LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P semanal/2012... · 13. caja madrid, condenada a pagar 12 millones de...

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 14 al 20 de Enero 2012 Nº 610

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INDICE

01. RAJOY: "NADA EN LA VIDA ES PARA SIEMPRE"

02: RAJOY: "EL ESTADO DE DERECHO NO ESTÁ EN SUSPENSO"

03. RAJOY VE LAS REFORMAS DE MOHAMED VI COMO UN EJEMPLO PARA EL MUNDO ÁRABE

04. RAJOY SE COMPROMETE A SALVAR A LAS AUTONOMÍAS: "ESPAÑA SOMOS TODOS"

05. RAJOY PIDE LA COOPERACIÓN DE SINDICATOS Y EMPRESARIOS EN LA REFORMA DEL TURISMO

06. AUTONOMÍAS DEL PP PIDIERON AL ESTADO AVALAR SU DEUDA PARA EVITAR LA QUIEBRA

07. MONTORO AVANZA EN UN MITIN EN MÁLAGA QUE DARÁ OXÍGENO A LAS AUTONOMÍAS

08. CAÑETE ANUNCIA UNA "REFORMA MUY PROFUNDA" DE LA LEY DE COSTAS

09. GUINDOS APUESTA POR EL CONTRATO ÚNICO EN UNA TRIBUNA EN EL 'WALL STREET JOURNAL'

10. EL GOBIERNO ABRE LA PUERTA A EXTERNALIZAR LOS INFORMATIVOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

11. EL FISCAL VE "IMPRUDENCIA GRAVE" EN LA CÚPULA MILITAR QUE CONTRATÓ EL YAK-42

12. GUINDOS-MONTORO, ¿BATALLA O TEATRO?

13. CAJA MADRID, CONDENADA A PAGAR 12 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN POR GESCARTERA

14. AZNAR GANA MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS POR ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS EN LOS AÑOS DE CRISIS

15. LOS RECTORES RECLAMAN EL PAGO DE LAS DEUDAS A LAS UNIVERSIDADES

16. C.A ANDALUCÍA: EL ALCALDE DE ALHAURÍN, CONDENADO POR COHECHO EN EL 'CASO TROYA'

17. C.A ANDALUCÍA: ARENAS: "ESTOY HARTO DE LA MILONGA DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE"

18. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL COBRARÁ POR LA VALORACIÓN DE DEPENDIENTES Y AVANZA EN EL COPAGO

19. C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PLAN DE AJUSTE DE COSPEDAL SUPRIME EL 6% DEL PIB A EDUCACIÓN

20. EL PRECIO DE LAS GUARDERÍAS SUBIRÁ UN 19% PARA EL PRÓXIMO CURSO

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21. C.A GALICIA: SE INICIA LA PRIVATIZACIÓN DE SU RED DE GUARDERÍAS

22. C.A GALICIA: LA FISCAL AMIGA DE ESCRIBANO Y UN EDIL DEL PP NIEGAN HABER DADO EL SOPLO DEL 'CASO ARENA'

23. C.A GALICIA: EL JUEZ AVALA LAS ESCUCHAS QUE INCRIMINAN A ESCRIBANO 24. C.A MADRID: EL SUPREMO RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE UN COLEGIO DE EL ÁLAMO

25. C.A MADRID: LOS MIR AVISAN A LASQUETTY DE QUE LA HUELGA DEL 26 SERÁ SIN SERVICIOS MÍNIMOS

26. C.A MADRID: LOS SINDICATOS RECURREN EL NOMBRAMIENTO DE SCHWARTZ

27. C.A MADRID: SANIDAD CONOCÍA EL MAL ESTADO DEL AMBULATORIO DE FUENCARRAL EN 2010

28. C.A MADRID: BOTELLA ANUNCIA QUE DEDICARÁ UNA CALLE A MANUEL FRAGA

29. C. VALENCIANA: EL DESVARÍO

30. C. VALENCIANA: EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

31. C. VALENCIANA: EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL

32. C. VALENCIANA: EL CONSELL DEBE A LOS PROVEEDORES 2.500 MILLONES DE EUROS

33. C. VALENCIANA: SITUACIÓN LÍMITE EN LA ENSEÑANZA

34. C. VALENCIANA: ALICANTE SE MOVILIZA CONTRA EL RECORTE DEL BONO DEL AUTOBÚS PARA JUBILADOS

35. C. VALENCIANA: ESTALLAN LAS TENSIONES EN EL PP VALENCIANO

36. C. VALENCIANA: BARBERÁ ADMITE COMO "HABITUALES" REGALOS QUE NEGÓ RECIBIR EN 2009 37. C. VALENCIANA: LOS REGALOS DE EMARSA NO MOLESTAN A RITA BARBERÁ 38. C. VALENCIANA: UN FUNCIONARIO SE QUERELLARÁ CONTRA BARBERÁ POR INJURIAS 39. C. VALENCIANA: PONS DIO UNA OBRA A LOS COTINO AUNQUE NO GANARON EL CONCURSO

40. C. VALENCIANA: LA AUDIENCIA AVALA LAS ESCUCHAS DEL 'CASO BRUGAL'

41. C. VALENCIANA: HACIENDA RECLAMA TRES MILLONES DE FIANZA PARA CUATRO IMPLICADOS EN EMARSA

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42. C. VALENCIANA: EL IMPUTADO DE EMARSA EN BUSCA Y CAPTURA TIENE TRES EMPRESAS SIN PATRIMONIO ALGUNO

43. C. VALENCIANA: EN LA NÓMINA DE EMARSA HABÍA HASTA UN DETECTIVE PRIVADO Y SE AGASAJÓ A EDILES DE VALENCIA´

44. C. VALENCIANA: "LOS ESCOLTAS NO SON RECADEROS", DENUNCIA UN SINDICATO DE VALENCIA

45. C. VALENCIANA: FABRA CONSIDERA "PAPARRUCHADAS" LAS CRÍTICAS A SU ESTATUA

46. C. VALENCIANA: DEJAR EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN LE CUESTA AL CONSELL MÁS DE 80 MILLONES

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01. RAJOY: "NADA EN LA VIDA ES PARA SIEMPRE"

Al lado del siempre decidido, y ayer directamente rudo y agresivo con la prensa Nicolás Sarkozy, la cautela de Mariano Rajoy destaca mucho más. Pero el presidente llegó al límite de su galleguismo en la última frase de su comparecencia. Después de defender su subida de impuestos, se preguntó a sí mismo, respondiendo a una cuestión de los periodistas: "Me pregunta ¿Garantiza usted que en los próximos Presupuestos no va saber subidas? Hombre, yo creo que ya hemos subido suficiente los impuestos, y creo que es compatible reducir el deficit con no subir más los impuestos". Hizo un silencio y remató: "Pero ahora, tambien le digo que en la vida nada es para siempre". Esto es, ya veremos. La discusión central del Gobierno, que debate si subir el IVA en los Presupuestos, tras las elecciones andaluzas, sigue sin resolverse. Muchos creen que será inevitable.

Rajoy aprovechó para lanzar un mensaje a su electorado: ¿Cómo creo yo que se han tomado la subida de impuestos? Estoy absolutamente convencido de que no les ha gustado y tienen razón. Pero hemos adoptado esa decisiones por una situación muy complicado. La alternativa era no hacer nada, mandar un mal mensaje a los mercados. Esta decisión me ha costado mucho tomarla personalmente porque yo no creo en impuestos elevados. Creo que el dinero está mejor en manos de los ciudadanos. Pero no había alternativa. En cualquier caso es para dos años, confiamos en que esta decisión va pueda ayudar a que haya crecimiento y podamos bajar los impuestos, no ahora pero sí en el futuro".

Ante la evidencia de que Rajoy explicó poco su plan en campaña para evitar fugas de votos -sobre todo con los impuestos- un periodista francés le preguntó si la única manera de ganar elecciones es no decir nada. "Yo llevo años diciendo lo que voy a hacer, defendiendo que había que moderar el gasto público. No creo que nadie se haya sorprendido con nuestras propuestas", aseguró Rajoy. "Decir la verdad no es un riesgo, la población es inteligente, lo entiende todo. La valentía en periodo de crisis es el camino mas seguro", remató Sarkozy.

www.elpais.es 17.01.12

02: RAJOY : "EL ESTADO DE DERECHO NO ESTÁ EN SUSPENSO"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer, tras las recientes detenciones de miembros de ETA en Francia, que "el Estado de derecho no está en suspenso" y que no lo va estar, y subrayó que lo que tiene que hacer la banda es dar el paso definitivo y disolverse. Rajoy hizo esta advertencia en la rueda de prensa ofrecida junto al presidente francés, Nicolas Sarkozy, tras la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa.

Sarkozy también hizo referencia a la banda: "No hay más Pirineos en la lucha contra el terrorismo. A ambos lados de nuestra frontera hay un mismo objetivo, una misma determinación: terminar definitivamente con la violencia", afirmó Sarkozy. El dirigente dijo sentirse "orgulloso" de la colaboración mantenida con los sucesivos Gobiernos españoles.

Por la tarde, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió en Madrid con su homólogo francés, Claude Guéant, para analizar la cooperación entre ambos países en la lucha antiterrorista.


03. RAJOY VE LAS REFORMAS DE MOHAMED VI COMO UN EJEMPLO PARA EL MUNDO ÁRABE

Rabat da una cálida acogida al presidente español y evita los temas conflictivos

Aquel político español cuyo nombre era abucheado hace tan solo 14 meses por el Gobierno marroquí en las calles de Casablanca se convirtió ayer en el mejor amigo de Marruecos al que

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puso incluso de ejemplo para el mundo árabe donde los cambios han sido convulsos. En su primer viaje al extranjero, Mariano Rajoy se deshizo en elogios en Rabat de la senda reformista emprendida por el vecino del sur al que anunció su abnegado apoyo. "Me considero un amigo de Marruecos", afirmó de entrada, en la declaración sin preguntas que él y su homólogo marroquí, el islamista Abdelilá Benkiran, hicieron a la prensa tras su almuerzo, en el que participaron otros cinco miembros del Gobierno marroquí. Previamente había sido recibido por Mohamed VI.

Rajoy destacó el interés de España en un Marruecos próspero y estable

Los anfitriones omitieron su reivindicación sobre Ceuta y Melilla

"Apoyo con firmeza las reformas" que el monarca ha efectuado y que "han puesto a Marruecos a la vanguardia del mundo árabe", continuó Rajoy. Ahora es "un ejemplo a seguir para muchos países del mundo", añadió, leyendo una declaración, mientras que Bekiran improvisó a partir de unas notas. Las palabras de Rajoy son semejantes a las que Felipe González o José Luís Rodríguez Zapatero pudieron pronunciar en Rabat años atrás.

Las reformas a las que se refería Rajoy son la adopción, en julio, de una nueva Constitución que transfiere algunos de los poderes del soberano al jefe del Ejecutivo. En las elecciones de noviembre, las más transparentes de cuantas ha conocido Marruecos, los islamistas moderados resultaron vencedores y, por primera vez, el jefe del Gobierno.

Benkiran dejó claras sus convicciones religiosas salpicando su intervención con frases como "si Dios lo quiere" o "Dios mediante". Aseguró haber descubierto en su huésped un político "simpático, amable y con mucha capacidad para ejercer el cargo" que ostenta. Satisfecho, Rajoy invitó a los periodistas a tomar nota.

Lejos están los días, de finales de noviembre de 2010, cuando una enorme muchedumbre, encabezada por el entonces primer ministro, Abbas el Fassi, recorría Casablanca abucheando el nombre de Rajoy y del PP a los que acusaban de "atentar contra la integridad territorial" de Marruecos. Habían criticado el desmantelamiento por la fuerza del campamento de protesta saharaui en las afueras de El Aaiún.

El apoyo español a Marruecos obedece a razones estratégicas. "No hay país más interesado que España en contar con un Marruecos democrático, próspero y estable", resaltó Rajoy. "La seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Marruecos son la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de España", recalcó.

Además de los 800.000 inmigrantes marroquíes en España hay, recordó Rajoy, 800 empresas españolas instaladas en Marruecos y otras 20.000 que exportan productos a un mercado que para España ya es el tercero fuera de la UE. Se le olvidó que las grandes empresas españolas, como Telefónica o el Santander, han desinvertido recientemente en Marruecos. Acaso porque ambos llevan barba, como escribía Abdalá Daoun, director del diario Al Massae de Casablanca, porque tienen la misma edad o porque Bekiran es un hombre jovial y extrovertido, o porque el rey le habló en español, lo cierto es que Rajoy pareció sentirse a gusto en su visita de menos de siete horas a Rabat.

Además, ni Mohamed VI ni Bekiran sacaron a relucir su reivindicación sobre Ceuta y Melilla aunque sí su posición sobre el Sáhara. Desde que fue entronizado Mohamed VI la ha mencionado solo cuando se ha visto obligado -por ejemplo, tras la visita de los Reyes de España a ambas ciudades en 2007-.

Rajoy, por su parte, sí formuló su deseo de que Rabat se preste a negociar un nuevo acuerdo de pesca con la UE después de que, hace un mes, el Parlamento Europeo abortarse la prórroga del anterior del que se beneficiaban ante todo los pescadores andaluces y canarios.


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04. RAJOY SE COMPROMETE A SALVAR A LAS AUTONOMÍAS: "ESPAÑA SOMOS TODOS"

El presidente admite que los recortes harán caer el PIB, pero no ve otra opción

Los mercados empiezan a dar algún respiro a Mariano Rajoy, gracias sobre todo a la inyección de liquidez del BCE -los bancos están aprovechando los préstamos baratos que les otorgan en Europa para comprar deuda española que les da un interés muy superior- y eso parece darle algo de espacio al Gobierno para empezar a hacer política. Y la mejor manera de hacerla, al menos en la manera de entenderla por parte del Ejecutivo, es echando una mano a sus barones autonómicos para que no vayan a la quiebra.

Van Rompuy ve una "emergencia" la reforma laboral, que no irá esta semana

Rajoy: "Las políticas de ajuste producen menor crecimiento, pero es necesario"

El presidente del Gobierno lanzó ayer desde La Moncloa, acompañado por presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, un mensaje tajante: "Estamos dispuestos a acudir en auxilio de las comunidades, pero a cambio les exigimos un programa que garantice que van a cumplir y van a fijar un techo de gasto. El Estado somos todos y el Gobierno de España no se puede desentender de la situación de las autonomías. España somos todos y cuando vamos a Bruselas hablamos en nombre de todas las Administraciones españolas".

Esa decisión política, que implica dar oxígeno a las autonomías, se materializó pocas horas después, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ofreció a las comunidades toda una serie de mecanismos para aliviar sus problemas de liquidez y que en la práctica implicará una lluvia de millones sobre las autonomías: adelantos del cobro de anticipos, líneas de crédito ICO para pagar a proveedores y más facilidad para la refinanciación.

Esta decisión tiene una compensación política evidente: todos los consejeros de las autonomías, especialmente las que tienen más problemas como la Comunidad Valenciana, estaban encantados. Hablaron incluso de "un antes y un después de la reunión". También evitan la pésima imagen de una suspensión de pagos

Pero la decisión tiene una contrapartida. Si el mercado entiende que el Estado no va a lograr controlar que las autonomías realmente reducen su déficit y evitan sus desviaciones la deuda española puede sufrir de nuevo y la prima de riesgo descontrolarse. Para evitarlo, Montoro aseguró que las medidas no tendrán impacto en el déficit, incidió mucho más en las sanciones -sin aclarar- e incluso llegó a decir que "puede llegarse a la intervención temporal" de las autonomías que no cumplan, "en términos hacendísticos", aclaró; esto es, no suspendiendo sus competencias pero sí controlando sus cuentas.

La reunión se produjo en un contexto de gran preocupación. Montoro habló en la rueda de prensa de un momento de "casi recesión, con más de cinco millones de parados". En la reunión fue más allá. Dijo que las previsiones se van a revisar con una caída del PIB del 0,5%. Algunos organismos auguran datos mucho peores, incluso del -2%.

En este contexto, todo el mundo es consciente de que los recortes empeorarán las cosas. Incluso Rajoy. En la rueda de prensa con Van Rompuy, en la que el belga insistió en la necesidad de pensar en medidas que impulsen el crecimiento y no solo en recortes, Rajoy admitió: "Ese es el gran debate [políticas de ajuste frente a necesidad de crecimiento]. Las políticas de ajuste duras pueden en un primer momento producir un menor crecimiento. Esto es así, pero es absolutamente necesario". Van Rompuy y algunos países europeos ya están pensando en medidas de estímulo para frenar la recesión. España, según el Gobierno de Rajoy, no tiene margen para eso. En su defecto, ya que no puede hacer medidas de inversión pública para estimular la economía, plantea reformas estructurales.

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Rajoy insistió ante Van Rompuy en que él hará la reforma laboral y la financiera. El político belga habló de la "emergencia" de que España reforme su mercado laboral. Rajoy dijo que la reforma no irá al próximo Consejo de Ministros. Tal vez en el siguiente, dejó en el aire. Solo así podría llevar esa reforma aprobada al Consejo Europeo del día 30.


05. RAJOY PIDE LA COOPERACIÓN DE SINDICATOS Y EMPRESARIOS EN LA REFORMA DEL TURISMO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que no es casualidad que uno de sus primeros actos oficiales desde la asunción de su nuevo cargo sea la participación en el VI Foro de liderazgo turístico Exceltur. Una de las prioridades del Ejecutivo, afirmó, será impulsar esta área clave de la economía nacional a través de reformas de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y la reestructuración del sistema financiero y laboral, que se aprobarán "en tres o cuatro semanas". Para lograr este objetivo, Rajoy pidió la colaboración de organizaciones sindicales y empresariales implicadas en el sector.

El sector espera una mayor devaluación tras las provisiones de la banca

"El Gobierno cumplirá con sus responsabilidades, pero no lo puede todo", destacó el presidente al recordar que en el próximo trimestre se diseñará un plan integral del turismo, una actividad que contribuye al 10,2% del PIB español. Entre las medidas que se adoptarán, Rajoy adelantó que los salarios se fijarán en función de la evolución de la actividad económica y la situación de las empresas. Una comisión interministerial se ocupará de homogeneizar y agilizar la normativa turística.

Rajoy enumeró las reformas necesarias, aunque no facilitó ulteriores detalles sobre cómo llevarlas a cabo. El nuevo Ejecutivo, aseveró, apostará por la innovación y la diversificación de la oferta turística, para adaptarse a la nueva demanda y desvincular el mercado español de la excesiva estacionalidad.

Después de tres años de caída, el turismo cerró 2011 con un crecimiento del 8,1% y una subida del PIB turístico del 2,6%, según los datos facilitados la semana pasada por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo.

El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, pidió al Ejecutivo mayor compromiso hacia el sector. "No hay otra actividad que nos pueda sacar de la crisis en estos momentos", destacó. Además de normativas más flexibles, los empresarios exigieron facilidades de financiación, una fiscalidad más ventajosa y una nueva ley de huelga, que sea más severa en la regulación de los servicios mínimos.


06. AUTONOMÍAS DEL PP PIDIERON AL ESTADO AVALAR SU DEUDA PARA EVITAR LA QUIEBRA

Las actas del último consejo de política fiscal revelan el dramático debate

Algunas autonomías gobernadas por el PP con gravísimos problemas de liquidez reclamaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado el pasado 27 de julio, que la Administración central saliera al rescate de las comunidades autónomas avalando su deuda para evitar la bancarrota.

Salgado descartó el rescate por ilegal y porque pondría "en riesgo" a España

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Elena Salgado, que presidía la reunión del Consejo, contestó a los consejeros autonómicos del PP que esa posibilidad sería una temeridad y además ilegal puesto que lo impedía la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Las actas de esa reunión, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan el drama financiero que sufrían las autonomías, especialmente la valenciana, cuyo consejero fue el que pidió una solución de emergencia.

"El problema de liquidez puede llevar a una suspensión de pagos, y una suspensión de pagos de una comunidad, no nos engañemos, es una suspensión de pagos del Estado español", llegó a señalar la consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo. "Propongo desde poder obtener una emisión de deuda avalada por el Gobierno a que el Gobierno haga emisiones tipo FROB para prestar a las Comunidades autónomas", señaló.

Salgado replicó a esa propuesta con una negativa tajante: "La Ley de Estabilidad Presupuestaria prohíbe avalar las emisiones de deuda de las comunidades autónomas. Pero es que, además de eso, sería una temeridad por parte de la Administración General del Estado, que tiene un volumen de deuda bastante mayor que el conjunto de las comunidades autónomas, poner en riesgo la valoración de nuestra deuda puesto que se igualaría a la valoración de aquella deuda que tenga un rating peor; es evidente que eso es lo que harían los mercados. Lo único que se haría con esa solución sería empeorar la posición de todos sin mejorar al cabo de muy pocas semanas la de nadie", dijo la ministra.

Pese a la respuesta, el consejero valenciano, José Manuel Vela, volvió a la carga con un discurso dramático sobre la situación: "Las causas de la falta de liquidez son evidentes, pero los efectos que eso puede tener son desastrosos. Y digo desastrosos porque cualquier comunidad, cualquiera, en un momento dado puede verse abocada -por problemas de que si mañana a Grecia se le unen Bélgica, Italia o quien sea- a incurrir en un default (suspensión de pagos)". Vela volvió a pedir que la administración central saliera al rescate de las autonomías: "Tenemos un Fondo de reserva de la Seguridad Social, tenemos un Fondo de garantía de depósitos que invierte en deuda pública y, si es necesario modificar algún precepto legislativo, hagámoslo, pero ¿por qué no pueden invertir estos fondos en deuda de comunidades autónomas cuando son las que están soportando el Estado del bienestar aquí en España? Sanidad, educación, etcétera. ¿Que esto no puede ser? ¿Por qué no plantear, lo digo con toda humildad y prevención, que el propio Tesoro español se endeudara más, emitiera más deuda para conceder préstamos o créditos a comunidades autónomas? ¿Por qué no plantearnos a lo mejor que el propio ICO pudiera de alguna forma comprar deuda de comunidades autónomas?", insistió.

Pero la entonces vicepresidenta económica no se movió de su posición y mantuvo la negativa. "Tenemos una deuda de la Administración del Estado que supera el medio billón de euros y, por tanto, no vamos a poner en riesgo esta valoración. No es solo que algunas de las fórmulas que aquí se han dicho estén prohibidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria -que, efectivamente, como todas las leyes, se puede cambiar, se puede cambiar hasta la Constitución con sus procedimientos reglados-, sino que no vamos a hacer esa propuesta", zanjó.

El consejero valenciano, José Manuel Vela, llegó a recordar: "La liquidez es la espada de Damocles que tenemos sobre nosotros. Lamentablemente las comunidades autónomas o muchas de ellas no estamos en condiciones de pagar, ni a grandes ni a pequeños, y estamos generando problemas muy graves a pequeñas y medianas empresas, a autónomos, a proveedores, que bastante han aguantado. Y creo que estamos obligados a darles una solución".

La desesperada situación que dibujaba la Comunidad Valenciana desembocó solo unos meses después en un riesgo de impago mayor. El Gobierno central tuvo que salir al rescate avalando un vencimiento de deuda por 123 millones de euros con el Deutsche Bank al que no podía hacer frente la Comunidad Valenciana. Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,

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garantizó a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no dejaría caer a ninguna de ellas.

El Gobierno del PP reúne hoy de nuevo al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un panorama para las autonomías aún peor que cuando se celebró la última reunión en julio pasado.


07. MONTORO AVANZA EN UN MITIN EN MÁLAGA QUE DARÁ OXÍGENO A LAS AUTONOMÍAS

Si recortan, tendrán 10 años para pagar los 24.000 millones que deben al Estado

Estaba llamado a ser el policía malo del Gobierno, pero está empezando a parecerse más a la cara amable, sobre todo frente a las autonomías. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha encargado en los últimos días de matizar o directamente corregir al ministro de Economía, Luis de Guindos, que, preocupado por los mercados -siguen atacando a España sobre todo por el déficit autonómico y rebajan las calificaciones de las deudas regionales a bono basura-, lanzó un mensaje muy duro en Financial Times sobre el control de los excesos de las comunidades. Guindos llegó a decir que habría un control previo de sus presupuestos por parte del Estado. Montoro lo desmintió. Además, les dijo a los consejeros del PP que no va a dejar caer a ninguna autonomía -algunas sufren graves problemas de liquidez-. Y ayer fue aún más lejos.

La vicepresidenta obvió la noticia; el ministro la reservó para Andalucía

Las comunidades estarán obligadas por ley a fijar un techo de gasto

En un mitin en Andalucía, su comunidad, en la que el PP busca arrebatar el poder al PSOE en marzo, anunció que les va a dar oxígeno: si las autonomías se comprometen a recortar el déficit -es casi seguro que lo harán-, el Gobierno pasará de cinco a diez años el plazo que tendrán para pagar los 24.000 millones que deben a la Administración central por anticipos sobre ingresos previstos que nunca llegaron por el desplome de la recaudación con la crisis.

Las comunidades del PP, lideradas por Galicia, llevan meses pidiendo esa moratoria. Rajoy la defendió en la oposición; tras la victoria electoral lo dejó en un "ya veremos", y ayer Montoro lo transformó en compromiso formal para "favorecer la liquidez de las comunidades y las Corporaciones para que puedan financiar servicios públicos básicos".

Unas horas antes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había dado cuenta de la reunión del Consejo de Ministros y de los planes del Gobierno para resolver los problemas de las autonomías, y no dijo ni una palabra sobre este asunto. La noticia se reservó para un mitin en Málaga, una tierra clave para el PP.

Javier Arenas, hombre fuerte del partido y candidato a las autonómicas andaluzas, es una persona cercana a Rajoy y tiene una gran influencia en el Ejecutivo a través de Montoro y de Fátima Báñez, ministra de Trabajo. Varios dirigentes achacan a ese gran poder de Arenas el hecho de que la posible subida del IVA, que la mayoría da como muy probable, y los recortes más duros, que llegarán con los Presupuestos, se hayan dejado para finales de marzo, después de las elecciones andaluzas. Otros creen que Rajoy está decidido a tomar todo tipo de medidas y que da las andaluzas por ganadas, con lo que no está esperando a que pasen.

El presidente cerrará hoy en Málaga la convención del PP que inauguró ayer Montoro. Será su primer discurso público desde que tomó posesión. Y no los hará en el Parlamento, sino en un mitin en Andalucía, mostrando la importancia política que él le da a las elecciones en la única comunidad que aún domina el PSOE en solitario.

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En cualquier caso, el mensaje de Montoro, unido al compromiso, remarcado por Santamaría en público, de no permitir que un problema de liquidez lleve a ninguna autonomía a la suspensión de pagos, va en la línea de ofrecerles respaldo y oxígeno.

"Tenemos que trabajar todos juntos para resolver los problemas de liquidez o tesorería puntuales que puedan tener. Las autonomías también son Estado. El Gobierno va a trabajar por la confianza y la solvencia de nuestro país", señaló la vicepresidenta.

Pero si esta fue la de cal, también hubo varias de arena. Santamaría anunció que el Consejo de Ministros había estudiado un borrador de la nueva Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria. Es la norma que va a desarrollar la reforma constitucional pactada por el PSOE y el PP en agosto de 2011. Se aprobará en breve, tal vez la próxima semana, después de que se discuta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes. La gran novedad es que las comunidades estarán obligadas por esta ley a equilibrar ingresos y gastos, y además a aprobar en sus Parlamentos un techo de gasto antes de elaborar sus presupuestos, como hace el Estado desde 2002.

Serán ellas las que fijen esa cifra de gasto máximo, y no el Estado, pero fuentes de Hacienda señalan que ahora estarán obligadas por una ley a evitar el déficit. Y eso, creen, hará que cumplan. Para las que no lo hagan, habrá un mecanismo corrector y, en último caso, sanciones, que serán económicas, aunque la vicepresidenta no quiso aclararlas. En la línea de la cal, la vicepresidenta insistió en que las comunidades tienen "amplio margen de decisión" también para elegir cómo reducir organismos y ahorrar.

La próxima semana también podría ir al Consejo de Ministros la reforma laboral, de la que Santamaría no quiso dar tampoco ningún detalle.

La vicepresidenta se defendió de los vídeos que está elaborando el PSOE -el PP ha contratacado con otro-, en los que se ve las decenas de ocasiones en que los dirigentes populares -incluida ella misma, pero sobre todo Rajoy y Montoro- dijeron que las subidas de impuestos solo sirven para destruir empleo y prometieron que los bajarían. "El PP no era ni es partidario de subir impuestos. Nos encontramos con un déficit del 8%. Tomamos decisiones que a nadie le gustan, habríamos tomado otras si el déficit no fuera del 8%", sentenció.

www.elpais.es 14.01.12 08. CAÑETE ANUNCIA UNA "REFORMA MUY PROFUNDA" DE LA LEY DE COSTAS Estudia alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea - El Gobierno "simplificará la normativa ambiental" para agilizar trámites La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma sufrirá una "reforma muy profunda" para "poner en valor" el litoral, según anunció ayer el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Lo hizo en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea, adelantó que "simplificará trámites ambientales", dará "seguridad jurídica" y potenciará el turismo en parques nacionales. El ministerio quiere "poner en valor" el litoral y dar "seguridad jurídica" Cuando estaba en la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque insiste en que es pronto para conocer cómo quedará finalmente la normativa. Populares relevantes, como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo, entre otros, se reunieron la pasada legislatura con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, ha elaborado documentación sobre cómo reformarla. Aunque el programa electoral no citaba una

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modificación de la ley, Cañete adelantó una reforma a fondo para "armonizar el desarrollo económico con la debida protección de los recursos naturales". Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un problema de inseguridad jurídica. Además, existen presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados porque hay extranjeros afectados. La ley, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no marca una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, es dominio público la playa, las dunas, la primera línea, los marjales y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos. Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido (está deslindado el 95% de la costa). Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad. Los ecologistas criticaron el anuncio y Greenpeace anunció "fuertes movilizaciones" porque creen que busca enladrillar la playa y consolidar ilegalidades. En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es muy complejo porque en los más de 20 años de ley ha habido expropiaciones y derribos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones. El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal pero encalló en el Congreso. Ahora, con esta reforma, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería "dramático", según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables. Además, Arias Cañete anunció una "simplificación de la normativa ambiental" para "agilizar trámites" y que no se frene la inversión. En la línea de reducir las trabas ambientales, dijo que quiere potenciar "las actividades turísticas en los parques nacionales" y alcanzar un "pacto nacional" del agua. www.elpais.es 14.01.12

09. GUINDOS APUESTA POR EL CONTRATO ÚNICO EN UNA TRIBUNA EN EL 'WALL STREET JOURNAL'

El ministro de Economía defiende los recortes del Gobierno y el límite de déficit público

Apuesta por simplificar la contratación y critica el actual sistema de negociación salarial

El Consejo de Ministros estudia hoy la reforma laboral y la del sistema financiero

"Actualmente contamos con cerca de 40 diferentes tipos de contrato de trabajo. Hay que simplificar este sistema: un contrato único a tiempo completo con cláusulas comunes para todos los nuevos trabajadores, y otro para fomentar la contratación a tiempo parcial". La reforma del mercado laboral, junto a la del sistema financiero y la reestructuración del sector bancario, será, en opinión del ministro de Economía, Luis de Guindos, decisiva para el futuro de España. Así lo manifiesta en una tribuna que hoy publica The Wall Street Journal, en la que asegura que estas medidas "persiguen un objetivo simple pero fundamental: fomentar la creación de empleo y la productividad con el fin de mejorar la competitividad de las empresas españolas y de la economía en su conjunto".

Guindos, que también critica el actual sistema de negociación salarial, se dirige a los inversores directamente desde la voz de los mercados para recordar que "la consolidación fiscal no es una opción", porque "es un requisito para garantizar la confianza de los inversores y garantizar la sostenibilidad" de las cuentas públicas y la estabilidad macroeconómica del país . "Esta",

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asegura "es la razón de que la primera decisión adoptada por el nuevo Gobierno Rajoy, fue la adopción de un paquete duro de recortes de gastos y un aumento progresivo en el impuesto del IRPF".

El titular de Economía justifica las medidas como "necesarias para compensar el impacto del inesperado salto en el déficit público en 2011 a 8% con respecto al 6% inicialmente previsto". Y lo hace destacando que, pese a ser impopulares, tuvieron el respaldo del Parlamento sin mencionar que el PP tiene mayoría absoluta.

En el texto, el ministro recuerda que España es unode los países más afectados por la crisis en materia de desempleo y, junto a la puesta en marcha de un contrato único, aboga por lanzar políticas activas de empleo que faciliten la recolocación de empleados en los sectores más productivos.

Estas consideraciones del ministro llegan justo después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntara en un informe que a España le esperan dos años de recesión, con una caída del 1,7% en 2012 y de un 0,3% en 2013; y horas antes d que el Consejo de Ministros estudie hoy tres informes sobre la reforma laboral, sobre la reestructuración del sector financiero y sobre la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria, defendida en la tribuna del Wall Street Journal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, adelantó el pasado martes que el Gobierno aprobará la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la reestructuración del sistema financiero entre el Consejo de Ministros del 27 de enero y los dos primeros del mes de febrero. En cuanto a la negociación salarial, insiste en que los suelos deberían fijarse en función de la productividad y no en la inflación; así como carga contra los convenios sectoriales. En su opinión, este modelo en el que priman más los acuerdos sectoriales o los autonómicos sobre los estatales y que restan peso a los de empresa, han sido "la principal razón de pérdida de competitividad" que ha sufrido el país en la última década.

Rajoy descartó la posibilidad de que la reforma laboral se apruebe hoy , aunque el Gobierno ya está trabajando en este proyecto, después de que el pasado lunes expirara el plazo dado a los agentes sociales para remitir sus aportaciones al respecto. El jefe del Ejecutivo resaltó además la importancia de sacar adelante estas reformas porque son buena parte de los instrumentos, a su juicio "los más urgentes", para trabajar hacia el gran objetivo que es volver a crecer y crear empleo.

El pasado fin de semana, tanto el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, como su homólogo al frente de Industria, José Manuel Soria, rechazaron a la hora de reformar el mercado laboral la propuesta de la CEOE de poner en marcha un contrato de crisis con 20 días de indemnización. Frente a esta opción, la reforma que prepara el Gobierno prestará atención a otras reclamaciones patronales. Una de ellas es la generalización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, y no 45 como contempla el contrato ordinario actual.


10. EL GOBIERNO ABRE LA PUERTA A EXTERNALIZAR LOS INFORMATIVOS DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

El proyecto de reforma de la ley audiovisual retira el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas

El anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual que prepara el Gobierno no solo permitirá a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas —público, privado o modelo mixto—, sino que, además, abre la puerta a la externalización de los servicios informativos y elimina la obligatoriedad de

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que la mayoría de la programación de las cadenas de televisión públicas sea de producción propia.

En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, se retira el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes "ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos". También se eliminan los párrafos en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia "de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas".

En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluida RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE. El funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado, sin embargo, por un conjunto de leyes específicas, entre las que figuran la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública y que no han sido modificadas.

El texto elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación sea de producción propia

Tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que "las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada".

En la exposición de motivos, el Ejecutivo razona que la situación económica y la necesidad de las administraciones públicas de “acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconseja proporcionar a las comunidades autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de comunicación audiovisual".

En este sentido, el texto justifica la eliminación de "determinadas limitaciones existentes" en la Ley Audiovisual relacionadas con "la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas", así como la introducción de una "mayor flexibilidad" en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.


11. EL FISCAL VE "IMPRUDENCIA GRAVE" EN LA CÚPULA MILITAR QUE CONTRATÓ EL YAK-42 Pide al juez que dé por concluida la instrucción y las partes le digan si abre juicio o sobresee la causa La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que concurren "indicios que definen la culpa o imprudencia grave generadora de responsabilidad penal en relación con las 62 muertes producidas" en el accidente del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía). Y eso pese a que antes de las navidades se inclinaba por pedir al juez Fernando Grande-Marlaska que dictara el sobreseimiento de la segunda causa penal abierta por el accidente, la relativa a las irregularidades en la contratación del aparato por parte del Ministerio de Defensa a través de la agencia NAMSA de la OTAN. La noticia sobre ese criterio motivó la reacción airada de los familiares de los militares fallecidos. Las familias de los militares fallecidos se felicitan por el informe de la Fiscalía Aunque ve indicios, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza ha preferido no pronunciarse aún sobre si procede abrir juicio oral y se limita a decir que "resulta pertinente que el instructor" decida dar por concluida la instrucción y continuar con la tramitación del procedimiento.

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En un escueto informe, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, se remite al artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que el juez dé traslado a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Las familias de las víctimas ya han solicitado que se abra juicio oral contra los seis militares imputados, entre los que se encuentran el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de División Juan Luis Ibarreta. Influir en el siniestro Los defensores del juez celebran un acto de apoyo hoy en Madrid El fiscal recuerda que se han investigado las causas que "por acción u omisión hayan podido influir en el siniestro", en particular, "en la actuación de las autoridades españolas en relación con la organización, contratación, ejecución y vigilancia, inspección y supervisión del vuelo". Los informes periciales, añade, acreditan que el avión "no reunía las condiciones mínimas de seguridad". Su conclusión es que la omisión "de los más elementales objetivos del cuidado en el ejercicio" de sus funciones, aunque se conocían "las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban los vuelos de esta clase (lo que hacía previsible que el siniestro pudiera suceder)", sirve para establecer que concurren indicios de una "imprudencia grave". Los familiares de las vícti-mas mostraron su satisfacción por el informe fiscal y dijeron confiar en que Marlaska no acabe archivando el procedimiento y el juicio oral se produzca cuanto antes www.publico.es 14.01.12

12. GUINDOS-MONTORO, ¿BATALLA O TEATRO?

- Hacienda da por ahora la versión suave, pero las decisiones llegarán en marzo - El ministro de Economía, más tecnócrata, asume de momento el papel de duro

Fue la decisión clave del nuevo Gobierno y sus consecuencias se han visto de inmediato: no hay vicepresidencia económica, y con un presidente con muy poca presencia -aunque esta semana eso cambiará con sus citas internacionales, que arrancan hoy en La Moncloa con el presidente francés, Nicolas Sarkozy-, la competencia entre Luis de Guindos, ministro de Economía, y Cristóbal Montoro, de Hacienda, es el centro de todos los comentarios internos y externos. Ambos tienen seguidores y detractores. Dentro y fuera del PP. Pero no solo es una cuestión personal. Detrás hay algo mucho más de fondo: la decisión de lanzar mensajes muy duros a las comunidades autónomas por su desviación de gastos, como hace Guindos, o darles oxígeno, como hace Montoro.

Montoro es más un hombre de partido, trata de contentar a los barones

Fuentes del Gobierno explican que esta dicotomía tiene que ver sobre todo con el público al que se dirigen los dos ministros. Guindos es el responsable de lanzar mensajes de credibilidad a los mercados, el que irá esta semana al Ecofin en Bruselas, el que habla con Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea, o Wolfgang Schauble, ministro de Economía alemán, y con los responsables de fondos de inversión. Y a todos les tiene que convencer de que España será capaz de reducir su déficit. Y la pregunta que todos se hacen en ese mundo es qué mecanismos tiene para obligar a las autonomías a recortar. El ejemplo de 2011, cuando Elena Salgado prometió a esos mismos interlocutores que obligaría a las autonomías, que se excedieron en el gasto en 15.000 millones, pesa mucho. Por eso Guindos carga su discurso y hace el papel de duro.

Por el contrario, Montoro es, frente a un Guindos más tecnócrata -aunque tiene trayectoria política y no es ajeno a ese mundo-, el hombre del partido, muy pendiente de las elecciones andaluzas -Javier Arenas colocó a este político andaluz como cabeza de lista en Sevilla y es su gran apoyo- y de tratar de contentar a sus barones autonómicos, apretarles pero no ahogarles.

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El propio Arenas aplaudió en Málaga el sábado frente a Rajoy la "gran noticia que ha dado Montoro al aplazar el pago de los anticipos [dinero que las comunidades tienen que devolver al Estado]. Andalucía debe 6.000 millones, es un balón de oxígeno para la sanidad y la educación". "Montoro siempre ha tenido un perfil más social y político", aclaran fuentes gubernamentales.

Montoro presentó las subidas de impuestos y los primeros recortes. Pero desde entonces promueve su imagen de cara amable del Gobierno. Ayer decía en Abc que "subir el IVA duplicaría la caída de la economía" y que "sería un enorme error poner en marcha el contrato de crisis con 20 días de despido", que pide la CEOE.

Muchos en el PP y en el Gobierno sostienen que la batalla interna la ha ganado de momento Montoro, que desmintió el planteamiento de Guindos en Financial Times de hacer un control previo de los Presupuestos autonómicos. Y destacan que, aunque sea por una cuestión de protocolo -su ministerio es más antiguo-, será Montoro quien presida la Comisión para Asuntos Económicos cuando Rajoy no pueda acudir. Señalan que en una guerra Montoro-Guindos siempre ganará el primero porque tiene más avales políticos, desde Arenas a Sáenz de Santamaría, mientras el segundo es un outsider, aunque cuenta con la confianza total de Rajoy.

Pero otros aclaran que al final, y más después de la nueva bajada de calificación de la deuda española, los mercados siempre acaban imponiendo su ritmo y es ahí donde la política más dura de Guindos, que empezará a ser más protagonista con la reforma financiera y las citas en Bruselas, se impondrá. Los partidarios de esta tesis sostienen que la supuesta batalla Guindos-Montoro no es más que un reparto de papeles. Y que la realidad se verá en el Consejo de Política Fiscal de mañana, cuando Montoro deberá exigir a las autonomías recortes muy fuertes, y sobre todo en marzo, cuando lleguen los Presupuestos -ya pasadas las elecciones andaluzas- y el recorte sea descomunal. Entonces no habrá discurso suave que pueda ocultar la realidad.


13. CAJA MADRID, CONDENADA A PAGAR 12 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN POR GESCARTERA

• Rectifica una sentencia del Supremo de 2009

• Éste anuló la responsabilidad de La Caixa y limitó la de Caja Madrid

La Audiencia Nacional ha condenado a Caja Madrid Bolsa a pagar 12,22 millones de euros más intereses por su responsabilidad civil subsidiaria en el fraude de Gescartera.

Esta indemnización coincide con la fijado por el Banco de España, y a ella se añaden los intereses legales devengados desde el 14 de junio de 2001, fecha de la intervención de la firma de inversión, y los intereses previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la primera sentencia dictada el pasado 25 de marzo de 2008 hasta la fecha de su efectivo abono.

La sala cuarta acuerda, asimismo, que dicha cantidad "ha de ser consignada por Caja Madrid Bolsa más el 30% de lo reclamado, calculado para satisfacer los intereses moratorios y procesales vencidos en el plazo de ocho días, con apercibimiento de embargo" si no se efectúa.

Una vez producido el ingreso se procederá al reparto de la cantidad resultante entre todos los acreedores perjudicados en proporción al perjuicio fijado en la sentencia.

Rectifica al Supremo

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La Audiencia Nacional condenó a 11 años de prisión 8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental- en 2008 a Antonio Camacho, propietario y "cerebro" de la trama de Gescartera. Su fraude, un agujero de 50 millones de euros, afectó a unos 4.000 inversores.

Esta sentencia rectifica la fallada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2009, cuando anuló la responsabilidad civil subsidiaria de La Caixa y limitó la compensación de Caja Madrid a lo "ilegítimamente distraído" de sus cuentas desde noviembre de 1999, año en el que comenzó a operar como depositaria de Gescartera.

La resolución del Supremo aseguraba que la entidad bancaria vulneró la legislación vigente sobre apertura de cuentas y gestión individualizada de las carteras, lo que "favoreció objetivamente la estrategia delictiva de los responsables" de Gescartera.

www.elmundo.es 16.01.12

14. AZNAR GANA MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS POR ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS EN LOS AÑOS DE CRISIS

Las estrecheces económicas no afectan a todos por igual. Por ejemplo, el ex presidente del Gobierno José María Aznar ha capeado los años de crisis sin demasiados sobresaltos, según se desprende de las últimas cuentas presentadas al Registro Mercantil por su sociedad familiar. Famaztella (acrónimo de familia Aznar-Botella) ha ganado entre 2008 y 2010 más un millón de euros en concepto de libros publicados, conferencias o artículos. Unos ingresos que se complementan con otras retribuciones, como las que el político recibe como consejero de News Corporation, el imperio audiovisual del magnate Rupert Murdoch, o desde el pasado año como asesor de Endesa.

El ex dirigente del PP presentaba hace apenas días las últimas cuentas de su compañía, correspondientes al año 2010. De acuerdo con los números aportados, la firma registró un beneficio de 225.277,18 euros. Aznar baja el ritmo respecto a los años anteriores, pero aún así acumula ganancias por valor de 1.083.464,51 millones de euros en los tres últimos ejercicios. No en vano su sociedad se embolsó en 2009 una cifra récord de 445.417 euros y en 2008 alcanzó los 412.770,25. Desde su creación, en el año 2004, la empresa familiar del que fuera presidente del Ejecutivo se ha apuntado más de dos millones de euros (en concreto, 2.072.209,84).

Además, la compañía mantiene 1,34 millones de euros en inversiones financieras a largo plazo y otros 235.210,84 en inversiones a corto. Eso sí, Aznar atesora esos activos en dólares, por lo que se benefició en 2010 de la caída del euro frente a la divisa estadounidense: la diferencia de cambio le reportó 62.782,63 euros extra. Dispone en caja de la nada despreciable cantidad de 228.245.58 euros. Por el lado de los gastos, apenas se le van 10.446,87 euros en personal y pagó en concepto de Impuesto sobre Beneficios 87.961,48 euros, lejos de los 140.458,86 euros que abonó en el ejercicio precedente, cuando sus resultados prácticamente se duplicaron.

La sociedad tiene por objeto social “la explotación de los derechos de propiedad intelectual de doña Ana Botella Serrano y de don José María Aznar López en todas sus manifestaciones, como libros, escritos, discursos, alocuciones, conferencia y otras análogas”. El capital social a 31 de diciembre de 2010 es de 3.006 euros, montante con el que se fundó una empresa en más de una ocasión recorrida por la polémica. A mediados de 2006, cuando se formalizó su relación con News Corporation, el ex presidente tuvo que publicar una nota para explicar la relación de Famaztella con el holding de Murdoch durante el periodo de incompatibilidades, dos años en los que ambas partes mantuvieron “colaboraciones ocasionales”.

Otro medio millón al año

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No son las actividades como conferenciante y escritor la principal fuentes de ingresos del presidente de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES), el think tank del PP. Según datos de la propia compañía, la compensación que recibió de News Corporation en el año fiscal concluido el 30 de junio de 2011 se elevó a 230.000 dólares, 100.000 en efectivo y 130.000 en acciones (unos 180.000 euros al cambio actual). Aznar se incorporó al Consejo del grupo de medios en junio de 2006 y fue reelegido por un año el pasado mes de octubre en una junta general de accionistas marcada por el escándalo de las escuchas ilegales en Reino Unido en relación con el rotativo News of the World.

Del mismo modo y como adelantó El Confidencial a principios de 2011, Aznar también percibe una cuantiosa retribución como asesor externo de la cúpula directiva de Endesa. Oficialmente, la compañía que preside Borja Prado contrató al ex líder del PP para orientara su estrategia, especialmente en lo que concierne a Latinoamérica. Aunque la eléctrica no hace público el salario que abona a sus asesores, fuentes conocedoras del contrato aseguraban entonces que superaba con creces los 200.000 euros anuales y que podría alcanzar los 300.000 en función de objetivos. Los ex presidentes del Gobierno también cuentan con un sueldo vitalicio de unos 70.000 euros anuales.

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/16/aznar-gana-mas-de-un-millon-de-euros-por-articulos-y-conferencias-en-los-anos-de-crisis-90968/

15. LOS RECTORES RECLAMAN EL PAGO DE LAS DEUDAS A LAS UNIVERSIDADES

Los retrasos en los pagos por parte de varias comunidades están ahogando a algunos campus públicos, según los rectores. Los responsables de más de 70 universidades españolas, reunidos ayer en Salamanca en la Asamblea General de la Conferencia de Rectores (CRUE), reclamaron el pago de esas deudas "para poder seguir trabajando". "No podemos permitir que los problemas de financiación deterioren el sistema", dijo la presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle.

El vicepresidente de la CRUE y rector de la Politécnica de Valencia, Juan Juliá, aseguró que Castilla-La Mancha y Cataluña existen algunos problemas de liquidez, pero que las dificultades más graves se deben a los recortes del presupuesto. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana es al revés: las cuentas no han bajado tanto, pero la Generalitat debe a las cinco universidades públicas de la región dos mensualidades de su presupuesto, es decir, 197 millones de euros. A eso, continúa, "se suman otros 600 millones de deuda histórica".

Adelaida de la Calle dijo que las universidades públicas están asumiendo razonablemente los recortes -de unos 300 millones de euros, según calcularon los rectores el año pasado-, pero la falta de liquidez puede dañar seriamente los campus. Existe "una verdadera preocupación", concluyó la rectora.


16. C.A ANDALUCÍA: EL ALCALDE DE ALHAURÍN, CONDENADO POR COHECHO EN EL 'CASO TROYA'

Juan Martín Serón, del PP, deberá pagar 200.000 euros de multa

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 23.000 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, recibió a última hora de la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga la sentencia por el caso Troya. Los 25 folios de razonamientos jurídicos redactados por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga desembocan en una pena leve desde el punto de vista penal -200.000 euros de multa y un año de inhabilitación por un único delito de cohecho impropio-. La sentencia recoge solo una parte las tesis finales de la Fiscalía, que acusaba a Martín Serón de cobrar otros 13 sobornos a cambio de actos legales propios de su cargo.

El alcalde se aprovechó de la confusión de las normas urbanísticas

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Sin embargo, pese a su relativa benevolencia, el fallo tiene una dura lectura política para el regidor alhaurino: supone otorgarle el certificado oficioso de dirigente corrupto. Martín Serón, que durante todo el proceso y durante la fase de instrucción ha disfrutado del apoyo de su partido, anunció a través de su abogado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia ha condenado también a la misma pena al concejal de Urbanismo alhaurino, Gregorio Guerra, quien de común acuerdo con Martín Serón, reclamó bajo cuerda 122.000 euros a un promotor local a cambio de una licencia.

Para el tribunal, los únicos hechos probados en el juicio, que se desarrolló entre el 22 de septiembre y el 16 de diciembre de 2010, son los siguientes: El concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, "de común acuerdo" con Martín Serón, y siguiendo las "órdenes" de este, "exigió con insistencia" al promotor José Burgos Leiva el pago de 122.000 euros "como contrapartida" a una licencia para la construcción de 14 viviendas. Tanto Martín Serón como Guerra "actuaron con ánimo de enriquecerse" y se "sirvieron de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial".

La sala considera, a renglón seguido, que "no ha quedado acreditado" que en el municipio funcionara una trama para el enriquecimiento ilícito de los dos ediles y que consistía en exigir a promotores con intereses en Alhaurín la entrega de dinero a cambio de licencias de obra. Esta posición es coherente con la decisión del fiscal del caso, Juan Calvo-Rubio, de retirar la acusación que pesaba contra 18 de los 20 acusados con que se inició la vista oral, la mayor parte empresarios locales.

En el caso del cohecho solicitado al promotor Burgos Leiva, conocido en Alhaurín como El Perola, Martín Serón y Guerra "actuaban de común acuerdo en su designio criminal", según la sentencia. "Su plan de acción no era otro que aprovecharse de una confusión, en cierto modo promovida por ellos mismos, sobre la legislación urbanística aplicable al Ayuntamiento (...) para exigir al particular la dádiva ocultándole que sin ella el asunto debería legalmente resolverse de igual manera". Guerra, que fue quien trató directamente con el promotor, se negaba a negociar con él por teléfono. Sin embargo, El Perola, que ya había vendido la finca objeto de la licencia a otro promotor, alertó a los agentes del intento de extorsión de que estaba siendo objeto. Con una orden judicial, la policía colocó un micrófono en el principal testigo de la causa y las siguientes conversaciones con Guerra quedaron grabadas. En ella, el concejal volvía a reclamarle los 122.000 euros y le decía que Juan [el alcalde] estaba de acuerdo con estas gestiones delictivas.

Las grabaciones, realizadas entre diciembre de 2006 y el 18 de enero de 2007, fueron el detonante para la detención, al día siguiente, de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra a la salida de un mitin de Mariano Rajoy en Marbella. En los registros practicados por la policía en el despacho de Guerra y en su ordenador la policía halló notas manuscritas y archivos informáticos en los que se calculaba el precio del soborno: 80 euros por cada metro cuadrado de incremento de edificabilidad en la licencia y 6.000 euros por cada vivienda en exceso.

En una de las casas del regidor, los agentes hallaron 64.780 euros en metálico. Martín Serón atribuyó desde un principio esta cantidad a provisiones de fondos de su esposa, economista de profesión, para el pago del IVA de las empresas que gestionaba. El tribunal devuelve este dinero al regidor al entender que "no tiene necesariamente que imputarse a un enriquecimiento que tenga su origen en la actividad delictiva investigada".

Durante los años 2005 y 2006, ambos ediles apenas tienen gastos de bolsillo, ni se retiran fondos de sus cuentas ni existen cargos a sus tarjetas de crédito. Sin poder atribuir este dinero a actos delictivos, la sala "tiene la sospecha fundada" de que Martín Serón y Guerra tenían en esa época "unas fuentes de ingresos desconocidas".

El PP sigue a su lado

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- El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, salió ayer en defensa de Juan Martín Serón. "Estamos convencidos de su inocencia. Vamos a esperar a que en una siguiente instancia se pueda demostrar", afirmó.

- Por su parte, el PSOE reclamó la dimisión del regidor: "Martín Serón no puede seguir ni un minuto más como alcalde del municipio. Mientras siga, el nombre de Alhaurín estará vinculado a la corrupción. Los principales perjudicados en este proceso han sido el propio pueblo y su imagen pública", lamentó Pilar Serrano, presidenta de la gestora socialista de la localidad.

- Tras su detención, el 18 de enero de 2007, Martín Serón, ha revalidado dos veces la mayoría absoluta.


17. C.A ANDALUCÍA: ARENAS: "ESTOY HARTO DE LA MILONGA DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE"

El candidato de los populares promete que gobernará "sin rencor ni revancha"

La convención regional que el PP ha celebrado los últimos tres días en Málaga ha dejado a las claras que si logra gobernar tras las elecciones autonómicas del 25 de marzo habrá un giro radical en la política urbanística de la Junta. El asunto no era materia específica de ninguno de los foros, en los que se han abordado diversos aspectos económicos para el programa del PP, pero la afirmación de Javier Arenas en su último discurso ante el plenario no puede resultar más elocuente. "Somos la mejor zona residencial de la Unión Europea y quiero deciros que estoy harto de la milonga de la economía sostenible, porque el turismo, la agricultura y las zonas residenciales son la mejor economía sostenible de Andalucía", proclamó. Y sobre los aplausos que celebraron la afirmación, apostilló: "harto de la milonga, de la milonga".

El PP dará licencia rápida a empresas y quitará el impuesto de sucesiones

El PP ya ha venido anunciando que que si gana la Junta derogará el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), los planes subregionales, y modificará la Ley del Suelo, entre otros. El sábado Arenas ya hizo la misma alusión en su intervención previa al presidente Rajoy sobre la bonanza y las posibilidades de Andalucía como zona residencial "privilegiada" para los europeos. Además, las recientes afirmaciones del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, acerca de facilitar desde este ámbito los proyectos de desarrollo, parecen anunciar una voluntad de impulso al sector del ladrillo para la reactivación económica.

En la clausura de la convención sobre pymes, autónomos, jóvenes y empleo, Arenas anunció medidas de apoyo a los emprendedores, como la eliminación de la burocracia y la creación de la "licencia exprés", que permitirá reducir a 24 horas los trámites precisos para poner en funcionamiento una empresa, deducciones fiscal y bonificaciones para la contratación de jóvenes, y un plan de concentración de pymes para favorecer su internacionalización. Arenas también se comprometió a eliminar el impuesto de sucesiones u donaciones de forma gradual en cuatro años.

En la última jornada de la convención regional, los dirigentes del PP volvieron a insistir en el objetivo que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confesó obsesivo de reducción del déficit. Arenas repitió que serán precisos ajustes y "sacrificios" y anunció una ley de disciplina presupuestaria para endurecer las condiciones de gasto de la administración pública.

Pero para la sesión de clausura, Arenas hizo énfasis en asuntos relacionados con la regeneración democrática y la "recuperación de valores básicos de la democracia", algo que dijo será "tarea complementaria" del Gobierno del cambio que presidirá. Aludió por ejemplo a la separación de poderes. "Nosotros no vamos a acosar a los jueces, como hacen otros, rendiremos cuentas, someteremos el control del Ejecutivo al Parlamento, y con claridad en la

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gestión", enumeró. Y concluyó: "Nadie por mucho poder que acumule puede estar por encima de la ley".

Aunque aseveró que no dedicará un minuto a un insulto ni a una descalificación en la campaña, todas estas afirmaciones esconden un reproche severo a la Junta. Arenas aseguró que se propone un cambio "tranquilo" y que si el PP gana, "no habrá rencor ni revancha" y dialogará con todo tipo de organizaciones sociales.


18. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL COBRARÁ POR LA VALORACIÓN DE DEPENDIENTES Y AVANZA EN EL COPAGO

El proyecto de ley de Castilla-La Mancha para modificar otras normas y proceder a los recortes en materia social abre la puerta a cobrar una tasa a cada ciudadano que quiera ser valorado para determinar su grado de dependencia, algo que, hasta ahora era gratuito. Murcia ya cobra 30 euros por ese trámite desde principios de enero.

El Gobierno de Cospedal, además, impondrá el copago para los centros de día, las estancias nocturnas y la ayuda a domicilio, algo que hasta ahora era por completo gratuito para los dependientes. Y los familiares se tendrán que hacer cargo del transporte de estas personas hasta los citados centros, salvo casos excepcionales en que no haya "familiar alguno". O bien pagar el transporte en función de la renta.

Además, la Administración solo pagará a las residencias privadas por las plazas que ocupe, algo que, administrativamente, es complejo, porque algunas plazas, aunque temporalmente estén vacías, están reservadas para la administración y no se pueden rentabilizar de forma privada. "En Castilla-La Mancha nos pagaban el 100% del concierto hasta que se ocupaban esas plazas. En otras comunidades pagan un 50% o un 70%, pero algo tendrán que pagar porque dejamos de ingresar por tenerlas reservadas", dijo ayer el presidente de la patronal de residencias FED, Alberto Echevarría. Al ritmo que incorpora dependientes al sistema esta región en la actualidad, ocupar esas plazas no será algo inmediato, a pesar de la espera de algunos ciudadanos.

En materia educativa, el proyecto que se ha remitido a las Cortes suprime la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB regional a Educación, una norma vigente desde 2010, aunque no tuvo reflejo en los presupuestos de 2011.

Los socialistas de esta comunidad se quejaron ayer de las modificaciones previstas y anunciaron que presentarán una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley donde se engloban los cambios necesarios para iniciar las medidas de recorte.


19. C.A CASTILLA LA MANCHA: EL PLAN DE AJUSTE DE COSPEDAL SUPRIME EL 6% DEL PIB A EDUCACIÓN

Así consta en el proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, calificado por la Mesa de las Cortes y para cuya tramitación se ha aprobado un período extraordinario de sesiones.

El proyecto de ley de ampliación de medidas del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno contiene una batería de cambios en la legislación regional, entre ellos, la derogación de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda o la supresión de la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB a Educación.

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Así consta en el proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, calificado por la Mesa de las Cortes y para cuya tramitación se ha aprobado un período extraordinario de sesiones.

El proyecto incluye las principales medidas anunciadas por el Gobierno regional para tratar de reducir la deuda y el déficit que arrastra la Administración, como el aumento de la jornada de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media o la bajada de su sueldo durante 2012.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que, gracias a la reducción del 10% del complemento específico y asimilados de los empleados de la Junta (nunca más del 3% del salario bruto individual), ahorrará 100 millones de euros.

También incluye el texto normativo otras medidas de carácter laboral, como la congelación de la oferta de empleo público, la reducción de un 15% de las guardias de los médicos o la reducción de la compensación por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día si la incapacidad no tiene su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.

Al margen de las cuestiones laborales, el texto contiene medidas novedosas, como la derogación de la ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, aprobada en el último tramo de la pasada legislatura.

En materia educativa, el proyecto de ley que se ha remitido a las Cortes suprime de la Ley de Educación de la comunidad la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del PIB regional a Educación, vigente desde 2010, si bien no se cumplió en los presupuestos de 2011.

Como se había anunciado, se elimina la gratuidad de los libros de texto, pero también desaparece el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos o alumnas en Infantil y Primaria.

Asimismo, en la ley se incluyen medidas para regular la concesión de complementos de las pensiones a mayores de 65 años que vivan solos y a las viudas.

En el caso de la atención a víctimas de violencia machista, se asegura por ley que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tendrán un centro de urgencia o una casa de acogida, cuando ahora ese umbral se sitúa en 25.000 habitantes.

Asimismo, la nueva ley modificará la ley de Servicios Sociales de la región para establecer, por ejemplo, que sólo se pague a las residencias concertadas por el número de plazas efectivamente ocupadas.

También se suprime el artículo que establece el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia.

La ley de garantías de la atención sanitaria también se ve modificada para aclarar que los pacientes que no sean atendidos en los plazos máximos fijados podrán acudir a otro centro, pero sólo entre aquellos que les oferte su hospital de referencia.

En materia de universidades, la ley mandata a la Junta a dictar normas y procedimientos para el control presupuestario de esos centros educativos.

Asimismo, la ley modifica o suprime diferentes acuerdos entre la administración y los sindicatos sobre condiciones laborales y salariales.

http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=106254

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20. EL PRECIO DE LAS GUARDERÍAS SUBIRÁ UN 19% PARA EL PRÓXIMO CURSO Feijóo avala la privatización de los centros para una gestión "más eficiente" El programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009 prometía no solo cumplir sino incluso "superar el objetivo que fija la Unión Europea" de ofrecer 33 plazas en guarderías públicas por cada cien niños de hasta tres años. Para alcanzar la ratio que recomienda la normativa comunitaria, faltan 2.200 plazas (que sumar a las 2.100 actuales) en escuelas infantiles. Feijóo añadió ayer letra pequeña a aquella biblia de campaña. Reveló que el decreto aprobado horas antes en el Consello de la Xunta establece una "actualización" que incrementará los precios un 19% de media en los tramos que cobra en función de las rentas familiares. "El transporte es público y el chófer no es funcionario", dice el presidente Alega que cada plaza cuesta 500 euros mensuales a la Administración Según explicó el presidente, ese aumento del pago que deberán afrontar los padres entrará en vigor el próximo curso en los centros que gestiona el Gobierno gallego. La norma faculta, sin embargo, a los ayuntamientos a encarecer los precios de sus guarderías que no están en la red del Consorcio de Servizos Sociais este mismo año con el curso empezado y sin límite alguno siempre que tampoco reciban subvenciones de la Consellería de Benestar para este concepto. Cuando entre en vigor -previsiblemente a mediados de febrero- será cada alcalde siempre el que fije sin límite el coste del comedor de estos centros, a diferencia de lo que sucede ahora, que se rige por la misma tabla de precios que fijaba el Gobierno gallego. Según explicó Feijóo, el decreto en ese punto se produce tras una reclamación unánime de la dirección de la Federación Galega de Municipios e Provincias, donde hay representantes de PP, PSdeG y Bloque. El presidente alegó que el encarecimiento del 19% que propone para las escuelas de la Galiña Azul que gestiona la Xunta no compensa el 27% de subida del IPC desde 2002, última anualidad en que se actualizó el importe de los centros infantiles. Explicó que "las rentas familiares inferiores a 1.200 euros, que son el 50% de los usuarios", no sufrirán incremento alguno y que se mantienen las bonificaciones del 20% para familias numerosas. En el mayor de los tramos de salario, las rentas familiares de más de 3.500 euros, el coste por niño sumará 230 euros (incluidos 70 por el comedor). El presidente se esforzó en explicar que los usuarios cubrirán con las futuras tasas el 18% del coste del servicio cuando hasta ahora solo aportaban el 13%. Feijóo también dio a entender que la privatización de las guarderías no tiene vuelta atrás. Que no hay otro camino para alcanzar las 4.500 plazas de escuelas infantiles (actualmente hay 2.100 y está previsto que este año se pongan en funcionamiento otras 1.000) que entregar su gestión a empresas privadas como las que ya van a hacerse cargo de los centros de Monteporreiro en Pontevedra, Carballo y Betanzos durante las próximas semanas. El sindicato CIG alertó en las últimos días de que otras 17 escuelas infantiles seguirán el mismo rumbo y el presidente no se esforzó es desmentir al sindicato nacionalista. Muy al contrario, defendió que su Ejecutivo parte de un modelo de gestión indirecta que contemplaba ya la ley que aprobó el bipartito de PSOE y BNG. Y que "los servicios públicos no se miden en función del número de nóminas que paga la Xunta sino de los ciudanos que los usan". De hecho aseguró que mientras guarderías privadas ofrecen plazas a 300 euros en el mercado libre, las públicas cobran 500 euros a la Administración de los que el usuario paga 160 euros como máximo. "Hay que hacer confluir esos precios", defendió, dejando entrever que las condiciones laborales de los trabajadores de esos centros no son una preocupación de la Xunta, siempre que se atengan al convenio del sector. Comparó ese servicio con "el transporte que también es público por más que los conductores no sean funcionarios" y dijo que su Ejecutivo se reserva el derecho de tutela sobre el

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funcionamiento de las guarderías: "Han de cumplir los mismos requisitos las concertadas que las públicas". Y añadió por último que las guarderías no tienen siquiera la calificación reglada.


21. C.A GALICIA: SE INICIA LA PRIVATIZACIÓN DE SU RED DE GUARDERÍAS

El centro infantil de Pontevedra costó 800.000 euros al Ayuntamiento de Pontevedra -gobernado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores- que asumió el coste de su construcción, los muebles y el resto del material. Lleva un año vacío a la espera de que la Xunta contrate al personal. Tras remolonear durante ese tiempo, el Diario Oficial de Galicia publicó ayer el anuncio de un concurso por el que pagará 763.805 euros cada dos años a una empresa que asumirá su gestión.

Desde el Gobierno gallego aseguran que es la falta de fondos la que propicia la privatización (con este sistema prevén ahorrar en las nóminas del personal, serán contratos laborales de los que la Xunta se desentiende) y admite que otras cinco guarderías seguirán el mismo camino en las próximas semanas. El sindicato nacionalista CIG teme que sean 17 y que el Ejecutivo de Feijóo desmantele la red pública iniciada con el Gobierno anterior.


22. C.A GALICIA: LA FISCAL AMIGA DE ESCRIBANO Y UN EDIL DEL PP NIEGAN HABER DADO EL SOPLO DEL 'CASO ARENA'

El juez instructor del caso Arena sigue tirando de los flecos de las escuchas telefónicas al exdiputado popular Javier Escribano, claves de su imputación por cohecho y tráfico de influencias. Ayer prestó declaración en los juzgados de Ferrol uno de los amigos del político investigado, el concejal ferrolano de Juventud, Borja Carro, del PP. También declaró por videoconferencia una amiga de Escribano, fiscal en A Coruña.

Tanto Carro como la fiscal negaron ante el juez Alejandro Morán que supieran cuál fue el origen del chivatazo del caso Arena a la dirección del PP gallego, que "sin ninguna duda" -así lo constató la policía- estaba al corriente de una investigación secreta de la que alertaron a Escribano, el investigado.

Carro argumentó que él no sabía nada y la fiscal se alineó con las tesis de Escribano, que ya en diciembre se había negado a responder a las preguntas sobre la filtración. En octubre y con sus dos móviles intervenidos, Escribano y la fiscal charlaron a menudo sobre lo que llamaban "el tema". Evitaban dar nombres propios o datos concretos y dejaban muchas frases a medio terminar. Ella, funcionaria de Justicia, le aconsejaba sobre la mejor manera de salir del lío. Los investigadores afirman que el político sabía que estaba bajo sospecha desde el 19 de septiembre "como mínimo".

Poco antes de que el PP forzase su dimisión (el 29 de octubre) para mitigar el escándalo de su imputación en plena campaña electoral, Escribano se plantó en el despacho del fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para preguntarle directamente por qué se le estaba investigando. Los investigadores sospechan que la fiscal fue quien medió para lograr la reunión.

Carro fue citado porque su nombre también aparecía en los informes policiales como uno de los interlocutores a los que Escribano relataba sus reuniones con otros miembros del PP, entre los que mencionaba a Carlos Negreira, alcalde de A Coruña y presidente provincial, y Pedro Puy, portavoz parlamentario. En sus charlas, Escribano relataba las presiones del PP para que dejase su escaño. "Lo cómodo para Feijóo es dar lecciones de moral en la piel de los demás", le dice a Carro el 22 de octubre, cinco días antes de que el TSXG levantase el secreto de la causa. De acuerdo a los informes policiales, el edil ferrolano se limitó a escuchar y se comprometió a no comentar el caso.

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23. C.A GALICIA: EL JUEZ AVALA LAS ESCUCHAS QUE INCRIMINAN A ESCRIBANO Fracasa el intento del exdiputado del PP de anular el sumario por cohecho y tráfico de influencias El juez instructor y la fiscalía ferrolana han tumbado la estrategia del exdiputado del PP Javier Escribano que pasaba por anular las escuchas policiales que propiciaron su imputación en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El caso precipitó el fin de su carrera política y el abandono de su escaño en el Parlamento gallego tras semanas de presiones de la dirección del Partido Popular en Galicia. El magistrado de la sala de Instrucción número 3 de Ferrol, Alejandro Morán, con el apoyo del ministerio público, ha denegado la petición de la defensa de Escribano, que el 13 de diciembre había solicitado formalmente la nulidad de todas las actuaciones del caso Arena. La resolución judicial es firme y contra ella "no cabe interponer recurso alguno". El escrito de la defensa de Escribano reclamando que se anulen unas escuchas que calificó de "ilegales" se registró cuatro días después de que el político popular compareciese en el juzgado (el pasado 9 de diciembre) para declarar como imputado en la causa junto a Fermín Duarte, el industrial de Pontedeume que, según la policía, le regaló un Porsche Boxter a cambio de que el entonces diputado hiciese gestiones en la Xunta a favor de la empresa, Manmer, SL, que estaba bajo sospecha ambiental. El auto del juez Morán, fechado el 30 de diciembre, desmonta en tres páginas y cuatro pasos los argumentos que había esgrimido el letrado de Escribano, Francisco Javier Fernández Tarrío, tratando de borrar de la causa decenas de conversaciones telefónicas que mantuvieron Duarte y Escribano, así como las del político con familiares y amigos.El abogado defensor argumentó falta de motivación para el pinchazo en uno de los dos móviles que el político popular (entonces diputado autonómico) manejaba, su "indefensión" ante la prensa y tambien que las conversaciones eran "ajenas al objeto de la investigación". El nombre de Escribano apareció durante una investigación judicial a la empresa Manmer, SL, que, según la denuncia de la Asociación Gallega de Áridos, vendía como reciclado un material tóxico a base de betún y alquitrán. El segundo argumento del letrado de Escribano alude a la indefensión de su cliente ante la publicación parcial de sus conversaciones en la prensa. El exdiputado concedió, cuando estalló el escándalo, una entrevista a La Voz de Galicia y remitió dos comunicados de prensa: el primero para hacer llegar algunos documentos bancarios sobre el Porsche, que asegura haber comprado por 10.360 euros, y el segundo para denunciar la "desaparición" de uno de los CD con las conversaciones intervenidas, pese a que estas charlas siempre quedan registradas en el Sitel, el sistema de escuchas del Ministerio del Interior Las escuchas que ahora se validan prueban que Escribano supo de antemano que estaba siendo investigado gracias a un soplo muy oportuno a la dirección del PP gallego cuando la causa todavía estaba bajo secreto sumarial. "Por este teléfono no me gusta hablar. No sé si lo tendrán cazado también", le cuenta el 22 de octubre a un amigo del PP en una de las charlas grabadas por la policía. La resolución judicial pone fecha al día en el que los investigadores constataron que Duarte y Escribano ya sospechaban que estaban bajo la lupa de la justicia a cuenta de un coche que el constructor dijo en julio que había regalado al popular para luego desdecirse y asegurarle al juez que se trató de una compraventa corriente. Fue el 19 de septiembre del 2011 "como mínimo" -acota el auto-, y puede que incluso antes. A los agentes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) a cargo de la investigación no se les escapó, y así lo hicieron constar en sus informes, el cambio de actitud de Escribano a raíz del chivatazo. Se deshizo del Porsche, que cambió por un Mercedes CLK, aseguró tener "preparadas" las facturas, aparcó uno de sus móviles y por el otro trató de dar pistas falsas. El juez se hace eco de las hipótesis policiales que señalaron que el parlamentario popular "trataba de dar cobertura legal a la transmisión del vehículo [Porsche]" a través de un móvil distinto al intervenido, lo que motivó el segundo pinchazo. Morán también subraya que "la investigación resultó, en parte, frustrada" por esa filtración de una causa secreta y apunta que

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"el imputado, presuntamente, habría aprovechado ese conocimiento para dificultarla y podría haber borrado parte del rastro delictivo". Otro de los argumentos a los que se agarraba la defensa del popular es que las escuchas del 15 al 23 de octubre, precisamente las más clarificadoras, se realizaron sin autorización judicial. El juez ferrolano aclara que, aunque el mandato del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que autorizó las escuchas se emitió el 15 de septiembre por un mes, la intervención policial no fue efectiva hasta el día 23 por lo que se prolongó hasta el mismo día de octubre, agotando los 30 días del plazo. Es por estas fechas, cuando los agentes recogen con todo detalle los encuentros entre Escribano -todavía parlamentario- y su jefe de filas, Carlos Negreira, alcalde y presidente del PP coruñés, en dos locales céntricos de A Coruña los días 17 y 19. Para la policía es la evidencia definitiva de que la dirección del partido estaba "sin ninguna duda al corriente de la investigación". El secreto de sumario se mantuvo hasta el 27 de octubre y dos días después, la cúpula popular forzó la dimisión de Escribano para evitar que el escándalo de su imputación los salpicase en el inicio de la campaña electoral. www.elpais.es 14.01.12 24. C.A MADRID: EL SUPREMO RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE UN COLEGIO DE EL ÁLAMO El colegio Miguel Ángel Blanco, en el municipio madrileño de El Álamo, acumula ya tres sentencias judiciales en contra de su privatización. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo. No admite el recurso que presentó la Consejería de Educación contra un fallo previo en el que Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo el decreto que había permitido la privatización del colegio público. La sentencia del Supremo, fechada el pasado 1 de diciembre, acaba de ser notificada. Educación sacó este centro de la red de colegios públicos en 2008 para convertirlo en un concertado. El Álamo (7.265 habitantes) no disponía de ningún colegio público. Con su decisión, sentó un precedente. No solo cedía suelo municipal, sino que parte de la construcción fue financiada con dos millones de euros de fondos públicos. La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el colegio Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, con una deuda de 18 millones, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto. Nuevo decreto Tanto la FAPA como el sindicato reclaman ahora que se ejecute la sentencia del Supremo, que el centro vuelva a la red pública y "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas por una actuación que ha sido reiteradamente condenada por los tribunales de justifica", según un comunicado de CC OO. No es la intención de la Comunidad de Madrid, que quiere mantener el centro como está. La consejería ha indicado que tramitará un nuevo decreto para "subsanar" el trámite de solicitar el informe "no vinculante" al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según declaraciones recogidas por la agencia Efe. Educación estima que las sentencias solo aluden a un "defecto de forma" porque no se reclamó ese informe. Ya con los fallos anteriores, consideraron que el fallo no tenía "ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".


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25. C.A MADRID: LOS MIR AVISAN A LASQUETTY DE QUE LA HUELGA DEL 26 SERÁ SIN SERVICIOS MÍNIMOS

El sindicato médico recuerda al consejero que la jurisprudencia no considera plantilla a los residentes - 4.000 facultativos en formación están llamados al paro

Los aproximadamente 4.000 médicos residentes (MIR) que se forman y trabajan en la sanidad pública madrileña están llamados a una huelga el próximo 26 de enero en protesta por los recortes en funcionarios del Gobierno de Esperanza Aguirre. Además de penalizar a los empleados públicos restándoles sueldo si enferman, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé ampliar la jornada de 35 a 37,5 horas semanales, lo que en el caso de los residentes se traduce en la pérdida de retribuciones por las guardias de los sábados. El sindicato convocante, Amyts, mayoritario entre los médicos, ha escrito a la Consejería de Sanidad para recordar que la jurisprudencia no considera plantilla a los MIR, por lo que no deben cumplir servicios mínimos.

El responsable de Sanidad califica de "precipitado" el paro de residentes

Los inspectores médicos critican la penalización en las bajas por enfermedad

El escrito, enviado el 16 de enero a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, tiene por objeto "recordarle con respecto a los servicios mínimos que pretenda establecer, que el criterio jurisprudencial al respecto es sumamente claro en el sentido de la improcedencia de la aplicación de los mismos a este personal". Amyts menciona en la carta que una sentencia del Tribunal Supremo de 1993 recoge que "las funciones asistenciales que el MIR presta, autorizadas bajo la supervisión de los facultativos del centro, tienen un carácter instrumental al servicio de su formación especializada, y no tratan de suplir ni complementar las que incumben a los médicos que integran la plantilla del mismo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades asistenciales". El texto de la sentencia concluye "que la huelga de los MIR no requiere el establecimiento de servicios mínimos, al no tener otras consecuencias que las docentes y formativas".

Si los residentes secundan en masa la protesta, la sanidad madrileña perdería ese día 4.000 de sus 16.000 médicos. Amyts quiere que "se reconozcan y abonen como guardias de 24 horas las realizadas en sábado". Los residentes ya superan ampliamente la jornada de 37,5 horas que ha impuesto el Gobierno regional, con entre 40 y 50 horas, añaden los MIR, que auguran "una sobrecarga de trabajo extraordinaria para los médicos adjuntos que conllevará una disminución de la calidad asistencial".

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, calificó ayer de "precipitada" la convocatoria de huelga de los residentes. Las conversaciones y la negociación, añadió, aún están "muy en la fase inicial". Ahora se trata, dijo, de "hablar, negociar y buscar una solución respondiendo a lo que la ley pide". Una normativa que ya está en vigor y que la Comunidad de Madrid anunció hace un mes cuando presentó las enmiendas a la Ley de Acompañamiento. Pese al tiempo transcurrido, los 60.000 empleados de la sanidad pública aún desconocen cómo se va a aplicar el aumento de 2,5 horas de la jornada.

Lasquetty no precisó ayer cómo afectará a los residentes, que están convencidos de que los sábados pasarán a considerarse jornada ordinaria, por lo que 7 de las 24 horas de la guardia dejarán de pagarse como horas extras. El colectivo mejora su salario base de unos 1.100 euros a base de guardias. La medida les haría perder unos 80 euros por guardia. Aseguran que no les importa trabajar más horas de las que figuran en sus contratos, pero que no quieren hacerlo "gratis" los sábados.

La Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios de Madrid (Aissma) ha hecho público un comunicado en el que tilda de "despropósito irracional" el descuento en las nóminas de los empleados públicos por los días que estén de baja. Los inspectores aseguran que "afectará gravísimamente a todos y cada uno de los trabajadores de la Administración de la Comunidad

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de Madrid" y desmontan el argumento del Gobierno regional de la disminución del absentismo, al que califican de "falacia malintencionada". Añade el comunicado que "no es lógico disminuir el absentismo reduciendo drásticamente la prestación por IT, dado que eso supone considerar a todos los trabajadores absentistas, y por ello es una medida que no discrimina entre enfermedad justificada o no, ni entre grave o banal".


26. C.A MADRID: LOS SINDICATOS RECURREN EL NOMBRAMIENTO DE SCHWARTZ

Pedro Schwartz, nuevo presidente del Consejo Económico y Social (CES), tomó ayer posesión de su cargo, pero no fue bien recibido por todos. Los representantes sindicales presentes en este organismo (CC OO y UGT) le dieron plantón en el Registro de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, les acusó de "montar el numerito".

Tras el acto, los sindicatos presentaron un recurso contra el nombramiento. Piden que se anule porque consideran que se vulneran la ley y el reglamento que regulan la elección. Hablan de amiguismo, caciquismo y de la celebración de un pleno "ilegal" que no se convocó en tiempo y forma. La presidenta aseguró que la actitud sindical se debe a un tecnicismo ("una technicality", dijo ella en inglés), ya que los votos favorables de expertos y empresarios (que conforman el seno del CES con los sindicatos) hubieran facilitado la elección de Schwartz también en otro momento.

Fuentes sindicales admiten que el candidato hubiera resultado elegido en cualquier caso, pero achacan la "prisa" del Gobierno regional en la votación a que no quería dejar el CES "en manos" de las centrales, ya que la presidencia en funciones la ocupaba hasta ayer un representante de UGT.

Perfil "refractario"

Aguirre destacó la condición de "intelectual, economista y liberal" de Schwartz y su trayectoria como "profesor, didáctico" y persona "humilde y de consenso", según las declaraciones recogidas por la agencia Efe. Subrayó su habilidad para emplear "un lenguaje que los ciudadanos comprenden", algo "muy importante" porque "la gente tiene que entender cómo funciona la economía" y que "desgraciadamente la burocracia no resuelve todos los problemas".

Los sindicatos recelaron días atrás de su perfil, al considerarlo "refractario" a los fines del CES, como "su papel de impulsor de diálogo entre los agentes sociales", cuando "teoriza la necesidad de que no existan organizaciones empresariales y sindicales, considerándolas una rémora para el progreso económico". El nuevo presidente del Consejo Económico y Social juró el cargo y se comprometió a "un intercambio de ideas" entre empresarios, sindicatos y expertos en economía, entre los que se incluyó, "de manera acordada y dispuestos todos a divertirnos con la discusión".


27. C.A MADRID: SANIDAD CONOCÍA EL MAL ESTADO DEL AMBULATORIO DE FUENCARRAL EN 2010

El centro de especialidades, con 48 consultas y 68.000 usuarios, cierra porque la Comunidad alega no tener dinero para arreglar deficiencias estructurales

La culpa es de la crisis, dice la Comunidad de Madrid. El centro de especialidades Fuencarral, situado en el distrito del mismo nombre, muy cerca del hospital Ramón y Cajal, cierra el mes que viene y traslada sus 48 consultas y a sus 68.000 pacientes a otros centros sanitarios. El edificio que lo acoge, construido en 1979, tiene graves problemas en la estructura, y las obras para solventarlos son de tal magnitud que resultan "inasumibles" en plena "crisis económica",

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asegura la Consejería de Sanidad. El anuncio del cierre se produjo el martes pasado, pero la Comunidad conocía al menos desde abril de 2010 las graves deficiencias del centro. El Ayuntamiento de Madrid hizo ese año la inspección técnica de edificios (ITE) estipulada a los 30 años de la construcción. El resultado fue desfavorable.

Los vecinos acusan a Sanidad de haber dejado de invertir en el centro

La oposición cree que el traslado masificará las consultas de La Paz

El expediente de ITE del inmueble del número 6 de Olesa de Montserrat se abrió el 28 de abril y detallaba por qué resultó negativo. Presentaba deficiencias en el "estado general" de casi todo: "la estructura y la cimentación", "fachadas, exteriores y medianeras", "conservación de cubiertas y azoteas" y "fontanería y red de saneamiento". Unos meses más tarde, en diciembre, el área de Urbanismo ordenó realizar diversas actuaciones mediante una resolución. Algunas de las obras se hicieron, tal y como consta en un escrito de Urbanismo enviado al gerente del hospital La Paz el 8 de junio de 2011 al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los técnicos inspeccionaron el edificio y comprobaron "que las obras ordenadas han sido parcialmente realizadas".

Sin embargo, quedaban daños de calado, como la "corrosión de soportes y vigas en la cámara sanitaria debido a la constante presencia de agua" que afectaba a la "estructura metálica en la mitad oeste del edificio". Los técnicos detectaron también "fugas en la red de saneamiento" y "embalses de agua en la cámara sanitaria". El tercer problema consistía en "disgregaciones en las fábricas de las distintas fachadas". El escrito del 8 de junio "requiere a la propiedad" que inicie las obras necesarias para solventar todos los defectos que se detectaron en la ITE. Debe hacerlo, añade, "en el plazo de 30 días".

Siete meses después, esas obras no se han realizado. Una portavoz del hospital La Paz asegura que desde entonces se han llevado a cabo algunos arreglos, por valor de 50.000 euros, pero ninguno en la estructura: reparaciones en la cubierta, en el techo del cuarto de calderas, demolición de una escalera y una rampa lateral... Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid aseguró que el edificio tiene pendiente una visita de inspección "en menos de un mes" para comprobar el estado el edificio.

Probablemente para cuando los técnicos municipales vayan a comprobar si las obras ordenadas hace siete meses se han llevado a cabo, el edificio ya estará cerrado y sin uso. El traslado de los profesionales que atienden las 48 consultas de diferentes especialidades médicas será paulatino a lo largo de febrero. El 29, como muy tarde, cerrará completamente. La Consejería de Sanidad asegura que el traslado obedece al objetivo de "preservar la seguridad de los profesionales y los pacientes".

El anuncio del cierre, el martes pasado, ha pillado por sorpresa a los trabajadores y a los usuarios. Hoy empezarán a distribuirse en el ambulatorio y en los centros de salud desde los que se deriva a los pacientes (Periodistas, Virgen de Begoña y Fuencarral) carteles informativos. Los usuarios que ya tuvieran una cita programada recibirán por teléfono una nueva en el centro que les corresponda, que puede ser el hospital La Paz (41 consultas) o los centros de especialidades de Peñagrande y José Marvá (las otras siete). "Procurando que dicha cita sea con el especialista elegido", asegura el cartel.

De posible "colapso" y "masificación" de La Paz hablaron ayer tanto el concejal socialista Pedro Zerolo como el diputado de IU Rubén Bejarano. El traslado "masificará las consultas externas de La Paz y desviará a los vecinos del distrito al sistema sanitario privado", dijo Zerolo. Para Bejarano, el cierre "se enmarca en el proceso de deterioro de la sanidad pública". El diputado presentó ayer una pregunta para que se trate el tema en el próximo pleno de la Asamblea. "Se anuncia el cierre pero no se dice cuánto costaría arreglarlo. Queremos que nos digan la razón real", añadió.

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La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) mostró ayer su "contundente rechazo" al cierre. Los daños del edificio son consecuencia del "deterioro" que los vecinos llevan denunciando desde hace al menos 10 años y que "provocó el traslado del servicio de Atención Primaria a otro centro". La Consejería, asegura en un comunicado, "no ha invertido un solo euro en mejorar las condiciones del centro de especialidades, exceptuando la reciente y absurda inversión en rejas para las ventanas".


28. C.A MADRID: BOTELLA ANUNCIA QUE DEDICARÁ UNA CALLE A MANUEL FRAGA

Madrid tendrá una calle o una plaza con el nombre de Manuel Fraga. Ana Botella anunció ayer que propondrá al pleno del Ayuntamiento -en el que el PP tiene mayoría- dar el nombre del fundador de Alianza Popular, fallecido el día pasado 15, a una calle o a una plaza de la ciudad como homenaje a una persona que fue "ponente en la Constitución, fundamental en la Transición y que sin su aportación no se puede entender la vida política española".

En una entrevista en el programa El Círculo, de Telemadrid, la regidora -que el lunes viajó al municipio gallego de Perbes para asistir junto a su marido, José María Aznar, al entierro del político gallego- ha justificado su propuesta en la relevancia de la figura de Fraga. La primera edil ha recordado que conoció al fundador de Alianza Popular cuando ella era una veinteañera y que ya entonces el político predecía una situación en la que en España se viviría una "mayoría natural en torno a ideas de centro-derecha".

"Fraga es una persona clave en la Transición española y en algo tan importante como ha sido el Partido Popular", ha dicho durante la entrevista la alcaldesa, que ha señalado que "el partido que él fundó ha llegado, por el esfuerzo de muchas personas, a esa mayoría natural que él predijo que se iba a producir en España en torno a las ideas que defendió".

Durante la entrevista en Telemadrid, Botella también ha anunciado un nuevo aplazamiento de su primera entrevista como alcaldesa con Esperanza Aguirre. La cita se suspendió por primera vez el pasado martes precisamente por el fallecimiento de Fraga. Su encuentro se pospuso a mañana, pero finalmente tendrá lugar el lunes, según ha confirmado la propia regidora.


29. C. VALENCIANA: EL DESVARÍO

La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de España, sin bancos ni cajas propios, con gravísimos casos de corrupción y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un día fue próspera y envidiada se ha convertido en el símbolo del desvarío político y la mala gestión. Esta es la historia de su caída

En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

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La Comunidad Valenciana, antes envidia de muchos, ahora da la sensación de ser la Grecia española

Los casos de corrupción se suceden desde hace años. Rajoy ha colocado un 'cordón sanitario' alrededor de Valencia

La enmienda a la totalidad de Alberto Fabra a la política de Camps encuentra resistencias en el PP

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de

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Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

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¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank.

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A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana".


30. C. VALENCIANA: EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante

La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".

La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat

Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.

En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.

En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales

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de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.

El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.

Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".

Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.

En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.

Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.


31. C. VALENCIANA: EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL

El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso

El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps

El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.

El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía

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darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".

"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.

El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.

La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.


32. C. VALENCIANA: EL CONSELL DEBE A LOS PROVEEDORES 2.500 MILLONES DE EUROS Ciscar afirma que en dos meses la Administración se pondrá al día Los impagos de los proveedores se han acumulado de tal modo que la cantidad que debe la Generalitat ronda ya los 2.500 millones de euros. La cantidad la confirmó ayer el vicepresidente del Consell, José Ciscar, que afirmó que el Consell espera ponerse al día en un plazo de dos meses. Ciscar, en una entrevista en Ràdio 9, aclaró que esta cifra de 2.500 millones no incluye otros compromisos de la Generalitat con otras Administraciones. "No podemos hacer la pelota cada vez más grande", dice el jefe del Consell Ciscar explicó que las deudas se abonarán según las prioridades fijadas por el propio Consell. "No cobra antes quien hace más ruido", aseguró el vicepresidente en referencia al cierre que protagonizaron los farmacéuticos el pasado mes de diciembre. "Algunos que no se han hecho notar han cobrado antes", sentenció. "Lo próximo será la liquidación de los gastos de funcionamiento de los centros de enseñanza, públicos y concertados; los libreros; las universidades y los farmacéuticos", explicó Ciscar. El presidente de la Generalitat anunció el pasado miércoles que la transferencia de 420 millones que adelantará el Gobierno este mes, con cargo a la liquidación del año anterior, se destinará a pagar a los proveedores. "Una de las máximas obsesiones que tengo es pagar a los proveedores", insistió. Sin embargo, el adelanto de 420 millones del Gobierno se revela insuficiente para hacer frente a una deuda de tal magnitud. Tanto que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se reunió en Madrid con el ministro de Economía, Luis de Guindos, el miércoles por la tarde, tras acabar el pleno de las Cortes Valencianas en el que se aprobó el tijeretazo que rebaja el salario a los empleados públicos y sube el precio de la gasolina y la presión fiscal. En la reunión, supuestamente, Alberto Fabra reclamó al ministro una solución para refinanciar los créditos que le vencen al Consell este año y que ascienden a cerca de 5.000 millones de

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euros."Una de las máximas obsesiones que tengo es pagar a los proveedores", aseguró ayer el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, durante su visita al pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. "Tenemos un nivel de ingresos equivalente al que teníamos en 2004, sin embargo los gastos son de 2011 y durante todo ese tiempo hemos visto cómo un millón de personas vienen a vivir a la Comunidad Valenciana", argumentó el jefe del Consell ante una representación de políticos y empresarios. "Tenemos que hacer que se incremente el capítulo de ingresos y reducir los gastos. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", indicó. "Las Administraciones tardaron en reaccionar a la crisis", remató, "y lo que no podemos es hacer la pelota cada vez más grande". Fabra se reunió el miércoles por la tarde en Madrid con el ministro de Economía, Luis de Guindos, con quien abordó la necesidad de que el Gobierno fije cuanto antes un mecanismo que permita a la Generalitat poder renovar los créditos a los que tendrá que hacer frente este año. Unos préstamos que rondan los 5.000 millones de euros, y en los que se incluye la mayor parte de la emisión de bonos patrióticos suscrita el pasado mes de diciembre. Fuentes de la Generalitat explicaron que Fabra mantiene un estrecho contacto no solo con Guindos, sino con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dada la situación financiera de la Administración valenciana. Fabra se lamentó ayer de que el Gobierno socialista no hubiese transferido a la Generalitat los 633 millones del fondo de competitividad. Dificultad que sumó al hecho de detraer otros 1.000 millones "que hubo que pagar a los bancos y restarlo al pago de proveedores". "El sistema financiero ha cambiado, en estos momentos los bancos te dicen que pagues los vencimientos", dijo Fabra, que añadió: "Estamos hablando con el ministerio para que los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) sirvan también para pagar a proveedores y no para otra cosa". El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, tiene previsto entrevistarse el próximo lunes con el ministro Montoro, para concretar cómo se pondrán en marcha los créditos del ICO.


33. C. VALENCIANA: SITUACIÓN LÍMITE EN LA ENSEÑANZA

Ultimátum de los centros de Secundaria al Consell por la deuda - Corte de luz en un instituto de Alicante por falta de pago

La deuda de la Generalitat ha llevado a la educación pública a la asfixia. La situación de los centros públicos es desesperada porque no pueden afrontar los gastos que genera la propia dinámica del servicio que prestan. El caso del centro de Secundaria Jorge Juan de Alicante, al que ayer le fue cortada la luz porque no había podido pagar el servicio desde octubre debido a que no recibe los ingresos de la Consejería de Educación, marcó el rumbo que se pueden ver obligados a seguir la mayoría de los institutos de la Comunidad Valenciana.

Los directores de los centros de Secundaria celebraron ayer asambleas en las tres capitales de provincia para analizar la dramática situación a la que se han visto abocados por la delicada situación financiera del Gobierno valenciano. En respuesta, dieron un ultimátum al Consell para que abone los dos cuatrimestres de 2011 que les debe (32,5 millones), que expira el martes. Si el Consell incumple de nuevo, se abre un escenario de movilizaciones. Los más de 40 centros de Secundaria de Castellón ya han dado un paso en esa dirección y la próxima semana llevarán a cabo encierros como medida de presión.

Esta situación, agravada por los recortes del Consell, han avivado las protestas que los profesores. Ayer la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, un colectivo integrado por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) y los principales sindicatos de educación, anunció la convocatoria de una manifestación para el próximo sábado, en Valencia y Alicante, para denunciar la situación que atraviesa el sistema público .

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Pero las consecuencias de la deuda del Consell no paran ahí. También comprometen el funcionamiento del sistema universitario valenciano. Las cinco universidades públicas de la Comunidad (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitat Jaume I de Castellón) hicieron frente común ayer para denunciar que los impagos del Gobierno valenciano las están llevando "a una situación límite que puede poner en riesgo la prestación del servicio público de educación superior".


34. C. VALENCIANA: ALICANTE SE MOVILIZA CONTRA EL RECORTE DEL BONO DEL AUTOBÚS PARA JUBILADOS

Las críticas generalizadas obligaron ayer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante a salir públicamente en defensa de su decisión de recortar los viajes gratuitos en autobús a los jubilados. De poco sirvió. Los representantes de 11 asociaciones de vecinos de Alicante, principalmente de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, anunciaron tras reunirse con el concejal de Tráfico, Juan Seva, su determinación de luchar contra una medida que perjudica a los más débiles. Los portavoces de las asociaciones anticiparon la presentación en unos días de alrededor de 5.000 firmas contra la medida pero también se mostraron dispuestos a acudir a protestar ante el pleno del próximo 27 de enero para manifestarse y a buscar aliados en su lucha. Y dejaron claro que no van a cejar en su intento.

La oposición exige la retirada de las medidas que dañan a los más débiles

Los representantes de las asociaciones vecinales salieron decepcionados y enfadados de la reunión mantenida con Seva, dado que este no les dio opción alguna para defender su postura o negociar cambios. También criticaron la actitud poco dialogante del edil. Los vecinos pretendían trasladar a Seva las demandas de los ciudadanos de los barrios más deprimidos de Alicante (entre ellos Cuatrocientas Viviendas, Virgen del Remedio o Nou Alacant), y por tanto, de los que más necesitan facilidades para viajar en autobús, pero no tuvieron oportunidad. Seva, según aseguraron a la salida, aseguró que si no se toman las medidas anunciadas el sistema de transporte va a la "bancarrota".

Por la tarde, los pensionistas y jubilados de CC OO y UGT impulsaron la creación de la plataforma en defensa del bono pensionista. A la reunión, muy concurrida, asistieron representantes vecinales, de centros de personas mayores y particulares. En la reunión se defendió la unidad de acción. CC OO y UGT han impulsado también la recogida de firmas (ayer hablaban ya de 6.000) y pretenden convocar de una concentración a finales de esta semana o principios de la próxima. Y solicitarán una entrevista con la alcaldesa Sonia Castedo.

Mientras, ayer los conductores del autobús público recibieron la orden de que a los jubilados que se les termine el saldo del bono les faciliten, hasta el 1 de febrero, billetes gratuitos. Una medida que los sindicatos creen que quiere desactivar su movilización.El concejal de Tráfico, consciente de la fuerte contestación social que está acarreando la medida, se mostró ayer esquivo al ser preguntado por los periodistas por el ahorro que supondrá el recorte de los viajes gratuitos a los jubilados así como por las posibles alternativas a las que podría recurrir el Ayuntamiento para evitar recortar viajes gratuitos a los mayores de la ciudad de Alicante.

Seva fue bastante más explícito cuando presentó hace varias semanas esta medida junto con la revisión de tarifas para este año en el autobús urbano e interurbano, ya que entonces estimó que el recorte del bono oro permitiría ahorrar alrededor de un millón de euros a las arcas municipales. Ayer evitó dar detalles ni de lo que supone este concepto para el Ayuntamiento ni de lo que se ahorrará al limitar los viajes gratis para los mayores. El concejal se limitó a insistir en la difícil situación financiera en la que se encuentra el Ayuntamiento de Alicante y a repetir que la decisión tomada "es la única medida posible para garantizar el sistema TAM (de transporte metropolitano)". Y en la reunión con las asociaciones de vecinos admitió que la medida obedece principalmente al recorte de ayudas públicas que la Generalitat dará al Ayuntamiento a través de la Agencia Valenciana de la Movilidad.

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Y es que pese a las críticas, el equipo de gobierno no está dispuesto de momento a dar marcha atrás en su decisión. "No hay margen para cambiar de postura", enfatizó el concejal durante la conferencia de prensa ofrecida tras reunirse con los representantes de las asociaciones de vecinos.

El concejal de Tráfico sí informó detalladamente de la habilitación de nuevos puntos de información y tramitación del bono oro marcados por el Ayuntamiento para evitar las largas colas de los últimos días. Y para los próximos años abrió la mano a estudiar la progresividad en este tipo de bonos, es decir, que quien tiene menos disfrute de más viajes gratuitos y quien tiene más ayude a sostener el sistema actual de transporte público en la ciudad.

Mientras, las críticas arrecian también desde el ámbito político. Esquerra Unida llevará al próximo pleno una moción para que se deje sin efecto el recorte del bono oro debido al "fuerte malestar social". La formación de izquierdas defendió que la medida supone "un duro golpe" injusto para este colectivo "vulnerable" que tiene una gran dependencia del transporte público para sus gestiones. EU también reclama al Ayuntamiento que convoque el Consejo Municipal de Personas Mayores, una medida que también reclaman públicamente los dos sindicatos mayoritarios. Este foro consultivo se anunció con la vocación teórica de que sirva para tomar las decisiones que afectan, en este caso, a la movilidad de las personas mayores de Alicante. Pese a todo, este foro consultivo aún no se ha constituido.

También el Grupo Municipal Socialista salió ayer de nuevo al paso. "No es posible entender que, desde el equipo de gobierno, se pretenda que la crisis solo sea soportada por los más desfavorecidos, trabajadores, jubilados y pensionistas, así como los parados, a los que se les ha restringido el uso de los telecentros municipales como elemento de búsqueda de empleo", esgrime el principal partido de la oposición en la moción que presentará al próximo pleno municipal.

La última sesión plenaria ya estuvo protagonizada por la subida del autobús e incluso contó con la intervención de la secretaria general de CC OO en L'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, que habló en favor de los pensionistas y jubilados y contra el recorte de sus facilidades de transporte. El próximo pleno tiene visos de seguir la misma línea ya que los ánimos no solo no se han aplacado sino que se calientan con el paso de los días.

La moción que presentará el Grupo Municipal Socialista, de hecho, pretende que se suspendan las medidas de recorte económico que afectan a los trabajadores municipales, el otro gran colectivo afectado por los recortes anunciados en los últimos días por el equipo de gobierno que dirige Sonia Castedo. El PSPV-PSOE estima que las medidas anunciadas suponen una reducción superior al 12% de la masa salarial de los más de 2.000 empleados municipales. Por ello propone abrir una mesa de negociación con sindicatos y grupos políticos en busca de consenso o de alternativas.

Mientras, ayer fue el primer día de movilizaciones de los empleados públicos. Más de 200 personas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento ante el edificio consistorial para protestar por la eliminación de una paga extra, el recorte de las horas extraordinarias o la amortización de casi 50 plazas. Las concentraciones continuarán hasta el próximo pleno, en el que está previsto aprobar los presupuestos de 2012.


35. C. VALENCIANA: ESTALLAN LAS TENSIONES EN EL PP VALENCIANO

Alfonso Rus y Rita Barberá exhiben su malestar con Alberto Fabra y Rajoy

Las aguas bajan revueltas en el interior del PP valenciano. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha encontrado más resistencias de las previstas para hacerse con el control del partido. Sobre todo en la provincia de Valencia, donde cargos como la alcaldesa Rita Barberá y el presidente provincial del partido y de la Diputación, Alfonso Rus, no ocultan su malestar por

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haberse visto desplazados de la posición de privilegio que mantenían en la etapa presidida por el dimitido Francisco Camps.

Barberá habla en público de que "los enredos están volviendo al PP de la Comunidad Valenciana" y Rus se queja de que se entera de las decisiones importantes del presidente de la Generalitat por la prensa.

Quienes fueron dos de los principales pilares de Camps -en una etapa caracterizada por los excesos y algunos de los mayores escándalos de corrupción- ahora evidencian públicamente su malestar con el trato que les otorga Alberto Fabra y la nula presencia del PP valenciano en el equipo de Mariano Rajoy.

El malestar se ha acumulado a medida que el presidente valenciano tomaba decisiones y se desmarcaba de la herencia de Camps.

Tres han sido, fundamentalmente, las decisiones adoptadas por Fabra que han hecho estallar las tensiones en el seno del PP. Por un lado, la decisión de renegociar a la baja el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 que se celebra en Valencia y que es el gran evento que exhibe la alcaldesa. Por otro, el retoque hecho por Fabra en el Gobierno heredado de Camps para desplazar de la vicepresidencia y la portavocía a las dos personas más identificadas con su antecesor.

Pero el elemento que más ronchas ha levantado en Barberá y en Rus ha sido la decisión de Alberto Fabra de aceptar una comisión de investigación sobre el caso Emarsa en el Parlamento. Un escándalo de corrupción relacionado con el saqueo de una depuradora, por el que el juez que instruye el caso ya ha imputado a Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación, y a varios cargos intermedios próximos a Barberá.

En este clima, Rus aprovechó la reunión de la junta directiva regional del partido, celebrada el martes por la noche, para criticar por elevación el poco peso de Alberto Fabra en Madrid. Rus se quejó de que Rajoy trata al PP de la Comunidad Valenciana "como si fuese Guinea Ecuatorial". Y ayer volvió a insistir: "Parece que seamos apestados", prosiguió, "y políticos valencianos hay muy buenos, prueba de ello es que estamos gobernando muchos años". Rajoy no ha nombrado a ningún político valenciano entre sus 13 ministros ni entre sus 32 secretarios de Estado.

La alcaldesa de Valencia tampoco ocultó su disgusto en la reunión y permaneció ostensiblemente callada. Solo cuando un diputado autonómico apeló al valor de Barberá para afrontar situaciones difíciles, la alcaldesa replicó: "A mí, ni nombrarme, prefiero no hablar".

Tanto Rus, en público, como Barberá, en privado, recibieron la amonestación del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, quien les recordó que con Camps nunca se quejaban de lo que se decidía.

Y es que pese a las presiones de Barberá y Rus para condicionar las decisiones del presidente valenciano, el entorno de Mariano Rajoy ya les ha hecho saber a ambos que Alberto Fabra tiene ahora todo su respaldo y es el interlocutor de Génova en la Comunidad Valenciana.


36. C. VALENCIANA: BARBERÁ ADMITE COMO "HABITUALES" REGALOS QUE NEGÓ RECIBIR EN 2009 El juez rechazó una querella de la alcaldesa de Valencia por la noticia de EL PAÍS "Nada se acredita sobre la real existencia de la referida conversación". Este fue uno de los argumentos que utilizó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para querellarse contra EL PAÍS, hace dos años, tras la publicación de una conversación mantenida entre Álvaro Pérez, El

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Bigotes, y Cándido Herrero, encargado de compras de Orange Market, la sociedad con la que la trama corrupta Gürtel operaba en Valencia. "Llevamos cuatro años regalándole. No sirve de nada pero tampoco jode" "Estoy aquí en Louis Vuitton porque hay una cosa que no habíamos pensado... Llevamos cuatro años aquí regalando a la alcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle algo. Luego no nos da nada. No sirve de nada, pero tampoco jode. Voy a comprar un bolso de la colección nueva...", decía El Bigotes en aquella conversación grabada el 2 de enero de 2009. El miércoles todo el mundo pudo oírla, ya que fue reproducida en el llamado juicio de los trajes, por el que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, lleva más de 20 días sentado en el banquillo, acusado de cohecho impropio. Barberá negó la mayor hace dos años, dijo que "jamás en su vida" había recibido regalos de Álvaro Pérez y se querelló contra este periódico por calumnias. El juez sobreseyó el asunto, afirmó que la información era veraz, que el delito que se pretendía "no existe" y que los propios tribunales habían avalado la existencia y veracidad de la conversación. Ayer, después de que todo el mundo oyera la grabación, la alcaldesa de Valencia volvió a saltar a la palestra, pero no para anunciar una querella contra El Bigotes por calumniarla, ni para negar rotundamente la recepción de esos regalos que el ahora imputado decía haberle hecho. Rita Barberá dio otra explicación y sostuvo que "un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual". Lo hizo con el mismo atrevimiento con que hace dos años pretendió comparar los regalos de la trama Gürtel con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regalaba al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "cada vez que visita La Moncloa". "Todo el mundo sabe que Revilla regala anchoas a Zapatero por agasajo o complacencia", dijo. "Y vive Dios que las anchoas son un producto caro, bueno pero caro; por lo tanto, son dádivas", añadió. Barberá ha sido uno de los cargos electos que ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para asistir al juicio a Francisco Camps, el mismo que no solo negó haber recibido regalos, sino que aseguró que no conocía a El Bigotes, a quien en otra grabación se refirió como "amiguito del alma". Quizá ahora Barberá tenga que dar alguna explicación, ya que el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia ha pedido a Fiscalía que investigue si los bolsos que pudo recibir de la trama corrupta la alcaldesa, que también es diputada en las Cortes Valencianas, fueron por su condición de primera edil. www.elpais.es 14.01.12 37. C. VALENCIANA: LOS REGALOS DE EMARSA NO MOLESTAN A RITA BARBERÁ La alcaldesa de Valencia repite que no tiene que ver con Emarsa A Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no le molesta que Emarsa, la empresa que depura los lodos de la ciudad y que está siendo investigada judicialmente tras descubrirse un agujero superior a los 17 millones, le hiciera regalos. "Todos los políticos y funcionarios de este país reciben regalos". Hacía dos días que en el juicio contra el expresidente Francisco Camps por el caso de los trajes se escuchó una conversación grabada el 3 de enero de 2009, en la que el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de esta empresa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, hablaban de comprarle un bolso de Louis Vuitton a Barberá. Gimeno culpa a los populares del descontrol en la depuradora "Todos han recibido regalos. Ya está bien de tanta hipocresía. Yo misma, de los medios de comunicación, y yo regalo en Navidad porque es una costumbre normal y habitual", apostilló. A esta grabación se une el saluda enviado en 2007 por la alcaldesa de Valencia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y principal imputado del caso. En la carta, la regidora, además de desearle grandes éxitos en su trayectoria profesional -Cuesta presentó su renuncia como

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alcalde pedáneo-, le reitera su gratitud "por el obsequio tan bonito que ha tenido la amabilidad de enviarme". "No tiene la menor validez judicial, puede estar fotocopiado, puede ser verdad... Ni me acuerdo", replicó Barberá al ser preguntada por el contenido del saluda.La alcaldesa de Valencia agregó en relación al saluda a Cuesta: "Eso lo único que demuestra es que tengo una secretaría que contesta a las cartas". Barberá se negó a comentar las explosivas declaraciones realizadas el día anterior por el exedil y exdiputado del PP Juan Carlos Gimeno, en las que responsabilizó a su partido, el PP, del descontrol en la gestión de la extinguida empresa pública Emarsa, que gestionó durante años la depuradora de Pinedo. Gimeno, empleado en Emarsa entre 1997 y 2004, se convirtió luego en proveedor de la sociedad pública y ahora el magistrado que instruye el caso le ha imputado por cobrar trabajos que supuestamente no se realizaron. Gimeno se defendió el jueves en una comparencia pública de las imputaciones. El exedil denunció una serie de prácticas habituales en el tiempo en que el PP controlaba Emarsa, lo que atañe al último presidente, el popular Enrique Crespo, alcalde de Manises e imputado, y también al expresidente y ahora concejal del Ayuntamiento de Valencia Silvestre Senent. "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o cercanos y todos los trabajadores eran militantes del partido", subrayó. Y añadió: "Todos sabían que las cosas se hacían así en la depuradora porque alguien decía que se hicieran así". Y, sin desvelar su identidad, comentó que había "bolsos", "carteras" y "ordenadores" que "todos [en la depuradora] sabían a quien iban dirigidos, un cargo público". Interpelada sobre si conocía a esa persona a la que mencionó Gimeno, la regidora replicó que no y que no pensaba contribuir más al enredo. No aclaró, sin embargo, qué obsequio recibió de Cuesta. "Tenía más razón que un santo cuando el lunes pasado dije que los enredos han vuelto [al PP], y no tengo mucho interés en añadir ni un palmo de hilo al ovillo de ese enredo", declaró. En lo único que coincidió con Gimeno es en que se investigue la gestión en Emarsa desde 1991 y no desde 2004, porque, al principio, la empresa estaba bajo el control de los socialistas. Barberá insistió en que no está acusada de nada y lamentó que intenten rozarla con este tipo de casos. "Quiero la máxima colaboración con la justicia y respeto a la presunción de inocencia", dijo. La alcaldesa reiteró que no tiene nada que ver con lo sucedido en Emarsa a pesar del peso que el Consistorio valenciano tiene en la Emshi, el consorcio metropolitano del que dependía la depuradora de Pinedo. En la conferencia de prensa del Consell, el portavoz y vicepresidente, José Ciscar se refirió a Barberá. El Gobierno valenciano cree "absolutamente" en la conducta "totalmente honorable" de la alcaldesa de Valencia y corrobora todo lo dicho por ella respecto a la recepción de regalos, declaró. Ciscar respondió así a las grabaciones escuchadas en el juicio a Camps, en el que se habla de supuestos regalos hechos a Barberá por parte de la trama Gürtel. "La alcaldesa de Valencia, en más de una ocasión, ha manifestado lo que tenía que manifestar, y ni añadimos una coma ni quitamos un punto", afirmó Ciscar. www.elpais.es 14.01.12 38. C. VALENCIANA: UN FUNCIONARIO SE QUERELLARÁ CONTRA BARBERÁ POR INJURIAS Un funcionario de la Generalitat presentará el lunes una querella contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por "injurias y calumnias", después de que ésta afirmara ayer que "todos los políticos y funcionarios de este país han recibido regalos". Alfonso Puncel, miembro de la Junta de Personal de la Administración autonómica, ha

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explicado a EFE que está analizando con su abogado las declaraciones realizadas ayer por Barberá sobre la percepción de regalos por parte de cargos y empleados públicos para ver si hubiera incurrido en otros delitos. Ha considerado que decir que todos los funcionarios han recibido regalos es "una calumnia grave", puesto que incluye a todo el personal empleado público "en una conducta ilegal contemplada en el Código Penal", además de una injuria porque supone un insulto para este colectivo. "Estamos hasta las narices de que se nos incluya en el comportamiento irregular de esta gente. Los funcionarios no recibimos regalos por nuestra condición de funcionarios", ha asegurado Puncel, quien ha acusado a la alcaldesa de querer "disipar la porquería". Ha afirmado que Barberá deberá demostrar que él ha recibido regalos de empresas, ciudadanos o interesados en su condición de trabajador público, y a cambio de qué, y si no se refería a él cuando hizo las declaraciones, ha añadido, deberá decir a quién se refería en concreto. Puncel, quien presentará la querella el lunes en el juzgado de guardia de Valencia, ha invitado a todos los funcionarios a adherirse a la misma o a presentar la suya propia. "Yo, y como yo decenas de miles de funcionarios, trabajamos por un sueldo y por nada más, y rechazamos ser incluidos en lo que parece ser, por sus propias declaraciones, es una práctica habitual, es decir, recibir y hacer regalos en su condición de alcaldesa y política". www.levante-emv.com 14.01.12 39. C. VALENCIANA: PONS DIO UNA OBRA A LOS COTINO AUNQUE NO GANARON EL CONCURSO La empresa del sobrino del presidente de las Cortes valencianas era la tercera La empresa Sedesa Obras y Servicios, SA fue la adjudicataria de una promoción del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) en noviembre de 2006 pese a que no ganó el concurso convocado, en el que obtuvo la tercera puntuación. La firma del grupo que preside Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, fue la escogida para la construcción de 105 viviendas en régimen de alquiler en Pilar de la Horadada con un precio de algo más de seis millones de euros. El gerente del Instituto de la Vivienda estudió con Francisco Camps Era entonces consejero de Territorio y Vivienda, y como consecuencia presidía el IVVSA, el actual diputado del PP en el Congreso Esteban González Pons; el instituto tenía como gerente a Felipe Espinosa Bolaños. La información se recoge en uno de los expedientes de contratación de Sedesa con la Generalitat a los que ha tenido acceso el diputado socialista Francesc Signes tras haber solicitado reiteradamente la documentación. "Ahora empezamos a conocer por qué durante tres años nos negaron los expedientes", señala el parlamentario, "y hasta qué punto la corrupción y las irregularidades del PP y del Consell lo impregnaron todo". De un total de 27 empresas que se presentaron al concurso, Sedesa obtuvo la tercera puntuación, con 77,34 puntos frente a 78,27 de Corsan Coviam Construcción, SA, que lo ganó, y 78,09 de Infraestructuras Terrestres, SA (Intersa Levante), que quedó segunda. Si embargo, la propuesta de resolución que el gerente elevó al presidente del IVVSA, es decir a González Pons, planteaba "adjudicar indistintamente a una de las tres empresas que han obtenido la mayor puntuación en el informe de baremación de ofertas". El consejero escogió a la peor puntuada. "Es indignante tanto hedor a corrupción y cómo han dejado de maltrecha la imagen de una comunidad que se ve al borde de la quiebra", asegura Signes en referencia al trato deparado a

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Sedesa por la Generalitat. Vicente Cotino, el presidente del grupo, está imputado en la parte del caso Gürtel que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. La Consejería de Infraestructuras aseguró ayer que la adjudicación era perfectamente legal por haberse realizado de acuerdo con la anterior Ley de Contratos del Estado y señaló que el consejero no hacía las adjudicaciones. Implicado en el 'caso Ivex' El gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda que hizo la propuesta y firmó el contrato con Sedesa para la promoción de 105 viviendas en régimen de alquiler en Pilar de la Horadada, Felipe Espinosa Bolaños, fue compañero de estudios de Francisco Camps, Gerardo Camps y Esteban González Pons en la Facultad de Derecho, pero su nombre saltó a los medios de comunicación con motivo de sendos escándalos que, en la época de Eduardo Zaplana al frente del Consell, afectaron al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex): uno, por apropiación de fondos, que acabó costando una condena a su exdirector, José María Tabares, y el otro, conocido como el caso Ivex, en el que se investigaron pagos irregulares al cantante Julio Iglesias. Espinosa era director de la oficina en Valencia del Arab Bank, donde Tabares tenía cuentas a través de las cuales movía el dinero. En ambos casos declaró como testigo. Apartado del Arab Bank, Espinosa fue nombrado gerente del IVVSA en 2006 por González Pons y luego designado director general de la empresa pública Vaersa, donde lo mantuvo Juan Cotino, que fue consejero del departamento entre agosto de 2009 y mayo de 2011. www.elpais.es 15.01.11

40. C. VALENCIANA: LA AUDIENCIA AVALA LAS ESCUCHAS DEL 'CASO BRUGAL'

Los 'pinchazos' revelaron el amaño del PGOU de Alicante- Considera que el órgano competente es del tribunal que juzgue los hechos

La Audiencia de Alicante ha dado un espaldarazo a la instrucción de sumario del caso Brugal que investiga una trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante. La sección 1ª del alto tribunal ha dado luz verde a las escuchas telefónicas que destaparon uno de los tres pilares de la causa general: el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.

La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el empresario recibió datos secretos del planeamiento de la mano de la actual alcaldesa del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, a cambio de dádivas. Ambos, diputados autonómicos, están acusados por el fiscal de supuesto cohecho. En este sumario hay ya 18 imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. El primero es hermano de la regidora Castedo y el segundo, un exedil socialista.

En un auto difundido ayer, la sección 1ª de la Audiencia ratifica la resolución del pasado mes de octubre del instructor de la causa del PGOU, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. El magistrado dio por buenas las intervenciones telefónicas practicadas durante la fase de investigación y, además, observó indicios de delito en los hechos.El auto de la Audiencia de Alicante en virtud del cual avala las escuchas telefónicas que dejaron al descubierto un posible amaño del PGOU de Alicante se produce a raíz del recurso de apelación presentado por uno de los principales imputados, el promotor Enrique Ortiz. La defensa de Ortiz planteaba básicamente dos cuestiones: la nulidad de las intervenciones de los teléfonos de los investigados por la violación de derechos fundamentales y del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y la competencia de Juzgado número 5 de Alicante para instruir la causa. La sala ha desestimado ambas peticiones.

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Al recurso de apelación de Ortiz se sumaron otros imputados, como su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. Estos dos últimos regentan el despacho Salvetti Abogados, creado a finales de 2008, en la recta final de la redacción del PGOU. Según la policía, desde el despacho tramitaron alegaciones, a sabiendas de que iban a ser estimadas, que les generaron un beneficio de un millón de euros.

En su recurso, la defensa de Ortiz planteaba que "las diligencias de investigación, en concreto la grabación de supuestas conversaciones telefónicas, autorizadas mediante los autos recurridos [prórrogas de las intervenciones desde el auto de junio de 2008], son diligencias de investigación obtenidas con violación de los derechos fundamentales". El objetivo de los recurrentes era la declaración de nulidad de diversos autos dictados en la fase instructora en los que sea acordaba la intervención y sucesivas prórrogas de las comunicaciones telefónicas de Enrique Ortiz, su esposa, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

En el apartado de fundamentos jurídicos, la sala precisa, en primer término, que en procedimiento de sumario ordinario y, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "es en el acto del inicio del juicio oral, mediante el planteamiento de cuestión previa de nulidad de actuaciones por haberse producido con vulneración de derechos fundamentales, cuando debe plantearme la misma [nulidad de las escuchas]".

La sala considera que no es momento procesal para resolver la legalidad o no de las intervenciones y que tampoco procede examinar ahora la necesidad, proporcionalidad, indicios, motivación y control judicial de las escuchas. "No procede porque entendemos que el resultado de esas diligencias de investigación, será prueba o podrá serlo en la sede y lugar en que estas se practiquen", señala la Audiencia en su resolución.

"Insistimos", añade el auto, "es el órgano de enjuiciamiento el que, si se cuestiona en el plenario la legalidad de una medida limitativa de derechos fundamentales, procederá a dar validez a las diligencias de entrada y registro, intervención de la correspondencia o intervención telefónica, ya que la ratificación de estas por el juez instructor es un acto irrelevante, pues serán el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia o el juez de Lo Penal, en su caso, quienes deberán adoptar la decisión que estimen pertinente sobre la validez de las medidas limitativas de derechos fundamentales cuestionadas y cómo quedan afectados otros elementos de prueba obtenidos de una que es declarada prueba".

Con este auto la Audiencia avala la instrucción hasta ahora realizada por el magistrado Tejada, pero con una corrección. La sala cree que el juez, en su auto del 18 de octubre, cuando también rechazó el recurso de Ortiz sobre la nulidad de las escuchas, debió limitarse a desestimarlo porque no es momento procesal oportuno sin entrar a ratificar su legalidad.

LA BATALLA JUDICIAL DE LOS 'PINCHAZOS'

La investigación policial y judicial de la trama del caso Brugal se gestó entre marzo de 2007 y junio de 2010. En esos tres años el sumario engordó hasta llegar a los 40.000 folios. El grueso de las diligencias lo integran centenares de horas de escuchas practicadas a los cabecillas de la supuesta trama, encabezados por el exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

El 6 de julio de 2010 y sobre la base de esas intervenciones telefónicas, el instructor general, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, desencadenó la operación policial que acabó por destapar la envergadura de la trama (decenas de supuestos cohechos por negocios vinculados al negocio del urbanismo y las contratas de la basura).

Pero la iniciativa del instructor (en esa fecha el magistrado Carlos San Martín) también reveló que la principal prueba de cargo de la acusación pública, encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, era precisamente el contenido de las escuchas telefónicas.

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Desde esa fecha, las defensas de los imputados (en la actualidad 56 personas en las diferentes piezas) decantaron el peso de su estrategia judicial hacia las escuchas en un intento de anularlas antes de que se consolidara la instrucción y, sobre todo, para frustrar que finalmente ninguno de los imputados llegue a sentarse en el banquillo de los acusados.

El primer arreón de las defensas contra los pinchazos fue ante el instructor general, el mencionado Carlos San Martín. Los abogados recurrieron los autos de prórroga de las intervenciones alegando vulneración de los derechos fundamentales y falta de motivación. Paradójicamente, San Martín, que había firmado algunas de las prórrogas, emitió el pasado mes de junio un auto en el que anulaba parte de las intervenciones. Y ello pese a admitir que no era el momento procesal oportuno y que el órgano competente para validar su legalidad es el juzgador de los hechos. Los beneficiados por esta resolución fueron Ripoll, Ortiz y Fenoll. La Fiscalía Anticorrupción ha apelado la resolución a la Audiencia de Alicante.

La sala que tiene que resolver este recurso de la Fiscalía al auto de San Martín es la sección 7ª con sede Elche. Fuentes de la Audiencia de Alicante han informado de que el alto tribunal ya ha remitido a la sala de Elche la resolución de la sección 1ª dictada ayer sobre esta cuestión y que avala las escuchas de la pieza del PGOU de Alicante. Si la sala de Elche se suma a los argumentos de la de Alicante revocará el auto de San Martín y validará el global de las escuchas.


41. C. VALENCIANA: HACIENDA RECLAMA TRES MILLONES DE FIANZA PARA CUATRO IMPLICADOS EN EMARSA

La Agencia Tributaria ha solicitado al juez que investiga el saqueo de Emarsa que imponga una fianza de tres millones de euros al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo; al exgerente de la sociedad pública y exalcalde pedáneo de Valencia, también con el PP, Esteban Cuesta y a dos de los empresarios imputados en la causa.

Hacienda, a través del abogado del Estado, considera necesaria la fianza "para cubrir las responsabilidades civiles que se desprenden de la denuncia formulada por el ministerio fiscal" relativas a un supuesto delito fiscal "que ascendería a la nada desdeñable cifra de 2,4 millones de euros".

El abogado del Estado solicita que, en caso de que los imputados no aporten la fianza de forma solidaria, se proceda a embargar sus bienes por idéntico valor. La Agencia Tributaria dispone de un listado de las propiedades de Crespo, Cuesta y de los empresarios de lodos Jorge Roca (que lleva meses en paradero desconocido) y José Luis Sena Gimeno.

Hacienda basa su petición en "los indicios racionales de criminalidad" que obran en la causa. Emarsa, la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros.El juez instructor Vicente Ríos estrechó, por su parte, el cerco sobre Enrique Crespo, que además de sus cargos en Manises y la Diputación de Valencia fue presidente y consejero delegado de Emarsa durante el periodo del saqueo que está siendo investigado. Y a quien el exgerente Esteban Cuesta ha señalado como máximo responsable de la rapiña, extremo que el político del PP volvió a negar ayer.

El juez ordena indagar el patrimonio de su exmujer y de sus tres hijos menores: "Existen sospechas, a tenor de las investigaciones patrimoniales hasta ahora realizadas, para considerar que el dinero presuntamente malversado ha sido no sólo objeto de transformación en otros bienes o derechos con el fin de proceder a la ocultación del mismo, sino que se ha procedido al desvío del dinero o de los bienes y derechos mencionados a favor de personas que están íntimamente relacionadas con cada uno de los imputados, y que no han tenido participación directa en los hechos, pudiendo haber participado a título lucrativo de los efectos del delito".

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Mujer e hijos

Al instructor no le cuadra el inventario de bienes realizado por Hacienda y el que el propio alcalde de Manises hizo público el año pasado. Y sospecha del proceso de liquidación de la sociedad de gananciales que tenía con su mujer y de las donaciones que hizo a favor de sus hijos a principios de 2010, cuando la situación patrimonial de Emarsa la abocaba ya a la quiebra.

El juez también insiste en esclarecer el asunto de los décimos del segundo premio del sorteo de Lotería de Navidad. El PP de Manises, que preside Crespo, repartió cerca de 100 millones de euros de dicho premio. Su valedor, Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, mostró sin empacho a los medios cinco décimos, premiados con 625.000 euros, y afirmó a los medios: "Al que realmente le ha tocado bastante más es al alcalde de Manises, que fue el que me los vendió".

El juez ordenó a Crespo comunicar cuántos décimos premiados tenía. El alcalde de Manises respondió que solo uno. El instructor requiere ahora a los medios de comunicación que aporten todas las grabaciones que tengan sobre el asunto. Y cita a Rus a declarar como testigo. El líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, señaló por su parte que el PP ha aceptado una comisión de investigación en Emarsa porque, a diferencia de los casos Gürtel o Brugal, forma parte de su lucha interna.


42. C. VALENCIANA: EL IMPUTADO DE EMARSA EN BUSCA Y CAPTURA TIENE TRES EMPRESAS SIN PATRIMONIO ALGUNO El imputado en el caso Emarsa que está en busca y captura, Jorge Ignacio Roca Samper, que cobró de la empresa pública, a través de tres sociedades, 14,6 millones de euros por supuestos tratamientos de lodos de la depuradora de Pinedo, carece de patrimonio alguno pese a ser propietario de esas tres empresas, que a su vez carecen de bienes y de actividad. Roca es, junto al expresidente de la sociedad pública y alcalde de Manises, Enrique Crespo, el exgerente Esteban Cuesta y el empresario José Luis Sena Gimeno, uno de los cuatro imputados en el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia para los que el abogado del Estado reclama una fianza de tres millones de euros con objeto de cubrir responsabilidades civiles por supuesto delito fiscal. El informe sobre los patrimonios de los cuatro que la Agencia Tributaria remitió el pasado diciembre al juzgado revela que de dos de las sociedades de Roca Samper, en paradero desconocido y con una orden de detención europea emitida por el juez que lleva el caso Emarsa, se registraron salidas de divisas a otros países. También indica que Crespo posee acciones y bonos por valor de 561.763 euros. Crespo, que es vicepresidente de la Diputación de Valencia y tuvo en 2010 unos ingresos de 122.809 euros, procedentes de la Corporación provincial, el Ayuntamiento de Manises y la propia Emarsa, recibió en agosto pasado una entrada de divisas de Suiza por valor de 360.000 euros. Por lo que se refiere a Cuesta, gerente de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo de la empresa, en 2010 ingresó 62.000 euros como directivo de la empresa y posee una vivienda y tres plazas de garaje. Sena Gimeno, a su vez, es administrador de tres empresas, en las que tiene participación. Una de ellas, Noves Técnicques Ecològiques, SL (Notec), es titular de propiedades rústicas en Benaguasil y Requena. Notec supuestamente facturó falsos servicios a Emarsa. Según declaró el exgerente, le fue impuesta desde una empresa pública de la Generalitat.


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43. C. VALENCIANA: EN LA NÓMINA DE EMARSA HABÍA HASTA UN DETECTIVE PRIVADO Y SE AGASAJÓ A EDILES DE VALENCIA´

Se siente perseguido por cargos del PP de Valencia. Juan Carlos Gimeno fue edil del PP, diputado provincial y trabajador de Emarsa, en ese orden. Ahora está imputado en el escándalo por varios delitos presuntamente cometidos en su etapa como proveedor de la depuradora. Asegura que ante el juez sacará «todo lo que llevo dentro».

¿Por qué después de tantos años sale ahora a denunciar irregularidades en Emarsa?

Yo no salgo a denunciar nada. A mi me imputan en base a una documentación falsa y cuando veo que existen filtraciones interesadas tanto desde el Ayuntamiento de Valencia como de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) es cuando salgo a defenderme porque detrás de mi hay una familia. Porque yo no soy quien quieren hacer ver. Usted asegura que la Emshi, controlado por la mayoría de cargos públicos del PP, ha falsificado documentos para incriminarle. Yo no sé si el Emshi ha falsificado documentos, lo que sé es que ha presentado documentos falsos.

Usted ha dicho que se debería investigar la gestión en Emarsa desde 1995 a 2004 porque pueden haber «pufos». ¿Se mantiene en esta afirmación?

Durante la etapa del concejal del Ayuntamiento de Valencia Silvestre Senent como presidente de Emarsa ocurrieron cosas absolutamente inauditas. Leí en su periódico que él dejó muy bien todo, pero la realidad es que en 2002 dejó una deuda a corto plazo de 4.063.065 euros. Es decir, una empresa en quiebra técnica. Lo que vengo a decir es que lo que ha ocurrido en Emarsa viene de antes.

Senent comentaba que ni él ni los cargos del PP Santos Peral e Ignacio Martínez, llamados como testigos por el juez, están imputados, al contrario que usted.

Que vayan como testigos no significa que mañana no puedan estar imputados. No sé que quiere decir Senent con que Santos Peral e Ignacio Martínez no están imputados, pero tendrán que ir a decir la verdad al juez. Yo no trato de tener la razón pero desde el año 1997 al 2003 no se hacen auditorías de las cuentas de Emarsa. Se hacen todas de golpe en 2004. ¿Cómo que no se hacen auditorías?

No se hizo ninguna auditoría en cinco años lo que genera cierto resquemor. Supongo que Ignacio Martínez y Santos Peral tendrán que ratificar eso ante el juez.

Usted asegura que todos los años se iban por la puerta tres millones de euros de Emarsa en sueldos de afectos al PP, incluido usted. ¿Cómo fue posible esto? Cuando el PP entra en la depuradora en 1995 había 60 trabajadores. Cuando se liquida en 2010 había 99. Es claro que las necesidades del 95 a 2010 no requiere un aumento de la plantilla del 85 %.

¿Qué responsabilidad tendría el Ayuntamiento de Valencia en el saqueo de Emarsa? La responsabilidad la determinará el juez pero hay una realidad y es que el secretario de la Emshi (propietaria de Emarsa) es el secretario del Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia debe ser muy consciente de lo que estaba y está pasando en la Emshi. ¿Es posible, como defiende Barberá y algunos concejales, que no se enteraran de lo que pasaba? Es posible que uno no se entere de nada en un momento puntual. Per nunca, si fuera así, tendríamos que pensar que están tontos y eso invalidaría su capacidad de gestión. El consejo de administración también tiene responsabilidad. Tengo una pregunta importante: desde el año

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2008 Emarsa está en quiebra técnica y, que yo sepa, ningún miembro del consejo ha solicitado que no le hagan regalos. En Canarias, en un caso similar, todos los consejeros son responsables y tendrán que responder con su patrimonio.

Usted fue trabajador de Emarsa entre 1997 y 2004 y hablaba de «dislates» en la gestión. ¿Qué tipo de dislates podrían ser investigados por el juez, como ya hace ahora por el periodo 2004-2010?

o soy quien para decirle al juez qué indagar pero desde mi punto de vista me ofrezco a aclarar la investigación de los hechos. Que Emarsa pasara de 60 a 99 trabajadores es uno y demuestra la hipertrofia de la planta. Basta señalar que en la nómina de Emarsa había un detective privado. ¿Y qué hacía? «Detectivear», imagino.

Aunque según el juez, el desfalco mayor en Emarsa es en la gestión de lodos, los gastos en regalos son una pata fundamental. ¿A usted le constan agasajos a cargos públicos?

Debo decir que no he viajado a ningún sitio, ni he recibido ninguna cesta de Navidad ni tampoco me han traducido nada. Puedo decir que se acreditará con los diferentes testigos que pasen delante del juez, y así lo confirmaban los rumores en la planta, que efectivamente se agasajaba a varios consejeros del PP y del PSOE.

Eso ya ha sido publicado y está en manos del juez. Digo cargos del Ayuntamiento de Valencia u otras administraciones.

Había rumores de que había cosas que llegaban a las casas de algunos concejales. Yo no lo he visto pero supongo que esto saldrá.

El juez le imputa por servicios no prestados. ¿Cuál es su defensa?

En la ampliación de la querella que hace la Emshi dicen que mis empresas no han realizado los trabajos. Emshi pagó a la empresa que certificó mis trabajos en la depuradora. O están muy tontos o mienten.

www.levante-emv.com 16.01.12

44. C. VALENCIANA: "LOS ESCOLTAS NO SON RECADEROS", DENUNCIA UN SINDICATO DE VALENCIA

Barberá replica que cuando hay negociación colectiva se dicen muchas cosas

La polémica sobre si es aceptable que los políticos, en este caso los concejales de Valencia, gocen de escolta y coche oficial se abrió con la crisis y las estrecheces presupuestarias. El anuncio de ETA en octubre pasado de que ponía fin a la violencia avivó más el debate sobre la idoneidad del servicio. Antes, los ediles de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia habían renunciado a coche y escolta como gesto de austeridad. Sólo el Grupo Popular municipal conservó vehículos y guardaespaldas.

El PSPV invita a los ediles del PP a usar el transporte público para desplazarse

Ayer, el sindicato mayoritario en el Consistorio, el SPPBL, alzó de nuevo el tono de sus protestas no por la idoneidad del servicio, sino por las tareas que algunos ediles del PP dan a sus escoltas. Según declaró un dirigente del sindicato, "una cosa es si procede mantener el servicio, en lo que no entramos, y otra que en ocasiones [los escoltas] se empleen como chóferes, que no lo son".

Según esta organización policial, los escoltas, que suelen conducir el vehículo oficial de los concejales, son enviados a comprar el periódico, cargar con las bolsas del supermercado o

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llevar los hijos al colegio. Hace unos meses desvelaron que algunos coches oficiales llevan instalada en la parte trasera hasta la silla infantil de forma permanente. "Los escoltas no son recaderos", reiteró un portavoz del SPPBL.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, replicó ayer al sindicato policial desde los pasillos de las Cortes Valencianas. Los escoltas que prestan servicio a los ediles del Consistorio, comentó la regidora, trabajan con los concejales "como Dios manda". Barberá enmarcó las quejas sindicales por los supuestos servicios fuera de su función que prestan los escoltas a la negociación colectiva abierta con los sindicatos policiales.

"Se está negociando el convenio y entonces todo es posible", respondió Barberá, quien desacreditó las denuncias: "Cuando hay debates sobre la situación laboral, se dicen muchas cosas. Al final unas responden a la verdad y otras no", apostilló.

Sobre si el PP renunciará o no al servicio de escoltas en breve -ya lo han hecho o anunciado políticos y cargos institucionales del País Vasco como el lehendakari Paxti López-, Barberá repitió ayer lo que ya dijo el pasado domingo. Se aferró a la cautela que aconsejan varios ministerios del Gobierno. "El Ejecutivo central ha dicho que no hay que bajar la guardia y no se va a bajar la guardia".

En la oposición no están de acuerdo con la alcaldesa. El portavoz socialista Joan Calabuig insistió en que la situación política deja cada vez más claro que no está justificado el uso de escoltas. "Menos aún cuando a los agentes se les asignan tareas que no son de su cometido", declaró Calabuig. El concejal socialista recordó que su grupo -también el resto de la oposición- renunció al coche oficial y a la protección al inicio de mandato e insistió en que "no hay amenazas objetivas". Si encima, añadió, los coches oficiales, que están para la seguridad, son utilizados para actividades familiares y personales, el servicio se pervierte. Calabuig invitó a los ediles del PP a utilizar el transporte público.

www.elpais.es 19-01-12

45. C. VALENCIANA: FABRA CONSIDERA "PAPARRUCHADAS" LAS CRÍTICAS A SU ESTATUA

El presidente de Aerocas defiende la escultura de Ripollés en el aeropuerto

Para Carlos Fabra, las críticas por instalar una estatua inspirada en su cara en el aeropuerto sin aviones de Castellón son "paparruchadas y bufonadas". "Como si en otros aeropuertos no hubiera esculturas como decoración", espetó incrédulo ante la dimensión que han alcanzado las sátiras, que incluso han traspasado fronteras, por gastar más de 300.000 euros del dinero público en el coloso de 30 toneladas y 24 metros de altura. En efecto, otros aeropuertos tienen estatuas, aunque en las democracias occidentales es extraño que se erijan en honor del gobernante de turno.

Asegura que tiene varias ofertas para comprar la infraestructura

El presidente de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas realizó ayer su primera comparecencia pública desde que el pasado 30 de diciembre la Generalitat anunciase la ruptura unilateral del contrato con la empresa concesionaria de la explotación de la infraestructura porque el Consell no podía asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión. Un contrato que el propio Fabra calificó como "fantástico para el aeropuerto de Castellón" cuando lo firmó junto a representantes de la firma el pasado 23 de marzo con el beneplácito del Gobierno valenciano. Pero Fabra, durante la presentación de unos cursos en la Cámara de Comercio, donde es secretario general, aseguró ayer que "comparte" la decisión del Consell y deslizó críticas a la empresa concesionaria, que "no ha demostrado especial celo ni interés" en la gestión de aeropuertos, porque según le afeó, "no se ha presentado" a un concurso convocado "hace unos dos meses" por el Ejecutivo central para explotar distintos aeródromos, "lo que le hubiera permitido diversificar" riesgos.

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Respecto al futuro de la infraestructura, añadió más incertidumbre al afirmar que se abrirá "cuando se pueda" y no descartó que fuera gestionada por Aerocas, la empresa pública que preside a pesar de que el 99% de las acciones son de la Generalitat, con la "externalización" de determinados servicios aeronáuticos. Pero también dejó caer que intentan la incorporación de AENA, el operador público del Ministerio de Fomento, e incluso que podrían vender el aeropuerto y en este sentido sostuvo que dispone de "ofertas de varias compañías". No dijo cuáles, pero insistió en este asunto al pedir celeridad al Gobierno central para la aprobación de los permisos de vuelo porque "un aeropuerto autorizado vale una fortuna" y uno sin permisos "no vale nada". Un empresario cercano al aeropuerto añadió con sorna que "lo que tiene valor es un aeropuerto con pasajeros". Precisamente lo que le falta desde que el 25 de mayo fuera inaugurado por Fabra y Francisco Camps.


46. C. VALENCIANA: DEJAR EL AEROPUERTO DE CASTELLÓN LE CUESTA AL CONSELL MÁS DE 80 MILLONES

El Consell pagaría 19,7 millones si mantiene el convenio con la concesionaria

La ruptura unilateral del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón con la empresa que resultó adjudicataria del servicio, Concesiones Aeroportuarias, puede costarle a la Generalitat valenciana más dinero que el cumplimiento de las condiciones pactadas en él. El Consell, si cumple al final su anuncio, tendrá que devolver los 83,88 millones que Concesiones ha invertido en la obra. En cambio, si decide respetar el acuerdo con la empresa pagará 19,73 millones durante los 8 primeros años de explotación en concepto de pérdidas, tal y como figura en el texto. La operación de "ahorro" anunciada por Alberto Fabra corre el riesgo de convertirse en un nuevo desastre financiero que exprima las ya enjutas arcas del Gobierno valenciano.

Fabra justificó la ruptura en que las condiciones eran inasumibles

La concesionaria denunció al Consell porque renunció a asumir las pérdidas

La Generalitat, a través de la promotora pública del aeropuerto de Castellón Aerocas, anunció el pasado 30 de diciembre la ruptura del contrato con la empresa Concesiones Aeroportuarias, que debía explotar la infraestructura y buscar aerolíneas que operasen en él para la fecha de apertura, prevista durante el próximo mes de abril. El Gobierno de Fabra rompió el acuerdo un día después de que la empresa presentase una demanda ante el juzgado número 1 de Castellón por incumplimiento contractual, debido a que la Administración valenciana no había aportado la carta de patrocinio; un aval por el que el Ejecutivo valenciano se comprometía a asumir las pérdidas durante los ocho primeros años de gestión.

Alberto Fabra aclaró la semana pasada las causas de su decisión. Dijo que las condiciones del contrato eran "inasumibles" para el erario público que no podía afrontar unos gastos planteados "en época de bonanza". Sin embargo, el contrato fue firmado el 23 de marzo de 2011, ya en lo más profundo de la crisis y los costes de la ruptura son mucho mayores, según las cifras que maneja la propia Generalitat.

La obra del aeropuerto de Castellón ha tenido un coste reconocido por el Gobierno valenciano de 123,88 millones de euros, a los que hay que sumar otros gastos en contratos, terrenos, arrendamientos y cánones que sitúan el precio final por encima de los 150 millones.

Los casi 124 millones en obra material se desglosan en 40 aportados por la administración valenciana a través de un préstamo participativo y los 83,88 abonados por la adjudicataria en construcciones y sobrecostes. Esos casi 84 millones de gasto en la construcción es el mínimo que reclama ahora la empresa concesionaria por verse apartada del proyecto, sin contar con los aproximadamente 7 millones de intereses del capital social depositado en su día, ni los posibles daños y perjuicios o el lucro cesante por la explotación del aeropuerto.

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De haber cumplido el contrato, el Gobierno de Fabra tendría que haber pagado a Concesiones Aeroportuarias 19,73 millones en ocho años por las pérdidas previstas en cada ejercicio. Pero ni siquiera se ahorra esta cantidad con la ruptura contractual, ya que fue el propio Gobierno valenciano quien estableció que se producirían tales pérdidas y tendrá que asumirlas si, como ahora plantea, gestiona directamente y en solitario las instalaciones a través de la empresa pública Aerocas, que todavía preside Carlos Fabra.

La idea de construir un aeropuerto en Castellón surgió a finales de la década de los 90 del entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. A pesar de su insistencia, no consiguió que le financiasen la obra ni José María Aznar, con quien compartía veraneos en Oropesa (Castellón), ni el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana. Pero tras contar con el respaldo económico de un grupo de empresarios, logró que Aznar lo declarase de interés general y el primero de España de titularidad pública y gestión privada. Sin embargo, el proyecto tardaría unos años más en arrancar. Hasta que el carácter megalómano de Carlos Fabra encontró a Francisco Camps que sucedió a Zaplana en 2003. Fue a partir de ese año cuando se licita la construcción y la Generalitat entra de lleno en la financiación de la obra, con la aportación de préstamos y sucesivas ampliaciones de capital de la promotora pública aeroportuaria, hasta quedarse con el 99% de su accionariado. A pesar de ello, Carlos Fabra sigue presidiendo esta firma que ha desembolsado del dinero de los valencianos más de 30 millones en publicidad para un aeropuerto sin aviones, que cuesta sin funcionar más de 300.000 euros al mes y que aún carece de permisos de vuelo.

¿De qué se sorprende la Generalitat?

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado en la crisis y en las condiciones "inasumibles" del contrato de explotación del aeropuerto de Castellón el anuncio de su ruptura. Sin embargo, Fabra no puede alegar sorpresa o desconocimiento de los supuestos planteados en el texto rubricado el 23 de marzo del año pasado porque uno de sus más firmes colaboradores ahora, el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha formado parte del consejo de administración de Aerocas desde 2004, prácticamente desde su fundación. Y el 11 de marzo del año pasado participó en la reunión en la que fueron acordadas las nuevas condiciones de gestión y explotación del complejo aeroportuario. Un acuerdo que Vela, entonces secretario autonómico de Economía, celebró con el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, con un apretón de manos.

Como consejero, Vela también ha aprobado los más de 30 millones de euros en gastos de publicidad, o los sueldos de casi 400.000 euros del director general y otros seis trabajadores de Aerocas. Entre ellos un jefe de gabinete para un aeropuerto sin aviones.

De marcado perfil técnico, José Manuel Vela fue nombrado consejero de Hacienda en junio pasado por el entonces presidente, Francisco Camps, y fue entonces cuando dejó de formar parte del consejo de la promotora pública aeroportuaria. La pasada legislatura Vela fue durante meses el consejero de Economía en la sombra, supliendo en numerosas ocasiones a su entonces titular, Gerardo Camps, en sus reiteradas ausencias. Ha tenido un papel destacado en la elaboración de los presupuestos autonómicos en los últimos años y su concurso ha sido ahora muy relevante en la aprobación del decreto de recortes de 1.057 millones para 2012, que ha provocado las críticas de parte de la sociedad valenciana. Los sindicatos atribuyen a Vela la subida de impuestos y el tijeretazo de 271 millones a los funcionarios, lo que provocó numerosas protestas la semana pasada.


LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P semanal/2012... · 13. caja madrid, condenada a pagar 12 millones de...

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