La primera vía de reclutamiento de personal por las empresas españolas sigue siendo el contacto o la referencia directa. Este recurso, sin embargo, se muestra cada vez más ineficiente en la asignación de los recursos humanos a medida que desciende el desempleo y la disponibilidad de trabajadores, por lo que debería potenciarse la utilización de otros mecanismos especializados tanto públicos como privados. Así por ejemplo, las empresas de recolocación pueden cumplir un papel de especial interés, sobre todo en el ámbito de los procesos de reestructuración.

Facilitar la cobertura de los trabajos poco cualificados. El sistema de protección social y la red familiar hacen que no se acepten los trabajos de poca cualificación en condiciones de mercado. Para facilitar la cobertura de estos puestos cabe plantear la articulación de programas de ayudas al trabajo y no a la inactividad, complementando de alguna forma la renta de los trabajadores.

o Mejorar la tasa de empleo femenino para aumentar la participación

de este colectivo en el mercado laboral, a través de las correspondientes políticas de orientación y formación, especialmente en el sector industrial donde de los 3,2 millones de ocupados tan sólo el 25% son mujeres, lo que contribuirá a reducir el desempleo femenino. Es también preciso intensificar los servicios públicos de asistencia a personas dependientes (niños, ancianos, discapacitados) y las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.

o Articular medidas que favorezcan la prolongación de la vida laboral,

para lo cual habrá de reconsiderarse la adopción de medidas que incentivan la salida temprana del mercado laboral.

o Adecuar los flujos migratorios a las necesidades empresariales y

articular cauces ágiles capaces de dar una respuesta rápida a tales necesidades.

Las propuestas empresariales para la adecuación de la política migratoria pasan por la introducción de mejoras sustanciales en cuestiones como la coordinación de las distintas instancias competentes, la mejora de mecanismos bilaterales con los países de origen, el refuerzo de nuestros servicios en el exterior, la formación de los inmigrantes incluso antes de su venida a España, la agilización del proceso de reconocimiento profesional de los títulos emitidos en los países de origen, así como la simplificación y transparencia para la tramitación de las ofertas por parte de las empresas.

d) Reducir los costes laborales no salariales.

La evolución de los costes laborales constituye un factor imprescindible para la competitividad empresarial, tanto en lo referente a las rentas salariales


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como a los costes no salariales, si bien se ha constatado que estos últimos tienen un mayor ritmo de crecimiento que los primeros. Resulta necesario, por tanto, reducir los costes laborales no salariales (cotizaciones sociales, costes de IT y despido) con el fin de ajustar nuestra competitividad con la de otros países y que las empresas defiendan su situación competitiva en el marco de la convergencia europea.

e) Reducir los niveles de absentismo laboral.

El absentismo laboral, justificado o no, significa un grave problema organizativo y tiene para empresas y trabajadores no absentistas consecuencias económicas (coste horas perdidas, coste personal de sustitución, horas extraordinarias de trabajadores no absentistas, pérdidas productivas, etc.) organizativas (mayor carga de trabajo para trabajadores no absentistas, peor distribución de las tareas, etc.) sociales y productivas. Lo más alarmante es que el absentismo, lejos de corregirse, en los últimos años no ha dejado de incrementarse en todos los sectores y ámbitos geográficos, por lo que es un asunto de gran importancia para la gestión de los recursos humanos y para lograr un alto grado de eficiencia empresarial. Conscientes de esta realidad los interlocutores sociales incluyeron en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2005, y se reitera con ciertas matizaciones en el Acuerdo para 2007, una llamada a la negociación colectiva para que se tomen medidas de reducción del absentismo injustificado en el ámbito sectorial o de empresa. Para abordar medidas de reducción del absentismo debe partirse de un conocimiento riguroso del mismo, con el fin de elaborar un acertado diagnóstico. A tal fin se formulan las siguientes recomendaciones a los negociadores de convenios, perfectamente aplicables al sector industrial que desgraciadamente no se encuentra exento de este problema:

o Identificar las causas del absentismo. Sería deseable que las empresas conocieran la magnitud de este problema buscando conjuntamente con los representantes de las empresas sistemas para articular el control de las causas más frecuentes de absentismo. Al respecto hay que señalar que diferentes estudios realizados por Confederaciones Empresariales confirman que los porcentajes más altos de absentismo laboral están causados por la Incapacidad Temporal por enfermedad común.

o Cuantificar el coste económico del absentismo laboral, contemplando tanto los directos como los indirectos (salarios, Seguridad Social, horas extraordinarias, costes de producción, nuevas contrataciones de sustitución, prestaciones económicas a cargo del empresario, complementos de las mismas, …).


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o Establecer medidas correctoras y preventivas dirigidas a la

reducción del absentismo, así como mecanismos de seguimiento y de información a los representantes de los trabajadores, de manera que se favorezca el establecimiento de planes concretos a nivel de empresa.

o Finalmente, se recomienda difundir la información sobre la

situación existente y las medidas adoptadas.

El absentismo por razones de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) es también un tema de reforma del marco normativo en aspectos tales como:

o Reformar la Ley General de la Seguridad Social reduciendo el periodo máximo de ITCC a 12 meses. La suspensión del contrato laboral con obligación de cotización se limitaría a ese período.

o Impulsar las actuaciones de control tanto de las Entidades

Gestoras como de las Mutuas desde el primer día de la prestación (4º día de baja), articulando mecanismos que desarrollen la facultad empresarial de verificación y seguimiento de los procesos de baja por ITCC contemplada en el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores.

o Reconocer eficacia jurídica a los informes, pruebas y

dictámenes que obtengan las Entidades Colaboradoras en el ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, sin perjuicio de su valoración por el Servicio Público de Salud.

o Regular supuestos de suspensión y extinción por parte de la

Entidad Gestora o Colaboradora del derecho a la prestación económica cuando el trabajador se niegue a someterse a pruebas complementarias del reconocimiento médico o cuando se encuentre en lista de espera de pruebas o tratamientos del Servicio Público de Salud, y rehúse su anticipación por parte de la Entidad Gestora o Colaboradora.

o El actual sistema de frecuencia para la emisión de los partes

médicos de confirmación, contribuye a crear un marcado carácter absentista, por lo que se debe evitar que la emisión del parte de alta se supedite al plazo recogido para la expedición de los partes de confirmación.

o La competencia que la ley otorga a los facultativos de las Entidades

Colaboradoras para la emisión de partes médicos de altas a efectos económicos necesita de un desarrollo reglamentario para que pueda hacerse efectiva, estableciendo un procedimiento de urgencia para la impugnación del alta ante el equipo de valoración de incapacidades.


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o En el supuesto de que la empresa deba contratar a un trabajador para

que sustituya al que está en situación de ITCC, se propone que se bonifique el 100% de las cotizaciones empresariales de este segundo trabajador para amortiguar los costes que genera la segunda contratación para cubrir un mismo puesto de trabajo.

Como propuesta alternativa podría analizarse la bonificación de la cotización empresarial por contingencias comunes en los periodos en los que el primer trabajador se encuentre de baja por ITCC.

o Reconocer la legitimación de las empresas en los procesos

de IT, de tal forma que se puedan elevar recursos ante las Inspecciones Médicas ante determinados supuestos, que deberían ser contestados obligatoriamente en todos los casos con las argumentaciones procedentes y en un plazo máximo a determinar.

f) Avanzar en la cultura preventiva.

Las empresas se enfrentan en su quehacer diario con una serie de dificultades a la hora de cumplir con sus obligaciones preventivas a las que hay que buscar una solución práctica. Así se detectan:

o Dificultades de aplicación concreta del marco normativo, especialmente en las pequeñas y muy pequeñas empresas, derivadas del carácter generalista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la que no se modula ni realiza ninguna diferenciación entre las distintas empresas a tenor de su tamaño, actividad, etc., creando múltiples obligaciones de muy difícil cumplimiento.

o Problemas derivados de la complejidad de la normativa

complementaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que exigirían su simplificación para facilitar una mejor comprensión y una mayor facilidad de aplicación, restringiendo al máximo los conceptos jurídicos indeterminados y la disposiciones susceptibles de diferentes interpretaciones, tanto administrativas como judiciales.

o Dificultades vinculadas a la falta de información sobre las

causas reales que originan los accidentes que indican la necesidad de reformar las estadísticas existentes.

o La falta de coordinación entre las Administraciones

Públicas con competencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo genera problemas derivados de la ausencia de criterios objetivos y homogéneos de colaboración y ejecución.

Por otro lado, es preciso avanzar en una cultura preventiva en donde empresarios y trabajadores se corresponsabilicen en pro de la seguridad y salud en el trabajo, donde ésta se considere un factor de competitividad y de inversión productiva.


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En esta línea, debe tenerse en cuenta que la normativa de prevención de riesgos laborales no contempla un régimen de infracciones y sanciones por los incumplimientos de los trabajadores en materia preventiva. Por ello, y a efectos de promover la implicación y la responsabilización de los mismos en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, los convenios colectivos deberían pactar un régimen de infracciones y sanciones por los incumplimientos de dichas obligaciones. Por otra parte, la articulación de un plan “renove” para la renovación de las tecnologías e instalaciones industriales, debe considerarse como un elemento dirigido no sólo a mejorar la situación competitiva empresarial, sino también como un elemento que contribuye a mejorar el entorno de seguridad y salud en el trabajo.

La adopción de muchas de estas medidas puede llevarse a cabo a través de la negociación colectiva, reforzando la autonomía colectiva, dejando más espacio a los convenios colectivos en sentido amplio y al contrato de trabajo. La necesidad de seguir avanzando en la línea de las reformas estructurales del mercado de trabajo, pasa necesariamente por considerar el diálogo social como instrumento de dichas reformas, en cuanto garantía de su efectividad. 7.2 Formación

Estado de situación en España

CEOE ha venido insistiendo en los últimos años en la importancia de potenciar los niveles de educación y cualificación de nuestra población como un requisito ineludible para competir en una economía basada en el conocimiento. Dicho mensaje parte del diagnóstico de dos de nuestras debilidades más importantes en este ámbito, que son especialmente relevantes cuando nos referimos al sector industrial. De un lado, el importante volumen de abandonos tempranos de la escolaridad (cerca de un 30% de los jóvenes no continúan su formación más allá de la educación obligatoria, e incluso no llegan a graduarse en la secundaria obligatoria), que contrasta con un porcentaje significativo que realiza estudios universitarios, configurando en conjunto una distribución por niveles educativos atípica, bipolarizada hacia los extremos inferior y superior, y con un insuficiente volumen de personas formadas en niveles intermedios, en particular en los de formación profesional. El problema del alto abandono de la escolaridad, además, supone una desventaja adicional respecto a países competidores, como se ha mencionado anteriormente. De otro, el desajuste entre las cualificaciones y especialidades en las que se forma nuestra población respecto a las que necesitan las empresas, con


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un importante déficit en lo que se refiere a las especialidades técnicas y científicas, más vinculadas al desarrollo industrial. El panorama de la oferta formativa más directamente asociada al sector industrial está en la actualidad en un proceso de cambio. En lo que se refiere a la formación de ámbito universitario, la convergencia hacia un espacio europeo que determina el llamado proceso de Bolonia, exigirá la nueva estructuración de la formación universitaria en tres niveles (grado, postgrado y doctorado), con enfoques docentes renovados, y conllevará una redefinición del conjunto de Titulaciones. En el ámbito de la Formación Profesional, el panorama actual ofrece al menos 64 titulaciones, 39 de grado medio y 35 de grado superior que podrían relacionarse en cierto grado con las distintas ramas industriales. Esto supone cerca de la mitad de toda la oferta de Títulos de Formación Profesional que oferta el Sistema Educativo. Pese a ello, el número de alumnos en estas especialidades representa un peso mucho menor y existe también dificultad para contar con profesores especializados en estos ámbitos. Este panorama, no obstante, está en un profundo proceso de renovación, derivado fundamentalmente del desarrollo de la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como del desarrollo de un espacio europeo en materia de formación profesional y el avance en los objetivos europeos para 2010. Así, hay que destacar que, en la actualidad, se está desarrollando un Catálogo Nacional de Cualificaciones, que será el instrumento básico para la actualización y configuración de las nuevas ofertas de formación profesional que se realicen desde el sistema educativo (mediante nuevos Títulos de Formación profesional) y desde el sistema laboral (mediante nuevos Certificados de Profesionalidad), además de ser el referente para el futuro dispositivo de reconocimiento de aprendizajes informales, fundamentalmente de los adquiridos en la experiencia laboral. El nuevo enfoque que supone el Sistema Nacional de Cualificaciones, pretende avanzar en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, que permita la configuración de itinerarios formativos flexibles, en los que las personas puedan avanzar paso a paso, obteniendo y acumulando acreditaciones parciales y capitalizando también aquellos otros aprendizajes que sean reconocibles aunque se hayan adquirido en cursos no formalizados o a través de la propia experiencia laboral. Hasta la fecha se han elaborado más de 490 cualificaciones profesionales, 223 de ellas, con sus correspondientes módulos formativos, ya están publicadas3 y otras 73 pendientes de publicación. Estas cualificaciones se encuentran

3 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 9 de marzo), el R.D.1087/2005, de 16 de septiembre (BOE de 5 de octubre) y el R.D. 1228 /06, de 27 de octubre (BOE de 3 de enero.


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ordenadas en 26 familias profesionales, 12 de las cuales pueden vincularse a distintos ámbitos de la Industria4. Desafíos y medidas en formación En este contexto, cabe plantear la necesidad de profundizar en algunas políticas y medidas, como las siguientes: o Mejorar los dispositivos de orientación profesional, de manera que se

favorezca la elección de especialidades formativas técnicas y científicas, especialmente requeridas en los ámbitos industriales.

Cabe recordar que los mejores índices de inserción profesional en actividades relacionadas con la formación realizada se obtienen precisamente en estas especialidades más vinculadas a la industria, dentro del ámbito de la Formación Profesional, en contraste con otras especialidades más demandadas por los alumnos. Resulta conveniente potenciar las actuaciones para prestigiar la formación profesional y aumentar su atractivo, como las Competiciones internacionales de alumnos (Euroskills y World skills). En materia de orientación, también es preciso realizar un esfuerzo adicional en algunas ramas industriales, tradicionalmente masculinizadas aunque las tecnologías hoy utilizadas no justifiquen más esta situación, dirigido a lograr un mejor equilibrio entre sexos de los trabajadores de dichas ramas. La promoción del empleo femenino en la industria debe abarcar políticas de orientación y de formación, así como medidas en otros ámbitos que contribuyan a la incorporación de más mujeres al empleo en este sector.

o En el ámbito universitario, la potenciación de las especialidades científicas y técnicas, debe verse acompañada de un acercamiento de la Universidad al desarrollo tecnológico y la innovación en cooperación con la industria de nuestro país. La cooperación de los investigadores con la actividad y proyectos empresariales, debe verse favorecida con medias e incentivos específicos, en línea con lo mencionado en el apartado de industria e investigación de este informe.

o La mejora de la compatibilidad de las funciones docentes con el ejercicio profesional, puede ser una vía para atraer a más profesionales del ámbito industrial a funciones formativas, pegadas a las necesidades reales del sector.

o Promover y facilitar una estrategia de aprendizaje permanente a lo largo

de la vida que contemple, al menos, los siguientes elementos: 4 Industrias Alimentarias; Química; Fabricación Mecánica; Instalación y Mantenimiento; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Transporte y Mantenimiento de Vehículos; Industrias Extractivas; Vidrio y Cerámica; Madera, Mueble y Corcho; Textil, Confección y Piel y Artes Gráficas.


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Desarrollo del Catálogo de Cualificaciones y actualización

de las ofertas formativas de acuerdo a las necesidades de las empresas.

Las ofertas formativas deben permitir la realización de

itinerarios modulares flexibles, estructurados en torno a un marco nacional de cualificaciones que abarque todos los niveles.

Posibilitar el reconocimiento, acreditación y acumulación

de los aprendizajes obtenidos tanto a través de las ofertas formativas como en la propia experiencia laboral u otras vías informales.

Romper las barreras que dificultan la progresión a través

de los distintos niveles formativos, desde la enseñanza obligatoria y la cualificación inicial a la Formación Profesional y la Universidad.

Ello requiere, en primer lugar, facilitar la cualificación profesional inicial antes de que las personas alcancen la edad laboral o cuando se hayan incorporado al empleo habiendo abandonado tempranamente la escolaridad. También exige facilitar la progresión mediante itinerarios flexibles desde la cualificación inicial a la formación profesional, entre los niveles medio y superior de formación profesional, o entre esta formación y la Universidad.

Potenciar la formación en el puesto de trabajo, reforzando la eficacia de los contratos formativos, la realización de prácticas en las empresas, y la formación continua de los trabajadores.

Estos objetivos deberán ser tenidos en cuenta en el análisis que realice el Gobierno sobre las medidas en materia de contratación que optimicen la transición de los jóvenes al mercado de trabajo, que debe presentar antes de septiembre según lo establecido en la Disposición adicional décima de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

El desarrollo de Centros de Referencia Sectorial para la formación, que sean punto de encuentro de los sectores productivos con el mundo formativo, son una cuestión prioritaria para el sector industrial y debería ser impulsada y priorizada no sólo desde los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Educación y Ciencia, sino desde el propio Ministerio de Industria mediante actuaciones específicas.

o La promoción de la cultura emprendedora y la valoración de la actividad

industrial requiere una atención específica. Se trata de un objetivo transversal que debe informar las políticas y programas concretos de


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orientación profesional, de desarrollo local y fomento de la actividad, así como los de formación y educación profesional y general.

La promoción de los valores industriales y empresariales debe acompañarse igualmente de la formación de empresarios y gestores en nuevos modelos de gestión y organización que contribuyan al desarrollo de su actividad.

o En materia de Formación de los trabajadores, el sector industrial ha ido adquiriendo un peso creciente tanto en el volumen de inversión dedicado como en el número de trabajadores formados. El momento actual requiere aprovechar el desarrollo del nuevo modelo configurado en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE 11-04-07), de manera que las empresas puedan mejorar los recursos que invierten en formación, y hacerlo de manera flexible, adecuándolos a la evolución de cada sector y empresa, con atención especial a aquellos sectores industriales más sujetos a la competencia internacional. El incremento del porcentaje de retorno de la cuota de formación profesional para aquellas empresas que invierten en formación sigue siendo un objetivo vigente, en la medida en que estimula dicha inversión y permite una aplicación efectiva de la formación a las necesidades reales de cada empresa y al desarrollo de la actividad.

o De otro lado, la carencia de mano de obra cualificada ha motivado en los

últimos años el recurso a trabajadores inmigrantes. Esta situación hace necesario mejorar los mecanismos de entrada legal en nuestro país, en los que son elementos indispensables la adecuada elección de los trabajadores y su formación, cuando proceda, desde sus propios países de residencia.

Con objeto de facilitar la formación en origen, es preciso realizar un seguimiento de mecanismos aprobados recientemente, como las subvenciones para la formación con compromiso de contratación, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales 195/2007, de 2 de febrero (BOE 06-02-07), a fin de garantizar su eficacia y complementar su funcionamiento con el resto de elementos que facilitan la ordenación de los flujos migratorios y su adecuación a las necesidades de la industria.


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8. Propuestas y Conclusiones La industria española se enfrenta a una serie de importantes retos derivados, por una parte, de la globalización y de la fuerte competencia internacional y, por otra, de las exigencias impuestas por la legislación española y comunitaria. Como se ha visto en las páginas anteriores, la salud del sector industrial resulta clave para el crecimiento de la economía y el bienestar de la sociedad. Por ello, es necesario establecer un marco favorable para mejorar su competitividad, con el objetivo de que España sea un lugar atractivo para la inversión industrial y la creación de empleo. Este es el papel que debe desempeñar la política industrial a través del apoyo a la innovación y al conocimiento, el impulso de la inversión en infraestructuras, el compromiso con el desarrollo sostenible y el aseguramiento de un suministro de energía a precios competitivos. La complejidad y magnitud de este sector hacen que su funcionamiento se vea significativamente condicionado por los escenarios derivados de otras políticas no industriales como la política laboral, la política educativa, la política fiscal, la política medioambiental o la política de competencia, entre otras; que deberían considerar también las necesidades de nuestro sector industrial. Con este propósito, la política industrial debería desarrollar instrumentos que coordinen las distintas propuestas para garantizar las sinergias que se pueden lograr entre ésta y el resto de políticas. Si bien nuestras empresas compiten en una economía de dimensión cada vez más global, las condiciones empresariales a las que se enfrentan en el mercado interior constituyen un aspecto fundamental para el desarrollo de su actividad. En consecuencia, la política industrial no debe caer en medidas intervencionistas selectivas que entorpezcan y limiten la actividad de la industria y el funcionamiento de los mercados. Así, cuestiones como las normas de competencia, la regulación de las inversiones, los derechos de propiedad intelectual y las disposiciones fiscales y laborales son aspectos clave para incentivar o no la atracción de capitales. En este sentido, resulta necesario señalar la importancia de la unidad de mercado para el adecuado funcionamiento de las actividades empresariales. En el ámbito de la regulación hay que subrayar que, dado el tiempo que requiere la implementación de las medidas contenidas en una determinada legislación, es necesario simplificar y dotar de estabilidad a la legislación para no quebrantar el principio de seguridad jurídica que deben tener las empresas a la hora de acometer un proyecto. Los grandes proyectos industriales requieren, generalmente, de un periodo mínimo de cinco años desde que se realiza la fase de análisis hasta que finalmente se realiza su puesta en marcha5. Por lo tanto, si la legislación no tiene la suficiente estabilidad y su validez es corta, no sólo se complica el proceso de puesta en marcha de los proyectos, sino que tampoco se

5 Las diferentes etapas abordan desde el diseño conceptual, ingeniería básica, permisos, ingeniería de

detalle, compra de equipos hasta la construcción.


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puede realizar una planificación a largo plazo. Asimismo, los plazos de amortización de cualquier inversión requieren de mayor estabilidad normativa. Estos obstáculos son todavía mayores cuando se aplican a cualquier normativa del medio ambiente. Por otro lado, es fundamental no descuidar las normas que ya estén en marcha a la hora de proponer una nueva. Se deben evitar posibles solapamientos, e incluso contradicciones, entre la antigua propuesta y la futura, para lo que es necesario contar con una legislación simplificada y clara. Si se analiza la situación del Estado Español, al estar la mayoría de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, se impone la necesidad de contar con una transposición a escala nacional eficaz para disponer rápidamente de una legislación básica del Estado que permita unificar las distintas políticas ambientales de desarrollo de las Comunidades Autónomas. De otra manera, una misma normativa puede tener efectos muy diferentes sobre determinadas industrias en función de su ubicación.

Con todo, hay que tener en cuenta que, dada la complejidad y heterogeneidad del sector industrial, resulta necesario adaptar algunas medidas anteriormente descritas a las circunstancias específicas de determinadas ramas de actividad. En este sentido, la política industrial implica necesariamente una base horizontal y, al mismo tiempo, unas aplicaciones sectoriales. No se debe olvidar, por otra parte, que los empresarios deben seguir realizando un esfuerzo adicional en aras de incrementar su competitividad, impulsando la cultura de la innovación en un sentido amplio. Es decir, no solo en el ámbito de la inversión en I+D, sino también en otros como la gestión y organización empresarial, marketing y comercialización e inversión en formación y capital humano. A continuación se exponen algunas de las principales propuestas de la industria española de cara al establecimiento de una política industrial. ENERGÍA

En línea con el criterio de la propia Comisión Europea, sería muy deseable la creación de un Mercado Único de la Energía en la Unión Europea

Dada la situación geográfica de nuestro país, y su importante

dependencia energética, es imprescindible la mejora de las interconexiones energéticas, fundamentalmente con Europa, a través de Francia, y con África, por el Sur de España.

Con el objetivo de preservar la normal actividad de nuestro tejido

industrial se deben adoptar aquellas medidas que garanticen la seguridad del abastecimiento energético. Para ello, es importante realizar una decidida apuesta por las nuevas tecnologías y conformar un


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mix energético adecuado. Para incrementar el nivel de autoabastecimiento sería recomendable mantener e incluso incrementar la aportación de la energía nuclear.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Es fundamental el mantenimiento del actual sistema de deducciones fiscales para las actividades del I+D+i, más allá del año 2011. Este tipo de medidas son altamente eficaces para incentivar las actividades de I+D por su carácter horizontal y su absoluta neutralidad respecto de las decisiones tomadas fuera del ámbito empresarial.

Es preciso también incrementar la importancia de la innovación,

tanto en las políticas de fomento de la I+D+i, como en el papel que representa en las deducciones fiscales. En este sentido, el catálogo de actividades de innovación que dan derecho a una deducción fiscal debería ser más amplio y con menos restricciones, para de esta manera favorecer el desarrollo de estas acciones.

Para aprovechar los fondos destinados a potenciar la I+D en el seno de la

Unión Europea y que estos pudieran tener el deseado efecto multiplicador sobre el nivel de gasto de estas actividades en España, es imprescindible Incrementar la participación española en los Programas de I+D europeos, con especial incidencia en el VII Programa Marco de I+D.

Adoptar las medidas necesarias para adecuar la investigación que se

lleva a cabo en la Universidad y en los Centros Tecnológicos a las necesidades del tejido industrial, de cara a rentabilizar la inversión en I+D. en este sentido, se deberían priorizar las ayudas a los proyectos de investigación con participación empresarial o destinados a fines empresariales.

Es también importante incentivar la incorporación de los científicos y doctores universitarios en las empresas, así como el reconocimiento de sus actividades en el seno de las mismas a efectos de méritos en su valoración curricular.

Es necesario mejorar la formación de los investigadores, dotándoles de

las herramientas y medios necesarios. Asimismo, es preciso establecer los mecanismos de motivación para que los investigadores más destacados permanezcan en España, consiguiendo, simultáneamente, la recuperación de los investigadores que se han desplazado al extranjero para ejercer su actividad y hacer atractivo nuestro país para las empresas de investigación extranjeras.


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España se encuentra todavía alejada de la media de la Unión Europea

respecto a distintos parámetros que reflejan la implantación de la sociedad de la información en nuestro país. En este sentido, es imprescindible que se realice un esfuerzo adicional para la efectiva implantación de las nuevas tecnologías en las diferentes administraciones, en el tejido empresarial y en el conjunto de la sociedad.

El despliegue efectivo de las necesarias infraestructuras de telecomunicaciones, la mejora de los servicios y de los contenidos, y, en general, el aprovechamiento de las ventajas que proporciona la sociedad de la información, coadyuvará al desarrollo del tejido industrial español, incrementando su nivel competitivo.

PATENTES

En aras a conseguir incentivar la generación de patentes en la investigación que se realiza en España, sería recomendable introducir desgravaciones fiscales adicionales para los gastos derivados de la gestión del depósito y extensión internacional de las patentes, incrementando la importancia de dicho parámetro para la concesión de ayudas a proyectos de I+D empresariales.

En este sentido, sería acertado que el gasto realizado por una empresa española para patentar en el extranjero fuera considerado como una inversión en I+D+i, pudiendo acogerse a las deducciones fiscales correspondientes.

Con carácter general, debería mejorarse el grado de conocimiento que tienen las empresas industriales sobre las posibilidades de protección de las invenciones, así como del funcionamiento y actividades de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Teniendo en consideración que el concepto de desarrollo sostenible contempla, en plano de igualdad, tres pilares básicos, como son el medioambiental, el social y el económico, es preciso devolver la importancia que le corresponde al aspecto económico, claramente menospreciado en las políticas de desarrollo sostenible.

CAMBIO CLIMÁTICO

Las acciones referidas al cambio climático que se tomen a nivel de la Unión Europea no deberían tener un carácter unilateral, ya que pueden tener efectos perjudiciales sobre la competitividad de las industrias nacionales.


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Teniendo siempre en consideración las tecnologías actualmente

disponibles, sería conveniente examinar la viabilidad de las exigencias derivadas de la Directiva de comercio de derechos de emisión sobre los sectores industriales implicados.

Los objetivos que se impongan a los sectores industriales

deben ser coherentes con su cuota de responsabilidad, salvaguardando, además, su competitividad.

Es necesario potenciar, por parte de las distintas

administraciones, el papel que pueden desarrollar las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la preservación del clima. Dado el potencial que representan las TIC como herramienta de gestión avanzada para un uso más eficaz de los recursos, sería conveniente que se fomentara el papel de las mismas en aras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores productivos a través de, por ejemplo, la optimización de los desplazamientos o la mejora en la gestión de los procesos.

Los futuros acuerdos a nivel internacional deben establecer un

proceso de consulta y un análisis paralelo con la industria que valore las propuestas desde un punto de vista más realista.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las actividades industriales deben colaborar en la protección del medio ambiente en la medida que determine su cuota de responsabilidad y que permitan sus posibilidades técnicas y económicas.

Sería necesario disponer de un periodo prudencial de análisis

y estudio de las condiciones económicas, sociales, medioambientales y tecnológicas de partida antes de tomar decisiones legislativas, que reflejen la viabilidad de los objetivos y las consecuencias sobre los agentes implicados de su aplicación.

Las administraciones deberían incentivar el papel de las TIC

como herramienta para optimizar el uso de los recursos, lo que redundaría en un beneficio global al medio ambiente puesto que el potenciar su uso en los sectores productivos, en el transporte o en los servicios supondría una mejora en los procesos, en los recorridos, en la gestión de flotas, etc.

LABORAL Y FORMACIÓN

Revisar nuestras relaciones laborales apostando por la flexibilidad, con el fin de dotar a las empresas de una mayor capacidad de adaptación a las nuevas realidades por la vía de flexibilizar aspectos


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como los horarios, las jornadas o las retribuciones y externalizar servicios.

Adecuar la contratación y el despido, reduciendo la

segmentación del mercado laboral, para lo cual es preciso, entre otras cuestiones, adaptar las modalidades contractuales a los ciclos productivos, potenciar el contrato a tiempo parcial, clarificar y delimitar el alcance del control judicial en los despidos objetivos, suprimir la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo y adoptar medidas de atención y prevención de procesos de reestructuración y deslocalización.

Anticiparse a las posibles carencias futuras de recursos

humanos disponibles, para ello se propone mejorar los ajustes entre oferta y demanda de mano de obra, reducir el desempleo (superar obstáculos a la movilidad, mejorar los mecanismos de intermediación, favorecer la cobertura de puestos poco cualificados), aumentar el empleo femenino y adecuar los flujos migratorios.

Reducir los costes laborales no salariales (cotizaciones sociales,

costes de IT y despido) con el fin de ajustar nuestra competitividad a la de otros países con los que competimos.

Reducir los niveles de absentismo laboral dadas sus consecuencias

económicas, organizativas, sociales y productivas.

Avanzar en una cultura preventiva en donde empresarios y trabajadores se corresponsabilicen en pro de la seguridad y salud en el trabajo.

Pactar en los convenios colectivos un régimen de infracciones y

sanciones por los incumplimientos de los trabajadores en materia preventiva.

Articular un plan “renove” para la renovación de las tecnologías e

instalaciones industriales.

Mejorar los dispositivos de orientación profesional de manera que se favorezca la elección de especialidades formativas técnicas y científicas.

Acercar la Universidad al desarrollo tecnológico y la

innovación en cooperación con la industria de nuestro país.

Promover y facilitar una estrategia de aprendizaje permanente a lo largo de la vida a través, entre otros, de itinerarios flexibles de formación, de potenciar la formación en el puesto de trabajo y el desarrollo de Centros de Referencia Sectorial para la formación.

Resolver las dificultades con las que se encuentran las

empresas a la hora de cumplir sus obligaciones preventivas.


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Promover la cultura emprendedora acompañada de la formación

de empresarios y gestores en nuevos modelos de gestión y organización que contribuyan al desarrollo de su actividad.

Aprovechar el desarrollo del nuevo modelo de formación

profesional para el empleo, de manera que las empresas puedan mejorar los recursos que invierten en formación y hacerlo de manera más flexible.

Realizar un seguimiento de los mecanismos aprobados con

objeto de facilitar la formación en origen de la población inmigrante con el fin de garantizar su eficacia.

INFRAESTRUCTURAS

Para la correcta expansión y desarrollo de nuestra industria es fundamental la promoción de suelo industrial. Para ello, es necesario el compromiso de los entes locales de facilitar suelo e infraestructuras para la actividad industrial en polígonos especialmente diseñados para tal fin.

Es preciso que los entes autonómicos y locales faciliten el despliegue

de las redes e infraestructuras de comunicación de tercera generación

Mejora de los accesos a Francia, tanto por ferrocarril como por

carretera, que ayuden a reducir los tiempos de transporte y, por lo tanto, su coste.

Mejora de las conexiones ferroviarias de España con el resto

de Europa dedicadas en exclusiva al transporte de mercancías.

Acelerar el proceso de competencia en el ferrocarril.

Dotar de mejores infraestructuras a los puertos identificados como prioritarios.

Liberalización de los servicios portuarios con objeto de introducir

una mayor competitividad en los puertos españoles y obtener tarifas portuarias más competitivas.

Promover la flexibilización de los servicios y la reducción de las

tarifas de los servicios portuarios.

Impulsar la utilización de los servicios de transporte marítimo a corta distancia como alternativa al transporte internacional por carretera.


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Habilitar zonas de aparcamiento orientadas al transporte por carretera situadas en el entorno de las grandes ciudades y que dispongan de una serie de servicios logísticos asociados.

Definición de corredores estratégicos para transporte de

mercancías por carretera, estableciendo horarios de baja saturación de la red que permitan aprovechar la red viaria de alta velocidad (autopistas, autovías y radiales) para el transporte de mercancías.

FISCALIDAD

Sería conveniente una flexibilidad mucho mayor del vigente régimen fiscal de amortizaciones que permitiera a las empresas adaptar su política de amortizaciones a la evolución del ciclo económico (amortizaciones más intensas en los periodos de bonanza económica y menores en caso contrario). Con ello, se lograría que las empresas dispusieran de un mayor volumen de recursos para invertir en la renovación y ampliación de su aparato productivo.

Se hace absolutamente precisa una actualización de las tablas

de amortización, en vigor desde 1993, más inspiradas, salvo contadas excepciones, en criterios de vida útil que de obsolescencia tecnológica. La reforma de las tablas debe acometerse en un doble sentido: por un lado, aumento significativo de los coeficientes máximos de amortización anual y, por otro, aumento de los períodos máximos de amortización.

De este modo, la mayor flexibilidad (ya que no libertad) que el nuevo régimen permitirá, constituirá, sin duda, un eficaz factor de estímulo a la inversión y a la modernización y ampliación de las estructuras empresariales, como elementos básicos de su competitividad.

INTERNACIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERIOR

Con respecto a la promoción comercial, y de acuerdo con la estructura empresarial española, reforzar los planes sectoriales del ICEX, que son la columna vertebral de la actividad promocional, así como su correspondiente presupuesto, ya que continúan siendo el núcleo más importante de apoyo a la internacionalización de las Pymes. No obstante, habría que optar también por introducir la necesaria flexibilización para su gestión.

Aprovechar el efecto arrastre que las empresas líderes y de mayor

tamaño pueden tener con su presencia en algunos mercados determinados para propiciar la llegada de las empresas más pequeñas, diferenciando siempre las posibilidades existentes en el plano exportador del apoyo a la inversión en el país. De esta manera se podría ayudar a las Pymes más competitivas a globalizar sus actividades.


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Optimizar determinados factores de competitividad, como es el caso del diseño, marca, imagen e innovación, distribución comercial y plataformas logísticas, entre otros. La promoción comercial debe aportar cada vez más un valor añadido en los segmentos de mercado medio-alto donde los productos y servicios españoles tienen mayor competencia europea e internacional. Por ello, se debe de facilitar la continuidad de las acciones de marketing y publicidad, acciones que necesitan de un desarrollo a medio plazo y por tanto, de planes plurianuales.

Destacar la “Imagen España” en el exterior, no sólo desde el punto

de vista de la calidad tecnológica, sino también transmitir una imagen global incluyendo la colaboración con otras áreas de actividad como la cultura, el deporte, el idioma. Es de suma importancia saber aprovechar el vehículo del “español de negocios” para conseguir presencia en terceros mercados.

Potenciar la información sobre mercados internacionales,

apoyando la creación o adquisición de bases de datos de compradores y agentes comerciales, en aquellas zonas geográficas o mercados prioritarios. También, mejorar las acciones de información sobre sectores prioritarios y socios potenciales en mercados objetivos, apoyando la internacionalización de pequeñas y medianas empresas locales e identificando proyectos concretos por parte de técnicos españoles que ofrezcan oportunidades realistas y atractivas para nuestras Pymes.

En la cooperación empresarial, habría que considerar la creación de

una figura que incluya la asistencia técnica y las ayudas para todo el proceso de cooperación empresarial en el exterior, principalmente en las primeras fases y fases intermedias, de mayor complejidad para la pequeña y mediana empresa.

En respuesta al importante esfuerzo que realizan nuestras Pymes en unos

mercados internacionales cada vez más exigentes y competitivos, poner en marcha nuevo “Programa de Antenas”, que contribuya a reforzar el creciente papel de las empresas españolas en estos mercados. Estas Antenas, ubicadas en las sedes de organizaciones empresariales locales, potenciarían servicios de alto valor añadido empresarial en línea con el esfuerzo que realiza la Administración española para aumentar la presencia de nuestras empresas en el exterior y presentar una imagen sólida de España como socio tecnológico e industrial.

Seguir profundizando en el marco del Memorando de

Entendimiento firmado entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la CEOE el 21 de diciembre de 2004, por el que la Administración comercial española ha elaborado una estrategia dirigida a liberar recursos crecientes para apoyar la internacionalización de la empresa española en mercados de alto potencial y así, se ha puesto en marcha un Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM) con el objetivo de facilitar la presencia de nuestras empresas en los países seleccionados, tanto desde una perspectiva del comercio como de la inversión.


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Además de mantener y promocionar las inversiones extranjeras

en España como medio de adquirir tecnología e innovación necesaria para la competitividad internacional de nuestras empresas, la promoción de la inversión española en el exterior debe ser un objetivo prioritario de la Administración española. En este sentido, resaltar el apoyo y la colaboración de la CEOE con la Sociedad Estatal para la Atracción de Inversiones (INTERES), constituida a finales de 2005 en el entorno de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y del Instituto Español de Comercio Exterior. Es de sumo interés la coordinación con las Comunidades Autónomas del esfuerzo inversor de pequeñas y medianas empresas industriales en determinadas áreas geográficas. Junto a ello, la especialización de determinadas Oficinas Comerciales de España en este esfuerzo inversor, es muy recomendable, junto a una política cada día más atractiva en el campo legal, fiscal y de seguridad social.

En el ámbito multilateral, hay que avanzar rápida y extensamente

en el marco de las negociaciones de la OMC, pero si no se consiguen los resultados necesarios, es preciso apoyar acuerdos de libre comercio de carácter regional o bilateral (FTA) con el fin de no estar en desventaja con lo que hacen otros competidores nuestros, como es el caso por ejemplo de los Estados Unidos con el Pacto Andino o con los países centroamericanos.

La existencia todavía de barreras no arancelarias que dificultan nuestro

comercio exterior con algunos países, tanto de la UE como no pertenecientes a ésta, se sigue confirmando en el Proyecto “Línea Abierta para la identificación de problemas en el Mercado Único Europeo”, que se realiza por la CEOE en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Actualmente, este Proyecto, que cubre los 25 países miembros de la UE, se está ampliando también a otros países. Sería de interés poder cubrir otras áreas geográficas como, por ejemplo, los países firmantes del Tratado de Libre Comercio Norteamericano.

LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA EN LA ... -...

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