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Las drogas y las conversaciones para el fin del conflicto en la perspectiva de una paz liberal.

Ricardo Vargas Meza1

Consideracin preliminar

En el marco de las conversaciones de paz, el tratamiento del tema de las drogas debi concentrarse en

el anlisis sobre la especificidad del vnculo de las FARC al narcotrfico como economa de guerra. Un

tratamiento en esa direccin, hubiese dado resultados ms interesantes que un esfuerzo de las FARC

alrededor, por ejemplo, del uso de drogas.

El punto debi proponerse como la bsqueda un acuerdo para desactivar el narcotrfico como

economa de guerra y su aporte a la solucin del problema de las drogas. Varias ventajas ofreca este

abordaje especfico:

- Permite desentraar los usos del narcotrfico tanto por parte del estado como de las guerrillas

y su significado frente a la guerra interna.

- El uso de la tierra como fuente de lavado de dineros del narcotrfico.

- La relacin entre paramilitarismo y narcotrfico y su grave incidencia en el control de territorios

y soluciones estructurales al problema, en temas como garantas de seguridad y el acceso a la

justicia.

- La presencia de elites de origen ilegal en trance de legalizacin y los problemas que plantea a la

democracia.

- Hubiese permitido una discusin sobre el nfasis contrainsurgente de medidas antidrogas. Las

decisiones antidrogas desde 1999 estn muy centradas en el combate a las fuentes financieras

de las guerrillas y que se formaliza en el 2007 con la Estrategia de Fortalecimiento de la

democracia y el desarrollo social en el inicio de la segunda administracin Uribe.

- Permite dar nuevos elementos para analizar y avanzar en el tema del narcotrfico como delito

intermstico, el contexto internacional y la extradicin, y buscar soluciones a una situacin

impredecible.

Los acuerdos de La Habana sobre drogas y paz en Colombia

El acuerdo parcial del punto cuarto de la agenda de La Habana Solucin al problema de las drogas

ilcitas se fundamenta en narrativas que consideran al narcotrfico como un flagelo, una amenaza

externa que azot y distorsion la vida de la sociedad y las instituciones, y aliment financieramente el

conflicto armado. En consecuencia, el acuerdo hace un llamado a la superacin de esa situacin en

1 Socilogo, investigador asociado al Transnational Institute TNI.

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perspectiva a la solucin definitiva del problema de las drogas. Dicha solucin acoge la prolongacin de

la estrategia vigente contra los psicoactivos declarados ilegales y busca incorporar algunos principios

que reconocen la existencia de condiciones de marginalidad, pobreza y ausencia de desarrollo como

coadyuvantes a la presencia de una economa ilegal de la coca.

El documento acordado acoge la vigencia de la estrategia de la reduccin de la oferta y el enfoque

plantea que la superacin del problema se concreta en el escenario deseable para la prohibicin de

cero coca y cero narcotrfico. Desde una perspectiva de poltica antidrogas, este enfoque sin duda,

marca definitivamente el sentido y propsito de lo pactado por parte del gobierno colombiano y las

Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia FARC.

La estructura de presentacin del punto cuarto, est relacionada con los tres aspectos que lo

conforman: en primer lugar, programas de sustitucin de cultivos de uso ilcito. Planes integrales de

desarrollo con participacin de las comunidades en el diseo, ejecucin y evaluacin de los programas

de sustitucin y recuperacin ambiental de las reas afectadas por dichos cultivos. En segundo lugar,

programas de prevencin del consumo y salud pblica. Finalmente, solucin del fenmeno de

produccin y comercializacin de narcticos.

Sobre los programas de sustitucin

La estrategia que busca resolver el problema de los cultivos ilcitos se fundamenta en la puesta en

marcha de la Reforma Rural Integral (RRI), acordada en el punto 1 de la agenda de La Habana, lo cual

reafirma que esta economa ilegal se asocia a los problemas de exclusin, marginalidad y falta de acceso

a la tierra de un alto porcentaje de la poblacin rural colombiana.

De manera muy resumida, el dispositivo para garantizar el cumplimiento del propsito fundamental de

cero cultivos ilcitos operara as:

- El cultivador de coca se compromete a erradicar el cultivo, no resembrar y a no participar en

cualquiera de las actividades asociadas a la economa ilegal. Si no lo hace o incumple el

compromiso, el estado entrara a hacerlo de manera forzosa en principio manualmente. Zonas

renuentes que ofrezcan obstculos seran fumigadas. Productores de reas no priorizadas, se les

ofrece un sometimiento a la justicia con un tratamiento penal diferencial.

- El estado crea el Programa Nacional Integral de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito (PNIS) que

depende de la Presidencia de la Repblica. A travs de procesos participativos, las comunidades

donde se focaliza el programa inicia un proceso de planeacin articulado a la estructura

municipal, departamental y nacional del PNIS.

- En el perodo que va de la erradicacin a la implementacin del PNIS y de acciones enmarcadas

en la RRI como la formalizacin de la propiedad de la tierra, se les entrega ayudas de

emergencia a las familias cultivadoras en mercados y apoyos a mecanismos como huertas

caseras, especies menores y proyectos generadores ingreso rpido cuya viabilidad se supone

sustituira lo temporalmente que se pierde por la erradicacin de los cultivos ilcitos. A ello se

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agrega el desarrollo de ayudas sociales de emergencia (como guarderas, infraestructura

educativa, generacin de empleos, brigadas de salud, etc.,).

La gran dimensin del compromiso en el marco tanto del programa de desarrollo con enfoque territorial

(PDET) como del PNIS, y la carrera contra el tiempo para forjar soportes slidos para una economa

alternativa a la coca, ponen a prueba la capacidad institucional del estado colombiano en zonas donde la

poca presencia ha estado hegemonizada por el uso de la fuerza. Los costos para las intervenciones

integrales son gigantescos. La ayuda mencionada del plan de atencin inmediata como compensacin a

la erradicacin de los cultivos implica atender, en el corto plazo, 63.000 familias que dependen

directamente de la coca, a lo que hay que sumar miles de jornaleros y de familias que dependen de una

demanda agregada del negocio por insumos, servicios, etc., durante dos aos, si se acepta la propuesta

de las FARC.

Atendiendo slo las zonas prioritarias del PDET y aquellas con una densidad alta de cultivos y una

poblacin importante para implementar los programas de la Reforma Rural Integral y del PNIS, la

magnitud de las obras, acciones y proyectos para integrar esas zonas excluidas, demandar recursos que

se multiplicarn exponencialmente a niveles muy altos. Para tener una idea, el gobernador del Meta

Alan Jara calcul en tres billones de pesos slo el costo para garantizar la comunicacin mediante vas

terciarias para ese departamento, en un foro regional sobre cultivos ilcitos y paz, celebrado en San Jos

del Guaviare del 1 al 3 de octubre de 2013.

A esto hay que agregar que los cultivos ilcitos y los mercados de pasta bsica de cocana (PBC) tienen

una alta movilidad. La focalizacin de las inversiones en algunos puntos del mapa de la economa ilegal

de la coca, no garantiza el control del fenmeno ya que su desplazamiento puede ocurrir en una

geografa que tiene an mrgenes amplios para su instalacin. Resulta inviable pensar que en seis meses

el gobierno podr generar las condiciones de estabilidad y sostenibilidad econmica para las

comunidades que dependen hoy de los cultivos ilcitos.

Una condicin que persiste en los acuerdos es la exigencia de la erradicacin previa de la hoja de coca,

requisito para el acceso a los programas gubernamentales. Lo cual indica que la bsqueda de su

reduccin hacia el propsito de cero coca, es uno de los fines centrales. En el nterin, se ha creado un

dispositivo tal que permitir judicializar al productor renuente, lo que junto con el compromiso de las

FARC de desvincularse con cualquier actividad relacionada con la economa ilegal de la coca, facilitar las

acciones de erradicacin forzosa, logrndose as uno de los propsitos centrales de la estrategia de

reduccin de la oferta. Las experiencias de intervencin del estado en esta materia han mostrado

muchas debilidades como en el caso del Plan de Consolidacin, que fracas demostradamente en la

regin de Montes de Mara, as como en La Macarena cuya rea de cultivos de coca pas de 971

hectreas en el 2011 a 1.466 en el 2.012 y 1.649 en el 2013, lo que representa un incremento del 70%

entre 2011 y 2013.2

2 Cifras de UNODC Monitoreo de cultivos de coca 2013, junio de 2014.

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Sobre el uso de drogas ilcitas

El tratamiento del punto se caracteriza por no abordar los temas centrales, carencias conceptuales y una

mirada muy local, esto es, sin unas referencias a las tendencias internacionales de las polticas sobre uso

de drogas y consumos problemticos. Su contenido se reduce a llamados de atencin para la

elaboracin de modelos de prevencin y mecanismos de coordinacin de las entidades involucradas en

la atencin, dice el texto, de los usuarios (sic!) de drogas. En sntesis, no contiene elementos novedosos

y slo hace un llamado general, aunque pertinente, a la necesidad de un enfoque de derechos

humanos y salud pblica.

La carencia de una inscripcin del tema en el contexto de las tendencias internacionales, lleva a un

silencio elocuente sobre las experiencias de regulacin de la marihuana, pero tambin un

desconocimiento, teniendo en cuenta el principio elemental de diferenciacin de sustancias, sobre la

necesidad de forjar una masa crtica que permita proyectar un conocimiento riguroso sobre cocana, que

es el producto con que se identifica internacionalmente el caso colombiano. De all la importancia de

introducir y comprometerse con proceso interdisciplinarios de investigacin sobre efectos ciertos del

uso de la cocana y sus derivados fumables, contextos socioculturales de uso, y que deben inscribirse en

la bsqueda de alternativas bajo un enfoque de reduccin de daos; as mismo la ausencia de un

reconocimiento sobre los avances en procesos de autoregulacin, etc.

Si nos atenemos al liderazgo pretendido por el presidente Santos de promover un debate internacional

sobre drogas, resulta sorprendente que el tema de cocana haya quedado sin abordar. El conjunto del

acuerdo no tiene el msculo suficiente para que se constituya en punto de referencia internacional para

proponer un cambio en la poltica, de cara a la asamblea extraordinaria de UNODC en 2016.

Referencias al trfico

El punto sobre trfico fue abordado tambin con generalidades, lo cual lo hace inocuo, con el uso de

expresiones que ratifican hacer ms de lo mismo: lucha contra el crimen organizado, una estrategia

contra el lavado de activos, controles estatales sobre el manejo de insumos y precursores qumicos y,

finalmente, la reiteracin de la puesta en marcha de una estrategia ms de aplicacin efectiva de los

procesos de extincin de dominio. Contrastemos este tratamiento desde la importancia de abordar de

manera compleja, el problema de las drogas como parte del conflicto armado colombiano.

La proliferacin de los cultivos de coca en Colombia como resultado de la crisis de precios en Per y

Bolivia comenzando la dcada de los noventa principales suministradores de materia prima a los

narcotraficantes colombianos fue motivada por la crisis profunda del modelo de cartel de las drogas

y que cobr vigencia con la muerte de Pablo Escobar y el apresamiento de la cpula de Cali, los cuales

adquiran la produccin de PBC en esos pases. Con la crisis del modelo vigente hasta entonces del

narcotrfico, se crearon condiciones que favorecieron el desarrollo de organizaciones que culminaron el

estmulo a un proceso de sustitucin de importaciones de pasta bsica de cocana (PBC) desde el

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Hauallaga peruano y el Chapare boliviano y en consecuencia, el crecimiento exponencial de las siembras

de hoja de coca activaron la economa regional de las zonas de colonizacin colombianas.

Al establecerse de manera extendida en Colombia la economa de los cultivos de coca, se afianz una

conjuncin de intereses entre comunidades y grupos armados, de manera inesperada y que se convirti

en gran preocupacin tanto para el estado central como para la seguridad regional de uno de los aliados

principales de Washington. El Plan Colombia se constituy en el principal antdoto para romper la

fortaleza militar que exhiba la guerrilla desde mediados de los 90.

En consecuencia, la coca como economa de guerra encauz las principales decisiones de fuerza

presentadas como ejecucin de la estrategia antidrogas. Y efectivamente logr debilitar aunque no

derrotar las guerrillas, con lo cual se viabiliz la posibilidad de las conversaciones de paz. Visto este

escenario, se observa que el manejo del problema de las drogas como fuente de financiacin de la

insurgencia, constituy un eje que cop la estrategia de seguridad democrtica y las fases subsiguientes

del Plan Colombia.

Pero el relativo xito militar interno no resolvi el fraccionamiento de la sociedad colombiana la que

coyunturalmente se agrup alrededor de la doctrina de seguridad democrtica. Los procesos

subsecuentes, una vez se garantiz la ofensiva de guerra, mantuvieron el modelo de exclusin social

principalmente en el sector rural colombiano y que se expresa entre otros en: la concentracin de la

tierra cuyo uso se afianz en la monoproduccin agroexportadora a costa de la pequea propiedad y el

desplazamiento forzoso; en el abandono de los sectores campesinos a su suerte es decir, sin garantas

de asistencia tcnica, ni apoyos para la comercializacin ni resolucin de los problemas de

infraestructura ni de institucionalidad; en la firma y puesta en marcha de los tratados de libre comercio

sin que se hubiesen concebido y desarrollado capacidades para la generacin de alternativas en los

sectores ms afectados por su implementacin, fenmeno que se profundizar en un futuro cercano.

Finalmente, la fragmentacin se observa en el afianzamiento en el dominio regional de sectores

provenientes de la economa criminal y que hacen un trnsito hacia su legalizacin, pero que desarrollan

prcticas de control social con reglas de juego que incorporan el control de instituciones, partidos

polticos y mecanismos de ejercicio del poder con uso privado de dineros pblicos.

De este modo el narcotrfico pero tambin, las economas criminales que le acompaan y

complementan, en su fase de lavado de activos, acentu la concentracin de la riqueza, el control de

territorios, el crecimiento vertiginoso de estructuras privadas de uso de la fuerza, la profundizacin de

una va modernizante reaccionaria para el campo y el control institucional con referentes de legitimidad

que vienen borrando las fronteras entre legalidad e ilegalidad. Incluso, si se llegase a regular maana el

problema de las drogas catalogadas como ilcitas en su produccin y uso, sera insuficiente como

dispositivo de respuesta a los grandes problemas que se derivan del establecimiento de prcticas

mafiosas que hoy mantienen referentes de legitimidad, en procesos culturales que se desarrollan en el

interior de la sociedad civil colombiana. Este tema y su tratamiento adecuado, constituye uno de los

ncleos de las posibilidades de paz en Colombia. El complejo punto, no ha sido suficientemente

analizado y discutido como aspecto central de la relacin entre drogas ilegales y conflicto armado. El

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discurso de la necesidad de mantener una guerra permanente en Colombia, ha venido encubriendo este

proceso dinmico a la sombra del cual, se han propiciado los mayores cambios de toda la estructura

agraria colombiana, principalmente a costa de la pequea y mediana propiedad.

De persistir este escenario, siendo el principal reto de la implementacin del punto uno de los acuerdos,

las demandas esbozadas sobre el problema de cultivos ilcitos como soluble bajo modelos de

sustitucin, pueden irse rpida y fugazmente a un simple deseo cuyo cumplimiento podr tardar

dcadas. A ello se agrega la pervivencia de otras partes de la cadena ilegal asociadas a los mercados de

PBC, su transformacin en cocana, las exportaciones hacia mercados en auge en Europa oriental, Asia y

frica, la serie de transformaciones en los procesos de organizacin del trfico y que hoy estimulan la

continuidad de la demanda de materia prima.

La vigencia de estructuras de bandas criminales, la eventual presencia de militantes de las FARC

renuentes a la desmovilizacin, al lado de una economa criminal que sigue viva en Colombia, dibuja un

complejo escenario teniendo en cuenta que el Estado no podr extender sus ofertas en una geografa

tan amplia y donde seguir la exclusin y la falta de alternativas a pobladores marginales.

Visto el tema de las drogas, observemos enseguida el contexto del discurso sobre la paz y sus referentes

de legitimacin.

El marco poltico y la gramtica de la paz

Consolidacin y el dispositivo de paz liberal

La metodologa del proceso de paz parte de una distincin fundamental: en primer lugar, el desarrollo

de conversaciones cuyo objetivo es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto. En

segundo lugar, una fase posterior de construccin de la paz.3 Segn el gobierno colombiano, una vez se

firme el acuerdo se entra a la fase donde estn creadas las condiciones para un cese del fuego y, por

tanto, se ingresa a un perodo de transicin, que es el inicio del proceso de paz. El fundamento de la

transicin sern los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Esos acuerdos necesitan ser refrendados

por la sociedad colombiana, lo que no constituye un mero acto formal, ya que el inicio y desarrollo de la

paz en el terreno, debe contar con el apoyo y participacin de esa sociedad. As mismo, dentro de la

transicin se requerir de medidas jurdicas, recursos extraordinarios, nuevas instituciones con

incidencia directa en el terreno, cuyo trabajo debe desarrollarse con suficiente intensidad e impacto,

para lograr las metas de esa transicin.4

3 Presidencia de la Repblica de Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (mayo 13 de 2013). Texto de la conferencia que el alto comisionado para la paz dict en la Universidad Externado. El Tiempo. 4 Ibidem.

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Conceptualmente y siguiendo los supuestos de John Heathershaw5, en las concepciones de paz y en los

discursos sobre construccin de paz (peacebuilding), se observan bsicamente tres perspectivas as

(Vase cuadro No.1):6

Cuadro No. 1

Concepciones de paz

Enfoques (graduations) de paz liberal

Discursos de construccin de paz

Actores/discursos/ e intereses subyacentes

Paz como Manejo de conflictos

Ortodoxo Construccin democrtica de paz (democratic peacebuilding)

Corresponde al discurso de la democracia liberal: respeto a los derechos humanos, vigencia de la constitucin e impersonalidad de la ley, respeto a la propiedad privada.

Paz como Justicia (social, etc.)

Emancipatorio Sociedad civil Es el tpico discurso religiosos de la paz como: espacios sociales de reconciliacin (ms como una actitud) con menos nfasis en apuestas de generacin de instituciones.

Paz como prevalencia de un Orden

Conservador (antecedentes en Huntington con un enfoque institucionalista)

Statebuilding Aqu priman ms discursos realistas y pragmticos (conservadores) de la poltica. El Estado es el eje, se reclama su respeto como factor de orden. nfasis en el dominio de la soberana del estado.

El enfoque de consolidacin que se ha buscado implementar como experiencias piloto en Colombia, es

una perspectiva que ha hecho el trnsito de la paz hacia la construccin de paz (from Peace to

Peacebuilding) con un enfoque de orden basado en una combinacin de seguridad militar con

inversiones de capital en el sector rural (agroexportacin, hidrocarburos y minera) para, de ese modo,

buscar una incorporacin de esas zonas (que no territorios) a un escenario de economa abierta. En

experiencias recientes de casos como el colombiano, han primado ms discursos realistas y pragmticos,

digamos conservadores, de la poltica en el manejo de lo que oficialmente se ha denominado el

posconflicto. El Estado es el eje, se reclama su respeto como factor de orden. Hay un nfasis en el

dominio de la soberana del Estado.

Para Heathershaw en su origen, el concepto de construccin de paz (Peacebuilding) tiene tres aristas y

es conflictivo, pero en su ltima fase ha sido reconstituido a travs de variaciones sobre el tema bajo la

forma de sociedad civil (perspectiva humanitaria) y como discursos de construccin de Estado. Pero

pecebuilding ha devenido en momentos - como unitario y homogneo. Aquellas visiones (trinitarias)

se desvanecen en un nico metadiscurso. El aspecto conflictivo de la perspectiva trinitaria original

parece resolverse en un nico discurso que acenta el pragmatismo y con ello, regenera el concepto.

5 Vase Heathershaw, John Unpacking the liberal peace: the dividing and merging of peacebuilding discourses, Millenium journal of international studies, 2008. 6 Teniendo en cuenta el enfoque de Bank en Conflict management and problem solving: interpersonal to international applications, ed. Denis J.D. Sandole and Ingrid Sandole-Staroste, London F. Pinter, 1987, 259-74.

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Peacebuilding no es necesariamente liberal, ni a pesar de esa estructura originaria trinitaria es por

ello plural. Es en estricto sentido, ms neoliberal. No es un concepto tcnico y hoy envuelve un contexto

internacional dominante. Es, en ese sentido, una forma de gobernabilidad donde los indicadores ticos,

espaciales y de temporalidad y de modalidades de poltica cambia consistentemente bajo un modo

hbrido liberal-conservador humanitario de gobernanza hegemnica.

Este metadiscurso que preserva una condicin estado cntrica, se puede observar en los documentos

del gobierno colombiano alrededor de la paz y de la construccin de paz (from peace to peacebuilding) y

que se plasma en el reconocimiento de que la firma del fin del conflicto da paso al inicio de la

construccin de paz territorial.7 Se formula como una consecuencia de los acuerdos de paz (paz como

manejo de conflictos) cuya implementacin abre un proceso marcado por el fortalecimiento

institucional (statebuilding como orden que articula un enfoque conservador), la participacin de las

comunidades (justice and civil society) en espacios de concertacin con el Estado y que preserva la

iniciativa del proceso.

El gran contraste y reto para esta formulacin ideal de paz como construccin de procesos de

integracin de territorios que han permanecido por fuera del control estatal (statebuilding), est

representado por la vigencia de las economas ilegales, lo cual implica de un lado, la necesidad de

asumir tareas estratgicas en cuanto a la poltica sobre drogas y de otro, reconocer y asumir la

existencia de rdenes mafiosos que se han venido consolidando en gran parte del territorio colombiano.

En relacin con estos ltimos, su especificidad en Colombia es que han sido funcionales a formas de

seguridad local y a un reordenamiento territorial que se afianza en la concentracin de la tierra, el

establecimiento de un modelo agroexportador y que convive junto a la vigencia de estructuras

terratenientes y que reproducen formas tradicionales de la gran hacienda. De cualquier manera uno y

otro sector han sido permeados por el lavado de activos de origen ilegal. En ambos cobra vigencia tanto

el discurso de la hacienda como el discurso mafioso con sus mtricas de legitimidad que trascienden

hacia el espacio de lo pblico y se convierten en referentes de prcticas, relaciones sociales y

readecuacin de una institucionalidad, cuyo funcionamiento real se caracteriza por la vigencia de

poderes locales y regionales, que incorporan prcticas de control mafioso.

Dichas prcticas desde el punto de vista institucional se caracterizan por la gestin de arreglos (rdenes) en los niveles locales y regionales; el desarrollo de un espritu corporativo clientelar; la vigencia de su autoridad; el personalismo; la asuncin de una oferta de seguridad y proteccin y, finalmente, la promocin del silencio. De all que las pretensiones de paz territorial como formulacin ideal, encuentra en esa realidad pragmtica de una vertiente de prolongacin del conflicto, una situacin que reta incluso el metadiscurso de las concepciones de paz liberal a la manera como lo hemos formulado siguiendo a Heathershaw. Los grupos sociales y sus expresiones polticas que se nutren de un estado de guerra

7 Vase Jaramillo, Sergio La paz territorial, Presidencia de la Repblica de Colombia, Oficina del Alto Comisionado

para la Paz, 2014.

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permanente, reivindican un orden basado en el uso de la fuerza, de carcter estado cntrico, conservador, pero a la vez de no respeto o reconocimiento estricto del Estado Social de Derecho, en parte por las dificultades que representa la existencia y el seguimiento de normas y preceptos impersonales. Con ello se observa el desarrollo de prcticas mafiosas que borran las fronteras con la legalidad, quedando legitimadas sus pretensiones desde la reivindicacin de soluciones mediante el uso de la fuerza. Conclusiones Los acuerdos de paz de La Habana en su punto cuarto sobre solucin al problema de las drogas ilcitas se inscriben en la vigencia del discurso prohibicionista y de la estrategia de reduccin de la oferta. En las acciones sobre los cultivos ilcitos, si bien se introduce un discurso que reconoce un problema social y econmico de base asociado al modelo rural vigente, tiene como propsito central la bsqueda de cero coca. Si bien en el corto plazo se busca amortiguar la brecha social en las zonas de colonizacin que dependen de esa economa ilegal a travs de cuantiosas inversiones an no precisadas, el aprestamiento en el mediano plazo es lograr el propsito central de erradicacin de las drogas lo cual levanta serias dudas sobre una realidad contundente: las estrategias antidrogas fundadas en la prohibicin, an con acciones de reduccin de daos, no funcionan en el propsito central de romper la competitividad de la economa criminal. Mientras de un lado los acuerdos mantienen el imaginario del narcotrfico como flagelo y una amenaza a los destinos del pas, la funcionalidad del narcotrfico en la configuracin y vigencia de poderes polticos y econmicos que hacen parte de la institucionalidad colombiana siguen vigentes. Partidos polticos, elecciones a cuerpos colegiados, administraciones locales y departamentales siguen siendo soportadas en recursos cuyo origen es cuestionado. Hoy en da, ms de una cuarta parte del congreso colombiano fue elegido con recursos cuyo origen se relaciona con poderes mafiosos y economas criminales. Adicionalmente, los niveles asociados al procesamiento y trfico internacional de cocana siguen intactos en Colombia, con unos mercados internacionales promisorios en Europa, Asia y frica, lo cual puede estimular la readecuacin de una economa ilegal de la coca en territorios que demandan ingentes recursos y plazos largos sin que existan plenas garantas de reconversin productiva. El reto que presentan muchas zonas de colonizacin para poder tener niveles de articulacin a la economa nacional, de modo que se garantice su sostenibilidad social, econmica y ambiental es incierto. Todo lo anterior obliga a pensar en iniciativas de regulacin de las drogas, de modo que se abran nuevas posibilidades de ruptura a economas criminales, cuya vigencia transnacional bajo el paradigma de la prohibicin, no est an en serio peligro. La paz liberal que se propone el gobierno colombiano oscila entre la continuidad de la vigencia de poderes mafiosos que inciden en las instituciones y el poder econmico regional, y la necesidad de una apertura y fortaleza democrtica que establezca lmites claros con esos poderes. No hay seales claras que esta segunda sea la perspectiva. Referencias

- Bank, Conflict management and problem solving: interpersonal to international applications, ed. Denis J.D. Sandole and Ingrid Sandole-Staroste, London F. Pinter, 1987, 259-74.

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- Heathershaw, John Unpacking the liberal peace: the dividing and merging of peacebuilding discourses, Millenium journal of international studies, 2008.

- Jaramillo, Sergio La paz territorial, Presidencia de la Repblica de Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014.

- Mlich, Joan-Carles, La lgica de la crueldad, Herder, 2014, Barcelona.

- Reuter, Peter, Sobre la coherencia de la poltica de Estados Unidos hacia Colombia, en Camacho, A. Narcotrfico: Europa, Estados Unidos, Amrica Latina, Uniandes CESO, 2006.

- Presidencia de la Repblica de Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.). Texto de la conferencia que el alto comisionado para la paz dict en la Universidad Externado. El Tiempo, mayo 13 de 2013.

- Sissa, Giula,El placer y el mal. Filosofa de la droga. Pennsula, 2000.

- UNODC Monitoreo de cultivos de coca 2013, junio de 2014.