Un breve análisis sobre la educación universitaria en el ParaguayDra. Verónica Elisa Castillo Benítez

El mundo globalizado en el que vivimos exige un continuo proceso de aprendizaje y el mercado laboral obliga al profesional a una capacitación continua. La educación superior se puede clasificar en dos niveles, el nivel técnico superior y el nivel superior universitario. El joven de hoy, que carece de cualquiera de los dos niveles, tiene menos posibilidades de lograr buenos empleos por la alta competitividad.

En la actualidad existe un pleno reconocimiento de que la política de reforma educativa representa la única línea de acción pública que durante la última década contó con una idea clara de sus metas, una precisa identificación de los problemas a corregir, la convicción sobre la importancia de contar con una amplia participación de la ciudadanía y de una capacidad de ejecución de los programas de intervención sobre la realidad educativa. Entre los síntomas de nuestro averiado sistema universitario nos encontramos con el reducido porcentaje de jóvenes matriculados en este nivel. Solo el 6% de la población ha podido acceder a la universidad; sin embargo, en la última década la cantidad de universidades privadas creadas desde el parlamento ha crecido increíblemente. Esta ecuación significa también la forma en la que se ha mercantilizado un derecho. Es decir, cómo ha primado la posibilidad de explotar un negocio antes que gestar y ejecutar un plan orientado al acceso gratuito a la educación superior, por ejemplo. En los últimos años hemos identificado la mala calidad de nuestra educación, pero nunca explicitamos cuál sería la educación de calidad y en qué indicadores nos basamos para saber cuál educación es mejor. De lo que sí estamos seguros es que para que la educación sea de calidad debería enfocarse a generar mejores condiciones de vida en el país.

La nueva educación paraguaya, cuya gestación tuvo como fuente inspiradora la democracia y la búsqueda de una mayor equidad social. La creciente demanda por acceso a la educación superior que se viene dando por la sostenida masificación, el caótico y permisivo crecimiento del número de universidades privadas, el sub-financiamiento, la débil actividad en el campo de la investigación, etc., están fortaleciendo una tendencia de precarización sumamente grave en la esfera universitaria. Por otra parte, no es posible dejar de reconocer la existencia de innovaciones y esfuerzos positivos en el sentido de una modernización de la educación universitaria.

Un criterio similar se aplica a la pendiente reforma de la Educación superior, cuyo notorio atraso se contrapone a las abrumadoras y crecientes necesidades que el desarrollo del país impone a la educación superior. La estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación superior dependerá en gran medida de las universidades públicas y centralmente, de la UNA, por dos principales razones las exigencias que le pueden ser impuestas por el Estado por el hecho de recibir fondos públicos para su funcionamiento y por las limitaciones que presentan las universidades privadas en aumentar sus umbrales de exigencias al depender sus ingresos de manera absoluta del volumen de su matrícula. Considerando ambos aspectos, lo que cabría esperar en el marco de la crisis económica y social nacional es más bien una tendencia de desmejoramiento de la calidad educativa en el campo de las universidades privadas.

Entre los desafíos que la Universidad tendría que encarar, para que su articulación con las políticas de desarrollo se torne más adecuada y eficaz podemos señalar: Formar profesionales universitarios capaces e idóneos y creativos, que son atributos que posibilitarían a dichos profesionales desempeñarse adecuadamente, en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo. Crear espacios científicos en los que se puedan debatir sobre la realidad presente del país y se proyecte el modelo de la sociedad futura, con fines de superación de las desigualdades y exclusiones sociales que imperan el Paraguay actual. Implementar políticas de desarrollo, fundamentadas en diagnósticos basados en investigaciones científicas pertinentes del sector de la realidad que será intervenida. Formular un modelo de desarrollo, fundamentado por los estudios pertinentes provenientes de las universidades. Dicha fundamentación tendrían que tener en cuenta, además de los factores imperantes en la realidad socio-económica y política nacional, las implicancias que genera el actual proceso de globalización, en el que, entre otros aspectos, se destacan la articulación cada vez más fuerte entre los mercados de capitales y de bienes y servicios.

La educación no es un derecho que se ejerza en el vacío o que se direccione naturalmente. Es la herramienta intrínsecamente ligada a nuestro modelo de desarrollo- país y, más específicamente el ejercicio que marca las pautas de nuestras vidas. Es un elemento tan fundamental que trasciende a las personas y atraviesa la dinámica con la que se mueve un país. Por eso es un derecho social primordial, porque nos permite delinear los rumbos óptimos a seguir por el estado en sus diferentes ámbitos. Pero así también la universidad puede constituirse en espacio de validación de modelos de desarrollo que producen desigualdad. Por lo mencionado deviene la necesidad de pensar la universidad en conjunto. Nadie podría oponerse a una educación que produzca profesionales competentes en las materias de más demanda. La educación debería ser una herramienta para la consolidación cultural de las comunidades y para la garantía de los derechos para todos.

Estamos en la era del conocimiento, el que no conoce cualquier nivel, ya no tiene la misma oportunidad sobre el que conoce. La educación se ha convertido en uno de los escenarios más vivos y controversiales de la cultura actual. Cualquiera sea el país, su nivel de desarrollo o la magnitud de sus carencias, la preocupación por la educación se ubica en el centro de los debates, las propuestas de políticas y la confrontación de ideas e intereses.