La responsabilidad de la administración concursal
42
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIO FINANCIEROS GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Trabajo Fin de GRADO LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL Autor: Blázquez Madruga, Almudena Tutores: Ortiz Márquez, Marta y Velasco Fabra, Guillermo Madrid, diciembre 2020
Transcript of La responsabilidad de la administración concursal
COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIO
FINANCIEROS
GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
Trabajo Fin de GRADO
LA RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL
Autor: Blázquez Madruga, Almudena
Tutores: Ortiz Márquez, Marta y Velasco Fabra,
Guillermo
Madrid, diciembre 2020
1
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 3
2. MARCO NORMATIVO. ..................................................................................... 4
3. RASGOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. ........... 7
3.1. Concepto y composición de la administración concursal. ................................ 7
3.2. Los auxiliares delegados. ....................................................................................... 8
3.3. Funciones de la administración concursal. ............................................................ 9
3.4. Deberes de la administración concursal. ............................................................. 10
3.4.1. Los deberes de diligencia y lealtad. ............................................................ 10
3.4.2. El deber de actuar conforme con la regla de la “buena fe”. ....................... 13
3.4.3. Sujeción a la Ley. ....................................................................................... 13
4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES
CONCURSALES. .......................................................................................................... 14
4.1. La responsabilidad de los administradores concursales por los daños causados
a la masa. .................................................................................................................... 15
4.1.1. Concepto de masa activa. ........................................................................... 15
4.1.2. La acción social. Requisitos para ejercitarla. ............................................. 16
4.1.4. Cuestiones procesales referidas a la acción colectiva. ............................... 19
4.2. La responsabilidad de los administradores concursales por lesión directa de
los intereses del deudor, acreedores o terceros. .......................................................... 20
4.2.1. Cuestiones procesales referidas a la acción individual. .............................. 22
4.3. Cuestiones procesales comunes a la acción social y a la acción individual. .. 22
4.3.1. Acumulación de acciones. .......................................................................... 22
4.3.2. Carga de la prueba. ..................................................................................... 23
4.3.3. La persona jurídica como sujeto pasivo. .................................................... 24
5. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 DE CUENCA, DE 6 DE JULIO DE
2020. ............................................................................................................................... 24
6. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. ............................................................ 28
7. LA RESPONSABILIDAD PENAL Y TRIBUTARIA DE LOS
ADMINISTRADORES CONCURSALES. ................................................................... 32
7.1. La responsabilidad penal de los administradores concursales........................ 32
7.2. La responsabilidad tributaria de los administradores concursales.................. 34
8. CONCLUSIONES. ................................................................................................. 35
9. JURISPRUDENCIA CITADA............................................................................... 37
10. BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................... 38
2
ABREVIATURAS Y SIGLAS.
Art.: Artículo
CC: Código Civil
CE: Constitución Española
CP: Código Penal
LC: Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil.
LGT: Ley General Tributaria
SAP: Sentencia Audiencia Provincial
SJM: Sentencia Juzgado de lo Mercantil
STS: Sentencia del Tribunal Supremo
TRLC: Texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo.
TRLSA: Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/2989, de 22 de diciembre.
TRLSC: Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto
legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3
1. INTRODUCCIÓN
El tema elegido para este trabajo es “La responsabilidad de la administración concursal”.
Si bien es cierto que a lo largo del trabajo vamos a aludir a todas las formas de
responsabilidad, nuestro estudio principalmente va a estar basado en la responsabilidad
civil.
La elección de este tema se debe principalmente al gran interés suscitado por el Derecho
Concursal. A la hora de empezar un futuro laboral, sea siguiendo el área de
Administración de Empresas o el área de Derecho, es indudable que los procedimientos
de concurso de acreedores van a estar a la orden del día, especialmente con la crisis
económica que va a derivarse del COVID-19. Así, hemos creído atractivo centrarnos en
la responsabilidad de la figura del administrador concursal al ser uno de los órganos
necesarios para el procedimiento del concurso de acreedores y tener un papel clave en el
concurso.
Para su estudio expondremos en primer lugar, el marco normativo, comprendiendo en
este sentido las reformas que han tenido lugar en los últimos años.
A continuación, expondremos los rasgos generales de la administración concursal, puesto
que, sin tener claro su concepto, composición, funciones y deberes, será muy difícil
entender la responsabilidad a la que se enfrentan los mismos. Asimismo, expondremos la
figura del auxiliar delegado y la responsabilidad del administrador concursal por las
acciones del mismo.
Seguidamente, centraremos nuestro estudio en la responsabilidad civil de los
administradores concursales, la cual podrá tener una doble vertiente: responsabilidad por
los daños causados a la masa, o responsabilidad por lesión directa de intereses del deudor,
acreedores o terceros. En esta línea, nos referiremos a las particularidades que cada una
de ellas, abarcando naturalmente las cuestiones procesales.
Tras exponer los supuestos de responsabilidad civil, realizaremos un análisis
jurisprudencial de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, nº2 de
Cuenca, de 6 de julio de 2020, pues, si bien a lo largo del trabajo aludiremos a
jurisprudencia y doctrina, consideramos que analizar una sentencia tan completa puede
ser enriquecedor en nuestro trabajo.
4
Posteriormente, expondremos las formas de la responsabilidad disciplinaria, es decir, el
régimen de infracciones y sanciones al que se enfrentan los administradores concursales,
haciendo igualmente uso de doctrina y jurisprudencia.
El último aspecto a mencionar en el trabajo serán las responsabilidades de la
administración concursal en el ámbito penal y tributario, para que sean tenidas en cuenta
y se muestre la posibilidad de concurrir en las mismas.
Para finalizar, expondremos las conclusiones derivadas del estudio objeto del trabajo.
2. MARCO NORMATIVO.
Hasta la Ley Concursal de 2003, no se configuró como tal el modelo organizativo del
procedimiento concursal1. Las antiquísimas y dispersas normas no ayudaban a resolver
los múltiples problemas que presentaban los procedimientos concursales. En efecto, las
normas del Código de Comercio de 1829, el Código Civil de 1881, el Código de
Comercio de 1885 y la Ley Procesal vigentes no ofrecían las herramientas necesarias para
resolver las múltiples cuestiones que conllevan un procedimiento concursal.
Bien es cierto que más adelante, la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 1922,
llegó a convertirse en una pieza básica del derecho concursal gracias a la flexibilidad de
su regulación.
Sin embargo, tras varios trabajos prelegislativos en la senda de la reforma concursal, no
es hasta el año 2000 que se constituye el antecedente del proyecto de la Ley Concursal de
2003, con el que el Gobierno dio cumplimiento a la disposición final decimonovena de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual, en el plazo de
seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, debía remitir a las
Cortes Generales un proyecto de Ley Concursal2.
La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en adelante LC) estableció así, por primera
vez, un régimen de responsabilidad para los administradores concursales configurado a
partir de los elementos básicos que la legislación societaria utiliza para la exigencia de
responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles, hasta el punto de que
1 PULGAR EZQUERRA, J., El concurso de acreedores. Madrid: Wolters Kluwer, 2012. 2 Información extraída de la Exposición de Motivos de la LC 2003.
5
su artículo 36 (que establecía la responsabilidad de los administradores concursales)
recogía literalmente textos procedentes de este ámbito3.
Como hemos visto, la Ley Concursal marcó un antes y un después en el Derecho
Concursal español y fue el resultado de un complejo proceso legislativo. No obstante,
desde su promulgación, ha sido objeto de reforma mediante sucesivas leyes y decretos-
leyes.
La acumulación de reformas justificó que en la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas
urgentes en materia concursal, se habilitara al Gobierno para aprobar un texto refundido
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La finalización del plazo para la refundición del texto motivó que en la Ley de Secretos
empresariales de 2019, se incluyera una disposición que habilitaba un nuevo plazo para
la aprobación de un texto refundido, por el que se podrían regularizar, aclarar y armonizar
los textos legales que debían ser refundidos.
Así, el 5 de mayo de 2020 se aprueba mediante Real Decreto Legislativo, el texto
refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el día 1 de septiembre de 20204.
A continuación, se hará una breve mención a las reformas de la Ley Concursal que nos
interesa destacar en relación al objeto del presente trabajo5.
En primer lugar, en 2004 se promulgó el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre,
por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. La
retribución con arreglo a arancel constituyó una evolución del derecho concursal al
asegurar así el tratamiento homogéneo de la administración concursal, y por otro lado,
permite calcular el coste de la deuda de la masa a quienes proyectan la apertura del
procedimiento6.
Por otro lado, la reforma introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, introdujo en el sistema concursal español la
exigencia de un seguro de responsabilidad civil o de una garantía equivalente
proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto como requisito para la
aceptación del cargo. Este se desarrolló mediante el Real Decreto 1333/2012, de 21 de
septiembre7.
3 PULGAR EZQUERRA, J., El concurso de acreedores. Madrid: Wolters Kluwer, 2012, pp. 558-572. 4 Información extraída de la exposición de motivos del TRLC. 5 GARCÍA-POSADA, M. y VEGAS, R., Las reformas de la ley Concursal durante la Gran Recesión, 2016. 6 Exposición de motivos del RD 1860/2004, de 6 de septiembre. 7 ROJO, A. y CAMPUZANO, A., Legislación concursal. Navarra: Thomson Reuters ARANZADI, 2020.
6
Asimismo aludimos a la reforma introducida por la Ley 38/20011, de 10 de octubre, por
la que se extienden los supuestos en los que la administración concursal está integrada
por un único miembro, pues originalmente el legislador apostó por una administración
compuesta por tres miembros, pudiendo ser unipersonal únicamente en procedimientos
abreviados8.
Esto, además de una repercusión clara en el funcionamiento de la administración, en su
toma de decisiones y en el ahorro de costes, tiene repercusión a la hora de establecer la
responsabilidad9. Igualmente, con esta reforma se suprime también el artículo 36.2 LC
por el que se establecía la responsabilidad solidaria de los afectados cuando las
competencias del órgano se hubiera ejercido de forma mancomunada o colegiada. Sin
embargo, la reforma ha permanecido con esa responsabilidad para el supuesto de los
auxiliares delegados10.
Finalmente, nos interesa destacar que actualmente rige en nuestro ordenamiento jurídico
el texto refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLC), aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2020 el 5 de mayo. Como sabemos, un texto refundido podrá regularizar,
aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos11. Así, respecto a la última
reforma de 2015, la novedad que incluye este texto refundido es, además de la unificación
de todas las reformas, el cambio de la enumeración de los artículos. De este modo, el
artículo 36 LC que aludía a la responsabilidad de los administradores concursales, se fija
en los artículos 94 a 99 TRLC.
Sentado lo anterior, hemos de remarcar que, pese a la reciente entrada en vigor del TRLC,
encontramos una serie de artículos (algunos de ellos serán objeto de estudio en este
trabajo) que no estarán vigentes hasta que se aprueben, por una parte el reglamento al que
se refiere la disposición segunda de la Ley 17/2014 de 30 de septiembre, y, por otra parte
el reglamento de la cuenta garantía arancelaria, así lo establece la disposición transitoria
única del TRLC. Entre tanto, permanecerán en vigor los artículos de la LC, en la
redacción anterior a la entrada en vigor del TRLC.
Concretamente, el TRLC dedica el Título II del libro I a los órganos del concurso, y el
capítulo II de este título lo dedica exclusivamente a la administración concursal:
nombramiento, ejercicio del cargo, retribución, responsabilidad, separación y revocación.
8 VALPUESTA GASTAMINZA, E., Guía legislativa de la Ley Concursal. Barcelona: BOSCH, 2011, pp.
281-285. 9 Exposición de motivos de la Ley 38/2011, de 10 de octubre. 10 PULGAR EZQUERRA, J., Comentario a la Ley Concursal. Madrid, Wolters Kluwers, 2016. 11 Figura explicada en el artículo 82 CE.
7
3. RASGOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL.
Antes de hablar sobre la responsabilidad de los administradores concursales, estimamos
necesario dedicar una pequeña introducción a los mismos.
Sabemos que podrán ser declarados en concurso las personas físicas, las personas
jurídicas y las herencias no aceptadas pura y simplemente. Sin embargo, “sólo el juez y
la administración concursal constituyen órganos necesarios en el procedimiento”, así lo
afirma la exposición de motivos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal12.
Podemos afirmar que la administración concursal es un órgano necesario, puesto que el
procedimiento concursal comenzará con el auto de declaración de concurso, en el que
deberá incluirse el nombramiento de la administración concursal, y concluirá una vez
presentado el informe de la administración concursal y transcurrido el plazo de
impugnaciones.
3.1.Concepto y composición de la administración concursal.
La administración concursal es el órgano técnico del concurso. Este es un profesional
independiente que, supervisado por el juez del concurso, se encarga de la representación
y administración del concurso, persiguiendo exclusivamente el interés del concurso, es
decir, buscando la mejor satisfacción de los acreedores de una manera objetiva e
independiente de los intereses en juego13.
Está integrada por un único miembro, aunque en los concursos en que concurra causa de
interés público, el juez del concurso, podrá nombrar como segundo administrador
concursal a una Administración pública acreedora o a una entidad de derecho público
acreedora vinculada o dependiente de ella14.
Actualmente, por regla general, el miembro por el que se componga la administración
concursal, deberá reunir alguna de las condiciones establecidas en el artículo 27.1. LC,
entre las que se incluyen ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia
profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación
especializada en Derecho Concursal, o ser economista, titulado mercantil o auditor de
cuentas con cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en
12 Ideas extraídas de VELASCO FABRA, G. Y ORTEGA RUEDA, J.D., Régimen jurídico de la empresa.
Madrid: CUNEF, 2020. 13 DE LA CUESTA RUTE, J.M., Derecho mercantil II., Barcelona: Huygens, 2016, pp 432-433. 14 VELASCO FABRA, G. Y ORTEGA RUEDA, J.D., Régimen jurídico de la empresa. Madrid: CUNEF,
2020.
8
ámbito concursal. En el caso de ser una persona jurídica, esta deberá integrar al menos,
una persona que cumpla cada condición.
Sin embargo, estos requisitos para ser administrador concursal únicamente estarán
vigentes hasta que se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria
segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre.
Una vez aprobado el mismo, entrarán en vigor los artículos 57 a 64 TRLC en los que se
establece la composición de los administradores concursales, el requisito de inscripción
el Registro Público concursal, nombramiento e incompatibilidades de la administración
concursal.
Las principales diferencias serán, la designación de personas únicamente inscritas en el
Registro Público Concursal (para lo que habrá que cumplir una serie de requisitos) y que
hayan declarado su disposición a ejercer labores en el ámbito de la competencia territorial
del concurso. Asimismo se distinguirá entre concursos de distinto tamaño, y, el
nombramiento del administrador concursal se asignará por turno correlativo dentro del
listado de la sección cuarta del Registro Público concursal15.
El TRLC atiende de igual forma, en el artículo 63, la representación de la persona jurídica
administradora concursal. Al aceptar el cargo, esta deberá comunicar la identidad la
persona natural que la representa; que le será de aplicación el mismo régimen de
incompatibilidades, prohibiciones, recusación, separación y responsabilidad que a los
administradores concursales.
3.2. Los auxiliares delegados.
Nos ha parecido de interés introducir brevemente la figura de los auxiliares delegados, al
estar estrechamente relacionados con la administración concursal. El TRLC dedica la
subsección 5ª “De los auxiliares delegados”, de la Sección 1ª ”del nombramiento de la
administración concursal”, del Capítulo II “De la administración concursal” a regular el
régimen de los mismos16.Los auxiliares delegados son personas que ayudan al
administrador concursal en su labor.
El artículo 75 TRLC establece la posibilidad a la administración concursal de que, ante
la complejidad de un concurso, solicite al juez el nombramiento de uno o varios auxiliares
15 Idea extraída de VELASCO FABRA, G. Y ORTEGA RUEDA, J.D., Régimen jurídico de la empresa.
Madrid: CUNEF, 2020. 16 Concepto y estructura extraídos de VALPUESTA GASTAMINZA, E., Guía legislativa de la Ley
Concursal. Barcelona: BOSCH, 2011, pp. 420-421.
9
delegados especificando las funciones a delegar, el juez podrá designar un auxiliar
delegado si lo considera necesario o cuando la administración concursal no esté formada
por una persona jurídica.
El TRLC equipara a la auxiliares delegados con la administración concursal así lo refleja
el artículo 77.2 TRLC: “será de aplicación a los auxiliares delegados el régimen de
inhabilitaciones, prohibiciones, recusación y responsabilidad establecido para los
administradores concursales y sus representantes”, en atención a lo cual, un empleado o
colaborador del administrador concursal preferirá no ser nombrado auxiliar delegado,
pues los colaboradores no actúan nunca en sustitución del administrador concursal, es
decir, no son responsables ante terceros17.
En consecuencia, el artículo 76 TRLC obliga a nombrar a los auxiliares delegados en los
concursos de gran tamaño, concursos con masa activa existentes en establecimientos
dispersos por el territorio español, cuando el administrador concursal solicite prórroga
para la emisión del informe, y en concursos conexos con administración concursal única.
Siguiendo la línea de nuestra investigación, ¿cuál será la responsabilidad en que incurre
el administrador concursal por la decisión adoptada por los auxiliares delegados? Bien,
el artículo 95 TRLC, establece que los administradores concursales responderán
solidariamente con los auxiliares delegados de los actos y omisiones lesivos de estos,
salvo que prueben haber empleado la diligencia debida para prevenir o evitar el daño18.
3.3. Funciones de la administración concursal.
Las funciones del administrador concursal podrán variar según el tipo de concurso en el
que ejerza su función: en el concurso voluntario, el deudor conservará facultades de
administración y el administrador concursal las controlará y deberá estar conforme con
las mismas; mientras que en el concurso necesario, el administrador concursal sustituirá
al deudor, que será suspendido de sus facultades. Las funciones y facultades de la
administración concursal se señalarán mediante el auto de declaración de concurso19.
Ya en el cuarto apartado de la exposición de motivos de la LC, se encomiendan funciones
a la administración concursal como “las de intervenir en los actos realizados por el deudor
en ejercicio de sus facultades patrimoniales o sustituir al deudor cuando haya sido
17 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., Derecho mercantil II. Barcelona: Ariel, 2007. 18 SÁNCHEZ CALERO, F y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho Mercantil.
Navarra: Thomson Reuters ARANZADI, 2013, pp. 604 y siguientes. 19 TUSET VARELA, D., El Administrador concursal: efectos sobre la representación y defensa procesal del
concursado. Economist & Jurist, 2020.
10
suspendido en ese ejercicio, así como la de redactar el informe de la administración
concursal al que habrán de unirse el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y,
en su caso, la evaluación de las propuestas de convenio presentadas20.” No obstante, la
función principal de la administración concursal es la de velar por el patrimonio del
concursado.
El actualmente derogado artículo 33 LC, establecía una amplia lista de las funciones del
administrador concursal, que actualmente se encuentran distribuidas a lo largo de todo el
TRLC 21.
Estas funciones serán de representación procesal de la persona o sociedad concursada, de
carácter laboral, relativas a los derechos de los acreedores, de realización de valor y
liquidación, de secretaría, o de realización de actuaciones propias del deudor o de sus
órganos de administración.22
Entre estas funciones, nos parece interesante destacar, entre muchas otras, el ejercicio de
la acción contra los socios responsables por las deudas y la reclamación de desembolso
de aportaciones sociales diferidas (art.131 TRLC), el ejercicio de las acciones de
responsabilidad de la persona jurídica concursada contra sus administradores,
liquidadores, auditores o expertos independientes (art.132 TRLC), la rehabilitación a
favor del concursado contratos de financiación o de adquisición de bienes con precio
aplazado (arts. 166 y 167 TRLC), la solicitud de transformación de un procedimiento
abreviado en uno ordinario o viceversa (art. 524 TRLC) o el deber de presentación del
informe (al que el TRLC dedica el Título IV del Libro Primero).
3.4. Deberes de la administración concursal.
3.4.1. Los deberes de diligencia y lealtad.
Los deberes de diligencia y lealtad están definidos en el artículo 80 TRLC en virtud del
cual “los administradores concursales y los auxiliares delegados desempeñarán el cargo
con la diligencia de un ordenado administrador y de un leal representante”. En cuanto al
deber de lealtad, parece significativo destacar que esta, además de actuar en interés del
20 Idea extraída de YÁGÜEZ, R. Responsabilidad de la Administración concursal. Artículo para el V
Congreso Nacional de la Asociacion Espanola de Abogados Especializados en RC y Seguro sobre “La
Responsabilidad Civil en la Ley Consursal”. 21 Idea extraída de DESVIAT, I., ¿A qué responsabilidades se enfrenta un administrador concursal? Diario
La Ley, 2020. 22 CAMPUZANO, A.; SEBASTIÁN, R. Y TORTUTERO J., Esquemas de derecho concursal. Tirant lo
Blanch, 2016, pp. 90-106.
11
concurso, implica eliminar los conflictos de interés23. Subrayamos así, el Auto de la
Audiencia Provincial de Navarra, de 7 de marzo de 2016, por el que se establece que
“actuar en interes del concurso significa, entre otras cosas, la prohibición de que la
actuación este guiada por la consecución del beneficio o la ventaja propios, huyendo de
aquellas situaciones en que se de un conflicto entre el interes del conjunto y el de uno
mismo o de terceros, comunicando lealmente al tribunal e interesados tales circunstancias
en caso de que se produzcan24”.
Respecto a la diligencia, este artículo alude a la misma de manera positiva, de modo que
sirve para integrar una prestación que debe el administrador concursal, aunque, por el
contrario, no va acompañada de otras pautas que concreten o definan las condiciones que
deben reunir estas conductas25.
No obstante, el deber de diligencia no termina con esta mención. El artículo 94.1 TRLC
establece que la administración concursal, además de responder por los actos y omisiones
contrarios a la ley, responderá por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al
desempeño del cargo sin la debida diligencia. Esto supone que la diligencia, además de
una pauta de comportamiento diligente es una fuente de obligación para los
administradores concursales. Entendemos que el legislador se refiere a actos de conducta
culposa, incumplimiento, o cumplimiento defectuoso de las obligaciones que derivan de
su cargo. Es decir, se atiende al grado de profesionalidad exigido por el cargo concreto26,
y por tanto, a una responsabilidad por inobservancia de sus funciones.
Este modelo legal de conducta es abstracto, pues no considera el grado de complejidad
del concurso, por lo que diligencia del administrador deberá ser valorada por los jueces y
tribunales. Para ello, estos tendrán como estándar de diligencia el del artículo 80 TRLC,
que como hemos visto, hace referencia a la conducta del ordenado administrador y
representante leal, así lo indica la SAP Córdoba, de 7 de julio de 200827.
23 GUTIÉRREZ GILSANZ, A., Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital.
Madrid: Wolters Kluwer, 2018, pp. 264-265. 24 AAP de Pamplona, de 7 de marzo de 2016. 25 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Sevilla: Publidisa, 2009. 26 GUTIÉRREZ GILSANZ, A., Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital.
Madrid: Wolters Kluwer, 2018. 27 SAP CÓRDOBA, de 7 de julio de 2008.
12
De igual modo, los jueces y tribunales podrán basarse en los criterios de diligencia
recogidos en el artículo 1104 CC: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la
omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese
la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a
un buen padre de familia.”; podrán aplicar los usos de comercio, es decir, usar como
medida lo que socialmente se consideran buenas prácticas de administración concursal;
o podrán emplear un método inductivo sobre casos judiciales28.
Sentado lo anterior, subrayaremos jurisprudencia sentada sobre la interpretación de la
diligencia a seguir por los administradores concursales. En primer lugar, el AAP de
Pamplona de 7 de marzo de 2016 establece que “la obligación de desempeno del cargo
como un administrador ordenado y un representante leal, vienen a imponer en definitiva
que el administrador concursal actue en interes del concurso, esto es, con estricto respeto
al sentido de su función y a los límites marcados en su desempeno, teniendo como norte
esencial la mayor satisfacción de los acreedores, en su caso modulada por las
posibilidades realistas del mantenimiento de la actividad empresarial o profesional del
deudor29”. Igualmente la SAP Santa Cruz de Tenerife 4 de abril de 2008 afirma que30
“por el mero hecho de ser administradores del concurso, no deberán responder de
cualquier suceso perjudicial o danoso, sino que su conducta debe aparecer tenida de un
aspecto subjetivamente reprochable31,” asimismo, la SAP Córdoba, de 7 de julio de 2008,
que establece que “se trata, por consiguiente, de valorar la actuación de la administración
concursal bajo el prisma de este doble rasero: que hubiera hecho un ordenado
administrador y un representante leal en el caso concreto enjuiciado, cómo hubiera debido
cumplir la obligación legalmente impuesta, que comportamiento hubiera debido observar
en ausencia de previsión legal expresa y que era lo exigible conforme a dichos
parámetros32”.
28 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Sevilla: Publidisa, 2009. 29 AAP Pamplona, de 7 de marzo de 2016. 30 Idea extraída de ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., Derecho Concursal. El Derecho y Quantor, SL. Grupo
Francis Lefebvre, 2012. 31 SAP Santa Cruz de Tenerife, de 4 de abril de 2008. 32 SAP Córdoba, de 7 de julio de 2008.
13
Para facilitar el seguimiento de estos deberes de la administración concursal, se establece
que todas sus gestiones que no sean de trámite o de gestión ordinaria, deberán consignarse
por escrito y firmarse por él mismo33.
3.4.2. El deber de actuar conforme con la regla de la “buena fe”.
Como hemos visto, el artículo 80 TRLC, delimita, mediante los deberes de diligencia y
lealtad el parámetro de conducta de los administradores concursales. No obstante, este no
hace alusión a la buena fe.
En esta línea, hemos de recalcar que el artículo 204 TRLC obliga a la administración
concursal, a la conservación de los elementos que integren la masa activa del modo más
conveniente para el interés del concurso, en el ejercicio de las facultades de
administración y disposición sobre la misma. Consecuentemente, gran parte de la doctrina
entiende que el TRLC exige así, de manera implícita la actuación conforme a los
parámetros de la “buena fe”, puesto que esta tarea no puede comprenderse sin atender a
los mismos. La mención de la misma se consideraría simplemente una manifestación de
conducta más diligente. Otra parte de la doctrina defiende que, la simple mención de “un
leal representante” del artículo 80 TRLC, es suficiente para entender implícita la buena
fe34.
Jesús Antonio Romero Fernández, en la aproximación al estudio de la responsabilidad
civil de los administradores concursales, no comparte estas posturas, estableciendo que
la diligencia se refiere a la medida del esfuerzo del deudor, mientras que la buena fe se
refiere a la determinación de la prestación debida35.
3.4.3. Sujeción a la Ley.
En virtud del artículo 94.1. TRLC se establece la responsabilidad de la administración
concursal por los actos y omisiones contrarios a la Ley, por consiguiente, inferimos la
sujeción a la Ley como un deber propio de la misma.
En este marco, creemos relevante exponer que los actos y omisiones contrarios a la ley,
se entienden aplicables a todas las disposiciones legales que se encuentren en vigor en el
33 SÁNCHEZ CALERO, F y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Principios de derecho mercantil.
Navarra: Thomson Reuters ARANZADI, 2020, pp. 340-342. 34 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Sevilla: Publidisa, 2009. 35 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Sevilla: Publidisa, 2009.
14
momento de adoptarse la decisión36. Así lo expone la SAP Córdoba de 7 de julio de 2008
en su tercer fundamento de derecho “respecto de los deberes legales, se incluyen los
establecidos en cualquier norma imperativa, sea o no concursal, aunque en la práctica
tengan mayor significación los deberes impuestos en la propia Ley Concursal37”.El
administrador concursal no puede pretender alegar que desconocía la ley, pues, habida
cuenta de que el artículo 6.1. CC establece que “la ignorancia de las leyes no excusa de
su cumplimiento”, dentro del deber de actuación diligente de un administrador se
encuentra el de conocer suficientemente sus deberes legales; de manera que el mero
desconocimiento le haría culpable38.
4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES
CONCURSALES.
El TRLC distingue dos supuestos de imputación de responsabilidad civil a los
administradores concursales: la responsabilidad por los daños causados a la masa,
establecida en el artículo 94 TRLC; y la responsabilidad por la lesión directa de los
intereses del deudor, acreedores o terceros, establecida en el artículo 98 TRLC.
Para que pueda hacerse efectiva la indemnización de los daños y perjuicios causados por
el administrador concursal en el ejercicio de sus funciones, se exige, en el momento de
aceptación del cargo como administrador concursal, que este tenga vigente un seguro de
responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del
riesgo cubierto para responder de los posibles danos en el ejercicio de su función. Este
deberá estar vigente bajo los términos desarrollados reglamentariamente39. Si bien este
seguro solo se refiere a la responsabilidad civil, el seguro estipulado puede cubrir otras
coberturas que se pacten entre las partes y ampliar el ámbito y los límites de cobertura40.
36 ARRIBAS HERNÁNDEZ, A., Derecho Concursal. El Derecho y Quantor, SL. Grupo Francis Lefebvre,
2012, pp. 148 y siguientes. 37 SAP Córdoba, de 7 de julio de 2008. 38 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Sevilla: Publidisa, 2009. 39 BROSETA PONT, M y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de derecho mercantil. Madrid: Tecnos, 2020,
pp. 578-582. 40 MUÑOZ VILLAREAL, A., El aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Revista jurídica de Castilla y León, 2013
15
4.1. La responsabilidad de los administradores concursales por los daños causados
a la masa.
4.1.1. Concepto de masa activa.
Para simplificar la comprensión de este apartado, realizaremos una serie de apuntes sobre
el concepto de la masa activa, puesto que es a la que vamos a referirnos en este apartado.
La masa activa es un conjunto unitario formado, como consecuencia de la declaración de
concurso, por todos los bienes del deudor, para satisfacer a los acreedores. Esta se
constituirá tanto si el concursado ha sido meramente intervenido en sus facultades como
sustituido en el ejercicio de las mismas, así lo indica la STS, de 21 de mayo de 201341.
Como bien nos indica el artículo 192 TRLC, está constituida por la totalidad de los bienes
y derechos integrados en el patrimonio del concursado a la fecha de la declaración de
concurso y por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del
procedimiento, exceptuando los bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial,
sean legalmente inembargables. Quedan así excluidos de la masa activa los bienes y
derechos sin carácter patrimonial, es decir, los bienes personalísimos y bienes inherentes
al concursado.
Si el concursado fuese una persona casada en sociedad de gananciales, el artículo 193
TRLC establece que, además de los bienes y derechos propios o privativos del
concursado, se incluirán en la masa los bienes gananciales o comunes cuando deban
responder de obligaciones del concursado. En este sentido, cuando se incluyan bienes
gananciales en el inventario de la masa activa, el cónyuge del concursado, tras pedir la
disolución de la sociedad conyugal, tendrá derecho a que la vivienda habitual con carácter
ganancial se incluya con preferencia en su haber. Además, el artículo 194 TRLC reconoce
al cónyuge la posibilidad de adquirir los bienes gananciales incluidos en la masa activa
satisfaciendo la mitad de su valor42.
41 STS, de 21 de mayo de 2013. 42 MENÉNDEZ, A. y ROJO, A., Lecciones de derecho mercantil. Navarra: ARANZADI, 2020, pp 601-
605.
16
4.1.2. La acción social. Requisitos para ejercitarla.
Sentado lo anterior, podemos exponer que el supuesto de hecho “danos y perjuicios
causados a la masa” se refiere a los danos producidos a la masa activa del concurso
directamente, es decir, cualquier incremento de su pasivo o disminución de su activo43.
Esta responsabilidad, denominada por la doctrina como responsabilidad “concursal” o
colectiva, está recogida en el artículo 94.1 TRLC, por el que se expone que “los
administradores concursales y los auxiliares delegados responderán frente al concursado
y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y
omisiones contrarios a la ley y por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al
desempeno del cargo sin la debida diligencia”.
Ante esta responsabilidad, se ejercitará la llamada “acción social44”, cuyo objeto es
reparar el daño sufrido por la masa como consecuencia de actos u omisiones ilícitos de la
administración concursal. Esta puede ser ejercitada por el deudor o por cualquier
acreedor.
Así pues la hora de analizar la responsabilidad por daños hacia la masa, el
incumplimiento de alguno de los deberes de diligencia, lealtad y sujeción a la ley
analizados en el apartado anterior no es suficiente, si no que deben concurrir una serie de
requisitos45:
- La comisión u omisión de un acto por parte del administrador concursal.
En esta línea, se requiere por parte de la administración concursal un comportamiento
de hacer, como podría ser la falsificación de algún dato, o en un no hacer, como por
ejemplo, no ejercitar una acción de reintegración de la masa46.
Este acto, deberá ser culposo, contrario a la ley, o realizado sin la debida diligencia.
En los casos en los que se analiza si una determinada decisión de la administración
concursal se ajusta a Derecho, sólo si el error es palmario y la decisión contraria a
toda lógica jurídica, podrá exigirse la responsabilidad civil del administrador
concursal, así lo establece la SJM nº2 de Barcelona, de 7 de febrero de 201247.
43 YÁGÜEZ, R., Responsabilidad de la Administración concursal. Artículo para el V Congreso Nacional
de la Asociacion Espanola de Abogados Especializados en RC y Seguro sobre “La Responsabilidad Civil
en la Ley Consursal”. 44 VALPUESTA GASTAMINZA, E., Guía legislativa de la Ley Concursal. Barcelona: BOSCH, 2011.pp.
423. 45 SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique., Guía práctica del proceso concursal. Madrid: Sepín, 2016. 46 MARTÍNEZ SANZ, F y PUETZ, A., Tratado práctico del derecho concursal y su reforma. Madrid:
Tecnos, 2012. 47 SJM nº2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012.
17
Igualmente, el administrador concursal responderá de un comportamiento realizado
por el mismo. A tal efecto se pronuncia la SAP de Santa cruz de Tenerife, de 4 de
abril de 2008 “en ningun caso puede exigirse o declararse la responsabilidad de los
demandados por hechos anteriores a sus respectivas tomas de posesión48.”
Además, debe tratarse de actos u omisiones de los administradores concursales
relacionados con el ejercicio del cargo y realizados durante ese ejercicio, salvo en
caso de violación de los deberes que afectan al administrador concursal después del
cese en su cargo, así lo indica la SJPII nº 2 de Cuenca, de 6 de julio de 2020. 49
- La generación de un daño a la masa activa del concurso.
El administrador concursal debe haber generado un “dano” a la masa del concurso.
Este requisito es esencial, puesto que la responsabilidad se fundamenta en reparar,
mediante una indemnización, el perjuicio patrimonial producido a la masa activa. Así
lo ratifica la SAP de Córdoba, de 7 de julio de 2008 “la responsabilidad "concursal"
o "colectiva", que tiene por objeto reparar el dano sufrido por la masa como
consecuencia de actos u omisiones ilícitos de la administración concursal; se trata de
una acción que se relaciona con el interes colectivo de preservación de la integridad
de la masa50.”
- La existencia de un nexo causal.
Debe haber un nexo causal entre la acción ilícita de los administradores concursales
y el daño que se ha causado a la masa del concurso. Cuando con este acto concurran
otras causas que agraven el daño, el juez tendrá en cuenta esos factores para moderar
el quantum indemnizatorio.51.
De esta manera, expone la STS de 11 de noviembre de 2013 que “se trata de una
responsabilidad basada en la causación de un dano o perjuicio a la masa, por una conducta
48 SAP de Santa Cruz de Tenerife, de 4 de abril de 2008. 49 SJPII nº 2 de Cuenca, de 6 de julio de 2020. 50 SAP de Córdoba, de 7 de julio de 2008. 51 MARTÍNEZ SANZ, F. y PUETZ, A., Tratado práctico del derecho concursal y su reforma. Madrid:
Tecnos, 2012.
18
del administrador concursal, activa u omisiva, contraria a la ley o a la diligencia que le
resulta exigible en el ejercicio de la función para la cual ha sido nombrado52.”
Estos requisitos necesarios para que los administradores concursales respondan como
responsables (existencia de un daño, culpa y nexo causal), son los requisitos propios de
la responsabilidad civil extracontractual establecida en el artículo 1902 CC53.
4.1.3. La responsabilidad de los administradores concursales por daños a la masa
en los supuestos de actuación con autorización judicial.
El artículo 518 TRLC establece que las solicitudes de las autorizaciones judiciales habrán
de solicitarse para determinadas acciones cuando así lo establezca la ley. Así, entre otros
casos, será necesaria autorización judicial para la enajenación de bienes y derechos que
integren la masa activa (art. 205 TRLC), o para el desistimiento o allanamiento de litigios
que se hubieran iniciado antes de la declaración del concurso sin autorización
judicial(120.4 TRLC)54.
El artículo 518 TRLC establece además que las autorizaciones judiciales podrán ser
solicitadas cuando la administración concursal lo considere necesario. Es de notable
interés saber que los administradores concursales, no responderán de los actos u
omisiones lesivos para la masa realizados con autorización judicial, independientemente
de que esta se hubiese solicitado de acuerdo con los presupuestos recogidos en la ley o de
manera voluntaria.
No obstante, si estos hubiesen actuado en contra de la resolución judicial, o influido de
manera culpable en la resolución del juez sobre dicha autorización, como podría ser
ocultando datos relevantes, los administradores concursales no quedarán exonerados de
esta responsabilidad.
52 STS de 11 de noviembre de 2013. 53 MUÑOZ VILLAREAL, A., El aseguramiento de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Revista jurídica de Castilla y León, 2013. 54 MARTÍNEZ SANZ, F y PUETZ, A., Tratado práctico del derecho concursal y su reforma. Madrid:
Tecnos, 2012.
19
4.1.4. Cuestiones procesales referidas a la acción colectiva.
En el caso de responsabilidad civil por los daños causados a la masa, tendrán legitimación
activa para interponer la acción colectiva los perjudicados por los daños y perjuicios
ocasionados a la masa, es decir, el deudor y los acreedores, o sus herederos. En el caso
de que el deudor sea una sociedad de capital, esta competencia recae sobre el órgano de
administración55. De esta manera, estos tienen derecho al proceso, y los órganos
jurisdiccionales el deber de pronunciar sentencia que resuelva sobre el fondo.
El artículo 97 TRLC establece para esta acción colectiva un plazo de prescripción de
cuatro años contados desde que el actor hubiera tenido conocimiento del daño o perjuicio
por el que reclama y, en todo caso, desde que los administradores concursales o los
auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo56. El deudor podrá ejercitar la acción de
responsabilidad durante el concurso y hasta que prescriba la misma. Si la responsabilidad
por daños se ejercitase una vez concluido en concurso, esto supondrá la reapertura del
mismo.
Recordamos en este punto, que lo que se pretende con esta acción es reparar los daños
ocasionados a la masa concursal, por tanto, al ejercitarse esta acción, ya sea por parte del
deudor o de los acreedores, el crédito ingresará en el patrimonio del deudor, pasando así
a formar parte de la masa activa del concurso, pues como hemos visto, esta también se
compone por los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del
procedimiento (192 TRLC).
Sin embargo, si es alguno de los acreedores el que ejercita la acción colectiva, se reconoce
al mismo un derecho de reembolso en caso de sentencia condenatoria, de los gastos que
hubiera soportado, con cargo a la cantidad percibida (96 TRLC).
La finalidad de esta acción es la reintegración de la masa del daño causado por la
actuación de la administración concursal, sin embargo, el artículo 94 TRLC no establece
el alcance del daño resarcible. En esta línea acudimos al concepto indemnizatorio de la
responsabilidad civil para medir el alcance del daño indemnizatorio por la administración
concursal: el lucro cesante, consistente en las ganancias dejadas de percibir por la parte
que ha sufrido el daño57. Lo encontramos recogido en el artículo 1106 CC, que establece
55 GUTIÉRREZ GILSANZ, A., Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital.
Madrid: Wolters Kluwer, 2018, p. 258 56 SÁNCHEZ CALERO, F y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho Mercantil.
Navarra: Thomson Reuters ARANZADI, 2013, pp. 604 y siguientes. 57 En línea. Lucro cesante. Wolters Kluwers.
20
que “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida
que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor,
salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” Los administradores
concursales indemnizarán de acuerdo a lo que establezca la sentencia.
Ahora bien, está indemnización puede darse durante la consecución del concurso o una
vez concluido el mismo. En este último, la indemnización se considerará un crédito del
deudor y supondrá la reapertura del concurso por aparición de nuevos bienes y derechos58.
Como bien sabemos, ante esta acción los sujetos pasivos serán los administradores
concursales y los auxiliares delegados responsables de los daños causados a la masa. Esta
acción se sustanciará, en virtud al artículo 99 TRLC, ante el juez que conozca o haya
conocido del concurso por los trámites del juicio declarativo que le corresponda.
4.2. La responsabilidad de los administradores concursales por lesión directa de los
intereses del deudor, acreedores o terceros.
Esta responsabilidad59, permite al deudor, a los acreedores o a terceros reclamar por los
daños y perjuicios que les hayan causado los actos u omisiones de los administradores
concursales directamente en su patrimonio60. Esta acción es compatible con la acción
colectiva que acabamos de estudiar.
La acción a ejercitar en este caso se denomina acción individual de responsabilidad, y
está prevista en el artículo 98.1 TRLC, que establece: “Quedan a salvo las acciones de
responsabilidad que puedan corresponder al concursado, a los acreedores o a terceros por
actos u omisiones de los administradores concursales y auxiliares delegados que lesionen
directamente los intereses de aquellos.” Se establece aquí un paralelismo con la
responsabilidad de los administradores sociales regulada en el artículo 241 TRLSC o 135
TRLSA, que recogen la acción individual de responsabilidad61.
En este caso, la legitimación en este caso es más amplia, pues además del deudor y los
acreedores, el artículo hace mención a terceros. Para ejercitar esta acción, debe acreditarse
58 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los
administradores concursales. Sevilla: Publidisa, 2009, p. 141 y siguientes. 59Estructura y conceptos extraídos de ROMERO FERNÁNDEZ, J. Aproximación al estudio de la
responsabilidad civil de los administradores concursales. Sevilla: Publidisa, 2009. 60 SAP Córdoba, de 7 de julio de 2008. 61 YÁGÜEZ, R., Responsabilidad de la Administración concursal. Artículo para el V Congreso Nacional
de la Asociacion Espanola de Abogados Especializados en RC y Seguro sobre “La Responsabilidad Civil
en la Ley Consursal”.
21
que las acciones u omisiones de los administradores concursales han lesionado
directamente sus intereses62.
A pesar de que el artículo 98.1. TRLC no precise más allá de actos u omisiones que
lesionen los intereses, es imprescindible, que la conducta que da lugar a la responsabilidad
sea contraria a la ley o realizada sin la debida diligencia, que ocasione un daño sobre
determinados intereses particulares y que exista un nexo causal entre estas. Este caso es
una aplicación próxima del principio recogido en el artículo 1902 CC que establece “El
que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado.”
La responsabilidad por daños al deudor no implica que el perjuicio recaiga en intereses
o derechos con repercusión patrimonial. Así, está acción podrá ser interpuesta por el
deudor por no obtener el derecho a alimentos recogido en el artículo 123 TRLC. También
podrá ejercitarse esta acción por daño moral, como se solicita en la SAP Jaén, de 29 de
octubre de 2010, aunque finalmente, esta se desestima al no existir prueba conectando el
daño con la actuación de los demandados, ni la diligencia de los mismos63. Además, podrá
ejercitarse si se produjese un daño sobre un bien inembargable.
Generalmente, cuando pueda ejercitarse la acción colectiva, podrá ejercitarse también la
acción individual puesto que, los daños a la masa activa lesionan el interés del deudor.
Igualmente, los acreedores podrán ejercitar la acción individual durante todo el
procedimiento, puesto que el administrador concursal puede perjudicar sus intereses
durante todo el proceso: durante la fase de reconocimiento y clasificación de créditos,
fase de convenio o fase de liquidación.
En cuanto a la responsabilidad por daños a terceros, destacaremos los casos en que nos
parece más común que se solicite esta acción: los titulares de créditos contra la masa (al
no formar parte de la masa pasiva se consideran créditos extraconcursales); y los titulares
de bienes y derechos separables de la masa dañados por la acción u omisión negligente
de la administración concursal.
62 SAP Córdoba, de 7 de julio de 2008. 63 SAP Jaén, de 29 de octubre de 2010.
22
4.2.1. Cuestiones procesales referidas a la acción individual.
En el caso de responsabilidad de los administradores concursales por lesión directa de los
intereses del deudor, acreedores o terceros, la legitimación activa corresponde al deudor,
acreedor o tercero que haya visto lesionados sus intereses por la actuación del
administrador concursal. Al igual que en la acción colectiva, en el caso de que el deudor
sea una sociedad de capital, esta competencia recae sobre el órgano de administración64,
y se ejercitase una vez concluido en concurso, supondrá la reapertura del mismo.
El artículo 98.2 TRLC establece que “las acciones de responsabilidad a que se refiere el
apartado anterior prescribirán a los cuatro años, contados desde que el actor hubiera
tenido conocimiento del daño o perjuicio por el que reclama y, en todo caso, desde que
los administradores concursales o los auxiliares delegados hubieran cesado en su cargo.”
Esto puede parecer lógico siguiendo la línea del plazo de prescripción de la acción
colectiva, sin embargo, hasta que no se introdujo esta aclaración, el plazo de prescripción
de la misma ha sido objeto de discusión por parte de la doctrina, dado que surgía la duda
sobre si el plazo era el mismo que en la acción colectiva, o por el contrario, se aplicaba
el plazo de prescripción de un año que establece el artículo 1902 CC.
Esta acción se sustanciará, al igual que en la acción colectiva, en virtud al artículo 99
TRLC, ante el juez que conozca o haya conocido del concurso por los trámites del juicio
declarativo que le corresponda.
4.3. Cuestiones procesales comunes a la acción social y a la acción individual.
4.3.1. Acumulación de acciones.
Sabemos que es posible y probable que un mismo acto de los administradores concursales
causen un daño a la masa, y a un interés individual65. En estos casos, se da al perjudicado
la opción de ejercitar por separado la acción de responsabilidad por daños a la masa y la
acción individual, o acumularlas en un mismo procedimiento, en virtud del artículo 71.2.
LEC, que establece que el actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le
competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que
aquéllas no sean incompatibles entre sí.
64 GUTIÉRREZ GILSANZ, A., Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital.
Madrid: Wolters Kluwer, 2018. 65 ROMERO FERNÁNDEZ, J., Aproximación al estudio de la responsabilidad civil de los administradores
concursales. Sevilla: Publidisa, 2009.
23
Como sabemos, en virtud del apartado primero de este artículo, la acumulación de
acciones admitida producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y
resolverse en una sola sentencia.
4.3.2. Carga de la prueba.
Cabe remarcar que la doctrina científica y jurisprudencial establecen que corresponderá
al demandante (deudor o acreedor) probar la negligencia cometida por el administrador,
esto es, el daño, la culpa y el nexo causal deben concurrir y ser probados en el proceso
por quien los alegue66. Así podemos observarlo en la ya citada, Sentencia del Juzgado de
lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012, que establece que “por aplicación
de las normas y principios sobre la carga de la prueba (artículo 217 LEC), a la demandante
incumbía la carga de acreditar aquello que alega67.”
Recordamos así que el artículo 217 LEC establece en su apartado segundo que
“corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los
hechos de los que ordinariamente se desprenda”, si bien es cierto que el apartado tercero
establece el desplazamiento de la carga de la prueba por el principio de facilidad
probatoria.
66 TÉLLEZ VALLE, V., La responsabilidad de los administradores concursales: situacion actual y
propuestas de lege ferenda. . Revista de Estudios Económicos y Empresariales. 2017. 67 SJM nº 2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012.
24
4.3.3. La persona jurídica como sujeto pasivo.
La condición de sujeto pasivo reviste de especialidad cuando la administración concursal
haya recaído en persona jurídica. En virtud del artículo 63.4 TRLC, al representante de la
persona jurídica nombrada administradora concursal le será de aplicación el mismo
régimen de incompatibilidades, prohibiciones, recusación, separación y responsabilidad
establecido para los administradores concursales, es decir, se mantiene la aplicación a la
persona natural designada como representante del régimen de responsabilidad. Este
precepto no excluye la responsabilidad de la persona jurídica, de manera que, en opinión
de un sector de la doctrina, podrá fundamentarse la responsabilidad solidaria de ambos.
No se niega la posibilidad, en el ámbito de su relación interna, de ejercitar mecanismos
como la exoneración o el regreso, dependiendo de si la persona natural siguió las
instrucciones de la persona jurídica o si esta actuó al margen de las mismas68.
5. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº2 DE CUENCA, DE 6 DE JULIO
DE 2020.
Hemos considerado de interés analizar la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 de Cuenca, de fecha 6 de julio de 2020.
La demanda fue formulada por Dª. María Inmaculada contra su administrador concursal,
D. Narciso. Con fecha 17 de febrero de 2020 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, en
la que, tras la admisión de prueba documental e interrogatorio de parte y testifical, se cita
a las partes para el acto de la vista, el cual tuvo lugar el 23 de julio de 2020 y en el que
se práctico la prueba testifical pericial.
Los fundamentos de derecho expuestos en la misma son:
1. Pretensiones y resistencia.
Dª María formula demanda interesando la condena de D. Narciso en el ejercicio de
responsabilidad concursal en reclamación de daños y perjuicios causados a la masa, a la
cuantía de 224.38,78 euros.
Los hechos acontecidos fueron:
- Dª María Inmaculada es declarada en concurso, el 7 de julio de 2011,
nombrándose a D. Narciso nombrado administrador concursal.
68 PULGAR EZQUERRA, Juana., El concurso de acreedores. Madrid: Wolters Kluwer, 2012, pp. 224-22.
25
- El 1 de julio de 2013, Dª M. Inmaculada presenta autoliquidación IRPF 2012
ingresando 186.9998,08 euros.
- El 26 de julio de 2013, Dª M. Inmaculada insta un procedimiento rectificación de
la autoliquidación poniendo de manifiesto un error en ganancia patrimonial de la
unidad orgánica de explotación. La había transmitido en 2013, así que considera
que no tenía obligación de declararla en el IRPF de 2012.
- El 3 de abril de 2014, La Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación
Especial de AEAT, notifica a D. Narciso, en calidad de administrador concursal,
providencia de apremio sobre la autoliquidación de Dª M. Inmaculada por un total
de 224.38,78 euros.
- El 8 de enero de 2015, Dª M Inmaculada conocedora de la resolución e interpone
reclamación económico administrativa ante el TEAR.
- El 26 de mayo de 2015 se inadmite esta reclamación por interposición
extemporánea. Así, en julio se interpone recurso de alzada ordinario.
- El 30 de mayo de 2018 se desestima el recurso de alzada al considerarse que se
había notificado al administrador concursal, y, al haberse iniciado la fase de
liquidación del concurso de acreedores, Dª M. Inmaculada tenía suspendidas las
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, que
correspondían en ese momento al administrador concursal D. Narciso.
Así, Dª M. Inmaculada sostiene que de haber impugnado D. Narciso, en tiempo y forma
la providencia de apremio de 24 de abril de 2014, el resultado habría sido otro. Se basa,
por un lado en que la resolución de la reclamación económica administrativa expone que
esta se hizo fuera de plazo, e igualmente, en que el mismo Tribunal Económico
Administrativo asiste a la razón y ampara el mismo hecho impositivo a su esposo Don
Teodoro, con el que se encontraba casado en gananciales y el cuál se encontraba también
declarado en concurso. Su administrador concursal era el mismo, si bien Teodoro pudo
impugnar puesto que personalmente recibió la notificación.
A estos hechos Narciso se opone, alegando:
- Excepción de la prescripción.
- Que no había sido informado de la rectificación de la autoliquidación presentada
por Inma en julio de 2013 y que la AEAT no debió admitir a tramite la solicitud ,
y puesto que Inma actuó de forma particular, esto desemboca en la providencia, y
por ende, en la deuda que afecta a la masa. La rectificación no debería haber sido
26
solicitada, porque entiende que en la autoliquidación de 2012 debía declararse la
ganancia patrimonial de la CV.
- Además, alega que no hay falta de diligencia en los deberes y obligaciones del
administrador concursal al considerar:
o Que transmisión de finca se produjo por autorización judicial de 2012, así
que el beneficio patrimonial y la obligación de tributar corresponden al
mismo año.
o Que no tenía porque impugnar la providencia de apremio por impago en
periodo voluntario puesto que no se le había informado del expediente de
rectificación de autoliquidación.
2. Prescripción.
En primer lugar, cabe decir que esta sentencia es del 6 de julio de 2020, y como hemos
visto a lo largo del trabajo el TRLC entró en vigor en septiembre del mismo año. Así
pues, actualmente el plazo de prescripción es de 4 años y se encuentra recogido en el 98.2
TRLC, pero hasta este momento había una discusión sobre cual era el plazo de
prescripción en las acciones individuales. De esta manera, Don Narciso trata de alegar la
excepción de prescripción señalando que lo que se ejercita es una acción individual sujeta
al plazo de prescripción de un año.
No obstante, no se acepta dicha pretensión al interesarse claramente en el suplico de la
demanda una acción colectiva y no a favor de la demandante: “se dicte sentencia
estimando la acción de responsabilidad concursal en reclamación de los daños y
perjuicios causados a la masa, condenando a Don Narciso al pago de la masa de 224.38,74
euros más intereses y costas”.
Así como el plazo de prescripción de la acción individual ha sido objeto de controversia
hasta la promulgación del TRLC, el plazo de prescripción de la acción colectiva ha sido,
desde la promulgación de la LC en 2003, indudablemente de cuatro años (como sabemos,
ahora se encuentra recogido en el art.97 TRLC). Indudablemente esta acción no está
prescrita, pues si se considera que el conocimiento del daño se tuvo en la resolución del
recurso de alzada el 30 de mayo de 2018 y la audiencia previa sobre el hecho
controvertido tiene lugar en febrero de 2020.
3. Responsabilidad del administrador concursal.
Las acciones que pueden interponerse ante el administrador concursal son, como hemos
visto la “acción comun” o la “acción individual”. La acción comun podrá ejercitarse
27
cuando se haya producido un daño a la masa causados por actos u omisiones contrarios a
la ley o negligentes por parte del administrador concursal.
4. Carga de la prueba.
En primer lugar, se considera que la AC si tuvo conocimiento de la rectificación efectuada
en base a la declaración testifical del SR. D. Juan María, Letrado redactor del escrito de
solicitud de rectificación, el cual mandó a la AC este escrito solicitándole que le
comunicara la resolución que recayese en el expediente iniciado ante la AEAT (adjunta
los documentos en que insta la notificación).
Además, se desestima la alegación de la AC por la argumenta que en 2012 debía
declararse la ganancia patrimonial de la compraventa efectuada, puesto que el TEAR
asiste la razón del marido de la demandante en el mismo supuesto de hecho: no debe
autoliquidar la compraventa de la finca en el año 2012 puesto que la inscripción registral
de la compraventa no se cumplió hasta 2013, y por tanto, tampoco la transmisión de la
misma.
Por último, tampoco se atiende a la alegación de que la deudora no pueda presentar la
autoliquidación, pues en ningún caso de la LC se retira dicha capacidad.
Sentado lo anterior, se considera que el administrador concursal ha incurrido en la falta
de diligencia inherente a su cargo, que ha causado un daño a la masa, y la relación de
causalidad entre el comportamiento omisivo del Sr. Narciso y el daño cometido, pues de
haber actuado diligentemente, no se hubiera producido el daño al haber recaído una
resolución del TEAR de contenido diverso.
Así, el fallo es estimatorio de la pretensión formulada por la representación de Dª María
Inmaculada en el ejercicio de la acción de responsabilidad concursal en reclamación de
los danos y perjuicios causados a la masa por los actos y/o de los actos y omisiones
contrarios a la ley o realizados sin la debida diligencia, condenando a Don Narciso , al
pago a la masa de la cantidad de 224.398,78 €, más intereses y costas.
28
6. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.
En este marco enfocamos nuestro estudio en el régimen jurídico de infracciones y
sanciones previsto a lo largo del TRLC, para la administración concursal por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones69:
- Separación del cargo.
La separación o revocación se dictará a través de un auto, de oficio o a instancia de
cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso o del
otro miembro de la administración concursal. Así se podrá separar del cargo a
cualquiera de los administradores concursales o revocar el nombramiento de los
auxiliares delegados cuando concurra justa causa. En cualquier caso, será causa para
la separación del administrador concursal el incumplimiento grave de las funciones
de administrador, o la resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de
acreedores en favor de los demandantes por una cuantía igual o superior al veinte por
ciento del valor del inventario y de la lista de acreedores presentada por la
administración concursal (art. 100 TRLC).
Pese a que el concepto de justa causa no se defina como tal en el TRLC, a lo largo del
mismo se establecen acciones constitutivas de justa causa para la separación de la
administración concursal, entre las que encontramos la infracción de deber de
presentación del informe (art. 296 TRLC); el incumplimiento de la obligación de
comunicación del informe trimestral de liquidación a los acreedores (art. 424 TRLC),
la prolongación indebida de la liquidación (art. 427 TRLC)70.
No obstante, el legislador emplea este concepto jurídico indeterminado para incluir
en la LC un supuesto genérico que podrá motivar la separación de la administración
concursal durante la tramitación del concurso. Así cuando no concurran estas
circunstancias, el concepto de justa causa debe ser objeto de interpretación jurídica.71
La Audiencia Provincial de Pamplona, sienta en auto de 7 de marzo de 2016 que la
apreciación de una justa causa “ha de valorarse acudiendo al conjunto de normas que,
69 SANJUÁN Y MUÑOZ, E., Guía práctica del proceso concursal. Madrid: Sepín, 2016. 70 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G y DÍAZ MORENO, A., Lecciones de derecho mercantil. Madrid: TECNOS,
2016. 71 AAP de Cuenca, de 2 de junio de 2020.
29
dentro no solo de la propia Ley Concursal sino tambien de otras disposiciones,
conforman el modelo de conducta exigible a estos profesionales a traves de la
regulación de los deberes y de las funciones que se les atribuyen72”. Asimismo, la
Audiencia Provincial de Pamplona, dicta en auto de 7 de marzo de 2016 que la " justa
causa" para la separación ha de responder a un hecho grave que se encuentre
debidamente justificado y acreditado, que además habrá de guardar conexión con las
funciones inherentes al cargo, o bien con los deberes de diligencia y lealtad que ha de
observar el administrador concursal en el desempeno de sus cometidos. En este
contexto, conviene también observar el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia,
de 17 de julio de 2013, en la que establece que en este tema, “el Juzgador, para su
decisión, debe imperativamente fijar que hecho concreto y determinado, justificado
cumplidamente, implica la mala gestión o defectuoso desempeno del cargo de
administrador concursal, en atención a sus deberes causa de tal decisión, que además
ha de ser de entidad o gravedad73”. Igualmente, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de
Madrid, estableció en Auto de 20 de julio de 2009, que “este concepto comprende,
entre otros, los supuestos de comportamientos incompatibles con las pautas de lealtad,
objetividad e independencia exigibles al administrador de patrimonios ajenos; y es
claro que constituye comportamiento incompatible la pretensión de percepciones
económicas ajenas o anadidas a la retribución senalada por el Juez, sea a cargo del
concursado o de cualquier otra persona, así como la mera insinuación de que la
actuación profesional va a estar influenciada por que se atienda o no a tan inadmisibles
pretensiones74”.
La separación del cargo implicará la prohibición de ser nombrado como administrador
concursal los tres próximos años (art. 65.4 TRLC), y en los casos en los que se separe
al representante de una persona jurídica, se cesará automáticamente a la misma (art.
100.3 TRLC).
- Pérdida del derecho a la remuneración.
A lo largo del TRLC encontramos al menos dos preceptos en los que se establece la
pérdida del derecho a la remuneración:
72 AAP de Pamplona, de 7 de marzo de 2016. 73 AAP de Valencia, de 17 de julio de 2013. 74 AJM de Madrid, 20 de julio de 2009.
30
Por un lado, el artículo 296 TRLC establece la pérdida del derecho a la remuneración
al administrador concursal que no presente el informe dentro del plazo legal o dentro
de la prórroga concedida por el juez del concurso, debiendo devolver a la masa activa
las cantidades percibidas. Este plazo será de dos meses desde la fecha de aceptación
y en caso de administración dual, el plazo para la presentación del informe se contará
desde la fecha en que se produzca la última de las aceptaciones. (art. 290 TRLC). Las
solicitudes de prórroga del plazo para la presentación del informe, podrán presentarse
únicamente antes de que expire el plazo legal75.
Pese a que este precepto únicamente sancione el mero retraso del informe, la SJM nº8
de Madrid, de 16 de noviembre de 2012 infiere de este precepto que si se impone la
perdida del derecho de remuneración cuando todo el resto de su gestión fuese
adecuado y acertado, no imponer la misma consecuencia a hechos mucho más graves
que el mero retraso en la presentación del Informe carecería de toda lógica jurídica,
por consiguiente, no presentar el mismo también debería sancionarse de esta
manera76.
Por otro, el artículo 362 TRLC establece que la infracción del deber de asistencia a la
junta de acreedores, dará lugar a la pérdida de este derecho, con la devolución a la
masa de las cantidades percibidas.
Examinados los preceptos del TRLC, aludimos de nuevo a la SJM nº8 de Madrid, de
16 de noviembre de 2012 que infiere de la legalidad una serie de argumentos en
relación con el derecho de retribución del administrador que creemos importante
destacar:
o En primer lugar plantea que la retribución se justifica como remuneración de
un servicio que genera un beneficio para la masa y el deudor, lo que justifica
la onerosidad de su esta con cargo a la masa. Si el beneficio no existe, sino lo
que existe es un perjuicio derivado de la disminución de la cantidad de masa
activa, tal onerosidad carece de justa causa
75 SÁNCHEZ CALERO, F y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho Mercantil.
Navarra: Thomson Reuters ARANZADI, 2013, pp. 622. 76 SJM nº8 de Madrid, de 16 de noviembre de 2012.
31
o Asimismo, expone que si la LC admite, con límites, si concurre justa causa, la
modificación por el Juez de la retribución de la AC, a petición del deudor o de
cualquier acreedor, la circunstancia de que pueda ser instada por estos revela
que dicha modificación será generalmente una rebaja de la inicialmente fijada.
Igualmente, si cabe una modificación de rebaja de la cuantía, parece razonable
que dicha rebaja pueda consumir por completo cualquier derecho de
retribución77.
- Inhabilitación para el ejercicio del cargo.
En primer lugar se contempla la inhabilitación por falta de comparecencia, falta de
cobertura o falta de aceptación, por un periodo de tres años en los concursos
declarados en el mismo ámbito territorial (el artículo 70 TRLC).
Igualmente, serán inhabilitados los administradores concursales que adquieran, por sí
o en subasta, los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso. Estos
deberán ser reintegrados sin contraprestación alguna; y si el administrador concursal
fuera también acreedor, perderá el crédito del que fuera titular78 (art. 208 TRLC).
Además, la desaprobación del escrito de rendición de cuentas comportará la
inhabilitación temporal del administrador concursal para ser nombrado en otros
concursos durante un período que determinará el juez en la sentencia de
desaprobación y que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años (art. 480
TRLC). Este escrito le será requerido por el juez al administrador concursal, incluso
cuando este sea cesado del cargo antes de la conclusión del concurso, y justificará, en
general, la utilización de sus facultades, acciones realizadas y la retribución fijada por
el juez para cada fase de concurso. El plazo de presentación es de un mes desde la
notificación del requerimiento (art.102 TRLC). Conviene observar que la aprobación
o desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la
acción de responsabilidad de los administradores concursales79.
- Incumplimiento del respeto a la buena fe procesal.
Gran parte de la doctrina considera que pueden ser de aplicación multas a los
administradores concursales por el incumplimiento a la buena fe procesal, en virtud
77 SJM nº8 de Madrid, de 16 de noviembre de 2012. 78 ORDUÑA, J. y CAMPUZANO, A., Curso de derecho privado. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015. 79 SJM nº8 de Madrid, de 16 de noviembre de 2012.
32
del artículo 247 LEC, que establece que “los intervinientes en todo tipo de procesos
deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe”. Además de establecer
la posibilidad de la imposición de una multa al considerarse que no se ha actuado
acorde a la buena fe, en virtud del apartado 4 de este artículo, podrán los Tribunales,
ante un acto imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, dar
traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera
proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.
7. LA RESPONSABILIDAD PENAL Y TRIBUTARIA DE LOS
ADMINISTRADORES CONCURSALES.
Al margen de responsabilidad civil de los administradores concursales, objeto del
presente trabajo, entendemos necesario para ofrecer una visión completa de la posible
responsabilidad de los administradores concursales, apuntar brevemente, algunas de las
notas relativas a la responsabilidad penal y tributaria a los que estos se enfrentan.
7.1. La responsabilidad penal de los administradores concursales.
A efectos penales, nos parece interesante destacar que, ya en las consideraciones
generales del CP, se equipara al administrador concursal con funcionario público. Así el
artículo 24.2 CP expresa que “se considerará funcionario publico todo el que por
disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad
competente participe en el ejercicio de funciones publicas.”
Los tipos delictivos a los que podría enfrentarse un administrador concursal son:
- Delito societario.
De acuerdo con el artículo 290 CP “los administradores, de hecho o de derecho, de
una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros
documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de
forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios,
o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de
seis a doce meses.”
33
En vista de que este tipo penal imputa la comisión del delito a los administradores de
derecho, abarcamos en los mismos tanto a los integrantes de los órganos de
administración de las distintas sociedades, como a las personas nombradas sustitutas
de los administradores sociales específicamente, o para la consecución de finalidades
determinadas, estando incluidos en esta categoría los administradores concursales80.
Siguiendo este precepto, es indiscutible que los administradores concursales puedan
ser acusados del falseamiento de cuentas anuales.
No obstante, hay un debate doctrinal en cuanto a la segunda parte de este precepto
que alude al “falseamiento de otros documentos que deban reflejar la situación
jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio
económico a la misma”. Autores como López y García de la Serrana estiman que este
acción es extensible a los administradores concursales pues, aunque los documentos
no sean de la sociedad, son documentos que deben reflejar la situación jurídica o
económico de forma idónea, y pueden causar un perjuicio económico, como por
ejemplo, con la inclusión de créditos inexistentes.
- Delito de cohecho
En virtud del artículo 423 CP, un administrador concursal podrá ser responsable por
delito de cohecho. Visto que los administradores concursales tienen la misma
consideración a efectos penales que las autoridades o funcionarios públicos, en
consecuencia, mientras participen en el ejercicio de sus funciones, les serán
imputables, con las mismas penas, los delitos comprendidos entre los artículos 419 y
42181.
- Delito de malversación
El artículo 435.4 CP establece que las disposiciones relativas al delito de
malversación, en relación con los delitos de administración desleal (art.252 CP) y
apropiación indebida (art. 253 CP)82, son extensivas a los administradores
concursales, con relación a la masa concursal o a los intereses económicos de los
80 LAMARCA PÉREZ, C; ALONSO DE ESCAMILLA, C; MESTRE DELGADO, E y RODRÍGUEZ
NÚÑEZ, A., Delitos. La parte especial del Derecho penal. Madrid: DYKINSON, 2018, p. 534. 81 SERRANO GÓMEZ, A.; SERRANO MAÍLLO, A.; SERRANO TÁRRAGA, M. y VÁZQUEZ
GONZÁLEZ C., Curso de Derecho Penal. Parte especial. Madrid: DYKINSON, 2016, pp. 680 y ss. 82 CAMPUZANO, A., y SANJUÁN Y MUÑOZ, E., El derecho de la insolvencia. El concurso de
acreedores. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016.
34
acreedores, considerándose en particular afectados los intereses de los últimos cuando
de manera dolosa se alterara el orden de pagos de los créditos establecido en la Ley.
Este supuesto se denomina malversación impropia, si bien es cierto que gran parte de
la doctrina y Fiscalía General del Estado consideran esta pena excesiva y apoyan que
la misma debería castigarse como un delito de desobediencia y no como
malversación83.
- Delito de abuso en el ejercicio de sus funciones
El artículo 440 CP extiende la responsabilidad penal a los administradores
concursales en relación con el delito de abuso en el ejercicio de su función, tipificado
en el artículo 439 CP. Así, el administrador que aproveche su intervención en el
concurso para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por
persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones incurrirá en la pena de prisión de
seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de dos a siete años.
7.2. La responsabilidad tributaria de los administradores concursales.
El artículo 43.1.c. de la LGT establece como responsables subsidiarios de la deuda
tributaria a “los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de
sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para
el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a
dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las
obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como
administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.”
Esta responsabilidad tiene dos vertientes:
- En primer lugar, se refiere a las deudas previas a la declaración del concurso.
Debemos relacionar este precepto con el artículo 260 TRLC, que establece que si a la
fecha de la declaración de concurso, no se hubiera presentado alguna declaración o
autoliquidación precisa para la determinación de un crédito de derecho público o de
83 SERRANO GÓMEZ, A.; SERRANO MAÍLLO, A.; SERRANO TÁRRAGA, M. y VÁZQUEZ
GONZÁLEZ C., Curso de Derecho Penal. Parte especial. Madrid: DYKINSON, 2016, pp. 690 y ss.
35
los trabajadores, deberá cumplimentarse por la administración concursal cuando no
lo realice el concursado (puesto que en el régimen de intervención, la administración
concursal debe supervisar que el concursado presenta las declaraciones y
autoliquidaciones tributarias) o en caso de suspensión de las facultades de
administración y disposición. Ante la dificultad de la delimitación de la labor de la
administración concursal, la Agencia Tributaria se dirigirá ante la administración
concursal al menos, respecto de las obligaciones tributarias no revisadas y las
realizadas por la empresa en los ejercicios no prescritos.
- Por otro lado, el precepto hace mención a las deudas tributarias posteriores a la
declaración concursal que integran los créditos contra la masa. Así, se atribuye al
administrador concursal la responsabilidad del administrador societario cuando este
ese encuentre suspendido de sus funciones84.
8. CONCLUSIONES.
I. La responsabilidad civil de los administradores concursales viene regulada en
la sección 4ª “de la responsabilidad”, del capítulo II “de la administración
concursal” del TRLC, concretamente en los artículos del 94 al 99. El TRLC
ha entrado en vigor en septiembre de este mismo año, resultado de las
múltiples reformas a las que se ha sometido la LC en los últimos años, desde
que se configuró en 2003 el modelo organizativo del procedimiento concursal.
En este contexto nos conviene observar la reforma de 2011, por la que se
introdujo la exigencia de un seguro de responsabilidad civil del administrador
concursal como requisito para aceptación del cargo y la extensión de
supuestos en que la administración concursal pasa a ser un órgano
unipersonal.
II. Los auxiliares delegados ayudan al administrador concursal en su labor,
diferenciándose estos de un mero colaborador en que, a los auxiliares
delegados, les será de aplicación el régimen de responsabilidad establecido
para los administradores concursales. Así pues, en ocasiones, el legislador
84 CAMPUZANO, A. y SANJUÁN Y MUÑOZ, E., El derecho de la insolvencia. El concurso de
acreedores. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016.
36
obliga al nombramiento de auxiliares delegados. Por su parte, los
administradores concursales responderán solidariamente con los auxiliares
delegados de los actos de los mismos, salvo que prueben haber empleado la
diligencia debida para prevenir el daño.
III. La administración concursal debe desempeñar el cargo con la diligencia de un
ordenado administrador, la cual ha de someterse a la valoración de los jueces
y tribunales al tratarse de un concepto abstracto; y de un leal representante,
que, así como la actuación en interés del concurso, implica la eliminación de
conflictos de interés. Asimismo, el administrador concursal deberá atenerse a
la Ley y actuar conforme con la regla de la “buena fe”.
IV. El TRLC establece un doble régimen de responsabilidad de la administración
concursal: la responsabilidad por los daños causados a la masa, para la que se
contempla la llamada “acción social”; y la responsabilidad por lesión directa
de los intereses del deudor, acreedores o terceros, para la que se reconoce la
llamada “acción individual”. Ambas acciones son acumulables y compatibles
entre sí, se sustanciarán ante el juez que conozca o haya conocido del
concurso, por los trámites del juicio declarativo que corresponda, y tendrán un
plazo de prescripción de 4 años desde el conocimiento del hecho o en todo
caso desde el cese del administrador.
V. Para la exigencia de responsabilidad civil a la administración concursal, no
será suficiente con una actuación negligente o contraria a la Ley, sino que debe
haberse generado efectivamente un daño por la comisión u omisión de un acto
culposo por parte de la administrador concursal, siendo fundamental el nexo
causal entre la acción y el daño generado; hechos que deberán ser probados
por el demandante (deudor o acreedor). En cuanto a la responsabilidad civil,
el régimen de responsabilidad se aplica por igual a las personas jurídicas.
VI. Respecto a la acción ejercitada por daños causados a la masa, el crédito se
ingresará en la masa activa del concurso, sin perjuicio del reconocimiento del
derecho de reembolso por los gastos a los acreedores que la hubiesen
ejercitado, en caso de sentencia condenatoria. En esta línea conviene saber
que en los supuestos de actuación con autorización judicial, los
administradores concursales no responderán de los daños causados a la masa
salvo actuación contraria a esta resolución o influencia de manera culpable en
la resolución de la misma.
37
VII. Asimismo, a lo largo del TRLC se establecen distintos supuestos de
responsabilidad disciplinaria, es decir, se establece un régimen jurídico de
infracciones y sanciones en virtud del cual los administradores concursales
podrán ser separados cuando concurra justa causa; inhabilitados para el
ejercicio del cargo cuando no acepten el cargo, adquieran bienes de la masa
activa o se desapruebe el escrito de rendición de cuentas; perder el derecho a
la remuneración cuando presenten el informe fuera de plazo o infrinjan el
deber de asistencia a la junta; o recibir multas por incumplimiento del respeto
a la buena fe procesal.
VIII. Del mismo modo, los administradores concursales podrán incurrir en
responsabilidad penal, siendo en particular susceptibles de incurrir en un
delito societario, de cohecho, de malversación o de abuso en el ejercicio de
sus funciones. Serán igualmente, responsables subsidiarios tributarios, cuando
no realicen las gestiones necesarias para el cumplimiento íntegro de las
obligaciones tributarias, pudiendo referirse la misma a las deudas previas a la
declaración del concurso, o a deudas posteriores en el caso de régimen de
suspensión.
9. JURISPRUDENCIA CITADA.
La jurisprudencia citada en el trabajo ha sido la siguiente:
Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Civil, de 21 de mayo de 2013
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de noviembre de 2013
Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 4 de abril de 2008
Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, de 7 de julio de 2008
Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 29 de octubre de 2010.
Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, de 17 de julio de 2013
Auto de la Audiencia Provincial de Pamplona, de 7 de marzo de 2016
Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 2 de junio de 2020
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, de 20 de julio de 2009
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona, de 7 de febrero de 2012
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Madrid, de 16 de noviembre de 2012
38
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cuenca, de 6 de julio
de 2020
10. BIBLIOGRAFÍA.
ARRIBAS HERNÁNDEZ, Alberto. Derecho Concursal. El Concurso tras la reforma
operada por la Ley 38/2011. El Derecho y Quantor, SL. Grupo Francis Lefebvre. , 2012.
BROSETA PONT, Manuel y MARTÍNEZ SANZ, Fernando. Manual de derecho
mercantil. Volumen II. 27ª edición. Madrid: Tecnos (Grupo ANAYA), 2020. ISBN 978-
84-309-7986-8.
CAMPUZANO, Ana Belén y SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique. El derecho de la
insolvencia. El concurso de acreedores. 2ª edición. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016.
ISBN 978-84-9143-367-5.
DE LA CUESTA RUTE, José María. Derecho mercantil II. 4ª edición. Barcelona:
Huygens, 2016. ISBN 978-84-15663-48-5.
GUTIÉRREZ GILSANZ, Andrés. Derecho preconcursal y concursal de sociedades
mercantiles de capital. 1ª edición. Madrid: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-84-9020-
750-5 (versión electrónica).
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo y DÍAZ MORENO, Alberto. Lecciones de derecho
mercantil. 19ª edición. Madrid: TECNOS (GRUPO ANAYA, S.A.), 2016. ISBN 978-84-
30099-6990-6.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo. Derecho mercantil II. 11ª edición. Barcelona: Ariel,
2007. ISBN 978-84-344-5630-3.
39
LAMARCA PÉREZ, Carmen; ALONSO DE ESCAMILLA, Carmen; MESTRE
DELGADO, Esteban y RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Alicia. Delitos. La parte especial del
Derecho penal. 3ª edición. Madrid: DYKINSON, 2018. ISBN 9978-84-99148-653-4.
MARTÍNEZ SANZ, Fernando y PUETZ, Achim. Tratado práctico del derecho
concursal y su reforma. Madrid: Tecnos (grupo ANAYA), 2012. ISBN 978-84-309-
5493-3.
MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel. Lecciones de derecho mercantil. Volumen II. 18ª
edición. Navarra: ARANZADI, 2020. ISBN 978-84-1308-643-9.
ORDUÑA, Javier y CAMPUZANO, Ana Belén. Curso de derecho privado. 18ª edición.
Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015. ISBN 978-84-9086-990-1
PULGAR EZQUERRA, Juana. Comentario a la Ley Concursal. 1ª edición. Madrid,
Wolters Kluwers, 2016. ISBN: 978-84-9020-305-7.
PULGAR EZQUERRA, Juana. El concurso de acreedores. Adaptado a la Ley 38/2011,
de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. 1ª edición. Madrid: Wolters Kluwer,
2012. ISBN 978-84-8126-441-8.
ROMERO FERNÁNDEZ, Jesús Antonio. Aproximación al estudio de la responsabilidad
civil de los administradores concursales. 2ª edición. Sevilla: Publidisa, 2009.. ISBN
9978-84-472-1167-8.
ROJO, Ángel y CAMPUZANO, Ana Belén. Legislación concursal. 17ª edición. Navarra:
Thomson Reuters ARANZADI, 2020. ISBN 78-84-1308-930-0
SÁNCHEZ CALERO, Fernando y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan. Principios
de derecho mercantil. Volumen II. 25ª edición. Navarra: Thomson Reuters ARANZADI,
2020. ISBN 978-84-1308-9917-1.
40
SÁNCHEZ CALERO, Fernando y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan.
Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen II. 36ª edición. Navarra: Thomson Reuters
ARANZADI, 2013. ISBN 978-84-9014-462-6.
SÁNCHEZ CALERO, Fernando y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, Juan.
Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen II. 37ª edición (10ª en Aranzadi). Thomson
Reuters ARANZADI. Falta ISBN
SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique. Guía práctica del proceso concursal. Madrid: Sepín.
ISBN 978-84-16521-43-2.
SERRANO GÓMEZ, Alfonso; SERRANO MAÍLLO, Alfonso; SERRANO TÁRRAGA,
María Dolores y VÁZQUEZ GONZÁLEZ Carlos. Curso de Derecho Penal. Parte
especial. 3ª edición. Madrid: DYKINSON, 2016. ISBN 978-84-9085-922-3.
VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo. Guía legislativa de la Ley Concursal. Texto
comparado y comentado, según la reforma de la Ley 38/2011. 1ª edición. Barcelona:
BOSCH, 2011. ISBN 978-84-97900-905-1.
VELASCO FABRA, G. Y ORTEGA RUEDA, J.D. Régimen jurídico de la empresa.
Madrid: CUNEF, 2020.
Revistas:
ALBIOL, Jordi y BALCÁRCEL, Cristian. Actuaciones y plazos procesales básicos para
el administrador concursal. Economist & jurist. 2016, vol. 24, núm. 198, pp 72-75. ISSN:
2444-3166
MUÑOZ VILLAREAL, Alberto. El aseguramiento de la responsabilidad civil de los
administradores concursales. Revista jurídica de Castilla y León. 2013, núm 31. ISSN:
2254-3805.
41
TÉLLEZ VALLE, Virgilio. La responsabilidad de los administradores concursales:
situación actual y propuestas de lege ferenda. Revista de Estudios Economicos y
Empresariales. 2017, núm. 29, pp-277-298. ISSN: 0212-7237
Artículos:
GARCÍA-POSADA, Miguel y VEGAS, Raquel. Las reformas de la ley Concursal
durante la Gran Recesión. Banco de España. Documentos de Trabajo. 2016. Nº 1610.
Consulta 22 de octubre de 2020. Disponible en
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Doc
umentosTrabajo/16/Fich/dt1610.pdf.
YÁGÜEZ, Ricardo de Ángel. Responsabilidad de la Administración concursal. Artículo
para el V Congreso Nacional de la Asociacion Espanola de Abogados Especializados en
RC y Seguro sobre “La Responsabilidad Civil en la Ley Consursal”. Consulta 20 de
octubre de 2020. Disponible en:
http://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/responsabilidad-de-la-administracion-
concursal.pdf
Webs:
DESVIAT,Isabel. ¿A qué responsabilidades se enfrenta un administrador concursal?,
2020. https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/01/16/a-que-responsabilidades-se-
enfrenta-un-administrador-concursal. Consulta 18 de octubre de 2020.
TUSET VARELA, Damián. El Administrador concursal: efectos sobre la representación y
defensa procesal del concursado. Economist & Jurist. 2020. Noticias jurídicas. Disponible en
https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-administrador-concursal-efectos-sobre-
la-representacion-y-defensa-procesal-del-concursado/ Consulta 20 octubre 2020
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAA
AAEAMtMSbF1jTAAASMTU2MDtbLUouLM_DzbsMz01LySVACGuIm0IAAAAA
==WKE. Consulta 22 de noviembre de 2020
