La palabra empeñada

palabrala

empeada

EDICIN Y COORDINACIN

Adriana Amado

PRLOGO

Omar Rincn

ARTCULOS

Emelina AlonsoNatalia ArugueteMnica BaumgratzGuillermo Mastrini Eleonora Rabinovich

APORTES

Eduardo AnguitaRodolfo BarrosGustavo BullaOscar FloresNorma MorandiniManuel Mora y AraujoPablo SecchiPablo Sirvn

ASISTENCIA

Marina DragonettiNicols Rotelli

www.c3fes.net

Centro de Competencia en Comunicacinpara Amrica Latina C3 de la Friedrich EbertStiftungTel. (57 1) 345 98 83Fax (57 1) 347 16 25Calle 71 No. 11 - 90Bogot - [email protected]

Foto de tapa: www.prensa.argentina.ar

Diseo de tapa | m&s

Diseo interior - Diagramacin | m&s

ISBN 978-987-20736-6-4

Hecho el depsito que marca la Ley 11.723Impreso en Argentina / Printed in Argentine

Este texto puede ser reproducido con previaautorizacin con un objetivo educativo y sinnimo de lucro.

La palabra empeada : investigaciones sobre medios y comunicacion publica en la Argentina / coordinado por Adriana Amado Surez. - 1a ed. - Buenos Aires : Fundacin Friedrich Ebert, 2010.200 p. ; 23x16 cm.

ISBN 978-987-20736-6-4

1. Investigacin Periodstica. I. Amado Surez, Adriana, coord.CDD 070.4

Dedicatoria

A los periodistas y comunicadores que creen en la responsabilidad ciudadanade su profesin, y trabajan para honrarla cualquiera sea el lugar donde les toqueejercer la palabra.

A los funcionarios que entienden que la informacin es antes un derecho dela ciudadana que una prerrogativa de su cargo.

A los ciudadanos que asumen el compromiso de fortalecer cada da su de-recho a la comunicacin para elegir con responsabilidad sus medios y sus go-bernantes.

A todos los periodistas, funcionarios y ciudadanos, que siempre pueden com-prometerse con el derecho ciudadano a la comunicacin.

Agradecimientos

En lnea con el espritu colaborativo de esta obra, la lista de agradecimientoses larga. Y no slo es necesaria como reconocimiento a los aportes que la hicieronposible, sino que debera servir de inspiracin para futuras investigaciones, porquedemuestra que es posible el trabajo mancomunado alrededor de un objetivo tanciudadano como el derecho a la comunicacin.

A Omar Rincn, del Centro del Competencia en Comunicacin de la FriedrichEbert Stiftung que desde el primer momento comparti el entusiasmo por replicarla experiencia de Ecuador en Argentina y armar as el mapa de la palabra en Lati-noamrica. A los colegas de Fundamedios, por servir de fuente de inspiracin. Y ala Fundacin Ebert por apoyar la edicin.

A Silvia Quel de La Cruja, por su compromiso personal con este proyecto yla calidez de siempre.

A cada una de las personas que configuran el ndice de esta publicacin, uninmenso agradecimiento por empear su palabra. A las organizaciones ADC, Fopeay Poder Ciudadano, que de inmediato aceptaron la invitacin a compartir sus in-vestigaciones. A los periodistas que sumaron desinteresadamente las reflexionesque enriquecen los captulos. A los destacados acadmicos que se hicieron unlugar en sus obligaciones para aportar tan valiosas contribuciones.

A quienes han facilitado datos imprescindibles para ilustrar los avatares de lapalabra. A Dardo Fernndez y Alejandro Rodrguez Diez, de Diarios sobre diarios porla valiosa informacin que comparten siempre. A Santiago Rossi, de Ipsos/Mora yAraujo, por mantener activo el intercambio de ideas. A Carolina Rodrguez de Te-levision.com.ar, a Roberto Moreyra del IVC y a todas las fuentes que citamos, porhacer circular la informacin. Un reconocimiento espacial a Martn Strah, GustavoBulla y Graciana Peafort del Afsca.

A los comunicadores Marina Dragonetti y Nicols Rotelli, muchas gracias porsu siempre dispuesta colaboracin, cualquiera fuera la peregrina idea que apare-ciera. A los profesores Maximiliano Bongiovanni y a Christian Gauna por la cola-boracin en la ctedra de la Universidad Nacional de La Matanza que permitidedicarle tiempo a la escritura.

Es un inmenso honor para m haber coordinado tanto talento aplicado al tra-bajo y haber comprobado que somos muchos los que tenemos un firme compro-miso con la libertad de la palabra en Argentina. Gracias a todos por este privilegio.

PrefacioAdriana Amado

Este trabajo retoma y contina la iniciativa de los colegas de Fundamedios,que desarrollaron un completo panorama del periodismo en Ecuador en La palabrarota. Su editor, Csar Ricaute, plante que los periodistas ecuatorianos habanperdido el contrato y el contacto con una sociedad que haba cambiado sustan-cialmente en pocos aos y que una forma de reflexionar sobre la tarea de informarera aportar datos para explorar nuevos caminos para hacer mejores medios y me-jores periodistas.

No podemos menos que suscribir esas palabras con el espritu de aportardesde Argentina otro fotograma que nos permita ir armando la pelcula que dcuenta de la libertad de expresin de Latinoamrica. Creemos que compartir eltrabajo que periodistas e investigadores vienen desarrollando en los ltimos tiem-pos en el pas y sumarlo a la iniciativa ecuatoriana, nos permitir ir configurandoun mapa con las palabras de cada territorio.

En Argentina, el adjetivo que mejor describe la situacin de la palabra es em-peada. Los varios sentidos de esta expresin permiten mostrar la complejidad dela situacin de medios, periodistas, poder y opinin pblica. En nuestro pas, lapalabra est empeada porque muchos actores la comprometieron con la ciuda-dana a travs de una ley para los medios audiovisuales que la obliga a cumplir conexpectativas de pluralismo y equidad de muchos apoyaron esa iniciativa. Tambinsigue empeada en conseguir una ley que permita el acceso a la informacin paratodos los ciudadanos y otra que regule la asignacin de fondos pblicos a la pu-blicidad oficial, y pueda por fin liberarse de la trama de dineros e intereses que aveces la dejan embargada en intermediarios que no siempre tienen como principalobjetivo la informacin pblica. Pero sobre todo, porque a pesar de los intereses,

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las presiones, los voluntarismos, las limitaciones, la palabra sigue, obstinada, per-severante, empeada en procurarse su irrenunciable libertad.

Este libro se ocupar principalmente de la comunicacin pblica del gobiernonacional, sin desconocer por ello que las cuestiones que se plantean merecentambin un estudio en distintos mbitos en que se expresan gobierno, medios yciudadana. La disponibilidad de estudios que se han desarrollado sobre la comu-nicacin a nivel nacional fue determinante para elegir este mbito y as brindarun panorama desde la complejidad y profundidad con la que queramos abordaresta problemtica. Esperamos que sirva de invitacin para profundizar con nuevosestudios esta reflexin sobre la comunicacin nacional y para replicarla a los m-bitos provinciales y locales, porque as como este libro pretende aportar un frag-mento al mosaico de la comunicacin del continente, cada espacio pblico esnecesario para configurar el panorama nacional. Este trabajo habra cumplido suobjetivo si sirve de inspiracin a algn ciudadano para empezar a indagar sobrelas condiciones en que se desarrolla la comunicacin de la cosa pblica y paraasumirla como un derecho humano fundamental.

PrlogoLa obsesin porque nos amen: crisis del periodismo/xitos de los telepresidentesOmar Rincn (C3 FES)

Para comprender la poltica antes acudamos a las teoras de la argumentacin,la retrica y la democracia, ahora tenemos que ir a la comunicacin. Y requerimosuna comunicacin de la urgencia porque tenemos que comprender y explicar loque est pasando: presidentes absolutamente exitosos en las encuestas de popu-laridad (CID Gallup); una democracia que acta como estrategia exitosa de mo-vilidad social tanto que tenemos presidentes negros, indgenas, guerrilleros, sin-dicalistas, curas, periodistas, campesinos, mujeres, militares; una poltica con mspueblo pero menos democracia (Rincn, 2008).

La obsesin por la meditica del poder

Y cuando practicamos esta comunicacin de la urgencia (Rincn, 2010) en-contramos que cada vez tenemos ms presidencialismo y menos Estado; que asis-timos al gobierno comunicador obsesionado por lo meditico como estrategia po-ltica para dominar el mercado de la opinin pblica, y que por eso asistimos a unabatalla comunicativa por el relato de la historia y por la hegemona poltica. Go-bernar es, entonces, ganar la batalla de la informacin y para hacerlo las tcticasgubernamentales son mltiples y complementarias: (i) los presidentes devienenperiodistas, (ii) los presidentes no responden preguntas pero acusan y critican a


los periodistas, (iii) la hiperprofesionalizacin periodstica del gobierno paradominar la agenda, (iv) el monitoreo de medios para ejercer control de contenidos,(v) las estrategias de propaganda con altos gastos en publicidad, (vi) el uso de lapublicidad oficial para premiar y castigar, (vii) la creacin de un sistema guberna-mental de medios, (viii) la cooptacin de las redes de comunicadores populares,(ix) la judicializacin del oficio de informar, (x) la legislacin de medios.

El resultado: toda la sociedad est hablando de medios (y eso es muy bueno);la mediatizacin de la poltica y el gobierno (lo cual es el aire de nuestro tiempo);la produccin de presidentes hipermediticos que son ms entretenedores que es-tadistas, celebrities que polticos, que se estn acostumbrando al decir impunecomo explica Adriana Amado, y que estn creando un nuevo formato televisivo lla-mado gobernar-en-pantalla como un gesto o simulacro de transparencia y de estarcon el pueblo. Retomando al Clinton de los 90, es la comunicacin estpido! loque habra que decir hoy para gobernar y hacer poltica.

Aqu es bueno recordar que la poltica siempre ha sido comunicacin, entre-tenimiento, espectculo; lo cual no significa despolitizacin, sino la reinvencin dela poltica: al comienzo del siglo XX fue lo escrito/prensa, luego lo oral/radial, mstarde la apariencia/tv, comenz el siglo XXI con emocin colectiva/encuesta, ha-bitamos al entretenedor/celebrity, vamos para el conectado/web pero como nobasta con comunicacin/entretenimiento/espectculo siempre se ha requerido laclientela poltica y/o la base social.

Ante este panorama de toma comunicativa de la poltica y de la democraciadesde el gobierno, los medios de comunicacin han reaccionado como empresasque no quieren perder su incidencia en la toma de decisiones y se han credo queson los hroes de la justicia y la ciudadana; as se han convertido en actores po-lticos que defienden la sociedad de mercado liberal y que representan interesespropiamente de derecha. Su lugar de lucha: la libertad de expresin y de informa-cin. Su programa: La mejor ley es la no ley y la mejor poltica de comunicacines la que no existe. Y lo paradjico es que los periodistas nos hemos convertidoen activistas que defendemos a los medios, o mejor a sus dueos.

La paradoja es que nunca la comunicacin y los medios fueron tan importan-tes y les ha ido muy mal porque son odiados, no se les cree, no se les encuentrael valor informativo ni el valor social, slo sirven para entretener los medios comonarradores del poder y la poltica estn en crisis.

Prlogo

El asunto es que los presidentes quieren que los quieran y lo estn haciendobien segn la popularidad en las encuestas los medios de comunicacin quierenhacer buenos negocios y les va muy bien en sus balance$ e incidencia en el podery los periodistas no estamos contando, no tenemos trabajo, nos estamos convir-tiendo en la voz sumisa del amo (gobierno o empresa periodstica) o en desem-pleados que estamos cayendo en cuenta de que ramos trabajadores y no poder,y que alguna vez nos llamaron intelectuales pero ya no. Nadie nos quiere, perobueno hacer buen periodismo es para que no nos quieran.

Y en este escenario, estamos librando las guerras de independencia de los pe-riodistas de los medios y de los gobiernos. A los periodistas slo nos queda pre-guntar. Y preguntamos a Uds., seores y seoras presidentes, polticos, corruptos,gobiernos, narcos, dueos de los medios, de qu quieren Uds. que informemos?porque como El Diario de Jurez pregunt a los capos qu quieren de nosotros?qu es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a quatenernos Indquennos, por tanto, qu esperan de nosotros. Los periodistas que-remos volver a contar!

Bogot, octubre 1, 2010


La palabra empeada

En Latinoamrica, a diferencia de la mayor parte del resto delmundo, los medios de comunicacin y en particular los servi-cios de comunicacin audiovisual no aparecen, ni conceptualni prcticamente, involucrados en el derecho ciudadano decontar con medios pblicos que representen al conjunto de lasociedad [Guillermo Mastrini]

Si en un punto estn de acuerdo casi todos los que vienen debatiendo, dispu-tando, pensando el tema de la libertad de prensa es que nunca antes el tema habatenido tanta visibilidad pblica. En los ltimos aos, diversas cuestiones hicieronque la tensin lgica que en las democracias debe haber entre prensa y poder lle-gara a un grado crtico. Por un lado, la sociedad empez a preocuparse por algunascuestiones que hacan al derecho a la comunicacin y empezaron a aportar susmiradas y sus peticiones. Acceso a la informacin, radiodifusin democrtica, fi-nanciamiento de las campaas electorales, agresiones al periodismo, fueron algu-nos de los temas que empezaron a tomar cuerpo desde la accin organizada demuchos ciudadanos. Paralelamente acuerdos consolidados entre prensa y poderempezaron a resquebrajarse, y las mutuas acusaciones empezaron a delatar antela opinin pblica actores y escenarios habitualmente reservados a la discrecindel cabildeo. Algunos celebran la circunstancia porque, plantean, ha servido paraponer a la vista de muchos ciudadanos problemas de los corrillos del poder. Otrosconsideran que el debate por momentos excede los lmites de la respetuosa con-vivencia de las instituciones gobierno y prensa, y que el clima de sospecha y re-cprocas imputaciones resiente la libertad de expresarse. Desde el poder, ofrecenel desquicio del debate como prueba de libertad, porque dicen que nunca anteshubo tanta gente diciendo tantas barbaridades. Desde los medios y periodistasofendidos, hay quejas desbordadas por las mismas delaciones y abusos de posicin

dominante que les sirvieron durante muchos aos. Cmo encontrar una posicinde equilibrio en una discusin que todo el tiempo parece empujarnos a tomar par-tido por uno u otro extremo del despropsito?

Pues bien, resulta que la cuestin no tiene dos extremos, sino tres, y es jus-tamente el de la ciudadana el lado olvidado en la discusin pblica. Porquecuando se discuten derechos de expresin del gobierno, o la libertad de prensa delos propietarios, no necesariamente se est considerando el derecho a la comu-nicacin de la sociedad. Aunque uno y otro quieran plantearlo de esa manera.

Ese delicado tringulo que configuran polticos, periodistas y ciudadanos y que,al decir de Wolton (1998), en las democracias debera ser equiltero, en Argentinaestuvo sucesivamente deformado. Y la vida democrtica reiniciada all por 1983,pese a sus esfuerzos, no pudo darle el equilibrio alterado por los aos de rgimenautoritario. El inicial entusiasmo por las conquistas cvicas propici la aparicin deun nuevo periodismo que alent la posibilidad de una democracia fuerte con me-dios inteligentes. La aparicin del diario Tiempo argentino (1982), la revista El por-teo (1982), el renovador diario Pgina/12 (1987), las revistas Pgina/30, Noticias(ambas en 1989) y La Maga (1991), trajeron temas y estilos originales al ahogadoperiodismo de la etapa militar. Pero las profundas transformaciones sociales de laeconoma neoliberalizada alcanzaron a los medios, que entendieron que el mercadoera el rey tambin en cuestiones periodsticas. As es que el tringulo empez aacercar los extremos consumidores y medios, alejando a ambos de la poltica.El periodismo entonces sali de los medios para instalarse con fuerza en librosdonde convivieron trabajos que merecan el rtulo de periodismo de investigacincon otros que no eran ms que un ejercicio de denuncias sin rigor tcnico, peroque creca en el marco de la tendencia a hacer del escndalo poltico un juego depoder (Thompson, 2001). Una referencia del fenmeno editorial son las coleccionestemticas Espejo de la Argentina de Planeta o las de Sudamericana, en las quese publicaron investigaciones periodsticas de fuerte repercusin pblica, queabarcaron un arco muy amplio de temas, con variada precisin investigativa. Setrataba en gran parte de periodistas de renombre que canalizaban editorialmenteinvestigaciones que los medios ya no auspiciaban. Algunos ttulos emblemticosde la poca muestran claramente cmo el escrutinio del poder se haba corridode los medios a los libros: El Jefe de Gabriela Cerruti, Malvinas, la trama secretade Oscar Ral Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo van der Kooy; La mafia deloro de Marcelo Zlotogwiazda; Narcogate de Roman Lejtman; Robo para la corona,de Horacio Verbitsky; El otro, biografa no autorizada de Eduardo Duhalde de Her-


nn Lpez Echage; la serie Los dueos de la Argentina de Luis Majul, entre otros.Por la misma poca, se consolid el sistema de periodistas cuentapropistas, queaprovech el desarrollo de canales de cable y radios que ofrecan espacios por loteopara desarrollar emprendimientos a la vez periodsticos y comerciales. La ltima d-cada del siglo tambin trajo la profesionalizacin de las reas de comunicacin ins-titucional en el mbito privado y en el pblico, dndole a la prensa y difusin unpeso equivalente, sino mayor, al del periodismo en la comunicacin pblica.

La crisis econmica del cambio de siglo puso fin a la fantasa del comercialismocomo destino de los medios, ya que la retraccin econmica recort anunciantespara suplementos y consumidores para medios. En su ejercicio ciudadano, la opi-nin pblica empez a notar que los medios no le haban contado cosas del poderpoltico y econmico que estallaron hacia fines de 2001. Un graffiti de la pocacondensaba el sentir popular con el rtulo Nos estn meando y el periodismo diceque llueve, que tuvo su correlato directo en la cada de ventas de diarios y de ra-tings de noticieros que una dcada antes lideraban la franja nocturna. Se delatabael tringulo acercando peligrosamente los vrtices de medios y poder en un juegode secretismo y complicidad, como demuestra la excepcionalidad jurdica de esapoca que permiti a muchos grupos mediticos ejercer una posicin dominanteque aplast la diversidad y la calidad informativas. Quizs con nimo de restablecerel equilibrio perdido, despus de 2005 el poder poltico se sinti en la necesidadde sobreactuar la distancia con los medios y con los periodistas, y declar pbli-camente su decisin de prescindir de ellos para la comunicacin con la ciudadana.Un secretario de Medios defini esta forma de difusin como el atril del asesinoen alusin al lugar donde el Presidente diriga sus discursos hacia la poblacin, conla ilusin de que eso era comunicacin directa porque, segn sus palabras los pe-riodistas dejaron de ser intermediarios necesarios (ODonnell, 2008: 40). Pero eldesequilibrio provocado por un abuso difcilmente pueda ser compensado con otroabuso en sentido contrario, como es la cercana demaggica entre poltica y vo-tantes, prescindente del actor que tiene la misin social de investigar al poder yacercarle las demandas informativas que la ciudadana difcilmente pueda elevarle.Paradjicamente (y ac comenzar una serie de reiteraciones de esta expresin alo largo del libro), el estilo de comunicacin que buscaba la cercana con la opininpblica no obtuvo ese resultado. Antes bien, los indicadores con relacin a la con-fianza de los polticos no son los mejores, pero tampoco lo son para los medios olos periodistas. Entonces, de nada sirve discutir si hay o no libertad de prensa enArgentina si slo hablamos de la que les cabe a medios o gobernantes. Porque la

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cuestin es qu derecho a la comunicacin le asiste a una sociedad que desconfatan claramente de estos dos actores. Por esa sola razn, sospechamos que el trin-gulo medios-polticos-ciudadanos dista, por el momento, de ser equiltero,

Grfico 1: Venta de diarios (IVC) /Confianza en periodistas y polticos (Ipsos/Mora y Araujo, 2010)

La palabra liberada

La libertad de expresin no es un valor binario que existe o no existe. De hecho,adecuadamente entendida es una parte del derecho a la comunicacin que corres-ponde a todos y a cada uno de los ciudadanos, y que involucra otros aspectos,como plantea Camacho (2003) retomando la propuesta de Pasquali y Rommel(2002). Podemos entender que algunos piensen que actualmente hay la libertadde opinin, en la medida en que muchas personas se sienten en potestad de for-mular y emitir juicios sobre ciertos asuntos. Pero justamente el mismo poder quesostiene que hay plena libertad, en el ejercicio de su derecho de opinin seala lasnumerosas limitaciones a las que se enfrentan muchos ciudadanos en la utilizacinde medios y canales. Con lo que de hecho reconoce que no hay plena libertad de


expresin, ni tampoco libertad de difusin, en la medida en que acusa que hay mu-chos ciudadanos que no pueden realizar actividades de comunicacin en igualdadde condiciones jurdicas. Justamente, ste es el problema que vendra a resolverla Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual (SCA), segn el compromiso p-blico de sus promotores.

Pero esto requiere a su vez subsanar la brecha info-comunicacional quesepara una buena parte de la sociedad, a la cual se le recorta su derecho al accesoy uso de los medios y tecnologas de la informacin y comunicacin, al no contarcon competencias mnimas para la produccin, circulacin y recepcin de conte-nidos. Las polticas pblicas implementadas para aportar tecnologa a los ms ex-cluidos y las buenas intenciones que existen alrededor de estos programas de al-guna manera confirman que una parte de la sociedad est afuera de las tecnologas.Pero tambin es necesario mejorar las limitaciones de lecto-escritura que se re-gistran incluso en los niveles escolarizados segn lo confirman las evaluaciones in-ternacionales, de lo contrario seguirn existiendo barreras a la hora de ejercer lalibertad de acceso y uso de los nuevos medios (Rodrguez Villafae y otros, 2010:18). Estas restricciones estn resumidas en la expresin de Martn Becerra des-iguales y concentrados. Desigualdad de acceso que se ensancha en otro sentidopor el hecho de que la concentracin tiende a la unificacin de la lnea editorialy a la reduccin de la diversidad en funcin de la creciente influencia de unos pocos,muy concentrados, en detrimento de los intereses del conjunto (Becerra, 2010a:104), principal crtica que se le hace al periodismo de las grandes empresas. En-tonces, aunque no haya censura directa de parte del poder poltico, no podra ha-blarse de libertad de comunicacin plena mientras no se garantice el derecho detodas las personas a acceder, producir, circular y recibir todo tipo de informacin(Camacho, 2003: 10). Esto es, saber ver, saber leer, saber comunicar.

A la vez, los medios y periodistas acusados de hegemnicos, critican al poderporque, dicen, no acceden a informacin que debera ser pblica, y no son recibidospor los funcionarios ni siquiera en conferencias de prensa. Y cmo procesa la opi-nin pblica ambas campanas? Escucha y se llena de suspicacias. Es que la comu-nicacin pblica no es un partido que se gana por votos y adhesiones, como la in-formacin no es una cuestin de mayoras o de fuerza. Al contrario, las compulsasla debilitan, la banalizan, la relativizan. Porque si los que tienen un acceso privile-giado a la escena pblica desconfan tanto de unos y otros, qu le queda a la ciu-dadana? Si uno le dice que el diario miente, que el periodista miente, y stos ledicen que el que miente es el poder, en qu creer? Ser por eso que el descrdito


de uno conlleva el del otro, como muestra el grfico de Confianza en los periodistasy los polticos, que los muestra en distintos niveles, pero con ritmos similares.

Por todo esto creemos que la palabra est empeada, como planteamos enel prefacio. Dice el Diccionario de la Real Academia Espaola que empear es Dejaralgo en prenda como garanta del cumplimiento de un compromiso o de la devo-lucin de un prstamo. Entonces viene a cuento para describir la intensa polmicaque viene dndose desde 2003 sobre la distribucin de los dineros pblicos en formade pautas publicitarias y sus consecuencias. El diccionario dice que tambin es Pre-cisar, obligar, as que sirve para describir los efectos de la nueva ley que viene a re-gular una parte del ejercicio de la comunicacin, como son los medios audiovisuales.Porque en Argentina en 2009 se sancion una ley para reemplazar el galimatas ju-rdico que construy la democracia alrededor de una obsoleta ley de Radiodifusindel gobierno militar. Sancin que result de (y en) la octava acepcin de empearse:Dicho de acciones de guerra, contiendas, disputas, altercados, etc., que viene a des-cribir la virulencia con la que algunos grupos empresarios y el gobierno nacional si-guen disputando fragmentos de medios que uno y otro suponen metonimia del po-der. Pero empearse tambin es Insistir con tesn en algo y Dicho de unapersona: Interceder, hacer el oficio de mediador para que alguien consiga lo que pre-tende. Y de eso se trata este libro, de personas y organizaciones abocadas obsti-nadamente a mejorar el ejercicio de la palabra en Argentina, tratando de darcuenta de la diversidad de posiciones sin que ello signifique resignar la posibilidadde encontrar definiciones y aportar claridad a un problema bien complejo.

Tomamos los temas propuestos por los colegas de Ecuador, pero vamos a darleun orden que permita ir devanando el hilo de la palabra argentina desde sus par-ticularidades:

I. Libertad de expresin, y sus amenazas (ms o menos abiertas, ms o menossutiles).

II. Anlisis de la cobertura que los medios dan a la poltica.III. Acceso a la informacin y qu significa para los periodistas.IV. Estado y medios, tanto desde la perspectiva del financiamiento estatal al

sistema de medios en general como especficamente la problemtica delos medios pblicos.

Cada uno de los temas ha tenido gente que los ha tratado bien. Con profun-didad y con compromiso por echar un poco de luz en la maraa de intereses y pro-blemas que los atraviesan. En algunos casos, les hemos pedido la colaboracin di-recta para este libro y no slo aceptaron de buen grado, sino que se tomaron el


trabajo de condensar en pocas pginas lo que son investigaciones de aos. En otros,los incluiremos como citas y referencias para sumar sus publicaciones al rompe-cabezas. La lista de aportes que aparece el final da cuenta de que estos temas estnms relacionados entre s de lo que la especificidad de cada uno de esos estudioshara pensar.

La idea que movi la coordinacin de tan variadas contribuciones era darledensidad y profundidad a un problema que demanda ms preguntas que solucio-nes coyunturales. Y que necesita varias miradas para describir lo mismo. Inclusoexige este ejercicio de volver a mirar lo que ya fue visto. No quisiramos que stesea uno de esos informes sobre medios y poder llenos de acusaciones, a vecesms, a veces menos fundamentadas, sobre las faltas y abusos de los otros. Nada msalejado del espritu de este trabajo. No se trata de sentar en el banquillo del acu-sado a nadie, sino revisar meticulosamente los distintos factores que han confi-gurado el sistema de informacin pblica tal como est hoy y ver qu se podrahacer entre todos para que est mejor maana. Nos gustara plantear la miradadel tercer vrtice, el de la ciudadana, que ha sido el menos convocado a la discu-sin. Con excepcin hecha, claro, de algunos grupos que tomaron abierta posicinpor algn tema, como ocurri con la ley de SCA, o ciertas organizaciones socialesque trabajaron estos aos para aportar datos acerca de algunos derechos ciuda-danos. Se trata, ni ms ni menos, de hablar de medios, periodistas y poltica.

Medios, periodismo y opinin pblica

Periodistas y propietarios de medios suelen decir que la credibilidad es lo quelegitima su trabajo, aunque no siempre es el valor que defienden con su quehacercotidiano. En ese sentido, la sociedad argentina siempre asign un alto valor al pe-riodismo y a los medios. Si se comparan los indicadores latinoamericanos que des-criben el lugar que ocupan los medios en la sociedad, se aprecia que Argentina estdentro de los pases que ms valoran la independencia de los medios. Y ah se di-ferencia de pases como Venezuela, o Ecuador, a los que se la asocia en virtud deque all tambin la dirigencia poltica ha decidido adoptar una actitud de confron-tacin contra cierta prensa a la que acusan de ser peligrosa para su gobierno. Alpunto que algunos llegaron a hablar de prensa destituyente para graficar la ame-naza potencial que representa cierto periodismo. Sin embargo, Argentina es casiunnime (84%) al expresarse a favor de la idea de que Los medios de comuni-


cacin deben poder publicar sin temor a ser cerrados. Eso la coloca en el segundolugar en Latinoamrica, mientras que Venezuela est en el quinto y Ecuador esten el extremo de la tabla del Latinobarmetro (2009) con un 55% de acuerdo. Antela pregunta especfica de si El gobierno debe poder cerrar un medio de comuni-cacin, Ecuador ocupa el sptimo lugar, con un 29% de aceptacin, Venezuela elpuesto 14, con 19%, y Argentina est al final de la lista, con apenas una personade cada diez de acuerdo con la afirmacin. Que los gobernantes a veces se imitenno significa que las sociedades sean similares.

Encuestas locales sealan la buena percepcin de la profesin periodstica. Unainvestigacin que Ipsos-Mora y Araujo realiza desde 1984 sobre la contribucin delos grupos sociales muestra dos grandes tendencias. Por un lado, un pequeo grupo,conformado por ganaderos, industriales, intelectuales y cientficos, y comerciantes,que mantiene una imagen positiva de ms del 80%. A ste se puede agregar el pe-riodismo, que se mantuvo alrededor del 70% con oscilaciones de no ms de diezpuntos a lo largo de los aos. Muy separados de ambos, con porcentajes inferioresal 40%, se ubican sacerdotes, militares, jueces, polticos, banqueros, sindicalistas.En este punto, Argentina se asemeja a la media latinoamericana en la confianzapreponderante a los medios. Segn el Latinobarmetro (2009), radios, televisiny diarios, slo son superados por la Iglesia en confianza pblica. Pero se diferenciaen que en el continente gozan de credibilidad instituciones que en Argentina tienenun ndice bajsimo como Fuerzas Armadas, Gobierno, Bancos y Empresas. Otra en-cuesta confirma la alta confiabilidad para los medios, frente a una muy baja paralos actores polticos (CIO, 2009). El estudio, que comprende la zona metropolitana,asigna altos porcentajes de confianza para las radios (69%); la grfica (65%) y laTV (63%), mejores incluso que para los periodistas (59%). En el extremo inferiorde la tabla aparecen el Congreso (11%) y el Poder Ejecutivo (12%), que fue cali-ficado con el mismo ndice que la Justicia y los partidos de izquierda y de derecha.La misma encuesta sealaba un 79% de desacuerdo con la forma en que la Pre-sidente se relacionaba con los medios.

Este desbalance muestra que el periodismo argentino mantiene una buenaconfiabilidad en un contexto de descrdito institucional extendido. Sin embargo,esta relativa buena imagen de la profesin no se transfiere a los medios y a los pe-riodistas en particular (Amado, 2010b: 24). En las escasas encuestas sobre la ima-gen pblica de los periodistas argentinos no existen figuras que mantengan la con-sideracin unnime de las audiencias a lo largo del tiempo. En las encuestas de laconsultora Equis realizadas en 2002, 2005 y 2008, las menciones se concentran


en unos pocos periodistas con cierta celebridad, pero que, seguramente por ello,su lugar en la lista vara sustancialmente de ao a ao. Lo nico constante en lassucesivas investigaciones es que la suma de las opciones Ninguno y No sabe/Nocontesta concentran la mayora de respuestas, superando siempre al primer pe-riodista en menciones: 24% en 2002; 25% en 2005; 32% en 2008. Tratndose deuna investigacin que pregunta por personas pblicas, que un tercio de las respues-tas se concentren en estas opciones es de suyo elocuente.

Otra investigacin nacional de Ipsos-Mora y Araujo, de abril de 2010, confirmala tendencia y aporta un dato fundamental para entender la situacin de la prensa:ni los medios ms conocidos son confiables; ni todos los medios son tan conocidoscomo suponen las personas informadas. La investigacin presenta una lista de pe-riodistas renombrados, y aun entre aquellos que tienen mejor percepcin entre losentrevistados, la imagen negativa es mayor que la positiva, con lo que el resultadoneto queda en rojo para todos (Calvo, 2010). Cuando se pregunt por los diariosde referencia y radios con gran audiencia, ninguno de la lista super el dgito enla pregunta Confa mucho. Ms llamativo todava es que 5 de cada 10 personasdesconocan las radios AM que se suponen de mayor audiencia. En el caso de RadioNacional, esto es, la radio pblica, slo 2 personas de cada 10 confiaban en el me-dio, 3 desconfiaban y 5 la desconocan o carecan de opinin.

Esta aparente contradiccin puede esclarecerse si se asume de una vez que labuena imagen de la profesin no necesariamente significa una carta blanca paralos medios y los periodistas. Que la sociedad tenga en alta estima al periodismoy crea en su aporte a la democracia es precisamente lo que genera un juicio msestricto del desempeo individual. No es sta la nica variable que da cuenta dela tensin del vnculo de las audiencias con los medios. Cuando la misma encuestapregunt sobre la cercana del periodismo con los actores sociales, la mayora creeque estn ms cerca del poder (51%) que de los ciudadanos (32%). Y que quiencontrola la informacin son los dueos de los medios (49%) y el gobierno (21%).Qu piensan de los periodistas? Apenas uno de cada diez ciudadanos cree quetienen algo que ver con lo que sale por los medios de comunicacin.

Medios y periodismo para los periodistas

All por 1996 en una encuesta de la profesin los periodistas se mostrabancomo el grupo social ms escptico con respecto a la libertad de expresin: un


32,5% sostena que no haba libertad de expresin en Argentina, frente a un 27%de la opinin pblica, 11% de los polticos, 4% de los empresarios y ninguno delos jueces (Fraga, 1997: 17). Y aunque la mayora de los periodistas dijo que habalibertad de expresin (67,5%), una proporcin similar a la que deca sentirse in-dependiente (48,3%), sostena que tena poca independencia (38,3%) o ninguna(13,3%) (Fraga, 1997: 97). En la encuesta de Fopea (2005) los periodistas evaluaronsu propio nivel de independencia con una nota alta: el 39% la calificaba entre 7y 8, seguida por la franja de 5 y 6 puntos (28,7%). Sin embargo, la respuesta sobrela caracterizacin de la profesin resultaba contradictoria. Los mismos encuestadosdijeron que el periodismo argentino era Condicionado (55,7%) y Complaciente(27,3%), mencionando la condicin de Independiente apenas el 1,4% de la mues-tra. Es decir, aunque la mayora se calificaba como libre, sostena que sus colegasno lo eran.

Otra encuesta ms reciente (Ibarmetro, 2008) vuelve a presentar la contra-diccin, pero a la inversa. A la pregunta Usted cree que actualmente hay libertadde expresin en la Argentina? el 64% de los periodistas deca que s, el 15%, noy el 21%, que no saba (siendo que el 96% sostena que la relacin de la PresidenteFernndez con la prensa era Mala o Muy mala). En 2010 un 84% dijo que habalibertad de expresin, un 15% que no, y un 2% no saba (ya no se inclua la eva-luacin de la relacin Presidente-prensa). Con estos datos, parecera que la libertadaument considerablemente en los ltimos dos aos. Pero ante la pregunta Ustedcree que los medios respetan la libertad de expresin de los periodistas? la pro-porcin se inverta drsticamente: en 2008, la misma proporcin que deca que ha-ba libertad se divida al responder que los medios la respetaban (30%) y que nola respetaban (32%) (18% que no saba). En 2010, cuando declararon un altsimonivel de libertad de expresin, el 59% dijo que los medios no respetaban la libertadde expresin de los periodistas, el 28% que s (13% que no saba). Surge la preguntaobvia de dnde andarn estos periodistas ejerciendo su libertad de expresin si losmedios no se lo permiten de manera tan contundente. Por otro lado, la opinin p-blica s parece percibir un recorte de libertad. Varias encuestas de la consultora CIOincluan la pregunta Ud. cree que en la Argentina hay ms o menos libertadde prensa que hace cinco aos?. En 2004 quienes decan que haba menos re-presentaban el 15%; y en 2009, 32%. En cambio quienes pensaban que haba mslibertad de prensa en 2004 era el 47% frente a un 22% que lo crea en 2009.

Estas contradicciones en la evaluacin del ambiente que muestran los datosen uno u otro sentido, tanto si la encuesta la hace una asociacin profesional o


una de las encuestadoras que trabaja para el Gobierno nacional, advierten tam-bin sobre los condicionamientos en la expresin de una opinin. No en vano,un 62% de los argentinos consideran que la gente no dice lo que piensa enpoltica, por encima de la media del continente (Latinobarmetro, 2008: 79).Como ha demostrado la teora de la espiral del silencio, la opinin no necesa-riamente refleja lo que siente el ciudadano, sino lo que se puede expresar p-blicamente en un determinado momento, o sea, lo que se considera poltica-mente correcto, o lo est permitido decir en nombre del sentido comn. Que,por ejemplo, por estos aos dicta que el periodista es un paladn que anda porel mundo con los puos llenos de verdades, luchando contra el poder, y ahoratambin contra los poderosos dueos de los medios. Y aunque suele ser difcildemostrar empricamente lo que dicta el sentido comn, sus principios dancuenta de la trama social de una poca.

Por lo pronto, confirma que en el siglo XXI, medios y periodistas son dos su-jetos distintos. Periodistas y magnates, el ttulo que eligen Mastrini y Becerra(2006) para su investigacin sobre la concentracin de medios en Latinoamrica,resume esta oposicin. O mejor, magnates y peones de la prensa, que mejor dacuenta de la precariedad laboral de la profesin, como plantearon Martn Latorracay Hugo Montero (2005). Por entonces, la encuesta de Fopea deca que los princi-pales problemas con los que se enfrentaba el periodismo argentino eran las pre-siones y los condicionamientos que generaba en la profesin la precariedadlaboral. En estos cinco aos que pasaron, las condiciones no han cambiado dema-siado. No solamente porque el reciente cierre del diario Crtica nos recuerda quela vida de un medio depende demasiado de las condiciones comerciales, sino tam-bin porque muchos colegas hace aos dejaron las redacciones para convertirseen colaboradores, eufemismo que describe la situacin de aquel que cobra su tra-bajo por unidades facturadas, cosa que lo obliga, en el mejor de los casos, a trabajarpara mltiples empleadores. Que, en el mejor de los casos tambin, son de unamisma empresa, porque puede pasar que tenga que producir notas para medioscontrapuestos en su lnea editorial. O sea adscripto a una productora indepen-diente, otro eufemismo que describe emprendimientos comerciales que congreganvarios periodistas, con firma en un medio de referencia y facturacin en espaciosrentados en radios y cable. Si no es que trabaja a la vez para medios y para fuentes,como agente de prensa. Ha nacido una nueva generacin de periodistas sin me-dios: sin medios que los respalden, sin medios donde investigar, sin medios paratrabajar.



Es de imaginar que el periodista que se desempea en estos trminos est eninferiores condiciones a la hora de producir informacin de calidad. Porque no ac-cede a los recursos que podra facilitarle el medio y depende ms de los que leshabilitan las fuentes (De la Torre y Tramo, 2004; Periodismo Social, 2009, 2010;Amado y Rotelli, 2010). Porque carece del respaldo institucional que significa unmedio a la hora de soportar las presiones externas o abrirse paso en los lugares ofi-ciales (Fopea, 2009a). Porque la exclusin fsica de las redacciones aleja a los co-laboradores de la red de contencin de sus colegas y los deja ms descubiertos ala hora de interpretar la lnea editorial. Porque la dependencia directa de anuncian-tes implica un mayor peso de stos en su trabajo, sea explcito o implcito (ADC,2005, 2008, 2009).

Hace unos aos, una investigacin sealaba que las principales dificultadespara el libre ejercicio de la informacin en Argentina eran la presin que ejercenlos otros actores participantes (anunciantes y poderes polticos), y la autocensuraque los periodistas de un mbito laboral precarizado se infligen por miedo a perderun lugar en el constreido mercado laboral del periodismo: En realidad, la auto-censura no es explcita, sino que el periodista conoce los intereses de la empresaen la que se trabaja y, para mantener su empleo, o no tener problemas en l, di-rectamente no se mete (Schmidt y ot., 2003: 121). Este tipo de presiones incidenen la independencia del periodista, pero al ser sta un valor profesional muy es-timado, enfrenta al periodista al dilema de manifestarse independiente pero asumirque ya no puede serlo. De ah la contradiccin en las encuestas que solicitan res-puestas directas, lo que muestra que este aspecto merece ser ms cuidadosamenteinvestigado si es que se quiere sacar a la palabra de esta casa de empeo que leimpone el sistema.

En este sentido, las condiciones estructurales del sistema de comunicacin co-bran una nueva dimensin. De lado de los medios, estn la concentracin de la pro-piedad y de los procesos de produccin de noticias, la precariedad de la labor pe-riodstica, su falta de recursos, la ausencia de investigaciones periodsticamentegenuinas, la falta de marcos legales que aseguren un acceso a la informacin p-blica equitativa y no dosificada a los medios complacientes. Del lado del poder, hayun mayor peso relativo en el juego en su condicin de anunciantes y financiadoresdel sistema, falta de cumplimiento de su obligacin de publicidad de sus actos agra-vada por la confusin de esta exigencia constitucional con la burda propagandapoltica, junto con el despilfarro de recursos para armar campaas de prensa quecalzan dciles en medios lubricados con financiamiento pblico. No hace falta ms

1. Por cuestiones prcticas, a lo largo del libro se dejarn las cifras a sus valores en pesos tal como

fueron informadas. A los efectos del ejemplo se realiz un clculo tomando un valor dlar de $4 a

setiembre de 2010.


ICG

Grfico 2: Gasto mensual en publicidad (PEN) (Poder Ciudadano) e ndice de confianza en el gobierno (Berenzstein, 2010)

Es que contrariamente a lo que podra suponerse, a veces a ms publicidad, me-nos resultados. Aunque claro, podra tratarse de influir, no en el destinatario, sino enlos mensajeros. Porque a mayor pauta publicitaria, mayor alineamiento de losmedios al mensaje, o a los tiempos y temas que plantean las estrategias comuni-cacionales y los anuncios programados, de los que no pueden abstraerse ni siquieralos medios ms crticos al gobierno. Esta prdida de iniciativa periodstica atenta con-tra de la credibilidad del medio y de sus mensajes, en la medida en que, como de-mostraron las teoras cognitivas, no son los medios los que imponen sus ideas a lospblicos, sino que stos los seleccionan en funcin de sus preferencias. Cuanto msradicales sean los medios, ms recortada tienen su audiencia. Cuanto ms alejadosestn de las preocupaciones de la opinin pblica, menos crebles resultan. Nume-rosas investigaciones en todo el mundo le permiten concluir a Manuel Castells quela descarada manipulacin de la informacin socava la capacidad de influir en lasaudiencias (Castells, 2009: 270). Lo que vendra a explicar por qu los medios quepriorizan la agenda del poder no ganan audiencias, al punto que subsisten por el pa-drinazgo poltico y no por su base de lectores. Lo que a su vez, los aleja de la opininpblica. A la inversa, cuando ms orientados a las audiencias, ms las convocarn:


Cuanto ms dominado por la lgica comercial, ms tendrn que ceirselos periodistas a estos lmites. Cuanta ms capacidad de decisin tenganlos periodistas en la programacin, preparacin y enmarcado, ms depen-dern de los ndices de audiencia como parmetros de su influencia pro-fesional. Y cunto ms se refleje el curso real de los acontecimientos enlos medios de comunicacin, ms se ampliar la influencia en los medios,puesto que la gente se reconoce en lo que lee o ve. (Castells, 2009: 270)

Pero no se trata nicamente de la credibilidad de los medios y su potencialinfluencia, sino qu ha significado esta poltica meditica para la democracia. La-mentablemente no se han difundido, si es que existen, estudios que hablen de lainfluencia real que los medios ejercen en la sociedad argentina. S se pueden es-tablecer algunas correlaciones tales como las que muestran los trabajos de PoderCiudadano (2007) en lo que hace al porcentaje de presencia en los medios msimportantes y los votos sacados. Los datos del monitoreo muestran cierta coin-cidencia en ambos porcentajes, lo que para algunos se interpreta como que estaren los medios es determinante para sacar votos. Pero tambin podra ser que losmedios suelen ser los primeros en subirse al carro del ganador y dar ms espacioal candidato favorecido en las encuestas. Nos falta el dato de cmo funciona ennuestro contexto. En cualquier caso, s sabemos que los indicadores de imagen delos gobiernos han cado. Y lo que es ms alarmante aun, han cado los niveles departicipacin en los procesos electorales.

Argentina est en el puesto 10 sobre 18 en la pregunta sobre la eficacia delvoto, con un ndice de 64%, por debajo de la media latinoamericana (Latinoba-rmetro, 2009: 66). Y los nmeros muestran que las elecciones del retorno de lademocracia convocaron al 86% de los votantes, cifra que cay al 75% en los co-micios presidenciales de 2007. Y mientras el padrn electoral creci ms de la mi-tad, la ltima presidente fue elegida con 10% ms de votos que el presidenteelecto en 1983. Los nmeros muestran adems que en las dos ltimas eleccionespresidenciales la mitad de las personas en condiciones de votar, no lo hicieron. Osea, que hubo tantos votos como no votos. Tambin merecera explorarse con pro-fundidad cunto de la cada de ventas de diarios y de votos tiene que ver con undesinters por la cosa pblica, o con un escepticismo acerca de cmo se desen-vuelve la comunicacin poltica.


Grfico 3: Elecciones presidenciales 1983-2007 (Ministerio del interior)

Podra aplicarse al vnculo de la poltica con los votantes algo parecido a lo queexplicaba una alta confianza en el periodismo a la vez que un descrdito generalizadoen el periodista con nombre y apellido. A pesar de la menguante convocatoria quetienen las instancias electorales, a pesar del creciente desprestigio de los polticos,los argentinos mantienen altos niveles de confianza en el sistema. La encuestaLatinobarmetro 2009 muestra ndices aceptables: 6,4 en una escala de 10 paracalificar cun democrtico es el pas (2009: 24); y un 75% de apoyo a la idea deque La democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno(2010: 22). Aunque no puede seguir ignorndose que Argentina, junto con Mxicoy Ecuador, son los nicos pases en los que los indicadores retroceden. Dice elinforme que Llama la atencin que Argentina, donde el apoyo a la democracia hasido histricamente alto, slo un 13% cree que el pas es totalmente democrtico(Latinobarmetro, 2009: 24).

Los indicadores parecen sealar una correlacin en la desconfianza a los dosactores. Altos porcentajes de desconfianza en los medios coinciden con altos valoresde desaprobacin al gobierno. Si en democracia la confianza en la fuente de in-formacin est rota, difcilmente se pueda creer en aquello que debera conocersepor esa fuente. No parece una buena estrategia poltica destruir o debilitar el actorsocial encargado de informar sobre los asuntos pblicos. Tampoco es un camino


hablar de s mismo, en la medida en que el discurso informativo necesita serrefrendado por alguien ms all del propio interesado para ser credo.

La prdida de confianza en la poltica tambin significa un creciente desintersen los medios que se ocupan prioritariamente de ella, como los diarios. EnLatinoamrica se observa la tendencia sostenida de priorizar la informacin depoltica que viene de familiares y conocidos, que en los ltimos aos aparecencomo fuente ms confiable que los medios (Latinobarmetro, 2009). Los indica-dores disponibles muestran que la credibilidad de los medios no slo es crucial parael negocio mismo, sino que es fundamental para vehiculizar con legitimidad losmensajes pblicos. Por aadidura la idea de desprestigiar a un medio termina afec-tando el prestigio del sistema, al igual que el descrdito en algunos polticosimpacta en la apreciacin social de la poltica. Tanto como la estrategia de la co-municacin del escndalo termina socavando la base misma del juego democrtico.A corto plazo funciona para sacar del juego a un contrincante, como ocurri en laselecciones legislativas de 2005, cuando el legislador Daniel Bravo, del Frente parala Victoria, acus al candidato de la Coalicin Cvica Enrique Olivera de tenercuentas en el exterior no declaradas. La retractacin lleg recin en 2007, cuandolos mismos medios que se haban hecho eco de los dichos de la fuente acusadorala tipificaron como falsa denuncia. Claro que en su oportunidad los medios re-produjeron la versin sin ms pruebas que las que la fuente aportaba, sin importarlesque fueran annimas. Esto muestra que se ha dado como una especie de inversinde la prueba, en donde los medios no se sienten en la necesidad de chequear lo quealguien dice porque les bastara con ponerlo entre comillas. Y as alimentan la po-ltica del escndalo por el simple hecho de hacerse portavoces de declaraciones,anuncios, trascendidos, a los que llegan a dar sin justificacin el beneficio de reservade fuente, lo que facilita bastante las operaciones de prensa. En este caso, como enmuchos otros, los medios fueron funcionales a las fuentes que queran dar promo-cin a su especie y fallaron a sus lectores a quienes presentaron informacin falsacon la nica precaucin de escribirla en potencial, o de asignrsela a alguien. Perono puede ignorarse que este juego del escndalo no slo perjudica al acusado encuestin sino a los propios portavoces. Como todo el tiempo siempre hay alguienen el banquillo, la sociedad termina por descreer de las instituciones: las noticiasnegativas sobre las instituciones sociales en general pueden socavar la credibilidaden todas las instituciones, medios de comunicacin incluidos (Castells, 2009: 385).

El sentido comn, construido con la discusin cotidiana, insiste en un poderdesmesurado de los medios, que slo parece contrapesado por un poder sobre-



actuado del gobierno para tenerlos a raya. La investigacin, que justamente tienecomo misin sacudir la modorra de la idea fcil, parece indicarnos que las cosasno son como se cuentan. Antes bien, como analiza Omar Rincn para Latinoam-rica en general, La reaccin ciudadana es huir y desconectarse ante la manipula-cin meditica de los gobiernos, la corrupcin meditica de los privados y el pe-riodismo ejercido como propaganda. Los ciudadanos van quedando por fuera dela relacin medios-gobierno. Asimismo, la ciudadana manifiesta una total hosti-lidad contra los medios de comunicacin (Rincn, 2010: 9).

Pero el tema no se resuelve preguntando a la ciudadana a quin quierenms?, a los medios o al gobierno?. La misma situacin de disputa afecta a la so-ciedad toda en la medida en que la prctica de la democracia se pone en entre-dicho cuando hay una divisin sistmica entre el poder de la comunicacin y elpoder representativo (Castells, 2009: 392). Pero tambin es una cuestin que in-volucra directamente al periodismo. Y lo dijo alguien con la experiencia del maestroJavier Daro Restrepo, al alentar una iniciativa local de mejora de las prcticas pro-fesionales ,Y si se piensa que la fuerza o debilidad de la democracia en nuestrospases tienen una relacin directa con la calidad del periodismo, es forzosoentender que la calidad, animada por la tica profesional, adquiere la categora denecesidad urgente e inaplazable (en Amado, 2007a: 9).

Despus de un matrimonio de conveniencia que haba cumplido sus bodas deplata de vida democrtica, medios y gobierno empezaron un divorcio controvertido.Como ocurre cuando las cosas terminan mal, las mutuas recriminaciones confor-maron un clima de tensin donde predomina la revancha, los reclamos y las rein-vindicaciones. De una y otra parte. Ambos disputan la tenencia de la ciudadana,pero ninguno puede aportar pruebas contundentes de que la hayan cuidado y res-petado. Para colmo, en todos estos aos, el hijo se les hizo mayor de edad y se lesha emancipado. Ya no confa en la tutela ni de los medios ni de los gobernantes!Por eso, es imprescindible entender cmo los gobernantes se estn divorciandode los medios, cmo los medios de comunicacin se estn divorciando de los pe-riodistas, cmo los ciudadanos se estn divorciando de los medios de comunicaciny la poltica. Habitamos un continente donde la realidad supera a la ficcin y poreso nos importa el poder de los medios. (Rincn, 2010: 6). En la tierra de la tele-novela, no sera la primera historia de amor eterno que se termina.

La relacin prensa-sociedad: tensin y realimentacin

Manuel Mora y Araujo (UTDT)



desde entonces una relacin de tensin

con la prensa.

Si la irrupcin de la prensa en la escena re-

present una revolucin en la estructura

del espacio pblico, tal vez estamos asis-

tiendo al nacimiento de una nueva revo-

lucin con la irrupcin de internet. Se

tiene la impresin de que este nuevo fac-

tor est llamado a producir dos cambios

abismales: transforma radicalmente el pa-

pel del emisor masivo tornndolo un

agente que es a la vez emisor y receptor

masivo, y de ese modo transforma profun-

damente la naturaleza de la tensin pre-

existente. A la vez, este factor es en tal

grado impersonal, ubicuo e inidentificable

que por ms que est en el centro de nue-

vas tensiones, es difcil amarlo u odiarlo de

una manera especfica; es a la vez amo y

esclavo, persona y fantasma. Obliga a pen-

sarlo todo de otra manera.

El gran cambio es haber hecho posible que

la comunicacin masiva recupere la natura-

leza simtrica del vnculo primigenio que

imaginamos est en el origen de las socie-

dades humanas: la conversacin entre per-

sonas iguales, ese vnculo elemental que, se-

gn Oakeshott, torn humanos a unos

bichos que, en un momento dado, aprendie-

ron a conversar entre ellos sin perseguir, en

su conversacin, propsito alguno, esto es,

sin construir o mantener, a travs del habla,

relaciones de poder.

Mientras tanto, los medios de prensa siguen

siendo esenciales a la vida contempornea.

La relacin sigue siendo tripartita: hay fac-

tores de poder, hay pblicos masivos, hay

medios de prensa. Los poderosos buscan

servirse de la prensa para influir en los p-

blicos y al mismo tiempo buscan controlar-

los. El pblico se entrega complacido o se

somete resignado a la prensa, o ambas co-

sas a la vez, hasta el punto de no concebir

la vida sin ella. Los medios de prensa inter-

median en la relacin entre los poderosos y

los pblicos y a la vez procuran convertirse

en los actores ms poderosos. Ninguno

puede vivir sin los otros y ninguno puede

despojarse de la tensin generada por esa

relacin tripartita.

A menudo se formula la pregunta dnde

hay realmente ms poder? Generalmente,

los poderosos responden que la mayor

cuota de poder reside en la prensa. El p-

blico responde que reside en los poderosos,

los que maquinan y controlan detrs de los

medios. Y los medios responden que est

en el pblico, hoy munido de un control re-

moto, o simplemente libre para encender

o apagar una radio, o para comprar o no un

ejemplar de un medio grfico. Todos tienen

razn y, por lo tanto, nadie. El poder efec-

tivo est distribuido y el vnculo se nos

aparece como inexorablemente empatado,

como el aparente empate insoluble entre

dios y el diablo, entre la libertad de la cria-

tura humana y el pecado: ninguno existe

sin los otros y ninguno domina del todo a

los otros.

A partir de internet, pueden desarrollarse

distintos escenarios. Me inclino a situarme

entre quienes imaginan una situacin

1. Nuevas libertadespara nuevas expresiones

Aos de inaccin del Comfer dejaron la idea de que el orga-nismo tena un control dbil frente a las grandes empresas decomunicacin, sumado al desconocimiento de los pblicos desus derechos en materia audiovisual. Se trata ahora de hacercumplir plenamente la Ley 26.522. [Gustavo Bulla]

Entendemos que el periodismo argentino est atravesando una coyuntura dadapor cambios estructurales del negocio y del marco legal. La discusin y sancin dela Ley de Servicios de comunicacin audiovisual (SCA) en setiembre de 2009, y sureglamentacin un ao despus, puso a los medios en el debate social, con unfuerte cuestionamiento a prcticas y modalidades de propiedad de las ltimas d-cadas. Pero no necesariamente el debate ha trado mayor claridad a la cuestin.Una encuesta de TNS Gallup (2009) realizada luego de la sancin la ley de SCAmostraba una opinin pblica muy dividida: el 30% consideraba que la ley em-peorara la calidad de la informacin, el 25% que la mejorara, mientras que el 21%dijo que no tendra ningn efecto. Como mostramos que ocurra en el caso de losmedios y los periodistas, una buena parte se manifest prescindente: un 24% nosupo responder a esta pregunta. Entre los periodistas, tres de cada diez no estabande acuerdo en esa misma encuesta donde no quedaba muy claro que opinaban dela Libertad de expresin (Ibarmetro, 2010). Lo cierto es que la intensa discusinsobre el marco legal y la promesa de pluralidad del espacio pblico no parece habersido registrada como un aumento de libertad, sino ms bien, lo contrario.

En el ejercicio de la libertad, el marco legal es una parte importante. Pero suejercicio depende en gran medida del condicionamiento social percibido en de-terminados momentos. De Max Weber para ac, sabemos que el poder puedeejercerse de manera coercitiva, recurriendo a la fuerza fsica o a la amenaza de ha-cerlo. Pero tambin, que en el curso normal de la vida social, la autoridad del Es-

tado obtiene su respaldo por mtodos ms moderados, ms difusos y en conjuntomenos transparentes: mediante la difusin de formas simblicas concebidas paracultivar y sostener la confianza en la legitimidad del poder poltico (Thompson,2001: 140). Justamente, cuando se habla de recortes a la libertad de expresin, loprimero que viene a la mente es el uso de la violencia. Pero las formas sutiles decondicionamiento son igual de efectivas.

Un estudio que analiza los Informes Anuales de la Relatora Especial para laLibertad de Expresin (RELE) de la Comisin Interamericana de Derechos Huma-nos de la OEA (desde el primer Informe de1998 hasta 2008) muestra que Argen-tina ocupa el puesto 7 considerando el total de casos denunciados (Bertoni,2009). En el rnking general pesan las agresiones directas a los periodistas, comoocurre en Colombia, Mxico o Per. Pero si se analizan categoras como Censura,Uso abusivo del poder pblico y Acceso a la informacin, la cifra de denunciaspresentadas ante el organismo colocan a la Argentina entre los tres primeros pues-tos. Al punto que mientras en el informe global los casos locales representan el5,65% del total, el porcentaje se duplica para estas categoras.

Tabla 1: Casos reportados Informes Anuales de la Relatora Especial para la Libertad de Expresin de CIDH, 1998-2008 (Bertoni, 2009)

Puesto Total casos Censura Uso abusivo Acceso general por pas poder informacin

pblico

Total de casos 2408 134 113 99de la categora

1 Colombia 265 7 7 0

2 Per 254 16 9 9

3 Mxico 250 7 9 5

4 Venezuela 234 18 22 12

5 Cuba 164 1 13 5

6 Hait 141 3 1 0

7 Argentina 136 9 12 13

Argentina (% del total) 5.65% 6.72% 10.62% 13.13%


N u e v a s l i b e r t a d e s p a r a n u e v a s e x p re s i o n e s

a fines de 2009 (Giudici: 2009). Sin embargo, el hecho ms sonado del ao 2009en materia de medios fue la sancin de la ley 26.522 que regula los servicios decomunicacin audiovisual, configurando la asignacin de licencias de radio y te-levisin. Su principal meta es desconcentrar un mercado que en 2004 centralizabaen los primeros cuatro operadores el 84% de la facturacin y el 83% del dominiode mercado, segn los datos que proporcionan Mastrini y Becerra (2009: 73).

Fernando Ruiz plantea que el cambio se realiz en la creencia de que la re-forma en la estructura de la propiedad afectar notablemente los contenidos ofre-cidos (Ruiz, 2010: 121), de ah que el gobierno planteara la discusin de la leycomo una batalla contra los medios como poderes fcticos que condicionaranlos poderes democrticos. El acadmico plantea que el gobierno declar como ene-migo de la disputa al grupo Clarn, a cuyos medios y periodistas se apunt direc-tamente en las tribunas y en las movilizaciones de los grupos sociales que apo-yaban la ley. Para Ruiz, la influencia real de los productos del grupo son menoresque su reputacin, dado que el diario no tiene una circulacin relevante ms alldel ncleo urbano de Buenos Aires y Rosario. En el caso de la radio AM del grupo,no llega al 20% de audiencia y el canal abierto compite con otros cuatro, y en muypocas oportunidades lider la audiencia (Ruiz, 2010: 123). No obstante, la inte-gracin vertical en el mercado de diarios, o la configuracin de un esquema de mul-timedios le da una preponderancia por sobre sus competidores, especialmente ala hora de negociar desde pautas publicitarias hasta precios de insumos, como ocu-rre con el papel de diarios.

Podramos entonces reformular ambas ideas para asegurar que la influenciadel grupo cuestionado ha sido muy grande no tanto en la opinin pblica comoen los gobiernos mismos, cada uno de los cuales realiz concesiones al multimedio,incluidas las administraciones de ambos Kirchner, en las cuales obtuvieron la am-pliacin del plazo de concesin de los canales de aire y la condonacin de pagosimpositivos.

El anterior marco a la radiodifusin lo daba la Ley 22.285 sancionada en 1980,durante el gobierno militar. Pero fue posteriormente modificaba ocho veces porley, siete por decretos de necesidad y urgencia y en varias oportunidades por laautoridad regulatoria, que hasta 2009 fue ejercida por un interventor (Villafae,2009: 52) La nueva legislacin cambia las condiciones en que se venan desarro-llando los negocios al poner lmites de licencias y de porciones del mercado de ser-vicios de comunicacin audiovisual. Quizs la modificacin ms relevante es laasignacin de una seal abierta en cada localidad para el sector pblico y para los


pueblos originarios. La reserva de 33% para personas de existencia ideal sin finesde lucro fue el aspecto ms controvertido, especialmente porque muchos enten-dieron, errneamente, que el espectro se divida en tres partes (estatal, comercialy civil), lo que no necesariamente ser as. Lo que s es cierto es que el Estadoasume con el nuevo marco una enorme responsabilidad en la concesin de las fre-cuencias y en el control de los concesionarios. Por lo menos, para garantizar de acen ms una transparencia y legalidad de los procesos que no ocurri en el pasado,cuyos desaciertos no slo han sido sealados por los investigadores (Mastrini:2005), sino que aceptados por las mismas autoridades.

El ejemplo del artculo 161 que establece los plazos de adecuacin de licenciasal nuevo marco legal ha sido el ms controvertido, aunque no necesariamentees el que afecta a mayor cantidad de actores. Pero esta circunstancia muestracmo el juego poltico de dos actores puede afectar en su conjunto el clima deopinin de la sociedad. En el caso especfico del Grupo Clarn, directamente afec-tado por este artculo, el conflicto se reflej en la lnea editorial de Clarn, el diarioinsignia del conglomerado. Un anlisis de septiembre de 2009 de Diario sobre dia-rios, da cuenta de estos cambios durante la sancin de la ley, como refiere la opi-nin de otros colegas: El Grupo Clarn, afectado como multimedios por decisionesdel Gobierno nacional, viene editando su diario en forma inusitada. Furia clarinescala denomin el dueo de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia; furia le llamHoracio Verbitsky; catstrofe escribi Martn Caparrs; bandazos advirti un edi-tor misionero; tapas crispadas describi otro editor. Esto surga de descalifica-ciones editoriales a la ley, de campaas publicitarias abiertamente hostiles, y dedesprolijidades periodsticas, tales como acusaciones en notas sin firma, queponan en evidencia las presiones que podan sentirse dentro de la redaccin.

Del lado del poder, la tensin era reforzada en cada oportunidad. En sudiscurso de presentacin del proyecto de ley en el Congreso de la Nacin, el 27de agosto de 2009, la Presidente dej claro cul era la posicin oficial con relacina los medios: No se debe confundir libertad de expresin con libertad de extorsiny agreg que la prensa a veces funciona como un suprapoder [compuesto por]poderes sutiles y no tanto, que tiene la suficiente fuerza para imponer y arrancardecisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presin. Esta idea, juntocon otras como medios hegemnicos, monopolios de la comunicacin, se pre-sentaron desde los funcionarios a la ciudadana como justificacin de la necesidadde controlar frreamente un sector acostumbrado a consensuar con el poder unmarco jurdico a su medida. Desde otra perspectiva, algunos dicen que tiene que


ver con una batalla que la Presidente y su esposo libran con el Grupo despus quese rompieron algunos acuerdos de convivencia que funcionaron en el pasado. Elperiodista Luis Majul, autor de una biografa de Nstor Kirchner (Majul, 2009) enu-mera la sucesin de medidas del gobierno que tienen como principal afectado almultimedios: la ruptura del contrato entre la AFA y Torneos y Competencias, laLey de Medios Audiovisuales, el impulso a la investigacin sobre la identidad deMarcela y Felipe Noble Herrera, la decisin de declarar caducada la licencia de Fi-bertel, el intento de quedarse con Papel Prensa por la va administrativa y la pre-tensin de hacerlo bajo la acusacin a Clarn y La Nacin de haberse apropiadode esta firma por medio de un delito de lesa humanidad, se inscribe en ese planestratgico, preventivo y letal del ex presidente (Majul, 2010a).

Este inventario da cuenta de la participacin de un solo grupo en demasiadosnegocios que supo conseguir con la anuencia del poder, consentimientos que seinvocan en el accionar judicial ante cada medida del gobierno. Esgrimen derechosconcedidos. A su vez el gobierno y sus adherentes desconocen que la aplicacinde la ley pueda discutirse en la justicia, y consideran sospechosa cualquier iniciativaque venga del poder legislativo. Los abusos de ambos lados replican como calcolo que ocurre en todo el continente, como sintetiza Omar Rincn:

Su modo de actuar es la concentracin meditica, pocos empresarios sondueos de muchos medios y slo les interesa el negocio e imponer un sis-tema de pensamiento y discurso nico; en general, la tendencia es que losmedios informan y piensan y hacen poltica de derecha, y no se quiereofender ni al poder gobernante ni al poder del anunciante El resultado:desconexin de los medios con los ciudadanos y conexin con el poder;los medios dejaron de ser contrapoder; baja credibilidad y legitimidad so-cial de los medios. Ah es cuando surge la necesidad de regular el poderde concentracin y es ah donde aparece el tema de las concesiones y li-cencias de radio, televisin y telecomunicaciones. Una historia de luchaentre gobiernos y medios con baja calidad periodstica y baja toleranciademocrtica. (Rincn, 2010: 8)

El escenario es as de complejo. En el mismo periodo en que los grandesmedios eran dianas de las acusaciones del poder, seguan siendo beneficiarios dealgunas decisiones gubernamentales. Por caso, en mayo de 2009 el gobierno firmun acuerdo fiscal con algunas empresas de medios, que en septiembre (mes de la


sancin de la Ley 26.522) se extendi a todas, por el cual se permita condonar deu-das que los medios acumulaban con el Estado desde 2003, cuando quedaron sinefecto los beneficios tributarios para el sector y los medios llevaron el caso a la jus-ticia. El decreto oficializ la intencin del Gobierno de condonar las deudas impo-sitivas, previsionales o por multas con el por entonces Comfer (Comit Federal deRadiodifusin) que las empresas periodsticas tuvieran hasta el 31 de diciembre del2008. Por esta va, las empresas de prensa obtuvieron un rgimen especial para can-jear la plata que deban al Estado por pginas o segundos audiovisuales. Con lo cualel gobierno obtena un crdito no computable en los gastos de publicidad oficial delpresupuesto nacional. Estas negociaciones de los medios con el poder, en un mo-mento en que jugaban a que se peleaban pblicamente, necesariamente achican elmargen de libertad de periodistas y funcionarios para informar estas circunstancias.

Medios privados y dineros pblicos

No es slo a travs de las licencias e impuestos que el gobierno puede con-dicionar a los medios, sino tambin a travs de insumos, contrataciones, compras.Y no slo los ms obvios, como el papel. Una nota de Jorge Fontevecchia (2009)en relacin a una decisin que perjudicaba a la editorial Perfil da cuenta de la va-riedad de situaciones que se plantean. Contaba que una Gerencia de la estatizadaAerolneas Argentinas inform de una orden recibida de reemplazar los diarios Perfily La Nacin por BAE, el diario gratuito La Razn (de Clarn) por El Argentino, y lasrevistas Noticias, Caras y Fortuna (todas de Editorial Perfil) por XXIII, 7 Das yNewsweek. Todas las publicaciones beneficiadas eran, por entonces, del empresarioperiodstico Sergio Szpolski. Si bien, segn la nota, la orden en cuestin se revi,lo cierto es que en la aerolnea se distribuyen actualmente el diario La Gaceta delaire y la revista Cielos argentinos, emprendimientos del empresario en cuestin.Fontevecchia acusaba en su nota que Este ejemplo es una pequea muestra decmo el Gobierno discrimina y persigue a la prensa independiente. Burdamentey con grosera arbitrariedad, compra desde el Estado sin atenerse a ningn principiode lgica, como si el dinero pblico fuera propio y una herramienta en la campaapoltica del gobierno de turno.

La ancdota muestra que el Estado puede favorecer o perjudicar de muchas ma-neras a los medios, y cuanto ms dependientes sean de esa decisin, ms limitadaestar su tarea informativa, se trate de un condicionamiento impuesto o presumido.


Muchas de estas decisiones no son ilegales, pero s podran cuestionarse desde la ticapblica y la periodstica. El sistema de medios est configurado de una manera talque sera muy difcil pensar en cambios drsticos en las prcticas de sus actores, es-pecialmente en lo que hace a contrataciones, sobre las que sobrevuelan sospechasde intermediaciones y comisiones ocultas. Si las presiones se sienten en medios concierto respaldo, qu podran hacer productoras y periodistas empresarios dedicadosa emprendimientos periodstico-comerciales en espacios alquilados, que compitencon los grandes medios por los mismos anunciantes pblicos y privados. Justamenteen nombre de esa competencia, es que muchos han perfeccionado un sistema deauspicios, llamados as para distinguirlos de las pautas publicitarias tradicionales,que brindan al anunciante servicios adicionales, como por ejemplo, entrevistas a fun-cionarios del contratante, lecturas de gacetillas, entre otros. De hecho, los auspiciossuelen estar administrados generalmente por el rea de prensa, no la de publicidad,y suelen contratarse a periodistas que son parte de medios principales y que tienensu emprendimiento complementario en una radio o un canal de cable. De esta ma-nera, puede ocurrir que un periodista especializado en economa tenga su programade cable auspiciado por los bancos que suelen ser sus fuentes en el diario centenarioen el que tiene firma. O que el acreditado en Casa de gobierno para un diario he-gemnico, aparezca en la planilla de pauta publicitaria de la Jefatura de Gabinetede Ministros (JGM).O que gobiernos provinciales promocionen su gestin enradios de Capital, que no escuchan sus gobernados. Y as. Segn la investigacin dela periodista Mara ODonnell, las planillas de consumo interno de la Secretarade Medios develaban un profuso reparto minorista de avisos (por lo general aus-picios) que distribuan en centenares de programas periodsticos de radio y televisin(2007, 51). Como resultante se han fortalecido los intermediarios del sistema quefuncionan como brokers de periodistas, que adquirieron un peso y poder que a veceses mayor que el de los medios. Aunque todava con menor visibilidad. Entonces cam-bia sustancialmente el juego de fuerzas. Como analiza Martn Becerra (2010b), laeconoma del loteo o del subalquiler predominante en las radios argentinas morigerael control del dueo de la emisora sobre los contenidos que propala. La programacincristaliza un puzzle que en los hechos responde ms a terceros actores (anunciantes,productoras sin vnculo societario con la emisora) que al beneficiario de una licencia,dificultando su dominio sobre las voces que se emiten por su radio.

Slo en Buenos Aires, hay una decena de canales de cable y ms de veinte ra-dios que funcionan con el esquema de alquiler de sus espacios a productoras pe-riodsticas que los gestionan (ADC, 2008: 161). Y muchas de ellas superan a


medios consolidados en facturacin. Para el 2007, las productoras e intermediariasconcentraban la facturacin del 55% de radio y el 63% del cable (ADC, 2008c).Por caso, en la planilla que elabor Poder Ciudadano para 2009, una productoraignota (GR Producciones Comerciales) ocup el sptimo lugar entre los beneficia-rios de la pauta oficial, con cuatro veces ms pauta que el canal pblico. El creci-miento de dos empresarios que entraron al negocio de los medios en los noventa,como Ral Moneta y Daniel Hadad, se consolid en base a este sistema de pe-riodismo de anunciantes, al que se le dedican los espacios editoriales de los me-dios propios, y de subalquiler de espacios para que sean explotados por terceros.Por caso, el grupo Moneta comercializa un suplemento especializado que circulaen 14 diarios del pas, tiene un portal, programas de televisin y 11 radios que ope-ran por el sistema de loteo. Hadad luego de participar en compras y ventas mi-llonarias, hoy explota dos revistas, un canal de noticias, 5 radios y varios mediosdigitales (Diario sobre diarios, 2010).

Aunque muchos polticos y empresarios reconocieron haber recibido llamadosde productoras que sutil o abiertamente relacionaban la aparicin en los progra-mas con los auspicios, los periodistas an no se animan a decirlo. Cmo hacerlocuando de ello depende su ingreso o el acceso a la fuente. Pero el sistema existe,y se manifiesta en esas pautas importantes para programas sin audiencia. Seasume que el auspicio es una cortesa que aceita la relacin con el periodista(ODonnell 2007, 110), y que podra facilitar el contacto en el medio principal enel que trabaja el auspiciado. Lo que hoy la poltica est descubriendo, existe desdehace mucho en secciones sensibles a los grandes anunciantes como Economa oEspectculos. De parte de los medios, se hace la vista gorda a los emprendimientosaccesorios de sus periodistas, porque de alguna manera los exime de pagar sueldosde exclusividad. Al punto que los propios medios favorecieron el proceso de per-sonalizacin del periodista, concediendo firmas aun para pasantes, que aceptabanel beneficio simblico como compensacin de los magros sueldos. Todas estascondiciones en las que se desarrolla la tarea tienen efectos en el campo periods-tico. Al instalarse en el mbito de los grandes anunciantes, el gobierno nacionalno est ajeno a los mecanismos de presin indirecta y de cooptacin tan enquis-tados en el sistema.

Lo novedoso es que los nuevos medios empujaron cambios que parecanimposibles hace aos atrs. El cuestionamiento al costo preferencial por el pa-pel que obtenan Clarn y La Nacin por participar en la empresa estatal dePapel Prensa fue un reclamo histrico de Julio Ramos, director del diario eco-



nmico mbito Financiero, y luego de Jorge Fontevecchia, director de la edito-rial Perfil. Al salir de la convertibilidad el costo de papel en dlares fue muchoms oneroso para las empresas que no accedan al papel subsidiado, ponindo-las en una clara desventaja competitiva. Es indudable que las nuevas empresaseditoriales han propiciado esta discusin del papel en 2010, cuando el costodel papel no genera tan marcadas diferencias. Pero ha permitido poner el temaen discusin en el Congreso y en revisin en la justicia. As fue que esta vez eltema de Papel Prensa fue liderado por los medios de Szpolski, Tiempo argentinoy Miradas al sur, semanario que poco antes de la presentacin del PEN sobre eltema, public el libro Silencio por sangre. La verdadera historia de Papel Prensa(MDZ, 2010).

En cada uno de los casos, aparece la responsabilidad conjunta de medios y go-bierno. Los medios han sabido sacar partido: buena parte tiene a sus colaboradoresen distintos grados de precariedad laboral, la mayora tena una deuda con el Es-tado por aportes previsionales e impositivos que licu de forma que no podrahacer cualquier contribuyente. Justificndose en los apremios financieros, han ins-titucionalizado prcticas contrarias al periodismo de calidad (pagar por la publi-cacin de informacin, priorizar informacin de sus anunciantes, no publicar loque podra comprometerlos). El poder, por su parte, ha sido partcipe necesario deestos crmenes en la medida en que alent muchas de estas circunstancias por losbeneficios que podan depararle medios dependientes. De nuevo es Rincn el quenos ayuda a comprender el despropsito:

todo vale para comprar la conciencia pblica. Y los gobiernos desarrollanuna obsesin por lo meditico. Su justificacin es que en los medios decomunicacin privados se est jugando con la salud mental de los ciuda-danos porque se informa con propaganda engaosa, basada en el terrormeditico, la desinformacin y la propiedad. Y es que se cree que el poderse ha desplazado de los gobiernos hacia la opinin pblica el poder re-side, por tanto, en quienes informan. Por eso se considera que tener a losmedios de comunicacin del lado del gobierno es indispensable para lagobernabilidad de xito en las encuestas y es una doctrina de seguridadnacional frente al terrorismo meditico. (Rincn, 2010: 8)

Se entienden ahora mejor las quejas por el condicionamiento de parte de los pe-riodistas y por qu estos temas son prioritarios en la nueva agenda para la libertad

La ley 26.522 le da un marco de legitimi-dad a la fiscalizacin que no poda otor-gar una ley de la dictadura, sancionada con

un parmetro de control de la nefasta doc-

trina de la seguridad nacional. Esa falta de

legitimidad de la ley anterior determinaba

que el organismo estatal no pudiera cumplir

adecuadamente su funcin de control y

evaluacin. Para la mayora de las licencia-

tarias era ms fcil acumular multas que

despus se canjeaban por publicidad, o co-

brrselas a las productoras mientras discu-

tan con el organismo su legitimidad, con lo

cual nunca llegaban a liquidarse efectiva-

mente. Por otra parte, en muchos casos se

trataba de montos irrisorios para lo que era

la facturacin de algunos canales. La nueva

ley no solo tiene plena legitimidad sino que

establece un sistema de multas ms justo,

que considera la diferencia para las poten-

ciales sanciones entre una gran empresa

televisiva con gran llegada y una pequea

radio FM de alcance local. La nueva ley es-

tablece un rango de multas de entre el 0,1%

y el 10% de la facturacin publicitaria del

mes anterior a cometida la falta, con un

sistema acumulativo anual que determina

que ante una cantidad de faltas leves se

convierten en graves y se puedan imponer

multas importantes, pero tambin la sus-

pensin de publicidad, o llegar incluso a de-

terminar la caducidad de la licencia. Ade-

ms, la nueva regulacin en su artculo 13

prohbe expresamente el canje de multas

por publicidad para el Estado, como se hizo

en anteriores oportunidades. Esto impedi-

ra repetir situaciones como las que ocu-

rrieron en el pasado con el anterior Rgi-

men de Sanciones en donde un canal poda

acumular centenares de multas, que volvan

a cero cada tres meses, por lo que no gene-

raban ningn cambio en la actitud de los li-

cenciatarios.

Actualmente, cuando el organismo detecta

una infraccin se carga en el sistema, junto

con la grabacin como prueba, para formu-

lar un dictamen que establezca si trasgrede

o no algn artculo. A partir de ah, se da

de expresin, como explica en este mismo captulo Mnica Baumgratz. Se en-tiende un poco mejor el desconcierto ciudadano. Lo que no se entiende es por quaquellos que deberan proteger el derecho de la informacin lo ponen en riesgo.

Responsabilidades del nuevo marco legalGustavo Bulla (Afsca)


vista al canal o radio con un plazo durante

el cual los abogados tienen un tiempo para

hacer los descargos. Finalmente, se firma la

sancin y se notifica al medio, con nuevos

plazos para revisin del proceso. La natura-

leza y los tiempos de este procedimiento

llevan al pblico a pensar que el organismo

no est actuando, dado que la mayora de

los ciudadanos tiene en mente procesos

sancionatorios inmediatos, cercanos a la

censura en tanto tienen la expectativa de

que se levante un programa que no se ajuste

a los parmetros. Para revertir esta imagen

se est planeando acelerar en lo posible los

procesos, sin por ello dejar de cumplir con

todos los pasos y garantas. Pero tambin se

espera dar publicidad a las actuaciones de la

Autoridad Federal y las sanciones aplicadas

en la pgina web del organismo, de modo

que adems de una cuestin pecuniaria, la

difusin impulse a modificar actitudes en

los actores del sistema.

Aos de inaccin del Comfer dejaron la idea

de que el organismo tena un control dbil

frente a las grandes empresas de comunica-

cin, sumado al desconocimiento de los p-

blicos de sus derechos en materia audiovi-

sual. Se trata ahora de, por un lado, hacer

cumplir plenamente la Ley 26.522 y aplicar

las sanciones que correspondan en cada

caso. Pero tambin, de comprometerse en la

tarea pedaggica de educar a los pblicos,

que suelen quejarse mayormente de los

programas que son a la vez los de mayor au-

diencia, con lo que los ms criticados son los

que tienen en apariencia una mayor acep-

tacin. Adems de las quejas ms frecuen-

tes, que suelen centrarse en el lenguaje obs-

ceno o el no cumplimiento del horario de

proteccin al menor, es necesario concien-

ciar en otros derechos, como el de no recibir

ms publicidad que los 12 minutos por hora

en TV (14 para radio) que establece la ley

para todo concepto y no nicamente en la

tanda publicitaria, como se interpretaba

antes. O de no aceptar contenidos discri-

minatorios o violentos, que la mayora de

los televidentes naturaliza de tan comunes

que son. O controlar el incumplimiento de

los segundos cedidos a avisos de bien p-

blico, hoy muy incumplidos, a pesar de la

obligacin que tienen todos los licenciata-

rios de hacerlo.

Conocer claramente quin es el responsable

del canal tambin implica saber a quin se

le debe aplicar la sancin, que antes recaa

sobre el cableoperador. Poder fiscalizar di-

rectamente la seal facilitar de alguna ma-

nera el control, en la medida en que la san-

cin alcanzar a la seal a lo largo del pas,

con independencia de quin la est transmi-

tiendo. Pero tambin hay que reforzar el

control en los canales de televisin y radios

del Estado Nacional, como Canal 7 y Radio

Nacional con sus ms de cuarenta filiales en

todo en el pas. No slo porque el canal p-

blico debe ser el que ms cumpla la ley,

sino porque es una manera de ir marcando

pautas a los otros canales, siempre atentos

a lo que estn haciendo sus competidores.

La Autoridad Federal cuenta actualmente

con 30 delegaciones en todo el pas pero se


espera llegar a 45, dado que la ley establece

una delegacin en ciudades o regiones de

ms de quinientos mil habitantes. A la fis-

calizacin directa, se sumar la colabora-

cin de otras organizaciones, como es el

caso de la Sociedad Argentina de Autores y

Compositores (SADAIC) o a la Unin de

Msicos Independientes (UMI). Ellas han

bregado para que la ley considerara una

cuota de transmisin de msica de origen

nacional y producida en forma indepen-

diente en las emisiones y estn compro-

metidas a colaborar para controlar que as

se cumpla. De la misma manera, los perio-

distas y productores deben asumir el de-

safo creativo de la produccin local que

deber ser mayora en todos los canales y

radios.

Nuevas agendas para los monitoreosMnica Baumgratz (Fopea)

El programa de Monitoreo de la Libertad de Expresin intenta llenar un vaco exis-tente en Argentina en la atencin de las agresiones a la libertad de prensa. En esemarco, lo ms importante fue la construccin de un espacio para problematizary debatir los ms diversos tipos de dificultades que afronta la libertad de prensaen nuestro pasEl Foro de Periodismo Argentino (Fopea) es una organizacin que rene a unos300 profesionales de medios y profesores del rea de la comunicacin, con obje-tivo de contribuir a mejorar el ejercicio profesional, la elevacin de los estndaresticos y de calidad, el debate sobre la responsabilidad de los medios y los perio-distas, y la defensa de la libertad de expresin. Dentro de este punto, el Programade Monitoreo de la Libertad de Expresin busca dar a conocer las violaciones ala libertad de prensa que ocurren en cualquier punto del pas y que afectan a pe-riodistas, medios de comunicacin o auxiliares de la produccin de la informacin.Al ser una organizacin de tipo profesiona

La palabra empeñada

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