Las Fuerzas Armadas y La Legalización Del PCE. Roberto Muñoz Bolaños

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 ARTÍCULOS  A p rop ó sito d e H ob sb a w m   Rubrica Contemporanea, Vol. 2, núm. 4, 2013 ISSN. 2014-5748 101 Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE Roberto MUÑOZ BOLAÑOS Universidad Camilo José Cela El 8 de septiembre de 1976, el presidente del Gobierno español Adolfo Suárez se reunió con los altos mandos militares para informarles sobre su proyecto político. En dicha reunión, Suárez les aseguró que en las futuras elecciones democráticas que tuvieran lugar, el Partido Comunista de España (PCE) no participaría, pues no estaba dispuesto a legalizarlo. Siete meses más tarde, el 9 de abril de 1977, Suárez legalizó el PCE sin consultar previamente a los Ejércitos, lo que provocó un fuerte enfrentamiento con la cúpula de las Fuerzas Armadas (FAS) 1 . El objetivo de este trabajo es describir y explicar el impacto de la legalización del PCE en las FAS, cuestión que tuvo gran importancia para el proceso de democratización en España porque demostró tres cosas: la primera, que el futuro sistema democrático no iba a basarse en la exclusión de ninguna fuerza política; la segunda, que la puesta en marcha de este sistema se basaría en la acción combinada de los partidos políticos y la opinión pública; y la tercera, que las FAS eran incapaces de tutelar este proceso de cambio político, utilizando formas de intervención no golpistas   influencia y extorsión. Para desarrollar este objetivo, se hace necesario entender el papel de las FAS en el ámbito político español, así como los cambios operados en el proceso de transición a la democracia a partir de la elección de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno. Por ello, la primera parte del trabajo se centrará en el papel de las FAS en los inicios de la transición. A continuación, se abordará el proyecto político de Suárez en relación con las FAS y el PCE. Seguidamente, se analizará el proceso de legalización de este partido y su impacto en los Ejércitos. En la última parte del trabajo, explicaremos las consecuencias que tuvo la legalización del PCE en la actitud de los militares hacia el  proceso de cambio político. Las FAS y el proceso de transición Las FAS eran, a la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, el  principal sostén del régimen. A diferencia de la Iglesia católica y del  Movimiento  Nacional , no se había producido en su seno un proceso de fragmentación que abriera la  puerta a la aparición de diferentes tendencias, más allá de la muy minoritaria Unión Militar Democrática (UME). A la muerte del general Franco, las FAS conservaban una doble característica que les convertía en un poderoso actor en el escenario político: por un lado, eran una institución autónoma dentro de la Administración del Estado, dependiente directamente del Jefe del Estado y dotada de amplias atribuciones en el 1. Helena VARELA-GUINOT,  La legalización del Partido Comunista de España: Élites, opinión pública y  símbolos en la transición española, Madrid, Fundación Juan March, p. 1. Artículo recibido en 5-7-2103 y admitido a publicación en 26-12-2013.  

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    101

    Las Fuerzas Armadas y la legalizacin del PCE

    Roberto MUOZ BOLAOS

    Universidad Camilo Jos Cela

    El 8 de septiembre de 1976, el presidente del Gobierno espaol Adolfo Surez se reuni

    con los altos mandos militares para informarles sobre su proyecto poltico. En dicha

    reunin, Surez les asegur que en las futuras elecciones democrticas que tuvieran

    lugar, el Partido Comunista de Espaa (PCE) no participara, pues no estaba dispuesto a

    legalizarlo. Siete meses ms tarde, el 9 de abril de 1977, Surez legaliz el PCE sin

    consultar previamente a los Ejrcitos, lo que provoc un fuerte enfrentamiento con la

    cpula de las Fuerzas Armadas (FAS)1.

    El objetivo de este trabajo es describir y explicar el impacto de la legalizacin

    del PCE en las FAS, cuestin que tuvo gran importancia para el proceso de

    democratizacin en Espaa porque demostr tres cosas: la primera, que el futuro

    sistema democrtico no iba a basarse en la exclusin de ninguna fuerza poltica; la

    segunda, que la puesta en marcha de este sistema se basara en la accin combinada de

    los partidos polticos y la opinin pblica; y la tercera, que las FAS eran incapaces de

    tutelar este proceso de cambio poltico, utilizando formas de intervencin no golpistas influencia y extorsin.

    Para desarrollar este objetivo, se hace necesario entender el papel de las FAS en

    el mbito poltico espaol, as como los cambios operados en el proceso de transicin a

    la democracia a partir de la eleccin de Adolfo Surez como presidente del Gobierno.

    Por ello, la primera parte del trabajo se centrar en el papel de las FAS en los inicios de

    la transicin. A continuacin, se abordar el proyecto poltico de Surez en relacin con

    las FAS y el PCE. Seguidamente, se analizar el proceso de legalizacin de este partido

    y su impacto en los Ejrcitos. En la ltima parte del trabajo, explicaremos las

    consecuencias que tuvo la legalizacin del PCE en la actitud de los militares hacia el

    proceso de cambio poltico.

    Las FAS y el proceso de transicin

    Las FAS eran, a la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, el

    principal sostn del rgimen. A diferencia de la Iglesia catlica y del Movimiento

    Nacional, no se haba producido en su seno un proceso de fragmentacin que abriera la

    puerta a la aparicin de diferentes tendencias, ms all de la muy minoritaria Unin

    Militar Democrtica (UME). A la muerte del general Franco, las FAS conservaban una

    doble caracterstica que les converta en un poderoso actor en el escenario poltico: por

    un lado, eran una institucin autnoma dentro de la Administracin del Estado,

    dependiente directamente del Jefe del Estado y dotada de amplias atribuciones en el

    1. Helena VARELA-GUINOT, La legalizacin del Partido Comunista de Espaa: lites, opinin pblica y

    smbolos en la transicin espaola, Madrid, Fundacin Juan March, p. 1.

    Artculo recibido en 5-7-2103 y admitido a publicacin en 26-12-2013.

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    mbito del orden pblico2, y por otro, eran parte del gobierno del Estado, con plena

    conciencia de su misin de vigilancia sobre el proceso poltico3. Esta misin de

    vigilancia se expresaba en una capacidad nica para frenar cualquier proceso de cambio

    poltico que se pusiera en marcha si no era de su agrado, al estar legitimadas para ello

    por el artculo 37 de la Ley Orgnica del Estado. En l se estableca que Las Fuerzas Armadas de la Nacin, constituidas por los Ejrcitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas

    de Orden Pblico, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus

    territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional4.

    Durante el Gobierno de Carlos Arias Navarro (XI/1975-VI/1976), la

    intervencin de las FAS en el proceso poltico se iba a desarrollar bajo la forma de

    influencia, siguiendo la terminologa de Samuel Finer5. Si bien es cierto que durante

    este perodo el Ejecutivo careci de un proyecto articulado para iniciar la transicin a la

    democracia, la jerarqua militar ejerci una funcin vigilante y actu por dos cauces. El

    primero fue la presencia de cuatro militares en el Gobierno (el teniente general

    Fernando de Santiago y Daz de Mendvil, vicepresidente del Gobierno para Asuntos de

    la Defensa; el almirante Gabriel Pita da Veiga Sanz, ministro de Marina; el teniente

    general Flix lvarez-Arenas y Pacheco, ministro del Ejrcito, y el teniente general

    Carlos Franco Iribarnegaray, ministro del Aire), que no dudaron, especialmente Pita da

    Veiga, en hacer declaraciones insistiendo en el papel poltico de las FAS. As, en la

    Pascua Militar de 1976, el almirante no dud en afirmar6:

    Los Ejrcitos, al orientar las virtudes heroicas del pueblo hacia el logro de los fines

    sustantivos y trascendentales del Estado, cumpliendo su misin, hacen poltica en su

    ms alta acepcin. Mas si, confundidos fines y medios, se desviasen de lo sustantivo a

    lo adjetivo del quehacer poltico cotidiano, degradaran en ideologas sus ideales.

    El segundo cauce fueron las reuniones que los sectores ms involucionistas de la

    lite poltica y militar franquista mantuvieron con esos ministros militares especialmente De Santiago y en menor medida lvarez-Arenas, para que evitasen cualquier cambio institucional que fuera el comienzo del fin del Estado del 18 de julio.

    Entre estas reuniones, destacaron dos. La primera fue la que De Santiago y lvarez-

    Arenas sostuvieron con Jos Antonio Girn de Velasco, lder del sector falangista y no

    monrquico del franquismo, y el teniente general en situacin B, Carlos Iniesta Cano, su

    correligionario militar y amigo ntimo, el 12 de enero de 1975 en el restaurante Casa

    Gerardo de Las Rozas (Madrid). En ella, tanto Iniesta Cano como Girn advirtieron a

    los dos representantes del Gobierno de la responsabilidad en la que incurriran si

    permitan que se iniciara un proceso de cambio poltico7. La segunda fue la reunin que

    2. Santos JULI, La poltica militar del presidente Surez en Fernando PUELL DE LA VILLA y Silvia NGEL SANTANO (eds.), El legado del general Gutirrez Mellado, Madrid, IUGM, 2013, p. 24.

    3. Juan Jos LINZ, Obras escogidas. Tomo 3. Sistemas totalitarios y regmenes autoritarios, Madrid:

    Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, 2009, p. 325.

    4. Boletn Oficial de Estado, 10 de enero de 1967, p. 470.

    5. La influencia es un tipo de intervencin militar propia de pases con una cultura poltica democrtica

    desarrollada. Consiste en que las FAS tratan de influir en el Gobierno siguiendo los cauces legales

    normales, con objeto de atraerlos a su propia forma de pensar, pudiendo incluso llegar a la rivalizar con

    las autoridades civiles, y discutir con ellas, pero sin pasar nunca los limites de la legalidad (Samuel E.

    FINER, Los militares en la poltica mundial, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1969, p. 187).

    6. La Pascua Militar en el Ministerio de Marina, Revista General de Marina, n. 190 (1976), p. 194.

    7. Ya, 13-1-1976; Carlos FERNNDEZ, Los militares en la transicin poltica, Barcelona, Argos Vergara,

    1982, p. 63.

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    De Santiago tuvo el 8 de marzo de 1976 con el teniente general Alfonso Prez Vieta otro azul, el teniente general Iniesta Cano, el general de divisin Toms Liniers y Pidal comandante general de Melilla y el general de brigada de Infantera Juan Cano Portal. En ella se discutieron el deterioro de la situacin poltica de Espaa que se haba

    producido desde la muerte de Franco y la necesidad de rectificar la lnea poltica del

    Gobierno. Para lograrlo, acordaron enviar un escrito al Rey donde se plasmasen las

    inquietudes del Ejrcito y se pidiese ese cambio poltico. El escrito, redactado bajo la

    supervisin de Prez Vieta y con la aprobacin del teniente general De Santiago, fue

    presentado al Jefe del Estado, quien recomend al militar que se atuviera a sus

    competencias y no se entrometiese en las del presidente del Gobierno8. Precisamente,

    Arias Navarro, al enterarse de lo que haba ocurrido, no dud en dirigirse a los militares

    de su Gobierno durante un Consejo de ministros para indicarles que tomasen el poder de

    una vez. Segn Areilza: El general De Santiago se pone nervioso y musita unas excusas diciendo que jams las Fuerzas Armadas aceptaran hacerse cargo del poder9. Y el militar tena razn: ellos no queran gobernar directamente, solo tutelar la accin

    del Gobierno10

    .

    Esta situacin de impasse existente durante el Gobierno de Arias Navarro,

    cambiara tras la llegada de Adolfo Surez a la jefatura del Ejecutivo el 3 de julio de

    1976.

    El nuevo presidente del Gobierno y la lite poltica franquista reformista que le

    apoy iban a iniciar una transicin haca un sistema democrtico que, como indican

    Soto Carmona y Ferran Gallego, se articul sobre la improvisacin y complejos

    procesos de presin y negociacin entre los partidarios de distintos proyectos polticos,

    en los que result determinante el papel de la sociedad civil, ya que, si bien las

    negociaciones entre las elites polticas fueron importantes, no debe olvidarse que estas

    fueron siempre por detrs de las demandas de los ciudadanos, y eso las oblig a cambiar

    y a adaptar su accin poltica. En todo caso, los reformistas franquistas liderados por el

    nuevo presidente del Gobierno fueron los triunfadores del proceso, ya que recibieron el

    apoyo de los ciudadanos, al comprender que estos lo que queran era un cambio sin ruptura11.

    Aunque Surez carecera de un proyecto de cambio poltico definido, s haba

    asumido la idea de que las FAS eran la nica institucin del Estado con capacidad para

    bloquear cualquier proceso de cambio que se pusiera en marcha y que, por tanto, era

    necesario neutralizar esa capacidad para intervenir corporativamente en el proceso

    poltico, a semejanza de lo que ocurri con la clase poltica franquista, que se disolvi

    en mltiples facciones. Si bien no logr la subordinacin de las FAS al poder civil, el

    objetivo ltimo que persegua, s consigui disolver la unidad corporativa de los

    militares y su capacidad para intervenir institucionalmente en el mbito poltico12

    . En

    8. Javier TUSELL, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el Franquismo y la Transicin

    (1973-1976), Barcelona, Crtica, 2003, pp. 279-281.

    9. Jos Mara de AREILZA, Diario de un ministro de la monarqua, Barcelona, Planeta, 1997, p. 104.

    10. JULI, La poltica militar del presidente Surez, p. 27.

    11. lvaro SOTO CARMONA, La transicin a la democracia en el sur de Europa. La historia como instrumento para su comparacin, Estudios Internacionales, n. 162 (2009), pp. 17-18. Ferran GALLEGO, El mito de la transicin. La crisis del franquismo y los orgenes de la democracia (1973-

    1977), Barcelona, Crtica, 2008, p. 15.

    12. JULI, La poltica militar del presidente Surez, pp. 17-18.

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    ese proceso represent un papel fundamental el capitn general (honorario) Manuel

    Gutirrez Mellado, quien sustituyo a De Santiago como vicepresidente del Gobierno

    para Asuntos de la Defensa el 23 de septiembre de 1976, y desde entonces desarroll

    una poltica militar articulada en dos frentes. El primero fue la creacin de un nuevo

    organigrama institucional, estructurado en torno a un nuevo ministerio de Defensa creado el 15 de junio de 1977 y que sustituira a los tres ministerios militares existentes, cuyo objetivo era acabar con la autonoma de las FAS

    13. El segundo consista en una

    nueva poltica de ascensos donde los criterios objetivos utilizados hasta entonces antigedad y hoja de servicios

    14 seran sustituidos por otros subjetivos lealtad a la poltica reformista del Gobierno, lo que trajo como consecuencia que el alto mando de las FAS, especialmente el del Ejrcito, perdiera su unidad corporativa. El punto

    culminante de esta poltica se producira el 18 de mayo de 1979, con la eleccin del

    recin ascendido teniente general Jos Gabeiras Montero para el cargo ms importante

    de la fuerza militar de Tierra: el de Jefe del Estado Mayor del Ejrcito (JEME). Eso

    provoc una autntica fractura en el Consejo Superior del Ejrcito (CSE)15

    .

    Surez actu con gran habilidad para poner fin al poder poltico de las FAS,

    como se manifestara en un acontecimiento clave: la reunin del 8 de septiembre de

    1976 sostuvo con la jerarqua de las FAS en el edificio de Presidencia del Gobierno del

    Paseo de la Castellana, n 3, en Madrid. Este encuentro se organiz con la finalidad de

    explicar a los Ejrcitos su proyecto de reforma poltica y conseguir su apoyo, o al

    menos su neutralidad frente a l. Sobre este hecho, uno de los militares ms destacados

    de este perodo, Sabino Fernndez Campo afirm que esta idea no supona dar muestras de subordinacin a las Fuerzas Armadas, ni considerarlas como poder fctico,

    sino un gesto de buena voluntad que habra de dar los mejores resultados16. No obstante, lo que realmente reflejaba esta reunin era que Surez, en esos momentos,

    necesitaba hacer sentir a las FAS a travs de sus principales mandos que eran

    depositarias del legado del general Franco y, por tanto, las nicas que podan autorizar

    su modificacin. Se trataba de una jugada poltica muy hbil, destinada a ganar tiempo.

    A la reunin asistieron los miembros de los Consejos Superiores de los tres

    Ejrcitos. Excepto uno el teniente general ngel Campano Lpez, todos los asistentes eran oficiales o cadetes/guardiamarinas en 1936, y haban apoyado la rebelin contra la

    II Repblica. Adems, la casi totalidad de los tenientes generales del Ejrcito y la

    totalidad de los del Ejrcito del Aire haban sido alumnos de Franco en la Academia

    13. Fernando PUELL DE LA VILLA, Gutirrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995), Madrid,

    Biblioteca Nueva, 1997, pp. 205-207.

    14. Estos criterios se aplicaban de forma tan estricta antes de que Surez llegara a la presidencia del

    gobierno, que el propio Gutirrez Mellado, a pesar del inters que tena Carlos Arias Navarro, jams

    hubiera alcanzado el empleo de teniente general si no se hubiese producido la muerte del capitn general

    de la IV Regin Militar, teniente general Salvador Bauls Navarro, en accidente de trfico el 5 de marzo

    de 1976. La muerte del citado militar proporcion una vacante y evit que Gutirrez Mellado, entonces

    general de divisin, pasara a situacin B el 30 de abril de ese mismo ao, al cumplir los 64 aos (Ibidem,

    p. 176).

    15. As lo ha reconocido el militar espaol ms influyente en ese momento junto a Jaime Milans del

    Bosch: el entonces capitn general de Canarias, teniente general Jess Gonzlez del Yerro, que se

    consideraba, junto a Milans, el ms capacitado por hoja de servicios para ese cargo (Archivo Personal del

    Autor (APA), entrevista con el teniente general Jess Gonzlez del Yerro Martnez, Madrid, 21-3-1996.

    16. Sabino Fernndez Campo, Las Fuerzas Armadas en la Transicin, Revista de Derecho Poltico, n. 45 (1999), pp. 11-33

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    General Militar (AGM) de Zaragoza entre 1928 y 193117

    . Es decir, se trataba de un

    conjunto de ancianos franquistas, convencidos de la legitimidad de la Guerra Civil18

    y

    de las bondades del Estado del 18 de julio, y por tanto reacios a una modificacin

    profunda del mismo.

    La trascendencia de la reunin motiv que determinados sectores de la lite

    poltica franquista no reformista la vieran como la ltima oportunidad de evitar la

    desaparicin del rgimen vigente, y as se lo hicieron saber a los jefes militares ms

    importantes. Gonzalo Fernndez de la Mora, el idelogo monrquico

    contrarrevolucionario, se entrevist pocos das antes con el almirante Gabriel Pita da

    Veiga y con el teniente general Fernando de Santiago y Daz de Mendvil. Al primero le

    dijo que Surez les iba a reunir para obtener de ellos la tcita o expresa aprobacin para

    desmontar el Estado de las Leyes Fundamentales. Ante la sorpresa del almirante, le

    coment que l conoca bien al presidente del Gobierno y saba que haba aceptado la

    empresa liquidadora. Por eso, estaba seguro de que tratara de venderles su estampita al modo gitano19. Con De Santiago, que haba tratado de retrasar la celebracin de la reunin para no implicar a las FAS en el proyecto de reforma poltica y estaba ms

    predispuesto a tomar en consideracin sus argumentos20

    , la conversacin discurri por

    otros derroteros21

    .Fernndez de la Mora lleg a redactar dos notas para el teniente

    general. En la primera de ellas, el antiguo ministro de Obras Pblicas expona al

    teniente general cul poda ser el significado de la reunin y como deberan enfrentarse

    los militares a los proyectos de Surez, insistiendo en el alcance de la reforma que se

    planteaba, y si iba a incluir la legalizacin del PCE22

    . La segunda nota constitua una

    declaracin de principios que De Santiago debera leer durante la reunin y donde se

    inclua una clara advertencia al Gobierno al invocar el artculo 37 de la Ley Orgnica

    del Estado23

    .

    Sin embargo, cuando se celebr la reunin en la fecha citada, el presidente del

    Gobierno no oira esta amenaza de boca de De Santiago, pues el vicepresidente primero

    para Asuntos de la Defensa no se atrevi a leer la nota24

    . Aos despus, justificara esta

    actitud afirmando que no habl para evitar que se produjese un fuerte choque entre los

    presentes25

    . Lo que era cierto. La reunin comenz con una larga exposicin de Surez

    sobre su proyecto poltico, que prometa respetar la Corona, la unidad de Espaa y la

    17. A esta reunin asistieron treinta tenientes generales, y almirantes (Santiago SEGURA FERNS y Julio

    MERINO, Las vsperas del 23-F, Barcelona, Plaza & Jans, 1984, p. 193).

    18. Juli, La poltica militar del presidente Surez, p. 25.

    19. Gonzalo FERNNDEZ DE LA MORA, Ro arriba. Memorias, Barcelona, Planeta, 1995, p. 261.

    20. Manuel GUTIRREZ MELLADO, Un soldado de Espaa, Barcelona, Argos Vergara, 1983, p. 149.

    Alfonso OSORIO, Trayectoria poltica de un ministro de la Corona, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 183-

    184. OSORIO le dijo a Surez que se negara a aplazar la convocatoria utilizando las siguientes palabras:

    Una vez la convocatoria se ha producido, considero que aplazarla supondra hacer dejacin del principio de autoridad. Por lo tanto, es necesario mantenerla a toda costa y afrontar todas las consecuencias que

    puedan derivarse (Alfonso OSORIO, De orilla a orilla, Barcelona, Plaza & Jans, 2000, p. 198).

    21. FERNNDEZ DE LA MORA, Ro arriba, p. 261.

    22. APA, documento entregado por Gonzalo FERNNDEZ DE LA MORA.

    23. APA, documento entregado por Gonzalo FERNNDEZ DE LA MORA.

    24. APA, testimonio escrito de Gonzalo FERNNDEZ DE LA MORA, Madrid, 15-7-1998.

    25. Jess PALACIOS, 23-F. El golpe del CESID, Barcelona, Planeta, 2001, p. 72.

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    MUOZ BOLAOS Las Fuerzas Armadas y la legalizacin del PCE

    bandera bicolor26

    , y tras la misma dos tenientes generales con mando en Regin Militar

    Mateo Prada Canillas y Francisco Coloma Gallegos expusieron sus temores respecto al cambio poltico. El teniente general Manuel Gutirrez Mellado, entonces jefe del

    Estado Mayor Central (EMC), afirm respecto de este hecho que hablaron dos tenientes generales que no tenan que haber hablado, porque nosotros habamos tenido

    una reunin previa y decidimos que en nombre de todos hablara el ministro. Pero estos

    dos se saltaron el pacto y hablaron de la preocupacin por la subversin y de estas

    cosas27. Uno de ellos, Coloma Gallegos que se haba entrevistado poco antes de la reunin, con Fernndez Campo, su antiguo subordinado en el Ministerio del Ejrcito, y

    le haba comentado que este muchacho nos va a or28 ley unas cuartillas, cuyo contenido era

    29:

    Aun reconociendo que toda obra necesita adaptarse al tiempo que vive, tengo mis dudas

    sobre el rumbo que parece pretende darse a la Poltica de nuestra Patria. Alguien dijo

    que el pueblo que olvida su pasado se ve condenado a repetirlo. Y los partidos polticos, el separatismo, la lucha de clases, la inseguridad en las calles y las huelgas

    salvajes que paralizan la economa, nos trajeron una cruenta guerra civil. El rgimen

    que la gan y corrigi aquellos errores nos ha dado cuarenta aos de paz y colocado

    como dcima potencia industrial del mundo. Yo creo que sera injusto desechar sus

    principios y leyes fundamentales y volver a meternos en un callejn incierto.

    Las palabras de Coloma, que reflejaban una oposicin clara al programa de

    reforma, eran muy similares a las que Fernndez de la Mora haba escrito para De

    Santiago, y desde luego tuvieron que dejar a Surez consternado. Sin embargo, eran

    solamente dos capitanes generales. Ms importante era lo que tena que decir el tercer

    teniente general que tom la palabra: el ministro del Ejrcito, Flix lvarez-Arenas y

    Parditas, que ley unas cuartillas sobre los acuerdos tomados en el CSE, celebrado poco

    antes, explic al presidente cules eran las preocupaciones de los mandos militares orden pblico, terrorismo y unidad nacional y ofreci su colaboracin30 . En opinin de Gutirrez Mellado, el ministro estuvo muy bien31 porque lvarez-Arenas no mostr su rechazo a reformar el sistema poltico. Tras escuchar al ministro del Ejrcito,

    De Santiago comprendi que, a pesar del apoyo que Prada Canillas y Coloma Gallegos

    pudiesen brindarle, no contaba con el del resto de sus compaeros militares del

    Gobierno, ni tampoco con el de la mayora de los presentes, y ante la tesitura de dar la

    imagen de una jerarqua de las FAS dividida, prefiri no leer las notas que llevaba y

    permaneci en silencio.

    Por su parte, Surez, tras escuchar a los militares, tom la palabra y contest a

    las preguntas que se le haban planteado. Tras finalizar su exposicin, invit a los

    reunidos a tomar una copa de vino, y durante la misma fue preguntado sobre diferentes

    26. Javier FERNNDEZ LPEZ, El papel poltico de Gutirrez Mellado, en Puell de la Villa y ngel Santano, El legado del general Gutirrez Mellado, p. 363. Puell de la Villa, Gutirrez Mellado, p. 185.

    27. VV. AA., Memoria de la Transicin. Del asesinato de Carrero a la integracin en Europa, Madrid,

    El Pas, 1996, p. 471.

    28. FERNNDEZ CAMPO no cita el nombre de este teniente general, pero afirma que era un capitn general

    que haba sido ministro del Ejrcito (Las Fuerzas Armadas en la Transicin, p. 20). El nico que cumpla estas caractersticas era Coloma Gallegos.

    29. FERNNDEZ, Los militares en la Transicin poltica, p. 105.

    30. Miguel PLATN, Hablan los militares. Testimonios para la historia (1939-1996), Barcelona, Planeta,

    2001, p. 400.

    31. GUTIRREZ MELLADO, Un soldado de Espaa, p.148.

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    aspectos. Alguno de los presentes sac el tema de los partidos polticos que se iban a

    legalizar, y ms concretamente el del PCE32

    , tal como les haba indicado Fernndez de

    la Mora a travs de De Santiago. Y Surez contest a la pregunta. Sin embargo, su

    respuesta ha sido objeto desde entonces de una apasionada discusin. Para algunos de

    los militares presentes que hablaron sobre el tema, como Gmez de Salazar o Vega

    Rodrguez, Surez prometi no legalizar a los comunistas33

    ; otro, como Villaescusa, no

    recordaba las palabras exactas del presidente del Gobierno, aunque afirm que a la mayora no nos pareci bien que vinieran los comunistas, pero tuvimos que

    aguantarnos34. Carlos Fernndez recogi el testimonio de uno de los asistentes, segn el cual el presidente dijo que las elecciones generales que se celebren resultantes de la Ley de Reforma Poltica que pienso presentar a las Cortes no contarn con un partido

    comunista legalizado, por muchas presiones que reciba en este sentido35. El testimonio que coincide con el de Fernndez Campo, segn el cual Surez dijo: estaos tranquilos, que en ese punto yo pienso como seguramente pensis vosotros: partidos polticos, s;

    pero no Partido Comunista36.

    Esta supuesto Surez prometi no legalizar el PCE fue compartido, tambin, por el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Polticos, Alfonso Osorio,

    37 y por Jos

    Mario Armero encargado en esos momentos, por el propio presidente del Gobierno de mantener conversaciones con el lder comunista Santiago Carrillo, quien habl con Surez pocas horas despus de celebrarse la citada reunin

    38. nicamente el teniente

    general Manuel Gutirrez Mellado apoy al presidente, afirmando que Adolfo Surez dijo que mientras el Partido Comunista mantuviera una actitud revolucionaria, no sera

    legalizado39. Pero esta opinin mantenida mientras fue vicepresidente del Gobierno, y en los aos siguientes, por su amistad con Surez vari con el tiempo. As, en una entrevista realizada el 24 de noviembre de 1995, Gutirrez Mellado afirmaba que

    seguramente el tema se toc, porque el Partido Comunista era el enemigo nuestro en la guerra. Seguramente que le preguntaron algo sobre ese asunto. Y Surez dira que el

    Partido Comunista no se iba a reconocer. Pero es que luego el Partido Comunista se

    convierte en otra cosa! Es un partido que reconoce la bandera, la Corona y todo lo

    dems40.

    La conclusin que se extrae de estas palabras es determinante: Surez prometi

    no legalizar el PCE. Esta promesa sirvi para distender el ambiente, algo cargado hasta

    entonces pues, en la copa que se ofreci a los presentes tras acabar la reunin, el

    teniente general Prada Canillas el mismo que haba hablado en la reunin en contra de la reforma dijo a Surez: Presidente, viva la madre que te pari!41. Las

    32. FERNNDEZ LPEZ, El papel poltico de Gutirrez Mellado, p. 364.

    33. Felipe AGERO, Militares, civiles y democracia, Madrid, Alianza Universidad, 1995, p. 151.

    34. APA, testimonio escrito del teniente general Emilio Villaescusa Quilis, Madrid, 20-11-1998.

    35. FERNNDEZ, Los militares en la Transicin Poltica, p. 105.

    36. FERNNDEZ CAMPO, Las Fuerzas Armadas en la Transicin, p. 121.

    37. Juan VAN-HALEN, Objetivo: Ganar el futuro, Barcelona, Plaza & Jans, 1986, p. 160.

    38. Victoria PREGO, As se hizo la Transicin, Barcelona, Circulo de Lectores, 1996, p. 539.

    39. GUTIRREZ MELLADO, Un soldado de Espaa, p. 149.

    40. VV. AA, Memoria de la Transicin, p. 471

    41. VV. AA., Memoria de la Transicin, p. 471.

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    consecuencias de esta frase, que resuma la aquiescencia del Ejrcito a los planes del

    presidente del Gobierno42

    , no se hicieron esperar. El 10 de septiembre, Surez present

    por televisin la Ley para la Reforma Poltica. La ley era un reflejo de pacto que el

    presidente del Gobierno haba sellado con la elite poltica del franquismo, ya dividida en

    multitud de facciones, y sera la llave para reformar el sistema poltico vigente43

    . La

    demolicin del Estado de 18 de julio haba comenzado, con el apoyo o la neutralidad de

    los principales mandos militares44

    .

    Si la reunin del 8 de septiembre y la Ley para la Reforma Poltica reflejaban la

    capacidad para la negociacin y el pacto de Surez con la elite franquista, quedaba otro

    polo donde deba desarrollar esas virtudes si quera llevar a cabo un proceso efectivo de

    cambio poltico: la oposicin. Como afirman Soto Carmona y Ferran Gallego, en este

    mbito, Surez y la elite poltica franquista reformista pusieron en marcha un

    mecanismo que combinaba presin y negociacin, con un doble objetivo: el primero y

    fundamental, controlar en todo momento el proceso de transicin; y el segundo,

    vinculado con el anterior, que los grupos opositores rebajaran sus objetivos polticos,

    paso previo sine qua non podran incorporarse al nuevo sistema democrtico que se

    estaba poniendo en marcha45

    . Este mecanismo sera especialmente efectivo en el caso

    del PCE, que presentaba dos caractersticas que lo hacan nico: por un lado, para el

    imaginario colectivo de la lite franquista, especialmente la militar, simbolizaba al

    bando vencido durante la Guerra Civil; pero, por otro, gozaba de la legitimidad de ser el

    principal grupo opositor durante los 36 aos de vida del rgimen.

    El problema de cul iba a ser el destino del PCE haba comenzado a

    vislumbrarse cuando la vida del general Franco tocaba a su fin. En 1974, el entonces

    prncipe de Espaa envo a su amigo Nicols Franco Pascual de Pobil, sobrino del

    dictador, a entrevistarse en Pars con el lder del PCE, Santiago Carrillo, para informarle

    de la necesidad de evitar toda movilizacin a la muerte de Franco y pedirle paciencia,

    pues en un par de aos el partido sera legalizado46

    . Esta misma idea se la trasladara,

    siendo ya rey de Espaa, en julio de 1976, al ensayista liberal francs Jean-Francios

    Revel: Legalizaremos al partido comunista y veris que en las primeras elecciones libres obtendr un mximo del 10% y bajara todava ms a continuacin47. Por su parte, el entonces presidente de las Cortes Torcuato Fernndez-Miranda, protector

    42. En la noche de ese mismo da, Fernndez de la Mora telefone, desde Barcelona, a Pita da Veiga, para

    que le explicase lo ocurrido en la reunin. El almirante le dijo: Nadie ha ledo una nota, Surez ha prometido que jams se legalizar el comunismo. La partida ha quedado en tablas. Fernndez de la Mora, op. cit., p. 262. Por el contrario. De Santiago que das despus se reunin con Luis Mara Ansn,

    director de la agencia EFE, explic con amargura que no solo no se haba aprobado nada por parte del Ejrcito el da 8, sino que ni siquiera el presidente haba informado sobre la situacin y sus proyectos

    polticos. La reunin dur tres horas y media y se haba circunscrito a cuestiones ordinarias, y Surez

    apenas les haba dirigido la palabra para saludarles a su comienzo. Federico Ysart, Quien hizo el cambio?. Barcelona, Argos Vergara, 1984, p. 90.

    43. El Pas, 11-9-1976.

    44. FERNNDEZ DE LA MORA, Ro arriba, pp. 263-264.

    45. SOTO CARMONA, La transicin a la democracia en el sur de Europa, p. 18; GALLEGO, El mito de la transicin, pp. 434-435.

    46. Victoria PREGO, Las primeras cortes democrticas, La transicin Espaola, Video n XIII, Madrid, El Pas, 1996. Otro de los emisarios del futuro Rey de Espaa que se entrevist con Carrillo fue Manuel

    Prado y Coln de Carvajal (Tusell, Tiempos de incertidumbre, pp. 240-241).

    47. Jean-Franois REVEL, El Renacimiento Democrtico, Barcelona, Plaza & Jans, 1992, p. 173.

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    inicial de Surez, jams concibi el proceso de reforma sin la integracin del PC, y ello por dos razones que elabor tericamente: porque no crea en una verdadera transicin

    sin la integracin del partido mas importante de la oposicin y porque no quera dejar el

    campo libre al [Partido Socialista Obrero Espaol] PSOE con una preocupante

    capacidad de aglutinar a toda la izquierda48.

    Sin embargo, para que la legalizacin del PCE fuera un hecho, tuvieron que

    producirse cinco acontecimientos. El primero fue el masivo apoyo popular a la Ley para

    la Reforma Poltica, que fortaleci la posicin de Surez y de la lite franquista

    reformista, al legitima su poltica de reforma democrtica frente a la ruptura democrtica que preconizaba la oposicin, fundamentalmente PCE y el PSOE. El segundo, la moderacin mostrada por los miembros del PCE tras el asesinato de cinco

    abogados laboralistas del partido en la calle de Atocha n. 55, de Madrid, el 24 de enero

    de 1977. El tercero, el triunfo electoral del candidato demcrata a la presidencia de los

    Estados Unidos, James Carter, que supuso el cese de Henry Kissinger, firme opositor a

    la legalizacin del PCE, como secretario de Estado. El cuarto, el cambio en el

    imaginario colectivo espaol de la percepcin del PCE, ya que los partidarios de su

    legalizacin pasaron del 25% en octubre de 1976 al 55% en abril de 1977, como

    demostr una encuesta realizada por la empresa Gallup49

    . Y el quinto, la aceptacin de

    las condiciones impuestas por Surez a Carrillo si quera entrar en el juego poltico monarqua y bandera roja y gualda- tras la entrevista que ambos sostuvieron el 27 de

    enero de 1977; lo que significaba una renuncia expresa a la ruptura democrtica, y la aceptacin por el PCE de la reforma pactada que propona Surez50.

    Tras estos cuatro acontecimientos, el PCE haba sido reconocido de facto como

    un actor ms en el proceso poltico. Pero, quedaba su reconocimiento de iure.

    La legalizacin del PCE

    El proceso de legalizacin del PCE sigui la siguiente cronologa:

    11 de febrero (viernes). El PCE presentaba en el Ministerio de la Gobernacin sus estatutos de acuerdo con el RD 2281/1976, de 16 de

    septiembre por el que se regulaba el Registro de Asociaciones Polticas51

    .

    Eran unos estatutos blancos, ms moderados que los del PSOE, hasta el

    punto que el democristiano conservador Osorio afirm que eran tan aspticos como los de una sociedad annima52.

    22 de febrero (martes). El Gobierno envi la solicitud de admisin del PCE, as como la documentacin anexa, a la sala de lo contencioso-administrativo

    48. Pilar y Alfonso FERNNDEZ-MIRANDA, Lo que el Rey me ha pedido, Barcelona, Plaza & Jans, 1995,

    p. 232.

    49. VARELA-GUINOT, La legalizacin del Partido Comunista de Espaa, p. 14.

    50. Alejandro QUIROGA FERNNDEZ DE SOTO, Culturas polticas del nacionalismo espaol: del

    franquismo a la transicin, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009, p. 80. Gallego, El mito de la

    transicin, pp. 360-361 y 501-504.

    51. Boletn Oficial del Estado, 1-10-1976.

    52. OSORIO, De orilla a orilla, p. 281.

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    del Tribunal Supremo Sala Cuarta para que dictaminase sobre la licitud o ilicitud de la inscripcin del PCE

    53.

    1 de abril (viernes). Durante el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Landelino Lavilla Alsina, inform a sus compaeros de que la citada Sala se

    inhiba y devolva el expediente al Gobierno54

    . Ese mismo da, el Gobierno

    disolva el Movimiento Nacional55

    .

    4 de abril (lunes). Surez se reuni con Ignacio Garca, ministro secretario general del Movimiento Nacional; Landelino Lavilla; Rodolfo Martn Villa,

    ministro de la Gobernacin; Gutirrez Mellado, vicepresidente del Gobierno

    para Asuntos de la Defensa, y Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno

    para Asuntos Polticos, para anunciarles su decisin de legalizar el PCE. Esta

    postura fue apoyada por los tres primeros ministros citados. Gutirrez

    Mellado se mostr reacio, pues tema las consecuencias que se pudieran

    producir en el estamento militar. Igual posicin adopt Osorio,

    argumentando que, si la decisin se adoptaba de manera discrecional por el

    Gobierno, poda traer como consecuencias, por un lado, que se acusase al

    mismo de una interpretacin laxa del Cdigo Penal, y por otro, que los

    militares se sintiesen engaados56

    . Esta afirmacin de Osorio era la prueba

    ms patente de que Surez haba prometido a los militares no legalizar el

    PCE. Por ello, y para evitar problemas al Gobierno del que formaba parte, se

    mostr partidario de encontrar un dictamen jurdico sobre el que

    fundamentar la decisin de legalizar a dicho partido57

    .

    5 de abril (martes). Durante una cena informal, el magistrado del Tribunal Supremo, Jernimo Arozamena, dio a Martn Villa la clave para la futura

    legalizacin del PCE al comentarle la posibilidad, tras la inhibicin del

    Tribunal Supremo, de pedir un dictamen a la Junta de Fiscales sobre el

    carcter lcito o ilcito de la inscripcin58

    .

    6 de abril (mircoles). Martn Villa inform a Surez de la frmula que le haba propuesto Arozamena, y el presidente del Gobierno, a su vez, se la

    consult al ministro de Justicia, dando ambos el visto bueno para que se

    pusiera en marcha. Martn Villa se dirigi entonces a la Direccin General de

    Poltica Interior para que le informase de qu proceda hacer tras la

    declaracin de incompetencia del Tribunal Supremo, y su jefe, Jos Luis

    Gmez Dgano, inform que proceda remitir la documentacin sobre el

    PCE a la Fiscala del Estado para que dictamine su licitud o ilicitud penal. Y

    eso fue lo que se hizo. A partir de ese momento, segn Martn Villa, el

    Gobierno puso en marcha la estrategia para la legalizacin del PCE59

    :

    La estrategia, basada en dos puntos tan tpicamente franquistas como la sorpresa y el

    adoptar las grandes decisiones en vacaciones, era muy simple: dispersin del Gobierno

    y de la clase poltica en Semana Santa; peticin ma al ministerio fiscal del informe

    53. El Pas, 23 de febrero de 1977.

    54. Rodolfo Martn Villa, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1985, p. 63.

    55. El Alczar, 2 de abril de 1976.

    56. Martn Villa, Al servicio del Estado, p. 63.

    57. Prego, As se hizo la Transicin, p. 651.

    58. Prego, As se hizo la Transicin, pp. 652-653. Martn Villa, Al servicio del Estado, p. 64.

    59. MARTN VILLA, Al servicio del Estado, p. 66.

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    sobre el que apoyar la definitiva inscripcin del PCE en el Registro de Asociaciones

    Polticas y cobertura del mundo militar por parte de Gutirrez Mellado.

    Dentro de esta estrategia, los dos ltimos puntos eran los verdaderamente

    trascendentes. Martn Villa cumpli su cometido, y el Fiscal del Reino, Eleuterio

    Gonzlez Zapatero, suspendi sus vacaciones y regres a Madrid, donde se

    dispuso a localizar a los miembros de la citada Junta, que se encontraban en sus

    respectivos lugares de descanso60

    . Por su parte, Gutirrez Mellado inform a los

    tres ministros militares de que se estaba a la espera de un dictamen jurdico, que

    si era positivo, permitira la legalizacin del PCE. As lo ha atestiguado uno de

    los miembros de su gabinete, el entonces comandante de Artillera DEM ngel

    de Lossada y de Aymerich61

    .

    9 de abril (sbado). A las nueve de la maana se reuni la Junta de Fiscales Generales. Tras deliberar, emita un informe, en el que afirmaba

    62:

    El Fiscal del Reino, oda y de conformidad con la Junta de Fiscales Generales, dice:

    primero, de dicha documentacin no se desprende ningn dato que determine de modo

    directo la incriminacin del expresado partido en cualquiera de las formas de asociacin

    ilcita que define y castiga el artculo 172 del Cdigo Penal en su reciente redaccin.

    Eran las doce de la maana. El Gobierno ya tena el dictamen jurdico

    que precisaba. A partir de ese momento, se procedi a llevar a cabo la

    legalizacin. Primero, se levant la suspensin que pesaba sobre el PCE para

    que se inscribiese en el Registro de Asociaciones. A continuacin, con la ayuda

    de los magistrados Joaqun Arozamena y Rafael Mendizbal, ambos del

    Tribunal Supremo, se procedi a redactar el documento por el que se legalizaba

    a dicho partido, fundamentndolo jurdicamente en el dictamen de la Junta de

    Fiscales Generales63

    . Ya solo quedaba hacer pblica la noticia. Andrs Reguera

    Guajado, ministro de Informacin y Turismo telefone a su subsecretario,

    Sabino Fernndez Campo, y le indic que, esa misma tarde, deba trasladarse a

    una reunin en el Ministerio de la Gobernacin, en sustitucin suya, y que una

    vez concluida esta, le informase de lo tratado. Fernndez Campo narr as lo

    ocurrido en dicho encuentro64

    :

    Llegu al Ministerio, en la Calle de Amador de los Ros, y me recibi enseguida en un

    despacho el Ministro Rodolfo Martn Villa. Estbamos solos, sin el resto de los

    asistentes que yo haba imaginado.

    El Ministro me dijo:

    Te hemos llamado para que en vuestro Ministerio se instrumente con rapidez la forma de dar la noticia del reconocimiento del Partido Comunista.

    Mi sorpresa fue grande.

    El hecho de haber estado destinado en la Secretara de seis Ministros del Ejrcito

    durante 20 aos haba dado lugar a que continuara manteniendo el contacto de amigos y

    compaeros militares con los que cambiaba frecuentemente impresiones en aquellos

    60. MARTN VILLA, Al servicio del Estado, p. 66. PREGO, As se hizo la Transicin, p. 653.

    61. ngel de LOSSADA y DE AYMERICH, Las relaciones Surez y Gutirrez Mellado en PUELL DE LA VILLA y NGEL SANTANO, El legado del general Gutirrez Mellado, pp. 413-414.

    62. PREGO, As se hizo la Transicin, p. 654.

    63. MARTN VILLA, Al servicio del Estado, p. 66.

    64. FERNNDEZ CAMPO, Las Fuerzas Armadas en la Transicin, pp. 23-26.

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    MUOZ BOLAOS Las Fuerzas Armadas y la legalizacin del PCE

    momentos delicados de la transicin y me informaban de detalles interesantes. Ellos me

    haban proporcionado copias de las cartas, escritos y circulares que se haban cursado

    despus de la importante reunin a que tantas veces me he referido. De esos

    documentos se deduca claramente la certeza de que aquel reconocimiento no iba a tener

    lugar. Por eso me permit preguntar a Martn Villa:

    Y los militares? Se les ha dicho que cambiaron los planes y las promesas? [...].

    Pero hube de insistir:

    Si no se le ha dicho a la cpula militar, ser procedente que se enteren por los medios de comunicacin? No es grave que llegue a su conocimiento como un hecho

    consumado?

    Rodolfo Martn Villa se qued pensativo. Me pidi que esperara un momento y dej el

    despacho durante un rato.

    Cuando volvi se limito a decirme:

    Este tema est solucionado.

    La noticia se dio a conocer pblicamente a las seis de la tarde del citado da, por

    RNE, en la voz de Alejo Garca.

    A partir del momento en que la legalizacin del PCE fue un hecho pblico,

    comenzaron los problemas para el Gobierno en el mbito castrense. A los militares les

    import muy poco, al contrario de lo que pensaba Osorio, el hecho de que la

    legalizacin estuviese fundamentada jurdicamente, como tampoco dieron la menor

    trascendencia a los cambios que se haban producido en los estatutos de dicho partido

    que como afirmaba Sabino Fernndez Campos Surez debera haber comunicado a los altos mandos militares en una nueva reunin, ya que podan traer como

    consecuencia su legalizacin65

    .

    En estas circunstancias, los altos mandos de las FAS consideraban que segua

    vigente la promesa de Surez. Por tanto, cuando recibieron la noticia de la legalizacin

    del PCE, se sintieron engaados y pusieron en marcha diferentes operaciones de

    blackmail o chantaje, con el objetivo de obligar al Gobierno a cambiar su poltica y

    volver a supeditarla a las FAS.

    La reaccin en medios militares

    El primero en actuar fue el almirante Pita da Veiga, que el da 11 de febrero,

    present la dimisin irrevocable de su cargo. La causa era su desconocimiento de que se

    iba a producir la legalizacin del PCE. De la misma forma se expresaron Franco

    Iribarnegaray, ministro del Aire, cuya dimisin anunci El Alczar66

    , y lvarez Arenas.

    Los tres afirmaron que se haban enterado de la legalizacin por los medios de

    comunicacin67

    . Este hecho fue, sin duda, el ms espinoso de todos y sobre el que giran

    el resto de los acontecimientos. La versin de los tres ministros militares fue rechazada

    por el ya citado comandante Lossada, quien afirm, como ya sabemos, que el

    vicepresidente del Gobierno llam a los ministros militares el mircoles 6 de abril por la

    maana, as como por el propio Gutirrez Mellado, quien declar: yo llam

    65. VV. AA., Historia de la democracia. La aventura de la libertad. 1975-1995. 20 aos de nuestra vida,

    Madrid, El Mundo, 1995, p. 361.

    66. El Alczar, 12-4-1976; Ya, 13-4-1977.

    67. PREGO, As se hizo la Transicin, p. 661.

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    personalmente a los tres ministros militares, por encargo del Presidente Surez,

    anuncindoles la inmediata posibilidad de la legalizacin del Partido Comunista si el

    informe judicial que se haba solicitado era positivo68. En este prrafo no dijo ni la fecha ni la hora en que tuvieron lugar estas llamadas, pero poco antes de morir, en su

    ltima entrevista, afirm69

    :

    P: Qu pas el da de la legalizacin entre usted y los tres ministros militares?

    R: Surez, me dice: Llama a los ministros militares y diles que si una autoridad judicial da un informe en el que no pone pegas a la legalizacin, se va a legalizar el Partido

    Comunista. Yo llam a los ministros y todava tengo por ah perdidas unas cuartillas. Pero yo les llamo, les digo eso y les digo tambin que para ese tema el presidente les

    recibe en el acto si ellos quieren. Hablo con Franco Iribarnegaray, que era muy amigo

    mo; hablo con Flix lvarez-Arenas y hablo con Pita. Los dos primeros no dicen nada

    y Pita me dice: Qu juez?. Yo le contesto: No s, pero si llamas al Presidente, l te lo explicar.

    En esta entrevista se deca claramente que las llamadas tuvieron lugar el mismo

    da de la legalizacin, pues la Junta de Fiscales se reuni el sbado y ese mismo da,

    emiti su informe70

    . Por tanto, existe una contradiccin entre el testimonio de Lossada,

    y el de Gutirrez Mellado, pero tambin con los de Sabino Fernndez Campo y Martn

    Villa, quienes afirman que hasta ese momento se haba tenido al margen a los ministros

    militares71

    .

    En todo caso, y nada ms conocer la noticia de la legalizacin del PCE,

    suspendieron sus vacaciones y regresaron a Madrid. En la capital de Espaa, y a pesar

    de que era domingo, acudieron a sus despachos oficiales, donde recibieron multitud de

    llamadas crticas con la actuacin del Gobierno. Pita da Veiga fue el que ms, por el

    asesinato masivo de miembros del Cuerpo General de la Armada, incluido su propio

    padre, en los primeros momentos de la Guerra Civil, crimen del que siempre se acus a

    militantes del PCE. All conocieron que Gutirrez Mellado les haba informado de que

    el PCE iba a ser legalizado cuando la Junta de Fiscales haba enviado ya su informe

    positivo y el documento para justificar la decisin estaba redactado. Es decir, cuando el

    PCE ya estaba legalizado de iure. As se desprende del testimonio de Osorio, quien

    68. GUTIRREZ MELLADO, Un soldado de Espaa, p. 150.

    69. VV. AA., Memoria de la Transicin, p. 472.

    70. Segn las confidencias de algunos miembros de la Armada, que no dan su nombre, Pita da Veiga se

    haba reunido con Adolfo Surez antes de las vacaciones, y ste le haba prometido no tomar ninguna

    decisin hasta no someter la cuestin a debate la cuestin de legalizacin del PCE en el Consejo de

    Ministros, comprometindose a cambio el almirante a aceptar la voluntad mayoritaria del mismo

    (PLATN, Hablan los militares, p. 431).

    71. Martn Villa, Al servicio del Estado, p. 67. Contra esta opinin se alza el testimonio del hoy teniente

    general Miguel Iiguez del Moral, miembro del gabinete de Gutirrez Mellado, quien afirma: A los ministros se les comunica varios das antes, antes desde luego de la Semana Santa, que el Gobierno tiene intencin de legalizar el Partido Comunista. Hubo un informe, en el que se estudian las razones para

    actuar as, que se les pas a los ministros. Lo que se dice en ese informe es que la intencin del Gobierno

    es legalizar al PCE, que se les va a legalizar si el fiscal del Reino no dice nada en contra Estos das, Gutirrez Mellado se rene personalmente con los tres ministros militares y se lo explica. No estoy

    seguro, pero creo que a esta reunin incluso asiste el presidente Surez. La noticia ah se les da

    claramente. Medina, Memoria oculta del Ejrcito, p. 302-303. Esta reunin no es reconocida por ninguno de los protagonistas, ni siquiera por el propio Gutirrez Mellado.

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    MUOZ BOLAOS Las Fuerzas Armadas y la legalizacin del PCE

    narr una conversacin que mantuvo con Surez el 11 de abril y cuyo contenido es

    esclarecedor de lo ocurrido72

    :

    Pero le pregunto no me aseguraste que Manuel Gutirrez Mellado haba obtenido la conformidad de los ministros militares? Bueno me ha contestado elusivamente, quiz se retras, pero ya est hecho y hay que afrontar la sustitucin. El problema ahora es

    que va a ser difcil encontrar un almirante en activo para sustituir a Gabriel Pita.

    Este hecho nunca fue reconocido por Gutirrez Mellado. Sin embargo, lo cierto

    es que Pita da Veiga dimiti porque no se le haba advertido con tiempo de lo que se

    estaba preparando. La dimisin del almirante fue una forma de blackmail o chantaje que

    ha sido caracterstica de la Armada en algunos pases democrticos occidentales, como

    fue el caso de la revuelta de los almirantes que tuvo lugar en EE.UU. en 194973

    . Esta

    intervencin es propia de este Ejrcito, el menos capaz, por su naturaleza, de proyectar

    su poder en el mbito interno de un pas. Su desarrollo sigue siempre los mismos

    parmetros: primero, se produce la dimisin de su ms alto mando, y a continuacin el

    resto de los mandos se niegan a ocupar su puesto, lo que crea una fuerte tensin con el

    Gobierno con el objetivo de provocar un cambio en la poltica de ste. Para que esto

    ocurra, es necesario que exista un fuerte espritu corporativo. En el caso de la Armada

    espaola, este siempre ha existido, exista en 197774

    , e incluso contina existiendo en la

    actualidad. Por eso, tras la dimisin de Pita da Veiga, el resto de los almirantes

    espaoles en activo se negaron a ocupar su puesto75

    .

    Ante esta tesitura, Surez plante dos soluciones: nombrar a un civil o hacerse

    cargo del Ministerio l mismo. Ambas soluciones eran negativas, pues hubieran creado

    ms tensin en el seno de la Armada. Fue en este momento cuando apareci el

    vicealmirante Pascual Pery Junquera. Este marino se haba retirado por propia voluntad,

    seis aos antes de cumplir la edad reglamentaria, tras un enfrentamiento con Pita da

    Veiga, que le haba cesado del cargo de subsecretario de Marina Mercante. Era uno de

    los escasos miembros de la Armada que estaba en posesin de la Medalla Naval

    Individual (MNI), segunda condecoracin en importancia tras la Cruz Laureada de San

    72. OSORIO, De orilla a orilla, p. 288

    73. Jeffrey G. BARLOW, Revolt of the Admirals: The Fight for Naval Aviation, 19451950, Washington, DC, Naval Historical Center, 1994.

    74. Pilar URBANO escribi un artculo donde segn fuentes de mxima solvencia del Ministerio de Marina, se afirmaba que se da cuenta del qu y por qu de la dimisin del almirante Pita da Veiga en seis puntos. Son: 1. En septiembre de 1976, don Adolfo Surez prometi a los capitanes generales con mando de armas y otras jerarquas militares que no se legalizara el Partido Comunista. Este hecho se

    inscribi en el marco de aquella famosa reunin del presidente con los generales, de la que poco despus y por cuestiones laterales se derivara el affaire del cese del vicepresidente De Santiago, y la

    iniciada tramitacin de su pase a la reserva, as como del general Iniesta Cano. 2. En repetidas ocasiones,

    el ministro de Marina, Pita da Veiga, comunic al Gobierno que preside Surez que la Armada Espaola

    no consideraba oportuna la legalizacin del Partido Comunista, en las actuales circunstancias. 3. La

    decisin de legalizarlo no fue debatida ni adoptada en Consejo de Ministros. 4. El ministro de Marina

    tom la decisin de dimitir previa consulta con sus compaeros de la Armada y sin presiones de ningn

    gnero. Hizo efectiva su dimisin por una carta al presidente del Gobierno, que hizo llegar a su

    destinatario a primera hora del lunes da 11. 5. La decisin del almirante Pita es irrevocable. Son falsos y

    carentes de fundamento los rumores en torno a pretendidas conversaciones de alto nivel, segn las cuales el ministro dimisionario habra accedido a continuar en el Gobierno por obediencia y respeto

    superiores. 6. Desde el momento en que el almirante present por escrito su dimisin, ha permanecido en

    su domicilio y despacho oficial, atendiendo a los asuntos de trmite y sin celebrar ningn tipo de reunin,

    ni dentro ni fuera del Ministerio, y sin recibir audiencias (ABC, 14 de abril de 1977).

    75. PREGO, As se hizo la Transicin, p. 660.

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    Fernando76

    . Pery acept el cargo como en 1949, hizo el vicealmirante Forrest Sherman con el de jefe de Operaciones Navales, en los EE.UU. , tras entrevistarse con Gutirrez Mellado y hablar telefnicamente con Surez el 13 de abril

    77. La toma de posesin tuvo

    lugar el da 15. As se cerraba uno de los captulos de esta crisis, en el que la Armada, a

    pesar de su fracaso al no conseguir que el Gobierno modificase su poltica, haba

    actuado con un fuerte espritu corporativo, algo que no iba a ocurrir en el resto de los

    Ejrcitos, especialmente en el ms importante, el de Tierra.

    Si exista una fuerza capaz de frenar el proceso de cambio poltico, esa era el

    Ejrcito de Tierra, el ms capaz de proyectar su poder en el mbito interior.

    En la maana del 12 de abril, el capitn general de la I Regin Militar, teniente

    general Federico Gmez de Salazar amigo y compaero de promocin de Gutirrez Mellado, decidi convocar en el edificio de Capitana General una reunin urgente, a la que asistieron todos los mandos de la Regin, incluido el ms importante, el general

    de divisin Jaime Milans del Bosch y Ussa, jefe de la Divisin Acorazada Brunete n. 1

    (DAC), la gran unidad ms importante del Ejrcito espaol. Este encuentro tuvo lugar

    en un ambiente extraordinariamente crispado. Segn algunos testimonios, el jefe de la

    DAC estuvo a punto de sacar los carros de combate a la calle. Si no lo hizo fue porque

    no contaba con el apoyo del Rey78

    . Por el contrario, el entonces coronel Senz de

    Tejada, asistente a dicha reunin, afirm que lo que realmente se discuti fue que el

    ministro del Ejrcito tambin debera dimitir como lo haba hecho Pita da Veiga79

    . En

    todo caso, y esto fue lo realmente trascendente, esta diferencia de criterio en el Ejrcito,

    que no exista en la Armada, demostraba que el objetivo de Surez de acabar con el

    espritu corporativo en el seno de las FAS comenzaba a lograrse, ya que ni siquiera los

    mandos de una regin militar eran capaces de acordar una postura comn. Y eso aunque

    todos estuviesen en desacuerdo con la legalizacin del PCE, como demostr el Estado

    de opinin de las Unidades de la I Regin Militar correspondiente al mes de abril80

    .

    La dimisin de Pita da Veiga haba supuesto un jaque al Gobierno y la reunin

    de los mandos de la I Regin Militar, una manifestacin clara del malestar que afectaba

    a todos los escalafones del Ejrcito. Pero el mismo da en que tuvo lugar ese encuentro

    el Gobierno habra de sufrir otro contratiempo. lvarez-Arenas se haba visto obligado

    a convocar una reunin urgente del Consejo Superior del Ejrcito (CSE) para el martes,

    da 12 de abril81

    . La reunin, que no estuvo presidida por el ministro del Ejrcito se puso enfermo esa tarde, sino por el JEME, teniente general Jos Miguel Vega

    76. FERNNDEZ, Los militares en la Transicin poltica, p. 163. PLATN, Hablan los militares, p. 434.

    77. Pery Junquera siempre afirm que su llegada al Ministerio de Marina no fue consecuencia de la

    negativa de los almirantes en activo a ocupar esta cartera, sino de que Gonzlez Lpez, que era el

    designado, tard demasiado en dar una respuesta a Surez. VV. AA., Historia de la democracia, pp. 363-

    364.

    78. Amadeo MARTNEZ INGLS, 23-F. El golpe que nunca existi, Madrid, Foca, 2001, pp. 174-175.

    79. Entrevista con el teniente general Jos Senz de Tejada y Fernndez de Bobadilla, 29-9-1987

    (Fundacin Jos Ortega y Gasset-Gregorio Maran).

    80. Sobre la existencia de esta reunin, Vase Diario 16, 13-4-1977, y VV. AA., Historia de la

    democracia, p. 71. El contenido completo del documento citado, en SEGURA y MERINO, Las vsperas del

    23-F, pp. 208-210.

    81. A la citada reunin asistieron quince tenientes generales del Ejrcito (El Alczar, 12-4-1977).

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    Rodrguez (segundo en la jerarqua del Ejrcito espaol), iba a tener un carcter muy

    borrascoso como, posteriormente reconoci el propio Gutirrez Mellado82

    .

    Un grupo de tenientes generales, encabezados por Francisco Coloma Gallegos capitn general de la IV Regin Militar y Pedro Merry Gordon capitn general de la II Regin Militar, dos militares muy prestigiosos y ms antiguos en el empleo de teniente general que Gutirrez Mellado, se dedic a azuzar a los dems en contra del

    Gobierno.83

    Por el contrario, Antonio Ibez Freire un hombre de Gutirrez Mellado y director general de la Guardia Civil, intent defender la postura del Ejecutivo. Una posicin similar mantuvo Gmez de Salazar, capitn general de la I Regin Militar

    84.

    Estos dos militares no tenan tanta ascendencia entre sus compaeros como los

    anteriores, pero los mandos que ocupaban los convertan, desde el punto de vista

    operativo, en los tenientes generales ms importantes del Ejrcito espaol.

    Los argumentos de unos y otros demostraron de nuevo la efectividad de la

    poltica de ascensos de Gutirrez Mellado, pues de manera similar a lo que haba

    ocurrido en la reunin de los mandos de la I Regin Militar, los integrantes del CSE

    fueron incapaces de acordar una postura comn. Ni forzaron la dimisin del ministro del

    Ejrcito, porque nadie quera sustituirlo85

    , ni se atrevieron a sublevarse, porque estaban

    divididos. En consecuencia, optaron por mantenerse en la legalidad. A la vez, estuvieron

    de acuerdo en advertir al Gobierno, mediante la emisin de un comunicado donde

    implcitamente se le amenazaba con el empleo de la fuerza si se pona en peligro la Unidad de la Patria, el honor y respeto a su Bandera, la solidez y permanencia de la

    Corona y el prestigio y dignidad de las Fuerzas Armadas. No obstante, esta amenaza quedaba empaada con otro prrafo donde se afirmaba que El Consejo Superior consider que la legalizacin del Partido Comunista de Espaa es un hecho consumado

    que admite disciplinalmente, pero consciente de su responsabilidad y sujeto al mandato

    de las Leyes expresa la profunda y unnime repulsa del Ejrcito ante dicha legalizacin

    y acto administrativo llevado a efectos unilateralmente, dada la gran trascendencia

    poltica de tal decisin86. Es decir, el CSE se limitaba a advertir al Gobierno de que no pusiera en peligro un conjunto de conceptos claves para los militares, pero no iba a

    tomar ninguna decisin inmediata para oponerse a la legalizacin del PCE. De este

    modo, y a pesar del supuesto contenido amenazador del comunicado, los altos mandos

    del Ejrcito renunciaban a tutelar y mucho menos a detener el proceso de cambio

    poltico al carecer de una postura consensuada frente a la poltica del Gobierno.

    A pesar de que el comunicado constitua realmente el comienzo del fin del

    poder militar como Gobierno, su contenido poda ser considerado una autntica ofensa para el Gobierno, y as lo entendi su presidente. Surez telefone el 13 de abril,

    a lvarez-Arenas y a Vega Rodrguez y, en palabras textuales de Gutirrez Mellado, los

    pein87 por lo ocurrido en la reunin. Esta actitud del presidente demostraba lo mucho

    82. VV. AA., Memoria de la Transicin, p. 472.

    83. Ibidem, p. 471.

    84. Ibez Freire realiz esta labor por indicacin del ministro de Gobernacin, Martn Villa (MARTN

    VILLA, Al servicio del Estado, p. 69. AGERO, Militares, civiles y democracia, pp. 149-152; PREGO, As

    se hizo la Transicin, p. 663).

    85. MEDINA, MEMORIA OCULTA DEL EJRCITO, p. 302

    86. El Alczar, 13-4-1977.

    87. VV. AA., Memoria de la Transicin, p. 472.

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    que haba cambiado su relacin con las FAS ya que, si siete meses antes haba pedido su

    apoyo para poner en marcha el proceso de cambio poltico, ahora, tras el apoyo popular

    conseguido con la Ley para la Reforma Poltica, era capaz de enfrentarse con los dos

    principales mandos del Ejrcito y afearles su conducta. Los dos militares debieron

    comprender este cambio, ya que decidieron repudiar el primer comunicado, que se

    calific de no oficial, y elaboraron otro ms moderado lo hicieron Vega e Ibez Freire, que fue emitido el 14 de abril por el Gabinete de Prensa y Relaciones Pblicas de la Secretaria Militar y Tcnica del Ministerio del Ejrcito. Deca as

    88:

    EL MINISTRO DEL EJRCITO A TODOS LOS GENERALES, JEFES, OFICIALES

    Y SUBOFICIALES:

    Por una inadmisible ligereza de la Secretara Militar de este Ministerio, se envi un

    documento dirigido a los Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales del Ejrcito

    exponiendo unos hechos que no corresponden a la realidad, con el peligro de producir

    gran confusin entre nuestros Cuadros de Mando.

    Dicho documento no haba obtenido mi aprobacin ni la del Jefe de Estado Mayor del

    Ejrcito, pero su precipitada difusin no pudo ser totalmente evitada.

    El documento que mereci mi aprobacin fue del siguiente tenor:

    Es de gran inters que llegue a conocimiento de todos los componentes profesionales del Ejrcito que en relacin con la legalizacin del Partido Comunista, no me fue

    posible informarles oportunamente de las razones y justificacin de dicha legalizacin

    porque el documento justificativo lleg a mi poder el viernes, da 8, por la tarde y la

    legalizacin fue oficial el sbado, da 9.

    En consecuencia, el Consejo Superior del Ejrcito fue convocado para la tarde del da

    12 del corriente al objeto de informar a los Altos Mandos de dichas razones, que se

    justificaban con base en los ms altos intereses nacionales en las circunstancias actuales,

    para que, a su vez, dichos Mandos trasmitieran a sus subordinados las conclusiones del

    Consejo Superior, que se reproducen a continuacin y que fueron objeto de una

    posterior nota oficial:

    El Consejo Superior del Ejrcito acord por unanimidad informar al Sr. Ministro de los

    siguientes extremos, segn el Acta levantada al efecto:

    La legalizacin del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las Unidades del Ejrcito.

    No obstante, en consideracin a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado.

    El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que, el Ejrcito, unnimemente unido, considera obligacin indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la

    integridad de las Instituciones monrquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas.

    Para evitar cualquier confusin en relacin con lo anterior, me interesa exponer que el

    acuerdo del Consejo fue unnime en la redaccin de las conclusiones y que es un deber

    ineludible de todos nosotros hacer honor a lo que en las mismas se dice.

    As pues, quiero expresar mi seguridad de que todos cuantos orgullosamente

    pertenecemos al Ejrcito espaol, sabremos cumplir con nuestro deber de mantenernos

    disciplinadamente unidos, confiando plenamente en nuestros mandos, a los

    incondicionales rdenes de nuestro Rey y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, as

    como al servicio de Espaa, dentro del mayor respeto y acatamiento a las decisiones de

    nuestro Gobierno, que no tiene otra mira que laborar incansablemente por el bien de la

    Patria y con la ms absoluta lealtad a la Corona, al tiempo que con la mayor

    consideracin y afecto para las Fuerzas Armadas.

    Madrid, 16 de abril de 1977, FLIX ALVREZ-ARENAS Y PACHECO

    88. El Alczar, 15 de abril de 1977.

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    Adems de descalificar el primer comunicado, el ministro del Ejrcito asuma la

    culpa por no haber informado a las unidades militares de la inmediata legalizacin del

    PCE, de la que haba sido informado el da 8 de abril. Esa actitud fue muy criticada por

    los sectores de extrema derecha89

    .

    Con la modificacin del contenido del comunicado del CSE, pareca superada la

    crisis en el seno del Ejrcito, pero sus altos mandos decidieron enviar una nota

    reservada al Rey, redactada por el propio Consejo Superior y cuyo contenido era90

    :

    ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DEL EJRCITO

    Hacer llegar a S.M. el Rey directamente el disgusto del Ejrcito y que su figura se est

    deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno (Dejaciones, pasividad, falta de

    autoridad, indecisin...).

    Hacer saber al Presidente del Gobierno:

    La burla que para el Ejrcito ha supuesto su actitud en contra de lo que dijo a los

    tenientes generales de Tierra y Aire y almirantes de la Armada.

    Que es inadmisible que por un error administrativo se tenga al ministro del Ejrcito en la ignorancia de una decisin trascendental.

    Qu es responsable de un error administrativo salga del Gobierno.

    Que garantice que la actuacin del Partido Comunista, no interferir en lo ms mnimo a

    las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misin.

    Que se adopten las medidas para que por ningn medio se ataque: LA UNIDAD DE LA

    PATRIA, LA CORONA Y A LAS FUERZAS ARMADAS, que stas estn dispuestas

    a defender por todos sus medios.

    Esta nota, muy parecida al primer comunicado, tomaba la forma de blackmail,

    pues buscaba un cambio en el Gobierno que llevase aparejado el cese o dimisin de

    Gutirrez Mellado, al que se consideraba responsable ltimo de no haber informado al

    ministro del Ejrcito de la inmediata legalizacin del PCE. Para dar mayor fuerza a sus

    pretensiones, advertan al Jefe del Estado del deterioro que estaba sufriendo su figura.

    No es de extraar, por tanto, que el Jefe del Estado, nada ms conocer el

    contenido de la nota, tomara las medidas oportunas para obtener informacin de primera

    mano sobre lo que realmente haba ocurrido en la reunin del CSE. Para ello, recurri al

    general de brigada de Artillera Alfonso Armada Comyn, jefe de la Secretara de S.M. el

    Rey y su hombre de confianza en las FAS, al que orden que se entrevistase con los

    asistentes a la reunin e intentase conseguir la mayor informacin posible sobre lo que

    all se haba hablado, informndole de que exista una fuerte desconfianza hacia el

    89. El diario ultraderechista El Alczar respondi a esta actitud del lvarez-Arenas, citndole el artculo

    7, del Tratado II, del Ttulo XVII de las Ordenanzas de Carlos III aun en vigor, donde textualmente se deca que Ningn Oficial podr disculparse con la omisin o descuido de sus inferiores (17-4-1977). Igualmente, la actitud de lvarez-Arenas provoc un rechazo general en el seno del Ejrcito. Un ejemplo

    lo encontramos en el estado de opinin anteriormente citado, donde puede leerse que Una desconfianza latente en el Alto Mando, colmado por alguna nota informativa positiva que posteriormente fueron

    desmentidas por los hechos (SEGURA y MERINO, Las vsperas del 23-F, pp. 208-209).

    90. Charles POWELL, El piloto del cambio. El rey, la Monarqua y la Transicin a la democracia,

    Barcelona, Planeta, 1991, p. 220. El contenido literal de la nota enviada al Rey en SEGURA y MERINO,

    Las vsperas del 23-F, p. 14-15.

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    gobierno que tambin afectaba al Rey91

    . Sin embargo, a pesar de esa desconfianza y de

    esa amenaza de una posible intervencin, ni el Jefe del Estado retir su confianza a

    Surez, ni ste hizo lo propio con Gutirrez Mellado, con lo que fracas este nuevo

    intento de blackmail por parte del CSE.

    El sbado 16 de abril, con la crisis ya superada, los diarios anunciaban en

    primera pgina la decisin del Consejo de Ministros, adoptada el da anterior, de

    convocar para el 15 de junio de 1977 las primeras elecciones legislativas92

    .

    Conclusin

    La legalizacin del PCE provoc una grave crisis poltica en Espaa y marc un

    punto de inflexin en la relacin entre el Gobierno y las FAS, con las siguientes

    consecuencias:

    La primera, demostr que el proyecto de reforma de Surez tena por objeto el

    establecimiento de una democracia plena en nuestra nacin, que no estara tutelada por

    las FAS ni limitara las opciones ideolgicas que podran elegir los espaoles en

    elecciones libres.

    La segunda, cre un fuerte clima de desconfianza, incluso rencor en las FAS,

    hacia los dos responsables del hecho, Surez y Gutirrez Mellado, rencor que a veces se

    convirti en odio y que, desde luego, nunca se super. En este sentido, el futuro

    almirante Liberal Luccini, gran colaborador de Gutirrez Mellado, escribe a propsito

    de este acontecimiento: Sin duda, la forma en que se hizo cre tensiones y complicaciones que no resulto fcil resolver, con la consecuencia irremediable de que el

    presidente Surez perdi la credibilidad ante las Fuerzas Armadas, que siempre se

    consideraron engaadas93.

    La tercera, demostr la incapacidad de las FAS como institucin, y del Ejrcito

    de Tierra como vector ms importante de las mismas, para actuar de forma corporativa

    frente al proceso de cambio poltico que haba iniciado el presidente Surez. En este

    sentido, la poltica de ascensos de Gutirrez Mellado fue clave para romper la unidad

    dentro del alto mando de las FAS.

    La cuarta fue que, como consecuencia de este fracaso corporativo de las FAS

    para enfrentarse al Gobierno a propsito de la legalizacin del PCE, determinados

    sectores de las mismas y tambin de las Fuerzas de Orden Pblico (FOP), llegaron a la

    conclusin de que solo podra modificarse el proceso de cambio poltico iniciado,

    91. Jos Manuel CUENCA TORIBIO, Conversaciones con Alfonso Armada. El 23-F, Madrid, Actas, 2001,

    pp. 68-69. El general tambin habl de esta misin durante la vista oral del Consejo de Guerra que

    juzgaba el golpe de Estado del 23-F (APA. Causa 2/81. Acta de la celebracin del Consejo. F 103v) y

    aos despus dio una versin ampliada de este hecho. Armada tambin se entrevist con Milans del

    Bosch y Senz de Tejada en el Cuartel General de la DAC (MEDINA, Memoria oculta del Ejrcito, p.

    312).

    92. El Pas, 16-6-1977.

    93. PLATN, Hablan los militares, pp. 441-442.

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    MUOZ BOLAOS Las Fuerzas Armadas y la legalizacin del PCE

    mediante operaciones de desplazamiento94

    o suplantacin95

    , es decir, mediante acciones

    de carcter golpista. Se abrira el tercer perodo del intervencionismo militar durante la

    transicin, en el que se produciran las principales operaciones golpistas de esta etapa

    histrica.

    94. El desplazamiento es un tipo de intervencin militar propia de pases con baja cultura poltica

    democrtica. Consiste en la sustitucin de un Gobierno civil por otro gracias a la accin de las FAS. Este

    desplazamiento se puede realizar de tres formas: la amenaza de una intervencin militar, la negativa de

    las FAS a defender al gobierno frente al desorden civil y la violencia militar. A su vez, esta ltima cobra

    dos formas: el ataque directo por parte de las FAS al Ejecutivo (golpe de Estado) o la rebelin sucesiva de

    las guarniciones militares (cuartelazo o pronunciamiento) (FINER, Los militares en la poltica mundial,

    pp. 201-216).

    95. La suplantacin es una forma de intervencin militar, tambin propia de pases de baja cultura

    poltica democrtica, que consiste en sustituir el Gobierno civil por un Gobierno militar y se desarrolla de

    acuerdo a las mismas formas que el desplazamiento (Ibidem, p. 201).