La MAScarada Del Poder

Alejandro Almaraz Roberto FernándezOscar Olivera Pablo MamaniOmar Fernández Gustavo SotoPablo Regalsky Jorge Komadina

La MAScaradadel Poder

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La MAScarada del Poder

Manifiesto Junio 22

Alejandro Almaraz

Omar Fernández

Roberto Fernández

Jorge Komadina

Pablo Mamani

Oscar Olivera

Pablo Regalsky

Gustavo Soto

Textos RebeldesCochabamba enero de 2012

Índice

PresentaciónGustavo Guzmán 5

IntroducciónPablo Regalsky 8

Primera ParteLa MAScarada del Poder

La reveladora furia de García y el proceso de cambioAlejandro Almaraz 14

Palabras contra el olvido, el desprecio y la soberbia de los patrones, partidos y caudillosOscar Olivera Foronda 75

Los regantes y la agenda del agua y la tierraOmar Fernández 94

Cambio de constitución, ¿cambio de civilización?Pablo Regalsky 124

El reacomodo del poder petrolero transnacional en BoliviaRoberto Fernández Terán 143

El camino hacia el endeudamiento de la economía bolivianaRoberto Fernández Terán 163

Evismo, el mejor operador de la globalización capitalista del siglo 21Gustavo Soto, Jorge Komadina, Pablo Regalsky 180

El poder de ellos y el poder de NosotrosUn nuevo escenario sociopolíticoPablo Mamani Ramirez 201

Segunda PartePor la recuperación del proceso de cambio

para el pueblo y con el pueblo

Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el puebloManifiesto Junio 22 228

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García, simplemente García

Hemos tardado demasiado en responder al libro de García. Pero ha valido la pena. Han pasado poco más de seis meses desde que un grupo de compañeras y compañeros firmáramos un Manifiesto (junio 2011)1 , y otro tanto desde que García ordenara a los funcionarios de la Vicepresidencia la publicación de sus confesiones (julio 2011)2.

El tiempo transcurrido y los hechos sucedidos en este periodo, entre ese junio y este diciembre de un año ya viejo —la victoriosa VIII Marcha Indígena, el hecho más relevante de este tiempo, sin duda—, se han ocupado ya de ofrecerle una respuesta al bilioso García. Nada está demás, sin embargo, cuando se trata de desnudar al rey desnudo.

Así que aquí está nuestra respuesta, también en forma de un libro que, en este caso, contiene artículos escritos por compañeros con los que los y las firmantes del Manifiesto de Junio 17 nos identificamos plenamente.

El libro de García está hecho de dos cosas: una larga cadena de insultos, calumnias y descalificaciones personales dirigidas a quienes firmamos el Manifiesto, y una delirante defensa, pretendidamente conceptual, de la gestión de Gobierno, de la conducción del “proceso de cambio”, y de esta conmovedora “revolución” que sufrimos.

De eso, de la pretendida defensa argumental de García, de su vergonzosa e indignante ignorancia en un tema crucial para el país, la nacionalización de los hidrocarburos, por ejemplo, se ocupan largamente los compañeros en los artículos mencionados.

1 “Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo”, junio 17, 2011 “

2 El ‘oenegimso’, enfermedad infantil del derechismo”, julio 2011

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Lo que aquí deseamos es exponer, de manera brevísima, apenas tres paginillas del libro de García, tres paginillas que creemos retratan perfectamente lo que es el libro: la revelación y develación de García, a cargo de García.

Lo creemos así, porque en el libro de García, como quizá en ninguna de sus otras desventuras editoriales, revestidas de barniz “académico”, emerge el personaje político tal cual es, en su verdadera dimensión ideológica y condición humana. El poder, diríamos, se ha ocupado también de develar a su marioneta.

Dice García, en tres de sus trepidantes páginas (122, 123 y 124), que es tal la “absurda ceguera” de quienes firmamos el Manifiesto, que no hemos podido ver cómo es que en Bolivia ha ocurrido “la revolución política más importante del país y del continente en los últimos siglos”.

Tan ciegos estamos, claro, que no hemos podido ver ese “diminuto grano” que ha detenido esa “máquina universal infernal” [entiéndase por este artefacto demoniaco la Historia] y mucho menos fuimos capaces de percibir esa “pestañada” por cuya culpa “el curso de la historia y el universo” han podido desviarse en “180 grados”.

Tan ciegos estamos, y tan avispado es García, que la vida misma ha pasado sigilosa por nuestro lado, sin que caigamos en cuenta. La vida, claro, para el enervado pastor que quiere enderezarnos, no es otra cosa que un amasijo de “abusivos y explotadores” que han construido este maléfico paisaje en el que vivimos.

Pero, ¿qué es lo que le hace decir a García tantas sabrosuras?, y ¿quiénes son los protagonistas de esa “revolución” que ha redimido a la Historia? El hecho que conmueve a García es que “un campesino se vuelve Presidente”, que “un indígena se convierte en Ministro, Director o Senador”, y así siguiendo. Los protagonistas de esa “revolución”, claro, son “los humildes,

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los creadores de riqueza y de cultura, el pueblo llano, en este caso los indígenas”.

Hay que corregir a García: los indígenas de tierras altas, le faltaba decir, porque de los otros se ocupa la Policía3.

Ese es García, simplemente García, obsecuente servidor de Morales y conductor de este “proceso de cambio” convertido en una mascarada, es decir, en una farsa, como dice el diccionario.

Finalmente, no puede uno resistir la fuerza de una imagen con la que seguramente García aparecerá muy pronto en algún recodo de la Historia. Y esa imagen no es otra que la de un triste espantapájaros.

Gustavo Guzmán, diciembre 2011

3 Domingo 25 de septiembre de 2011, cerca del puente San Lorenzo, a seis kilómetros de Yucumo, en la carretera que une Trinidad y La Paz: VIII Marcha Indígena.

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Introducción

El Manifiesto 22 de Junio tuvo la capacidad en su momento de abrir el espacio de discusión sobre el denominado “Proceso de Cambio” desde el campo de las organizaciones sociales y de quienes hemos militado en ellas y las hemos apoyado desde hace ya décadas desde todos los escenarios, no solamente durante la nefasta época de la pseudo democracia neoliberal sino luchando bajo las dictaduras militares y los estados de sitio.

Ese debate es absolutamente necesario porque desde el gobierno del MAS se intenta con una cada vez mayor decisión antidemocrática ahogar cualquier voz disidente desde los mismos movimientos sociales que le dieron su apoyo, mientras al mismo tiempo se da plena libertad a la derecha para que se siga expresando a través de los medios de comunicación de que dispone porque son los dueños del dinero. Es urgente abrir el debate porque ya es evidente que el denominado “proceso de cambio” solo ha servido para cambiarle la cara al viejo Estado neocolonial utilizando al Presidente indígena, y enmascarando de esa manera la actual continuidad de las políticas neoliberales de sometimiento a las empresas transnacionales.

De ello tratamos en el presente volumen. Aquí seis de los varios compañeros y las compañeras que hemos firmado el Manifiesto 22 de Junio ahondamos en la forma como hoy se ha consolidado el esquema de sometimiento neocolonial en que está Bolivia, desde diferentes ángulos.

Uno de los ángulos que nos merece especial atención es la subordinación del Estado boliviano respecto a las empresas petroleras transnacionales que siguen teniendo el control de la producción de los hidrocarburos y que a la vez son subsidiadas por el Estado. El intento de subir el precio de los carburantes a fines de 2010 no tuvo otro fin que favorecer a

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esas multinacionales. Aquí también damos respuesta en detalle a los fallidos argumentos utilizados por el Vicepresidente García L. en su opúsculo “oenegismo enfermedad infantil del derechismo” pretendiendo descalificar desde su sinuosa y precaria posición política a quienes presentamos el Manifiesto 22 de Junio.

Hacemos un análisis sobre las políticas de agua y los retrocesos que se están viviendo en ese aspecto con respecto al triunfo logrado por los movimientos sociales del campo y de la ciudad en la Guerra del Agua del 2000. Denunciamos la cada vez más destructiva política de depredación actual de los recursos naturales en sometimiento a los intereses transnacionales, especialmente aquellos intereses geopolíticos del Brasil, política que está cínicamente oculta tras la máscara de un pretendido y completamente falso discurso de respeto a la Pachamama, y que en la práctica –en el Tipnis, en Corocoro, en San Cristóbal, en Madidi, en el río Madeira, se ha demostrado como una política anti-indígena.

Finalmente explicamos que este gobierno da continuidad y profundiza la destructiva depredación civilizatoria capitalista, en lugar de tomar el camino que han señalado las naciones indígenas en la actual Constitución Política. Constitución que el gobierno del MAS es el primero en violar, en función de su nefasto Pacto con la derecha aprobado en octubre de 2008 y firmado en Cochabamba por el MAS para anular el contenido transformador de la nueva Constitución. Por todo ello señalamos que es completamente falso que este sea el gobierno de los movimientos sociales. Por el contrario, es un gobierno que se ocupa de administrar al estado neocolonial y que, con el apoyo de un pequeño sector de burócratas sindicales acomodados en puestos gubernamentales, está dividiendo y destruyendo la organización de los pueblos indígenas y de los trabajadores en general en función de la seguridad de “la

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propiedad privada”. Es por estas razones que da “democracia” a los capitalistas y terratenientes en sus medios de comunicación y reprime a los trabajadores y a los indígenas cuando nos queremos expresar.

Ima laya kawsay? Los más pobres son cada vez más pobres

El vicepresidente pretende en su folleto sobre “oenegismo” que, en este período, el pueblo, los sectores más pobres, han mejorado significativamente su nivel de vida. Qué pena: ¡Las mismas cifras que él nos proporciona demuestran todo lo contrario!

Veamos: García L. indica –citando el discurso de su jefe- que el ingreso promedio de los bolivianos ha aumentado desde 2005 al 2010, de 950 dólares hasta llegar a 1833 dólares por persona1. También señala que la población en situación de pobreza se ha reducido del 60.6% al 49.6% y que la población en condición de extrema pobreza se redujo del 38% al 25%. Queremos analizar ahora dónde está entonces esa plata, ese “ingreso por persona”. Porque esa riqueza no aparece en el salario que recibimos.

Pese al gran aumento del Producto Interno Bruto, es decir la riqueza nacional -de 8 mil millones de dólares pasó a casi 20 mil millones de dólares2, es decir aumentó 2,5 veces- en cambio el salario mínimo aumentó de Bs 440 en 2005 a solo Bs 679 en 2010, es decir aumentó solo 0,5 veces. Dónde se fue esa riqueza nacional producida en estos años? El asunto es muy serio:

1 García L (2011) “El oenegismo…” página 19. El “ingreso medio por persona” se obtiene dividiendo el PBI total del país por el número total de habitantes.

2 Según Datos nº70, IBCE 2011.

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Si sumamos las dos columnas (la 1 y la 3) correspondientes al 2005, tenemos que la población que está por debajo del nivel de pobreza, incluyendo aquella en extrema pobreza (3.592.000 personas) es una población que suma 5.708.000 personas pobres (el 60,6% de la población total del país), y cuyo ingreso equivale (en 2005) al 30,8% del producto bruto nacional producido ese año (Para ello se suman 16,5% + 14,3%). El resto, es decir, el 69,2% de la riqueza producida va para el resto de la población más acomodada, que es el 39,4% de los bolivianos.

En cambio en 2010 hay –según el propio gobierno- 5.166.000 personas que son pobres (el 49.6% del total), pero esas personas sólo llegan a recibir el 14,3% del ingreso bruto nacional!!! Habiendo solo un 9% menos de pobres3, sin embargo esa población más explotada, que son más de 5 millones de personas, ahora tienen una tajada, una participación en la riqueza nacional que ha disminuido en el 53% con respecto a lo que recibían en el 2005. Los pobres son cada vez más pobres, los ricos cada vez agarran más de lo que produce el país!!!

Estas cifras demuestran que, contrariamente a lo que afirma García L. de que ahora habría menor diferencia entre ricos y pobres, hoy esa distancia se ahondó enormemente. Mayor aún es la diferencia si se toma en cuenta que la mayor inflación se dio en los alimentos más básicos: un dólar de 2005 compraba 70 panes, hoy un dólar solo compra 14 panes, una disminución en el poder adquisitivo de los pobres de más del 80% !!! Cuántos panes por día se compran con el Bono Dignidad? 8 panes!!!

Ese es el real resultado de la actual mascarada: El pueblo, los más pobres son cada vez más pobres, mientras aquellos que se han beneficiado de las políticas neocoloniales del MAS son cada vez más ricos. Sumaq Kawsay qhapaqkunallapaqchu?

3 Seguramente si el indicador hubiera sido en Bolivianos con mantenimiento de valor según la inflación, el número de personas pobres, en lugar de bajar hubiera subido significativamente, pero nos atenemos a los datos proporcionados por el vicepresidente que hace como si no hubiera habido inflación en los últimos 5 años.

Primera Parte

Manifiesto Junio 22


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La reveladora furia de García y el proceso de cambio Alejandro Almaraz

El pasado 22 de junio, un grupo de personas hicimos conocer a la ciudadanía el “Manifiesto por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo”. Ese Manifiesto fue respondido por el vicepresidente Álvaro García Linera con un furioso libro de 168 páginas distribuido junto al periódico “Cambio” y titulado “El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo”.

En su respuesta, el Vicepresidente García pierde aplomo, seriedad y altura, y se prodiga en profusos insultos, descalificaciones personales alevosamente calumniosas, penosas incoherencias y viejas y nuevas mentiras. También pierde García, si alguna vez la tuvo, la habilidad polémica; dadas las pretensiones de ingenioso y ocurrente despliegue de erudición de su libro, podría esperarse un título un poco más imaginativo que ese parafraseo de Lenin tan trillado ya en las más pobres versiones de la izquierda setentista.

El desarrollo y desenlace final de la marcha indígena en defensa del TIPNIS, que ha convocado nuestra comprometida participación, nos obligó a postergar durante largos meses la publicación del presente documento. Esos mismos hechos bien podrían eximirnos de replicar al libro de García, pues han demostrado con dramática contundencia la profunda defección ética y política del Gobierno y su pleno alineamiento bajo los intereses del capital transnacional, argumento que sostenemos en el Manifiesto y que el Vicepresidente niega. Sin embargo, García concurre con su respuesta al debate político, que es nuestro más inmediato propósito, y tras sus falsedades e incoherencias, y en ellas mismas, revela nítidamente la actitud y la voluntad profundas de su Gobierno. Por eso creímos necesario responderle.

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La reveladora furia de García y el proceso de cambio

Un Vicepresidente oenegista en un Gobierno oenegista

El principal propósito de García es la descalificación personal de los firmantes del Manifiesto con el fácil y prejuicioso epíteto de “oenegistas”. Sabiendo perfectamente que gran parte de las autoridades de su Gobierno —incluyendo al núcleo del actual gabinete— provinieron de ONG, y con el simplismo propio de todo hombre crispado, García clasifica a las ONG como “buenas” y “malas”1 . Las buenas serían aquellas que “apoyan a las organizaciones sociales”, y las malas aquellas que “buscan suplantar el pensamiento y acción organizativa de los sectores populares indígenas y campesinos”. Se interpretaría, entonces, que las ONG a las que algunos firmantes del Manifiesto estamos vinculados son de las malas, y las otras, las que vincularon o vinculan a los miembros del Gobierno, son de las buenas. Resulta, sin embargo, que varias de estas instituciones, que García no quiere nombrar, reunieron no solo a algunos firmantes del Manifiesto, sino a varios ministros y altas autoridades de Gobierno actuales, y a él mismo.

García fue durante varios años no solo miembro de la asamblea de asociados del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), sino su máxima autoridad institucional como Presidente de su Directorio. Desde esta función, ejercida hasta el mismo momento de asumir la candidatura vicepresidencial en el 2005, García aprobó el marco estratégico institucional del CEJIS, todos sus proyectos, convenios de financiamiento, planes anuales operativos, presupuestos, informes de gestión, balances financieros y, en general, todas las decisiones importantes de la institución, lo que implica, claro está, que García avaló con su firma el rol que la institución ha venido cumpliendo hasta el presente.

1 García Linera, Álvaro (2011) El “oenegismo”, enfermedad infantil del de-rechismo. La Paz: Vicepresidencia del Estado. p.10.

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Por eso, salvo que García exceptúe específica y expresamente al CEJIS de sus descalificaciones, él es autor directo y principal de su carácter “ventrílocuo” que la hace “usar o comprar” a trabajadores e indígenas para sus “intereses particulares”, de que creara durante años “una relación prebendal y de neocolonización mental hacia diversas organizaciones sociales” y de las otras muchas execrables conductas que se explaya en denunciar (op. cit.: 10-11). Lo cierto es que, para García, el CEJIS que era una ONG buena cuando organizaba la presentación de sus libros, cuando le brindaba información especializada sobre la problemática agraria, o cuando le permitía nutrir al Gobierno de sus profesionales, se convirtió súbitamente en un temible monstruo al servicio del mal y del imperio en el momento en que decidió apoyar las demandas y movilizaciones de los sectores populares frente al Gobierno de Evo Morales. No obstante, el CEJIS y otras instituciones de similar función e identidad, hacen hoy lo que siempre hicieron: defender los derechos de los pueblos indígenas y otros sectores sociales populares y dar apoyo técnico a sus demandas y propuestas reivindicativas.

Pero además, si hay un grupo que podría caracterizarse de “oenegero”, por su larguísima, profunda y destacada pertenencia a las más importantes ONG del país, varias de las cuales hoy irritan a García, ese grupo es el que compone la parte más importante del actual Gabinete y de la conducción gubernamental. Pero nosotros, a diferencia de García, no manipulamos este hecho para descalificar a estas personas con epítetos fáciles y huecos, o acusándolas de “haber vivido de las ONG”. Preferimos debatir con ellas con honestidad y altura. Para terminar estos comentarios sobre el ridículo fantasma de las ONG que García ha desempolvado del arsenal retórico de los gobiernos neoliberales, que por lo visto guarda bien a mano, le hacemos una pregunta: ¿Las ONG ISBOL y

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FUNDABOL son de las buenas o de las malas? Suponemos que de las buenas, porque una de ellas hasta tenía oficina en el propio local de un Ministerio de reciente creación, muy vinculado a asuntos de especial interés oenegista.

“Valentía” y veracidad en García

Siempre en el deshonesto propósito de la descalificación personal, García miente cuando dice que varios de los firmantes del Manifiesto “tuvieron cargos de decisión” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que “ahora que no están en YPFB, es fácil exigir y reclamar” (op. cit.: 64). Esa afirmación es totalmente falsa, ninguno de los firmantes del documento fue jamás funcionario ni autoridad de YPFB. Igualmente, García nos acusa, a quienes fuimos parte del Gobierno, de que “ya fuera del gobierno, critican lo que antes hicieron, lo que antes les parecía bien cuando estaban adentro”(op. cit. : 9). Jamás ninguno de nosotros tuvo ni la más mínima participación en las decisiones que desvirtuaron la nacionalización de los hidrocarburos y frustraron la refundación efectiva de YPFB; ninguno de nosotros apoyó la inversión de las Reservas Internacionales en los bolsillos de la banca transnacional y el Tesoro de los Estados Unidos, ni fue partidario del dedazo presidencial para designar autoridades judiciales, ni respondió con la brutalidad policial y la calumnia alevosa a las movilizaciones populares; ninguno de nosotros respaldó la violación descarada de los derechos constitucionales indígenas, ni fue partícipe de todas las demás deplorables defecciones gubernamentales que señalamos en nuestro Manifiesto. En lo que García tiene razón es en que criticamos “lo que no quisimos hacer cuando tuvimos la posibilidad” (ibídem). Es cierto, no quisimos ni permitimos el loteamiento sindical y partidario de los cargos públicos y

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de las tierras fiscales a título de “sublevación de la plebe”; no fuimos parte de la prebendalización de la función pública, ni practicamos la obsecuencia servil a las jefaturas, ni el falaz y doble discurso.

En la misma línea, García no especifica quiénes son aquellos que “querían usufructuar patronalmente de los resultados de una insurrección victoriosa, sin haber movido un dedo para que esa insurrección acontezca”, o “los insurrectos de café que no hicieron nada ante la primera escaramuza del golpe de Estado de los comités cívicos y prefecturas derechistas en agosto-septiembre del 2008”, o los “consultores que preparaban afanosamente las maletas de fuga ante el avance territorial del golpe de Estado cívico-prefectural” (op. cit. : 142-143). Por nuestra parte, le recordamos a García que entre los firmantes del Manifiesto están quienes condujeron la movilización popular cochabambina durante la Guerra del Agua, quienes marcharon sobre Santa Cruz en septiembre de 2008 en primera línea, los que estuvieron personalmente en los puntos de bloqueo más próximos a esa ciudad en ese mismo momento, los que sufrieron brutales agresiones físicas por dar la cara y defender la Constituyente en Sucre, y los que afrontaron la agresión armada de los terratenientes en el Chaco.

Nosotros fuimos físicamente parte de esa movilización popular que ahora García nos cuenta con tono melodramático y que solo conoce por haberla visto en televisión y por lo que le contaron sus agentes de seguridad. Pero habrá que entenderlo, porque en aquellos momentos, García, “estratégicamente” apostado en el Palacio de Gobierno, siempre rodeado de sus nutridos equipos de seguridad armados hasta los dientes, era el valiente “comandante” de heroicas batallas telefónicas y de temerarios asaltos mediáticos que nos condujeron a la gloriosa victoria de la revolución continental, en todas sus etapas y categorías.

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En todo caso, García fue siempre muy cumplidor al notificarnos, invariablemente por los teléfonos que le atendían sus varios custodios militares y policiales, que, lamentablemente, los que sufríamos las agresiones físicas de los “golpistas” no podíamos contar con la fuerza pública. Finalmente, si hay algo que nos exime de más palabras sobre la “valentía” e integridad moral de García, es la brutal represión policial lanzada por su Gobierno a la marcha indígena en defensa del TIPNIS, y la posterior negación que él y Morales hicieron de toda responsabilidad al respecto.

Alegato antirracista y “teoría de la inmunidad étnico-sindical”

Otro argumento central de García, tediosamente repetido a lo largo de sus 168 páginas, es el mismo que usan, cada vez con mayor frecuencia, los voceros del oficialismo para responder a cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión en los órganos públicos: calificar de racista al interlocutor por atacar al “Gobierno de los movimientos sociales”, “a cargo de campesinos, indígenas y trabajadores”. Con el mismo criterio, García encuentra en nuestro Manifiesto “cierta dosis de señorialismo”, “cierto tufillo racista” y hasta “racismo desbocado”.

García es pues autor de lo que podría reconocerse como la teoría de la inmunidad étnico-sindical en la función pública y, con ello, más allá de la defensa coyuntural de su Gobierno, expresa lo más claro y substancial de su pensamiento político. Su razonamiento es tan simplista como perverso: para él, la revolución radica en que “un campesino se vuelve Presidente, un indígena se convierte en Ministro, Director o Senador, un obrero se vuelve Viceministro, Concejal o Alcalde”. “Esa es la revolución que hay, la que es posible objetivamente”, nos dice, pero no es poca cosa, porque así, “el orden hasta acá acatado

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de las cosas se vuelca, se pone de cabeza, y se reorganiza el mundo” (op. cit.: 124-125); y más aún: esta es nada menos que “la revolución política más importante del país y del continente en los últimos siglos”(op, cit.: 122).

Para García, lo que hagan los dirigentes sociales en el poder, u otros a su nombre, resulta claramente secundario. Muestra de ello es que la desastrosa gestión pública a cargo del oficialismo, cuya inercia, incapacidad y corrupción han contribuido en gran medida a la paralización y crisis del proceso y al severo debilitamiento del propio Gobierno, es para García “el dificultoso aprendizaje y los reiterados esfuerzos, retrocesos y nuevos avances de gestión, propios de un gobierno compuesto por personas de distinto origen social popular, que no fueron educadas como profesionales del poder, y que tienen que ir aprendiendo sobre la marcha”(op, cit .:9).

Esta tesis de García es errónea en su misma substancia conceptual. Pero además, carece de toda autenticidad, pues ni el Gobierno ni el propio García la asumen verdaderamente, y la usan, más bien, como demagógica cobertura discursiva para la reproducción de las tradicionales prácticas de envilecimiento y prebendalización de la función pública. García tiene el infame propósito de hacerle creer al pueblo boliviano que la gestión de su Gobierno es mala porque está a cargo de indígenas y personas de condición humilde, y que en esto consiste la “grandiosa” revolución que vivimos. Esta es una pretensión especialmente despreciable porque miente descalificando y subestimando la capacidad e inteligencia de la gran mayoría de los bolivianos de origen o condición indígena, y fomentando los sentimientos de inferioridad históricamente implantados en ellos por la dominación colonial, para darle inmunidad e impunidad a su Gobierno.

En la Bolivia de hoy, merced a las transformaciones sociales producidas hace más de medio siglo y al enorme esfuerzo que

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hace la gente por educar a sus hijos, existen muchos indígenas y personas de condición social humilde con altos niveles de profesionalización e importantes conocimientos y capacidades que bien podrían hacer una gestión pública, cuando menos, muy superior a la del oficialismo. Pero muy pocas de estas personas aportan sus capacidades al Estado boliviano, la gran mayoría lo hace en beneficio del sector privado, de otros países o, en muchos casos, estas potencialidades verdaderamente estratégicas se desperdician y frustran producto del desempleo y la falta de oportunidades. Estos valiosos recursos humanos no están fortaleciendo la gestión del “Gobierno de los movimientos sociales” simple y sencillamente porque en este Gobierno no se elige al indígena, campesino u hombre o mujer del pueblo para ocupar un cargo público de acuerdo con su capacidad para cumplir con el mismo, sino que se lo hace, predominantemente, en función a la distribución corporativa y prebendal de la administración pública entre grupos de interés anclados en las cúpulas sindicales y políticas. Entonces, el funcionario público, que bien podría ser indígena, no es el más idóneo ni ética ni técnicamente para el cargo, sino el que ha decidido o “avalado” algún jerarca político o sindical a título de “redención de la historia”, como pago de su obsecuencia con el Gobierno y frecuentemente a cambio de “diezmos” que el aportante obligado tendrá que rembolsarse cobrando coimas.

Este sistema burocrático abyecto, que envilece la función pública usando el nombre y el rostro de los indígenas y los humildes, es el aplastante lastre que mantiene la administración del Estado sepultada en la inoperancia, la insensibilidad y la corrupción. Y no tiene nada de nuevo ni de revolucionario. Su origen histórico y su lógica de implacable desprecio por la gente son típicamente coloniales, pero fueron el MNR decadente y su saga militar quienes más profunda y ampliamente lo implantaron en todas las estructuras estatales, en el sistema

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político y en la propia mentalidad del sindicalismo servil. Ya ellos, los caciques del MNR y después el general Barrientos, hace medio siglo, presumían de “revolucionarios” mostrando entre sus correligionarios a ministros, parlamentarios y alcaldes campesinos, indígenas y obreros; Barrientos lo hacía también recorriendo todo el país en su helicóptero, regalando pelotas de fútbol y pronunciando encendidos discursos revolucionarios en un fluido quechua. Por cierto, esto último no le vendría mal al presidente Morales, dado el particular estilo de Gobierno que ha adoptado. A García no se lo recomendamos, porque sabemos que sus exhaustivos estudios de la realidad indígena le han impedido aprender algún idioma nativo.

¿Dónde están los “profesionales del poder”?

Las autoridades de condición indígena, campesina y obrera que menciona García como prueba de “revolución”, al igual que las que incorporaban los gobiernos del pasado, no son parte del núcleo de poder en el Gobierno, por el contrario, su peso en las decisiones principales es escaso o nulo. Hasta donde sabemos, ni las ministras Achacollo y Copa, ni el ministro Santalla, tuvieron o tienen mucho que ver en la política monetaria o de inversión pública, en la estrategia de hidrocarburos, en la intervención del poder judicial, en la definición de acuerdos globales con Brasil, o siquiera en la negociación y elaboración de la Ley de Revolución Productiva, pese a corresponder al área del desarrollo rural. No son estos ministros ni otras autoridades indígenas o campesinas, ni siquiera el Canciller Choquehuanca, y mucho menos la dirigencia de los movimientos sociales, quienes componen el núcleo íntimo de poder con el que el presidente Morales trata cotidianamente los asuntos estratégicos de la administración estatal.

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Quienes componen ese estrecho núcleo concentrador de las decisiones del “Gobierno de los movimientos sociales” son unos muy pocos profesionales del poder —para usar los términos de García—, muy criollos ellos, de clase media acomodada y de significativas trayectorias en la academia, las ONG o la administración estatal en la etapa neoliberal. El propio García es un exponente representativo de esta nueva cúpula estatal: educado en el mejor colegio privado de Cochabamba, profesionalizado en una buena universidad del exterior, acogido y muy bien tratado por los círculos académicos, las ONG, las grandes cadenas mediáticas, y hasta por el mundo del modelaje y la farándula. Con esta trayectoria, ¿querrá García ser considerado como un “intelectual orgánico” de la clase obrera y el movimiento indígena y no como un “profesional del poder”?

Los otros integrantes de la cúpula de poder en el Gobierno de Morales tienen trayectorias e identidades sociales y políticas básicamente iguales, con la diferencia de que mientras unos se pasaron la vida en las ONG que tanto fustiga García, otros lo hicieron administrando diligentemente el modelo neoliberal. ¿Habrá alguien al que pueda considerarse más “profesional del poder” que el ministro Arce Catacora, que ni bien salió de la universidad, donde tenía la militancia izquierdista común en aquellos tiempos, inició una larga carrera en el Banco Central, llegando a ser funcionario jerárquico durante la mayor parte del periodo neoliberal? En el “Gobierno de los movimientos sociales” son estos “profesionales del poder” los que se sientan con Evo Morales a la mesa de las decisiones importantes. Los otros, acomodados más allá, en la periferia del poder, ofrecen sus rostros indígenas y populares para legitimarlas, y sus nombres para que García demuestre la “revolución” y atribuya a su falta de educación las deficiencias de una gestión gubernamental desastrosa y deplorable, de la que en realidad son principales

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responsables Evo Morales y su núcleo de “profesionales del poder”, capitaneados por García.

Pero la torpe doblez con que García emplea el recurso de la imputación de racismo va más allá todavía. Pretende mostrar que nuestro Manifiesto es un desleal ataque de un grupo de “resentidos” intelectuales “oenegistas” al “Gobierno de los movimientos sociales”, de los indígenas y campesinos. Oculta García el hecho de que ese Manifiesto fue elaborado y suscrito por meritorios líderes y luchadores indígenas, obreros y campesinos como Rafael Quispe, Oscar Olivera, Ernesto Sánchez, Moisés Torrez, Julia Chambi o Pablo Mamani, entre varios otros, quienes tuvieron una participación mucho más activa, decidida e importante que la suya en las luchas sociales que abrieron el proceso de cambio. Ellos, si bien plantean sus críticas respecto de la globalidad de la gestión del Gobierno que se dice “de los movimientos sociales”, precisamente por no serlo, en particular las dirigen a los responsables principales y directos de esa gestión: Morales, García y su estrecho núcleo gobernante de criollísimos profesionales del poder.

Ante los cuestionamientos y críticas de esos luchadores sociales que no presumen de infalibilidad o superioridad por su condición indígena o popular, García responde con su larguísimo alegato de insultos y descalificaciones. Desde su propio razonamiento que inmuniza su gestión de gobierno respecto de la crítica, a título de expresar la gloriosa “sublevación de la plebe”, su libro tiene de racismo no solo un “tufillo”, sino una pesada pestilencia. Es verdaderamente insólito que quien tacha de racistas a todos sus detractores, incluidos muchos líderes indígenas y campesinos, sea el Vicepresidente del único Gobierno de la historia que ha reprimido con brutalidad criminal una marcha pacífica de indígenas que reclamaban por la flagrante violación de sus derechos constitucionales, cometida por ese mismo “Gobierno

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de los movimientos sociales”. Nosotros creemos que es indudablemente necesaria

la amplia y decisiva participación de los sectores sociales históricamente oprimidos y excluidos en la administración del Estado, en un proceso de transformación estructural de este y emancipación integral de aquellos, como es la misión histórica del proceso que vivimos. Sin embargo, para que esa presencia popular en el aparato del Estado adquiera sentido y trascendencia transformadores en la perspectiva democrática y emancipatoria que demandan del proceso las mayorías nacionales, son imprescindibles por lo menos dos condiciones. Para empezar, ese acceso a la gestión estatal debe producirse por los conductos y procedimientos de una nueva institucionalidad pública fundada en los valores y normas que se asuman como sustento ético del nuevo Estado, y no reproduciendo los que caracterizaron al corrupto y prebendal Estado oligárquico y colonial. Luego, y con importancia fundamental, la labor de esos nuevos funcionarios públicos de condición popular, como la del Estado en su conjunto, debe estar eficazmente enmarcada en los lineamientos estratégicos y objetivos programáticos de la transformación social y estatal.

Si estas condiciones no se cumplen, aquella presencia popular en la función pública, que por sí sola podría considerarse como un avance democrático, derivará, como ha ocurrido ya ampliamente en el pasado, en su asimilación y funcionalización a las tradicionales lógicas y propósitos con los que se ha administrado el Estado boliviano contra la gran mayoría de los bolivianos, perdiendo todo sentido transformador. Peor aún, si la presencia estatal de los pobres, carente de aquellas condiciones que la proyectan a las transformaciones histórico-sociales, es presentada, como lo hace García, como el meollo de una gigantesca revolución de alcances insuperados en toda la historia del continente, tendrá además el perverso efecto

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regresivo de renovar y reforzar la discriminación racial, el desprecio étnico, los sentimientos de inferioridad implantados por la colonialidad y, en suma, desfogar, sobre la identidad y el proyecto de los indígenas y los pobres, el peso política y moralmente devastador de una nueva y profunda frustración nacional.

Es a esta última y nefasta perspectiva a la que nos encaminan los actos del Gobierno autodenominado “de los movimientos sociales”, de rostros y nombres indígenas, pero de pensamiento y voluntad conservadora, tecnocrática y desarrollista. Es pues en este Gobierno, y en la gestión de una ministra campesina en el Ministerio de Desarrollo Rural, que el poderoso empresariado soyero ha logrado su ansiado sueño de darle rango de ley a la autorización que tímida y débilmente les diera Banzer para producir y comercializar soya transgénica. Es en este mismo Gobierno encabezado por un campesino que, con su expreso respaldo y el patrocinio de la cúpula sindical campesina, se pretende reformar la legislación agraria surgida de décadas de luchas indígenas y campesinas, para revertir la distribución comunitaria de la tierra y entregarla al mercado. Es en este Gobierno que importantes autoridades de procedencia popular y sindical incurren en los mismos actos de corrupción que cometían sus oligarcas predecesores en la administración pública, para luego beneficiarse con los mismos premios e idéntica impunidad.

El proceso de cambio del que hablamos

Otra línea argumental del libro de García es atribuirnos lo que no decimos. Como es tan común en los polemistas de pobres razones, García quiere que seamos y digamos lo que él escasamente puede rebatir. Así es que nos atribuye haber dicho que en el país “nada ha cambiado” (op. cit.: 12). Esta

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es otra mentira. Lo que afirmamos en nuestro Manifiesto es que hoy, a casi seis años de gobierno de Evo Morales, la gran mayoría del pueblo se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre, y que pareciera que a los que mejor les ha ido, es a los que siempre les fue bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. Nos ratificamos plenamente en ello, y lo que tendría que hacer García, si su intención fuera debatir con honestidad, sería aceptarlo o negarlo, y no endilgarnos otra afirmación para eludir su posición frente a lo que realmente hemos dicho.

Mal podríamos afirmar que en el país “nada cambió”, si desde el mismo título de nuestro Manifiesto reconocemos la histórica apertura de un proceso de cambio y llamamos a recuperarlo desde la iniciativa y la movilización social. Sin embargo, nuestra comprensión de dicho proceso es profundamente distinta a la de García y del Gobierno. Para ellos, el proceso de cambio es, lisa y llanamente, lo mismo que el Gobierno de Evo Morales; para ellos, proceso y Gobierno de Morales son sinónimos perfectos. Así de simplista y propagandística es su visión del proceso histórico del país. Para nosotros, en cambio, el proceso es la proyección y expresión estatal de la emergencia indígena, campesina y popular producida en las últimas décadas, contra las viejas estructuras de la dominación colonial y las recientes del modelo neoliberal. Esta expresión estatal, si bien ha quedado restringida al ámbito de la formalidad jurídica en los casos de mayor relevancia global, tiene la extraordinaria significación histórica de definir, desde el propio seno de la institucionalidad estatal, el carácter de un nuevo Estado y una nueva sociedad. Este es particularmente el sentido de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que, recogiendo las aspiraciones, demandas y proyectos de las mayorías nacionales, ha proclamado el carácter plurinacional,

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comunitario y autonómico del Estado boliviano y ha definido el modelo social-comunitario como principal orientación en organización económica de la sociedad boliviana.

En todo caso, y ya prevenidos de la repentina y notable devoción jurídica de García, esa que le hace creer que porque un Decreto Supremo dice que los hidrocarburos son de propiedad del Estado efectivamente lo son, cabe añadir que, como ha sido propio de la escisión entre la ley y la realidad a lo largo de toda nuestra historia, no porque la CPE preceptúe el carácter plurinacional del Estado, este lo habrá adquirido en la realidad concreta. Para que esto último ocurra, son necesarios los resueltos impulsos trasformadores de las estructuras estatales a los que el Gobierno ha renunciado. Y siempre en el ánimo de prevenir las audaces distorsiones con las que García pretende servirse de la realidad, esta vez las de simple carácter propagandístico, es necesario destacar que las realizaciones estatales en las que el proceso de cambio tiene su expresión y, a la vez, la apertura de su perspectiva transformadora del conjunto de las estructuras sociales y políticas, no son, en lo principal, obra del Gobierno de Evo Morales o del MAS. Son más bien el resultado directo de la ofensiva social y política del emergente movimiento indígena y campesino que, articulado a la movilización de los otros sectores populares, fue capaz, primero, de resistir y derrotar el modelo neoliberal derrocando y expulsando a sus exponentes, instalar democráticamente en el Gobierno —con un claro mandato de transformación revolucionaria— a quienes creyó sus representantes y, por último, concebir un nuevo Estado y una nueva sociedad y establecerlos como razón y carácter del Estado boliviano.

Algunas de estas realizaciones, en los momentos de mayor vigor en la incidencia autónoma de las organizaciones populares emergentes sobre el poder político, se produjeron con la participación, generalmente débil y vacilante, del

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Gobierno de Evo Morales. Pero varias otras, se produjeron sin esa participación y aun contra ella. Este último es el caso de varios contenidos de la nueva CPE, fundamentales para definir el sentido de los cambios en el país, como el carácter comunitario de la distribución y redistribución de la tierra, o la representación política directa de los pueblos indígenas en las estructuras de los poderes públicos. Tan evidente fue la adversidad gubernamental a varias demandas e iniciativas de las organizaciones sociales-populares en el proceso constituyente que, cuando pudieron, aprovechando el desenlace crítico del mismo, las desplazaron del texto constitucional en acuerdo con la derecha parlamentaria. Y en el caso de las que no pudieron eliminar en Oruro, en el edificio de la Lotería Nacional o en el Senado en La Paz, por mucho que quisieran y la derecha empresarial se los pidiera, han optado por el viejísimo y simple recurso del poder político oligárquico: violar la Constitución e ignorarlas en los hechos, como viene ocurriendo con buena parte de los derechos constitucionales indígenas.

“El Estado no debe ni puede perder ante nadie”

En su libro, García hace una vehemente defensa de la reforma del Órgano Judicial en curso, cuyo encendido entusiasmo lo lleva a la clara confesión de su carácter autoritario y su propósito de subordinación de la administración de justicia. En la ya señalada línea argumentativa de atribuir al contendor la posición con la que él quisiera debatir, responde a las denuncias hechas en nuestro Manifiesto atribuyéndonos el criterio de que la justicia loteada por los partidos tradicionales sería independencia de poderes.

Jamás hemos afirmado lo que García quiere hacernos decir. Todo lo contrario, la históricamente invariable servidumbre de la administración de justicia respecto a los

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intereses del poder económico y político ha sido siempre una expresión estructural de las profundas injusticias sociales en nuestro país, y una fundamental e insalvable negación de toda posibilidad democrática para el Estado boliviano. Por este convencimiento básico, hemos aportado a la redefinición normativa e institucional del sistema judicial que establece la nueva CPE, y consideramos su correcta aplicación como uno de los más indispensables y urgentes objetivos del proceso de cambio. Seguimos pensando que sin un sistema de justicia indisolublemente identificado con la sociedad boliviana y profundamente imbuido de sus valores y de su diversa identidad cultural, independiente del poder económico y político, transparente y eficaz, no es posible la transformación del Estado boliviano en el horizonte democrático, plurinacional y social de derecho proclamado en la misma Constitución.

Al producirse la reelección de Evo Morales y Álvaro García en diciembre de 2009, expresándose un abrumador respaldo ciudadano al proceso de cambio y constituyéndose la holgada mayoría legislativa del MAS, el Gobierno dispuso de inmejorables condiciones para desarrollar la reforma democrática del sistema judicial en el sentido que señalamos y cumpliendo el mandato de la nueva CPE. En ese renovado contexto de extraordinarias oportunidades políticas e institucionales, el Gobierno podía, como proclama García, “desmontar el sistema patrimonialista de justicia” y “construir un nuevo sistema judicial transparente y al servicio de la sociedad” (op. cit.: 117). La condición fundamental para hacerlo era renunciar, desde el centro del poder, a la tradicional subordinación del sistema judicial; respetar los preceptos constitucionales que sustentan la independiente y transparente administración de justicia; normar y ejecutar el proceso de selección y elección de nuevos magistrados en el propósito de poner la justicia en las manos ética y técnicamente más

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idóneas y libres de designios y condicionamientos políticos o corporativos. De haberse procedido así, se habría dado inobjetable aplicación a la nueva CPE, se habría ganado una amplia confianza ciudadana en favor de la reforma judicial, y se tendría hoy autoridades judiciales si no perfectas y químicamente puras en su independencia respecto de intereses sociales y políticos, enormemente más idóneas, independientes y confiables que las surgidas de los viejos y nuevos “loteos” de la administración judicial.

Pero en lugar de ello, el Gobierno de Morales y García optó por desmontar el viejo sistema judicial loteado por la oligarquía, para montar el suyo, tan patrimonialista, servil y excluyente como aquel. En ese propósito, incumplió, distorsionó y violó la CPE, grave y reiteradamente. Empezó vulnerando frontalmente el principio de la independencia de poderes con el aberrante dedazo imperial para designar a las autoridades judiciales provisionales; luego, organizó y ejecutó un proceso de selección de postulantes plagado de arbitrariedades e irregularidades que cumplió el cometido de excluir a los que, al margen de su calidad ética y profesional, no gozaran de la confianza del Gobierno y de su partido, y remató con la imposición de la consigna partidaria, tan grotesca y prepotente, que ahorrándose razones y argumentos, siempre tan difíciles para la mayoría oficialista, descendió a instruir el voto legislativo con las pedagógicas papeletas de la vergüenza. Es debido a su clara percepción de este embuste que la ciudadanía ha expresado su categórico rechazo, como queda indudablemente claro en el triunfo electoral de los votos nulos y blancos, e incluso de los nulos solos, sobre los válidos. Pero el Gobierno hace mucho que se ha desconectado de la realidad y de la voluntad del pueblo, y no es extraño que para negar la humillante derrota que supone esperar, con triunfalista proclamación, el 70 por ciento de los votos y obtener solo

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el 40 por ciento, encuentre pueriles explicaciones técnicas, o simplemente persista en su línea habitual de subestimación de la gente, tachándola de incapaz para comprender las particularidades operativas de la elección.

Tan evidente es la violación del principio constitucional y democrático de la independencia de poderes en la reforma judicial ejecutada por el Gobierno que, para justificarla, García se ve obligado a confesarla. Así, luego de dirigirnos interminables insultos por defender la independencia de poderes, dice que esta “es una ilusión liberal creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia el poder económico moderno” (op. cit.: 117-118). Esto es lo que García y Morales —por elementad honestidad— debieron decirle claramente a toda la ciudadanía cuando postulaban su reforma judicial. Pero además, y en un muy particular y sugerente desarrollo teórico, García argumenta que “la justicia en la mayor parte de los Estados es independiente del pueblo y dependiente del dinero y de la propiedad, y lo que nosotros queremos, y estamos construyendo, es lo contrario, es decir, que la justicia sea dependiente del pueblo, dependiente de los intereses comunes de todos los bolivianos, e independiente del dinero y de la propiedad” (op. cit.: 117). Siguiendo el razonamiento de García, habrá que asumir que ese conglomerado social tan amplio y heterogéneo que se designa con el término de “pueblo”, no tiene nada que ver con el “dinero y la propiedad”, al igual que los intereses comunes de los bolivianos. Pero García va más allá y hace esta afirmación digna de Mussolini: “En esta etapa de transición lo que predomina es la lógica de que el pueblo trabajador, el Estado, como síntesis del interés común, no puede ni debe perder ante nadie, y que la defensa del patrimonio público está por encima de la defensa del interés privado o personal” (op. cit.: 117). Por supuesto, se debe recordar que para García se ha consumado ya en el

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país una gigantesca revolución de alcances continentales, por lo que se tendrá que asumir que todas las contradicciones existentes en la sociedad boliviana, y los contenidos de clase y de casta del Estado boliviano, se han superado en favor de los sectores oprimidos, y el Estado se ha convertido en “el pueblo trabajador” y en “la síntesis del interés común”.

Si es así como se piensa, lo elementalmente honesto y coherente, en vez de ofrecer democracia plural y amplios derechos ciudadanos, es postular, abiertamente, la constitución de un Estado autoritario, como los del socialismo real o del fascismo en su múltiples variantes históricas, en los que se supriman aquellos intereses sectoriales o corporativos susceptibles de generar contradicción con los del “pueblo convertido en Estado”. Pero aun en los Estados autoritarios se comprendería que el Estado tiene expresiones institucionales concretas que, necesaria e inevitablemente, y no obstante ser personas de derecho público, sostienen relaciones jurídicas de derecho privado con otras personas. Luego, estas relaciones jurídicas, como es común a todas ellas, son siempre susceptibles de caer en controversia y conflicto, por muy maravilloso y revolucionario que sea el Estado en cuestión, y siendo, además, que las personas de carne y hueso que toman decisiones y actúan por las entidades estatales, probablemente no sean siempre la mismísima encarnación de Tupak Katari o Robespierre, y puedan lesionar los legítimos derechos de otras personas o del conjunto de la sociedad cometiendo errores y latrocinios, como contratar la construcción de carreteras con fraudulentos sobreprecios o destruir valiosos activos de empresas públicas por incompetencia. En estos casos, siempre previsibles, con la sentencia de García, en verdad más polpotiana que mussoliniana, de que “el Estado no puede ni debe perder ante nadie”, queda plenamente garantizada la impunidad y la discrecionalidad de los burócratas corruptos, abusivos

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e incapaces, y el desamparo de todos los demás. Así, queda también claro lo que traerán a la administración de justicia los magistrados elegidos por Morales, García y los jerarcas del oficialismo. Por nuestra parte, rechazamos tan oscuro y amenazante amasijo teórico, mezcla del pensamiento fascista con las tesis estalinistas y la vieja educación cívica escolar, y, sin lugar a dudas, preferimos la “ingenuidad liberal” de considerar la independencia de poderes como una norma de necesidad básica para construir, en el marco de la democracia plural del Estado Plurinacional, una veraz institucionalidad democrática en el sistema de justicia.

Algo más: proclamando los logros de la transición revolucionaria en el sistema judicial, siempre en la tónica de su emocionado optimismo, García dice que “los que se creían inmunes a la justicia para asaltar el erario público, que estaban acorazados frente a las investigaciones de los malos usos del patrimonio estatal, están yendo a los juzgados como cualquier ciudadano más” (op. cit.: 116). Este es un engaño tan grande como su teorización revolucionaria. Es probable que algunos de los antiguos inmunes deban ahora encarar a la justicia, pero no porque se esté liquidando la impunidad y la servidumbre de la administración de justicia, sino porque ahora sus beneficiarios son otros. En efecto, algunos de los jerarcas corruptos de la vieja partidocracia tradicional que no han alcanzado a reacomodarse en el nuevo aparato de poder, han caído en la desgracia del desprotegido juicio, pero, en cambio, los que no “están yendo a los juzgados como un ciudadano más”, pese a que los casos de corrupción que los implican son tan graves como los que pesan sobre los primeros, son los jerarcas del nuevo poder político encumbrado en el “Gobierno de los movimientos sociales”.

Así, solo a manera de ejemplo, resulta que el señor Jorge Ledezma, exprefecto de Cochabamba designado por Evo

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Morales, “no está yendo a los juzgados” a responder por malos manejos idénticos a los que han derivado en el enjuiciamiento de Manfred Reyes Villa, puestos en conocimiento del Ministerio Público por la propia Gobernación de Cochabamba hace aproximadamente un año. Por el contrario, Ledezma ha recibido el honroso reconocimiento de ser designado como embajador en el Perú. Tampoco “está yendo a los juzgados” la ministra Nemecia Achacollo, a responder por el cúmulo de extorsiones y falsificaciones de documentos públicos agrarios cometidas a su nombre y, según serios indicios, en su beneficio, por una banda delincuencial encabezada por su estrecho asesor, que alternaba estos delitos con la estafa a los municipios rurales cruceños a cargo del MAS en la ejecución de los proyectos “Evo Cumple”. Curiosamente, hace varios meses que se relevó al fiscal asignado al caso y no se nombró otro, por lo que la investigación está congelada y olvidada.

Ni qué decir de Marcelo Zurita, sobrino de Leonilda Zurita, que, habiendo sido implicado en gravísimos hechos de corrupción con los recursos del Plan Nacional de Vivienda Social hace ya aproximadamente cuatro años, y siendo desde entonces tales hechos de conocimiento de la Ministra Anticorrupción y de los sucesivos ministros de Obras Públicas, los mismos que han anunciado reiteradamente un pronunciamiento que jamás han hecho, tampoco “está yendo a los juzgados”. También él, contrariamente, ha gozado del renovado aprecio y confianza presidencial, expresados en su nombramiento como principal responsable del Programa “Evo Cumple”. En todos estos tan “auspiciosos” resultados de la nueva justicia, la de la “transición revolucionaria”, al igual que en el de los delictivos sobreprecios en los contratos de construcción de carreteras suscritos con la brasileña OAS, esperamos ver si el Estado no “deberá” ni “podrá” perder.

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En conclusión, lo que el Gobierno de Morales y García está haciendo con la reforma del sistema judicial es, efectivamente, desmontar el particular aparato establecido y loteado por la antigua partidocracia oligárquica, pero no para abolir la subordinación y la servidumbre de la administración de justicia respecto de los intereses del poder, como demanda el pueblo boliviano y es mandato constitucional, sino para montar su propio aparato, tan servil y subordinado como el anterior, y brindar los mismos privilegios de impunidad y prevaricación a las nuevas élites que encumbra con los actos de su defección moral. La agravante está en que esta perfecta reproducción del viejo envilecimiento de la justicia se hace al nombre legitimador de la “revolución”, del pueblo y del proceso de cambio.

La singular “nacionalización” de García

Sobre el fundamental tema de la nacionalización de los hidrocarburos, el libro de García tiene la especial importancia de revelar que el Gobierno la ha incumplido porque, en realidad, la ha descartado. En efecto, García sostiene que la producción hidrocarburífera tiene tres componentes: las riquezas naturales hidrocarburíferas, el excedente o ganancia de su explotación y, por último, “la infraestructura extractiva de los hidrocarburos, las máquinas, las herramientas, los taladros con los que se extraen, etc.”. A continuación, dice que “de esos tres componentes, los dos primeros son los que definen si un recurso material está en manos privadas o en manos del Estado. Ellos constituyen la columna vertebral de cualquier nacionalización de los hidrocarburos en el mundo, y la garantía del control soberano del Estado sobre sus materias primas” (op. cit.: 32-33). Aún más, García afirma que en la Rusia soviética, en Cuba o en Bolivia con las primeras nacionalizaciones, la soberanía estatal se asienta en la nacionalización de esos dos componentes (op. cit.: 33).

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Nos llena de vergüenza e indignación que el Vicepresidente de nuestro país haga gala de tanta ignorancia, con tanta soltura y desparpajo, pero, aun así, avergonzados e indignados, celebramos que desemboce su oposición a la nacionalización de los hidrocarburos. En la segmentación de la producción hidrocarburífera que propone García, corresponden al relegado y desvalorizado tercer componente nada menos que las estructuras productivas que permiten extraer los hidrocarburos de sus yacimientos naturales y convertirlos en riqueza, ganancias y excedente. Estas estructuras productivas no son solo “máquinas y taladros”, como dice García con un simplismo deplorable, sino que, además de los costosos bienes de capital, implican conocimiento científico especializado, generación y aplicación de alta tecnología, mano de obra calificada, organización productiva y capacidad gerencial, todo articulado y desplegado bajo una estrategia productiva de mediano y largo plazo. Estas estructuras productivas son centralmente las empresas, y constituyen el único medio de apropiación material de los recursos hidrocarburíferos.

Ante la ignorancia displicente con que García conceptualiza esas estructuras productivas, es comprensible que se pregunte qué es esa “apropiación material” que reclamamos en nuestro Manifiesto. Exactamente al contrario de lo que García sostiene, todos los países del mundo que se han propuesto ejercer soberanía efectiva sobre sus hidrocarburos, han considerado insuficiente la proclamación jurídica de la propiedad estatal sobre las reservas y la percepción de ganancias generadas por su explotación, y han optado por centrar sus estrategias de apropiación nacional en la conformación y funcionamiento de empresas estatales que les permitan adquirir un control pleno, directo y autónomo del proceso productivo, es decir, apropiarse del recurso natural materialmente. Exactamente en dirección contraria a lo que afirma García, salvo algunos fallidos casos

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africanos, ninguna otra experiencia de nacionalización en el mundo ha dejado de sustentarse centralmente en la creación y desarrollo de las empresas estatales.

Ocurre entonces que casi todos los Estados del mundo que han asumido la necesidad de nacionalizar sus hidrocarburos o de ejercer soberanía efectiva sobre su producción, han razonado a la inversa de García y del neoliberalismo. Para empezar, la definición legal de la propiedad estatal sobre los hidrocarburos no es, como parece creerlo el entusiasta García, ninguna novedad revolucionaria ni resultado de nacionalización alguna, ni en Bolivia ni en los otros países que nacionalizaron sus hidrocarburos o sus minerales. Es una muy antigua expresión de la concepción regalista y dominal de los recursos del subsuelo que caracteriza a la amplísima tradición jurídica continental en contraposición a la tradición anglosajona, regida más bien por el sistema de la accesión2. Por eso es que, desde hace varios siglos, en los muchos Estados tributarios de esta tradición jurídica, Bolivia entre ellos, la ley establece invariablemente que los yacimientos de minerales e hidrocarburos son de propiedad del Estado. Por eso mismo, por muy aperturistas o liberales que hayan sido o sean las políticas de esos Estados, no se concede jamás la propiedad formal de esos recursos a los particulares, sino que se los concesiona bajo condiciones determinadas y con la posibilidad de recuperar su dominio efectivo. Tal vez recuerde García que la propia Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada empezaba estableciendo, con absoluta claridad, que los hidrocarburos eran de propiedad inalienable del Estado boliviano. Sin embargo, cuando los Estados legalmente propietarios de los yacimientos hidrocarburíferos y minerales de sus respectivos territorios no

2 La tradición jurídica continental, surgida en el continente europeo en diver-gencia de la tradición anglosajona desarrollada en Inglaterra y sus colonias, ha expandido su doctrina y sus instituciones a la mayor parte del mundo, donde al presente sustenta el derecho positivo.

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ejercen ese derecho explotando por sí mismos esos recursos, la efectividad del mismo se restringe a la percepción de una renta, con distintas modalidades y denominaciones posibles, producida por la explotación de los recursos que necesariamente quedará a cargo de actores privados, y, adicionalmente, a ejercer algún grado de fiscalización y control sobre estos.

En el caso de los hidrocarburos, la uniforme experiencia internacional nos muestra que los actores privados que concentraron su explotación a escala mundial fueron las empresas transnacionales, así constituidas en uno de los núcleos más fuertes y agresivos del capital. Esa experiencia nos muestra también que esas empresas, muy lejos de ser el buen socio que trae sus taladros o el inofensivo pintor de brocha gorda que le pinta la casa a García (op. cit.: 35), capturaron el control unilateral y discrecional de los respectivos procesos productivos y, por esa vía, se apropiaron de hecho de los recursos mismos. De este modo, las transnacionales obtuvieron inmensas ganancias ilegítimas de la explotación a su cargo, en grave detrimento de la renta adeudada a los Estados dueños de los recursos, sometieron globalmente la industria hidrucarburífera a sus estrategias e intereses monopólicos, normalmente contradictorios con los de los países en los que operaban y, por último, utilizaron su poderío económico y político para someter a los Estados a la dependencia que garantizaba la reproducción de su poder y sus ganancias. Esta captura generalizada de los recursos hidrocarburíferos por parte del capital transnacional, independientemente de la vulnerabilidad política de los Estados, especialmente del tercer mundo, fue posible por el posicionamiento y dominio unilateral de esas empresas transnacionales sobre el proceso productivo, sin que las contrapartes estatales tengan la capacidad técnica y operativa que les permita sustituirlas o controlarlas efectivamente.

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Ante esta realidad, tan conocida como dramática en la historia mundial, ninguno de los Estados sometidos y expoliados por las transnacionales petroleras razonó como lo hace García, y consideró “tener en sus manos” sus hidrocarburos, o los dio por bien “nacionalizados”, por el hecho de gozar de la propiedad legalmente establecida sobre los mismos, o por participar de su renta, elementos que además, como se ha visto, siempre estuvieron vigentes. Por el contrario, fue unánime la percepción de que si se carecía de la capacidad propia e independiente de producir y convertir en riqueza esos sus recursos naturales, la propiedad estatal de los mismos quedaba reducida a la ficción de la formalidad jurídica, mientras que su propiedad real y fáctica, en tanto amplia capacidad de disponer y disfrutar, quedaba en las manos ajenas de las transnacionales. En esas condiciones, la propia participación de esos Estados en la renta petrolera quedaba supeditada y, normalmente, ilegítimamente disminuida por el incontrolado manejo unilateral que las transnacionales hacían del proceso productivo. Consecuentemente, todos aquellos Estados asumieron el objetivo nacional de ejercer plenamente su soberanía sobre la producción de sus hidrocarburos y, para ello, centraron sus acciones en la creación y desarrollo de empresas estatales que les permitieran la producción propia de esos recursos y, consiguientemente, su apropiación material. Todos optaron por lo que para García es “la modalidad movimientista de nacionalización” (op. cit.: 37). A este contexto histórico y a esta finalidad corresponden todas las nacionalizaciones, y todas ellas han tenido como su componente central la adquisición o construcción de las empresas estatales del sector. Solo mediante las empresas estatales, aquellos Estados podrían garantizar sosteniblemente la apropiación de la renta petrolera, conservar e intervenir sus reservorios hidrocarburíferos de acuerdo con su propio

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interés, incidir autónomamente en el mercado internacional y articular su producción hidrocarburífera al desarrollo de su economía nacional. En síntesis, solo así podrían concebir y desarrollar una estrategia nacional para el aprovechamiento soberano de sus hidrocarburos3.

Es importante advertir que el surgimiento de las empresas estatales de los hidrocarburos, en muchos casos de gran relevancia histórica, permitió a sus respectivos Estados sustituir a las empresas transnacionales en el proceso productivo y, consiguientemente, lograr la apropiación total de la renta hidrocarburífera. En otros, esos emprendimientos tuvieron una importancia decisiva para modificar substancialmente las relaciones con las mismas empresas transnacionales, mediante acuerdos cuyo carácter asociativo y ya no concesional, limitaba el dominio discrecional de estas y otorgaba a las empresas estatales márgenes variables de control con los que podían subordinar o alinear los respectivos procesos productivos a sus propias estrategias. Esta última situación tuvo gran relevancia durante el fuerte impulso aperturista y privatizador del neoliberalismo, pues permitió que, en la gran mayoría de los países productores de hidrocarburos —Bolivia fue una de las desdichadas excepciones—, la apertura del sector a la inversión privada no determinara la privatización de las empresas estatales, sino que pudiera canalizarse por medios contractuales asociativos que permitían, en algún grado, la intervención y el control de las empresas públicas sobre las operaciones productivas. Dicho interés se mantiene en importante medida, ante la actual necesidad de muchos países

3 La bibliografía que explica y demuestra el desarrollo de este proceso históri-co mundial es verdaderamente amplia, producida desde hace varias décadas en muchos países, desde diversas disciplinas del conocimiento y distintas perspec-tivas ideológicas. Por ello, es difícil creer que algunos de estos textos no estén entre los cinco mil títulos de García, lo que nos lleva a recomendarle, por si acaso, que no lea solamente las solapas de sus libros.

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productores —Bolivia entre ellos— de acceder a mayor capital y a la tecnología de punta que dominan concentradamente las transnacionales.

En todo caso, la historia y la realidad enseñan que esas relaciones contractuales asociativas pueden recaer subrepticiamente en el tradicional sentido concesional que derivaba en el control unilateral de las transnacionales. Para que ocurra aquello, o que la empresa estatal logre imponer su control y el interés nacional, será decisivo, nuevamente, el grado de involucramiento real de esta en el proceso productivo. A su vez, este involucramiento estará determinado, por un lado, por las atribuciones derivadas del marco normativo legal y convencional. En este sentido, será fundamental el otorgamiento del rol de operador, el mismo que consiste en la atribución de ejecutar el conjunto de acciones y procedimientos materiales que constituyen el proceso productivo y son objeto de la respectiva relación jurídica. El operador es el productor en sentido estricto. Es bien sabido en los círculos especializados en la materia que el rol de operador supone, para quien lo ejerce, la decisiva ventaja de dominar la amplia y compleja materialidad del proceso productivo y, consiguientemente, adquirir pleno y pormenorizado conocimiento de la misma. A partir de esta privilegiada situación, el operador tendrá salvaguardados sus intereses y, adicionalmente podrá, como ha sido una práctica común a las empresas transnacionales, obtener grandes ventajas ilegítimas y subrepticias, aprovechando las múltiples oportunidades que ofrece para ello el unilateral manejo operativo de un proceso técnicamente tan complejo y de tan poca visibilidad como el de la producción de hidrocarburos.

La contraparte asociativa del operador solo podrá equilibrar el poder de este ejerciendo un riguroso control operativo, para lo cual requerirá, indispensablemente, de atribuciones suficientemente amplias y específicas y, a la vez,

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la suficiente capacidad técnica y operativa para ejercerlas efectivamente. Así, el involucramiento en el proceso productivo resulta también determinado por la capacidad técnica y operativa de las empresas concurrentes a estos esquemas de inversión conjunta. Si se goza de estas capacidades, se podrá aspirar a cumplir el rol de operador, prioritaria pretensión de toda empresa hidrocarburífera que se respete, o, en caso de no tenerlo, se podrá resguardar el interés propio ejerciendo un efectivo control sobre las complejas y fundamentales operaciones productivas.

Los mismos ejemplos que menciona García para respaldar su tan original teoría de las nacionalizaciones están plenamente inscritos en esta uniforme experiencia mundial. En efecto, García parece ignorar que durante el socialismo soviético el Estado ejerció un férreo y total monopolio de las industrias extractivas, y, aun ahora, derrumbado ya el socialismo y superado el efímero ultraliberalismo de Yeltsin, Rusia ha reconstruido una fuerte y dinámica empresa estatal de los hidrocarburos que controla plenamente la producción de los suyos e interviene en la de otros muchos países. García también parece ignorar que la primera nacionalización del petróleo en Bolivia, una vez caducadas las concesiones de la Standard Oil, se desarrolló centralmente en la fundación y rápido y exitoso funcionamiento de YPFB, que en muy pocos años superó la producción de la Standard, satisfaciendo el mercado interno y abriendo la exportación. ¿No hay entre los cinco mil títulos de la biblioteca de García un humilde texto escolar de historia nacional? Incluso ignora lo escrito en su mismo libro, pues allí se menciona que la nacionalización de la Gulf, en 1969, supuso trasferir los activos de la transnacional a YPFB, es decir, sustituirla por la empresa estatal. En cuanto al caso cubano, donde las reservas de hidrocarburos son una expectativa y no una realidad, la celebración de contratos de

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exploración con empresas extranjeras, surgida de la necesidad del Estado cubano de acceder a la tan compleja como poco accesible tecnología de punta para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lecho marino, no significa que ese Estado, aún regido por la visión monopólica socialista, haya renunciado a ejercer soberanía, mediante su empresa estatal, sobre los hidrocarburos que espera tener.

En resumen, ni el socialismo soviético, ni Toro y Busch con la Standard Oil, ni Marcelo Quiroga Santa Cruz con la Gulf, ni nadie en el mundo que asumiera el propósito del ejercicio de la soberanía nacional sobre los hidrocarburos, han creído, como García, que la “columna vertebral” y la “garantía” de ello y de cualquier nacionalización está en la declaración legal de la propiedad estatal sobre las reservas y en la participación en la renta petrolera. Los que obviamente tampoco lo creen, pero suelen decirlo con el indisimulado e impaciente interés de legitimar su eterna e insaciable voracidad, son las transnacionales, temerosas de ser desplazadas del control de los hidrocarburos y de su proceso productivo. Pero a estas alturas de la historia, nadie les cree, salvo, por lo visto, García.

Lo que se hizo y lo que no se quiso hacer con la “nacionalización”

Aun como simple pretexto, tomado al vuelo de algún amigo consultor de Petrobras o Repsol, la teoría de García de la “nacionalización” es reveladora de que la auténtica nacionalización y la verdadera refundación de YPFB no están en la voluntad política del Gobierno de Evo Morales. Esta verdad fundamental es contundentemente confirmada por los hechos que denunciamos en nuestro Manifiesto y que ahora la ratificamos. La nacionalización de los hidrocarburos se ha frustrado porque YPFB no se ha reconstruido con la misión, ni la capacidad, ni la voluntad de intervenir y controlar el proceso

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productivo de los hidrocarburos bolivianos. Lo reiteramos enfáticamente: a más de cinco años de su refundación, YPFB es una empresa relegada, con sensibles debilidades e insuficiencias, al ámbito secundario del transporte y la refinación, y en el de la producción es absolutamente marginal e irrelevante.

Con la misma sobrecogedora ligereza con la que plantea su disparatada teoría de la nacionalización, y con la misma entusiasta adhesión al libreto de las transnacionales, García sostiene que YPFB es productor directo del 50 por ciento del gas natural y del 46 por ciento del crudo que se producen en el país (op. cit.: 41). El cándido fundamento de tan gigantesca mentira es considerar arbitrariamente como producción de YPFB toda aquella que corresponde a Chaco, a Andina y a los contratos en los que intervienen estas empresas, como es el caso de los megacampos gasíferos. Pero, por un mínimo de rigor conceptual y honestidad, corresponde considerar productor a la empresa que cumple la función de operador en las respectivas operaciones productivas. Siendo así, reiteramos que YPFB es productor solamente respecto a la producción de Chaco, limitada a pocos campos en declinación y absolutamente irrelevantes en el conjunto nacional de la producción.

Habiendo adquirido a buen precio la mayoría accionaria en Andina, sería del más básico sentido empresarial que YPFB asuma también la condición de operador en la producción de la misma, como lo afirma García, pero existen bien fundadas dudas respecto a quién es verdaderamente operador de la producción de Andina. Para el necesario esclarecimiento público de este trascendental asunto, desafiamos a García a cumplir su deber de poner en conocimiento de la ciudadanía todos los documentos suscritos con Repsol, socia de YPFB en Andina, y particularmente los concernientes a la

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administración y operación de esta. Por lo demás, atribuirle a YPFB la producción de los megacampos, por el solo hecho de que alguna de sus filiales intervenga en los respectivos contratos, es ya una grosería falta de toda seriedad. De acuerdo con la información que el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) recientemente ha difundido empleando las fuentes oficiales de YPFB4 , y que el Gobierno no ha rebatido hasta hoy, el 85 por ciento de la producción de hidrocarburos está en poder de Petrobras y Repsol, mientras que menos del 15 por ciento, suponiendo además que YPFB es operador en Andina, le corresponde a YPFB. Esa es la realidad concreta de la “nacionalización” de Morales y García.

Pero la misma carencia de una estrategia productiva de sentido nacional, así como de capacidad empresarial, que le han impedido a YPFB operar la producción de los campos hidrocarburíferos del país en alguna proporción significativa, le han impedido también ejercer control y conducción sobre las operaciones relativas a los muchos contratos de producción suscritos con las transnacionales, y cuya operación, obviamente, está a cargo de esas empresas. Esto también es negado por García que, por el contrario, con infinita confianza y fanática devoción por la formalidad jurídica, afirma que el Estado tiene “la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de los hidrocarburos” por la simple razón de que así lo dice el Decreto de Nacionalización del 1 de mayo de 2006 (op. cit.:28). Pero en los hechos, las transnacionales contratistas tienen un control de las operaciones productivas a su cargo, substancialmente tan amplio, unilateral y excluyente, como el que tenían antes de la “nacionalización” y la “migración” de sus

4 CEDLA (2011) Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petrole-ras. Análisis de la política económica, fiscal y petrolera. En http://www.cedla.org

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respectivos contratos. No obstante las atribuciones de control y conducción operativa que la formalidad normativa de los nuevos contratos otorga a YPFB, ni se controla efectivamente ni, muchos menos, se conduce esos procesos productivos en función del interés nacional. Nuevamente, son el interés y la estrategia de las trasnacionales los que se imponen.

Si esto no fuese así y, como dice la enajenada euforia de García, fuera el Estado boliviano el que decide “cuánto, cómo, dónde y para qué se produce” (op. cit.: 37), nuestras reservas hidrocarburíferas no serían objeto de la detentación especulativa de las transnacionales que retrasa los procesos exploratorios y productivos contra el interés nacional y, en algún caso, como en el del bloque Lliquimuni, buscando oscuros réditos también a costa de nuestro patrimonio. Si fuera cierto lo afirmado por García, y la actividad de nuestros “contratistas”, tan buenos e inofensivos como “el albañil que nos construye la casa”, estuviese controlada y subordinada por el Estado boliviano, es elemental suponer que se habría impuesto sobre ella la desesperante necesidad de combustibles para el consumo interno, que se habría incrementado la producción de hidrocarburos líquidos de las reservas con las que las transnacionales especulan, y que, consecuentemente, el Gobierno no habría tenido ninguna necesidad de afectar tan sensiblemente su respaldo social con el gasolinazo. Todo lo contrario: el gasolinazo, cuyo propósito principal reconocido por el mismo gobierno era pagar a las transnacionales el precio que pedían por barril de petróleo5, es la concluyente demostración de que quienes deciden unilateralmente qué producen, cómo, cuándo, dónde, a qué precio, y a quién vender son Petrobras, Repsol y las demás transnacionales.

5 Tanto el Ministro de Economía, Luis Arce, como el de Hidrocarburos, Fer-nando Vincenti, justificaron el gasolinazo, ante los medios de comunicación, afirmando su propósito de “estimular” la producción de hidrocarburos líquidos, pagando un mejor precio por ellos. Véase al respecto CEDLA (op. cit.).

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Es conveniente reflexionar acerca de que nosotros, al igual que muchísimos otros bolivianos esperanzados y comprometidos con la nacionalización de nuestros hidrocarburos, no pretendíamos que se prescindiera súbita y absolutamente de la inversión extranjera y de la presencia de las mismas transnacionales. Todos tenemos conciencia de las materialmente insalvables limitaciones que, por ahora, impone la realidad de nuestra economía y de nuestras múltiples carencias como Estado y como sociedad. Pero esto de ningún modo puede justificar el abandono del mandato de la nacionalización solapado en una estéril formalidad jurídica, como lo ha hecho el Gobierno, y debería asumirse, más bien, como la necesidad de una cierta gradualidad en su materialización. En este sentido, mencionamos algunas acciones básicas que pudieron y debieron cumplirse:

• Pudo y debió reconstruirse YPFB como empresa capaz de operar los procesos de explotación. A partir de ello, se debió convertirla en operadora, además de los campos correspondientes a las empresas capitalizadas en las que se adquirió la mayoría accionaria a buen precio, de campos en situación jurídica y técnica de pronta explotación, como es especialmente el caso del campo Sararenda, cuya magnitud y riqueza habrían potenciado substancialmente a YPFB, en vez de potenciar a Repsol, como ha decidido el Gobierno “nacionalizador”.

• Los casi seis años transcurridos desde la nacionalización y la refundación de YPFB fueron un plazo suficiente para que se exploren los bloques hidrocarburíferos del norte del país y, en estos momentos, en vez de haberse iniciado recién ese proceso, haberse emprendido procesos de explotación en los que YPFB amplíe sus operaciones directas a tiempo de resolver las graves carencias para el consumo interno.

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• Se pudo haber construido hace mucho la planta separadora de líquidos, recién adjudicada con bombos y platillos, con la que se habría evitado el largo obsequio al Brasil de los hidrocarburos líquidos que tanto necesita la población boliviana.

• Para por lo menos iniciar la industrialización del gas, pudo haberse construido la planta de urea con el financiamiento ofertado por Venezuela, y no dar lugar a que el Brasil construya una similar en su frontera con Bolivia que insumirá nuestro gas.

• Por la más mínima decencia y consideración con la inmensa mayoría de los bolivianos, pudo haberse convertido a GNV (Gas Natural Vehicular) el parque automotor del transporte público antes de lanzar el despiadado gasolinazo, más aún cuando las mismas autoridades de Gobierno aseguraron que se lo podía hacer rápida y fácilmente, y sabiendo que con ello se disminuirían substancialmente los impactos sociales negativos en la elevación del precio de la gasolina.

Todo lo mencionado y más, que hubiese constituido un

sólido y significativo avance en la nacionalización de nuestros hidrocarburos, pudo hacerse, con absoluta certeza, por la extraordinaria disponibilidad política y financiera que supuso, de un lado, la inédita capacidad de inversión pública soberana principalmente expresada en las reservas internacionales netas del país y, de otro, en el contexto político nacional e internacional claramente favorable a la nacionalización.

Pero no se lo hizo y se desperdició esas extraordinarias y difícilmente repetibles disponibilidades históricas. La razón de fondo está ya concluyentemente revelada: el mandato de nacionalización del pueblo boliviano ha sido suplantado en la voluntad política del Gobierno de Morales y García, por el interés de Petrobras y Repsol. Sobre esta crucial defección,

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confirmándola y consolidándola, se cometió monumentales y aberrantes desaciertos en la gestión pública del sector y, especialmente, en la de YPFB. A ellos, por supuesto, García no hace referencia alguna en la defensa de su “nacionalización”. Así, García no dice nada de la inestabilidad y la improvisación a la que se sometió la conducción de YPFB durante un prolongado y decisivo primer momento luego de su refundación.

Para peor, la precipitada e irracional sucesión de cambios en las autoridades de la empresa desembocó en el encumbramiento de la más agresiva y delincuencial corrupción con la designación, como su presidente, de Santos Ramírez, cuya falta de experiencia y competencia técnica para el cargo era tan conocida por el Gobierno como las denuncias de corrupción en los municipios rurales de Potosí, existentes en su contra. A la luz de las razones de su libro, probablemente García consideró que se trataba de un compañero indígena-campesino, “no profesional del poder”, “que estaba aprendiendo esforzadamente” y que, en cualquier caso, con su condición étnica y social nos garantizaba la consumación revolucionaria y la nacionalización total. Es de suponer que entre los “esfuerzos” que García destaca para reconstruir YPFB y haberle dado el “control total” de la producción hidrocarburífera del país, esté el inconcebible absurdo de haber impuesto en YPFB, durante casi cinco años, la escala salarial de la “austeridad”. Con semejante ocurrencia, tan irresponsable como demagógica, se pretendía ahorrar unos pocos millones pagando a los profesionales del sector salarios enormemente inferiores a los del respectivo mercado profesional, y lo que se consiguió, como era obvio, fue privar a YPFB del personal siquiera mínimamente capacitado para cumplir su labor y, por lo tanto, frustrar su efectiva refundación.

Más aún: la incapacidad e inoperancia en la gestión pública de los hidrocarburos tiene una rigurosa e incuestionable

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confirmación en el propio libro de García, haciéndonos pensar que tal vez el atareado Vicepresidente no leyó lo que les mandó a escribir a sus funcionarios antes de estampar su firma, o que su cinismo no tiene ninguna clase de límites. En efecto, se reconoce en el libro de García que del financiamiento de 1 000 millones de dólares provenientes del Banco Central para YPFB y le Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), aprobado hace más de dos años, hasta la fecha solo se “están ejecutando” 82 millones. Se explica, con todo detalle y claridad, que entre la aprobación del crédito y el primer desembolso se dejó pasar más de un año, el quinto desde la “nacionalización” y la “refundación” (op. cit.: 60-61). Nos preguntamos si leyendo su libro, en el que además hace la severa advertencia de que “el tiempo conspira contra los procesos revolucionarios” (op. cit.: 149), García no sentirá siquiera un poco de vergüenza de confesar que, mientras el país sufría crecientemente el grave desabastecimiento de carburantes, la producción de hidrocarburos se estancaba o decrecía, y Yacimientos, sin financiamiento ni capacidad operativa, se debatía entre la parálisis y la impotencia, la burocracia a su cargo imponía semejante lentitud a papeleos de los que dependía la más urgente y estratégica inversión pública. Por lo visto, García pretende que la revolución y la nacionalización se hagan al ritmo y al estilo de la burocracia estatal que ha heredado de la administración neoliberal y que nos sigue gobernando, con los mismos intereses, razones y vicios de siempre, pero ahora adornada por la agraviada wiphala y ponderada por los esquizofrénicos discursos de García.

Nos ratificamos: la nacionalización de los hidrocarburos se ha frustrado porque se ha frustrado también la reconstrucción de YPFB como auténtica empresa productora de hidrocarburos, y la frustración nacional ha dado paso a la restructuración del poder transnacional sobre nuestros hidrocarburos. Hoy

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las transnacionales tienen un dominio real y concreto sobre nuestros hidrocarburos, substancialmente igual al que tenían hace seis años, con la invalorable ventaja de que ahora lo detentan a título de nacionalización, lo que legitima su rotunda ilegitimidad y los preserva de ser nacionalizados.

Derechos indígenas, “maniobras envolventes” y chivos expiatorios

Como resulta previsible, considerando su formidable blindaje a la crítica y a la autocrítica, García rechaza airadamente las denuncias que hacemos en nuestro Manifiesto de las violaciones a los derechos indígenas establecidos en la nueva CPE y las críticas a las acciones con las que el Gobierno menoscabó el mandato transformador del pueblo boliviano y las demandas históricas y emancipatorias del Pacto de Unidad en el proceso constituyente. Ratificamos también, además que lo hacen los recientes hechos de la VIII marcha indígena con dramática contundencia, aquellas críticas y denuncias.

Si García tuviese algo de honestidad y respeto por la ciudadanía que lo eligió, explicaría su decisivo papel personal en la infeliz negociación y conciliación que determinó, para la Asamblea Constituyente, una composición y mecanismos de decisión tan abierta e injustamente adversos a la mayoría, como antidemocráticamente privilegiadores de la minoría. Esta conciliación fue precipitadamente hecha por García y la derecha parlamentaria a espaldas de la abrumadora mayoría de la sociedad boliviana y desconociendo su capacidad de legítima y pacífica presión sobre el poder constituido. Su resultado fueron precisamente los varios mecanismos de obstrucción y sabotaje que las fuerzas conservadoras y enemigas del proceso constituyente emplearon eficazmente para empantanar la Asamblea Constituyente, y de las que García se queja impúdicamente en su libro. En lugar de dar esta explicación

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éticamente insoslayable, García ha optado por autodegradarse con el reconocimiento ridículamente jactancioso de sus “maniobras envolventes”.

La múltiple violación del derecho constitucional indígena a la consulta previa e informada ha sido tan evidente que García, con toda su audacia justificadora, no intenta siquiera negarla, sin que ello signifique, obviamente, reconocerla. Es también necesario que García explique lo ocurrido en el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en el que la violación al derecho constitucional a la consulta previa e informada se ha combinado con la violación de los otros derechos constitucionales a la territorialidad indígena, y de los derechos fundamentales de las personas. Contando con su tan especial sentido de disciplinado y servicial acatamiento, probablemente García asuma la explicación de Evo Morales: no se ha consultado porque si se lo hacía, y “no se conseguía la plata”, no había forma de explicar porqué no se construía la carretera.

Para justificar la abierta violación del derecho constitucional de representación directa en la Asamblea Legislativa Plurinacional de los indígenas guaraníes de Chuquisaca, García da interminables vueltas retóricas de cinismo en torno a la redentora presencia de la “plebe en el poder”, para, finalmente, decirnos que el Gobernador Urquizo no es “un gringo”. La nueva CPE establece con absoluta claridad literal que en todos los departamentos del país en los que existan minorías indígenas, estas deberán elegir, por lo menos, un diputado en circunscripción especial indígena6. Esta es, de la manera más indiscutible, la situación de la población guaraní en el departamento de Chuquisaca, y el Gobierno de Morales y García, y su servil mayoría legislativa,

6 Véase el parágrafo VII del artículo 146, y los parágrafos II y III del artículo 147 de la nueva CPE.

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le han negado este su derecho constitucional, en la Ley del Régimen Electoral impuesta con la consabida prepotencia de los que dicen “gobernar obedeciendo”. Al respecto, nada tiene que ver, y menos que justificar, que el Gobernador Urquizo sea campesino o que Perico de los Palotes sea español. En el mismo afán justificador de las violaciones de los derechos constitucionales indígenas, García menciona los pocos votos con los que fueron elegidos los diputados indígenas de Cochabamba y Oruro, pero, por supuesto, no menciona que el diputado indígena de Santa Cruz representa a una población superior a las 100 mil personas, o que el del Beni representa a más de 15 pueblos indígenas, lo que revela la clara mezquindad e insuficiencia que supone una sola diputación para representar adecuada y democráticamente a esas poblaciones indígenas.

Para García no ha habido ninguna violación de derechos indígenas y, por el contrario, casi todo lo que ha hecho el Gobierno en el tema indígena responde a las decisiones del Pacto de Unidad. Con esta nueva y enorme mentira, García expresa muy bien el estilo de gobernar y hacer política de Evo Morales, de concentrar las decisiones y distribuir convenientemente las responsabilidades que deriven de ellas. En esta práctica, mejor que los ministros y funcionarios de gobierno —siempre dispuestos y disciplinados como buenos “soldados de la revolución”—, son las organizaciones sociales para atribuirles las decisiones incómodas o repudiables, pues, además de absorber culpas, aportan legitimación. Y es esta, precisamente, una de las principales utilidades de la división, subordinación e instrumentación prebendal de las organizaciones populares que ha venido ejecutando el Gobierno. No obstante, también en este campo, como en tantos otros de su accionar político y gubernamental, el acelerado deterioro y decadencia del oficialismo lo han llevado a extremos grotescos y peligrosamente contraproducentes. Así lo muestra la torpe

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convalidación del Pacto de Unidad suplantando la presencia del movimiento indígena orgánicamente representado en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) con algunos controlados dirigentes sin representación, para que demande la anulación de la ley en la que el Gobierno expresó su compromiso, ante toda la sociedad boliviana, de respetar el TIPNIS y no atravesarlo por carretera alguna. Nos imaginamos que Morales y García deben estar lamentando que tan peculiar reconstitución del “Pacto de Unidad” no se haya producido un par de meses antes, así le habrían podido endilgar la responsabilidad de la cobarde y brutal represión a la marcha indígena, para lo cual, hasta ahora, no encuentran un chivo expiatorio siquiera mínimamente convincente.

“Innovación” teórica: el imperialismo solo existe en las fronteras

Con pretendida agudeza intelectual, García se mofa de nuestra denuncia, ilustrada con el caso de la carretera San Ignacio-Villa Tunari, de subordinación del Gobierno al subimperialismo brasileño para implementar megaproyectos de infraestructura. Pero, a continuación, nos deja absolutamente sorprendidos y desconcertados al presentar, como prueba, el hecho de que dicha carretera está en el centro del país y no en la frontera con el Brasil. Para el inteligente teórico García, el imperialismo, para ser tal y subordinar a los Estados a sus intereses, solo puede actuar en las zonas fronterizas de los países vecinos al de su emplazamiento central. García debería ampliar la exposición de esta su teoría, porque, contra su práctica de presentar como teoría propia viejísimas tesis mundialmente conocidas con algunas palabras cambiadas, en este caso sí está siendo un teórico muy original.

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Ratificamos y ampliamos nuestra denuncia: la carretera Villa Tunari-San Ignacio es la dramática y concluyente demostración de que el Gobierno de Morales y García se ha subordinado a los intereses del capital transnacional brasileño con la gravedad de violar ampliamente la CPE y las leyes del país, causar enormes daños al erario nacional, destruir una de las principales reservas de vida silvestre tropical del continente, condenar al desplazamiento y la desestructuración comunitaria a decenas de comunidades indígenas, y generar gravísimos enfrentamientos sociales, todo para colmar el apetito cleptómano de la transnacional brasileña OAS. Con ejemplar descaro, García justifica su proyecto carretero por el TIPNIS afirmando que el endeudamiento externo “no afecta la soberanía nacional siempre y cuando quien decida qué hacer con ellos sea el país acreedor” (op. cit.: 157). Sucede que el crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del Brasil para la construcción de esa carretera está expresamente condicionado a que los bienes y servicios que se adquieran o contraten en su ejecución sean brasileños, sin dejar mayor lugar a que García y su gobierno “decida qué hacer con él”. Lo que no figura en las condiciones del crédito y sí ha sido decidido por el Gobierno de García, no sabemos con qué o cuánta motivación sobre su magno libre albedrío, es conceder a la OAS un sobreprecio, absolutamente delictivo, de una cuarta parte del costo total de la obra que tendría que pagar el pueblo boliviano con intereses comerciales.

Pero no solo la carretera San Ignacio- Villa Tunari tiene el rapiñesco sobreprecio y las incontables y escandalosas irregularidades, también los tiene la carretera Potosí-Uyuni, igualmente adjudicada a la voraz OAS por este Gobierno. En ambos casos, no lo decimos los “resentidos”, la oposición o el imperialismo, lo dicen y demuestran los documentos oficiales del mismo Gobierno, de la misma ABC y de la

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Contraloría en la actual gestión. En síntesis, la carretera por el TIPNIS pretende construirse con un crédito comercial del Brasil condicionado a ejecutarse exclusivamente con réditos comerciales para proveedores brasileños, tiene el principal propósito de permitir una salida más rápida de los productos brasileños a la costa del Pacífico, y pagará un gigantesco sobreprecio a la Brasileña OAS. No sabemos si a García le dejará algo más que su encendido orgullo patriótico por llevar el desarrollo a esas atrasadas regiones.

En su esforzada defensa de la carretera brasileña con la que se pretende partir el TIPNIS, García me acusa de “racismo desbocado” porque, según él, se me “antoja” que “los otros indígenas y campesinos, aquellos que ya sea dentro del parque Isiboro- Sécure o fuera de él, no están en las redes prebendales de las ONG”, “promoverán con su presencia la ilegalidad del narcotráfico” (op. cit.: 159). Es a García a quien se le antoja distorsionar mis afirmaciones para polemizar contra cómodos argumentos inventados por su impotencia. Lo que sí he sostenido y lo ratifico con mayor convencimiento aun, es que, entre los cocaleros que cultivan coca ilegal en el extremo sud del TIPNIS, y en esa colindancia, existe el interés de ampliar esos cultivos sobre el parque, y que es inminente el uso de la proyectada carretera para ese fin. De cualquier manera, la coherencia y rigor con que García plantea su consabido alegato antirracista es verdaderamente espectacular: en la misma formulación con que acusa de racismo, descalifica calumniosamente a los indígenas movilizados contra la carretera, tachándolos de ser parte de “las redes prebendales de la ONG”. El razonamiento de García en torno al racismo tiene la grosera simplicidad de una mala broma. Para él es racismo toda mención crítica, adversa o de algún modo negativa, al margen de su tema o veracidad, en referencia a alguien de quien se pueda suponer alguna condición étnica,

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pero que, en todo caso e indefectiblemente, sea parte o esté vinculado al “Gobierno de los movimientos sociales”.

Para que esta efectiva afirmación mía merezca tan airado rechazo del Vicepresidente del Estado Plurinacional, se diría que es una arbitraria y malintencionada invención sin ningún fundamento en la realidad. Sin embargo, existe la generalizada percepción en la sociedad boliviana y en los países vecinos, de que el narcotráfico, con la obvia producción de su materia prima, viene experimentando un acelerado crecimiento en el país a lo largo de los últimos años. Solo el Gobierno parece substraerse de esta preocupada percepción, pretendiendo demostrar sus categóricos éxitos en la lucha contra el narcotráfico con superficies de coca erradicada donde los cultivos se reponen ni bien se erradicaron, y con las fábricas de cocaína intervenidas que, si bien pueden ser más que las intervenidas por gobiernos anteriores, pueden también constituir una parte menor de toda la producción de cocaína existente, que la que representaban las que antes se intervinieron. El trópico de Cochabamba, en cuyo extremo norte se ubica en TIPNIS, es tradicional y actualmente una zona de producción de coca ilegal destinada al narcotráfico y de intensa actividad narcotraficante. El propio TIPNIS viene sufriendo, desde hace bastante tiempo, la penetración y la presión de la coca ilegal y el narcotráfico sin que este Gobierno lo haya evitado eficazmente. Aun cuando se lo propuso y desplegó importantes esfuerzos, sus éxitos fueron temporales y cedieron ante la reaparición de la coca ilegal y la producción de cocaína.

Tal vez García ignore que, durante todo su Gobierno, el avasallamiento del TIPNIS ha sido casi constante. Se ha perpetrado mediante asentamientos ilícitos exclusivamente dedicados a la plantación de cocales ilegales, organizados desde los sindicatos de colonizadores de las zonas próximas, dotados de grandes medios logísticos y bélicos, y sostenidos

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con violenta agresividad. Ni las varias disposiciones legales que protegen al TIPNIS, ni las heroicas acciones de defensa de las comunidades indígenas, ni los, por lo menos, cinco desalojos ejecutados hasta ahora, algunos con extraordinario despliegue de la fuerza pública, han evitado su tenaz y agresiva reproducción, motivada, como queda incontrovertiblemente demostrado por los cocales implantados por los avasalladores como cultivo casi exclusivo, por las delictivas ganancias que ofrece la coca destinada a la cocaína. Frente a esta realidad de incontrastable y abrumadora evidencia, es lo más elementalmente razonable considerar inminente que quienes avasallaron persistentemente el TIPNIS, sin contar con una carretera que los transporte, se servirán de la que se les brinde para volver a hacerlo con los mismos fines que los motivaron anteriormente. Pero para García, la mención de este escenario, cuya alta probabilidad es formal y documentadamente reconocida por las propias autoridades del Ministerio de Medio Ambiente1, es un antojo racista. No obstante, demostrando el descontrolado y cada vez más frecuente apuro con el que se ve obligado a suplir los argumentos de los que carece con la letanía del racismo, tuvo que admitir, pública y reiteradamente, el riesgo de avasallamiento que la carretera impondría sobre el TIPNIS. Ante este riesgo, ofreció la más innovadora, inteligente y convincente de las garantías: una ley de protección del TIPNIS, sin hacer mención alguna a que, desde hace mucho, están vigentes todas las disposiciones legales posibles para esa finalidad. Es curioso que García exprese tan conmovedora confianza y devoción por la ley y, al mismo tiempo, demuestre tan radical ignorancia de la misma. Es igualmente curiosa, y totalmente innovadora en el campo ambiental relativo a las áreas protegidas, su certeza de que

1 El peligro de avasallamiento del TIPNIS es reconocido en el propio Estudio de Impacto Ambiental de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos.

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la mejor defensa y garantía para estas es atravesarlas con carreteras de alto tráfico.

Los recientes hechos de sangre, en los que un oficial de la policía fue asesinado por narcotraficantes extranjeros en el TIPNIS, han revelado que el narcotráfico ha estado operando en este parque nacional. También a este respecto el Gobierno tiene la responsabilidad no solo derivada de la misión de lucha contra el narcotráfico que dice cumplir con todo empeño y grandes éxitos, sino, específicamente, de estar enterado desde hace bastante tiempo de que eso ocurría. Sé que hace aproximadamente dos años, los indígenas del TIPNIS denunciaron ante el Gobierno, con todo detalle, actividades de narcotráfico en su territorio. Lo que no sé es qué hizo el Gobierno con esa denuncia. Por eso es despreciable y canallesco que Juan Ramón Quintana, ese extraño vocero gubernamental que expresa ligerísimos criterios y disparatadas acusaciones a “título personal” pero en conferencias de prensa brindadas en pleno Palacio de Gobierno, insinúe la vinculación de los indígenas del TIPNIS con el narcotráfico, mencionando tendenciosamente que su emplazamiento se halla en las áreas de dominio indígena.

En suma, lo más benéfico que puede decirse del accionar gubernamental contra el cultivo ilegal de coca y contra el narcotráfico, en general y particularmente respecto al TIPNIS, es que su efectividad es escasa y dudosa. Demasiado pobre como para que los indígenas del TIPNIS y la ciudadanía en general le creamos a García cuando asegura que lo protegerá efectiva y garantizadamente, eliminando todo riesgo creado por la carretera, por el solo hecho de contar con nuevas y necesariamente repetidas disposiciones legales protectivas, y por su buena voluntad. Tal vez le creeríamos si, por lo menos, su Gobierno no hubiese puesto la inteligencia antinarcóticos del Estado en manos de un avezado narcotraficante que usaba

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la autoridad recibida para transportar personalmente grandes cantidades de droga.

Revelaciones, a manera de conclusión

El libro de García tiene el evidente propósito de ser una contundente respuesta a la crítica y el cuestionamiento a la gestión de gobierno y a la conducción del proceso de cambio, tan fulminante y devastadora, que concluya toda polémica al respecto por la vía de la liquidación moral y política del contendiente. Pero su apuro y desasosiego es tan grande como son pequeños sus argumentos y endebles sus fundamentos éticos. Por eso, la mentira, la incoherencia y la calumniosa descalificación personal atraviesan todo el libro de García, dándole su más profundo sentido y su más claro contenido. Sin embargo, muy a despecho de su propósito, y en singular paradoja, es un libro falaz cargado de profundas revelaciones.

La primera y más clara de las revelaciones de García es la que se presenta en el mismo carácter falaz y calumniosamente descalificador de su libro. Con él devela patéticamente la profunda defección ética desde la que se gobierna y se pretende conducir el proceso de cambio. El autor del libro, furiosamente condenatorio de las ONG, severamente descalificador de los cupulares “profesionales del poder”, y pródigo en proclamaciones de reivindicación étnica, es, de acuerdo con la más objetiva realidad y sus propios razonamientos, un connotado oenegista, un paradigmático profesional del poder y un enconado racista que, profundamente ofendido por la crítica, quiere descalificar a los que se la hacen atribuyéndoles lo que es propio de su misma condición humana e ideológica.

Pero además, el autor del libro es, también —y este es el dato lapidario para las perspectivas gubernamentales del proceso de cambio— el Vicepresidente del gobierno que dice

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estar construyendo el Estado Plurinacional y consumando una revolución tan profunda como no ha habido otra en toda la historia del continente, su mentado teórico, su pretendido estadista conductor de las políticas revolucionarias, y el privilegiado vocero que expresa e interpreta al Presidente. En este mismo plano ético, se muestra también, concluyentemente, que García y el Gobierno que comparte con Evo Morales no están dispuestos a sostener ningún debate auténtico ni constructivo en el campo social y político desde el que se generó el proceso, mucho menos a ejercicio alguno de autocrítica y, menos aún, a rectificación de ningún tipo. Frente a la crítica, el cuestionamiento o la denuncia de inconsecuencia que puedan plantearse desde el campo popular, por muy legítimos, objetivos, razonables y hasta obvios que estos puedan ser, su respuesta será la autoritaria e intolerante agresión descalificadora o, en el mejor de los casos, el inconmovible silencio de los sordos profundos.

También en el plano social y político que hace al devenir del proceso de cambio, el libro de García es significativamente revelador, al demostrar el rotundo e irreversible desencuentro del Gobierno de Evo Morales con el proceso de cambio del que emergió, resultante de su drástico desplazamiento ideológico y político. Producto de la precipitación de los acontecimientos históricos que lo constituyeron, de las grandes limitaciones y distorsiones en la construcción del instrumento político, y de la precariedad de los acuerdos y estructuras políticas que articularon su extraordinariamente amplia y heterogénea base social, el Gobierno de Evo Morales adoleció, desde su primer momento, de profundas ambigüedades ideológicas, marcadas indefiniciones programáticas y grandes vacíos políticos y organizativos. Estas debilidades del Gobierno, en sus primeros momentos, contrastaban con la fortaleza, amplitud y vitalidad de su convocatoria electoral y su respaldo popular movilizado,

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y, desde entonces, influyeron poderosamente para obstruir y frustrar la adopción y realización de la plataforma histórico-reivindicativa de la movilización popular desde la gestión estatal.

Sin embargo, la fortaleza de la movilización popular, en la que la emergencia del movimiento indígena y campesino se articuló con los sectores populares urbanos detrás de una plataforma de demandas anticolonial y antineoliberal, logró no solo brindar sólido sustento social al gobierno elegido desde la expectativa social del cambio revolucionario, sino también contener y derrotar, definitivamente, la contraofensiva regresiva de los sectores de poder afincados en el movimiento regionalista cívico-empresarial, urgidos por bloquear esa misma perspectiva transformadora. Fue en aquel contexto que el Gobierno, por sobre sus ambigüedades e indefiniciones, impulsado y presionado por la iniciativa política y la movilización reivindicativa de los movimientos sociales-populares, recogió las históricas demandas de estos en un conjunto de acciones, concurrentes a la estratégica proyección estatal de la victoria popular. Entre ellas, tuvieron especial relieve transformador la viabilización de la Asamblea Constituyente y la puesta en vigencia de la nueva CPE, la instalación del proceso de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria con la inicial redistribución comunitaria de la tierra, y la dictación formal de la nacionalización de los hidrocarburos.

Las congénitas debilidades del Gobierno, en todo caso, no dejaron de expresarse sensiblemente en los elementos particulares con los que sus medidas transformadoras menoscababan su propia finalidad fundamental y socialmente demandada. Ilustrativas muestras de ello son la convocatoria a la Asamblea Constituyente favoreciendo amplia y efectivamente la obstrucción y el sabotaje del proceso constituyente por

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parte de las minorías conservadoras; la eliminación de importantes contenidos de la nueva CPE elaborada por la Asamblea Constituyente, surgidos de la auténtica voluntad transformadora de las mayorías indígenas y populares allí representadas, en un oscuro e ilegítimo conciliábulo con la derecha parlamentaria; o la injustificada y perjudicial retardación en la reapropiación de las empresas capitalizadas, determinada por el Decreto de Nacionalización de los hidrocarburos. Aun así, debilitadas desde los dispositivos de su misma adopción y a la postre abandonadas, distorsionadas o revertidas, estas medidas de gobierno, junto a otras conquistas populares en otros ámbitos estatales, convergieron en torno al proceso de construcción ampliamente participativa de la nueva CPE, sobre el activo y creador mandato transformador de las de las mayorías nacionales, y así constituido en la realización central del proceso de cambio. Es pues este conjunto de realizaciones estatales logradas por la histórica emergencia social y política del movimiento indígenas y los otros movimientos sociales-populares, el que determina la substancia del proceso de cambio y, al mismo tiempo, señala su perspectiva ideológica y programática de transformación democrática y emancipatoria.

Pero mientras el pueblo en lucha, en las calles, los caminos y las ánforas, lograba sus mayores victorias y abría con ellas el proceso de cambio, oscura y silenciosamente, y al amparo de la inconsecuencia y deslealtad del núcleo central del Gobierno, los intereses y designios del poder tradicional, oligárquico y transnacional, empezaban a retomar las posiciones perdidas en el poder político. Así, temprana y subrepticiamente, se iniciaba la recaptura del Gobierno Central por parte de sus detentadores de siempre: las empresas transnacionales, la oligarquía subsidiaria del capital extranjero y su variopinta y común clientela política. En los primeros años del Gobierno

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de Evo Morales, este proceso regresivo interno se desarrolló lenta, difícil y casi imperceptiblemente a causa del contrapeso ejercido por el ascenso popular. Pero en la medida en que sus empeños paralizaban la gestión gubernamental y la desviaban de su mandato social, lograba también frustrar la iniciativa política popular, centrada en su adhesión al Gobierno, y debilitar los vínculos de ella con los núcleos gobernantes. Con ello, resquebrajaba el muro de contención que preservaba al Gobierno de su plena retoma por sus antiguos ocupantes.

El holgado control de los poderes públicos y el fortalecimiento de su convocatoria política, otorgados al Gobierno por su relección en 2009, fueron asumidos por este, en función de su esquivo y superficial compromiso con los sectores subalternos de la sociedad y de su ya avanzado desplazamiento ideológico-político, como la segura oportunidad de eliminar la incidencia autónoma de los movimientos sociales populares sobre la gestión pública central, y concentrar todo el poder en un estrecho e inaccesible círculo. Para ese crucial propósito, los siempre débiles vínculos con esos actores fueron disueltos o desvirtuados para convertirse, invirtiendo su original sentido democrático y destruyendo su legitimidad, en mecanismos de subordinación clientelar de las organizaciones populares al mando político gubernamental. De este modo, los grupos tradicionales de poder vieron grandemente favorecida su estrategia de cooptación y reocupación del poder político, advirtiendo que, para su realización total, solo tendrían que ceder algunos pequeños espacios y beneficios de su tradicional usufructo de la administración estatal, a los nuevos operadores políticos, ansiosos por sumárseles. Así, durante los dos últimos años, la reconquista transnacional y oligárquica del poder político ha adquirido el ritmo vertiginoso y la amplitud y profundidad de alcances que, finalmente, la han consumado a plenitud. Hoy, el Gobierno de Evo Morales

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insiste machaconamente en su pertenencia a los movimientos sociales, delatando su definitivo abandono. Lo que le queda de popular, revolucionario o indígena, es una cáscara simbólica y discursiva que brinda su protectora y legitimadora cobertura a la restructuración de los tradicionales intereses dominantes en el centro mismo del poder político.

Muy en contra del desesperado alegato de García, son los hechos, hoy significativamente más categóricos y evidentes que cuando los denunciamos en nuestro Manifiesto hace solo unos pocos meses, los que demuestran dramática y concluyentemente esa defección. En efecto, la nueva CPE, recién elaborada y aprobada por la esperanzada voluntad de transformación revolucionaria de la gran mayoría de los bolivianos, viene siendo violada e incumplida por el Gobierno con sistemática y creciente reiteración, en favor de quienes siempre redujeron la ley al sórdido servicio de sus intereses. La construcción de la nueva y plural democracia, establecida en la nueva CPE para dar forma y movimiento al Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico, ha sido suplantada desde el Gobierno por la imposición de un régimen autoritario, excluyente, represivo y autocrático, despreciablemente parecido a una monarquía absoluta, en el que la voluntad expresa o la conveniencia implícita del gobernante supremo decide por igual sobre los actos de los ministros de Estado, sobre las decisiones de los legisladores, sobre la composición de la alta magistratura, sobre los juicios que el Ministerio Público precipita o retarda con inocultable parcialidad política, sobre las brutales violaciones de los derechos humanos que comete la policía reprimiendo las pacíficas manifestaciones de los más humildes y, en fin, hasta sobre las secretarias que entran o salen de las oficinas públicas.

La recuperación nacional de los recursos naturales estratégicos, como los hidrocarburos, los minerales y los bosques

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tropicales, se ha quedado aprisionada en la estéril formalidad jurídica o, ni eso, en la mera farsa discursiva, y el capital transnacional ejerce tanto poder y obtiene tanto beneficio de los mismos, como los que tenía en tiempos neoliberales. La reforma educativa descolonizadora, fundamental y decisiva para el desarrollo liberador de las potencialidades humanas de nuestra sociedad, igualmente congelada en su definición jurídica, solo ha producido computadoras para los maestros y una deficiente e inútil propuesta de diseño curricular.

Las importantes reservas internacionales netas generadas por la extraordinaria elevación en los precios de las materias primas que exportamos, han sido invertidas, casi en casi su totalidad y durante todo el Gobierno de Evo Morales, en bancos extranjeros y en bonos del tesoro de Estados Unidos, con el argumento tan típicamente neoliberal como incongruente con la realidad actual, ofrecido por García, de brindar seguridad y liquidez, cuando los intereses que pagan esos depósitos en la mayor parte de los casos no llegan al uno por ciento, y la seguridad que ofrecen es la de una banca al borde de la quiebra. Así, nuestras reservas internacionales sirven para mitigar la crisis de la banca transnacional y de los Estados ricos, mientras la construcción del modelo productivo comunitario, base indispensable para la reorganización integradora, liberadora y justa de la sociedad, está totalmente postergada a falta de inversión pública y apoyo estatal. La redistribución comunitaria de la tierra ilícita o improductivamente concentrada, y el reconocimiento pleno y concreto de los derechos territoriales indígenas han perdido impulso y efectividad frente al manifiesto propósito oficialista de revertirlos en favor de la mercantilización de la tierra, y al retorno de la corrupción y la intransparencia de la administración agraria, que la devuelve al oscuro servicio de los poderosos de siempre y de los viejos y nuevos traficantes de tierras.

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Los principales beneficiarios de este definitivo encausamiento de la gestión de Gobierno son, como bien decimos en nuestro Manifiesto y es necesario ratificarlo, los que se siempre estuvieron bien y ahora están mejor. En efecto, la banca privada, sólidamente articulada a la banca transnacional, tiene gigantescas ganancias jamás obtenidas a lo largo de toda la historia y difícilmente parangonables en otros países, producto del abuso usurero de la situación económica y de las extraordinarias prerrogativas que le brindó la administración neoliberal y que el “Gobierno de los movimientos sociales” conserva con religioso rigor. Las transnacionales petroleras controlan por lo menos el 85 por ciento de la producción de hidrocarburos en el país, con holgado y unilateral dominio de las reservas, y, sobre esa base, han impuesto plenamente su estrategia e intereses sobre las políticas públicas del sector. Si sus beneficios no son mayores, como lo serían con la brutal elevación en el precio al que el Estado boliviano les compra el petróleo, que el Gobierno les concedió mediante un gasolinazo de proporciones mucho mayores a las que tenían los adoptados con los gobiernos neoliberales, se debe exclusivamente a que lo impidió la movilización popular.

Las transnacionales mineras siguen disfrutando del ultraliberal Código de Minería que Sánchez de Lozada confeccionó a la medida de sus intereses personales y los de su gremio empresarial, y a ello se debe que de las extraordinariamente grandes ganancias que les deja la exportación de minerales a los elevados precios internacionales de los últimos años, el Estado boliviano tenga bajísimas participaciones. Algo parecido sucede con las empresas madereras que, al amparo de la ley forestal del mismo Sánchez de Lozada, detentan alrededor de cinco millones de hectáreas de bosques tropicales, y que bajo decretos supremos escandalosamente ilegales, contrarios a la propia ley de Sánchez de Lozada y mantenidos vigentes por

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este Gobierno, pagan por ello miserables tributos simbólicos, lo que les permite retener especulativamente sus concesiones y dedicarse más bien a rescatar la madera extraída de otras áreas, frecuentemente sin control ni legalidad.

También en otros rubros les va muy bien a las transnacionales a costa del país, como lo demuestra la constructora brasileña OAS con la plena continuidad que ha venido dando al aprovechamiento doloso de contratos delictivos para construir carreteras con sobreprecio, en substitución de sus compatriotas Andrade Gutiérrez y Queiros Galvao, favorecidas en este negocio por los anteriores gobiernos. La propia burguesía agro-exportadora de Santa Cruz, no obstante la radicalidad y violencia con la que confrontó el proceso de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria en sus primeros años, ha logrado concesiones tan importantes e inéditas de parte del Gobierno, como la legalización de la producción y comercialización de transgénicos que el propio Banzer, el más orgánico de sus representantes en el poder, solo les admitió con la precariedad de un Decreto Supremo. En cuanto al narcotráfico y al masivo “blanqueo” de sus utilidades por vía del contrabando, su innegable dinamismo y expansión, incluyendo el encumbramiento de uno de los suyos en el mando de la misma inteligencia antinarcóticos del Estado, hacen recordar los tiempos en que campeaba Roberto Suarez bajo la protección de Arce Gómez.

Por todo lo anterior, la recurrente apelación a la contradicción con la derecha en el discurso oficialista es completamente hueca, engañosa e hipócrita. La confrontación entre el Gobierno del MAS y la derecha tradicional se ha reducido, en lo fundamental, a la disputa por representar y gestionar los mismos intereses y el mismo proyecto estatal, accediendo al mismo disfrute prebendal del poder político. Así, el Gobierno persiste en aplastar a los sectores más connotados

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y representativos de la derecha tradicional, como son los casos de los exprefectos y de las tradicionales cúpulas nacionales, valiéndose principalmente de las cuentas pendientes que efectivamente tienen con la justicia. No obstante, no es casual ni políticamente irrelevante que, al mismo tiempo, haya reclutado a un amplio espectro de otros sectores de la misma derecha tradicional, que van desde los movimientistas del Beni, hasta los más agresivos y delincuenciales grupos de choque de la ultraderecha cruceña, pasando por varios otros cuadros recién salidos de PODEMOS o NFR.

Pero si aún puede observarse la acometida del Gobierno contra las cúpulas de la tradicional derecha política, su relación con los actores que suelen denominarse derecha económica, y que no son sino los directos detentadores del poder que concentra las decisiones y la riqueza, difícilmente podrían ser mejores. En efecto, la Cámara de Hidrocarburos y su diversa vocería encubierta en el análisis tecnocrático, son cada vez más conceptuosos con la gestión de Gobierno y han defendido con obvia resolución y esfuerzo las medidas que los benefician, como el gasolinazo o la creciente entrega de los principales campos hidrocarburíferos a su dominio. Los organismos financieros multilaterales, que en el mismo discurso gubernamental fueron señalados como la concentrada expresión del imperialismo, son cada vez más colaborativos con el Gobierno y, con creciente frecuencia, congratulan y destacan los éxitos de sus políticas sociales y económicas. Los mismos gremios agroempresariales han devenido, frente al Gobierno, a pendular entre el silencio y el agasajo.

En verdad, actualmente existen dos derechas en Bolivia: una tradicional, sujeto de la democracia pactada y administradora del neoliberal ajuste estructural, cuya definitiva derrota la ha dejado en un irrelevante rol testimonial, y la otra, crecientemente nutrida de la primera, que es la que

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gobierna bajo el manto discursivo de la reivindicación étnica y la revolución democrática y cultural, en función del mismo proyecto histórico capitalista, colonial y oligárquico. Es probable que si hay algo que amargue y mortifique a Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga o Paz Zamora, sea comprobar cómo el Gobierno de Evo Morales es más efectivo que los suyos para proteger y promover los intereses que ellos se consagraron a servir con la abnegada lealtad, claridad doctrinal y calidad técnica de las que aquel carece, y por cuya defensa fueron defenestrados y sustituidos por el mismo advenedizo.

En contrapartida, corresponde también ratificar nuestro Manifiesto respecto a los escasos y dudosos beneficios que la gestión de Gobierno de Evo Morales ha deparado a la calidad de vida de la inmensa mayoría de los bolivianos, desde siempre sometidos a la pobreza y la exclusión. Cabe mencionar, primero, la otorgación de la propiedad comunitaria de la tierra a varios pueblos indígenas y comunidades campesinas, lo que, no obstante su fundamental e integral importancia para sustentar de forma autónoma y sostenida el bienestar y el empoderamiento comunitario, al carecer del necesario complemento de la inversión pública y el apoyo estatal para la satisfactoria producción comunitaria, no ha logrado incidir significativamente en las condiciones materiales de vida de las comunidades y familias destinatarias.

Por otra parte, están también los bonos y la ampliación de las obras de infraestructura de interés social. Sin embargo, el beneficio que reportan estas acciones a los sectores socialmente más desfavorecidos dista mucho de mejorar substancialmente su calidad de vida o sacarlos de la severa pobreza en la que viven. Al mismo tiempo, carecen de significación en la transformación de las estructuras sociales y económicas que determinan la pobreza y exclusión de la mayoría de la sociedad. Sin ser negativas por definición, son acciones que

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cabe esperarse y recibirse del común de las políticas públicas neoliberales, como que ya se las obtuvo, en alguna medida, de los gobiernos anteriores que se explayaban tanto en ejecutarlas y publicitarlas como el actual. En ningún caso podrían ser reconocidas como la obra principal de un proceso revolucionario.

Pero los mezquinos y frustrantes beneficios en las condiciones materiales de vida de los sectores sociales mayoritarios, no son el mayor daño que la gestión de Gobierno de Evo Morales les ha causado. Sí lo es, en cambio, la dilapidación del conjunto de extraordinarias oportunidades históricas para la transformación profunda e integral de la sociedad y el Estado bolivianos, constituyendo al mismo tiempo la total defraudación del histórico mandato recibido del pueblo boliviano. En efecto, en este periodo histórico, la concurrencia convergente de varios factores internos y externos a la vida nacional ha otorgado al Gobierno de Evo Morales múltiples y excepcionales disponibilidades de orden social, económico y político para la transformación revolucionaria del país.

Para empezar, el advenimiento de la mayor crisis mundial del capitalismo ha debilitado la presencia y poderío de sus más caracterizadas instituciones y aparatos de dominación, y está impulsando crecientemente a la sociedad, en el mundo entero, a cuestionarlo profundamente y a buscar alternativas que lo superen. Como correlato interno en Bolivia, el modelo neoliberal ha fracasado estrepitosamente y ha arrastrado, en su agotamiento y liquidación, a gran parte de las antiguas estructuras socio-políticas que sustentaron el poder oligárquico colonial. Frente a todo ello, la gran mayoría de la sociedad boliviana, con una amplitud nunca vista en la historia, se organizó, movilizó y luchó demandando la construcción de un país distinto, que supere definitivamente no solo el

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fracasado neoliberalismo del presente, sino también el largo pasado de colonialismo interno, dependencia y apropiación oligárquica del poder político. En esa esperanza, la sociedad boliviana tuvo la ventaja de converger, en distinta forma y medida, con las iniciativas y búsquedas de varios gobiernos y muchas instancias de la sociedad civil en todo el mundo. Por último, pese a la crisis capitalista, el vigoroso y sostenido crecimiento de las economías emergentes ha determinado una extraordinaria elevación en los precios internacionales de las materias primas, incluyendo las que exportamos, lo que, a su vez, le ha proporcionado al Estado boliviano ingresos también extraordinarios y la consiguiente capacidad de inversión pública soberana que no tuvo en muchísimo tiempo.

Pero todas estas extraordinarias disponibilidades para cumplir su mandato de transformación del país, han sido desaprovechadas por el Gobierno de Evo Morales, y hoy, en varios casos, están significativamente disminuidas o definitivamente perdidas. No queda aquí el daño a los intereses y expectativas de las mayorías nacionales causado por el Gobierno. Un daño aún mayor es la instrumentación simbólica y discursiva del proceso de cambio, de sus sujetos sociales, de su convocatoria y de la incontrovertible justeza de sus finalidades, para terminar legitimando y encubriendo la restructuración y avance del poder transnacional y oligárquico. No otra cosa significa proclamar una falsa nacionalización para proteger a las transnacionales de la verdadera, reformar el sistema de justicia para perpetuar su corrupción, su mediocridad y su abyecta servidumbre al poder político, e introducir la intermediación de rostros y nombres indígenas para la continuidad del viejo usufructo del poder. No otra cosa significa, en fin, convertir al proceso de cambio en el manto redentor y consagratorio de los que, habiendo siempre usufructuado del Estado boliviano y sus revoluciones, usufructúan también ahora de las más caras

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esperanzas de los pobres y humildes, con el solo precio de sumar a su eterno festín, algunos pocos comensales, quizá de atuendo nativo y apellido indígena para que la “sublevación de la plebe” esté con ellos.

Pero volviendo a García, y ya para concluir, está claro que él no es, ni mucho menos, el autor principal de la consumada defección ética, ideológica y política del Gobierno de Evo Morales. García es solo una prescindible pieza de segunda línea en el aparato político de la reconquista oligárquico-transnacional, un servidor de Evo Morales consciente y hasta orgulloso de su obsecuencia, que actúa con la descontrolada agresividad de quien se sabe irremediablemente perdido y sin camino de retorno.

Corresponde terminar reafirmando la convocatoria de nuestro Manifiesto a recuperar, reconducir y relanzar el proceso de cambio abierto por la heroica lucha del pueblo boliviano, en tanto sus realizaciones y conquistas contienen y proyectan la perspectiva de construir, entre todos, un país libre, con un Estado integralmente democrático y una sociedad entrañablemente integrada por la solidaridad comunitaria. Solo pueden hacerlo quienes lo gestaron y conquistaron: los movimientos sociales-populares en su amplia y enriquecedora diversidad, y lo harán sin el Gobierno de Evo Morales y aun contra él, desde los espacios de su inexpugnable organización social, con la rebeldía de su autónoma iniciativa política, sobre la memoria de sus luchas históricas, y bajo la esperanza de la emancipación total y definitiva.

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Palabras contra el olvido, el desprecio y la soberbia de lospatrones, partidos y caudillos Oscar Olivera Foronda

Recuerdo que en 1964, a fines de octubre, me invadió la tristeza, el miedo, la impotencia y la bronca. Una bala perdida disparada por un soldado durante el golpe militar de ese año había matado a mi mejor amigo de infancia, a mi hermano, a mi compañero, a Carlos.

Carlos estaba entrando a su casa, pisaba la grada de la puerta de calle y cayó muerto. Tenía 9 años. No podía entender por qué mi mejor amigo tuvo que morir siendo tan niño.

El año 2000, en abril, en esa misma calle, casi en la misma puerta, y después de más de 25 años, moría otro joven en la Guerra del Agua. Me invadieron los mismos sentimientos, las mismas preguntas.

En abril del 2001, en una marcha hacia La Paz, fuimos intervenidos por tanques y helicópteros del Ejército. Éramos más de dos mil compañeros y compañeras. Dispersados en las montañas del altiplano aymara, perdidos, hambrientos, sedientos y cansados, y en medio de la noche, nos preguntamos: ¿Qué hemos hecho para estar así, perseguidos, condenados, buscados?

En octubre de 2003 lloramos de alegría cuando vimos partir, en veloz y cobarde fuga, el avión en el que se encontraba Gonzalo Sánchez de Lozada, el cínico vende-Patria.

En junio y julio del 2005 vimos desmoronarse el poder popular construido a partir de las jornadas del año 2000, cuando el Congreso dispuso adelantar las elecciones generales para ese fin de año, ante la práctica desaparición de los partidos políticos. Buscaban llevarnos al juego de la democracia representativa, privilegiada y demagógica, luego de haber ejercitado una democracia participativa y asambleística, en las

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calles, los caminos, las comunidades y las plazas.En enero de 2006 me volvieron estos y muchos otros

recuerdos de temores, tristezas, frustraciones y enojos. Es que fui presa del temor de que los compañeros que habíamos empujado para que transformen nuestras vidas desde esa estructura estatal heredada, para desmontarla y transferir el poder a las comunidades de la ciudad y el campo, a través del fortalecimiento organizacional e ideológico, no iban a cumplir con estas tareas.

Dije públicamente en ese momento que no sentía alegría alguna porque Evo Morales haya ganado las elecciones. Estaba preocupado —declaré— porque los defectos y debilidades de las personas que habían asumido la responsabilidad de empujar “desde arriba” un real proceso de cambio, terminen imponiéndose convirtiendo a esas personas en catalizadores del continuismo, en nuevos protagonistas de las viejas estructuras estatales racistas, coloniales, corruptas, sordas, ciegas y de absoluta subordinación a los intereses de los nuevos amos del mundo, de los nuevos reyes y reinas, de los grandes consorcios de transnacionales que desde los años 70 han establecido políticas de saqueo, de despojo, de genocidio y de etnocidio en contra de nuestros pueblos y nuestra Madre, la Pachamama.

I. Lo que la gente había demandado en el año 2000

La gente del campo y la ciudad va construyendo, desde abajo, colectiva y laboriosamente, eso que llamamos “tejido social”. Ese tejido social se va reconfigurando como cuando se arroja una pequeña piedra a la superficie de un espejo de agua: las ondas que producen ese encuentro entre la piedrita y el agua no son verticales, no son caóticas, no son conflictivas, son más bien horizontales, tranquilas, armoniosas y cada vez más grandes y vigorosas. Así entendí —así entiendo— los procesos

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Palabras contra el olvido

de resistencia, deliberación, decisión y lucha de nuestros pueblos, de la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad, de los ancianos y ancianas, de los hombres y mujeres, de los jóvenes y jóvenes (como dice el “Sup”), de los niños y niñas de nuestras tierras, donde lo que une es la indignación, el sentirse ninguneado, ignorado, despreciado, es decir, “inexistentes” para las élites económicas y políticas en todas partes del mundo.

Por eso la gente, en la Guerra del Agua y en la Guerra del Gas, empezó —como dicen los hermanos y hermanas zapatistas del EZLN— a hacer andar la palabra, para que esta solo se detenga para escuchar a la tierra, a las piedras, a los ríos y mares, a los árboles, a la selva y a las montañas, a las nubes y los pájaros, y a la gente; para que la gente siga caminando, porque lo que más temen los poderosos son las palabras, las que vienen de la multitud, de la tierra, del infierno en que se han convertido sus vidas.

En la Guerra del Agua y en la Guerra del Gas demandamos una nueva vida, sin política partidaria como sinónimo de olvido y desprecio, sin esa economía de muerte, de despojo, de saqueo, de exterminio y de corrupción. Por eso expulsamos a la transnacional estadounidense Bechtel; por eso expulsamos a Gonzalo Sánchez de Lozada; por eso pusimos en la estructura estatal a Morales y García, para cambiar, para transformar nuestras vidas y vivir en armonía con la naturaleza, con nuestra Madre la Tierra, porque somos sus hijos y sus hijas. Por eso pusimos nuestros cuerpos a las balas y a los gases en las barricadas; por eso pusimos nuestras broncas y nuestros gritos al viento, para decir que existimos y que no íbamos a permitir que el olvido se imponga a nuestra memoria histórica, a la dignidad.

Había, en ese tiempo, pese a nuestros temores y preocupaciones, esperanza, alegría, entusiasmo y energía.

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II. La re-partidización de la política y el temor al poder popular

Las demandas de la gente se hicieron más fuertes en las luchas por la Asamblea Constituyente. Eran voces que amplificaban, como un eco poderoso, las voces de las jornadas victoriosas de abril y septiembre de 2000, durante los levantamientos indígenas de quechuas y aymaras. Eran también las voces de los y las indígenas de las tierras bajas, los mismos que protagonizaron la reciente VIII Marcha en defensa y preservación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en agosto-octubre de este año 2011.

En términos simples, esas demandas nos decían: no más partidos; horizontalización del poder; democracia comunitaria y participativa; decisión de las organizaciones sociales en una nueva estructura social y económica. Se trataba de construir, entre todos y todas, una nueva forma de convivencia social basada en los principios ancestrales de nuestros padres y abuelos, de nuestras madres y abuelas: reciprocidad, complementariedad, respeto, solidaridad, generosidad y, por supuesto —como parte de la naturaleza que somos—, convivencia armónica con la que nos dio, nos da y nos dará la vida, la Pachamama.

Recuerdo que a fines de mayo del 2005, las organizaciones sociales, todavía vigorosas, autónomas, solidarias y horizontales —porque nos veíamos como iguales—, elaboramos una propuesta de ley para que sea sancionada y promulgada por el gobierno derechista de entonces. Teníamos la fuerza que necesitábamos, pero Morales y los masistas nos dijeron: “Hermanos, vamos a elaborar, aprobar y promulgar una ley menor, porque vamos a tener una mayoría parlamentaria”. Y les creímos.

Con el MAS, Morales y García en el gobierno, sin embargo, la cosa no fue así. La derecha, travestida de

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“izquierda”, se envalentonó: Álvaro García Linera, el llulla (mentiroso en quechua), empezó a sacar las uñas y la lengua para destruir todo aquello que nosotros habíamos construido: un tejido social vigoroso, fuerte, unido, digno, autónomo y anti-partido. Tan evidente es la conversión del llulla García apenas convertido en Vicepresidente, que no puedo olvidar que fue con su ayuda que construimos aquella Tesis Fabril nacida en el congreso de obreras y obreros en Oruro, el año 2000, cuando planteamos aquellas palabras que hoy recorren el mundo: “Ni nacionalización, ni Estatización, ni Privatización: ¡¡Autogestión!!”

La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente fue también parte de ese proceso de simulaciones y mentiras. Acordada entre cuatro paredes, entre cuatro individuos (los jefes de los partidos políticos de ese entonces) y a espaldas de la gente, esta ley devolvía la representación ciudadana, la intermediación política, a los partidos; la posibilidad de constituir las denominadas “agrupaciones ciudadanas”, como sustitutas de los partidos, tenía mucho más requisitos que para constituir una tradicional organización partidaria.

Resultó entonces que la elección de los asambleístas fue a dedo, determinada por los “jefes” de los partidos; se infiltraron muchos “derechistas” en las listas del oficialismo y varios temas importantes, como el tema laboral, fueron ignorados. Al final, quiénes decidieron el contenido de la nueva Constitución fueron los mismos actores que aprobaron la ley de convocatoria.

Lo extraño, ilegítimo e “ilegal” (desde la perspectiva de las leyes neoliberales), es que no era la Asamblea Constituyente la que debía aprobar el texto final de la nueva Constitución. Pero además, el texto fue cambiado por los “jefes” y promulgado por el Congreso Nacional, sustituyendo a la Asamblea al convertirse en un “Congreso Constituyente” que certificó y “legalizó” lo que los jefes de los partidos y García ya habían

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decidido. A pesar de ello, alrededor de esta Asamblea se estableció un gran entusiasmo en varios sectores sociales para aportar de manera participativa en la elaboración de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Desde mi perspectiva, si bien la nueva Constitución tiene un sinfín de limitaciones y contradicciones que se están haciendo cada vez más visibles ahora, durante su aplicación, ese texto tiene la virtud de constitucionalizar —en el papel— varios convenios y acuerdos internacionales que abren la posibilidad de construir espacios institucionales nuevos, como el control social o los emprendimientos autogestionarios. Estoy convencido, igualmente, de que esos convenios y acuerdos internacionales incorporados en la nueva CPE, aquellos referidos a los derechos de los pueblos indígenas, pueden ser útiles para recuperar la autonomía y el auto gobierno indígenas como en el caso de los y las hermanos del TIPNIS.

Hoy, sin embargo, no solo esos acuerdos y convenios internacionales, sino la propia CPE, son desconocidos y pisoteados por el actual Gobierno. Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la consulta previa a los pueblos indígenas.

En otro ámbito, pero también relacionado con la distorsión de los contenidos de la nueva Constitución a partir de su lectura con ideologías y prácticas neoliberales que han hecho carne en algunas comunidades y barrios populares, advertimos que términos como “usufructo”, “prioridad” o “aprovechamiento” de los recursos naturales, han generado duras y peligrosas confrontaciones entre las comunidades y la ciudad, y entre las propias comunidades, por el “disfrute” y “explotación” de los recursos o bienes comunes como el agua, los minerales, los hidrocarburos y la biodiversidad, mercantilizando así las relaciones entre las comunidades y la Madre Tierra.

Esto último tiene que ver, además, con la grave y

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vergonzosa contradicción entre el discurso y la acción del Gobierno y, en particular, los de Morales: defensores de los derechos de la Madre Tierra ante el mundo, entreguistas y mercantilistas de la Pachamama en la práctica cotidiana de su gestión de Gobierno, en la relación que establecen con las transnacionales afincadas en el país y en las prebendas que les ofrecen a sus correligionarios.

En síntesis, la nueva Constitución no tuvo una efectiva participación de la gente, no se tomó en cuenta lo que pudo haberse colocado como contenido; no aprobaron el texto final los Asambleístas, sino que la definieron los jefes de los partidos a través de esa especia de “collage” que hicieron para contentar a todos los sectores sociales y partidarios; la nueva CPE es una “bomba de tiempo” situada debajo de la silla de Morales, como ya se está viendo en los conflictos que tienen que ver con la construcción de mega-proyectos de energía, camineros, mineros o petroleros que entran en franca colisión con las comunidades y poblaciones de las regiones en las que se pretende llevarlos a cabo.

Como decía un poblador de la zona Sud de Cochabamba, un hermano que ya vivió 40 años como inquilino, que no tiene casa, agua ni una posta sanitaria: “La Constitución es un librito chiquito y muy bonito que nos han entregado, pero creo que no sirve para nada, porque nada se cumple”.

III. La economía como forma de dominación y subordinación

Es inevitable referirnos nuevamente a la Guerra del Agua y a la Guerra del Gas porque fue allí donde la gente demandaba una economía distinta, no de mercantilización, de saqueo y de despojo, ni de expulsión de las comunidades por el deterioro de sus territorios; allí la gente demandaba una economía donde la producción comunitaria y los emprendimientos urbanos,

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basados en la autonomía de gestión y fuera de la normatividad mercantilista y sancionadora a los pequeños productores, nos permita superar la condena de la sobrevivencia.

Se trataba de remontar, en el campo de la economía, el viejo modelo de dominación del capital extranjero y la subordinación de “nuestro desarrollo” a los intereses de las empresas transnacionales y de gobiernos como el del Brasil. Se trataba de construir una economía basada en el respeto a las leyes laborales, a los trabajadores y trabajadores de la producción industrial en general y a los funcionarios públicos; una economía donde se eliminen las condiciones de fraude laboral impuestas durante el neoliberalismo desde 1985. Eso queríamos, eso demandamos, eso les dijimos a los actuales detentadores del poder y del Gobierno, y no lo hicieron.

La primera muestra del rumbo que iba a tomar la economía en la actual gestión de Gobierno se vio claramente en la actitud que asumió el dúo García Linera-Arce Catacora (ministro de Economía de Morales, muy ligado a altos cargos en los gobiernos de la derecha boliviana) en el caso de la crisis del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), en marzo de 2006.

Más de 2.500 trabajadores y trabajadoras del LAB tomaron los aeropuertos reclamando un apoyo estatal para el manejo de la empresa por parte de ellos mismos, de esa empresa que fue saqueada por empresarios brasileños y bolivianos bajo la protección del neoliberalismo. En aquel entonces, y a solo semanas de haberse instalado como Gobierno, García y Arce sacaron a la Policía y al Ejército para reprimir a los trabajadores del LAB, a los obreros fabriles y los guerreros del agua que habíamos decidido apoyar esa palabra clave para cambiar la sociedad: ¡¡AUTOGESTION!!

Los citados funcionarios de Gobierno nos dijeron que no podían hacerse cargo de impulsar un proyecto para gestionar la corrupción y que habían decido involucrarse allí donde

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había dinero, inversión, utilidad, ganancia. Los trabajadores y trabajadoras, en el caso del LAB, solo reclamábamos justicia social, reclamábamos que la crisis de las empresas manejadas corruptamente por los ricos ya no debía descargarse, como siempre, sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras.

El nuevo Gobierno nos demostró, en esos hechos y con esas palabras, y con la creación de una nueva línea aérea paralela y el fortalecimiento de las empresas privadas existentes a través de nuevos contratos de servicio, que no tuvo ni tiene la voluntad para generar un nuevo tipo de economía social.

La mayoría de las 2.500 familias de los trabajadores y trabajadoras del LAB hoy están precarizadas, han perdido casi todas sus pertenencias para sobrevivir, jamás les fueron pagaron sus beneficios sociales porque los empresarios jamás aportaron a los fondos de la seguridad social; varios se suicidaron y hoy constituyen un grueso sector social desalentado por las promesas de la campaña del MAS del 2005, cuando prometieron salvar la empresa.

Esa fue, a nuestro juicio, la primera muestra de lo que iba a significar luego la política económica del actual Gobierno con la continuidad de la presencia de las empresas transnacionales de petróleo y minería, y jugosas indemnizaciones a las transnacionales como la Suez (más de 20 millones de dólares), que fue echada por el pueblo de El Alto el año 2005.

El 2006, la denominada “nacionalización” de los hidrocarburos —que no fue tal y más bien una propaganda que un hecho real—, si bien establece una relación más justa con el capital transnacional en cuanto a la renta petrolera, jamás se nacionalizó nada. La empresa estatal es solo un logotipo, las petroleras siguen definiendo las políticas hidrocarburíferas sin industrialización, contraviniendo la Agenda de Octubre fijada por el pueblo boliviano, en general, y por el pueblo alteño, en particular.

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La gran minería, como la establecida en la mina San Cristóbal, de propiedad y operada por la japonesa Sumitomo, consume diariamente el equivalente al agua que consumen todos los habitantes de Cochabamba en un día. Esto ha ocasionado el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, la desaparición de plantas y bofedales y fuentes de agua; los animales se han ido o han muerto por la contaminación y el ruido producido por las dinamitas. Esta mina es la más grande a cielo abierto del mundo y su materia prima se agotará en pocos años más; es una planta impenetrable para los defensores de los derechos laborales y medioambientales. Morales visitó la mina, felicitó a los inversionistas por su tecnología y por su inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares que genera la producción al año y que apenas deja 60 millones en impuestos. El Gobierno jamás escuchó las demandas de los campesinos, les dijo que eran “malos hermanos” porque se oponían al “desarrollo”.

Son numerosos los pueblos que hoy sufren las consecuencias de la contaminación de la actividad minera, pueblos y comunidades pequeñas cuyas voces han sido acalladas y sus reclamos extraviados en la burocracia estatal, muchas veces comprometida con esos intereses. Vitichi en Potosí, las comunidades de los ríos Pilcomayo en Chuquisaca, Tarija y Potosí, el río Desaguadero en Oruro y el lago Titicaca en La Paz, son ejemplos concretos de los estragos de la continuidad del modelo extractivista neoliberal y depredador.

Sobre el tema de la seguridad alimentaria del que tanto habla Morales en su Ley de Revolución Productiva, solo podemos decir que de acuerdo a varios documentos publicados por organizaciones que trabajan estos temas, hoy se importa un 60 por ciento más en alimentos que hace cinco años.

Sumado a esto está el negocio del cambio en el uso del suelo promovido desde las esferas institucionales en

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los municipios, gobernaciones y las direcciones sindicales campesinas ligadas al Gobierno. Se busca urbanizar las tierras agrícolas, las de pastoreo y las tierras comunitarias de recarga hídrica poniendo en serio riesgo la seguridad alimentaria en Bolivia y, en particular, en Cochabamba.

IV. La Guerra del Agua fue la que parió a este Gobierno

Si la Guerra del Agua habría tenido otro desenlace, creo que no habría habido Gobierno de Morales y García. Si bien la participación de estos personajes en esa lucha fue periférica —uno gozando de su inmunidad como parlamentario y el otro como investigador que quería saber lo que pasaba luego de salir de la cárcel—, esta rebelión popular les sirvió a ambos para ampliar su discurso y acción a las ciudades a través de la Coordinadora del Agua y de la Vida, instancia autoorganizada y autónoma de la gente del campo y la ciudad que resistió y revirtió la privatización del agua en Cochabamba.

Hoy el agua no figura en la agenda estatal, se encuentra en los discursos, pero en la práctica no existe. El Ministerio del Agua, que fue creado en enero de 2006 por la presión de las organizaciones sociales, es hoy en día propiedad de un minúsculo grupo de gente absolutamente inoperante e incapaz.

Las empresas públicas de agua potable y alcantarillado han sido abandonadas a su suerte y su gestión es ineficiente y corrupta. Estas empresas han sido copadas por los “militantes” del “proceso de cambio”, los mismos que ayer estuvieron en contra de la lucha por el agua y hoy dirigen estas empresas hundiéndolas aún más que antes de la Guerra del Agua.

En el año 2000 la gente no luchó para que el agua se reconozca como “derecho humano”. Esta es una retórica linda en el papel y para consumo del Norte, pero va en contra de la concepción de que el agua es la sangre de la Madre Tierra,

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de que el agua es un ser vivo y es un regalo generoso de la Pachamama para todos los seres vivos, como la propia tierra, las montañas, las plantas, los animales. Nadie tiene derecho, desde una perspectiva homocentrista, a tener prioridad sobre el agua.

Los ríos, los lagos como el Titicaca, los pozos de agua en las ciudades, los nevados de nuestras montañas y nuestros hilos de agua se están contaminando, están desapareciendo por el denominado cambio climático, por el modelo de desarrollo extractivista ejecutado por este Gobierno y por la actividad impune y criminal del narcotráfico.

Los Derechos de la Madre Tierra funcionan para el discurso a nivel internacional, pero todo queda en la retórica cuando se trata de venderla para embolsillarse mucha plata. El dinero, antes que garantizar la reproducción de la vida, es la verdadera “política” de los actuales funcionarios de Gobierno. Ya sabremos muy pronto cuántos nuevos ricos se han creado en este “proceso de cambio” con la violación a la Pachamama.

El agua se usa como propaganda gubernamental y muchas veces electoral. Se ha creado un programa a nivel nacional llamado “Mi Agua” desde el que se entregan 300 mil dólares a cada municipio para supuestamente construir sistemas de agua potable y de riego. No hay fiscalización ni participación social en este programa.

En cuanto a los recursos propios que el Estado destina a la atención de las necesidades de agua y saneamiento, el porcentaje asignado apenas alcanza a poco más del uno por ciento del presupuesto total, es decir, NADA. Más del 80 por ciento del presupuesto en temas de agua viene de la “cooperación” internacional, es decir, seguimos siendo una colonia en este tema, supeditados, subordinados a las políticas de esa “cooperación”.

Y es esa “cooperación” la que ha decidido la desaparición de los comités, asociaciones y cooperativas de agua y riego en

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el campo y la ciudad. Estas instituciones están realizando un “inventario” de todos estos sistemas autónomos, construidos y constituidos por gente común que ha desarrollado y recuperado una gestión comunitaria, andina y participativa del agua. Estos sistemas constituyen un poder popular real, eficiente, solidario, recíproco, horizontal, organizado y movilizado, y es por eso que el actual Gobierno busca su desaparición, porque quiere todo el poder y el control. Por eso mismo se han establecido mecanismos para expropiar las fuentes, las redes y la gestión del agua, como cuando estuvo la Bechtel, bajo el pretexto de la creación de las empresas metropolitanas que no son otra cosa que negocio de alcaldes y concejales. Con esto buscan expropiar y desmontar no solo la sabiduría y la gestión popular y comunitaria, sino, ante todo, el poder que está en manos de los de abajo, al que le temen los caudillos, los partidos y los patrones.

V. El mundo del trabajo: injusto, despreciado y cooptado

Con el famoso Decreto Supremo 21060, del 29 de agosto de 1985, ese que establecía la libre contratación y el libre despido de las y los trabajadores por parte de los patrones, sean estos del Estado o del sector privado, comenzó la historia reciente del desprecio y la injusticia en el mundo del trabajo.

A mediados de los años 90, en una medida de impacto parecido, se intentó cambiar la Ley del Trabajo. Obreros y obreras de las fábricas resistimos esa pretensión del Gobierno de entonces y frenamos ese viejo deseo patronal, porque sabíamos que si bien la ley no se cumplía, la teníamos escrita para defendernos y para luchar por nuestros derechos.

Hoy, los trabajadores y trabajadoras estamos peor que en aquella época. Este Gobierno tuvo la osadía de querer cambiar la normativa laboral sin consenso a através del llamado Código

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del Trabajo, estableciendo, entre otras cosas, la división de los trabajadores del sector público y del sector privado, a fines del 2009, luego de la aprobación de la nueva CPE que determina, claramente, la prohibición de cualquier tipo de discriminación en el trabajo.

Este proyecto de Código del Trabajo, además, criminalizaba el derecho a la huelga, establecía en dos tercios el quórum para aprobar temas en las asambleas de los sindicatos y condenaba a pena corporal a los dirigentes o trabajadores que impidieran romper la huelga en nombre de otros trabajadores.

El Gobierno de Morales y García, como se ve, no solo ha intentado imponer normas fascistas en el mundo del trabajo que logramos parar, hasta hoy, sino que insiste en promover contenidos discriminatorios, criminalizadores y autoritarios, favorables al capital, en una nueva ley. Pero además, el actual Gobierno ha ido tomando medidas muy sutiles y por otros canales para poner en vigencia medidas neoliberales y anti-obreras como las siguientes:

• Se ha obligado a los trabajadores públicos a mudar a un régimen creado por los gobiernos neoliberales en el que pierden todos sus derechos laborales, a título de que los funcionarios públicos son “soldados de la Revolución”.

• Esto ha significado que hoy, más del 80 por ciento de los funcionarios públicos se encuentren en condiciones de fraude laboral, es decir, totalmente desprotegidos de sus derechos laborales y sociales.

• Los trabajadores y trabajadoras contratadas en las empresas productivas creadas por el Gobierno no están sujetos a contratos laborales sino a contratos bajo el Código de Comercio, es decir, la fuerza de trabajo y las necesidades de sus familias son consideradas como mercancías: cuanto menos pides y cuanto menos cuestes, te contrato, te compro.

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• Se obliga en la nueva ley de pensiones el depósito de un porcentaje del salario de los trabajadores sin contratos laborales (denominados consultores), al denominado “fondo solidario”, convalidando de esta manera los contratos “por servicios” prohibidos por la Ley del Trabajo en vigencia.

• Las empresas de servicios y de producción han sido obligadas a través de la ley financial a tercerizar varias actividades, desde la seguridad física hasta la educación en las universidades, contraviniendo flagrantemente la propia Constitución.

• El concepto que este Gobierno tiene de los derechos laborales y sociales es que los mismos son una “carga” y no una obligación de protección y de cuidado del trabajador, trabajadora y su familia.

• Los sindicatos tradicionales han sido cooptados a través de prebendas que van desde la compra de edificios a la dotación de vehículos o viajes al exterior de sus dirigentes, salvo honrosas excepciones como la de algunos sectores de los maestros.

• Se ha establecido que más del 75 por ciento de la fuerza laboral en Bolivia trabaja en condiciones de fraude laboral, la mayoría jóvenes y mujeres.

VI. El denominado “gasolinazo” de Navidad el 2010

El 26 de diciembre de 2010, el Gobierno de Morales y García, y a través de este último (ya es costumbre que Morales “desaparezca” cuando las papas queman), determinó la subida de los carburantes hasta en un 82 por ciento. Esta medida fue resistida por la población, los artículos básicos de la canasta familiar subieron en más del 100 por ciento y el costo del transporte de pasajeros y carga se fueron por las nubes. Todo esto ocasionó desesperación en la población

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ante el ocultamiento y acaparamiento de los alimentos por la especulación y la inseguridad.

El Gobierno de Morales y García justificaba el gasolinazo ante la población con los mismos términos y con el mismo desprecio que los neoliberales: “No podemos seguir subvencionando los costos internacionales de la gasolina, el diesel y el gas; no podemos seguir desangrando la economía del país, debemos vivir la realidad”. La realidad es que más de dos millones de bolivianos y bolivianas viven con apenas un dólar al día, y una medida como esa era inconcebible para la gente de los sectores populares.

La gente salió a las calles, resistió e hizo retroceder al Gobierno, como en la Guerra del Agua el 2000, como en octubre de 2003. Con el gasolinazo, Morales y García demostraron que nunca les interesó la gente; para ellos —como para los neoliberales— el pueblo no existe, y la economía y la política es un tema de “expertos”, no de la chusma, de la multitud, esa misma chusma y multitud que les dio el mandato para desmontar la economía capitalista y neoliberal que ignora a nuestros pueblos, que los castiga, que los explota.

VII. La Marcha Indígena-Popular en defensa del TIPNIS

Quiero, finalmente, referirme a la Marcha en Defensa del TIPNIS, no con el deseo de suplantar a mis hermanos y hermanas indígenas de las tierras bajas, con quienes tuve el privilegio de marchar apenas 200 kilómetros en dos semanas de los 600 kilómetros y dos meses que duró la Marcha.

Jamás en las muchas marchas que participé con obreros, campesinos, indígenas del altiplano y los valles, mujeres y jóvenes, se habían colocado tantas trampas, tanta soberbia, tanta descalificación y al final tanta represión como lo que pasó en la zona de Yucumo, donde, centenares de hombres,

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mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas fueron brutalmente reprimidos. Reitero: como jamás se lo había hecho antes, ni en los regímenes fascistas militares, y todo por órdenes de Morales, algo que nadie lo puede negar, pero se niegan a asumir su verdad sólo por cobardía.

Lo grave de este Gobierno de impostores es que ha venido destruyendo durante seis años el tejido social de confianza, reciprocidad y solidaridad que tan laboriosamente habíamos construido desde el año 2000. Sin embargo, su conducta durante la VIII Marcha Indígena, que tuvo repercusión internacional, ha repuesto la re-constitución de ese tejido social, donde gruesos sectores de la población, citadina en particular, han tomado como referente al y la indígena, noble, generosa, pacífica, clara, perseverante y real defensora de la Madre Tierra.

Si bien la Marcha se la conoce más por la oposición tenaz a que una carretera financiada por el Brasil a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y ejecutada por la constructora brasileña OAS, pase por el territorio indígena en cuestión, el contrato también está cuestionado por la falta de transparencia y de absoluto sometimiento a los intereses del gobierno brasileño, así como el pisoteo a la Constitución del Estado Purinacional.

En el fondo, esta Marcha, con todas sus características, guarda estrecha relación con el pensar, el sentir, el vivir y el actuar de la gente sencilla y trabajadora de nuestro pueblo, como ocurrió en la Guerra del Agua el 2000, en la Guerra del Gas el 2003 y la resistencia al gasolinazo en 2010.

La VIII Marcha Indígena ha sido y es un ¡BASTA! al avance de las transnacionales para sembrar luto, destrucción, saqueo; es un ¡BASTA! al modelo de “desarrollo” impuesto por los mismos intereses de siempre desde hace más de 500 años, con los nuevos colonizadores y colonizados gobiernos, es un

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¡BASTA! a ese confuso discurso de “progresismo” estéril con el que nos siguen aturdiendo, lleno de cifras fabricadas y de mentiras veladas.

La Marcha ha sido y es un ¡BASTA! a la prepotencia, a la soberbia y el desprecio a la gente humilde e indígena por parte de los gobernantes y, con mayor razón, de un Gobierno que se dice ser indígena y de los movimientos sociales. Nada más falso.

La Marcha ha sido y es una convocatoria a resistir, una demostración de que no estamos dormidos, ni cansados ni vencidos, ni derrotados; es un ¡SI! a que estamos dispuestos a retomar el rumbo señalado colectivamente y desde abajo en el año 2000, el 2003 y el 2010, por la gente sencilla del campo y a ciudad; es un ¡SI¡ a que juntos y juntas podemos y construir un mundo nuevo que soñamos con nuestros padres y abuelos y que lo queremos para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.

Bolivia ya no es la misma desde las rebeliones de los años señalados. Con la Marcha Indígena del 2011 se ha abierto nuevamente el debate del modelo de desarrollo que queremos y la significación del verdadero “vivir bien”, pregonado por el Gobierno y demandado y luchado por nuestros pueblos de manera laboriosa.

La Marcha ha unido a una mayoría de la población otra vez, ha reconstituido la capacidad de indignación de nuestro pueblo, ha devuelto la autonomía a la sociedad en movimiento frente a los movimientos sociales cooptados por los gobiernos denominados progresistas; la Marcha nos ha devuelto la capacidad de soñar juntos, nos ha devuelto la capacidad de ser poder desde abajo, el único poder que puede transformar nuestras vidas frente a la muerte del capital.

Hoy nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que decimos; somos un pueblo en permanente deliberación, predispuestos siempre para hablar entre nosotros,

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para re-conocernos una y otra vez frente al olvido y al desprecio de siempre; para decirles a los poderosos que sí existimos porque nos organizamos, nos movilizamos, por un mundo que seguimos soñando, el mundo de la alegría, de la justicia social, de la armonía. Para llegar a ese mundo, a esa sociedad, debemos ser como el agua: generosos, alegres, transparentes y en movimiento.

Para que no mueran más Carlos como en el 64; ni Victor Hugos como en el 2000, ni Juanes, ni Josés; no más Marlenes (la niña de 8 años que fue asesinada por los militares en septiembre del 2003, en Warisata, como preámbulo de la Guerra del Gas); para que no haya mas represión ni llanto de madres y niños como en Yucumo, en la marcha indígena en defensa del del TIPNIS del 2011. Para que no ocurran más todas estas acciones ejecutadas por los mismos gobiernos de mierda de siempre, llámense como se llamen. Para que mis hijos, mis hijas, mis nietos y nietas, no sientan la tristeza, los miedos, las impotencias y las broncas que yo sentí y siento aun en varias jornadas.

Diciembre del 2011, desde las secas tierras del hermoso valle de Cochabamba, la Llajta, en Bolivia,

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Los regantes y la agenda del agua y la tierra Omar Fernández

Los regantes organización emergente en Bolivia

Los regantes de Cochabamba fuimos parte del proceso de cambio desde el nacimiento del Instrumento Político, no solo con la asistencia a diferentes congresos o ampliados desde el año 1994, sino también en la resistencia practica a políticas neoliberales que intentaron privatizar el agua desde el año 1992, siendo la ASOCIACION DE SISTEMAS DE RIEGO TIQUIPAYA COLCAPIRHUA - ASIRITIC la organización de regantes que aglutino a organizaciones del Valle Alto, Central y de Sacaba, es así que el año 1994 , en el gobierno del MNR se logra ya revertir el intento de municipalizar los sistemas de riego, en un franco desconocimiento de la gestión comunitaria de los USOS Y COSTUMBRES desarrollados desde nuestras culturas.

Ya el 3 de octubre de 1997 se consolida formalmente la Federación Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (FEDECOR), momento en la que los regantes logramos mayor fortaleza y unidad para enfrentar los embates de los gobiernos neoliberales, y desarrollar un mayor grado de conciencia en nuestros afiliados sobre la política de privatización del agua en Bolivia, mediante permanentes talleres que se organizaron en las comunidades de los diferentes valles.

Los Regantes un actor principal en la Guerra del Agua

Uno de los momentos mas importantes no solo para Cochabamba, Bolivia sino para el mundo entero, es la “Guerra del Agua” que fue posible a la experiencia lograda

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Los regantes y la agenda del agua y la tierra

por los regantes en las movilizaciones sobre la problemática de los pozos profundos y a la UNIDAD lograda entre las organizaciones sociales tanto del campo como de la ciudad, articulados en la “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida”, movilización que logro la expulsión de la transnacional “Aguas del Tunari” de Cochabamba, y la derogación de varios artículos de la Ley 2029 , que privatizaban el agua y desconocían los Usos y Costumbres de las Comunidades y Organizaciones de Regantes y Agua Potable , cambios que dieron origen a la Ley 2066 de Agua Potable y Saneamiento Básico. Representando una victoria muy importante para el movimiento popular, generando la conciencia nacional para un cambio político frente al modelo neoliberal, surgiendo desde las movilizaciones la agenda del agua como una base para el proceso de cambio.

Se constituye la organización nacional de regantes

Después de la “Guerra del Agua”, asumimos dos retos importantes de seguir conjúntame con la Coordinadora del Agua y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, articulando a nivel nacional a las organizaciones en pie de movilización en contra de los gobiernos que afinaban sus políticas de privatización y capitalización que solo beneficiaban y protegía los intereses de las transnacionales que se habían apropiado de los recursos naturales, de los hidrocarburos, del agua, de las empresas estatales. Ante la reacción cada vez mas violenta de los gobiernos entreguistas tuvimos que organizar acciones y estrategias de movilizaciones para articular a los movimientos sociales y de impacto nacional como la organización de la Coordinadora de Movilización Única Nacional (COMUNAL) cuya resolución es una marcha por la “Vida y Soberanía y la aprobación del proyecto de Ley de

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Reversión del Patrimonio Estatal” que se inicia el 9 de abril del 2001, el gobierno de turno dio la instrucción de intervenir y desbaratar la marcha, fue una de las marchas mas intervenidas y dificultosas llegando a la Paz en 15 días. Ante una reacción del gobierno de acciones facistoides (amenaza de estados de sitio) se organiza una nueva estrategia la de organizar el ESTADO MAYOR DEL PUEBLO que articulara finalmente en enero del 2003 a todos los movimientos sociales y culminara con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El otro reto de forma paralela para activar una lucha frontal contra las políticas de privatización del agua y generar las propuestas y la agenda del agua fue la de organizar a los regantes a nivel nacional, organizaciones de agua potable y regantes que también eran afectados por el sistema de CONCESIONES Y EL MODELO DE MERCADOS DEL AGUA y además de articular a los objetivos de la COMUNAL y del ESTADO MAYOR DEL PUEBLO. Desde el año 2001 hasta el 2003, la FEDECOR en coordinación con dirigentes de regantes y de otras organizaciones campesinas inicia una serie de talleres en diferentes puntos de Bolivia y Congresos Departamentales de donde nacen organizaciones de regantes en los siete departamentos, trabajo que concluye en noviembre de 2003 con el PRIMER CONGRESO NACIONAL donde se aprueba el Proyecto de la Ley de Riego, el Proyecto de la Ley de Aguas y se aprueban estatutos, reglamentos y surge el primer directorio de la naciente Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS) aprobada y posesionada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Con la ANARESCAPYS desplegaremos una serie de acciones y gestiones para ir concretizando la agenda del agua y la participación activa conjuntamente los movimientos sociales, hasta lograr la nacionalización de los hidrocarburos.

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El proceso de desprivatización del agua en Bolivia

Una tarea importante que han desarrollado los regantes conjuntamente las organizaciones sociales como las Juntas Vecinales, Cooperativas de Agua Potable fue todas las acciones, estrategias y movilizaciones que se han encaminado para desprivatizar el agua en Bolivia, proceso que dura después de la guerra del agua hasta el año 2007, culminando de esta manera el periodo de la privatización del agua, se termina con aquel modelo de mercantilización del agua diseñado y ejecutado fundamentalmente por la cooperación internacional, la GTZ – cooperación alemana, financiado por el BID, y el Banco Mundial, que no solo diseñaron la entrega del agua a las transnacionales, como es Aguas de Illimani y Aguas del Tunari (La Suez, Becthel y Avengoa) , sino que han diseñado un modelo para terminar con los sistemas autogestionarias de agua potable, que las organizaciones sociales han construido con esfuerzo propio en las comunidades, en zonas periurbanas y varios en los centros urbanos, la implementación de este modelo que se diseña antes de la guerra del agua y se consolida con el “Plan Bolivia Sector Agua y Saneamiento 2002 – 2007” (Goni) que consiste en crear MERCADOS DEL AGUA GRANDES Y MEDIANOS ELIMINANDO A LOS MERCADOS PEQUEÑOS (Sistemas Autogestionarios), y de esta forma organizan en varias zonas del territorio nacional las “Mancomunidades de Sociedades Anónimas Mixtas” (MAN – SAM), donde la gestión del agua y la administración del servicio se realizan bajo la normas del Código de Comercio, tarea que estaba a cargo de la cooperación alemana GTZ.

Los regantes de Cochabamba, la Coordinadora del Agua, la ANARESCAPYS apoyamos en la organización, en talleres y reuniones de análisis de las características de la privatización y en muchas de ellas participamos de las acciones y movilizaciones

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determinadas por las Juntas Vecinales y las Cooperativas de Agua, para neutralizar la implementación de las Sociedades Anónimas Mixtas en los diferentes lugares del país, como la MAN SAM BUSTILLOS, que abarcaba Siglo XX, Catavi y Llallgua, la Junta Vecinal de Llallagua organiza protestas en contra de la mancomunidad, denunciando la privatización, la subida de las tarifas, la pésima atención, motivo por el cual varios dirigentes son enjuiciados por la Directiva de la Junta de Accionista. La mas grande la MAN SAM CHACO, que abarca regiones de tres Departamentos (Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz), desde Villamontes, Monteagudo, Buyuibe, hasta Camiri, su objetivo, transferir a la mancomunidad creada todos los sistemas autogestionarios de agua potable existentes en estas regiones generalmente Cooperativas para ser organizada y administrada bajo el código de comercio, convirtiendo a los usuarios en accionistas propietarios de varias acciones y beneficiarios de las utilidades (dividendos), surgiendo la Junta de Accionistas, y según el código de comercio se permite la compra y venta de acciones, aunque quisieron poner candados en sus estatutos y reglamentos. La Cooperativa de Agua Potable de Camiri liderizo la defensa del sistema cooperativo y su rechazo a transferirle sus bienes a la mancomunidad. La MAN SAM GUADALQUIVIR, abarcaba desde San Lorenzo, el Cercado de Tarija hasta Pajcaya la Cooperativa COSAL es la que hace la defensa. Esta situación no solo ocurría en las ciudades o poblados grandes, sino también en poblados pequeños y en las comunidades impulsados por los alcaldes de los municipios, entre los que podemos señalar a la MACOTI SAM – Mancomunidad Tiquipaya-Colcapirhua (Cbba), por ordenanza municipal determinan la transferencias de los Comités de Agua Potable con sus fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas, las movilizaciones fueron contundentes pese a la fuerte intervención de la policía que

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duro varios día se logro anular las ordenanzas municipales. En Chuquisaca la Mancomunidad Incahuasi en la zona de los Cintis. Estas acciones de resistencia culminan el año 2007 con la aprobación de la Ley No 3602 que crea las Mancomunidades Sociales y elimina las Mancomunidades de Sociedad Anónima Mixta.

La aprobación de la Ley de Riego

En cuanto a la normativa de riego, después de un periodo de construcción participativa de las organizaciones del agua, proceso de varios años; 2001 – 2004, los regantes logramos presentar al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Riego (Aprobado en el congreso de la ANARESCAPYS el 2003), con el objetivo de activar el desarrollo del riego con participación social, fortalecer la gestión del agua por las comunidades indígenas, originarias, campesinas, manejo comunitario del agua, protección de los usos y costumbres y otorgar seguridad jurídica a las fuentes de agua de las comunidades, incidir en el desarrollo agropecuario y garantizar los alimentos necesarios para la población. Él año 2004 se contaba con un gobierno de Carlos Mesa y un parlamento de diputados y senadores muy debilitados, los regantes preparan dos estrategias, avanzar con los informes favorables para la aprobación de la Ley en las diferentes comisiones de ambas cámaras y con acciones y votos resolutivos y marchas hacia la Paz, de esta forma se logra la aprobación de la Ley de Riego No 2878 del 8 de octubre del 2004, fue inédito ya que el proyecto de ley fue elaborado por la organizaciones de regantes y el parlamento lo aprobó tal como lo habíamos presentado.

La Ley de Riego 2878 crea el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y los Servicios Departamentales de Riego (SEDERIs), estableciendo un directorio nacional y directores

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departamentales de carácter colectivo con representación público – social, la participación social no es solo consultivo es de carácter decisorio, en la toma de decisiones, sus resoluciones son determinantes y de aplicación en el alcance del riego. Anula el sistema concesionario, y la superintendencia del agua, crea el régimen de registros y autorizaciones, otorgando seguridad jurídica a las comunidades y organizaciones de regantes sobre sus fuentes de agua, busca el desarrollo del riego y la producción de alimentos con participación activa de los regantes y el fortalecimiento y desarrollo del sistema autogestionario de la gestión del riego. A los pocos meses de haberse aprobado la ley de riego No 2878 miembros de la GTZ realizan una campaña nacional e internacional con argumentando que esta ley “generaría campesinos ricos y campesinos pobres”.

Se crean las entidades público – sociales del agua potable

El año 2007 bajo presión de los regantes y sistemas de agua potable se logra que la Superintendencia de Saneamiento Básico emita dos resoluciones administrativas regulatorias la 124 y 141, en la que se materializa la conquista de la “guerra del agua” de la ley modificada 2066 quitarle autoridad al superintendente sobre la regulación de la gestión del recurso agua y la otorgación de registros licencias y autorizaciones para la prestación del servicio de agua potable, estas resoluciones crean los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRLs) y les delega la competencia en la regulación y otorgación de derechos a nivel departamental, CTRLs que se deben crear en cada uno de los nueve departamentos del país, estable para cada CTRLs la conformación de un Directorio público social, de cinco miembros (1 de la superintendencia, dos de los sistemas de agua potable urbanos y 2 de los sistemas rurales),

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el objetivo fortalecer a los sistemas de agua potable y darles seguridad jurídica sobre sus fuentes de agua y sus áreas de prestación de servicio.

Los regantes logran la salida de otra transnacional en la energía eléctrica

La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), fue privatizada y entregada a la transnacional EMELEC de Chile el año 1995 y este antes de dos años realiza un negocio y vende el total de sus acciones a la transnacional norteamericana de Pensilvania (PPL Ltda.), empresa que solo le interesaba lograr las mayores utilidades posibles, para lo cual realizaba categorizaciones y cobros de tarifas injustas. La FEDECOR desde el año 2001 comienza a desentrañar todas las irregularidades, del proceso de privatización de la Empresa ELFEC, y a desenmarañar todas las formas e instrumentos irregulares en el servicio de la energía, quienes no solamente aplican formas amañadas, sino también el constante abuso en el elevado costo de la electricidad, contratos de servicio ilegales, categorías injustas e inapropiadas, los pozos de riego y módulos lecheros categorizados como industriales y los pozos de agua potable se encontraban en la categoría comercial. Los regantes reclamaban en el sentido de que el uso de la energía no era con fines de lucro ni con fines industriales y solo producían alimentos para su sobrevivencia y para la población, los comités de agua potable de igual forma señalaban que su objetivo es el servicio de agua potable a sus usuarios y que no hacen ningún negocio con el agua.

Mediante los medios de comunicación realizan constantes denuncias sobre las irregularidades en el cobro de la energía, ya sea por consumos exagerados por malas mediciones, pago por potencias que no correspondían, calibración de

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medidores a capricho de la empresa, la compra obligada de los equipos, insumos, cables y postes de la empresa INTEGRA SA cuyos propietarios era la misma transnacional PPL, estos se llevaban ganancias por doble partida, de ELFEC utilidades supuestamente reguladas y de Integra utilidades no controladas, entre ambas empresas sus utilidades eran mayores a los 10 millones anuales, con la complicidad y protección de la Superintendencia de Electricidad.

Los regantes y sistemas de agua potable con una constante movilización y sobre todo, tomas pacificas a la empresa, superando amparos constitucionales, logramos conquistas importantes, como la creación de nuevas y adecuadas categorías, la categoría agropecuaria, para los pozos de riego y módulos lecheros, la categoría agua potable y fuera de punta para los pozos de agua potable, categorías con una rebaja muy importante, las inversiones de energización a los pozos a cargo de ELFEC, se elimina las compras obligadas a INTEGRA. SA.

Finalmente culminamos con la estrategia del “jaque” presentando el memorial en el mes de octubre de 2007, a la Superintendencia de Electricidad, donde se solicita la caducidad del contrato de concesión de la transnacional (ELFEC – PPL), en base a las normas vigentes donde fundamentamos con documentación de 10 anexos que nos costo varios meses de investigación y organización demostrando las graves irregularidades y violaciones a la Constitución Política del Estado, a la Ley de Electricidad y otras normas . Tuvimos reuniones con el Presidente Evo y luego con el Ministro Villegas, ocasión en la que explicamos todo los antecedentes y los argumentos de la solicitud de caducidad del contrato de concesión, explicamos también que se contaba con los elementos jurídicos necesarios para la intervención de ELFEC – PPL Ltda. y que, con seguridad se podía obtener de la transnacional el total de sus acciones

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al más bajo precio, ya que la denuncia de caducidad contenía documentos que significaban escándalo internacional.

Villegas no actuó en ese momento tan oportuno de recuperar la empresa de la transnacional, con el argumento de que su estrategia era empezar a recuperar la productoras luego las transportadoras y después las distribuidoras de electricidad. La transnacional ante el riesgo del memorial de caducidad, y el riesgo de su prestigio internacional prefiere poner a la venta el total de sus acciones, comprándola la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba COMTECO. La FEDECOR ya en mejor posicionamiento logra acuerdos importantes con el nuevo accionista mayoritario, una sola categoría para pozos de riego y agua potable, inversiones a cargo de ELFEC para fomentar la producción de alimentos para la población, y un tema importante reconocen en forma escrita que todas las compras de transformadores, cables, postes y otros que de forma forzada nos hicieron comprar de INTEGRA, que luego de forma irregular obligaron a donar a ELFEC desde el año de su privatización 1995 estos montos invertidos por los regantes y agua potable serian devueltos en Acciones. La propuesta de FEDECOR fue la de construir una empresa de electricidad bajo un modelo “Publico Social” de carácter departamental (sus utilidades sean en beneficio del desarrollo departamental).

Diseñamos y participamos en la creación del Ministerio del Agua

Las organizaciones de la Coordinadora del Agua, los Regantes, la Fejuve El Alto, las Cooperativas de Agua, para el inicio del periodo de gobierno del proceso de cambio preparamos y diseñamos la estructura y las funciones para la creación del Ministerio del Agua que se expreso en la ley LOPE 3351 y el DS No 28631 donde el ministro o la ministra tenia su brazo principal de participación al Comité Técnico

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Social instancia para tomar decisiones en la definición de política y planes sobre la gestión del recurso hídrico. Fue el único ministerio donde existía una participación social real y directa, una participación social no solo de consulta sino una participación donde las organizaciones sociales del agua participan en la toma de decisiones, ese carácter decisorio se expresaba en el Comité Técnico Social, los Directorios colectivos del SENARI, SEDERIs, los CTRLs. Se contaba con el compromiso de los ex Ministros de Medio Ambiente y Agua René Orellana y María Esther Udaeta de fortalecer la institucionalidad del sector agua, que es producto de la lucha y propuesta de las organizaciones de regantes, se ve absolutamente frustradas porque, de forma contradictoria estas autoridades planifican políticas para el sector con profesionales que en su momento fueron técnicos de los privatizadores del agua, quienes actúan sistemáticamente en contra de las propuestas de las organizaciones sociales del agua.

La democracia participativa y la consulta vinculante en áridos

Los gobiernos neoliberales mediante la Superintendencia de Minas otorga concesiones de áridos y agregados a empresas privadas en todos los ríos de Cochabamba y en el resto del país, generando graves conflictos sociales con las comunidades que son afectados en sus usos y costumbres y en sus fuentes de agua existentes en sus ríos, sobre todo desviaciones del agua o interrupción del flujo natural. Este hecho dio lugar a movilizaciones de las comunidades en contra de los concesionarios en Playa Ancha, Itapaya, Parotani, Pankuruma, Punata, Cliza y otros ríos de Cochabamba, en el Torno de Santa Cruz y en otros departamentos. La FEDECOR y la ANARESCAPYS para solucionar estos conflictos sociales

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muy graves, donde incluso se quemaron maquinaria de los concesionarios, elabora de forma participativa el Proyecto de Ley de Áridos y Agregados, y logra su aprobación el año 2006 Ley No 3425 logrando cambios fundamentales, la eliminación de la Superintendencia de Minas, se elimina las concesiones, se logra que la administración de los ríos se realice mediante los Gobiernos Municipales en Coordinación con las Organizaciones de Campesinos y Regantes. Pese a lograr la Ley favorable a las comunidades se tropieza con otro problema la aprobación de los reglamentos presentados por los regantes, se genera una polémica que dura casi dos años de discusión, por la rigidez de las estructuras neoliberales las famosas UDAPE Y CONAPE que no entendían los cambios en la Ley de Áridos, eran los mismos técnicos de los anteriores gobiernos quienes rechazaron el carácter vinculante del órgano regulador de áridos, donde la mayoría de los representantes eran de las comunidades colindantes con los ríos, y no terminaban de comprender la participación social en ella, a pesar que era uno de los “principios ideológicos del proceso de cambio” (dar el poder al pueblo y mandar obedeciendo). Para sorpresa nuestra los asesores del Ministerio del Agua, incluido del ex Ministro René Orellana no aceptaban el carácter vinculante, después de agotar las gestiones participando en varias reuniones sin resultados los regantes realizan amenazas de movilizaciones se presiona y se logra la aprobación en los reglamentos el carácter vinculante después de casi dos años, siendo una conquista importante para la construcción de la democracia participativa y vinculante (El poder al pueblo).

Los regantes y su rol en la Asamblea Constituyente

En la Asamblea constituyente los regantes (ANARESCAPYS – FEDECOR) participamos activamente

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con nuestras propuestas en el tema de los recursos hídricos, logrando consensos con los asambleístas y con el “Pacto de Unidad” (cinco organizaciones matrices a nivel nacional), quienes a veces reconocían a la ANARESCAPYs y otras veces los marginaban, proceso en la que, como muchas organizaciones sociales liderizado por las “matrices del Pacto” fuimos varias veces a Sucre, participamos de las movilizaciones y arriesgamos vidas. Logramos que la Nueva Constitución Política del Estado contemple nuestras propuestas, en el tema servicios básicos, agua potable, recursos hídricos y energía, consolidando en esta norma de normas nuestras propuestas y luchas, logramos anular definitivamente el régimen de las concesiones la privatización del agua y constitucionalizamos la ley de riego 2878 y las resoluciones 124 y 141 bajo el nuevo régimen de los registros, licencias y autorizaciones para las fuentes de agua y los servicios, las entidades gestoras del agua tiene que ser de carácter publico, social, comunitaria, se respetan los usos y costumbres, se logra establecer el agua como derecho fundamentalísimo de la vida, la energía eléctrica como derecho humano, aunque en el camino de Sucre a Oruro y de este a la Paz sufrieron algunos cambios, sobre todo en el tema de la energía eléctrica.

El gobierno incumple con la agenda del agua y la tierra

Lamentablemente la implementación y funcionamiento de estas entidades emergentes de las propuestas de las organizaciones sociales que tiene participación y control social, poco o nada a avanzado, en algunos casos por “susceptibilidades políticas” de autoridades del gobierno nacional y en otros casos, como el de Cochabamba (caso SEDERI) por la oposición de dirigentes de la FSUTCC que pusieron contra la pared a un

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ex Prefecto y al actual Gobernador, ambos del MAS-IPSP e intervienen directamente en la división de la FEDECOR.

Nos preguntamos como se va a avanzar en la implementación de políticas importantes en el tema agua, que es considerada por nuestra CPE, el agua como un derecho fundamentalísimo para la vida?, o el agua un derecho humano?, como se va ha transformar las entidades prestadoras de agua potable de las ciudades, de los pueblos urbanos y las comunidades como SEMAPA que se mantiene igual o peor que antes de la privatización, donde los regantes hemos exigido la creación de una nueva empresa, si no se cumple con la agenda del agua y los avances logrados por las organizaciones sociales del agua.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua retrocede en la Participación Social

Por la propuesta de las organizaciones sociales del agua el único ministerio que contaba con una participación social legal y formal era el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Comité Técnico Social que fue creado por la Ley Lope 3351 y su DS 28631 el año 2006, para los intereses de los ministros de turno este comité se vuelve un obstáculo y no quieren tomar decisiones en sus políticas de forma conjunta con las organizaciones sociales del agua, cuya única intensión es el cumplimiento de la agenda del agua y se niegan a asumir los mandatos del proceso de cambio la participación y control social. Los Ministros y el Presidente del Estado Plurinacional dan un paso atrás en la participación social, anulando al Comité Técnico Social develando sus contradicciones ideológicas el año 2009 mediante DS 29894 decreto de organización del poder ejecutivo (DOE) elimina la participación y el control social en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al eliminar

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en la estructura de gobierno al Comité Técnico Social, este Comité estaba compuesto por el Ministro, los Viceministros, tres representantes de las organizaciones de Agua Potable, tres de los Regantes y tres de las organizaciones ambientalistas.

La Implementación de la Ley de Riego Truncada

En el sector riego, el SENARI una entidad que no termina de implementarse, no tiene la capacidad de responder al Plan Nacional de Desarrollo del Riego, ni menos de responder a las demandas de los diferentes departamentos y de las entidades territoriales autónomas, se ha solicitado reiteradas veces un mayor presupuesto, recibiendo como única respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas su negativa; ni siquiera quieren cumplir con su compromiso de contraparte para ejecutar el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca (PRONAREC). A pesar de las gestiones y reclamos de ANARESCAPYS para la implementación de los SEDERIs, hasta el año 2010 solo se constituyo el SEDERI de La Paz con todos los requerimientos técnicos operativos exigidos por la Ley 2878 y sus Reglamentos. La gestión 2010 se hace gestiones ante las 7 gobernaciones, para implementar los SEDERIs para ejecutar proyectos de riego del PRONAREC (programa de 34.3 millones de $us), se logra buenos avances con las gobernaciones, sin embargo, la conducta ilegal del Vice Ministro de Recursos Hídricos y Riego, hace retroceder a los gobernadores, con el argumento de que no es necesario organizar los SEDERIs y que, directamente el Vice ministerio ejecutara los programas con las Gobernaciones, truncando el proceso de implementación de la Ley de Riego e impidiendo que los actores del sector riego y las organizaciones de regantes, campesinas e indígenas sean los que prioricen sus proyectos y ejecuten el Plan Nacional de Desarrollo del Riego para la seguridad y soberanía alimentaria.

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Para ejemplo de la influencia de técnicos, que en su momento fueron de gran confianza y operadores de la Cooperación Alemana GTZ que juntamente al BID y al BM fueron responsables de las políticas de privatización del agua en Bolivia. El Viceministro de Recursos Hídricos empleado de la GTZ por de mas de 10 años, quien responde a los intereses del PROAGRO GTZ, firma convenios a favor de esta entidad eludiendo y quitando competencias al SENARI, en un franco desconocimiento a la Ley 2878. El SENARI en sus actividades es victima de sabotajes permanentes, otro triste ejemplo es el momento en que el SENARI se presenta a “fondos concursables” del VIFE, obteniendo el mayor puntaje para el financiamiento de pre inversión para el Proyecto de Riego del Desaguadero para la zona de Patacamaya, la ilegal intervención del Viceministro de Recursos Hídricos hace que se adjudique al Proyecto que obtuvo el menor puntaje. Se ha presentado al VIFE resoluciones del Directorio del SENARI de aprobación programas de riego para su financiamiento, sin respuesta, la Ministra no tiene la voluntad política para fortalecer a estas entidades a pesar que es presidenta del Directorio del SENARI.

Intervención y División de la FEDECOR

Volviendo al tema de Cochabamba, los regantes realizamos presiones, movilizaciones, toma pacifica de la Prefectura para exigir la constitución del SEDERI, el Prefecto Ledezma es obligado ha aprobar un presupuesto para el SEDERI, presupuesto que en la practica nunca existió, de igual forma se realizaron las mismas gestiones ante el Gobernador Novillo, con los mismos resultados, al contrario en convinola entre algunas autoridades nacionales de Gobierno, personeros de la Gobernación y dirigentes de la

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FSUTCC definen intervenir a la FEDECOR, con el único objetivo de acallar las constantes denuncias documentadas en contra de varios dirigentes involucrados en loteamiento y trafico de tierras agrícolas. Producto de esas acciones, que van en absoluta contradicción a los principios del Instrumento Político, mas aun cuando estas organizaciones fueron parte importante de la construcción de este “proceso de cambio”, proceso que tiene como uno de sus objetivo el fortalecimiento de las organizaciones sociales, lamentablemente no existe una democracia en el MAS-IPSP donde se pueda dilucidar esta problemática.

Cabe mencionar que la FSUTCC y la Gobernación cuentan con su propia organización de regantes, quienes son incapaces de cualquier tipo de acción para reclamar las constantes acciones que se realizan en contra de los avances que se lograron en el sector agua, al que supuestamente dicen representar.

Los grandes perjudicados con estas acciones, son precisamente las comunidades campesinas de Cochabamba, que al momento no cuentan con proyectos estratégicos para el sector riego y no cuentan con una institucionalidad fortalecida.

A la fecha en el país, funcionan cuatro SEDERIs con poca capacidad técnica y operativa, se ha otorgado 170 registros cuando existen mas de 5000 sistemas de riego, se viene ejecutando 34 proyectos de riego del programa PRONAREC, el Vice ministerio de Recursos Hídricos y Riego excluye de los demás programas de riego al SENARI en contra de la Ley de Riego y la DOE y una Escuela Nacional de Riego muy débil. Finalmente el Vice Ministerio y el VIFE viabilizan recursos de la cooperación de Suecia para el Estado Plurinacional y estos fondos son canalizados a la GTZ para el fortalecimiento del PROAGRO GTZ, quienes no son parte de la institucionalidad del Estado Plurinacional y desarrollan

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programas y actividades en riego que son competencias del SENARI. El PROAGRO y el PROPAC – GIZ – GTZ cuentan con presencia a nivel nacional y con varias regionales, con presupuestos y capacidad técnica, mayor a cualquier de las entidades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y con profesionales con mejores remuneraciones, una de sus regionales es superior en presupuesto y capacidad técnica a cualquier de los actuales SEDERIs, esas son las condiciones de una entidad que ha participado en la privatización del agua y esa es la situación de las entidades emergentes del proceso de cambio, esta cooperación tiene una incidencia determinante en las actividades, las políticas y planes del sector agua, se habrá avanzado en la dignidad y soberanía nacional?.

Es importante contar con una institucionalidad fortalecida en el sector riego, tomando en cuenta el importantísimo rol que juega en la seguridad y soberanía alimentaria, capaz de cumplir con las competencias que otorga la NCPE, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la propia Ley de riego. Poco o nada se avanzara mientras se tenga frente a profesionales absolutamente dependientes de la GTZ, con un gran poder político e institucional que evitaran, como lo han hecho hasta ahora que la Institucionalidad del Riego este fortalecida y con capacidad plena de un Ministerio para llevar adelante los planes, políticas y programas de desarrollo del riego.

Las mayores frustraciones son en agua potable

La institucionalidad de Agua Potable surge producto de las propuestas de las movilizaciones de las organizaciones del sector, en la Guerra del Agua que fueron plasmadas en la Ley modificatoria 2066, sus Decretos Reglamentarias y Resoluciones. Es así que se crean los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRLs) para fortalecer a los

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sistemas de agua potable, otorgarles seguridad jurídica sobre las fuentes de agua y sobre la prestación de servicio, con representación, control social y capacidad de decisión. Estas, de igual manera sufre un permanente sabotaje de parte de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico, ex Superintendencia. Sus técnicos formados en la escuela de la Superintendencia asumen la dirección, sin ningún tipo de criterio social, a pesar del esfuerzo de alguna que otra autoridad A la fecha de nueve CTRLs que deberían estar funcionando en los nueve departamentos, solo funciona el de Cochabamba por presión de los regantes y de los sistemas de agua potable de ASICASUD, solo cuenta con el Directorio y un equipo operativo muy reducido casi nulo, para atender las necesidades de cientos de comités de agua potable que prestan servicio en el Departamento. Los Ministros de turno del MMAyA, también se comprometieron a apoyar en su implementación la institucionalidad y a la fecha, al igual que en riego no se vieron resultados. Al igual que en riego, lanzamos una interrogante, ¿Como se va ha cumplir con los principios impulsados por el “proceso de cambio”: el agua un derecho humano, o el agua un derecho fundamentalísimo de la vida, sino fortalecemos plenamente a las cooperativas, comités, asociaciones de agua potable? Fortaleciendo especialmente el principio de sostenibilidad social de estos sistemas autogestionarios; al contrario se impulsa y se pretende imponer la municipalización y la metropolizacion del agua potable en franco afronte con los sistemas de agua potable, casi en las mismas características que pretendía Aguas del Tunari y sin ningún tipo de consulta a los sistemas de agua potable autogestionarias. En el caso de Quillacollo Cercado, Sacaba y Vinto las comunidades ya denunciaron la intención de las autoridades municipales de hacer desaparecer a estos sistemas, y municipalizarlas, tal como en su momento intentaron los gobiernos neoliberales.

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Un revés a los regantes en los avances en Energía Eléctrica

Recién en mayo del 2010 se nacionaliza ELFEC o mejor dicho se la ESTATIZA, proceso que no termina a la fecha sin que autoridad alguna pueda dar información de la intervención, sobre los informes económicos del manejo de la trasnacional, sobre los acuerdos entre el Estado Plurinacional y COMTECO, en cuanto a la transferencia del paquete accionario al Estado, hasta la fecha no han comunicado a la población sobre que tipo de empresa será la distribuidora cuales serán sus políticas, a pesar que el Presidente había anunciado que en noviembre del 2010 se conocerían los resultados de la intervención y que hubiera una rebaja del 20 % en las tarifas para la población aspecto que no se cumple a la fecha, se nombra como gerente a uno que ha sido de la época de la privatización de ELFEC, que gracias a la privatización se vuelve accionista de la empresa. Cuando la FEDECOR a solicitado se cumpla los convenios obtenidos en las anteriores administraciones, directamente nos menciona que ningún convenio esta en vigencia, y que no habrá ningún cambio de categoría. Antes de la estatización de la empresa se había logrado bajo permanente presión social, que mas del 60% de los pozos de riego y agua potable ingresen a la “categoría única” (AGRO), al extremo que algunos dirigentes señalan: “no he podido hacer el cambio de categoría, porque me ha cogido la nacionalización” que paradoja, pese a los convenios para ampliaciones y devolución de las donaciones ilegales, estos convenios no se cumplen, los compromisos quedaron en el vacio. Tratando de conocer a las nuevas autoridades de ELFEC y poder explicarnos sobre estas actitudes que van en contra de la población y del “proceso de cambio”, encontramos un documento del año 2007 donde trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE advierten que un grupo de profesionales ligados a gobiernos neoliberales entre

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otros al ADN, planifican ocupar las principales entidades del sector eléctrico, pudimos verificar que esa denuncia se había plasmado en los hechos, efectivamente ocupaban cargos superiores del Vice ministerio de Electricidad, de ELFEC y de ENDE.

Retrocesos en el proceso de cambio

Ante cualquier tipo de reclamo realizado por nuestra organización, escritos, verbales a autoridades de gobierno nacional, departamental, o autoridades político - orgánicos del MAS, exigiendo se cumplan los principios y objetivos no solo del Instrumento Político, sino también de nuestra CPE, la única respuesta que obtenemos es que: “somos peguistas, resentidos o de la oposición”

Esa experiencia la experimentamos con el Presidente Evo Morales, Vicepresidente y algunos Ministros de Estado; hicimos conocer por escrito varias denuncias documentadas, acompañados de Votos Resolutivos desde hace dos años atrás, solicitando audiencia. Después de mucha insistencia se logro una reunión con el Presidente Evo (marzo 2011), ocasión en la que se explico la situación de la agenda del agua en el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, recibiendo la misma y deprimente respuesta: “es un problema de cuoteos y pegas”

La respuesta de nuestro Presidente Evo, nos dejo perplejos ¿Es que a nuestra principal autoridad no les interesa la agenda del agua construidas después de la Guerra por el Agua, por las organizaciones involucradas en el sector? ¿No les interesa el esfuerzo realizado para construir las bases principales para el proceso del cambio en el tema agua? ¿No le interesa lo que sucede con las aéreas agrícolas de los Valles de Cochabamba y el tipo de autoridades que manejan la primera empresa distribuidora de electricidad estatizada por nuestro Gobierno de Cambio?

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Intentamos e insistimos en obtener audiencia con el Vicepresidente García Linera, para explicar los mismos temas, a pesar de su compromiso de recibirnos, nos quedamos dos días esperando inútilmente. Esa fue la actitud de alguien que supuestamente nos apoyo con sus orientaciones en lucha de la Guerra por el Agua…o tal vez solo quería estar cerca de los dirigentes que encabezaron la movilización para solo escribir sus libros, es una respuesta que solo el puede dar

Estamos consientes que tenemos una NCPE de avanzada, que busca la inclusión y el VIVIR BIEN DE TODOS Y TODAS LAS Y LOS BOLIVIANOS, pero, en la practica creemos que se esta vulnerando varios de los principios constitucionales, la gran pregunta es ¿Quiénes y con qué objetivos están detrás del desgaste de este “proceso de cambio”? Proceso que es producto del esfuerzo, compromiso y años de lucha de las organizaciones sociales consideradas matrices y las “no” matrices, de ciudadanos del campo y de la ciudad que creemos que aun OTRA BOLIVIA ES POSIBLE.

Las autoridades socapan el loteamiento de tierras en desmedro de la Madre Tierra

Un tema importante para los regantes es la tierra, no solo tenemos agua sino también tierras y por lo tanto producimos y tenemos que ver con todo lo que es la gestión de la tierra vinculada con la seguridad y soberanía alimentaria, objetivos pregonados casi a diario por autoridades de gobierno desde sus diferentes niveles y también por dirigentes sindicales.

En este tema como regantes de Cochabamba iniciamos una lucha en defensa de la conservación y preservación de las áreas agrícolas y las zonas de recarga hídrica, especialmente del Valle Central, mas aun considerando que las poblaciones urbanas del Municipio de Cercado se abastecen de aguas subterráneas en el 65 %, y la población urbana de Quillacollo

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en el 100 %. Estas áreas desde hace muchos años son pretendidas por loteadores, es así que desde el año 2007 hasta el año 2008 nos vimos obligados a realizar una seria de movilizaciones y gestiones con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas y avasalladas por los loteadores en las zonas del Valle de Sacaba, Vinto, Sipe Sipe, y en el Valle Alto, las zonas de Punata y San Benito. Fuimos testigos y solidarios con los dirigentes de varias comunidades que por defender las áreas agrícolas y las de recarga hídrica sufren persecución judicial, los loteadores les inician juicios por todo y nada para lograr negociar las tierras, son “encarcelados”, bajo la mirada contemplativa y de complicidad de sus autoridades municipales.

Después de muchas gestiones, de movilizaciones, de exigir que se cumpla con la ley INRA se logra el año 2009 que se declare como tierras fiscales las áreas de recarga hídrica, del Playón de Quillacollo, López Rancho en Sacaba, se declara por acción de las comunidades la tierra fiscal de Combuyo en Vinto, Pandoja como tierras comunitarias y otros, con la única finalidad de proteger a la MADRE TIERRA ya que ella es bondadosa con la humanidad.

Se ha denunciado con documentación ante las autoridades como los loteadores se han introducido como dirigentes en las organizaciones campesinas y cocaleras o tienen el control sobre varios dirigentes, desde donde vienen impulsando loteamientos en las áreas agrícolas y de recarga hídrica. Desde estas instancia de poder, de influencias en Asambleístas Nacionales y Departamentales, y de autoridades y todas ellas ejercen presión ante el Tribunal Agrario Nacional, ante el INRA, y logran que se anulen las resoluciones administrativas y supremas hasta la instancia de supuestos vicios administrativos o de procedimiento, quedando suspendidas todas las tierras fiscales, iniciándose nuevamente

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los procesos y en algunos de casi fojas cero, aspecto que favorece a los loteadores de estas áreas, quienes se reorganizan para tomar estas tierras, justificando sus ventas anteriores y las ventas nuevas que siguen realizando, sin ningún documento legal todas estas ventas son ilegales y representan negocios de miles de dólares, a costa del sufrimiento y engaño a centenas de familias humildes que son estafados.

Para este tema también se logro una audiencia a fines del año 2009 con el Presidente Evo Morales, haciendo conocer toda la problemática de la tierra en Cochabamba, sobre todo la información en detalle sobre López Rancho, no se pudo obtener una respuesta clara al respecto, simplemente menciono que: “esas tierras serán del que demuestre su derecho propietario”, cuando se le demostró que fueron declaradas fiscales, por lo tanto de propiedad del Estado. El gran detalle es que un dirigente de la Federación el Trópico esta involucrado en el loteamiento de esa Tierra Fiscal, notándose cierta parcialización hacia estos grupos.

Hemos agotado todas las posibilidades de dialogo con el Gobierno, se ha enviado denuncias documentadas a las principales autoridades responsables de la tierra, se ha enviado la documentación de estos loteamientos a la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras (Achacollo), al INRA nacional, al Viceministro de Tierras, a la de Transparencia en los meses de abril y agosto de 2011, se insistió en solicitar audiencia con la Ministra Achacollo, quien nos dio la esperanza de ser recibidos en dos oportunidades, quedando postergadas sin explicación alguna, los otros ni siquiera tienen la gentileza de enviar una negativa escrita, simplemente se acogen al silencio. Con estas actitudes nos demuestran que las autoridades realizan un total encubrimiento a las acciones de los loteadores.

Lo preocupante es la actitud de las autoridades municipales, de los alcaldes y concejales, de los municipios de

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Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Tiquipaya, el Cercado, Sacaba, Colcapirhua, San Benito, Villa Rivero, controlados por alcaldes ligados políticamente al “proceso de cambio”. Varias de estas autoridades impulsan loteamientos y asentamientos en áreas agrícolas, por la presión de los loteadores o en complicidad con ellos, realizan el cambio de uso de suelo, aun al margen de la decisión de las comunidades campesinas y sin consultarles. Solo basta ir por los ríos, especialmente en Vinto en el Kora I y Kora II para constatar como se esta construyendo casas en pleno rio cuando de acuerdo a la Ley de Municipalidades son bienes municipales de dominio publico, lo lamentable es que después la naturaleza recupera tarde o temprano sus propios cauces naturales, ocasionando desastres y dolor en las familias, producto de la irresponsabilidad de las autoridades municipales, departamentales y otras de Gobierno Nacional.

¿Dónde esta la Política de la Madre Tierra y la Seguridad Alimentaria?

El gobierno ha propuesto una política principal de modelo de desarrollo que sustituya al modelo capitalista, planteando el modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra, como única opción para enfrentar el calentamiento global que esta generando una serie de amenazas a la existencia de la humanidad, y poder enfrentar al cambio climático. Este planteamiento del gobierno es parte importante de su política nacional y además a nivel internacional, sin embargo en la realidad las principales autoridades encargadas de la administración de la tierra socapan los loteamientos. Uno se pregunta: ¿Dónde esta la defensa de los derechos de la madre tierra? ¿Dónde esta la construcción del nuevo modelo de desarrollo donde la producción agrícola es prioritaria?… Queda en duda, ya que no existe intensiones de hacer respetar las áreas agrícolas y las áreas de recarga hídrica,

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que son los dos elementos principales para la producción de alimentos y para el agua potable de muchas poblaciones que se abastecen de las aguas subterráneas. Mas aun, se ha podido constatar que los asesores de los loteadores, se encuentran en cargos importantes en el INRA, se ha denunciado con documentación, pero como era de esperar, tampoco se toma ningún tipo de medida, demostrándose así, que los loteadores se han encaramado en las instancias de poder.

El avasallamiento de las tierras, se ha extendido a todo el departamento, no se respetan las áreas de recarga hídrica, las áreas protegidas, los parques nacionales como el parque Tunari, el Parque Carrasco, el Tipnis, demostrando que no se ha podido generar conciencia en las organizaciones sociales de un desarrollo en armonía con la madre tierra, que es un mandato de la NCPE.

El pecado de los dirigentes de la FEDECOR es haber reclamado por los derechos de la madre tierra, las aéreas de recarga hídrica y agrícolas, denunciar a los dirigentes campesinos y cocaleros dedicada al loteamiento y trafico de tierras. La única respuesta que hemos recibido, producto de las denuncias documentadas desde el año 2009 es la desestabilización y división de la FEDECOR, desde la Federación de Campesinos, el instrumento político, la Gobernación, quienes logran dividir y debilitar a la FEDECOR. Sin tener el menor escrúpulo se alían con dirigentes del manfredismo y emeneristas, quienes pretendieron inútilmente crear anteriormente la ANRACO, luego la FEDERESCO. Nos quitan el derecho de escucharnos, el Vicepresidente García Linera, el Gobernador y la FSUTCC avalan y consolidan la división, instruyen y obligan a los alcaldes a llevar gente a un Congreso done participan menos del 10% de las organizaciones afiliadas a la FEDECOR, no importa como, lo importante es deshacerse de la piedra en sus zapatos, que

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denunciaron y continuaran denunciando todos los atentados contra LA MADRE TIERRA.

Ante esta falta de coherencia de las diferentes autoridades de gobierno, las respuesta que nos dan ante las permanentes denuncias documentadas, especialmente en la forma poco ética de actuar al dividir la FEDECOR, desconociendo todo el aporte que se hizo al “proceso de cambio”, desconociendo todos esos años de lucha de muchos de los miembros de la FEDECOR, que estuvimos a lado de Evo Morales en momentos muy difíciles, muchos años antes de ser Gobierno y en su primera gestión como gobernante de Bolivia, mi persona se ve obligada a renunciar al cargo de Director del SENARI y abandonar al Gobierno, con la firmeza de seguir luchando, aunque en situaciones muy adversas, porque no existe la posibilidad de una verdadera critica y autocritica al interior del MAS –IPSP, a pesar del silenciosos sufrimiento y frustración de miles de militantes y simpatizantes del “proceso e cambio” a lo largo y ancho de todo el país. El Estado Plurinacional y su concepto “practico” de Desarrollo

Es de hecho una posición desarrollista la que tiene el gobierno, yo lo llamo obrista, inclusive con proyectos en muchos casos que no están bien elaborados, pero igual ejecutan. La política del gobierno es mostrar obras, hacer obras, en netamente desarrollista, no se esta mostrando esa política de cambio, no se esta desarrollando esa capacidad de las entidades que administran el agua, no se tiene claro de que el Agua es un derecho fundamentalísimo de la vida y de lo que es el Agua como derecho humano. Entonces vemos que es una política desarrollista simplemente como lo que representa el programa “Mi Agua”, hasta el nombre nos dice mucho.

Hemos hablado del problema del derecho a la tierra,

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del agua. Si hablamos de proyectos importantes del país, por ejemplo, la carretera que se quiere hacer por el TIPNIS a San Ignacio de Moxos, se ve un actuar completamente desarrollista, no hay una planificación de un desarrollo en concordancia con la Madre Tierra. A pesar que tanto se ha pregonado el respeto a la Madre Tierra, plasmado en la NCPE, que también establece que se debe respetar los derechos de los indígenas y se debe cumplir la consulta previa. En el caso del conflicto del TIPNIS, considerada por expertos como una región bioecológica y legalmente PARQUE NACIONAL, Territorio Indígena, no cumplen con las propias normativas nacionales. Lo que prima aquí es otro tipo de intereses, como por ejemplo, el avasallamiento al Isiboro Sécure de casi 200 mil hectáreas, de manera irregular.

Entonces se ve que hay sectores sociales, que inclusive son del “proceso de cambio”, que no han cambiado de mentalidad, se actúa con mentalidad neoliberal, respecto a las grandes obras que se pretenden realizar como represas, proyectos mineros, etc. es la misma visión de desarrollo que tenía los neoliberales y que ahora tienen autoridades de Gobierno. Son las mismas visiones, desarrollistas del modelo capitalista y extractivista. Entonces, no se ve en los sectores sociales del proceso de cambio, una nueva mentalidad, en una nueva forma de percibir y construir el desarrollo. El proceso de valoración de la Madre tierra, por todos los antecedentes es aun muy lenta, falta mayor conciencia y discusión en la población en general.

Autonomía e independencia de las organizaciones frente al Gobierno

Creemos nosotros que esto es importante. Es importante la independencia, la autonomía de las organizaciones sociales,

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para poder jugar un papel más determinante en el proceso de cambio. Estamos viendo que muchas organizaciones sociales simplemente acatan órdenes, y el que de forma justificada interpela determinadas acciones o políticas es llamado “de derecha, opositor, etc.”. Se ha también pregonado la democracia de abajo arriba, democracia participativa, o mandar obedeciendo, en el caso nuestro que por lo menos nos hubieran escuchado….., hubiese sido muy importante. En el caso de nuestro sector, por lo menos los dos últimos años eso no existió.

No se esta construyendo ningún modelo de democracia participativa, estamos en contra flecha, hay un grupo en el gobierno en coordinación con organizaciones del Pacto de Unidad, (no en todos los casos) que diseña, define planes, políticas y normas, y las bajan para que las organizaciones sociales puedan acatarlas.

No hay la posibilidad de que nosotros podamos participar en la construcción de políticas de abajo arriba, o sea, una democracia de las bases, una democracia participativa. Creo que en eso estamos retrocediendo mucho. Tenemos ejemplos negativos que hacen a la vida cotidiana de los regantes, las organizaciones del Pacto, redactaron e hicieron aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley de la Revolución Productiva, y la Ley Departamental Enrique Encinas, donde se excluye por completo a las Asociaciones de regantes, Asociaciones productivas, OECAS, lecheros, etc. Ese tipo de actitudes y leyes son discriminatorias y excluyentes a todas luces y no reflejan los principios del “proceso de cambio”.

Continúan los conflictos por el agua

El conflicto por el agua es permanente en los centros urbanos y en las comunidades campesinas de Cochabamba, por

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la escasez del agua, agudizados por los nuevos loteamientos ilegales. No ha cambiado la política de avasallamiento a los sistemas autogestionarios de las comunidades, las juntas de vecinales, de los barrios periféricos, con la intención de ser absorbidas por los municipios.

La mina San Cristóbal, (que el Gobierno no tiene el animo a nacionalizar) usa grandes cantidades de agua y no paga nada, la explotación del agua subterránea afecta muchos km a la redonda, aparte la contamina y deja enormes pasivos ambientales, es decir los conflictos por el agua continuaran, mientras que el Gobierno y las organizaciones ligadas al “proceso de cambio”, no asuman conciencia de las diferentes problemáticas que aun debemos enfrentar, y de no ser resueltas traerá mas conflictos al “proceso de cambio”.

Seguramente surgirán nuevas coordinadoras nuevas organizaciones emergentes en el proceso de cambio, por que el capitulo del agua, la tierra, la madre tierra y los intereses de las transnacionales no están cerrados.

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Cambio de constitución, ¿cambio de civilización? Pablo Regalsky

El gobierno del MAS PERDIÓ LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA de iniciar el camino hacia un CAMBIO DE CIVILIZACIÓN en bien de todos y por la vida.

Las propuestas elevadas por los pueblos indígenas originarios1 a la Asamblea Constituyente en Agosto de 2006 presentan las ideas básicas para organizar nuestro país de acuerdo a un nuevo modelo de civilización. Aquí examinamos las propuestas de organización del Estado Plurinacional (plurinacional de verdad y no de discurso), tal cual fueron originalmente planteadas y en qué forma fueron no solo manipuladas y modificadas ilegalmente por el Parlamento en octubre de 2008, sino también distorsionadas en su aplicación por el gobierno del MAS.

Los indígenas no propusieron un cambio brusco y radical que les pudiera llevar a un enfrentamiento directo con quienes aún tienen el poder suficiente para oprimirnos y hacernos sufrir mucho daño. Tampoco propusieron una utopía irrealizable.

La propuesta indígena originaria del Pacto de Unidad (no la del MAS) es realista y al mismo tiempo tiene elementos suficientes como para iniciar ese camino hacia una nueva civilización que nos aleje del capitalismo depredador. Ese capitalismo depredador domina hoy todo el planeta y, pese

1 Todas los Pueblos y Naciones Originarias y sus organizaciones, incluída la CSUTCB, Bartolinas, CIDOB, CONAMAQ, y regionales de Guaraníes, Afrobolivianos, etc. reunidos en el Pacto de Unidad donde NO estaban repre-sentados los cocaleros, presentaron una propuesta AL MARGEN del MAS o de cualquier otro partido político en Agosto de 2006. Para elaborar esa pro-puesta se comenzaron a reunir desde fines del año 2003 (ver “El Pacto de Uni-dad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado” La Paz, 2010, publicación sistematizada por Fernando Garces con el apoyo de varias instituciones que formaban parte del equipo técnico del Pacto de Unidad,).

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Cambio de constitución, ¿cambio de civilización?

al dominio casi total que ejerce, hay muchos elementos que no solo muestran su inviabilidad, sino su próxima, muy próxima declinación catastrófica (lo cual no significa aún su destrucción).

Existen muchos elementos que nos muestran que ese sistema depredador ha entrado en su fase de declinación destructiva. Para evitar que esa autodestrucción nos arrastre en una colosal tragedia para la vida en el planeta, incluida por supuesto la vida humana, es urgente desarrollar una alternativa viable. La alternativa indígena es parte de esa búsqueda, es un elemento de la realidad actual, y tiene elementos notablemente adecuados para sacarnos de la miseria que nos amenaza. El caso del TIPNIS es una demostración de que hay alternativa y de que esa alternativa puede tener el apoyo de una numerosa población urbana.

En estas líneas rescatamos los rasgos básicos de la propuesta indígena de cambio y cómo el gobierno del MAS no solo la ha ignorado, sino que se opone frontalmente a la misma.

Presentamos a continuación, entonces, el análisis de aquellos principios de organización democrática del Estado Plurinacional incluidos en el texto constitucional, que son una base programática para orientar la construcción de una mejor forma de convivencia, hacia una nueva civilización humana. Esos principios lo que hacen es reconocer una realidad actual, la de las instituciones de autogobierno con las cuales los propios pueblos indígenas y originarios se rigen en la vida cotidiana y manejan sus formas de convivencia. No la inventan, la reconocen.

Esas formas de convivencia existen pese a sufrir la continua presión y a veces también agresión del Estado boliviano a través de sus diferentes administraciones y gobiernos y al continuo ataque que viene de las multinacionales,

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oligarquías terratenientes, sectores racistas de la sociedad y al desconocimiento por parte de las instituciones académicas. Aún contra todo eso, las formas de convivencia indígena originaria campesina se mantienen vivas y constituyen una alternativa para todos los que buscamos solución a la crisis provocada por el capitalismo depredador, para evitar la catástrofe humana que ya parece inminente.

La Constitución Política del Estado aprobada por Referéndum de enero 2009

La Constitución vigente contiene 144 modificaciones ilegales efectuadas en el Parlamento (sin que tenga ninguna competencia legal para ello) en octubre de 2008. Esas modificaciones ilegales e ilegítimas son resultado del Pacto acordado entre el gobierno del MAS y los prefectos representantes de la “media luna” en sus negociaciones de Cochabamba. Negociaciones que fueron avaladas por todos los partidos políticos del sistema parlamentario.

Pese a que ese Pacto con la Derecha introdujo importantes arreglos muy favorables a los intereses capitalistas depredadores y contrarios al movimiento indígena y popular, manipulando indecentemente la voluntad de quienes ingenuamente apoyaban al MAS, aún se han salvado ciertos principios fundamentales que vienen de la propuesta original del Pacto de Unidad. Esos principios fueron respetados en el texto aprobado en la sesión final de la Asamblea Constituyente del 9 de diciembre de 2007. Esos aportes están planteados en el Capítulo Primero de la Primera Parte de la Constitución (Bases Fundamentales del Estado).

Pasamos a analizar el actual texto constitucional en las partes que señalan lo que debería ser el camino hacia un Estado Plurinacional, para luego explicar en qué consisten los

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arreglos indecentes introducidos por el Pacto del MAS con la Derecha.

El artículo 1º vigente de la CPE discutido y aprobado en plenaria final y luego por el Parlamento y refrendado por el Referendum, dice:

“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.”

Este artículo parecería reunir diferentes doctrinas y diferentes concepciones del estado, a veces contrapuestas, que luego van a ir tomando forma con el complemento de otros artículos. La propuesta del Pacto de Unidad plantea que el Estado boliviano es a la vez Unitario y es Plurinacional. Desde otras propuestas se han añadido términos como el de “Social de Derecho” que proviene del derecho constitucional alemán. La idea de que es descentralizado y con autonomías cualifica el término “Plurinacional”. Es que Plurinacional implica autogobiernos coasociados en una empresa común, “descentralizado” implica un estado que deja caer unas monedas a los niveles bajos de gobierno. Nada que ver lo uno con lo otro.

El núcleo de la propuesta indígena originaria para hablar de Estado Plurinacional es que propone un Estado refundado, en cuya refundación ya no participarían solamente los descendientes criollos del colonizador, sino que están todas las naciones y pueblos que conforman el pueblo boliviano en la actualidad. Eso no ocurrió y las razones para que no ocurra las damos en el subsiguiente acápite de este artículo.

Un Estado Plurinacional ya no se trataría de aquel

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Estado Colonial aún vigente creado por la etnia castellana, que impone su modelo cultural y a la vez establece una estructura política uniforme donde solo existe una identidad con una sola cultura general. En cambio un Estado Plurinacional —aún por construir— reconoce la existencia actual de varias naciones y pueblos que vienen desde antes de la Colonia y de la República y que mantienen control sobre sus territorios a través de sus propias instituciones. Eso se explicita aún más en el artículo 2 vigente (vigente, pero no respetado por el gobierno del MAS):

“Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus

territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de

sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”

Este artículo de la Constitución es absolutamente categórico. “SE GARANTIZA SU LIBRE DETERMINACION EN EL MARCO DE LA UNIDAD DEL ESTADO… que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, etc.”

El texto del artículo mencionado no deja duda, sumando a lo que dice el texto del artículo 1º, sobre el estado “de Derecho Plurinacional”, que se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, etc. Esto implica que existen hoy las naciones y pueblos (no necesariamente reducidas al ámbito rural) que tienen su propia institucionalidad política y jurídica, su sistema económico, sus sistemas legales y de autoridad los cuales deben ser respetados, en el marco de la consolidación de sus entidades territoriales.

El pluralismo jurídico, al cual se refieren los artículos

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primero y segundo, son detallados más adelante en el capítulo IV de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (artículos 190 a 192). El pluralismo jurídico es la expresión de la existencia de una institucionalidad política y jurídica propia y separada de cada uno de los pueblos y naciones originarias.

El pluralismo jurídico implica que existen diversos sistemas legales, los cuales son amparados por la presente Constitución. Esto no se refiere simplemente a formas de arreglos internos sobre delitos menores. Se refiere a que en los territorios indígenas existe un ordenamiento jurídico y una institucionalidad política diferente y separada de aquella del Estado, y que se refiere a todos los órdenes de la vida humana, su reproducción, y a la relación entre la vida humana y la naturaleza, es decir, a la actividad productiva.

Según el texto constitucional hoy vigente, ya no tiene existencia legal (o ya no debería existir) un solo sistema judicial, una sola armazón jurídica bajo la cual están todos los ciudadanos. Pues hasta ahora la normativa constitucional solo reconocía como actores políticos a los ciudadanos y a los partidos políticos que los representan. Hoy la Constitución reconoce personería política con derecho al ejercicio de jurisdicción y legislación propia a los pueblos y naciones que conforman Bolivia. Esos sujetos colectivos que son los pueblos y naciones indígena originario campesinos tienen derecho a la libre determinación, y cada uno de los ellos es reconocido con su propio sistema de autoridad política, jurídica y sus propias instituciones.

Esto no significa que el Estado boliviano deja de ser unitario. El sentido que le quiso dar el movimiento indígena originario al término “unitario” es que preserva la unidad del Estado boliviano. Unidad no significa “homogeneidad”, no significa que a todos se nos educa en la misma escuela, pasamos por el mismo cuartel, vemos el mismo canal de tv,

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desfilamos con las mismas fiestas o por los mismos motivos. Podemos ser diferentes y estar unidos, interactuar, como se supone hace cualquier matrimonio (con gusto o sin gusto).

La puesta en marcha de este sistema de libre determinación a los pueblos permite la existencia de una plena democracia en diálogo. Ya no se puede imponer un criterio dominante desde el Gobierno Central del Estado sobre las partes. Cada una de las partes tiene derecho a su libre determinación y a tomar parte en el diálogo para definir las políticas comunes. Eso sería el caso de un Estado de Derecho Plurinacional.

Ahora bien, cómo se ha puesto en marcha el “estado plurinacional”? El sistema actual trata más bien de una “asamblea plurinacional” elegida por voto universal y secreto. Ninguno de los representantes es elegido por usos y costumbres, y todos han debido formar parte de listas o planchas presentadas por partidos políticos ante la Corte o “poder” Electoral.

El sistema de voto universal y secreto es la clave de un sistema de democracia liberal y neocolonial dominado por el monopolio de representación que ejercen los partidos políticos. Es el sistema que permite desintegrar la sociedad en individuos que solo son responsables ante sí mismos de su voto, todos dejamos de “pertenecer”, ya sea a una clase, a una comunidad, a un barrio, a una nación oprimida. Es el sistema que la burguesía logró perfeccionar para representar al “pueblo” de forma homogenizante y hegemónica con éxito durante el último siglo.

Este sistema de representación, en el cual el pueblo pierde el derecho de soberanía que pasa a ser depositado en los mecanismos de representación del Estado, es clave para el sistema de dominación colonial global en el cual sigue inserto y sometido Bolivia.

En cambio, en un Estado Plurinacional como el que

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propone la Constitución se declara muerto y extinguido el monopolio de los partidos políticos, cosa que obviamente no ha resultado ser ni la práctica ni la estrategia desplegada por el MAS en el Gobierno, ni es lo que ocurre en la Asamblea “plurinacional”.

No hay ninguna nación, ni pueblo, ni organización representada en dicha Asamblea. Solo están ahí los partidos políticos que representan “la ciudadanía”, homogénea e indiferenciada de una “población”. Cuando los diputados indígenas pretenden separarse del MAS y organizar su propio bloque, son amenazados de que les aplicarán la ley del “transfugio”. La organización actual de la Asamblea Plurinacional desconoce olímpicamente el sentido fundamental de la Constitución y lo viola a través de la utilización de artículos y resoluciones secundarias, oscuras, reglamentarias.

El texto constitucional declara roto el monopolio de los partidos políticos sobre la representación y relativiza el voto universal y secreto como única expresión de la voluntad del pueblo, pues asume que el pueblo ejercerá soberanía en forma directa, asamblearia, tal cual dice la actual Constitución en el artículo 7º:

“Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las

funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”.

El ejercicio directo de la soberanía por el pueblo es el principio revolucionario establecido en este artículo y que por supuesto el gobierno del MAS no cumple y no tiene ningún interés en ello. El ejercicio directo de soberanía implica que cuando el pueblo, el barrio, o la comunidad elijen una

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autoridad le están dando un mandato explícito que cumplir, no le dan una carta firmada en blanco como sucede en el actual sistema “representativo” y con duración fija de cargos. Cuando la asamblea del pueblo, el barrio, la comunidad o la ciudad entera ven que el mandato no se está cumpliendo, lisa y llanamente eso da lugar a la Revocatoria del Mandato, la autoridad es destituida y se la cambia. Esa es la democracia directa, completamente viable en la medida que el pueblo está movilizado.

El gobierno del MAS se burla de la Constitución al impedir el ejercicio directo de la soberanía por el pueblo. Viola la constitución en forma directa al desconocer la libre determinación de naciones y pueblos indígenas.

Las leyes aprobadas por la mayoría abrumadora de dos tercios que dispone el MAS en la “Asamblea plurinacional” impiden la puesta en marcha del principio de ejercicio directo de la soberanía por el pueblo y el principio de libre determinación. Impiden en particular el ejercicio de la representación directa de los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones políticas, en el ejercicio del pluralismo político y jurídico. Ese es el resultado del pacto nacional logrado entre el gobierno del MAS y los prefectos de la media luna, con el aval y bajo la presión del gobierno brasileño que utilizó la cobertura del UNASUR (Unión de Naciones de América del Sur) en octubre de 2008. El Pacto con la Derecha, un pacto exigido por el Brasil para asegurarse la provisión del gas barato necesario para su industria, es un pacto de gobernabilidad. Gobernabilidad significa hacer lo que sea necesario para gobernar, no importa cómo, y como dijo Gramsci, si no funciona el consenso entonces se gobiernaa través de la corrupción.

El resultado de ese Pacto con la Derecha es que los principios fundamentales de la Constitución fueron

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vulnerados a través de múltiples modificaciones introducidas en las partes secundarias y reglamentarias que se añadieron en la Constitución, en la letra menuda. El pacto entre el gobierno del MAS con la Derecha en Octubre de 2008 hizo que los fundamentos de la Constitución se vuelvan letra muerta2.

Las leyes transitoria Electoral, del Poder Electoral, de la Descentralización y autonomías y la Ley de Deslinde Jurisdiccional desconocen totalmente esos nuevos principios constitucionales e impiden que se elijan las representaciones indígenas y originarias campesinas por medio de sus usos y costumbres y que las instituciones políticas indígena originarias tengan sus propias competencias. Impiden la organización de jurisdicciones electorales en los territorios indígenas (ahora denominados TIOC) y reduce el número de jurisdicciones electorales a una completa irrelevancia.

Pero hay más

El texto modificado ilegalmente mete gato por liebre de la manera más descarada, es una burla grotesca a los movimientos sociales y en particular al movimiento campesino, como vamos a ver sobre todo en el caso concreto de los artículos 146 inciso VII, 315, 399 y 409. Esto es parte del giro que Evo Morales autoritariamente hizo dar al Instrumento Político a partir de 1997 para dejar de luchar por la Tierra y el Territorio y cambiarlo por un discurso antiimperialista.

La CSTUCB formó en 1995 su Instrumento Político con el fin de luchar por la Tierra y el Territorio y le dio mandato para participar en el terreno electoral con el fin de dar una

2 El presidente de la cámara de diputados “plurinacionales” Hector Arce, en un discurso pronunciado en el seminario sobre gobernabilidad organizado por Naciones Unidas el 8 y 9 de diciembre de 2011 elogió ese pacto entre el gobierno del MAS y la derecha, diciendo que gracias a ese Pacto se había garantizado la unidad nacional y el sistema democrático.

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batalla táctica contra los partidos políticos de los patrones, los latifundistas, y los gobiernos neoliberales que expresaban los intereses del capitalismo depredador y que ignoraban los derechos territoriales de los pueblos indígenas y originarios.

¿Qué ocurrió con el MAS cuando Evo Morales aprovechó una disputa dirigencial ante las elecciones de 1999 para imponer un cambio programático en el Instrumento Político, utilizando para ello una sigla electoral que le cedió gentilmente un sector de la Falange Socialista Boliviana? A partir de allí se comenzó a dejar de lado la propuesta estratégica de Tierra Territorio, cambiándola por un programa de lenguaje nacionalista, con una retórica antiyanqui y de defensa de la hoja de coca. Podremos ver luego que esa retórica antiyanqui termina en una práctica de subordinación a las empresas extractivas multinacionales que alimentan (y se alimentan de) el expansionismo brasileño.

¿Qué dicen esos artículos modificados? El inciso VII agregado al artículo 146 dice:

“Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento.

No deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que

estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las

circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados.”

De esta manera, si quedaba alguna duda de la violación del principio de devolución de la soberanía al pueblo, aquí queda despejada. Las limitaciones para que se establezcan circunscripciones “especiales” indígenas son tales que, en los departamentos donde hay mayoría indígena, es decir todos

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los departamentos de la región andina, no está permitida la elección de representantes por usos y costumbres. Aún allí donde los pueblos indígenas son minoritarios, es decir en las tierras bajas, la ley electoral también ha impedido que la elección de representantes sea por usos y costumbres y ha impuesto la elección a través de partidos políticos y por voto universal y secreto, impidiendo el ejercicio de las instituciones políticas propias indígenas. A esto se agrega el hecho de que se impide la constitución de circunscripciones indígenas que trasciendan los límites departamentales. Las disposiciones de carácter reglamentario de este inciso agregado ilegalmente vulneran los artículos fundamentales 1º, 2º, 7º, 276, 296 y otros.

El artículo 315, un artículo agregado de contrabando dentro del capítulo de Organización económica del Estado, es una burla aún más grotesca del mandato constitucional. Dice lo siguiente:

Artículo 315, de la propiedad de la tierra por personas jurídicasI. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas

jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación

del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios.

II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una

estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado

hacia el inmediato número entero superior.

Este artículo invalida los efectos prácticos del Referéndum dirimitorio de enero de 2009 en el cual se estableció que el límite máximo de la propiedad rural era de cinco mil hectáreas. Lo que se está diciendo aquí, en un lenguaje incomprensible

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para los no iniciados, es que una sociedad anónima puede tener tantas veces cinco mil hectáreas como socios tiene esa sociedad. Viola la prohibición de latifundio contenida en la Constitución y los artículos 397 y 398. El artículo 399 completa la burla estableciendo que el límite de cinco mil hectáreas solo se aplica a las propiedades adquiridas con posterioridad a la puesta en vigencia de la Constitución.

Con lo cual las modificaciones ilegales realizadas a esta Constitución en virtud del Pacto de la Casa Campestre de octubre de 2008 con la Media Luna terminan por legalizar el latifundio en Bolivia.

¿Qué más?A la legalización del latifundio se le agrega la legalización constitucional de los transgénicos

El artículo 408 fue modificado en forma totalmente contraria a lo que establecía el artículo original. ¿Qué decía el artículo original? Lo siguiente: “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”. En cambio, el artículo aprobado por el Parlamento establece lo siguiente:

“Art. 408. La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

La ley 144 del 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Agropecuaria, aprobada por la Asamblea Plurinacional confirma la legalización de los transgénicos y protege la obtención de patentes sobre semillas, sean nativas o no, a favor de las multinacionales, violando el derecho de las comunidades a proteger sus semillas propias resultado de un trabajo y un conocimiento en la selección de variedades que duró siglos de experimentación.

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Estas modificaciones ilegales son el resultado del Pacto con la Derecha, entre el Gobierno del MAS y los prefectos de la media luna, un pacto que está al servicio de los intereses del latifundio, y que fue convalidado por el conjunto de los partidos políticos. En las reuniones y acuerdos secretos del Pacto no pudo participar oficialmente ningún representante de las organizaciones campesinas indígenas originarias, aunque sospechamos que algunos dirigentes si estaban muy comprometidos en el asunto. Se admitió la presencia de un técnico (Adolfo Mendoza) que había acompañado la redacción del proyecto de Constitución elaborado por el Pacto de Unidad. Ese técnico recibió en premio a los servicios que prestó a dicho Pacto con la Derecha firmado por el MAS al servicio del latifundio, el cargo de Senador por Cochabamba en las elecciones siguientes.

En síntesis, ¿cuál es el avance, cómo se plantea la propuesta hacia una nueva civilización?

Existen en la Constitución varias provisiones que se refieren a la buena vida en convivencia con la Madre Tierra, a los principios del Ama sua, ama qhilla, ama llulla. Sin embargo, no son estas referencias líricas las que pueden garantizar llegar a una buena vida. Es a través de una organización política, de una autoridad propia y democráticamente controlada la que se puede hacer cargo de la transformación de una vida que ahora está sometida a las necesidades de un capitalismo depredador y, en cambio, poder construir una sociedad más armónica.

¿Es el Estado nacional-colonial que conocemos el que puede asumir esa tarea? ¿Es ese Estado apoyado en la fuerza de coerción, en los aparatos de represión de la Policía y el Ejército, de los jueces corruptos y de los alcaldes? No es esa la idea de los pueblos reunidos en el Pacto de Unidad.

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La idea es que podremos transformar la vida a través del autogobierno, del control territorial por la propia gente que vive allí, con la recuperación del ejercicio directo de la soberanía por el pueblo. La reconstrucción de la comunidad es posible ahí donde la gente misma puede ejercer su autogobierno. Es simplemente imposible esperar un cambio si son las empresas las que financian a los partidos políticos y son estos los que tienen el monopolio de la representación política.

Hay otras formas de organización y de campaña política. Cuando el MAS o, para ser más exactos, la ASP-IPSP inició su primera campaña electoral municipal en diciembre de 1995, no tenía absolutamente ningún recurso. Lo hizo simplemente con la fuerza de la organización campesina y comunal. Y sorprendió ganando en un número importante de municipios. No hacía falta la propaganda política porque la gente sabía a quien votaba, habían elegido a sus candidatos en sus propias Asambleas de subcentrales y centrales campesinas, en sus Congresos provinciales. Cuando los dirigentes se pelearon, y agarraron la “manija”, recibieron financiamiento de la Corte Electoral y apareció el MAS como representando al IPSP, ya los candidatos que se elegían en las Asambleas no aparecían en la lista aprobada por la Corte Electoral, y en cambio aparecían otros puestos a dedo. Eso es resultado de que alguien maneja la plata y eso le permite controlar y corromper. Es la misma situación en las alcaldías que ganó el MAS. El poder tiene que salir de abajo y no de la plata.

El cambio viene de la propia gente, de su movilización, de su autogobierno, de su lucha. En eso consiste el núcleo de la propuesta campesina, indígena originaria. Ese es el tema que se debate en la cuestión de la carretera por el TIPNIS: ¿Es el Gobierno el que va a garantizar una buena vida a los habitantes del TIPNIS con una carretera?, ¿o el que va a permitir el desarrollo de Cochabamba y el Beni y

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mejorar nuestras vidas? O son las comunidades indígenas del TIPNIS las que pueden manejar bien su territorio y vivir de forma acorde a su cultura, si las dejan en libertad de hacerlo, sin la intrusión del narcotráfico, de las empresas petroleras, mineras y forestales. Lo que se aplica al TIPNIS también se puede aplicar a El Alto, también se puede aplicar a Kara Kara o a Jayhuayco. En eso el pueblo boliviano tiene suficiente experiencia.

¿El Gobierno Central y el Estado tienen que dejar de existir? No es así. El Gobierno del Estado tiene la función de administrar los bienes comunes del conjunto del país, y una cosa es administrar y atender el bien común y otra cosa es tener todo el poder de decisión reunido en unas cuantas personas. La administración del Estado, incluso la administración de los recursos estratégicos como el petróleo, la energía en todas sus formas, el comercio exterior, las finanzas se pueden racionalizar de acuerdo a las políticas que resultan de la participación de las diferentes estructuras políticas de autogobierno, una vez que cada una de las cuales tiene suficiente capacidad y autosuficiencia como para no depender de la estructura central de gobierno.

Una estructura basada en autonomías y autogobierno tiende a desarrollar sistemas productivos que armonicen con ese espacio social que se autogobierna. No hay duda que en este momento hay un desarrollo desigual muy marcado, una distancia cada vez mayor entre campo y ciudad y entre regiones. Ese es resultado de ese desarrollo desequilibrado, centrado en promover un desarrollo urbano exagerado e irracional basado en la continua expoliación de los recursos naturales y en la subordinación del campo a las necesidades de la ciudad. Es el resultado de la libertad que dispone el capital financiero para manejar los recursos sociales en su provecho. Es el resultado de promover una agroindustria con fines de exportación en

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vez de promover la seguridad y soberanía alimentaria del país. Es el resultado de ceder constantemente ante las presiones de las multinacionales petroleras, mineras, semilleristas, agroalimentarias y montar un modelo puramente extractivista y depredador. Desmontar ese sistema de acumulación de capital en manos privadas basado en la depredación de los recursos naturales parece una tarea descomunal. No es una cosa tan difícil de resolver si hay un pueblo movilizado y que sabe lo que quiere. El pueblo boliviano sabe lo que quiere.

Es difícil de resolver si las organizaciones dejan gobernar a unos cuantos, se le delegan los poderes a una camarilla que solo sirve a los intereses de los poderosos y a los suyos propios y trata de concentrar los recursos en un centro hegemónico. La tal hegemonía de la que se ufana García Linera no es real, no hay hegemonía, lo que sucede es que se cumple lo que decía Gramsci: “Hay tres formas de gobierno: por la violencia, por el consenso, o por la corrupción”. Y ahí está el asunto.

Difícil se ha vuelto la actual situación, porque organizaciones muy importantes que representaban a una mayoría de los pueblos originarios indígena campesinos, como es la CSUTCB, han decidido abandonar su camino independiente como representantes de naciones y pueblos indígenas y como parte de la clase trabajadora. Han decidido fusionarse con un Estado Colonial que no ha sido transformado, unque ahora se llame Estado Plurinacional, y han perdido su carácter de autoridad propia de las comunidades indígenas que tienen control de su territorio ancestral. En cambio, han facilitado la expansión de la autoridad de ese Estado Colonial, aunque ahora tenga una administración cuya cabeza reclama ser indígena. Esas organizaciones, que una vez lucharon por un instrumento político Tierra-Territorio, hoy están posibilitando que se amenace a las comunidades indígenas que siguen ejerciendo control territorial, y que se use para ello la

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fuerza y la violencia por parte de la actual administración del Estado Colonial boliviano. Una administración gubernativa que en realidad no tiene poder, y solo puede seguir gobernando por medio de la corrupción. Que por no tener ningún poder, gobierna ahora para las multinacionales, como es evidente en el caso del TIPNIS3. Ya lo anticipó el Ministro de Minas José Pimentel en su carta del 5 de octubre de 2010 dirigida al CONAMAQ con referencia al conflicto por la mina de cobre en Corocoro y donde dice:

“…el Estado Plurinacional no reconoce el autogobierno ni mucho menos la autodeterminación de los pueblos indígenas.”

Cuando Pimentel escribe en su carta las palabras “Estado Plurinacional”, obviamente se está refiriendo a la actual administración gubernativa del MAS dentro de un Estado Colonial construido históricamente al servicio de las empresas mineras transnacionales a las cuales él no tiene ningún inconveniente en servir personalmente.

Está claro que, limpiando la Constitución de las indecencias que le incorporó el Pacto con la Derecha de octubre de 2008, hay bases legales para reiniciar el camino que el pueblo boliviano puede seguir recorriendo. Es el mismo camino cuyos hitos son el año 2000, el año 2003, el año 2005, luchas triunfantes bajo la inspiración de los pueblos indígenas y originarios. El cambio no lo realizará ninguna administración pública que esté a cargo del actual Estado Colonial que hoy subsiste plenamente en Bolivia, sea la actual o una futura,

3 Hay muchísimos casos más, de los cuales mencionaremos solamente el de las represas sobre el Rio Madeira, el del avasallamiento del territorio de los Lipez por la empresa minera San Cristóbal, el del avasallamiento de los derechos de agua de Coro Coro por la empresa minera del cobre, el avasallamiento de las comunidades guaraníes, mosetenes, tacanas, etc por las empresas petroleras transnacionales, etc.

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sea quien sea el líder que encabece esa administración estatal colonial. El cambio lo realiza la gente. Es necesario retomar el camino de la organización independiente, del autogobierno y de la movilización amparada plenamente en los principios fundamentales de nuestra nueva Constitución, para salir en defensa del proyecto de una nueva civilización posible.

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El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia Roberto Fernández Terán

El neocolonialismo se ha expresado en Bolivia fundamentalmente en torno a la extracción de materias primas, gas y minerales, la subordinación económica al poder de las transnacionales y de la banca internacional, y la aceptación política de las directrices extranjeras dentro del juego interno del poder nacional. El Movimiento Al Socialismo (MAS), con el Vicepresidente García al mando, ha sumado su gestión de Gobierno a esa vieja historia. En efecto, no se ha liquidado la base material del poder de las empresas petroleras que se quedaron operando en Bolivia, y las políticas de endeudamiento gubernamentales apuntan a reproducir el rol tradicional del país: exportador de materias primas.

El MAS, con García en el mando, no ha podido romper totalmente con las bases del poder petrolero extranjero en Bolivia; se controla, es cierto, las áreas de refinación y transporte, pero la operación de los campos más ricos en hidrocarburos está a cargo de las transnacionales petroleras. Lo que ha ocurrido, en sustancia, es un reacomodo empresarial petrolero al interior del bloque de poder dominante actual, con una gran influencia en la toma de decisiones sobre la política energética. Veamos cómo todo esto ha sido posible, a partir de una breve y puntual recapitulación de las políticas gubernamentales masistas sobre este tema.

I. La economía y el fallido gasolinazo

El fallido intento del aumento del precio de la gasolina y el diesel en diciembre de 2010 ha demostrado claramente que la supuesta bonanza de la economía nacional basada en la “nacionalización” de los hidrocarburos sencillamente

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no existe. Si la economía boliviana marchara tal y como la pinta el aparato propagandístico gubernamental —y la megalomanía de García, en particular— una medida como esa no tendría sentido alguno. Más aún: ¿cuál puede ser la lógica de una economía boyante de un Gobierno “revolucionario” que necesita apropiarse de los dineros del pueblo para traspasarlo a las compañías petroleras y cubrir el enorme gasto gubernamental? Está claro que, con un valor medio ponderado del costo de producción de 5,77 dólares por barril de petróleo en Bolivia, no se justificaba la elevación del precio que actualmente se les paga a las empresas de 27 dólares a 59 dólares por barril, y ha quedado claro también que la elevación de los precios de los hidrocarburos no era para combatir precisamente el contrabando, sino que respondía a la necesidad de otorgarles mayores incentivos y beneficios a las petroleras y financiar el enorme gasto fiscal del Estado1.

Lo que el gobierno del MAS no dice cuando mantiene la amenaza de subir los precios del diesel y la gasolina, es que una elevación en el precio de los combustibles inmediatamente haría subir los precios de los alimentos y servicios que consume y usa el pueblo boliviano. En efecto, subirían el costo del transporte, los fletes de carga, los pasajes del transporte urbano, con todo el efecto en la cadena de precios, lo que afectaría gravemente la economía de todos los bolivianos y bolivianas; perjudicaría a todos los sectores, pero mucho más a aquellos que no tienen relaciones laborales estables, pertenecientes al mundo de la denominada economía informal. Los beneficios redistributivos de los bonos se diluirían porque, al cargar la elevación de los combustibles a los ciudadanos, éstos se empobrecerían inevitablemente.

Y, también, se les olvida decir que el diesel y la gasolina

1 Cf. Carlos Arze Vargas et al. Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. CEDLA, La Paz, 2011, pp. 157 – 158.

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El reacomodo del poder petrolero transnacional

importados son pagados en una parte por los propios consumidores bolivianos a través del precio y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) cuando compran diesel o gasolina. Es decir, que son los propios consumidores bolivianos los que pagan una parte importante del diesel y la gasolina importados cuando compran en las gasolineras, y también cuando pagan el IEHD. Entonces, el subsidio real sería mucho menor a las cifras que maneja el Gobierno para tratar de justificar la elevación del precio del combustible líquido2.

El MAS, siguiendo los pasos del “gonismo”, amenaza constantemente con transferir la crisis al conjunto de los ciudadanos elevando la alícuota del IEHD, en un país donde la precariedad del trabajo es una constante, y con sueldos bajos que no guardan relación con los países industrializados. Menos mal que el pueblo boliviano ha impedido la aplicación de una medida tan anti popular, cuyo único fin era beneficiar a las compañías petroleras.

II. La diferencia entre la nacionalización de 1969 y la actual

El Vicepresidente García afirma que en todo proceso de nacionalización se indemniza a las empresas petroleras por las inversiones pasadas; cita como ejemplo el caso de la Gulf Oil Company en 1969 y justifica así las críticas que se le hacen a su Gobierno por el pago de inversiones pasadas a Petrobras, Repsol, Total y otras empresas.

Efectivamente, es cierto que, en el caso de la Gulf, la reversión al Estado de los campos de hidrocarburos que estaban en sus manos fue acompañada con el pago de sus inversiones en activos e instalaciones, pero lo sustancial de

2 Cf. Carlos Arze Vargas et al. Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras. CEDLA, La Paz, 2011, pp. 157 – 158.

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esta nacionalización es el hecho de que la Gulf se fue del país y que YPFB se hizo cargo de todo el negocio, quedándose, en consecuencia, con el 100 por ciento de la renta petrolera para el Estado boliviano.

Es obvio, por tanto, que no es lo mismo devolver inversiones cuando la empresa se va del país, como ha ocurrido en la nacionalización de 1969, que devolverlas a empresas como Petrobras y Repsol que no solo se beneficiaron de la explotación de campos previamente descubiertos por YPFB entre 1997 y 2005, sino que se firmaron con ellas nuevos contratos para que se queden en Bolivia con el derecho de operar los principales campos por 20 y 30 años, extraer el gas con alto contenido energético para enviarlo como materia prima barata a Brasil y Argentina, y así obtener pingües ganancias.

García parece tener todas las facultades intelectuales para entender la diferencia entre una y otra nacionalización.

III. Participación estatal en la renta petrolera

La frondosa palabrería que exhibe García respecto de la renta petrolera que percibe el país merece las siguientes tres precisiones:

1. Los actuales recursos dinerarios (Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH) que reciben actualmente las municipalidades, gobernaciones y universidades no son resultado de la nacionalización del MAS, sino de la Ley de Hidrocarburos 3058, aprobada el año 2005, antes de la llegada del MAS al gobierno. La lucha por el incremento en la participación del Estado boliviano en la renta petrolera estuvo en los planteamientos de los movimientos sociales desde el año 2001, y fueron ellos los que impusieron el aumento de la participación estatal.

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Dicho de otro modo: si con la Ley 1689 de Sánchez de Lozada se obtenía un 18% de la renta petrolera por regalías hidrocarburíferas, fue la lucha del pueblo boliviano la que impuso a los políticos de aquel tiempo que se aumentase ese porcentaje al 32% adicional —el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH— que se calculaba para todos los efectos como una regalía. La suma de regalías (18%) e IDH (32%), por tanto, hacía un total del 50%. Este incremento, sustancial para las arcas del Estado, se realizó en contra de la voluntad del aquel entonces presidente Carlos Mesa, de muchos parlamentarios y, en particular, del propio Álvaro García Linera, que, con mucha vehemencia y desde las pantallas de televisión, defendía la propuesta de simplemente aumentar el impuesto a las utilidades petroleras.

2. Con el Decreto de Nacionalización número 28701 del 1 de mayo de 2006 (esta vez sí del Gobierno del MAS y mérito, en gran medida, del entonces ministro de hidrocarburos Andrés Solís Rada), se estableció que al referido 50% determinado en la Ley 3058 se le añada una otra participación adicional transitoria del 32% aplicable a los megacampos de hidrocarburos, con el fin de crear un fondo de arranque para que la empresa estatal boliviana refundada (YPFB) pueda comenzar a funcionar por sí misma. Es cierto, como afirma el Vicepresidente García, que con esta medida la renta petrolera que recibía el Estado llegaba al 82% y algo más (si se le añadía el pago del impuesto a las utilidades), pero se trataba de una medida de aplicación transitoria que solo estuvo en vigencia entre mayo de 2006 a mayo de 2007, durante solo un año.En mayo de 2007, cuando se protocolizaron los nuevos contratos firmados entre el Gobierno del MAS y las

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compañías petroleras, la participación del Estado boliviano del 82% volvió a ser la establecida en la Ley 3058, es decir, una participación del 50% (18 % regalías + 32% IDH). ¿Por qué, entonces, el Gobierno insiste en seguir hablando del 82% cuando esto ya no es aplicable a los campos grandes operados por las petroleras extranjeras?3, ¿por qué no se le dice claramente al pueblo boliviano que el artículo transitorio ya no está vigente desde mayo del 2007?

3. Los nuevos Contratos de Operación (eufemismo que disfraza lo que esos contratos son en realidad: Contratos de Producción Compartida) contemplan una participación para el Estado de regalías e IDH, más un coeficiente beta (B) para YPFB —desconocido por el país—, más las patentes y los impuestos upstream que incluyen el Impuesto a las Utilidades. No se pueden incluir en los impuestos upstream4— el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), menos el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), porque estos son impuestos que se transfieren al consumidor en el precio final de venta del producto (son impuestos que, a fin de cuentas, los paga el ciudadano).Por otra parte, y como no se conoce exactamente cuánto significa el mencionado coeficiente beta (B), no es posible calcular con precisión, en el caso de los campos grandes, los megacampos, cuál es el nivel del goverment take5 —dato del que también se pavonea García, señalando que es uno de los más altos del mundo—. Por esto resulta legítimo desconfiar de las afirmaciones gubernamentales en las que se dice que el

3 Cf. El Nacional (Tarija). “YPFB aclara que sólo ingresaron $us1.510 mi-llones en 5 años por la nacionalización”, Tarija, 08/05/2011

4 Upstream es el término que refiere la exploración y producción de hidro-carburos.

5 El goverment take es la participación total del gobierno en los ingresos o beneficios petroleros.

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referido goverment take llega al 82%, o incluso al 90% en los Contratos de Operación.

IV. Reservas probadas y control material de Petrobras, Repsol y Total

La experiencia boliviana nos enseña que no es suficiente que la ley establezca en el papel que los hidrocarburos son de propiedad inalienable del Estado o del pueblo boliviano. En efecto, si recordamos la historia, el Código Davenport, que se aprobó a mediados de los años 50 con rango de ley, decía que la propiedad pertenecía a los bolivianos, pero en los hechos quien verdaderamente se benefició de esa ley fue la Gulf Oil Company, que llegó a controlar más del 70% de los hidrocarburos a fines de la década del 60. YPFB, en ese tiempo, era una empresa sin capacidad de emprendimientos mayores y con deudas que tenía que pagar a la Gulf.

De igual modo, en la Ley de Hidrocarburos 1689 de Sánchez de Lozada, se afirmaba que los hidrocarburos, cualesquiera sea su estado, eran de “dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado boliviano”, pero eso no fue un obstáculo para que las transnacionales petroleras terminasen efectivamente controlando la producción, la refinación, el transporte y la comercialización de los hidrocarburos.

De todo esto se puede deducir —confiamos nuevamente en las capacidades intelectuales de García— que no basta lo que diga una ley, sino que es de capital importancia el control físico y material, operativamente hablando, de toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Hoy, en Bolivia, a casi seis años de la “nacionalización” del Gobierno de Morales y García, el control material operativo de los campos con reservas probadas está en manos de Petrobras, Repsol y Total.

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Pero si García no puede creerlo e insiste en que el Estado Plurinacional es quién controla efectivamente los campos ricos en hidrocarburos, lo único que se puede hacer es remitirlo a los datos de su propio Gobierno.

Según el Ministerio de Energía e Hidrocarburos6, durante la gestión 2010, la participación de las empresas operadoras extranjeras en la producción de gas natural sería la siguiente: Petrobras Bolivia: 63%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 7%; British Gas: 5%; Vintage Petroleum: 2%; Andina (YPFB-Repsol): 6%; y YPFB-Chaco: 13%. Salta a la vista que las operadoras extranjeras producen el 79% del gas natural, sin tomar en cuenta la participación de Repsol en la empresa mixta Andina.

Según el mismo Ministerio, en la producción de petróleo, condensado y gasolina natural, las empresas petroleras tienen la siguiente participación: Petrobras Bolivia: 58%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 18%; British Gas: 3%; Vintage Petroleum: 1%; Andina (YPFB-Repsol): 6%; y Chaco: 12%. Nuevamente se ratifica que las empresas extranjeras producen el 82% de los líquidos señalados, sin tomar en cuenta, otra vez, la participación de Repsol en Andina7. Así queda demostrado que la larga lista de campos hidrocarburíferos publicada por García, asignados a YPFB, o producen muy poco, por los muchos años de explotación, o simplemente están sin actividad productiva importante.

Un dato más al respecto. Por las noticias de prensa sabemos que una excepción de lo dicho sería el campo Sararenda, en el que se estiman interesantes reservas de gas. Si esto es así, y dado que el campo pertenece a YPFB, debería

6 Cf. Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Anuario Estadístico, gestión Ing. José Luis Gutiérrez, 2010

7 Cf. Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Anuario Estadístico, gestión Ing. José Luis Gutiérrez, 2010

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ser la empresa boliviana el único operador de dicho campo. Existen denuncias de cívicos camireños, sin embargo, de que, de manera ilegal, y sin aprobación del poder legislativo, se estaría entregando la operación de dicho campo a la empresa extranjera Repsol. Estaremos a la espera de que el Gobierno haga la aclaración respectiva sobre Sararenda.

Para mayor abundancia sobre este tema, presentamos una síntesis de un estudio de indudable seriedad publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en agosto de 2011, el mismo que ha establecido lo siguiente:

• En el año 2009, las reservas probadas de gas y petróleo con alto valor comercial se encuentran en cuatro mega campos que representan el 85% del total;

• Esas reservas están bajo control de cinco empresas: Petrobras (brasileña), Repsol (española), Total E&P (francesa), British Petroleum (BP) y British Gas (BG) (británicas).

• Los campos convencionales representaban el 15 % restante.• YPFB Chaco y YPFB Andina (YPFB-Repsol) controlan

únicamente el 11% de las reservas probadas de gas y petróleo8.

El mismo estudio señala que las reservas en los megacampos, al margen del enunciado jurídico que dice que ellas son de propiedad del Estado, son en los hechos controladas por las siguientes empresas de acuerdo con su participación en la sociedad constituida9:

- San Alberto (Petrobras);

8 Cf. Carlos Arze Vargas et. al. Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras, CEDLA, La Paz, 2011, pp. 52 - 53

9 Ibídem, p. 56

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- San Antonio [Petrobras: 35 %; Andina: 50% (YPFB: 25% y Repsol: 25%); y Total E&P Bolivie: 15 %);

- Margarita (Repsol: 37%, BG: 37,5%, Pan American y British Petroleum: 25%);

- Itaú (Petrobras: 30%, Total E&P Bolivie: 41%, YPFB-Chaco: 4% y BG: 25%).

Conclusiones: en los megacampos donde existen reservas probadas, las empresas transnacionales operan casi el 80% de la producción de gas y petróleo. Existe una vinculación orgánica entre las petroleras y el Estado con una evidente participación minoritaria de YPFB en el proceso de explotación; YPFB no es la empresa que produce más de la mitad del gas natural en Bolivia, como afirma García10.

V. Sobre la indemnización a Transredes

El Gobierno de Morales y García ha demostrado tener abundantes argumentos para indemnizar a empresas delincuenciales como Transredes, pero en ningún momento utilizó los informes que establecían una serie de violaciones e incumplimientos por dicha empresa para sancionarla como correspondía.

Ha dicho García que por el pago de 240 millones de dólares a Transredes, el Estado boliviano ha obtenido un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares a través de YPFB. De manera simple, parecería que el Estado ha hecho el gran negocio del siglo, pero el hecho es que la mayor parte de la inversión fuerte del negocio del transporte (inversiones en gasoductos, oleoductos, poliductos) fue hecha por YPFB antes del año 1997, cuando Enron y Shell se convierten en

10 Cf. Alvaro García. El “Oenegismo” Enfermedad Infantil del Derechis-mo, 2011, Vicepresidencia del Estado, La Paz, pp. 41

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“socios” mayoritarios de Transredes.Dicho de otro modo: si Enron, de manera delincuencial,

se hizo cargo de los ductos bolivianos sin invertir un centavo y a cambio de promesas de “asesoramiento”, y luego, cuando se formó Transredes en sociedad con la Shell, empezó a cobrar por el transporte de hidrocarburos construido por YPFB, lo mínimo que se le debió haber pedido a Transredes es el cumplimiento riguroso del contrato, pero no fue así.

El Gobierno del MAS, por otra parte, tiene en su poder el documento de Juan Carlos Virreira (exdelegado para la revisión de la Capitalización) que demuestra expresamente cómo Transredes incumplió el Contrato de Suscripción firmado con el Estado boliviano11:

1. Transredes realizó “préstamos puente” para capital de operaciones a sus afiliadas: Empresa Productora de Energía Ltda. (10.41 millones de dólares); Gas Oriente Bolivia Ltda. (28.39 millones de dólares); y Gas Occidente Matto Grosso (3.48 millones de dólares). Se trata de un monto total de 42.28 millones de dólares por transacciones claramente prohibidas en el mencionado Contrato de Suscripción que a la letra dice así: “De acuerdo al Contrato de Suscripción se expone que entre las inversiones prohibidas está la inversión en empresas relacionadas y no se podrán realizar inversiones en acciones, participaciones de capital y demás títulos o valores emitidos por entidades asociadas o vinculadas a acciones de la sociedad suscriptora ni colocarse en depósitos en las mismas”12.

2. Transredes violó el referido contrato cuando suscribió

11 Cf. Juan Carlos Virreira. Estado y Cumplimiento de los Contratos de Capitalización, Administración y Suscripción. Empresa TRANSREDES S.A. Informe Final, Oficina del Delegado Presidencial, La Paz, 2003.

12 Ibídem, p. 24.

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un acuerdo de administración de inversiones a través de Shell International Ltda., es decir, de un fondo para el establecimiento de un mercado de dinero de corto plazo por 210 millones de dólares. La empresa comenzó a administrar los fondos traspasados del Citibank por el monto señalado desde el inicio de la administración hasta su cierre en noviembre de 1999.

3. Enron y Shell, como los mayores accionistas de Transredes, no realizaron el mantenimiento adecuado de los ductos que les fueron entregados provocando grandes derrames de petróleo. Un ejemplo de ello es el caso de los 29.000 barriles de petróleo derramados en el Río Desaguadero, entre Calacoto y el Lago Poopó, a lo largo de 175 kilómetros, que afectó a más de 14 pueblos y por el que apenas pagaron una pequeña multa de un millón de dólares. La empresa, además, no limpió adecuadamente las riveras del río y los terrenos afectados, dejando gravemente dañadas las tierras de cultivo, los sistemas de riego y el propio lago Poopó. Era tal la ineficiencia de Transredes en el mantenimiento de ductos que el año 2000 tuvo tres derrames de hidrocarburos de importancia: Desaguadero, Parotani y Chorety.

4. Según los informes de auditoría realizados por el Ministerio de Hidrocarburos entre los años 2006 y 200713, Transredes no cumplió con las normativas medioambientales bolivianas en el caso de la Estación de Chorety; no renovó cada cinco años sus licencias medioambientales; su empresa contratista, que manejaba residuos peligrosos, no contaba con la licencia respectiva, y no dio cumplimiento a las recomendaciones de Plan de

13 Cf. Enrique Mariaca Bilbao. Informe Final. Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control. Auditorías Realizadas a las Empresas Petroleras, Julio 2006 – Marzo 2007.

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Aplicación y Seguimiento Ambiental para el sistema de ductos y oleoductos. Por esta razón, y en virtud de que su contrato no fue aprobado por el Congreso boliviano, el Gobierno del MAS tenía sobrados argumentos para exigir no solo su nacionalización, sino el resarcimiento por los delitos y daños contra el Estado boliviano en que esta empresa incurrió.

5. Los 240 millones de dólares que el Estado boliviano pagó a Transredes no contemplaron otros pasivos o deudas que la empresa no había pagado a Impuestos Nacionales por cerca de 10 millones de dólares (según el exministro Soliz Rada, además, la empresa tenía deudas de algunos cientos de millones de dólares con otros acreedores de los cuales tuvo que hacerse cargo la flamante empresa nacionalizada).

Lo menos que se puede decir aquí, para ilustración de García, es que es una verdadera paradoja que los directores ejecutivos de ENRON, la empresa que “capitalizó” los ductos bolivianos con el nombre de Transredes, estén presos en las cárceles de los Estados Unidos por haber violado las leyes norteamericanas y mentido sobre sus activos, mientras que en Bolivia se indemniza a una empresa que cometió numerosos delitos contra el Estado y contra los pueblos que habitan en las márgenes del Río Desaguadero.

VI. La caída de las reservas de los hidrocarburos

El Gobierno del MAS ha firmado acuerdos de venta de gas a la Argentina sin una adecuada certificación de las reservas. Si a ello se suman las venta ya acordadas con Brasil, no es difícil advertir cuán próxima está la actual administración de aquella máxima de “exportar o perecer” tan habitual en los gobiernos neoliberales.

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La realidad de la situación de los hidrocarburos en Bolivia no parece ajustarse al supuesto “éxito de la nacionalización”. A Petrobras y Repsol, las empresas que tienen en sus manos el control de la producción de gas, no les interesa industrializarlo en Bolivia, prefieren hacerlo en Brasil y Argentina. Por ello, cualquier Gobierno responsable tendría que haber planificado, primero, la satisfacción del consumo interno y la industrialización de los hidrocarburos y de otros sectores productivos bolivianos, cosa que no ha hecho hasta ahora el Gobierno de Morales y García.

Ahora bien, no conocemos en detalle el informe de la empresa Ryder Scott sobre las reservas de gas en Bolivia porque el presidente de YPFB se niega a hacerlo público. Cuando la prensa le preguntó al ministro Villegas, a principios del año 2011, sobre la publicación del informe completo de Ryder Scott, este dijo textualmente lo siguiente: “Nunca pensamos publicar de forma completa. No tenemos ninguna obligación”14. ¿Por qué se oculta dicha información a los ciudadanos del país?, ¿por qué no existe una actitud transparente del Gobierno sobre esta materia?

De lo poco que se conoce sobre el volumen real de las reservas de gas natural en Bolivia, puede afirmarse que dichas reservas han caído a 9,9 trillones de pies cúbicos (TCF) (declaraciones del Ministro de Hidrocarburos José Luis Gutiérrez en fecha 9 de abril de 2011). Esto quiere decir que las reservas bolivianas de gas de se redujeron en casi dos tercios de lo certificado hace apenas cuatro años (26,7 TCF), en 2007. ¿Dónde están, entonces, las reservas de hidrocarburos a las que el Vicepresidente García alude, aquellas que son fruto de las inversiones pasadas realizadas por las compañías y que

14 Cf. Mensuario “DIA D”. “Dramática Situación de YPFB”, Tarija, 30/07/2011

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fueron el justificativo para devolverles dichas inversiones?15 La verdad salta a la vista, pues fue el propio García quien declaró que las compañías petroleras mintieron e inflaron las reservas, engañando al pueblo boliviano para poder exportar y mejorar sus cotizaciones en la bolsa16. Por lo tanto, uno de los principales argumentos de García cuando defiende la “nacionalización” de los hidrocarburos, ese que sostiene que se les pagaron a las transnacionales las inversiones pasadas porque estas sirvieron para descubrir las enormes reservas de gas, se cae por su propio peso.

De otro lado, los informes de auditoría realizados por el equipo del ingeniero Enrique Mariaca señalan que Chaco, Andina, Petrobras y Repsol se beneficiaron de las reservas de petróleo descubiertas previamente por YPFB antes de 1996. Entonces, ¿por qué defiende García la inversión de estas empresas cuando ese informe de auditoría dice que sus inversiones se limitaron a explotar simplemente lo existente, sin realizar prospecciones y exploraciones significativas, y que son visibles en las bajas inversiones en esta materia por parte de las petroleras? ¿Por qué no se las sancionó por incumplimiento de contratos? El pueblo boliviano no puede pagar los daños que se le ocasionan al erario nacional y a YPFB por la importación de combustible debido al incumplimiento de las empresas extranjeras. Las compañías extranjeras son responsables de esta situación, y son ellas las que tienen que asumir su responsabilidad por no haber realizado las inversiones comprometidas y por haber mentido sobre las reservas.

15 Cf. Alvaro García. El “Oenegismo” Enfermedad Infantil del Derechis-mo, 2011, Vicepresidencia del Estado, La Paz, pp. 51 – 52.

16 Cf. El Nacional (Tarija). “El Gobierno no Duda: Las Empresas Petrole-ras Inflaron Reservas de Gas”, reproducido en htpp://www.plataformaener-getica.org, La Paz, 22/11,2010.

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A continuación presentamos un cuadro elaborado por Christian Inchauste, funcionario actual de YPFB, que muestra el volumen de gas que se necesita para el consumo interno, para cumplir con los contratos firmados con Brasil y Argentina y para la puesta en marcha de una supuesta “primera fase de industrialización”.

Actividad Reserva demandada (TCF)

Mercado interno ajustado 3GSA Brasil 7,8GSA Argentina 7Sub total mercado básico actual

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Acero Mutún 2,1Generación eléctrica adicional (1000 MW)

1,05

Amoniaco urea 0,6GTL 1,05Sub total industrialización 1ra fase

4,8

Total 22,6Fuente: “Hacia una política de industrialización en Bolivia”. C. Inchauste. Plataforma Energética.

Las cifras que exhibe Inchauste —22,6 TCF frente al nivel actual de reservas de 9,9 TCF— explican la desesperación del Gobierno de Morales y García para dar mayores beneficios a Petrobras, Repsol y Total, intentando elevar los precios de los hidrocarburos en el mercado interno, así como devolverles el

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100% de sus inversiones en cinco años, todo con el principal propósito de de cumplir los compromisos de exportación.

Por noticias de prensa, sabemos que, con las nuevas reservas descubiertas en Margarita, campo operado por Repsol, se espera poder abastecer a la Argentina. Este dato ratifica nuevamente la exportación como el destino más importante del gas boliviano. Incluso con la producción de este megacampo no se vislumbra un plan serio de industrialización del gas en Bolivia, exceptuando la planta de urea que hace años se viene anunciando, y que ahora tiene la competencia de Brasil que piensa construir, en Matto Grosso, en la frontera con nuestro país, una industria similar más grande, para extraer dicho producto, nos imaginamos que con gas boliviano.

VII. Sobre los contratos con “albañiles” y “pintores”

Como dijimos líneas arriba, la diferencia de la “nacionalización” del actual Gobierno con la nacionalización de la Gulf en 1969 es que esta empresa se fue de Bolivia y que el 100% de la renta petrolera y el control de toda la cadena productiva se quedaron en manos del Estado. Debe decirse, además, que a las dos principales compañías petroleras que operan en Bolivia, Petrobras y Repsol —aquellas a las que la imaginería infantil de García llama “albañiles” y “pintores” que trabajan para el Estado—, no sólo se les está devolviendo sus inversiones pasadas, sino que también se les devuelven los llamados “costos de recuperación” a pesar de que no invirtieron tal y como se habían comprometido.

Es más, estas dos empresas se benefician del gas rico que se envían a sus filiales de Brasil y Argentina para allí industrializarlo, y se quedan operando los campos más grandes de Bolivia. YPFB, que paga las inversiones, recuperará el manejo operativo de dichos campos efectivamente después

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de que se cumplan los 20 o 30 años, como se establece en los nuevos contratos, dependiendo del caso. Esto significa que YPFB recuperará esos campos cuando estén agotados, porque ese es el tiempo de vida útil que tiene un campo en plena producción.

En otras palabras, lo que sucedió es que las compañías se reacomodaron a los nuevos contratos, y el destino final del gas boliviano como materia prima no puede sino aumentar enormemente sus ganancias. ¿Qué clase de “nacionalización” es esta?, ¿en qué parte del mundo se les devuelve a las empresas las inversiones pasadas a pesar de que no cumplieron con las inversiones y mintieron sobre las reservas de gas? Encima, se les devuelve costos de recuperación que en el caso de Petrobras oscilan entre el 60 y el 100%17, pero siguen controlando la explotación por 20 y 30 años, que es el tiempo que duran los nuevos contratos.

VIII. Se reafirma la neocolonialidad con el remozamiento del poder petrolero

A seis años del Gobierno del MAS encontramos dos empresas que han fortalecido su presencia en el escenario hidrocarburífero nacional, Petrobras y Repsol, ambas vinculadas a los intereses energéticos de Brasil y Argentina. Su presencia, su permanencia y su capacidad operativa han remozando los dispositivos de la relación de subordinación de los hidrocarburos bolivianos a las necesidades de dichos países, postergando la industrialización del gas y de la diversificación productiva boliviana. Así, la participación boliviana en la renta petrolera se destina mayoritaria y abrumadoramente a pagar los gastos del Estado, y las actividades de YPFB se concentran

17 Cf. Contratos de Operación entre Petrobras y Petrobras Energía con YPFB, 2007.

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en el control de los campos marginales y en el transporte del gas con destino fundamentalmente a Brasil y Argentina.

Hemos visto que las operadoras extranjeras (Petrobras, Repsol, Total, British) controlan cerca del 80 % de la producción de gas y petróleo, mientras YPFB se limita a explotar el resto. También existe una asociación orgánica en la empresa Andina entre YPFB y Repsol, donde la empresa nacional controla el 51% de las acciones y Repsol el resto. En suma, es una “nacionalización” sui generis cuando se ahoga a YPFB con deudas mediante el pago de las inversiones pasadas y las indemnizaciones, así como con su obligación de garantizar el pago de la Renta Dignidad y los pagos por el diesel venezolano.

Es una extraña “nacionalización”, la del MAS, con transnacionales que se quedan operando megacampos con reservas probadas, con Repsol que se vincula íntimamente con el Estado mediante su asociación con YPFB. Y es una extraña “nacionalización” cuando el 80% de la producción de gas se destina a la exportación y no a la industrialización del país. Los gasoductos están construidos para servir el consumo doméstico e industrial de Brasil y Argentina, lugares donde el gas boliviano multiplica su valor agregado en sus refinerías, termoeléctricas y fábricas. En Bolivia, la diversificación productiva, los desarrollos tecnológicos propios y los emprendimientos comunitarios tendrán que esperar quién sabe cuántos años más.

Dado que los contratos asumidos por este Gobierno con las empresas petroleras son por 20 y 30 años, no se vislumbra una política que dé prelación a la independencia económica de Bolivia, y lo que sí se constata fehacientemente es la reafirmación del patrón primario exportador y la situación de dependencia que se tiene respecto a los intereses de Petrobras y Repsol, y, de manera específica, de Brasil y Argentina. En

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consecuencia, uno de los mecanismos más importantes de la dominación neocolonial, que es la subordinación boliviana a los intereses energéticos extranjeros, ha sido renovado bajo el Gobierno del MAS.

Entre tanto, la idea de la construcción del gasoducto al altiplano (GABO), que podría ser la clave para generar emprendimientos productivos con energía barata en el salar de Uyuni, y las industrias grandes y pequeñas en ciudades y poblados intermedios de varios departamentos, seguirá siendo un sueño.

Hoy como ayer, pero esta vez con un “Gobierno de los movimientos sociales”, como proclama García, se ha revitalizado la dominación del capitalismo extractivo, depredador y enemigo del medioambiente, manteniendo los moldes coloniales de la situación de dependencia y servidumbre del pueblo boliviano.

163

El camino hacia el endeudamiento de la economía boliviana Roberto Fernández Terán

I. Déficit y superávit: un ciclo fiscal perverso

En el libro titulado, El “Oenegismo” enfermedad Infantil del Derechismo, escrito por el Vicepresidente García, se afirma que el Gobierno boliviano no tuvo déficit fiscal en la gestión del Movimiento al Socialismo1. Si relacionamos los ingresos y gastos del Sector Público No financiero (SPNF) --compuesto por el grupo Gobierno General y empresas públicas- es evidente que no se tuvo déficit en los últimos cinco años. Sin embargo de lo anterior, un estudio de CEDLA2, de probada seriedad, demuestra que sí, hubo un déficit fiscal del Gobierno General, y donde se presentó superávit fue en las empresas públicas; lo que le permitió mostrar al Sector Público No Financiero el superávit mencionado. Según el estudio, en los años 2009 y 2010, el Gobierno General tuvo déficits consecutivos. El Gobierno General, a su vez, está compuesto por subgrupos como el Gobierno Central, gobernaciones, gobiernos municipales, y la seguridad social. A nivel del subgrupo denominado Gobierno Central, el trabajo destaca que se tuvo déficits seguidos en el periodo 2008-2010, mientras que las gobernaciones y municipios presentaron superávits, exceptuando el año 2009.

Esto quiere decir que hubo una acumulación millonaria de recursos en las cuentas bancarias de muchas entidades públicas, mayormente alcaldías y gobernaciones, que no

1 Cf. Álvaro García. El “Oenegismo” Enfermedad Infantil del Derechismo, 2011, Vicepresidencia del Estado, La Paz, pp. 84 -85

2 Carlos Arze Vargas et. al. Gasolinazo: subvención popular al Estado y a las petroleras, CEDLA, La Paz, 2011, pp. 23 - 24

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pudieron ejecutar sus presupuestos programados. Por ejemplo, en el año 2009, los recursos no ejecutados alcanzaban a 1428 millones de dólares, y en agosto del 2011 llegaban a 2700 millones de dólares3. Se está, entonces, ante una situación perversa: por un lado, el Gobierno Central recurre al endeudamiento para cubrir sus obligaciones presupuestarias, y, por otro, existen montos millonarios de recursos que no son ejecutados en los niveles local y regional. Consecuentemente, el déficit encubierto no es perceptible a simple vista, y sólo puede ser detectado analizando los ingresos que se ven incrementados mediante el endeudamiento externo e interno y, al mismo tiempo, cuantificando los recursos que no fueron gastados por varias entidades públicas.

Luego se tiene la siguiente situación, el Gobierno Central se endeuda para financiar su déficit porque le falta plata, pero simultáneamente, se tiene que el Estado, sí, tiene mucho dinero en saldos no ejecutados de las alcaldías y gobernaciones; y, también, al mismo tiempo, se tiene bastante dinero en las reservas acumuladas del Banco Central que es prestado a gobiernos y banqueros. Nos parece importante hacer esta aclaración para entender el problema fiscal y, el por qué, su relación con la política de endeudamiento desarrollada por el actual gobierno.

II. La “deudocracia”: un gobierno de banqueros

Para nadie es desconocido que, actualmente, Europa y Estados Unidos están en medio de una crisis económica sin parangón en los últimos 70 años, lo que en buenas cuentas no es más que el resultado de políticas globales favorables a los grandes bancos y que trascienden los límites del Estado- nación. En efecto, la

3 Cf. BOLPRESS. “ El sector público acumula más de $us 2700 millones sin ejecutar”, Área Economía, 2011 – 11 - 10

165

El camino hacia el endeudamiento de la economía

desregulación bancaria y el predominio de la economía bursátil han favorecido a los megabancos, y endeudado severamente a los países de la periferia europea. Los gobiernos de Alemania, Francia, Inglaterra y, en particular el de EE.UU., han apostado a salvar a sus banqueros y traspasar los costos de la crisis a la población de los países endeudados.

Desde hace dos años, existe una contracción económica en países como Grecia, Irlanda, Portugal, y, últimamente, la crisis de la deuda se ha presentado en Italia y España. Se observa que los gobiernos de los países mencionados se han doblegado ante las exigencias de los banqueros alemanes, franceses, ingleses y norteamericanos, aplicando políticas que han significado la privatización, elevación del Impuesto al Valor Agregado, subida de las tarifas del transporte, recortes salariales, aumentos en la edad de jubilación, rebaja de las pensiones, reducción de los gastos en salud y educación, y un crecimiento significativo en el número de trabajadores jóvenes desempleados. Frente a ello, una ola de protestas de ciudadanos indignados, contra la “deudocracia”, recorre el mundo desde Atenas hasta Nueva York, criticando el poder de los bancos y los gobiernos que los amparan.

Los recursos que se utilizaban anteriormente en beneficio de los ciudadanos de la periferia europea se transfieren a las arcas de los banqueros y agencias financieras. El consumo de las familias declina, la producción cae, empujando la economía europea hacia una posible recesión, que bien puede arrastrar en su caída también a Estados Unidos.

III. ¿Seguridad o Inseguridad en las inversiones de las reservas internacionales?

El Vicepresidente García, en el libro ya mencionado anteriormente, indica que gran parte de las reservas

166


internacionales del Banco Central de Bolivia tiene que ser prestada a los grandes bancos del mundo porque no pueden estar ociosas, y pueden generar rendimientos que ayuden a incrementar los ingresos del país, y pagar, por ejemplo, el bono Juana Azurduy4. Lo que no dijo, sin embargo, es que, estas inversiones se realizan en un contexto europeo y norteamericano de crisis económica profunda que puede derivar en una gran recesión, como señalamos anteriormente.

Con el argumento de que el Gobierno da prelación a la seguridad invirtiendo las reservas internacionales en mercados “ultra seguros”5, García afirma que, actualmente, las calificaciones de riesgo creditico del Banco Bilbao Vizcaya se sitúan entre las más altas del mundo6, y que por esa razón, el Banco Central de Bolivia invierte en dicha entidad bancaria. En el mismo sentido, se extiende diciendo que lo que el Banco Central busca es la seguridad en las inversiones bursátiles. Por la lectura de los reportes del Banco Central, sabemos que el Gobierno usa las informaciones de la firma transnacional Fitch, una empresa con sede en Londres y Nueva York, la misma que con Moody´s y Stanley & Poor´s controlan el 90 % de la calificación de los Ratings Bancarios.

Estas tres empresas calificadoras no pudieron actuar a tiempo para informar de la inminente caída de Enron. Y, sólo bajaron el rating de la empresa, recién después de su escandalosa quiebra. El New York Times, sin ser agencia calificadora, había anunciado la caída de Enron seis meses antes del colapso de Enron. Y, lo mismo se puede decir de Lehman Brothers, empresa calificada con uno de los ratings más altos, para desplomarse poco tiempo después. Ni qué

4 Cf. Cf. Álvaro García. El “Oenegismo” Enfermedad Infantil del Derechis-mo, 2011, Vicepresidencia del Estado, La Paz, pp. 71 - 75

5 Ibídem, p.74

6 Ibídem, pp. 77 -78

167


decir de las notas altas dadas por las calificadoras para activos financieros subprime, que se vendieron muy bien y a buenos precios, pero al estar hipotecados, fueron considerados activos tóxicos poco tiempo después, provocando que millones de personas perdieran sus ahorros y propiedades

Son Moody´s, Stanley & Poor´s y Fitch las que le dieron una calificación alta al Estado de Túnez, cuando, el dictador tunecino Ben Alí reprimía violentamente a su pueblo. Y, cuando surgió un movimiento democrático en ese país, inmediatamente, le dieron una calificación muy baja al Estado tunecino. Al respecto, varios trabajos realizados recientemente por investigadores españoles, y, también, el Observatori Desc de Cataluña, al referirse a las agencias calificadoras Standard & Poor´s, Moody´s Investors Service y Fitch Ratings, señalan que; algunos accionistas de estas agencias son a su vez inversionistas que aprovechan las calificaciones que estas emiten para ganar billones de dólares7. Las tres agencias mencionadas tienen procesos de investigación en California, Ohio y otros estados de EE.UU. Estos tres tiburones financieros son objeto de investigaciones en Islandia, Portugal, Alemania y España8 Hoy, en Europa, las tres agencias calificadoras mencionadas se encuentran seriamente cuestionadas por los ciudadanos de la Unión Europea y por las organizaciones defensoras de los derechos económicos y sociales.

7 Cf. Gustavo Duch Guillot, et. al. Vivir en Deudocracia, Campaña ¿Quién Debe a Quién? (coord.), España, Icaria Editorial, 2011. De igual modo, véase, La querella presentada contra las agencias calificadoras por el Observatori DESC en España en: http://observatoridesc.org/sites/default/files/QUERE-LLA_VERSION_FINAL.pdf

8 Cf. http://hsgac.senate.gov/public/_files/Financial_Crisis/042310Exhibits.pdf De igual modo, RT SEPAMAS, “Los traspiés de las agencias de califica-ción: ¿Errores de Cálculo o Fallos Calculados?” en: http://actualidad.rt.com/economia/global/issue_28026.html

168


IV. El Banco Central de Bolivia (BCB) en medio de la incertidumbre bursátil

Las reservas internacionales del Banco Central provienen básicamente de las exportaciones de hidrocarburos y minerales, de las remesas enviadas por los bolivianos que viven en el exterior y de los ingresos por créditos externos. Concordamos que las mismas tienen que ser utilizadas de la manera más responsable posible para respaldar la estabilidad de la moneda boliviana, financiar los desequilibrios por balanza de pagos, cubrir las importaciones públicas y privadas que requiera la economía del país en general, etc.

Sin embargo, se constata que una parte importante de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia está siendo utilizada para comprar bonos y valores, de bancos y gobiernos que hoy aparecen en el ojo de la tormenta de la crisis financiera internacional. Y aquí no basta que se inviertan las reservas en los países más poderosos como Alemania, Inglaterra, Francia o los propios Estados Unidos, como actualmente lo hace el Banco Central, pues, al existir una gran posibilidad de recesión en los países de la periferia europea, la misma puede arrastrar a las economías fuertes a una situación de crisis profunda.

Por eso, llama la atención que importantes montos de las reservas sean utilizados en la compra de bonos, títulos y valores del gobierno de los Estado Unidos, otros gobiernos europeos y de los bancos transnacionales. Según, el reporte del Banco Central de Bolivia, durante el primer semestre del 2010 (ver cuadro 1 y cuadros anexos a este trabajo), los montos invertidos por trimestre en títulos soberanos del gobierno de Estados Unidos alcanzaron a 734 millones de dólares y, al finalizar el año, estos se habían reducido a 110 millones porque, gran parte de ellos, al ser de corto plazo, habían sido redimidos9.

9 Cf. Banco Central de Bolivia: Administración de las Reservas Internacionales: Primer Semestre 2010, Gestión 2010 y Primer Semestre 2011

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Durante el periodo 2010 – 2011, como se puede ver en el cuadro 1 y los anexos, el Banco Central de Bolivia realizó las inversiones más importantes en las siguientes entidades: Banco Bilbao Vizcaya, Barclays, Clydesdale, Standard Chartered, Deustche Postbank AG, Santander, Banco Español de Crédito, Natixis, DZ Bank AG, Unicredit Bank AG, Nordeutsche Landesbank y Swedbank AB. Se puede ver que son montos importantes de dinero de las reservas que salen hacia bancos europeos que, en el periodo pertinente, suman muchísimos millones de dólares. Así que, Vicepresidente García, no es poca cosa lo que se invierte.

De igual modo, se puede observar que son montos importantes los invertidos por trimestre en entidades supranacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Internacional de Pagos (BIS) y la Internacional Finance Corporation, al igual que en los títulos soberanos de Italia, Bélgica, Francia y, hasta la gestión 2010, de los Estados Unidos. También, las inversiones en los años señalados en agencias como Caisse des Depots et Congnation, Instituto de Crédito Oficial, Agence Centrale des Organismes de Securité Social, Kommuninvest I Severige y Landeskreditbank y FMS Wertmanagement son significativas. A propósito, suponemos que el Banco Central contrata servicios de las agencias calificadoras y paga a las entidades intermediarias, por lo que sería bueno para la ciudadanía boliviana, dado que vivimos en un sistema democrático, que esta información esté disponible de la manera más detallada posible.

Finalmente, es interesante señalar que, a mediados del 2011, las 35,3 toneladas de oro, que equivalen a 1705 millones de dólares --Reservas de Oro del Banco Central de Bolivia-, se encuentran depositadas en los siguientes bancos: 13,8 toneladas en Barclays (Inglaterra), 13,9 toneladas en Standard Chartered (Inglaterra), 2,6 toneladas en Bank of Nova Scotia

173


(Canadá), 2 toneladas en Natixis (Francia), 2 toneladas en Societé Generale (Francia) y 1 tonelada en UBS (Suiza)10.

Aquí, vale la pena recordar la experiencia del presidente Juan domingo Perón al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando quiso recuperar el oro de propiedad argentina que se encontraba en el Banco de Inglaterra y; no pudo hacerlo, porque el gobierno inglés decidió que las mismas se queden en su territorio para enfrentar sus problemas financieros de postguerra. No le quedó otro remedio a Perón que, nacionalizar los ferrocarriles de propiedad inglesa que se encontraban en Argentina, a cambio del oro que se quedó en Inglaterra. Por otro lado, debería llamarnos la atención que Venezuela esté terminando de repatriar sus reservas de oro desde los bancos extranjeros a las bóvedas del Banco Central de Venezuela.

V. La carrera hacia el endeudamiento

El otro dispositivo que ha caracterizado el carácter neocolonial del Estado ha sido el de la deuda externa que el Estado boliviano adquirió con los acreedores internacionales, privados, multilaterales y bilaterales en los últimos cuarenta años y que subordinaron en gran medida la política económica interna. Luego de una importante condonación el año 2006, al inicio del gobierno del Movimiento al Socialismo, y con un importante flujo de ingresos económicos por hidrocarburos y minerales, así como por las remesas que enviaban los bolivianos desde el exterior, parecía que se pintaba un escenario halagüeño para dejar a un lado la dependencia de la banca internacional y, financiar el gasto y la inversión pública con recursos propios. ¡Mas no aconteció así!

El Gobierno del presidente Morales ha iniciado un nuevo

10 Cf. Banco Central de Bolivia, Administración de las Reservas Internacionales, Primer Semestre 2011, p.36

174


ciclo de endeudamiento a partir del año 2008, que básicamente apunta a llenar los huecos presupuestarios del Estado en su relación ingresos – gastos. Se ha optado por dos mecanismos que son el endeudamiento externo y el endeudamiento interno como forma de obtener recursos. Por si no fuera poco, al endeudamiento externo tradicional, que es el de carácter multilateral y bilateral, se le suma en el momento presente la venta de bonos del Estado emitidos por el Ministerio de Economía a nivel internacional

A fines del año 2011, la deuda externa boliviana con la Corporación Andina de Fomento representaba el 39 % de la deuda total, la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 20 %, la del Banco Mundial (BM) el 12 %, y en términos bilaterales, Venezuela representaba el 12 %, Brasil el 3.3 % y China el 2,9 %. El total de la deuda externa llegó a los 3246 millones de dólares11 a fines del año mencionado. Pero, aún hay más, para el año 2012, las proyecciones según el ministro Arce Catacora apuntan a captar entre 500 a 800 millones de dólares mediante la venta de bonos en el mercado de valores internacional12. Preguntamos, ¿Cuál es el límite para el endeudamiento externo que se ha fijado el gobierno? Por todo lo anterior, nos preocupa que, los agentes privados transnacionales y/o gobiernos que compren los bonos del Ministerio de Economía puedan adquirir la capacidad de presionar al gobierno nacional en función de sus propios intereses para obtener participación en los sectores estratégicos de la economía. Al respecto, será el tiempo, el que aclare esta tendencia hacia la mayor transnacionalización financiera de la

11 Cf. Banco Central de Bolivia. “Bolivia: Estado de la Deuda Externa Pública de Corto, Mediano y Largo Plazo al 30 de Septiembre de 2011”, Gerencia de Operaciones Internacionales.

12 Cf. Portal MEFP. “El PGE 2012 Proyecta Crecimiento Económico de 5,52 % y un PIB nominal de USD 25.963 millones”, La Paz – Bolivia, 11/08/2011

175


economía boliviana.En el mismo sentido, el Ministerio de Economía ha

emitido bonos, títulos y valores en términos internos, los que han sido adquiridos mayormente por bancos y entidades privadas. Con estos recursos el Gobierno ha evitado la presencia visible del déficit que se presentaba en el Gobierno General, particularmente durante las gestiones 2009 - 2010. Al finalizar el año 2011, la deuda interna fue de 3500 millones de dólares13. En total, se tiene que la suma de la deuda externa e interna superaba los 6 mil millones de dólares a fines del 2011.

El argumento del Gobierno para justificar el endeudamiento es el de materializar el Plan de Desarrollo 2010 - 2015, particularmente en la industrialización de los hidrocarburos y la minería. Todo parece indicar que se lo hará dando mayores ventajas a las corporaciones transnacionales que operan en dichas áreas. Pero, dada la insuficiencia de las reservas de gas actuales para cumplir con los proyectos de exportación y el consumo interno, parece poco probable que, la provisión de energía para los proyectos del Plan se puedan dar en el corto plazo, y la posibilidad de la industrialización de los hidrocarburos y la minería todavía tiene mucho camino por recorrer.

La política de endeudamiento del Movimiento al Socialismo, parte del supuesto optimista que los precios de las materias primas y sus exportaciones se mantendrán estables en los años venideros. Sobre esto, podemos confirmar que, en los últimos años, la economía boliviana se ha visto favorecida por los precios altos de los hidrocarburos y minerales, y por las remesas que envían los bolivianos que trabajan en el exterior, pero, precisamente al mismo tiempo esta situación revela su fragilidad, porque los precios dependen de factores

13 Cf. Declaraciones del presidente del Banco Central, en Periódico Pagina SIETE.bo, versión digital. “RIN subirá en 2012 en mil millones de dólares”, Sección Economía, La Paz – Bolivia, 18/12/2011

176


externos que el Gobierno no controla. Una agudización de la crisis europea o norteamericana conllevaría una reducción de las compras que los países industrializados hacen de China, y ello podría resultar en un descenso en el nivel de precios de los minerales. De igual modo, podría darse una caída en los envíos de remesas. En ese sentido, una disminución en los precios del gas y los minerales, sumada a una merma en las remesas, tendría consecuencias desastrosas para el país, dado que todo el andamiaje del funcionamiento estatal y económico está basado en la exportación de recursos naturales14. En una situación hipotética como la señalada, el Producto Interno Bruto15 caería abruptamente y, los “indicadores aceptables” de deuda en relación a la producción serían barridos sin misericordia por la crisis.

Por lo anterior, urge una política más transparente en el manejo de la deuda y en el manejo del excedente económico. Igualmente, se tiene que hacer una profunda investigación sobre el rol de las agencias calificadoras de los ratings bancarios. También, es importante que la población conozca en detalle los nuevos contratos petroleros y mineros, que el gobierno ha firmado o está a punto de firmar. Para concluir, los recursos no ejecutados por los gobiernos locales y regionales deben servir para disminuir los niveles de endeudamiento externo, igual que las reservas del Banco Central. Y, por supuesto, se tienen que poner límites al endeudamiento externo desmesurado, tomando en cuenta escenarios hipotéticos de resolución de la crisis internacional. De no hacerlo así, se corre el riesgo de caer nuevamente bajo el dogal de una deuda que afectaría a los bolivianos y bolivianas por varias generaciones.

14 Una caída de los precios del gas y de los minerales, conllevaría una dismi-nución abrupta de la producción de bienes y servicios (PIB).

15 El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado.

ANEXOS

Cuadro 1

Fuente: Banco central de Bolivia, Administración de las reservas internacionales Primer Semestre 2010

Cuadro 2

Fuente: Banco central de Bolivia, Administración de las reservas internacionales, Gestión 2010

Cuadro 3

Fuente: Banco central de Bolivia, Administración de las reservas internacionales Primer Semestre 2011

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Evismo, el mejor operador de la globalización capitalista del siglo 21

Gustavo Soto, Jorge Komadina, Pablo Regalsky

La crisis global del capitalismo

El capitalismo contemporáneo atraviesa por una crisis global, compleja, multicausal y de largo plazo. No se trata simplemente de una crisis financiera coyuntural, como sostienen los organismos financieros internacionales, sino de un colapso sistémico y estructural que se expresa en múltiples niveles, pero además asume la forma general de una crisis de civilización en la medida en que se fragilizado al extremo el metabolismo entre el hombre y la naturaleza y se ha puesto en peligro todas las formas de vida en el planeta Tierra.

Crisis económica

En primer lugar, la crisis económica del capitalismo expresa una de las contradicciones principales del sistema: la sobreproducción de mercancías. La economía neoliberal ha expandido al máximo las capacidades de producción de los sistemas productivos por intermedio de las cadenas globales de producción, el avance científico y tecnológico, la disponibilidad de recursos naturales y la sobreoferta de la fuerza de trabajo barata. Sin embargo, la contrafaz de este proceso es la disminución de la capacidad de consumo masivo como resultado de la disminución real de los salarios. Esta contradicción afecta negativamente la realización del capital y disminuye ostensiblemente la tasa de ganancia.

En segundo lugar, el capitalismo ha canalizado inmensas cantidades de ganancias, ahorros y fondos hacia la inversión

181

Evismo, el mejor operador de la globalización capitalista

financiera, principalmente en sus modalidades especulativas, para lograr fabulosas ganancias. Recurriendo a mecanismos financieros como la titularización (emisión de títulos de deuda entre el gran público) para generar una impresionante burbuja financiera especulativa. En detrimento de la inversión productiva, las grandes empresas emplearon sus ganancias en la inversión financiera con la certidumbre de lograr rápidamente ganancias extraordinarias. El resultado de la especulación financiera fue el colapso del sistema financiero internacional. Aquí es importante señalar que los países periféricos han intervenido de manera significativa en la “financiarización” de la economía mundial empleando sus recursos (que provienen de sus reservas internacionales, fondos de pensiones y ahorros) hacia fondos de inversión financieras de tipo especulativo, perdiendo anclaje en la economía real.

En tercer lugar, la crisis actual del capitalismo ha sido provocada por la superexplotación del trabajo que se han expresado en la disminución real de los salarios y en el empobrecimiento familiar, en la inestabilidad laboral, en la creciente exposición a riesgos laborales, en el desgaste prematuro de la fuerza laboral y la posibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales. Así, de acuerdo a la OIT, en 2009 la cifra de desempleados en el mundo ha alcanzado los 239 millones.

Crisis ecológica

La lógica de funcionamiento del capitalismo exige que los recursos naturales renovables y no renovables sean introducidos en el circuito de valorización del capital, sin considerar la destrucción del ecosistema, la contaminación medioambiental y el despojo neocolonial de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Las consecuencias de esta actividad son catastróficas y se están manifestando en el cambio climático, la

182


escasez de recursos vitales como el agua y la tierra cultivable, amenazando la reproducción de la vida.

En la última década, el deterioro ambiental se ha acelerado con el deshielo de los glaciares del Ártico y el incremento del nivel agua en las costas del Sudeste asiático; asimismo, la emisión de dióxido de carbono se ha incrementado de manera alarmante. Estamos frente a una crisis estructural y sistémica, inherente a la lógica de reproducción del capital basada en una matriz energética de combustión de los recursos no renovables, que unido a la deforestación y la emisión de gases han provocado el recalentamiento global. Para el capitalismo, la destrucción del medio ambiente natural es un mecanismo más del proceso de acumulación.

El lugar que ocupan los países periféricos en el sistema mundial de intercambio los condena a ser proveedores de materias primas baratas, particularmente de recursos no renovables que generan incalculables daños ambientales y sociales. La expansión de las industrias extractivas en el área andino-amazónica ha sido impuesta por las grandes corporaciones trasnacionales y ha provocado no sólo daños ambientales irreversibles, sino también peligrosos conflictos sociales por la apropiación de la renta minera e hidrocarburífera. Así, se ha calculado que existe una enorme brecha en el consumo de recursos naturales en el sistema capitalista mundial porque el 20% de la población mundial, concentrada en los países centrales del norte consume 80% de los recursos naturales.

Crisis política

El capitalismo no es sólo un modo de producción, sino también una modalidad de organizar el Estado y la sociedad. El Estado-nación también se encuentra en una profunda crisis que se expresa, en primer lugar, en la pérdida

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de soberanía política como consecuencia de la consolidación de poderes transnacionales que articulan a las Corporaciones Transnacionales y los Estados imperiales. En segundo lugar, el Estado-nación no ha logrado encontrar formas políticas estables para procesar las demandas y movilizaciones de pueblos indígenas, minorías étnicas, regiones e inmensos grupos migrantes que reclaman derechos a la autodeterminación y el reconocimiento de sus culturas; las políticas asimilacionistas y/o multiculturales no han logrado dar respuestas de fondo a esas demandas. En tercer lugar, la democracia representativa y el sistema político en su conjunto, incluyendo a los partidos políticos sistémicos, han perdido legitimidad y credibilidad porque no han logrado contener a las nuevas formas de acción colectiva y las crecientes demandas de los sectores excluidos y empobrecidos que aspiran a una democracia directa y participativa.

Crisis civilizatoria

Pero el rasgo especifico de la crisis actual, a diferencia de otras situaciones históricas, consiste en que el mundo vive una crisis de civilización que puede ser entendida en tres niveles. Por una parte, la expansión global del capitalismo ha erosionado las bases mismas del proceso de producción de riquezas: el ser humano y la naturaleza. La destrucción del medio ambiente amenaza las condiciones biológicas imprescindibles para la reproducción de la vida.

Por otra parte, la matriz extractivista, tecno-científica, consumista y desarrollista que caracteriza al capitalismo contemporáneo se ha convertido en una suerte de sentido común en todos los países del mundo. La homogenización cultural del planeta, acelerado por las revoluciones científicas y tecnológicas, ha provocado la erosión e incluso la desaparición

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de otros modos de producir, de habitar y vivir, fortaleciendo las mentalidades neocolonialistas, xenofóbicas y racistas.

Como podemos presenciar a través del espectáculo que brinda el gobierno y el congreso de Estados Unidos en estos días, esa potencia ha entrado en una fase de declinación. Sin embargo, la declinación de la hegemonía capitalista va más allá del poderío declinante de esa nación. Están presentes todos los signos que han marcado el fin de anteriores civilizaciones. La crisis ecológica es producto de la inviabilidad del actual sistema de acumulación que solo puede acudir como último recurso para sostenerse al despojo a los pueblos y la depredación de sus recursos. No es simplemente el poderío militar y financiero de USA el que declina. La crisis financiera que se va incrementando día a día afecta al conjunto de los estados y los países emergentes serán arrastrados por la misma, salvo quienes, como Bolivia han estado en cierta manera blindados por su desconexión con respecto al mercado mundial. La tarea del actual gobierno parece ser justamente ponernos en situación cada vez más vulnerable en relación con la crisis global. La economía boliviana y la del estado en particular se han hecho totalmente dependientes de la exportación de uno o dos ítems al Brasil y algunos otros mercados. Bajo la aparente bonanza resultado de los altos precios de las materias primas se esconde el hecho de que el superávit financiero, las reservas del estado, en realidad están depositadas en bancos extranjeros. La crisis del sistema financiero internacional puede hacer desaparecer de un plumazo dichas reservas, más aún tomando en cuenta que inclusive el oro físico está depositado en el exterior.

El Evismo

Se puede caracterizar el Evismo como la aceleración del modelo económico extractivista operado por un modelo

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político rentista, ejecutado a través de políticas sociales clientelares -con obvios éxitos electorales para la reproducción del poder- , pero con mortales amenazas a las esperanzas expresadas en el ciclo de rebelión social del 2000-2006. La aceleración de la inserción de la economía boliviana en la globalización se hace posible por la singular conjunción entre la demanda china y asiática por materias primas y alimentos sumada a la inédita legitimidad política de un gobierno que garantiza esta nueva inserción, de modo más eficiente, que todos los anteriores gobiernos neoliberales juntos.

Resulta imposible compatibilizar las acciones del gobierno con su discurso, sobre todo con las resoluciones tomadas a instancias del propio presidente en Tiquipaya en 2010 1. Allí se aprobó un ‘Acuerdo de los Pueblos’ frente al cambio climático a partir de la premisa de respetar tanto los derechos de la Naturaleza como el derecho de los pueblos a vivir bien. En dicho Acuerdo se denuncia el consumismo, la agroindustria y la industria extractivista:

“El agro-negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta… Al mismo tiempo denunciamos cómo este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la soberanía

alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”.

1 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra22 de Abril 2010, Tiquipaya, Bolivia.

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Revisemos algunas de esas escandalosas imposturas.El gran hermano brasilero 2

El año 2000, los presidentes neoliberales de la región convocados por F.H. Cardozo, lanzaron el más agresivo plan de “Desarrollo e Integración de la infraestructura regional suramericana” (IIRSA) Desarrollo para las Corporaciones Transnacionales mineras, metalúrgicas, petroleras, agroindustriales, farmacéuticas, de ingeniería genética, empresas constructoras, forestales. Integración en primera instancia subordinada al Brasil y en segundo lugar de Sudamérica a la economía capitalista global liderada por los BRIC (es decir, por las Corporaciones Transnacionales que operan desde ellos). En el caso brasilero, por ejemplo, se señala que para que los intereses de las grandes Corporaciones sean completamente satisfechos, el estado les proporciona líneas de financiamiento, casi donaciones de recursos públicos, establecimiento de asociaciones público-privadas, concesión a la iniciativa privada para la exploración, cambios constitucionales, flexibilización de las leyes ambientales, etc.

IIRSA es un paquete de 514 Megaproyectos Hidroeléctricos, Carreteros, Gasíferos, Portuarios, con una inversión inicial estimada de 69 mil MM dólares, financiados en su primera fase, por BID-CAF-FONPLATA (los mismos del extinto ALCA en la región), la Unión Europea y el Banco Santander. Se han concluido 51 proyecto y 196 están en fase de con ejecución con inversión estimada 38 mil MM dólares. En fase de estudios se encuentran103 proyectos por un monto de 17 mil MM. La Agenda Consensuada 2010-2015, contiene 31 proyectos estratégicos de implementación prioritaria por un valor de 11 mil MM dólares. La segunda fase

2 www.irsa.org, www.bicusa.org, www.fobomade.org,bo

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de IIRSA (2012-2022) ha sido retomada por la UNASUR bajo el nombre de Comité Coordinador de la Infraestructura de América del Sur y Planificación, COSIPLAN, con el agravante de su aceleración a cargo de gobiernos “progresistas y revolucionarios” bajo la batuta del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que a fines de 2010, tenía tres veces más recursos que el Banco Mundial.

Estos Megaproyectos son parte de la vieja estrategia brasilera de colonización de la Amazonia Continental, ya diseñada por las dictaduras militares, y llamada sucesivamente Brasil em Ação, Avança Brasil, actualmente PAC – Plano de Aceleração do Crescimento. Las inmediatas beneficiarias de estos Megaproyectos son las firmas Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo-Correa, Suez Tractebel, Abengoa. La Iniciativa ha diseñado un nuevo mapa de Suramérica que grafica zonas o ejes económicos y geopolíticos: Eje de integración Perú - Brasil – Bolivia; Eje Andino; Eje del Amazonas; Eje de Capricornio; Eje del Sur; Eje del escudo de Guyanés; Eje Hidrovía Paraguay – Paraná Eje Interoceánico central; Eje Mercosur Chile; Eje Andino del sur. El conjunto de estos ejes se sobrepone a los territorios donde se encuentra la mayor concentración de recursos naturales: (Minería, Hidrocarburos, Bosques, Agua, y sobre todo los recursos de la Biodiversidad) Tienen como principal objetivo facilitar la exploración, explotación y exportación de los recursos naturales del continente. Algunas regiones importantes por sus Recursos naturales se encuentren bajo el manto de dos o tres ejes simultáneamente; seis ejes se sobreponen al territorio de Bolivia.

En los proyectos ejecutados en distintos países suramericanos ya se han detectado los siguientes impactos:

• Destrucción irreversible de zonas ricas en biodiversidad para promover monocultivos (Soya

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o caña de azúcar para biocombustibles, plantaciones forestales para celulosa)

• Deforestación masiva: 74% de la deforestación de la región amazónica ocurrió en los terrenos a 50 Km. de los dos lados de las carreteras más importantes.

• Violaciones a los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas y comunidades (1.600.00 indígenas de 370 pueblos y culturas en la región Amazónica) reconocidos por Constituciones, Convenio 169 OIT y Declaración de NNUU. Esas violaciones sistemáticas afectan los derechos al Territorio, A la Consulta Libre, Previa, Informada, de Buena Fe; Al agua y sobre todo el Derecho a definir su propio desarrollo.

• Incremento de la Deuda externa de los países• Extracción intensiva de los recursos naturales no

renovables (petróleo, gas, minerales)

A pesar de los múltiples cambios políticos que hemos vivido en Bolivia desde el año 2000, la IIRSA seguía trabajando sin pausas con todos los gobiernos (neoliberales y “revolucionarios”), como lo certifican Reuniones efectuadas en Santa Cruz:

EJE DE CAPRICORNIO: 4 al 6 noviembre del 2003 y del 16 al 19 de marzo del 2009EJE HIDROVÍA PARAGUAY PARANÁ 21 al 23 de Agosto del 2007 - 16 al 19 de marzo del 2009EJE DEL SUR: 4 a 6 de noviembre del 2003INTEROCEANICO CENTRAL : 12 de junio del 2001 - 4 al 6 de noviembre del 2006MERCOSUR CHILE: - 4 al 6 de noviembre del 2006 - 16 al 19 de marzo del 2009

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Sin embargo, el gobierno que ha dado mayor impulso a la IIRSA es el de Evo morales Ayma, cuyo PROGRAMA DE GOBIERNO 2010-20153 inscribe como suyo, todo el paquete de proyectos IIRSA,4 con títulos pomposos. Ni siquiera los anuncios de exportación gasífera a nuevos mercados son originales: por ejemplo el Gasoducto URUPABOL tramo II, ya se encuentra en la Agenda consensuada para Bolivia del 2005-2010.

REVOLUCIÓN VIAL PARA UN PAÍS INTEGRADO: CARRETERAS Y PUENTESTodos los caminos de la IIRSAMEGAPROYECTOS PARA LA EXPORTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza (BENI) Proyecto Hidroeléctrico Rositas (RÍO GRANDE, SANTA CRUZ)Proyecto Hidroeléctrico El Bala (Norte de LA PAZ) BOLIVIA, PAÍS CONECTADO AL ATLÁNTICO: Hidrovía el Mutún – Puerto Busch

Pero sin duda, entre todos estos Megaproyectos se destaca por su carácter monstruoso, el Complejo Hidroeléctrico del Río Madera. Cuatro represas que le bridará a la industria brasilera la posibilidad de contar con casi 10 mil MW(Megawatt). Dos estas cuatro represas se construirán en territorio boliviano. Una de ellas, Cachuela Esperanza generará energía a $us. 65 MW / hora: 3 veces el costo actual en el sistema interconectado de Bolivia ($us 20 ) y 50% más alto que el costo de producción de Jirau ($us. 43 MW /hora). El área inundada (al menos 1000 Km2 ) será casi dos veces más grande que las áreas inundadas

3 www.cne.org.bo

4 Cf. www.iirsa.org Agenda de implementación consensuada, 2005-2010

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por Jirau y Santo Antonio juntos y generará solamente la tercera parte de su energía. Contribuirá al calentamiento global generando más gases de efecto invernadero y no responderá a las urgentes necesidades energéticas de las poblaciones del norte boliviano. Aumentará la deuda externa hacia el Brasil en 2 mil 500 millones de dólares, convirtiendo a este país en nuestro acreedor principal. Los expertos sospechan que Cachuela Esperanza es una represa destinada sobre todo a retener el sedimento, en el lado boliviano, para que las del lado brasilero Jirau y Santo Antonio tengan mayor vida útil. ¿Nos endeudaremos y perderemos la soberanía para ser su basurero? Parece que sí.

El llamado Corredor Norte Es uno de los proyectos más importantes de la IIRSA en su Eje Perú - Brasil - Bolivia; los objetivos principales son: Conectar a través de Bolivia la red de carreteras del Estado de Rondonia en Brasil con la red de carreteras del Perú y Chile. Vincular la Amazonía boliviana y el estado de Rondonia en Brasil con la región del pacífico y el sur del continente. Integrar la zona central de la Región MAP (Madre de Dios - Acre - Pando). Hasta la fecha lo invertido en estudios y en la misma construcción ya suma más de 882 millones.

Comprende la carretera La Paz - Guayaramerín - Cobija forma parte del Corredor de Integración Oeste - Norte: Desaguadero -La Paz-Guayaramerín, y tiene dos ramales El Chorro (El Triángulo) - Peña Amarilla-Puerto Rico-Porvenir-Cobija y Yucumo-San Borja - San Ignacio de Moxos – Trinidad. A este corredor, se añade la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos (ya decidida por Goni el 2003 mediante un decreto yluego por C. Mesa el 2005 mediante ley; ahora por diktat de Evo Morales).

¿Quién financia la carretera que parte por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure -

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T.I.P.N.I.S, la selva más hermosa del mundo y viola la totalidad de los derechos de los pueblos yuracaré, Mojeño-trinitario y chimanes? BNDES, que aporta 332 MM de dólares. ¿Quién construirá esa carretera? Odebrecht. ¿Acaso no es más importante resolver, de modo definitivo, el problema del Sillar? ¿No es más importante construir el tramo de ferrocarril Aiquile-Santa Cruz y restaurar los tramos perdidos de Oruro -Cochabamba? ¿En la misma lógica desarrollista, acaso no se ignora que los ferrocarriles transportan mayores volúmenes de carga con costos comparativos menores? Si, Ambos proyectos (el del Sillar y el ferrocarril) son también parte de la cartera IIRSA, pero por algún motivo no han recibido los fondos para ejecutarlos, con la misma diligencia con que se han desembolsado los recursos para la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. ¿Será el precio del apoyo de Lula al gobierno de Evo Morales -que sufría la conspiración de la media luna el 2008- a cambio de la implementación de Cachuela Esperanza?

La grosera farsa de intereses de matarifes cruceños y las “geopolíticas locales” serían dignas de la mayor carcajada, de no mediar la gravedad de este ecocidio y etnocidio.

Agua para la minería transnacional 5

La Empresa minera “San Cristóbal” uno de los yacimientos de plata, zinc y plomo más grandes del mundo de propiedad de G. Soros y actualmente de Sumitono Corp. (65%)

5 Crespo, Carlos (2009) “Privatización del agua y racismo ambiental”, en Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (2009) Justicia ambiental y sustentabilidad hídrica, Cochabamba: CGIAB. Pp. 31-47.

Evaluación de impactos de Industrias extractivas sobre los Derechos Humano el caso de Coro-Coro, CEADESC, 2011.

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empezó a ser explotado en julio de 2007genera ganancias por 1.000 millones de dólares al año y tributa 35millones. Los 35 MM no cubren el costo del agua para uso doméstico en el cercano norte de Chile y mucho menos para uso industrial.

Utiliza entre 42,000 a 50,000 m3 de agua por día, en la semi desértica provincia Nor Lípez de Potosí. El Informe R. Morán, hidrogeólogo y experto en impactos de la minería en los recursos hídricos, que llegó al país el 2009 para estudiar el caso la mina San Cristóbal, invitado por las organizaciones campesinas, municipio local y el CGIAB. establece que los acuíferos subterráneos están conectados con las fuentes superficiales y no son recargados por la escasa lluvia, por tanto durante muchas décadas, luego de la explotación de la mina, no serán posibles otros usos, actuales y/o potenciales; más aún, muchos manantiales y humedales locales y regionales, así como los flujos de aguas superficiales locales serán reducidos o se secarán producto del bombeo durante estos años, por parte de la empresa, reduciendo por tanto los ingresos de agua al salar de Uyuni. Asimismo se ha evidenciado que la empresa no ha implementado un adecuado sistema de monitoreo, tanto de la declinación de los pozos explotados, como de los impactos producidos por el dique de colas, en realidad una laguna convertida para tal propósito sin ningún tipo de impermeabilización. Por otro lado, los químicos y sedimentos contaminados depositados en el fondo de la laguna de Wila Q’ara provocarán contaminación de largo plazo, dado que el fondo no es absolutamente impermeable. Evos Morales visitó San Cristóbal en junio del 2009, y según despacho de EFE 26/0/06/2009 declaró que Bolivia respeta a las empresas extranjeras y dijo estar sorprendido por el trabajo que realiza la empresa y dio todas las garantías en temas de seguridad jurídica.

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Corocoro es una antigua mina de cobre de explotación en socavones que estuvo paralizada desde la década de 1980 hasta el 2009, año en que ha sido reactivada por el gobierno actual como un Proyecto Hidrometalúrgico para la producción de “cobre catódico o electrolítico”, obtenido mediante procesos de lixiviación por agitación y pilas dinámicas. Este proyecto consta de dos fases: la primera denominada como “Planta Hidrometalúrgica de Cobre” a cargo de la minera estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL Esta primera fase consiste en la explotación y tratamiento de relaves, desmontes y minerales primarios, por lixiviación ácida, previa trituración en pilas dinámicas y su posterior extracción por solventes y agitadores para obtención de cobre catódico. La inversión total para esta fase es de 18,5 millones de dólares y ya se ha realizado la construcción de obras civiles e infraestructura, y obras de ingeniería mecánica, que han afectado fuertemente las fuentes de agua y tierras de pastoreo de las familias cercanas a la planta. La segunda fase es de expansión que se desarrollará a través de un “Contrato de Riesgo Compartido”, aprobado mediante Ley 4017 del 7 de abril de 2009 entre la transnacional Korea Resources Corporation (KORES) y COMIBOL para la explotación de un nuevo yacimiento a “cielo abierto” para la producción de cobre electrolítico cuyo plazo de explotación será de 30 años. Actualmente se encuentra en etapa de exploración y se prevé comenzar la explotación el año 2011. La inversión para esta etapa es de USD 210 millones.

El Ministro de Minas, José Pimentel, ante las múltiples demandas Jach’a Suyu Pakajaqi , MM 0708-DS0502/2010 enviada al asevera que “Resulta pertinente recordarle que, en el marco de la Constitución Política del estado Plurinacional y los acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas, los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el Estado Plurinacional

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de Bolivia, en consecuencia, no reconoce el autogobierno, ni mucho menos la autodeterminación.” Desconociendo de esta así los Art. 2, 282, 30 I. 15, 352, 353, 403, 347 II de la CPEP.

Petroleras en territorios indígenas 6

En 1992 el Estado decretó la Reserva de biosfera y TCO Pilón Lajas. El año 2004 Petrobras suspendió sus operaciones debido a la campaña de rechazo de las organizaciones ambientalistas e indígenas a la actividad petrolera al tratarse de una zona protegida de parques naturales. En 2006, fue declarada Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta para la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario, como los toromonas, comprometiéndose a respetar sus formas de vida individual y colectiva. Decisión ratificada por la CPEP Artículo. 31 que compromete al Estado a “proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el territorio nacional, evitando que sean perseguidos, acosados y exterminados por grandes proyectos que se instalan en sus zonas de vida, que los asfixian hasta desaparecerlos”. El 18 de enero de 2008, se suscribieron cuatro convenios entre YPFB y GTLI para la realización de estudios destinados a la exploración, explotación, desarrollo y producción de hidrocarburos en los bloques Almendro, Itacaray, Río Beni y Cupecito. El bloque de Río Beni tiene una extensión de 1.000.000 hectáreas (400

6 www.fobomade.org Informe Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia (Tarija-Bolivia, 2005), producto del Monitoreo Indígena Independiente de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG-Itika Guasu y el Programa de Vigilancia Socio Ambiental de las Industrias Extractivas-CEADESCComunicado a la opinión pública nacional e internacional, Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu. TCO Itika Guasu, 8 de noviembre de 2005, Tarija, Bolivia.Carta Abierta de la APG –IG al Presidente Morales, 30, Junio del 2010.Erbol, 23 de septiembre 2010.

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parcelas), se encuentra en la zona no tradicional de Bolivia y corresponde al área reservada Nº 2 para operación de YPFB. Este bloque podría generar ingresos para el Estado por regalías de alrededor de 10.800 millones de dólares, según las estimaciones a 20 años de producción. GTLI es una empresa cuya mayoría accionaria casualmente pertenece a una subsidiaria de la empresa Jindal Steel & Power, de la India, que se adjudicó por 40 años, la explotación del yacimiento de hierro en el Mutún que opera en el área de influencia del Pantanal boliviano, sitio Ramsar, y donde se articulan varios proyectos IIRSA, ferroviarios, portuarios y energéticos.

El presidente Evo Morales rechazó abiertamente la demanda para que la Amazonía boliviana no sea afectada por la exploración y explotación de hidrocarburos. “La consigna de estos intereses foráneos plantea una “amazonia sin petróleo” y “no más pozos petroleros”, en abierta oposición a la profundización del proceso de la nacionalización y el mejoramiento de la economía nacional. Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.

El Grupo Repsol YPF que opera en el país desde 1997 posee activos equivalente a seis veces el PIB boliviano y controla 27 bloques de prospección y explotación petrolera, además de participar en operación conjunta en los campos gasíferos de San Alberto y San Antonio. En conjunto, el Grupo tiene control de 1.378.082 hectáreas equivalente a 49% de todo el territorio bajo operaciones petroleras.

En 2003, Repsol, British Gas y Pan American conformaron la alianza Pacific LNG que pretendía comercializar el gas del Bloque Caipipendi, vía puertos chilenos al mercado norteamericano. Proyecto rechazado por la población y que está en el origen de la Guerra del Gas que determinó el

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derrocamiento de Sánchez de Losada. En el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos 3058, YPFB ha suscrito un contrato de operación con el consorcio Repsol YPF Bolivia SA. (37,5%-Operador), BG (37,5%) y PAE E&P Bolivia (25%) para la exploración y explotación de reservas de gas en el bloque Caipipendi, que abarca casi 700 mil hectáreas en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, donde se encuentra el mayor reservorio de gas, Campo Margarita. Este bloque petrolero se superpone a las TCOs Itika Guasú y Tentayape, así como al Parque Nacional Aguaragüe.

La APG-Itika Guasu, desde 2005, ha emprendido acciones de defensa de sus derechos violados (Derecho a la consulta libre, previa e informada, Derechos propietarios de su TCO, al medioambiente, a la compensación e indemnización) reconocidos por la Ley 3058 y la CPEP,

En 2004, la comunidad ava guaraní de Tentayape rechazó con éxito la presencia de REPSOL y logró que su TCO fuera declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Nacional, en 2005, por la conservación intacta de sus tradiciones, usos y costumbres, ancestrales, - que configuran un territorio libre de estado, escuelas, iglesias, Ongs y petroleras- con el apoyo de entonces diputado opositor Evo Morales. Sin embargo recientemente ante el anuncio oficial de YPFB y REPSOL, se han visto obligados a ratificar su decisión de no permitir el ingreso de las petroleras a realizar inspección sísmica

En ambos casos, el estado boliviano (antes neoliberal y ahora plurinacional) ha omitido su obligación de defensa de los derechos afectados para facilitar las inversiones de la corporación multinacional, responsable de exportar 14 MM m3/día hacia la Argentina según el nuevo convenio firmado recientemente; apuesta exportadora incluye la construcción de un gasoducto que recorrerá el noreste argentino .

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Agroindustria, Transgénicos, ley de revolución productiva

Como ilustración de las contradicciones entre el discurso oficial dirigido al público de otros países y la realidad cotidiana que se vive en Bolivia, entre julio y septiembre de 2010 se han registrado quemas en millones de hectáreas de bosques y pastizales y áreas protegidas, especialmente en el oriente boliviano, sobre todo en la frontera con Brasil7. Como consecuencia de la política de impulso a la agroexportación y a los agrocombustibles, en 15 años, 8 millones de hectáreas de bosque fueron desmontadas. La mayor parte de esas tierras queda inutilizada a los pocos años por el excesivo uso de agroquímicos y porque no son tierras aptas para uso agrícola sostenido, de manera que los agroindustriales tienen que seguir quemando y chaqueando para abrir más terrenos para la siembra de soya transgénica. El mismo año 2010 en que hubo miles de incendios provocados, el gobierno planteó que la frontera agrícola debía ampliarse con un millón de hectáreas más de cultivos comerciales, es decir, dando carta blanca para seguir las quemas y desmontes8. El desmonte y la quema de bosques y pastizales para la siembra de cultivos de exportación, ha provocado que Bolivia pase en pocos años a subir al puesto número 10 del mundo como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero per cápita, según el CLAES (2010). El 94% de las emisiones contaminantes producidas en Bolivia tienen origen en la desforestación y agroindustria.

7 “información satelital ubicó 34.328 focos de calor que dañan 2.063.065 hectáreas, siendo el departamento de Santa Cruz el más afectado, con 18.217 focos de calor, seguido por Beni con 14.226 focos” http://latercera.com/noticia/mundo/2010/08/678-286106-9-aumentan-incendios-forestales-en-amazonia-de-bolivia.shtml

8 “Datos del director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Clíver Rocha� http://www.granma.cubaweb.cu/2010/11/15/interna/artic19.html.

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Según investigaciones de la fundación Tierra, 700.000 hectáreas de soya transgénica para exportación están bajo control directo de los brasileños; La Razón el 15/9/10 informa que 100 familias de terratenientes brasileños controlan el 35% de las exportaciones de soya producida en Bolivia. El gobierno boliviano no solo fomenta –en los hechos- la quema y desmonte de zonas forestales para beneficio de esas oligarquías brasileras sino que promete pagar por la soya producida, a través de EMAPA, a un precio 10% por encima de la media de mercado promoviendo así el cultivo de la soya transgénica.

El gobierno afirma que esas políticas favorecen la seguridad alimentaria de los bolivianos, pero en realidad ¿a quiénes está sirviendo las políticas estatales de fomento a la agroindustria? El pueblo boliviano mantiene un sistema de consumo limitado que le permite utilizar un promedio de 0,2 hectáreas de tierra útil por habitante. En cambio Estados Unidos requiere 10 Hectáreas por habitante y Europa más de 6 Hectáreas por habitante, para abastecer sus sistemas productivos y el alto consumo de su clase media (WWF 2002). De hecho, el más de un millón hectáreas de tierra boliviana utilizada para sembrar soya y agrocombustibles sirve para abastecer el consumo y el sistema productivo de los países industrializados como Estados Unidos y, últimamente, Brasil. De ninguna manera esa forma criminosa de usar la tierra boliviana es en beneficio de los bolivianos, sino, en primera instancia, de los grandes consorcios multinacionales. En primer lugar, los interesados son las empresas Cargill y Monsanto, grandes monopolios mundiales que controlan la producción y comercialización de las semillas transgénicas y la producción de agroquímicos.

Esto es lo que explica la razón por la cual se aprueba la ley de revolución productiva agropecuaria. Esa ley viene a consolidar la vigencia de reglamentos aprobados en los gobiernos de

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Goni y de Banzer y ratificados por el actual9, a través de los cuales se favorece a las grandes empresas semilleras y se busca eliminar a la producción campesina. La producción campesina indígena depende de la extensa base genética desarrollada por las comunidades andinas a lo largo de siglos. Más de 1000 variedades de papa han sido desarrolladas por las comunidades andinas y están catalogadas en el Centro Internacional de la Papa en Lima. Al exigir la inscripción obligatoria de las variedades que cada comunidad usa tradicionalmente y su certificación por medio de instituciones estatales de la semilla, se establecen exigencias que sólo las grandes empresas pueden cumplir, y los productores campesinos que no cumplan con esos requisitos son amenazados con la confiscación de su cosecha y multas, además de procesos administrativos y judiciales. En cambio las empresas son libres de registrar semillas nativas a su nombre y comercializarlas de manera exclusiva! Esta es una amenaza directa que lanza el gobierno contra las propias comunidades campesinas andinas que le dieron su apoyo incondicional, y que a través del Pacto de Unidad hicieron aprobar en la Asamblea Constituyente el artículo 408 que prohibía terminantemente la producción y comercialización de transgénicos. El gobierno, en complicidad con los prefectos de la Media luna y el Parlamento, modificó en octubre de 2008 ese artículo de manera totalmente ilegal. La reciente ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria da vigencia de dicha disposición constitucional a través una redacción que posibilita la producción y comercialización masiva de transgénicos en Bolivia, contrariando de manera directa la voluntad de las comunidades campesinas, destruyendo las bases de la seguridad alimentaria del pueblo boliviano, poniendo al país en dependencia de las multinacionales colonialistas.

9 Sistema de Normas y Certificación de Semillas refrendado por el INIAF (Res/002 del 12.01.09)

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De esa manera Bolivia no solo asume un costo ambiental extraordinario en servicio del consumo de otros países. También está en riesgo, por las políticas gubernamentales, la extraordinaria riqueza genética que tiene el territorio boliviano y la extensa base de germoplasma nativo, domesticado por las comunidades, alimentos básicos como la papa, que usa toda la especie humana y se consumen en todo el planeta, que las multinacionales se quieren apropiar con el fin de seguir aumentando sus ya enormes ganancias y su poderío político.

Conclusión provisoria…

La gran oportunidad que tuvimos, gracias a la movilización del Pacto de Unidad, para establecer un sistema de gobierno y de convivencia basado en principios que nos ponían en dirección a una nueva forma social, se ha desperdiciado por decisión del gobierno al desconocer el texto constitucional aprobado por la asamblea constituyente en diciembre de 2007. En lugar de los principios propuestos por el Pacto de Unidad se lo ha cambiado por un texto ilegalmente introducido, en base a un acuerdo establecido por el gobierno y las prefecturas de la Media Luna y logrado por presión y mediación del Unasur (es decir, por el gobierno de Brasil) en septiembre de 2008. De esa manera el gobierno se embarcó en una estrategia de desarrollo capitalista completamente insostenible, en lugar de representar el papel que los pueblos indígenas esperaban de él, para encabezar la movilización contra este sistema en crisis y por una alternativa civilizacional por el buen vivir.

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El poder de ellos y el poder de NosotrosUn nuevo escenario sociopolítico1

Pablo Mamani Ramirez2

Introducción

Para iniciar esta reflexión cito una pequeña nota de una compañera que narró los acontecimientos del 20 de octubre de 2011 cuando llega la VIII Marcha indígena originaria a la ciudad de La Paz de manera apoteósica para rechazar la construcción de la carretera transoceánica del Tipnis (Territorio Indígena del Parte Nacional Isiboro Sécure).

Queridxs todxs

No pude aguantar y les escribo estas breves líneas:

aunque estoy con bronquitis y otras cosas más así que la fiebre molesta nuevamente.... pero la marcha llegó a La Paz hoy y fue apoteósica,

miles y miles de personas de La Paz salieron a abrazar a los marchistas indígenas. Dicen que entre marchistas y gente de La Paz que daba

comida y agua, fuimos como un millón!! No me extrañaría porque hoy

1 Muchas gracias a los organizadores, amigos y amigas de México, por invitarme a este evento que tiene continuidad con las II Jornadas celebradas en 2006 en la Universidad Pública del Alto (UPEA) y en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la Paz Bolivia a tres meses de la asunción del nuevo presidente Evo Morales, electo con el 52% en aquel periodo.

2 Pablo Mamani Ramírez es sociólogo aymara y alteño y autor de varios libros y artículos en distintos espacios académicos y periodísticos. Responsable de la Revista Willka. Maestro por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador. Actualmente es candidato a doctor en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

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fue una enorme multitud que bien dice Silvia Rivera y lxs hermanxs indígenas del TIPNIS, marcando una nueva agenda popular

que retoma la agenda del 2003, que Evo planteo desaparecer por considerarla “cumplida”.

Todxs lloramos a mares porque salieron las wawas (niñxs) de kinder y colegio a recibir a sus pares, los niños del tipnis que recibieron galletas,

dulces y pinche mil cosas mientras pasaban por las calles. Miles de historias de solidaridad y cariño. Fue emocionante ver todo el cariño de

la gente, la mixtura, las lágrimas, cuando pasaban nuestroxs hermanxs, que pasaron hambre, frío, insultos racistas por parte de gente del

mismo gobierno, acusaciones que no se han podido probar hasta ahora, represión, etc., 65 días de caminata bajo sol calcinante, bajo lluvia, con

neumonías, desnutrición, insolación....

Ahhh si, Evo escapó a Cochabamba y se negó a hablar con lxs comapñerxs, jejeje y el Lineras festejó su cumple que era hoy en uno de

los lugares más caros de La Paz, por si se preguntaban donde andaban los dos personajes más cuestionados, silbados, rechazados y criticados por

la población el día de hoy....

La nueva vigilia indígena ya se instaló en plena Plaza Murillo, la policía no deja entrar comida ni nada, pero ya lxs compas allá dicen

que estarán ahí hasta que Evo pase a discutir “de gobierno a gobierno” y hasta que se asegure que la carretera NO PASARÁ POR MEDIO

DEL TIPNIS (Marxa Chávez, 20/10/2011).

Aquí se consumió la definitiva división entre el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) y los movimientos indígenas originarios de la Amazonia y los Andes después de un largo conflicto. La VIII marcha fue el epicentro de esta ruptura que parece no tener ruta de retorno dado que el gobierno de Morales Ayma-García Linera insisten en la construcción de la carretera por Tipnis (financiada por Brasil con 415 millones de dólares americanos), en contraposición a lo establecido por los movimientos indígenas originarios de los Andes y

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El poder de ellos y el poder de Nosotros

la Amazonia liderados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB). A su vez esto produjo una fractura profunda del Pacto de Unidad entre las cinco organizaciones más importantes que han sostenido hasta hoy al gobierno de Morales-García: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCB), la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originaria de Bolivia “Bartolina Sisa” (CSUMCIOB “B.S”) que apoyan al gobierno y la Confederación Indígena del Oriente (CIDOB) y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) que critican al gobierno duramente.

La insistencia en la construcción de dicha carretera profundizó más esta ruptura, porque el gobierno Evo Morales-Álvaro García pese haber promulgado la Ley de prohibir la construcción de carretera por Tipnis (proyecto de Ley 075/2011-2012, del 11 de octubre de 2011), sigue con una feroz campaña a favor de la misma. Este es un hecho dado al parecer por dos razones fundamentales: La primera, hacer realidad el proyecto transnacional para la explotación de los recursos naturales en la región y dentro del parque y la segunda, la pertinaz actitud presidencial, que ya llega al punto de lo vengativo, apoyada por sectores interesados en tener el control de esta región. Incluso se denunció, en el mes de noviembre, que Evo Morales pagó el pasaje aéreo de 30 corregidores del Tipnis para que pidan la continuación de la carretera (El Diario, http://www.eldiario.net/, 25/11/2011).

Dentro de este contexto ambas rupturas conmovieron al mundo indígena originaria campesina y popular. Por un lado, porque hasta ese momento el gobierno aún era catalogado como el gobierno de los movimientos sociales y por el otro

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porque fue una lucha de “indio contra indio” propiciada desde el poder y respondida desde los movimientos indígena originario de manera contundente. Es necesario aclarar en este punto que el movimiento indígena originaria se diferencia del movimiento campesino: el primero es propiamente más originaria y el segundo está definido en el campo de lo sindical.

El Pacto de Unidad tuvo una importancia capital en el pasado reciente de Bolivia, pues fue el centro de aglutinación para muchas propuestas y un campo de debate particularmente en el contexto de la Asamblea Constituyente. Por esta razón, la ruptura interna de dicho pacto y la ruptura entre el gobierno y movimiento indígena originario ha cambiado el contexto político del país. El pacto social que llevó al gobierno al poder no tiene vigencia. Esto debido a que el gobierno ha perdido el horizonte histórico sobre el real trastrocamiento del orden estatal colonial/liberal y un cambio profundo en la política de explotación de los recursos naturales. Y además porque los que antes obedecían silenciosamente, ya no son los mismos, estos responden con movilizaciones aunque ahora en contra del hermano presidente indio. El orden de relación de fuerzas tiene una nueva configuración.

Producto de estas relaciones de conflicto estructural se produjo este nuevo escenario sociopolítico que no sabemos exactamente cómo nombrar porque, por una parte, se abre la posibilidad del retorno de los llamados grupos de la derecha encabezado por el Movimiento Sin Miedo (MSM) del ex Alcalde de La Paz Juan del Granado y, por otro, hay una nueva efervescencia indígena originaria popular por apuntalar un nuevo proceso realmente propio que significaría el trastrocamiento del orden liberal y colonial hoy aún predominante.

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Nuevo escenario sociopolítico

Bolivia, por lo dicho anteriormente, nuevamente hace noticia en varios sentidos. En esta presentación voy a exponer parte de una interpretación que es posible hacer a partir de lo que está ocurriendo desde el 26 de Septiembre de 2011 donde el gobierno tiene que reconocer que su proyecto carretero por el Tipnis no tiene apoyo social, más al contrario, recibió un gran rechazo en los centros urbanos y ciertas regiones rurales de Bolivia.

¿Qué ocurrió el 26 de Septiembre de 2011? Ocurrió que en Bolivia, el gobierno de Evo Morales da marcha atrás -por segunda vez consecutiva- en uno de sus proyectos como ha sido la construcción del camino carretero que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). A esto lo catalogamos como la segunda derrota del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera en menos de un año. La primera fue aquel 31 de diciembre de 2010, cuando el gobierno abrogó el decreto supremo no. 748, llamado “gasolinazo”, en el que se incrementaba el diesel en un 83% y la gasolina en un 73% (Decreto Supremo, no. 748). Un incremento que afectó duramente a la economía en todos sus niveles: subieron los precios del transporte, la canasta familiar, y muchísimas otras cosas, que luego no bajaron hasta el día de hoy.

En ese sentido, la tesis que quiero plantear es el siguiente: A partir de la segunda derrota del gobierno de Evo Morales-Álvaro García -paradójicamente salido del movimiento popular indígena originario- se ha abierto en Bolivia un nuevo escenario sociopolítico. Uno ante la marcha de un gran fraude histórico desde el gobierno-Estado y dos por la fuerza de los movimientos sociales indígena originaria que mantienen intacta su gran capacidad de convocatoria y movilización

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social. ¿Qué implica este nuevo escenario sociopolítico? Significa que en un tiempo-espacio de pocos meses dentro de los movimientos indígenas originarios y campesinos se abrió un gran proceso de debate interno, sobre seguir apoyando al gobierno del presidente Evo Morales, o lanzar duras críticas hacia el mismo al estancarse el proceso de cambio y luchar por una real transformación del Estado colonial. Es decir, en re-definir las líneas del proyecto de transformación estructural del Estado y de la sociedad.

Además, el 26 de septiembre es importante porque emerge de manera visible y contundente, un nuevo momento histórico y sociopolítico en el que los indios nuevamente se convierten en los actores, en este caso con una alianza histórica entre la región Amazónica y la región Andina, expresada en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Es una alianza entre CIDOB de los pueblos indígenas de la amazonia y CONAMAQ de los Ayllus originarios de los Andes. A éstos hechos se sumaron muchas otras organizaciones y movimientos sociales e intelectuales. La llegada a La Paz, sede política del país, el 20 de octubre de 2011 fue apoteósica. Un mar de gente marchaba gritando consignas contra el gobierno como se lee en el epígrafe.

Además Evo Morales abrió una convocatoria para un dialogo a nivel nacional, esto según el gobierno, para el debate de la construcción o no de la carretera por Tipnis. Y a mismo tiempo ya existen opiniones de abrir un debate sobre el mando mismo de lo político en Bolivia. En ese sentido el debate no sólo sería sobre la carretera sino también discutir: “si vamos a continuar con el rumbo político que hemos tenido hasta hoy o vamos a cambiar de manera real, una transformación profunda que es el trastrocamiento del Estado colonial, sus sistemas normativos y el sistema económico, o simplemente vamos a

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continuar con aquello que el gobierno emprende hoy”, una reforma muy débil y una reforma incluso en contra los propios pueblos indígenas quienes le llevaron a la presidencia en 2006. La agenda del gobierno según el viceministro Gustavo Navarro es: “La integración vial; seguridad y soberanía alimentaria; salario, empleo y estabilidad laboral; territorio; políticas sociales, salud, educación y vivienda; seguridad ciudadana; lucha contra el crimen; asuntos legislativos; comunicación y autonomías” (http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.la-razon.com, 24/11/2012).

Éste evento se llevará el 9 y 11 de diciembre de 2011 en la ciudad de Cochabamba. No entra según esta agenda el gran tema de la redistribución de la tierra, pues un gran porcentaje de la tierra en Bolivia está en manos de los terratenientes y sectores agroindustriales del Oriente o del Chaco. Un hecho apoyado en el artículo 399 de la Constitución Política del Estado que no admite la retroactividad de la tenencia de la tierra. Tampoco entra la lucha anticolonial y anti-racista de varios niveles en el Estado y la sociedad. o la nacionalización real de los recursos naturales como el gas, la minería, y el petróleo. Tampoco está en la agenda las nuevas reformas a las leyes sancionadas en el Asamblea Plurinacional porque violan la propia Constitución y los derechos de los pueblos indígenas originarios en tanto son pueblos precoloniales.

Entonces, la pregunta planteada de qué es lo que pasa en el nuevo escenario sociopolítico a nivel nacional implica algunas cuestiones fundamentales: El fraude histórico impulsado por el gobierno y denunciado por los movimientos kataristas indianistas en su tiempo, implica que la derecha o los grupos oligárquicos que están apostados con cara democrática multicultural e intercultural, como el Movimiento Sin Miedo, puede ser el siguiente escenario que significaría el retorno de los viejos grupos de poder con un discurso democrático, de

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amplitud hacia lo indígena, incluso con cara aymara (mediante la figura de Simón Yampara, uno de los intelectuales kataristas de generación vieja). A esta posibilidad se acompaña el hecho de que en Santa Cruz aparecen voces de disidencia muy disimulada, es decir, que plantean la separación territorial, como ya demandó esa región hace dos años. Cabe señalar que en este territorio existen grandes riquezas mineralógicas, petroleras, de recursos naturales maderables, entre otros.

En ese sentido, este otro escenario implica debatir muchísimos horizontes políticos y sociales que todavía están en pie en Bolivia, pese a lo que el gobierno ha ido haciendo hasta el momento, como es el proceso de expropiación de las decisiones de la gente, o el proceso de apropiación de la voluntad de movilización, de discurso crítico y de acción orgánica de los movimientos sociales. Con eso quiero decir que el gobierno ha ido cooptando ciertas dirigencias y hoy los que no han sido cooptados son quienes se han movilizado y plantean re-orientar el proceso de transformación social y estatal.

En este momento, en el movimiento indígena originario y campesino, hay dos grandes matrices en disputa y son muy evidentes. Una que la podemos ubicar en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) junto con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB, de la zona subtropical y tropical), que tienen una visión sindical y de apoyo al gobierno.

En estos movimientos se comparte, en modo distinto, la visión desarrollista o neodesarrollista como es la extracción de los recursos materiales y su exportación, en función de un proyecto de Estado Plurinacional. Desde estos movimientos

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aún se intenta, la tentación de reformar el viejo Estado, con nuevos sentidos simbólicos de lo indígena, para de ese modo, legitimar un orden social liberal o neoliberal con rasgos coloniales, que es el uso sistemático de los imaginarios e imágenes indígenas. Esta es una de las grandes matrices, y hoy muestra sus primeros resultados para nada halagadores.

El otro gran frente que se hizo visible de manera abierta es el movimiento de los ayllus representado por el CONAMAQ y la CIDOB que viene planteando una lógica distinta a la forma sindical y frente a la extracción de los recursos naturales en Bolivia. Producto de ello se tienen hoy estos dos escenarios dentro de los propios movimientos indígenas originarios.

En el movimiento de los ayllus y los de la amazonia (CONAMAQ y CIDOB) la visión o lógica del poder es compartida, sistemas compartidos de los recursos naturales, sistemas de rotación del poder, sistemas asamblearios ampliamente debatidos y decididos en esos espacios como una política social y de la misma vida humana. En el otro frente (CSUTCB, CNMCIOB-BS, CSCIB) aunque también dados en el sistema asambleario, los sindicatos tienen una visión más desarrollista en función de acaparar recursos, y en este caso, puedan ser distribuidos a la sociedad pero además, de que pueda emerger una nueva elite, que no sea de rostro blanco como hasta ahora hemos conocido sino de rostro posiblemente moreno como el que proviene de CSTUCB, CNMCIOB-BS y CSCIB. Esto es un escenario que está muy claro al interior de los movimientos indígenas originarios y es un campo profundamente complejo.

En el otro escenario está el Movimiento Sin Miedo (MSM), que trata de lograr popularidad con anuncios de juicios, por ejemplo, en contra de quienes han ordenado la violenta intervención a la VIII Marcha Indígena el 25 de octubre en Chaparina. También este partido viene

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realizando eventos nacionales y regionales sobre el “suma qamaña” que ha sido traducido en la frase vivir bien (que es una traducción contrario al literal de suma=bien y qamaña= vivir, es decir, el bien vivir). El MSM tiene una tendencia a hacer alianzas adelantadas con movimientos que han sido aliados de la oligarquía cruceña basados en un discurso de “más interculturalidad, más democracia y más participación”, sin embargo su contenido es liberal y colonial. Este partido político, además es conocido por la construcción de obras de tipo moderno devastadoras en la ciudad de la Paz, por ejemplo, la destrucción del mercado Lanza junto con su larga historia en la ciudad de La Paz: dicho mercado hoy ya no existe sino como un gran bloque de cemento donde los propios gremialistas se sienten desalentados porque ya no hay la gran concurrencia de los compradores de otros tiempos.

También hay que hacer notar que la plaza San Francisco fue cerrada para las multitudinarias concentraciones sociales. El lugar había servido incluso para resistir a la dictadura de Luis García Mesa de 1980, sin embargo hoy es la trinchera de anti-movilización social por el jardín allí construido que literalmente divide la plaza. Además hay que decir que mientras se llevaba el proceso del “desalojo” de los gremialistas para la construcción de dicho mercado, Juan del Granado, tenía la firme decisión de usar la fuerza pública para lograr tal objetivo.

Además se sabe que el MSM no tiene en su agenda política temas como el racismo, el colonialismo, la discriminación racial, hechos históricos que los aymaras han sufrido. Incluso se puede decir que allí está apostado el viejo grupo dominante de La Paz que históricamente es anti-aymara.

A partir de este partido y el nuevo escenario existen muchos riesgos porque estos han ido montándose en la crítica de los movimientos indígenas, para luego posiblemente aparecer en

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un nuevo escenario público, aprovechar todo el malestar social que se vive en Bolivia, y de esa manera, volver a la palestra política, al Estado y al gobierno. Con ello la pretensión del MSM es continuar o mejor profundizar los procesos de la lucha de los grupos de poder que han sido desplazados, en cierto modo, del poder político, mas no del campo económico, ni del campo financiero, ni de la tenencia de las grandes tierras. Por lo que entonces en Bolivia, el escenario de una nueva configuración sociopolítica, abre nuevamente un gran campo de debate. Y esto va en contra posición de la hipótesis de Álvaro García Linera (2010) que en un libro compartido con otros: El Estado. Campo de Lucha, sostiene que hasta el 2009 o 2010, hemos llegado a un proceso de disputa que él llama el “empate catastrófico” y de éste luego a un “punto de bifurcación” de dos momentos fundamentales, donde el Estado Plurinacional se adelanta, por la fuerza social, según él, para una transformación real del Estado y donde los grupos de derecha y otros grupos menores han quedado rezagados, y por tanto, derrotados en la historia-porque además no tendrían una propuesta política (lo que es cierto pero no han sido derrotados completamente). Entonces lo que vendría en el transcurso de la historia no sería una disputa estructural por el mando de la nación, de la sociedad, sino una disputa por cosas técnicas, por mecanismos de repartición de recursos, de niveles de lucha más pequeñas y administrativas. Esa es la hipótesis que da pie a la idea de que hemos terminado un gran ciclo histórico del empate y hemos abierto el gran proceso de un proyecto histórico de largo aliento que es el Estado plurinacional. Por tanto, según él, los conflictos estructurales se acabaron en Bolivia y solo vienen las contradicciones menores y no las contradicciones mayores. Ésta es una lectura del país lineal y muy optimista de los procesos sociales e históricos, pero en el fondo profundamente pesimista.

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Planteamos aquí ideas en contraposición a lo dicho anteriormente, de que en Bolivia se acabaron las grandes contradicciones históricas. Más bien sostengo que se ha reabierto de manera violenta, de manera sangrienta, otro escenario sociopolítico. Se está volviendo a debatir el futuro del país. Hay un gran debate en este momento en diversos lugares de la región amazónica del CIDOB, en movimientos de jóvenes kataristas-indianistas en El Alto, en el movimiento de los ayllus y también en los movimientos sociales de base sindical sobre qué es lo que hay que hacer a partir de este momento, porque estamos descubriendo este gran fraude histórico que es el engaño, el escamoteo de la lucha de la gente en función de la reproducción de la vieja lógica del poder y del Estado colonial/liberal. Aunque se espera de CIDOB que no haga alianzas con la oligarquía cruceña y los agroindustriales del oriente.

Así no solo está en debate el camino carretero del Tipnis, está en debate también el mando mismo de la nación, el mando mismo del Estado y el proceso de transformación truncado hasta este momento. La pregunta es: ¿El gobierno es capaz de continuar con aquel proceso o hay que dar un viraje radical para continuar en el proceso de lucha social que está intacto en este momento en Bolivia?

Aquí hay que dejar notar un dato importantísimo como es el hecho de que están intactos las grandes potencias sociales, es decir, la fuerza de los movimientos sociales indígenas, originarios y campesinos; esto significa que ante la posibilidad de cooptación, de clientelización, de acaparamiento institucional del Estado y del gobierno a dichos movimientos a nivel de los dirigentes, a nivel nacional y a nivel departamental, genera también el efecto de la indignación o rechazo ante ese hecho. En el nivel de las comunidades, los ayllus o barrios urbanos, a nivel regional, esos sistemas de cooptación no llegaron y ésta

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es la fuerza de la sociedad en movimiento. Una muestra de ello es la marcha de mil quinientos marchistas de la región amazónica y de los Andes que llegaron hasta la ciudad de La Paz en el mes de noviembre de 2011. Ello sacó al gobierno de sus cauces liberales y desarrollistas. El cálculo del gobierno, de que saldrían victoriosos de esta lucha, no fue así, sino todo lo contrario: han sido derrotados por segunda vez.

En la semana de 28 y 29 de septiembre se produjo movilizaciones multitudinarias en la ciudad del Alto, en la ciudad de la Paz, en Oruro, en Cochabamba, no solamente para que se cancele eventualmente el camino carretero, sino cancelar definitivamente el proyecto, lo que implica un debate nacional acerca del mando mismo de la nación. Aquí planteamos que es sustancial el debate y la acción de la expropiación de las grandes tierras en manos de los grandes terratenientes que tienen tierra concentrada, constitucionalizada en el artículo 399 de la nueva Constitución que garantiza esa tenencia, por lo que no serán saneadas, menos expropiadas de manos de la vieja oligarquía y de los grandes agroindustriales.

En el fondo, en el tema de Tipnis, están dos cosas: ¿Cómo hacer una distribución real de la tierra para los indígenas migrantes de la región de los Andes hacia la Amazonia? Este es uno de los temas centrales del conflicto del Tipnis. Sin duda allí una de las salidas claras es la expropiación de las grandes tierras en el oriente y entregar esas tierras a los propios habitantes de la región y también a los aymaras y quechuas que habitan allí. Entonces al no poder o querer redistribuir de manera radical la tenencia de la tierra, porque por medio hubo una negociación política con sectores oligárquicos, se apostó y se apuesta por las tierras del Parque Nacional Isiboro-Secure: Para distribuirlas a los migrantes de los Andes y el repartir los recursos a las transnacionales del petróleo, mineras y otros. Ahí está una de las derrotas del proceso de cambio y

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el truncamiento del proyecto histórico porque no apunta al hecho mismo de la expropiación de las grandes tierras. Aquí cabe una pregunta central: el 34% de las tierras no saneadas (o expropiadas) en Bolivia ¿En manos de quién están hoy? Esto en relación a los 106 millones de hectáreas de tierra que tiene Bolivia para el cultivo (un porcentaje muy alto).

Así, éste es el nuevo escenario sociopolítico de clarificación ideológica y política de estas preguntas y hechos, ahora desde los movimientos sociales indios originarios, acompañado por supuesto por momentos de confusión, momentos de oscuridad, momentos de indefinición, porque hay disputas internas dentro de este nuevo configuramiento social y político. Bolivia es un campo de lucha a nivel interno referida al movimiento indígena originario y a nivel del gobierno-Estado.

Con el conflicto del TIPNIS, el gobierno de Evo Morales-Álvaro García está perdiendo la moral política, ya no tiene autoridad para convocar a eventos de transformación estructural o formar parte del imaginario de un devenir de justicia social, porque no tiene sentido real. Eso es lo que la gente está planteando y está diciendo en Bolivia. Ha perdido la autoridad suficiente para la transformación estructural que recibió como un encargo social. En este terreno por ejemplo, varios sectores han pedido un referendo revocatorio del mandato del vicepresidente Álvaro García Linera. Y ese revocatorio tendría que ser en un tiempo dado que no está definido institucionalmente hoy.

Otro hecho que muestra este nuevo escenario político, es la renuncia de cuatro autoridades fundamentales del gobierno: Ministra de Defensa Cecilia Chacón, Ministro de Gobierno “Sacha” Llorenti (responsable de la represión de los marchistas indígenas), Viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán y la directora de migración. Cuatro grandes autoridades del gobierno que han renunciaron hasta el día 27 de septiembre, lo

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que implica un gran conflicto al interior del mismo gobierno. Aquí otro dato que es importante resaltar: los gobernantes no han cambiado su lógica de mandar, lo hacen igual que los anteriores gobernantes, pero los que sí han cambiado son los que antes obedecían a ojos cerrados. La gente ya no obedece como en el pasado y por tanto ya no son los mismos, ya no obedecemos “así nomas” aunque sea al propio hermano presidente.

Del hermano en el enemigo

El Presidente Evo Morales, el 30 de septiembre, pidió perdón a los marchistas indígenas originarios por la violenta represión policial en Chaparina, Beni. Un hecho realmente interesante, pero éste no parece ser sincero porque aún se insiste en la construcción de la carretera por el Tipnis y se sigue criminalizando la lucha india.

Una constatación es que el discurso y el poder entendidos como dominación tienen dos caras. Una de sus particularidades es que siempre emite ideas a medias y por otro produce un tramado de hechos que oculta la verdad del mismo suceso. Nunca dice la verdad. Si lo hace es solamente la verdad del poder. Así la verdad de los desposeídos (aunque posean con el otro poder) no es verdad. Es falso. Esta es una de las características fundamentales del poder de tipo colonial/liberal. ¿Por qué? Pues la lógica interna de este poder se define en y desde la dicotomía que opera con la idea de exclusión, separación, distinción, registro, individualización. En Bolivia lo más grave del gobierno de Evo Morales y de esta lógica del poder es haber convertido a su Interpar en el Otro. Es decir, un gobierno llamado de los movimientos sociales ha convertido a los propios movimientos sociales en su enemigo. Mientras que el verdadero Otro, o el verdadero enemigo, es

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convidado para que siga explotando y viviendo de la renta de sus tierras mal habidas. ¿Por qué hace eso un gobierno salido de las gigantescas luchas, movilizaciones y levantamientos sociales indias u originarias-populares? ¿Esta es la bifurcación de la que habla García Linera?

Se puede decir que el 25 de septiembre de 2011 cayó definitivamente el eufemismo llamado proceso de cambio. Mujeres, niños, hombres indígenas originarios en Chaparina-Beni fueron reprimidos violentamente por la policía por orden del gobierno de Morales-García, particularmente hoy ya se sabe esto, por declaraciones del ex Ministro de gobierno, “Sacha” Llorenti. Y este no es el primer caso, sino algo similar y peor ocurrió el 7 y 8 de mayo de 2010 en Caranavi con un saldo de dos jóvenes muertos (David Calizaya y Fidel Hernani). A esto se suma el gasolinazo del 26 de diciembre de 2010 con una elevación de diesel y gasolina en 83 y 73% respectivamente.

Así la idea presentada como muy novedosa de García Linera de la bifurcación ¿sirve para convertir a su Interpar en el Otro? ¿El hermano en su enemigo? Según el vicepresidente el momento de bifurcación es el momento de la definición de un tiempo-espacio histórico por otro momento histórico. Después de un empate catastrófico entre fuerzas de la oligarquía y las fuerzas sociales india-populares, se tiene éste el saldo: la derrota político y cuasi militar de los primeros y la victoria de los segundos (esto estaría ubicado entre agosto, septiembre y octubre de 2008). Según García, a partir de ese momento las luchas sociales estructurales pasan a pequeños conflictos. La “consolidación autoproducente del orden estatal, no anula los conflictos; los seguirá habiendo, pero de baja intensidad. Lo que ya no habrá son conflictos estructurales, proyectos de país y de poder social-general confrontados, eso es lo que terminó” (García, 2010:41). Ahora la bifurcación estatal

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¿tiene que imponerse de forma violenta sobre los propios protagonistas históricos como los indígenas originarios? ¿Para qué nos sirve hoy la idea de bifurcación cuando en Bolivia sigue vigente la lucha por el proyecto de sociedad, como es la estatal capitalista-neodesarrollista-neoextractivista y la forma de vida social y humana de los indígenas de la Amazonia y de los ayllus? ¿O sólo es una contradicción secundaria? Lo cierto es que con este lenguaje marxista se reproduce las mismas formas de dominación estructural colonial y liberal sobre el indio o indígena originario. En ese sentido, la idea del Estado plurinacional se convierte en puro eufemismo que es una forma de ocultar los hechos con palabras grandilocuentes, para sin embargo, reproducir en su interioridad lo colonial/liberal de ese Estado-gobierno. Por lo que la idea infeliz de bifurcación no tiene sustento real, más bien es la verdad de la mentira.

Pues así hoy asistimos a un nuevo escenario sociopolítico en dos sentidos y frentes. Veamos esto con mayor profundidad para detectar de cómo el gobierno actual es la expresión plena de la lógica de poder como dominación, que es consentida y reavivada consecuentemente por los viejos grupos del poder con rostro de nueva izquierda y cara aymara, es el caso del Movimiento Sin Miedo (MSM).

En el movimiento indígena originario campesino se han abierto dos frentes con claro impacto nacional. Aunque hace rato esto era una realidad. La diferencia es que hoy es más visible socialmente. Uno, está representado en las organizaciones sindicales definidas desde la visión de clase como campesina que busca el desarrollo capitalista como única forma de vida social y, el segundo, está dado por las organizaciones y movimientos de los ayllus de los Andes e indígenas de la amazonia que buscan un nuevo horizonte civilizatorio. Los primeros parecieran apostar por la reproducción del Estado

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liberal (bajo el discurso socialista) como una forma de vida política y social y los segundos por una sociedad que trastoque el actual orden social por otro orden social, una totalidad social por otra totalidad social. Desde lo aymara, esto es el revolvimiento (pacha tijra) de la espacialidad y temporalidad del Estado y de la sociedad colonial/liberal por una nueva espacialidad y temporalidad social y política.

En ese sentido, la acción y visión de los campesinos parece orientarse claramente hacia un proceso de reproducción del mismo Estado aunque ahora bajo otro nombre. Además, ésta visión está definida como “moderna” frente a la visión “atrasada” de los ayllus. Aunque la visión sindical está evidentemente influida por el gobierno, que no ve con buenos ojos al movimiento de los ayllus y a los indígenas del Oriente, en el fondo sin embargo ambos (campesinos e indígena-originaria) sufren la dominación estructural del estado y de la sociedad

Sin embargo, desde la perpectiva de los ayllus hay una visión más cercana a la idea de una sociedad más propia, más autogobernada de los recursos naturales, y por la Reconstitución de los ayllus, las autoridades originarias y la autodeterminación social. Si se impusiera este proyecto social sería el total trastrocamiento del orden espacial y territorial del actual Estado colonial/liberal. También en esta lógica se viene realizando la reconstitución de los territorios guaranís y uno de ellos es justamente el TIPNIS. El conflicto gobierno y movimientos indígena originario está dado en el fondo por estos proyectos de sociedad y su territorialidad política.

En el otro frente, los viejos grupos de poder empiezan a levantar la cabeza en dos sentidos. Uno, desde los agroindustriales y cívicos de Santa Cruz que hace poco emitían discursos recalcitrantemente racistas y regionalistas y dos, desde el sutil trabajo político partidista en búsqueda nuevamente de retornar al gobierno.

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Sin embargo, estos grupos tienen aseguradas sus grandes propiedades de tierras y sus empresas, porque el gobierno dio un giro de 180 grados para proteger dichas propiedades. Dado que en 2008 se pudo haber logrado un real trastrocamiento de la injusta tenencia de la tierra y territorio en Bolivia. En esa fecha, diversos movimientos sociales indígenas originarios campesinos habían decido como nunca antes cercar la ciudad de Santa Cruz para inflingir una de las grandes derrotas históricas de los grupos de poder del oriente boliviano. Y el gobierno de Evo Morales la contuvo.

Estos grupos ahora hablan de un eventual retorno al gobierno no de forma directa sino de manera indirecta por otros medios o partidos políticos. Ahora vienen desarrollando una actividad silenciosa con frentes internos propios y con frentes externos aliados, bajo dos ideas: uno el retorno al gobierno bajo alianza con grupos con cierto apoyo social y dos la idea de un país independiente, Santa Cruz. Sobre este último debemos saber que hay un libro publicado en 1935 bajo el título: Historia de Santa Cruz de la sierra, una nueva república en sud américa, escrito por Enrique de Gandia. En la introducción dice: “Este libro es la historia de una Nación cuya independencia será algún día una realidad. La nueva República que en un futuro próximo podrá contarse entre los demás Estados de la América del Sud, llámase Santa Cruz de la Sierra” (De Gandia, 1935: 1). Esta es la biblia política de aquellos grupos.

Por lo dicho arriba, estamos ante un nuevo reposicionamiento del proyecto total del país sustentada desde dos experiencias muy recientes. Una de ellas es el doloroso fraude histórico del MAS y la otra es la es derrota histórica de los grupos de poder criollo-mestizo. Ahí está nuevamente en debate la totalidad de lo político y social en Bolivia. Las grandes contradicciones estructurales e históricas no han sido

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resueltas, mas al contrario se re-actualizan. Muchos sectores se reposicionan ante este nuevo escenario

de modo diverso. Y lo indio o indígena originario nuevamente es el centro de este nuevo escenario sociopolítico. Ahí está la vitalidad intacta de la lucha social en Bolivia incluso ante los afanes de cooptación, clientelaje y corrupción del gobierno-Estado.

La pregunta histórica que ahora queda es ¿Cómo evitar no caer nuevamente en las manos de los viejos grupos de poder criollo-mestizo con rasgos profundamente racistas, colonialistas, anti-aymaras o anti-indias? Esto se convierte en una gran responsabilidad colectiva e histórica, teniendo el antecedente de que un ex dictador, como el fallecido Gral. Hugo Banzer Suárez (ADN, Acción democrática nacionalista) fue elegido presidente en 1997, de forma democrática, después de siete violentos años de dictadura militar.

El poder de Ellos y el poder de Nosotros

Detrás de toda esta descripción hay un debate de fondo teórico. La gente ha empezado a decir en Bolivia: “Hemos tomado el poder de Ellos: la forma liberal, la forma democrática liberal, la forma concentradora del poder, la forma estatal del poder, la forma partidaria del poder y estas son las consecuencias que estamos viviendo”. El poder de Ellos tiene la lógica de concentrar el poder, de manipular, de desorganizar la sociedad, de concentrar las decisiones en función de un grupo especializado, técnico y político en el gobierno. La gente está debatiendo esto afirmado que “eso no nos sirve, no basta”. Y lo que están planteando es tomar el poder de Nosotros. El poder de nosotros significaría: sistema de asambleas, sistema de rotaciones, sistema de las parcialidades, sistema de autogobiernos compartidos, sistema de lo que llamaríamos la diarquía del poder entre hombre y mujer. Esto además

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implicaría la reorganización territorial de la república. Esto último es planteado por el movimiento de CONAMAQ en base a la reconstitución de los ayllus y de sus autoridades, aquí se propone la desaparición de los departamentos, provincias, cantones y se vuelvan a reconstituir los antiguos territorios históricos dentro del actual contexto histórico y social. Esto nos permite hablar de otra cartografía del Estado, lo cual está ampliando un gran debate dentro la sociedad civil.

El tomar el poder de Nosotros significa: el poder de la gente que se sabe manejar en las movilizaciones, en las asambleas, en las comunidades, en los ayllus, en los barrios, que es otro hecho. Esto posiblemente sea en el fondo político un despertar de un nuevo escenario histórico. En Jach’a Carangas -región de los ayllus de ponchos verdes de la que yo provengo- han hecho una declaración plateando gráficamente lo que sigue: “No somos de la izquierda ni la derecha, somos otra cosa” (Comisión política, Jach’a Karangas, 2011), porque la izquierda produjo traiciones y es colonial y racista igual que la derecha. Además, se sostiene que se conoce a la derecha desde hace ciento ochenta y cuatro años y quinientos diecinueve años, y se sabe cuáles son sus formas políticas y no se quiere de ellos. Así ni uno ni el otro, sino otro hecho. Y otro hecho ¿qué es? El sistema originario, el sistema popular del gobierno, otra condición histórica, que es lo que en términos teóricos habría que trabajar con mayor profundidad, pero eso es lo que en Bolivia está surgiendo.

En la marcha de la CIDOB se planteó también esta idea, de que no somos ni la izquierda ni la derecha. Así, están surgiendo criticas muy fuertes, una crítica no solo a la izquierda boliviana en términos reales, sino también es una critica a la izquierda latinoamericana, que no suele entender las lógicas, la formas de vida, el razonamiento, la cosmogonía, el sistema político de gobierno de los pueblos negros, indios o

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mestizos que tienen otra matriz civilizatoria, a las que siempre quieren imponer formas eurocéntricas de la política, del poder del Estado.

En ese sentido, el poder de Ellos (el poder separado de la gente y donde se toman decisiones de forma liberal) y el poder de Nosotros (la forma en que el poder es deliberativo, el poder es compartido) es la matriz del debate.

Entonces quiero terminar diciendo que dentro de esto, está sin duda el debate y la crítica a la teoría de Álvaro García Linera que sostiene que se acabaron las grandes disputas estructurales políticas en Bolivia. No, al contrario continúan y se abren de manera más gráfica otros escenarios, por lo que creo que es importante pensar en esos escenarios históricos como el que nosotros estamos viviendo ahora, y que en otros países posiblemente se esté viviendo de otro modo. Aunque no es fácil debatir las cosas como se presentan, porque hay disputas internas en los movimientos indígenas originarios, pero es fundamentalísimo ampliar este debate.

Me habían dicho que Bolivia dejó de ser la esperanza del mundo, de Sudamérica. Diría más bien que sigue siendo la esperanza porque los aymaras o quechuas como los guaraníes siguen protagonizando luchas, movilizaciones y haciendo suya la historia y la lucha. En función de una lucha radical en algunos sentidos, en función a la lucha más o menos moderada en otros sentidos, pero la lucha continua y ahí esta Bolivia y ahí están los indígenas, los indios. Y así pues Bolivia es un escenario no solo de los bolivianos, de los aymaras o quechuas, sino que también implica un debate internacional de qué es lo que hay que hacer ante las formas políticas dominantes y las formas de gobierno llamados “progresistas” que frustran profundamente. En las Constituciones se reconoce a los pueblos indígenas en forma lirica y en los hechos se les desconoce o se los anula a largo o corto plazo. Y tenemos leyes que indican una cosa y la

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Constitución dice otra, entonces hay una gran contradicción entre lo que dice la Constitución y las formas procedimentales, las leyes y sus reglamentos.

Breves conclusiones

Desde el punto de vista de las luchas sociales indígenas originarias o campesinas y desde la academia, siempre hemos pensado trastocar el orden social dominante desde la visión económica (, pero muy poco se ha planteado hacer una revolución del poder. ¿Qué implica hacer una revolución del poder? Es trastrocar la lógica como forma de razonar el poder y la política y las relaciones sociales de mando y obediencia en tanto experiencia y realidad social. Si sólo planteamos luchar o hacer una revolución desde abajo sin trastrocar esa lógica no haremos una revolución del poder ni una revolución social. Si llegamos desde abajo al poder de arriba, estando allí, como le ocurre a Evo Morales, reproduciremos la vieja lógica y sistema de prácticas del poder dominante, aunque con sus complejidades y diferencias. Eso ocurrió con la revolución rusa de 1917 cuando, según Christian Rakovsky (1928) los revolucionarios de ayer pasaron a ser los nuevos dominantes incluso en contra de los revolucionarios de a pie.

El poder en sentido de mando-obediencia sin duda ofrece ventajas y privilegios y los hombres-mujeres siempre están tentados de acogerse y apropiarse de esas ventajas y de los crecientes privilegios de tipo cultural, económico y político. En Bolivia pasó esto con el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) en 1952-1962 además de que ellos o ellas venían a la revolución a construir una nueva elite mestiza. Tenían claro que venían hacer una revolución liberal y lo liberal es el extrañamiento de la política del sistema de gobierno compartido de la sociedad. Con esto incluso entramos a la ontología del poder, que nace con la lógica y su sistema de

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práctica del poder como dominación y actúa con ella incluso con un discurso revolucionario. En el caso del MNR, bajo el ideologuema de N-R (nacionalismo-revolucionario) y en el caso del MAS y Evo Morales, con lo nacional-indígena (N-I).

Es un espejismo de la revolución cuando en los hechos no es ninguna revolución. Es el remozamiento del poder anteriormente cuestionado duramente. Es la regeneración de la lógica del poder y de las relaciones sociales en tanto se mantiene la matriz de la lógica del poder liberal y colonial que se cuestiona en el discurso. En ese marco tiene sentido hablar de la revolución de Nosotros o el poder de Nosotros. Y aquí vale pregunta, ¿Por qué pensar fuera de los marcos de interpretación e identidad de izquierda y derecha? (Mamani, 2011).

Si sabemos desde nuestra experiencia social e histórica que tomar el poder por el poder no cambia el sentido del poder cuestionado, entonces caemos en lo que criticamos y luchamos incluso dando nuestra vida por ella. ¿Qué sentido tendrá morir a nombre de la revolución cuando en el fondo no se va cambiar el poder como dominación? Decir de este modo es trágico, tan trágico que ni siquiera es una idea, sino una realidad.

La revolución de Nosotros sería el otro poder. Y el otro poder es otro sistema social fundado en la lógica y experiencia social de compartir el poder, el sistema rotativo y turnativo bajo una compleja relacionalidad del poder que no es solo mando y obediencia . Una relación social de mandar y a la vez de obedecer.. Además de ser un cambio de una totalidad social por otra totalidad social

En ello el poder de Nosotros contiene o mejor confronta realmente al poder vertical y liberal del poder de Ellos. Ahora ¿quiénes son o somos esos Nosotros? Es una pregunta para reflexionar en otro momento. Lo importante será decir que en Bolivia volvimos a vivir otro y un nuevo escenario sociopolítico

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ante el gran fraude histórico que propicia el MAS, igual o peor que el MNR de 1952. Pero a la vez hay que decir que la fuerza de la lucha social está aún intacta.

Bibliografía

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2011 “Gobierno llama a la cumbre social para diciembre; el empresariado aún no ha recibido invitación. Agenda. Al menos 10 puntos serán parte del debate político y económico” (http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.la-razon.com, 24/11/2011).

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2011 “Presidente reactiva debate de carretera por el TIPNIS”, http://www.eldiario.net/, 25/11/2011).

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Mamani R. Pablo.2011 “Por qué pensar fuera de los marcos de izquierda y

derecha? Reflexión critica desde Qullasuyu/Bolivia” en Raquel Gutiérrez (editora), Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo, México. D.F.: Pez en el árbol.

Rakovsky, Christian

1928 Los peligros profesionales del poder, Astrakán, 6 de agosto de 1928. Jach’a Karangas,

2011 Comisión política, cuidad de Oruro de 2011.

Segunda Parte

Manifiesto Junio 22

Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo1

1 Documento publicado el 22 de junio de 2011

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Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo

Hermanos y Hermanas:

Quienes firmamos este manifiesto no nos atribuimos representación alguna. Simplemente asumimos la obligación moral de dar nuestra palabra honesta y comprometida frente a los difíciles momentos que vive nuestro país, identificándonos con lo que sienten y piensan muchas bolivianas y bolivianos.

Cuando en el año 2000 los bolivianos y bolivianas rompimos con las formas de hacer política y economía a las que nos habían condenado todos los gobiernos, despojándonos casi de todo lo material y espiritual, decidimos ponernos de pie y cambiar las cosas por nosotros mismos. Así, derrotamos al enemigo común de nuestro pueblo y de otros pueblos como el nuestro: el Estado colonial, los malos gobiernos, los organismos financieros, como el FMI y el BM, las transnacionales, las oligarquías, los partidos políticos y los aparatos represivos.

Nuestras armas fueron las piedras y los palos, pero, ante todo, la capacidad de indignación y lucha, recuperadas ante el desprecio con el que se nos gobernó y oprimió, siempre en nuestro propio nombre y en el ajeno beneficio de las élites privilegiadas y el capital transnacional. Nuestra forma fue la movilización, por eso respondemos a los movimientos sociales y a las naciones y pueblos indígenas y originarios. Practicamos esa democracia que siempre hemos querido: la directa, la participativa, sin intermediarios, en asambleas y cabildos, en las plazas, las calles, los sindicatos, las comunidades, los ayllus y los territorios, deliberando, decidiendo y ejecutando lo que decidíamos. Cambiamos el rumbo del despojo de nuestros bienes comunes y de nuestro patrimonio nacional construido por las generaciones de nuestros padres y abuelos, madres

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Por la recuperación del proceso de cambio

y abuelas, y decidimos, como en el 2000, 2003 y 2005, que el destino de éstos debería ser el bienestar, la dignidad y la libertad de los que habitamos en este territorio, sin exclusión ni discriminación. Derrotamos al proyecto neoliberal, a la política partidaria excluyente, circense, mercantilista y corrupta, y le devolvimos el sentido ético a lo político, entendiéndolo como la capacidad colectiva de construir un destino común.

Fue así como la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad, los y las ciudadanas, con su lucha y su esperanza, y desde sus comunidades y organizaciones de base, abrió el proceso de cambio, dándole la finalidad de transformar profundamente la injusta realidad que ha imperado siempre y de construir un nuevo Estado y una nueva sociedad, donde todas las personas convivan en equidad, justicia y fraternal armonía, entre sí y con la gran comunidad de vida que expresa nuestra Madre Tierra.

Hoy, en el año 2011, al quinto año de gobierno del Presidente Evo Morales, todos y todas nos preguntamos: ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación y el futuro del proceso de cambio que hemos abierto entre todos y en el que hemos depositado nuestras esperanzas de un mejor futuro colectivo?

En lo económico

Hoy la gran mayoría de nuestro pueblo se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, precariedad y angustia en la que estuvo siempre. Pareciera que los que más mejoraron son los que siempre estuvieron bien: los banqueros, las transnacionales petroleras y mineras, los contrabandistas y los narcotraficantes. El gasolinazo del 26 de diciembre ha evidenciado que la gestión económica de este Gobierno se dirige a reproducir y restaurar las viejas estructuras que

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mantuvieron históricamente al país en la pobreza y la opresión, y no a la construcción de otras nuevas, justas y liberadoras, como es el mandato del pueblo boliviano.

A 5 años de la nacionalización, las transnacionales siguen en poder de nuestros campos hidrocarburíferos.

La nacionalización decretada el 1 de mayo de 2006, para hacerse real y efectiva, tendría que haberse consumado en una rápida secuencia de acciones centradas en la reapropiación material de los hidrocarburos, en toda la cadena productiva, por parte del Estado boliviano expresado en YPFB. Sin embargo, hasta la fecha, ese proceso se ha reducido a la sola recuperación de los sectores secundarios del transporte y la refinación. A cinco años de su refundación, YPFB no opera, salvo alguna posible excepción irrelevante, ningún campo hidrocarburífero en producción, y no muestra la voluntad de imponer su estrategia ni hacer prevalecer los intereses nacionales frente a las empresas contratistas, como correspondería en ejercicio del inalienable derecho propietario del Estado boliviano, honrando el discurso de “socios no patrones”. La inconsecuencia con el interés nacional ha llegado a la inconcebible situación de adquirirse, a alto precio, la mayoría accionaria en determinada empresa hidrocarburífera, para luego ceder a la socia transnacional la condición de operadora y, consiguientemente, el dominio efectivo del proceso productivo.

Las transnacionales petroleras, supuestamente nacionalizadas, se han beneficiado de injustas y leoninas indemnizaciones cargadas a YPFB. Así ocurrió, por ejemplo, con Transredes, que fue indemnizada con alrededor de 241 millones de dólares, aunque delinquió y causó grave daño económico al Estado boliviano en los años anteriores, o con las indemnizaciones por inversiones financiadas con deudas

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asumidas por YPFB. A otras, YPFB les está devolviendo el costo, globalmente establecido en 1.500 millones de dólares, de inversiones pasadas que permanecen en su poder y beneficio. A todas las empresas contratistas, YPFB les devuelve por concepto de costos recuperables grandes cantidades de dinero que solo el año 2010 llegaron a 640 millones de dólares, siendo que este concepto, por su especial amplitud y ambigüedad, puede aplicarse a una gran variedad de situaciones, muchas de ellas carentes de legitimidad y efectivo control por parte de YPFB. Las transnacionales se benefician también con la injusta devolución del impuesto a las transacciones (IT), a pesar de que este impuesto recae en última instancia en los consumidores. Por último, algunas de estas empresas, como en el caso de PETROBRAS, han venido siendo ilegítimamente favorecidas con la exportación de gas boliviano de un alto valor energético asociado que no se reconoce en su precio de compra.

No obstante todos los injustos privilegios de los que siguen gozando, y del dominio efectivo del proceso productivo que conservan, a cinco años de la nacionalización, las transnacionales petroleras solo aportaron 1.528 millones de dólares (regalías e IDH) el año 2010. Pero, si restamos los 640 millones de dólares que las petroleras exigen que YPFB les pague por costos recuperable del mismo año, resulta que su contribución efectiva se reduce a 888 millones de dólares, mientras que los otros empresarios aportaron por impuestos a las utilidades 857 millones de dólares el mismo año. Es decir, todos los empresarios contribuyeron con 1.746 millones de dólares el año 2010. Entre tanto, los consumidores y ciudadanos, el pueblo, aportó por una serie de impuestos, sin incluir el de las propiedades, alrededor de 2.300 millones de dólares en el año 2010. En otras palabras, el pueblo contribuye con montos mayores a los de los empresarios para sostener al Estado.

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En contraste, YPFB sufre la descapitalización constante, pues debe hacerse cargo del pago de las indemnizaciones y de la devolución de los costos recuperables, las inversiones y el impuesto a las transacciones a las transnacionales. Asimismo, se ha cargado a la débil economía de la empresa el pago de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy y de la Renta dignidad. Al mismo tiempo, YPFB sufre una grave incapacidad operativa. Así se reveló cuando, en una relativa compensación a su descapitalización permanente, se le destinó 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales, y en dos años no tuvo la capacidad de invertirlos ni siquiera en una pequeña proporción.

Mientras el poder de las transnacionales petroleras se ha reestructurado con rostro remozado y conserva lo principal de su dominio sobre los hidrocarburos bolivianos, YPFB se ha refundado aplastada por el peso de las deudas y los bonos, por una abrumadora incapacidad de gestión y por un manejo clientelar que en el pasado produjo su ruina. Por eso, a cinco años de su refundación, es una empresa débil y marginal en el proceso productivo de los hidrocarburos, no ha superado de manera efectiva y esencial la condición residual a la que la condenó el neoliberalismo, y no es capaz de desarrollar una estrategia empresarial que permita la efectiva reapropiación nacional de los hidrocarburos.

Bolivia financia al capital financiero transnacional con sus reservas internacionales.

Como demostración de la buena salud de la economía nacional y del éxito de sus políticas económicas, el Gobierno de Evo Morales propagandiza la existencia de reservas internacionales que expresan el ahorro del país y que a la fecha tienen la dimensión nunca antes alcanzada de 10.700

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millones de dólares. Sin embargo, el beneficio que el país, y particularmente sus sectores sociales mayoritarios, obtiene de dichas reservas es escaso y dudoso, mientras es evidente y destacado el obtenido por el capital financiero transnacional.

En efecto, se ha destinado una parte importante de las reservas a la compra de bonos de bancos y gobiernos extranjeros, como el de EEUU y Portugal. Solo el primer semestre del año 2010, Bolivia invirtió 734 millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a un interés promedio del 2%. Con lo que resulta que el Gobierno, pretendidamente antiimperialista de Bolivia, financia con el sacrificado ahorro interno del país, al mismísimo tesoro del imperio.

Asimismo, el Gobierno de Bolivia, durante el primer semestre de 2010, compró bonos del Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria de España por un valor de 1.290 millones de dólares. En este caso, la inversión boliviana tiene la extraordinariamente baja tasa de interés de alrededor de 0,25 %, mientras los créditos concesionales que recibe el país del Banco Mundial tienen tasas de interés del 0,50%, de 2,5% los otorgados por la Corporación Andina de Fomento, y de 2%, los créditos solidarios de Venezuela. Es decir, el Gobierno de Evo Morales emplea el ahorro del pueblo boliviano en otorgar créditos concesionales a la banca transnacional, con intereses 8 veces menores a los de los créditos solidarios que Venezuela brinda a Bolivia. El “anticapitalista” y “antiimperialista” Gobierno de Evo Morales es mucho más generoso y solidario con la banca transnacional, núcleo duro y agresivo del capital mundial, de lo que el Presidente Hugo Chávez lo es con Bolivia. Por otra parte, al considerar la importancia y disponibilidad de las reservas internacionales, se debe tener en cuenta que cerca de 4 mil millones de dólares de las mismas deben destinarse a respaldar las importaciones bolivianas del extranjero, y, asimismo, que su cuantía debe cotejarse con la

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de la deuda externa que, al presente, se halla alrededor de los 3.000 millones de dólares.

En suma, bajo un altisonante discurso anticapitalista y antiimperialista, el Gobierno de Evo Morales ha financiado a países ricos y a la banca transnacional con más de 2.500 millones de dólares del sacrificado ahorro nacional de uno de los países más pobres del continente, otorgados a bajísimos intereses solidarios. Al mismo tiempo, han sido insignificantes y absolutamente insuficientes los recursos públicos invertidos en los sectores productivos del país, no obstante que entre ellos existen muchos emprendimientos que redituarían mucho más que los míseros intereses que paga el Tesoro de EEUU o el banco Bilbao Vizcaya. Ante la escasa inversión pública para el desarrollo productivo general del país, se han perdido importantes oportunidades para diversificar la economía con sustento productivo, buscar la autosuficiencia, la soberanía alimentaria y disminuir la dependencia tecnológica, o reconstruir y fortalecer efectivamente las empresas estratégicas del país. Aún más grave y frustrante para el proceso de cambio, se ha defeccionado así del propósito revolucionario de construir y desarrollar el sector social y comunitario de la economía, programáticamente constituido en el eje de un nuevo modelo económico de auténtica equidad y amplia inclusión social, que conduciría a la nueva sociedad que anhelan los bolivianos y bolivianas.

Lo anterior, nos ha impedido salir del modelo extractivista al que hemos estado históricamente condenados por el colonialismo y la colonialidad. Más bien, se ha reforzado su persistencia robusteciendo las cadenas de nuestra dependencia respecto del centro del sistema capitalista mundial, supeditándonos a la división del trabajo y a los condicionamientos del mercado internacional, transfiriendo nuestros recursos naturales y valores y des-acumulándonos

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en aras de la acumulación del capital transnacional. Por el contrario, de lo que se trata, de acuerdo con el horizonte establecido por la nueva Constitución y abriendo las rutas de una transición transformadora y emancipadora, es de salir del modelo extractivista y de la dependencia y construir un modelo productivo generador de nuevas relaciones sociales de producción basadas en la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad. Un nuevo modelo socioeconómico que, en el marco de una economía plural, integrada, articulada y complementaria, nos conduzca a la sociedad del vivir bien y a la construcción de otro mundo.

Más deuda para cargarla sobre los hombros de los bolivianos

Dado que al Estado no le alcanzan sus ingresos, como lo muestra el déficit fiscal en el que se ha caído, debido a su política rentista, de crecimiento burocrático y grandes concesiones a las transnacionales, el Gobierno ha venido acrecentando la deuda pública aceleradamente. Solo en el año 2011, los créditos de agencias multilaterales y de otros países significaron alrededor de 1.500 millones de dólares de endeudamiento neto nuevo. Así, a fines del 2010, la deuda externa se acercaba a los 3.000 millones de dólares. El otro componente de financiamiento del Estado, la deuda interna, también ha experimentado un gran crecimiento, superando los 4.500 millones de dólares en 2010. En suma, la deuda del Estado boliviano ha superado ya, al presente, los 7.500 millones de dólares.

Pero para el Gobierno, este gigantesco endeudamiento parece no ser suficiente ni representar problema alguno, pues ha decidido endeudarse mucho más. Para ello, el ministro de economía ha anunciado que se emitirán bonos del Gobierno de Bolivia por un monto de 5.000 millones de dólares para ofertarlos en el mercado internacional solo durante el año

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2011. Continuar con dicha política es un grave atentado para la economía nacional. Si se materializan las nuevas proyecciones de endeudamiento, los bolivianos no podremos terminar de pagar semejante deuda, cuyo peso asfixiará y aplastará, como ha sido la dolorosa experiencia de todo el continente con la deuda externa, todas nuestras iniciativas y esfuerzos de desarrollo soberano.

El gobierno pretende obtener nuevos ingresos a costa de los humildes, tal y como razonaron y actuaron los neoliberales del pasado. Es por ello que se han detectado recursos en los seguros de los trabajadores y se pretende utilizarlos contra la voluntad de sus titulares y sin respetar sus derechos ni la autonomía de sus instituciones. De igual modo, en el proyecto borrador de la Nueva Ley de Hidrocarburos 2011, se formula una serie de tasas sobre ventas brutas y otras que inevitablemente se descargarán sobre la población que ya ha visto sus ingresos reducidos por la inflación. Es la sombra de un nuevo gasolinazo, mucho más disimulado, que se cierne sobre la cabeza del pueblo boliviano.

En lo político

También el ámbito político, el de la construcción de la democracia participativa, ha sido escenario de grandes capitulaciones gubernamentales y, consiguientemente, profundas frustraciones para la marcha del proceso de cambio.

El soberano mandato del pueblo boliviano, claramente expresado en la nueva CPE, establece el imperativo supremo de construir el Estado Plurinacional Comunitario, concebido como la integración emancipadora de la sociedad boliviana, que amplía y profundiza la democracia mediante sus formas directas y comunitarias, y el autogobierno local y étnico expresado en las autonomías indígena, departamental,

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municipal y regional. El Estado Plurinacional Comunitario, en ningún caso, puede suponer la conculcación de la tradicional democracia representativa, sino su profundización y complementación histórica, dando al conjunto de la sociedad más derechos, garantías, libertad y, sobre todo, participación en las decisiones públicas, en síntesis, más democracia. Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales ha tomado una inocultable opción antidemocrática; ha violado reiteradamente la nueva CPE, recién aprobada por la esperanzada voluntad de transformación democrática del pueblo boliviano, y ha cancelado la auténtica construcción del Estado Plurinacional.

Se han violado principios de la democracia

Las graves agresiones a la democracia y violaciones a la nueva CPE empezaron con la transgresión al elemental principio democrático de la independencia de poderes que se produjo cuando el Órgano Ejecutivo, con la complacencia servil de la Asamblea Legislativa, nombró vertical y arbitrariamente a las principales autoridades del Órgano Judicial. La subordinación de la administración de justicia a la voluntad del gobierno central, que por sí solo revela este acto, ha generado justificadas dudas en la ciudadanía sobre la transparencia y legitimidad que se dará a la elección de los magistrados por voto universal, de acuerdo con la norma constitucional, más aún, cuando dicha subordinación tiene una larga y vergonzosa confirmación en las múltiples y subrepticias acciones con las que el Gobierno ha instrumentado a distintas instituciones públicas relacionadas con la administración de justicia para eliminar o reprimir la oposición y la disidencia política. Más allá de su profundo sentido autoritario, esta sostenida actitud ha tenido un particular impacto exculpatorio de los verdaderos corruptos de la partidocracia tradicional, al mezclarlos, bajo

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el mismo tratamiento arbitrario, con quienes son víctimas de la injusta represión política judicial, convirtiéndolos también en víctimas. Por lo demás, la forzada celeridad y debilidad de fundamentos con los que se enjuician y destituyen a opositores contrasta con la indulgente lentitud e inoperancia frente a la creciente corrupción de los oficialistas.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Evo Morales ha dado un fuerte giro autoritario frente al conjunto de la sociedad. Así, mientras se proclama gobernar obedeciendo, se lo hace, en realidad, desde una estrecha concentración del poder y las decisiones sobre el futuro colectivo. Por eso, se han evitado o eliminado todos los espacios que permitirían la efectiva participación social en la conducción del proceso o se los ha reducido a insignificantes simulacros protocolares. A las legítimas demandas y movilizaciones con las que los sectores populares ejercen sus derechos y defienden sus intereses, se ha venido respondiendo con la descalificación calumniosa, la intimidación sistemática o la represión violenta y brutal. Esto ha sido particularmente evidente en el campo del trabajo asalariado, donde la lucha de los trabajadores contra las condiciones de precarización que sufren y el desconocimiento de sus derechos sociales viene siendo respondida desde el Gobierno con la calumnia, la intimidación y la represión. El Gobierno de Evo Morales ha envuelto su gestión y sus actos en una densa intransparencia que la hace inaccesible al conocimiento y control de la ciudadanía, reduciendo la divulgación de la gestión pública al mediocre ejercicio propagandístico.

Por último, las conductas autoritarias y represivas en el Gobierno se combinan con la reproducción de las antiguas prácticas de prebendalismo y distribución corporativa de la administración pública que caracterizaron al Estado oligárquico y colonial, degradando la función pública y sometiendo a las organizaciones populares al envilecimiento de la servidumbre

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política. Hoy, como en los tristes tiempos de la decadencia de la Revolución del 52 y del pacto militar-campesino, hay una dirigencia social siempre lista para enfrentarse agresivamente, y sin más argumento que su obsecuencia oficialista, a las protestas obreras, las marchas indígenas y cualquier otra manifestación de disconformidad de los sectores populares.

Se ha abandonado la construcción del estado plurinacional

Pero si principios e instituciones fundamentales de la democracia representativa han sido trasgredidos o avasallados, la constitución concreta de las nuevas instituciones públicas, en las que debe adquirir vigencia real el Estado Plurinacional Comunitario, ha sido obstruida, distorsionada, postergada o abandonada por la acción u omisión del Gobierno. Así, las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin consulta con los pueblos indígenas y originarios, han desconocido la letra y el espíritu de la nueva Constitución y han herido de muerte el proyecto del Estado Plurinacional Comunitario.

Para empezar, en la Ley de Régimen Electoral se ha violado flagrantemente el derecho constitucional de los pueblos indígenas a la representación política directa, menoscabando profundamente el carácter plurinacional de la Asamblea Legislativa, al establecer un número de circunscripciones especiales indígenas que priva de posibilidades reales de representación política directa a varios pueblos indígenas del territorio nacional, y niega toda posibilidad de ello a los pueblos indígenas de Chuquisaca. En el mismo sentido, en la Ley de Autonomías y Descentralización, se han establecido, para la constitución y funcionamiento de las autonomías indígenas, normas obstructivas que desconocen, en este ámbito socio-cultural eminentemente comunitario, las prácticas de la democracia comunitaria constitucionalmente reconocida,

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además de desconocerse la pre-existencia de los pueblos indígenas y originarios a la Colonia y la República, como estipula el artículo 2 de la nueva Constitución. Asimismo, la reforma del sistema educativo, ámbito fundamental para la emancipación cultural y la construcción de un sentido de ciudadanía plurinacional, no solo que no es objeto de ningún avance real y práctico, sino que experimenta sensibles retrocesos en los modestos logros de años anteriores. Por último, la Ley de Deslinde Jurisdiccional es colonial y racista porque limita la jurisdicción indígena originaria campesina a una especia de minoría de edad, al igual que en la Colonia, contradiciendo la administración de justicia propia según la nueva Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas.

Se ha dañado y agredido a la madre tierra

El Gobierno de Evo Morales, que en los foros internacionales se sitúa a la vanguardia discursiva de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, ha favorecido los graves alcances destructivos y depredadores del modelo extractivista. Estos irradian la destrucción de la naturaleza al campo social, destruyendo las capacidades de convivencia y cohesión, al cultural, socavando las redes y valores simbólicos, y al ético, empujando a la gente al abismo de la decadencia moral. En este sentido, como ningún gobierno del pasado reciente, ha asumido en su totalidad el diseño subimperial del capitalismo brasileño para implementar megaproyectos de infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales. Estos proyectos además implican, primero, alto endeudamiento externo con la consiguiente pérdida de soberanía y, luego, graves e irreparables daños al ecosistema y al ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y originarios.

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En este afán, el Gobierno ha venido violando reiteradamente el derecho a la consulta previa e informada que la nueva Constitución ha establecido en favor de los pueblos indígenas y originarios cuando se pretende ocupar o afectar su territorio con obras o actividades de distinta naturaleza, como es el caso dramático de la carretera que se pretende construir, con capital y empresa brasileños, en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, sin la previa e informada consulta a las comunidades indígenas que lo habitan ancestralmente y que son su legal y legítimo propietario. En la misma dirección, el gobierno impulsa la legalización de los productos transgénicos, manipulados y comercializados bajo el control monopólico de ocho transnacionales, que atentan contra la diversidad y los ciclos de la vida, y la integralidad complementaria de los seres vivientes, sometiendo a las comunidades campesinas e indígenas, a los productores agrarios y a los consumidores a la absoluta dependencia de los circuitos de ganancia de las transnacionales que, de este modo, se hacen dueñas de la reproducción de la vida para mercantilizarla.

En el derrotero de la Guerra del Agua, de la marcha indígena por la Asamblea Constituyente, de las incontables movilizaciones campesinas e indígenas por tierra y territorio, de las victoriosas insurrecciones populares de abril y septiembre del 2000, octubre del 2003 y mayo y junio del 2005, y de todas las gestas combativas del pueblo boliviano, convocamos a todos los bolivianos y bolivianas a recuperar el proceso de cambio para el pueblo, y a construir, con su capacidad colectiva creadora, un destino común de justicia, libertad y dignidad. En esa perspectiva, proponemos la apertura inmediata de espacios deliberativos de amplia concurrencia, en los que, los que queremos recuperar y reconducir el proceso de cambio, evaluemos honesta y profundamente la situación del país y construyamos, colectiva y democráticamente, las propuestas y alternativas que nos conduzcan a conquistar el mañana soñado.

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Alejandro AlmarazRoberto FernándezOscar Olivera ForondaGustavo SotoAniceto HinojosaMarcela Olivera ForondaVíctor Hugo SainzFreddy VillagómezLeonardo TamburiniFernando MachicadoHugo Siles AlvaradoMaría Eugenia Flores CastroCamila Olivera Rodríguez Gastón ZeballosJuan José Olivera RodríguezTeresa Polo NájeraRamiro Becerra MárquezPablo Mamani Moisés Torres

Mario LauraGustavo GuzmánRaul PradaRafael QuispeErnesto SánchezOscar VegaJorge KomadinaAna María BravoZenobia TocojoriPablo RegalskyJulia ChambiMarcelo Delgadillo Jorge CostasEliana QuiñonesGabriel RodríguezLuis HuancaYajaira San MartinMarcelo RojasRaquel Gutiérrez

Firmantes

La MAScarada Del Poder

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