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Revista Latinoamericana el Ambiente y las Ciencias 10(24): 1 - 21 2019
Monografía de la Red Temática de Gestión de la Calidad y Disponibilidad del Agua.
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1 Apuntes de una reflexión sobre el agua, su gestión y su gobernanza.
Amado Enrique Navarro Frómeta
Universidad tecnológica de Izúcar de Matamoros, Prolongación Reforma 168, barrio de Santiago
M1huacán, Izúcar de Matamoros, Puebla, México. C.P. 74420. Correo electrónico:
LA SITUACIÓN MUNDIAL DEL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE SU GESTIÓN
SOSTENIBLE
El abasto de agua en cantidad suficiente y de buena calidad es indispensable para la salud y
el bienestar de los seres humanos y de los ecosistemas, proporcionando además la base para
el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, aunque todos se benefician de ella, pocos
saben cómo y muchos menos intervienen en su gestión. Por lo general la sociedad no está
suficientemente informada para comprender cómo el uso del agua afecta tanto la cantidad
como la calidad del recurso y su impacto económico. Es conocido que solo el 3% del agua
disponible en el planeta es dulce, y sólo el 1% de ese porcentaje (menos del 0.01% del agua
total), está disponible como agua superficial. Considerando el concepto de las fronteras
planetarias (caracterizadas por variables de control como puede ser la concentración de
CO2 atmosférico en ppm), que permiten evaluar los límites y zonas de incertidumbre del
actuar de la humanidad, el uso humano del agua dulce (alteración del ciclo del agua),
alcanza los 2600 km3 por año. Esto se acerca a la frontera, propuesta generosamente, de
4000 km3 anuales. Por otra parte las fuentes de agua dulce están distribuidas
desigualmente, tanto a nivel global (ver figura 1), como dentro de cada país, siendo también
variable su disponibilidad temporal y su extracción para diversos usos (ver figura 2). Con
una población mundial estimada al 2030 de 8300 millones y de 9100 millones en el 2050,
es fácil comprender el rol central que ocupa su gestión en el desarrollo sostenible. Los
cimientos de esta gestión se ven afectados por los niveles de incertidumbre, no sólo en los
límites planetarios del agua, sino de otros limites, como por ejemplo el del uso del suelo
(porcentaje de la cobertura por bosques con respecto a la cobertura original, valor actual –
62%, frontera – 75%), dada la complejidad de sus interacciones. Los valores de las
variables de control están cambiando como consecuencia de los cambios en las tendencias
Recibido: Marzo, 2019.
Aprobado: Octubre, 2019.
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de la demografía, patrones de consumo, la migración y el cambio climático, lo que resulta
en un aumento de niveles de riesgo. Adaptarse a estas incertidumbres y desarrollar
estrategias que mitiguen los riesgos emergentes hace a las políticas de gestión, a las
instituciones y regulaciones más resistentes, con un mayor rédito social, en un mundo
donde todos se pueden beneficiar de una mayor equidad social aunada a una consideración
justa de los límites biofísicos de nuestro planeta. Ello ha motivado la proclamación del
período 2018-2028 como el Decenio Internacional Agua para el Desarrollo Sostenible, que
comenzó el 22 de marzo de 2018 y culminará el 22 de marzo de 2028 (WWAP, 2012;
Steffen et al., 2015; USEPA, 2013; Kahiluoto, 2018; ONU, 2018).
Es un hecho que, a sabiendas o no, los seres humanos se han convertido en la principal
fuerza motriz de los cambios ambientales (transformamos la atmósfera, degradamos la
biosfera y alteramos la litosfera), con una evidente modificación del ciclo del agua y los
problemas asociados a la alteración y disminución de los recursos hídricos, los problemas
de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas; la desertificación de bosques y
selvas, entre otros, que deterioran el ecosistema hídrico; el uso un tanto irracional del
líquido en las labores de producción; la concentración urbana y el desorden territorial de la
misma que sobreexplota mantos acuíferos y, ante todas las cosas, la falta de cultura
transversal entre el diseño normativo y la sociedad. Tanta es la influencia humana, que
llega a hacerse sentir en las variaciones del nivel de los océanos. A lo anterior hay que
sumar la componente exógena del cambio climático. La influencia del cambio climático,
originado por el aumento del forzamiento radiativo (determinado por el incremento de la
concentración de gases de efecto de invernadero, causado a su vez por las acciones
antrópicas), afecta al ciclo hidrológico fundamentalmente por la alteración de la
evapotranspiración y la distribución de precipitaciones. Un ejemplo claro de la presión
antrópica sobre el agua es la contaminación por los residuos de los plásticos que se
acumulan en los océanos y que constituyen una amenaza, incluso para las fronteras
planetarias ya mencionadas. Una componente importante del problema es el nexo entre el
agua, la energía y los alimentos. El abastecimiento de agua requiere de energía para la
extracción, transporte, distribución y tratamiento del agua, antes y después de su uso. De
una u otra forma, la producción, transmisión y uso de la energía, conlleva un consumo de
agua. Asimismo, la producción de alimentos requiere de agua y de energía, dependiendo de
su disponibilidad y a su vez los patrones de uso de alimentos influyen en ambos recursos.
Las crisis regionales y globales, que afectan a la población mundial, especialmente a las
personas con menores ingresos, están relacionadas con este nexo entre el agua, la energía y
los alimentos. Esto explica la atención al estudio del mismo, observada en los últimos
tiempos, así como el interés en la búsqueda de nuevas estrategias para atenderlo con un
enfoque multisectorial, en otras palabras buscando una adecuada gobernanza del nexo a
distintos niveles (WWAP, 2014; Cosgrove y Loucks, 2015; Bano y Arshad, 2017;
Villarrubia-Gómez et al., 2017; Wada et al., 2017; Weitz et al., 2017; Abbas et al., 2018;
D’Odorico et al., 2018; IPCC, 2018; Märker et al., 2018; Pahl-Wostl et al., 2018).
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Figura 1 Distribución del per cápita de agua renovable en el 2014 (m3/año).
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/maps/TRWR.Cap_esp.pdf
Figura 2 Extracción per cápita de agua (m3/año. Recuperado de:
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/maps/WithT.Cap_esp.pdf
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EL AGUA EN MÉXICO Y ALGUNOS ASPECTOS DE SU MARCO LEGAL
El uso del agua en México se distribuye aproximadamente en un 76% agrícola, 14.4% para
uso público y 9.6% para uso industrial, incluida la generación de electricidad.
Considerando el porcentaje de uso en riego de otros países (España 68, Brasil 62, Estados
Unidos 41, Francia 11), México no es precisamente eficiente (Valencia Vargas et al., 2004;
Rodríguez Gómez, 2008; Torres Salcido, 2012; Moreno Plata, 2014; EAM, 2018).
Los ríos
Los ríos siempre han sido los más importantes recursos de agua dulce. El surgimiento de la
civilización ocurrió en sus riberas, su ulterior crecimiento estuvo indisolublemente ligado a
ellos y aún hoy en día muchas de las actividades de desarrollo siguen siendo dependientes
de estos cuerpos de agua. Su papel en la economía de cualquier país es inmenso. Además,
juegan un importante papel en diversos ciclos como el hidrológico y el del carbón,
vinculando en este último a los suelos y los océanos, que son los mayores reservorios del
carbono en el planeta. Sin embargo, los beneficios de la extracción del agua para las
diversas actividades humanas no permitieron dimensionar debidamente la necesidad de que
el agua en los ríos permanezca en la cantidad y con la calidad necesarias para mantener los
ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados y poder brindar los innumerables servicios
ambientales y los beneficios económicos que proporciona un sistema no degradado. Los
beneficios económicos de los ríos “sanos”, superan a los supuestos beneficios de su
explotación con el sentido desarrollista prevaleciente hasta el momento. Hasta ahora, como
ecosistemas, han sido intensamente modificados y contaminados por la actividad humana y
los problemas de la calidad de sus aguas se han intensificado por el crecimiento y
concentración de la población y la industria. De hecho, los ríos se conciben como un
receptor de agua residual y se confía demasiado en su capacidad de atenuar mediante
procesos naturales la contaminación. La protección de los ríos es una inversión conveniente
desde el punto de vista ambiental y económico. La adecuada gestión del agua no permite
separar cantidad y calidad. Para asignar el agua hay que saber de cuanta se dispone y que
calidad tiene. La concentración de la población en grandes ciudades hace necesario prestar
atención a los ríos urbanos que, pese a que en general presentan altos niveles de
contaminación, prestan importantes servicios ambientales, no siempre percibidos por la
población. En general es necesario ir más allá de la rehabilitación de los ríos y realizar una
restauración de estos para reestablecer y mejorar las características hidrológicas y
geomorfológicas (especialmente el flujo ecológico), así como los procesos ecológicos
perdidos o dañados. (WWAP, 2012; USEPA, 2013; Sabater y Elosegui, 2014; Wohl et al.,
2015; Shekhar, 2016; Hayes et al., 2018; Opperman et al., 2018; Hua y Chen, 2019).
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En México los ríos y arroyos conforman una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de
longitud y cuyas cuencas cubren el 65 por ciento de la superficie territorial continental del
país. Dos tercios del escurrimiento superficial pertenece a siete ríos: Grijalva-Usumacinta,
Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá. Sus cuencas representan el
22 por ciento de la superficie del país. Para la gestión de las aguas nacionales, la Comisión
Nacional del Agua. CONAGUA, ha oficializado la división del país en 731 cuencas
hidrológicas. En la figura 3 se muestran los principales ríos de México y las cuencas
hidrológicas. Por las características climáticas de México, abundan las corrientes
intermitentes o efímeras, que también es importante considerar en el balance de las
cuencas. Es conveniente mencionar que la extracción de agua para los diversos usos ha
disminuido tanto el caudal de muchas corrientes de agua superficial que ya las mismas son
intermitentes, por lo que el manejo de las mismas requiere de una aproximación especial.
(Fritz et al., 2017; EAM, 2018).
El agua subterránea
Aunque el volumen global de agua subterránea no es bien conocido, se estima entre 15.3 a
60 millones de km3, incluyendo 10.5 millones de km3 de agua dulce (cerca de un 30% del
agua dulce del planeta). En la actualidad el agua subterránea, con una extracción en el 2010
cercana a los 1000 km3 anuales, proporciona cerca del 50% del agua potable y 43% del
agua que se utiliza para irrigación. Al igual que los ríos, el agua subterránea es esencial
para el buen funcionamiento de los sistemas ecológicos, jugando un papel muy importante
en el suministro de agua potable y de riego, por lo que su adecuada gestión y gobernanza
son de máxima importancia. El adecuado control de su calidad y cantidad a nivel local,
resulta imprescindible para poder enfrentar las variaciones en estos dos aspectos, que se
originen por el cambio climático (Cosgrove y Cosgrove, 2012; WWAP, 2012; FAO, 2013;
Sagar, 2015; Meixner et al., 2016; Saana et al., 2016; Megdal, 2018).
Para fines de administración del agua subterránea, el país se ha dividido en 653 acuíferos,
cuyos nombres oficiales fueron publicados en el 2001. Anualmente, México recibe del
orden de 1.45 billones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua,
el 72.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera; el 21.4% escurre por los ríos o arroyos
y el 6.4% restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, de tal forma que los
acuíferos del país reciben 78.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable y se
les extraen por medio de pozos, norias, galerías filtrantes y manantiales 27.5 mil millones
de metro cúbicos. Así, el balance subterráneo refleja en principio una gran disponibilidad
de agua en el subsuelo, sin embargo, esta situación es engañosa ya que 144 de los acuíferos
del país se encuentran seriamente sobreexplotados y hay 32 acuíferos con intrusión salina
(CNDH, 2018; EAM, 2018).
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Figura 3. Principales ríos y regiones hidrológicas de México (EAM, 2018).
En 2016, la disponibilidad media de agua era de alrededor de 3,687 m3 por habitante. La
distribución del agua en México dadas sus condiciones fisiográficas y climáticas determina
dos regiones con condiciones opuestas, una región árida y semi árida abarcando el norte y
centro del país (alrededor del 50% del territorio nacional), existiendo sobreabundancia en el
sur sureste (Figura 4). Además, el desarrollo industrial y económico ha condicionado que
los núcleos de mayor población se concentren en el centro y norte del país, generando
mayor presión y dependencia del agua subterránea para los diversos usos (municipal,
industrial, agrícola), pues los acuíferos son la única fuente permanente de agua en las
regiones áridas y semiáridas. Esta fuente de agua sustenta el riego de aproximadamente dos
millones de hectáreas (el 36.4% del agua concesionada para riego agrícola es subterránea),
así como suministra 58.4% del volumen de agua utilizada para uso público (EAM, 2018;
SEMARNAT, 2019).
Figura 4 Distribución del agua en México, m3 por habitante (IMTA, 2013)
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El marco legal
Dentro del marco jurídico en materia de agua, los instrumentos normativos generales que
regulan el aprovechamiento, cuidado y conservación del agua son: La Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 1° Constitucional reconoce que toda
persona gozará de los derechos humanos, siendo uno de ellos el acceso al agua, y su
correlación con el derecho internacional. Así, el Artículo 4° constitucional establece que
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines”. El Artículo 27° Constitucional establece que la propiedad de
las aguas es originariamente de La Nación, y la misma dictará las medidas necesarias y
adecuadas para establecer los usos y destino de las aguas.
La Ley de Aguas Nacionales, que establece la administración de las aguas nacionales, así
como la concurrencia y coordinación con autoridades estatales. Tiene por objeto regular la
explotación, uso o aprovechamiento, distribución y control, así como la preservación de su
calidad y cantidad, para garantizar su desarrollo integral sustentable. Esta ley establece,
conforme a sus competencias, la realización de explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas nacionales, a los municipios y estados, destinados a los servicios de agua con carácter
público urbano o doméstico, así como también faculta la reutilización de aguas tratadas,
aprovechamiento de aguas residuales provenientes de los sistemas públicos urbanos a
través de las autoridades estatales y municipales, así como de sus organismos operadores.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece que son
de orden público e interés social la prevención y control de la contaminación del agua, entre
otras. Dentro de su articulado, establece los criterios para el aprovechamiento sustentable
del agua y sus ecosistemas, así como la importancia de la coordinación de las autoridades
ambientales con la Secretaría de Salud.
La Ley General de Cambio Climático, que es un ordenamiento que establece disposiciones
para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, indicando en su artículo 30 que
las dependencias tanto federales, estatales y municipales en el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones como los diagnósticos a los ecosistemas hídricos, y así mismo
sobre los volúmenes disponibles de agua y su distribución, además de fomentar la recarga
de acuíferos, entre otras.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que tiene por objeto
propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la
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valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos de manejo especial, y/o
peligrosos. Dentro de los residuos de manejo especial que son competencia de las entidades
federativas, se encuentran los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es una ley reglamentaria del
artículo 27 constitucional, que tiene por objeto regular y fomentar la conservación,
protección, manejo y aprovechamiento de los sistemas forestales del país. Regula la
implementación por parte de los tres órdenes de gobierno, del desarrollo de la
infraestructura en las zonas forestales, incluyendo entre ellas las obras de conservación de
suelos y aguas.
La Ley General de Salud que es reglamentaria del artículo 4° constitucional en materia de
protección de la salud de toda persona. Determina que las autoridades sanitarias, educativas
y laborales apoyarán y fomentarán acciones relacionadas al acceso al agua potable y
medios sanitarios de eliminación de excreta. La Secretaría de Salud será la autoridad
competente para emitir normas que establezcan el tratamiento de agua para uso y consumo
humano. Contempla la facultad concurrente de la Secretaría de Salud y a las entidades
federativas vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, que tiene por objeto fijar las normas básicas para ordenar el uso del territorio y los
asentamientos humanos en el país. Determina que la federación prevea a nivel nacional las
necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de
agua que determine la SEMARNAT. Los planes y programas municipales de desarrollo
urbano serán regulados por la legislación estatal y contendrán materias como centros
históricos, movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento.
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en México (GIRH) es un enfoque de política
pública, incremental y adaptativo, que persigue el desarrollo y manejo coordinado del agua,
la tierra y los recursos relacionados. Está orientada a propiciar que el aprovechamiento de
los recursos hídricos se dirija hacia la consecución de objetivos nacionales de desarrollo
económico y social bajo criterios de equidad y sostenibilidad ambiental. La misma se
sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Sectorial de la SEMARNAT y el
Plan Nacional Hídrico (PNH), cuya formulación para 2019-2024 está en proceso. Partiendo
de la eficacia de la regulación gubernamental para garantizar la sostenibilidad de la gestión
del agua y reconociendo, además, que no hay gestión sostenible sin la protección de los
ecosistemas para el mantenimiento y la rehabilitación del ciclo hidrológico natural, en
materia de políticas públicas, los ámbitos centrales de interés son:
Eficiencia y equidad en el suministro a poblaciones humanas y actividades
económica;
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Eliminación de contaminantes de alto riesgo ambiental y el mantenimiento de la
calidad de los cuerpos de agua continentales y costeros;
Abastecimiento que garantice la integridad ecológica de sistemas fluviales y
lacustres, humedales y estuarios.
México es un país naturalmente vulnerable a los efectos del cambio climático: por su
ubicación geográfica, que determina una distribución desigual del agua entre el norte y el
sur de México, con zonas áridas y semiáridas en el primero e inundaciones y huracanes más
frecuentes en el segundo; por la diferencia en elevación de su territorio; y por la
distribución de la precipitación y diferencias en el escurrimiento, durante el curso del año y
en espacio a lo largo y ancho del país. A esto hay que sumarle la competencia por el
recurso, la contaminación por vertido de aguas residuales, la salinización de suelos por el
exceso de fertilizantes, la deforestación y el cambio no controlado debidamente de uso del
suelo agrícola, aspectos todos que inciden en el agua. Se espera que, en general, las
precipitaciones disminuyan en un 10% en la mayoría del país, aunque em ciertas regiones
la disminución será mayor (en Baja California se espera cerca de un 40%). La
concentración de la población en los núcleos urbanos pone sobre la mesa la evaluación de
la eficiencia en los sistemas de abasto de agua potable y la gestión adecuada de los
problemas de su contaminación, cosa que se puede ejemplificar con el caso del incremento
de la concentración de manganeso en el caso de la ciudad de Izúcar de Matamoros. Debe
considerarse además que hay un desbalance entre la demanda, la disponibilidad y la
distribución del agua, con una infraestructura que no se ha renovado a la par del
crecimiento demográfico y económico y factores sociales que no coadyuvan al cuidado de
este recurso (López-Hernández et al., 2012; Herron, 2013; Coelho y Andrade, 2014;
Rasekh y Brumbelow, 2014; SEMARNAT-INECC, 2016, 2018).
La gobernanza del agua
El concepto y sus implicaciones
En ocasiones se confunde gobernabilidad (cualidad de gobernar), con gobernanza (“Arte o
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad
civil y el mercado de la economía”). Murillo y Soares proponen utilizar gobernabilidad
cuando se trate de la parte institucional conferida al gobierno y sus instituciones, es decir,
su capacidad y rango de acción; y gobernanza al referirse a la acción conjunta del gobierno
y la sociedad para un objetivo positivo común (como el desarrollo), a fin de alcanzar un
equilibrio, aunque algunos autores identifican no una díada, sino la tríada gobierno-
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sociedad-ciencia. Una de las definiciones del término, adoptada por diversas agencias a
nivel internacional, considera a la gobernanza del agua como “el conjunto de sistemas
políticos, económicos y administrativos existentes para el desarrollo y manejo del recurso
hídrico y para la entrega de servicios de agua a los diferentes niveles de una sociedad”. La
OCDE la define como el “conjunto de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) a
través de los cuales, las decisiones para la gestión de los recursos hídricos y servicios son
tomadas e implementadas, articulando con los actores y sus intereses; y los tomadores de
decisiones rinden cuentas”. Se entiende entonces, que el concepto de gobernanza tiene que
ver más con la forma en que se toman las decisiones, que con las decisiones en sí mismas,
centrándose en la interacción transversal, de abajo arriba y de arriba abajo, de los
diferentes actores que intervienen en la gestión y el uso del agua. Esto confiere
características específicas a la gobernanza del agua, muy vinculadas a las especificidades
de cada territorio para lograr un justo equilibrio entre la seguridad que brinda a las
comunidades humanas como a los ecosistemas que comprende (nótese que en el concepto
de territorio hay que incluir las características culturales de las comunidades presentes,
siendo la participación social un elemento clave. La gobernanza del agua en un resumen
gráfico de lo planteado por la OECD se muestra en los siguientes esquemas (Murillo y
Soares, 2013, OECD, 2011; OECD, 2015; Akhmouch y Correia, 2016; Minambiente 2019;
UNAM, 2018)
Figura 5. Marco de Gobernanza multinivel. Fuente OECD (2011), Water Governance in OECD: A
Multi-Level Approac, OECD Publishing, Paris.
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Lo anterior está bien enunciado y debía funcionar en la práctica. Pero, una visión simplista
e idílica no ha dado los resultados tangibles esperados, como sucede por ejemplo con el
manejo de las cuencas hidrográficas. Tiene particular importancia la gobernanza del agua
residual que está lejos de dar los resultados esperados y la situación se agrava
continuamente. Los conflictos entre los criterios globales y locales, entre el desarrollo y la
conservación de ecosistemas, entre otros, ha llevado incluso a pensar si es necesario pensar
más en las cuencas de problemas hidrológicos que en cuencas hidrológicas delimitadas
geográficamente. La compleja relación entre los componentes del ciclo del agua ya ha
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motivado estudios relativos a la gobernanza de la humedad. También los megacentros
urbanos como el del Valle de México, son una muestra de lo complejo del escenario de
lograr satisfacer simultáneamente todas las exigencias para sostener el desarrollo y
conservar el ecosistema. En este sentido, resulta ilustrativo que no siempre es suficiente
fomentar la participación de las mujeres para lograr su empoderamiento y una mayor
equidad de género en la gobernanza del agua. Evidentemente hay que mover más
mecanismos para lograrlo. Uno de los factores que incide en esta falta de resultados
tangibles de la implementación de diferentes modelos, políticas y estrategias para una
adecuada gobernanza del agua, es la falta de datos confiables sobre el estado real de los
recursos hídricos en calidad y cantidad, lo que es más evidente en los países con ingresos
de bajos a medios. Esto muestra la importancia del papel de la Ciencia y en específico de
las Instituciones de Educación en la obtención, gestión y difusión de la información sobre
el agua a nivel territorial, para lograr la gobernanza del agua a la que se aspira.
Indiscutiblemente, la utilización de las tecnologías de la información y la informatización
de la sociedad en general, deben tener un papel relevante en el acceso ciudadano e
institucional a información confiable sobre el agua. De lo anterior se desprende que es
necesario mejorar la comunicación y cooperación entre todos los actores y adentrarse más,
para lograr la mayor restauración posible de los ecosistemas y sus servicios ambientales, en
las soluciones a nivel local, especialmente las basadas en la naturaleza, o sea entrar en el
ámbito de la gobernanza de la restauración ambiental (Casiano et al., 2017; Keys et al.,
2017; Woodhouse y Mueller, 2017; Schulz et al., 2017; Adams y Juran, 2018; Bouckaert et
al., 2018; Lerner et al., 2018; Mukhtarov et al., 2018; Sapkota et al., 2018; Zogheib et al.,
2018; Albert et al., 2019; Pahl-Wostl, 2019)
Figura 6. Marco de Gobernanza del agua.
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El papel de las redes de conocimiento en la gobernanza del agua
Las redes de conocimiento, considerando que agrupan no sólo el conocimiento científico y
tecnológico, sino que consideran el conocimiento ancestral de cada grupo humano sobre el
agua en la región específica en que se desarrolla y por tanto involucran la participación de
la población en su quehacer, juegan un papel importante en la gobernanza del agua. En este
sentido resulta ilustrativo el actuar de la Red Temática Gestión de la Calidad y
Disponibilidad del Agua, integrada en el sistema de redes del CONACyT
(www.aguanet.com.mx).
Producto del debate y la reflexión, esta Red propuso una serie de medidas a diversas
instancias gubernamentales que, en apretada síntesis, son:
Sobre el derecho al agua y el saneamiento
1. No se debe privatizar ni concesionar a particulares el servicio de agua potable a la
población.
2. No se debe privatizar ni concesionar a particulares el servicio de tratamiento de las
aguas residuales, mismo que necesita mejorarse y ampliarse.
3. Se propone integrar una Comisión integrada por la SEMARNAT, CONAGUA,
IMTA, las Redes del agua, las Universidades y demás instancias interesadas, para la
valoración y desarrollo de las distintas tecnologías de tratamiento.
4. Se propone integrar una Comisión integrada por la SEMARNAT, CONAGUA,
IMTA, las Redes del agua, las Universidades y demás instancias interesadas, para la
valoración y desarrollo de la tecnología de humedales de tratamiento.
5. Toda actividad de explotación de los yacimientos de lutitas (conocida como
fracking), debe detenerse hasta que se garantice disponer tanto de los estudios de
viabilidad ambiental, técnica y económica, como de los recursos humanos y
tecnológicos adecuados para cada pozo en que esto se realice, considerando además
los intereses de la población de las regiones en que esta actividad se desarrolle.
Sobre normatividad y calidad del agua
1. Se propone crear una comisión integrada por todas las instancias que tienen que ver
con la calidad del agua para valorar la correspondencia de las normas mexicanas
con el estado actual del conocimiento científico y con las características regionales.
2. Se propone crear una comisión que atienda el problema del arsénico y el flúor en el
agua potable para revisar la norma oficial mexicana, atender problemas de salud
relacionados con esto y avanzar en el mapa del arsénico y el flúor en el país.
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Sobre el agua de riego
1. Se propone crear una comisión para realizar una evaluación de la estructura y
funcionamiento de los distritos de riego.
2. Se propone la creación de una comisión o grupo de trabajo que sistematice la
disponibilidad y factibilidad de aplicación de las distintas técnicas de riego.
Ciencia y sociedad
1. Es necesario proveer de más recursos de todo tipo a la divulgación científica,
estimulando la participación de los investigadores en estas actividades.
2. Se propone la creación de un sitio oficial en Internet, en el cual el tema central sea
el agua y la salud.
3. Se propone que se analice la penalización de las amenazas a los investigadores por
parte de personas con intereses contrarios al medio ambiente en las comunidades.
4. Se propone fortalecer la actividad de colaboración científica inter y
transdisciplinaria, estimulando el financiamiento gubernamental a las actividades de
socialización del conocimiento.
CONCLUSIONES
Evidentemente hay mucho que hacer con relación al agua en México. Es una de las áreas
que mayor atención debe de recibir por parte del Gobierno de inmediato. Pero esto solo no
es suficiente y nada se logrará si la población no se involucra. Se requiere de una
concientización y participación ciudadana que hay que sembrar, cultivar y hacer crecer,
pues los conflictos entre los intereses personales o de pequeños grupos con los intereses
comunitarios, regionales y nacionales, no permiten avanzar con la celeridad requerida en su
solución. En otras palabras, se requiere avanzar en una adecuada gobernanza del agua. Sólo
así se garantizará que toda la población reciba los servicios de agua potable y saneamiento
de calidad, en forma continua y asequible a la población de menores ingresos; que se
alcance una seguridad alimentaria con una agricultura que conserve el agua y no la
desperdicie y se disminuya efectiva y tangiblemente la contaminación de los ríos y estos
brinden de nuevo los servicios ambientales que se requieren de ellos.
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