ECONOMÍA / POLÍTICALunes 1 julio 2013 23Expansión

Las seis reformas pendientes de RajoyLA SEGUNDA ETAPA DE LOS AJUSTES/ La Comisión Europea ha exigido a España un cambio de rumbo a través de seis reformas: del gasto público, del sistema fiscal, de las pensiones, del mercado de trabajo, de la energía y de impulso a la competitividad.

Juanma Lamet. Madrid Puede que el horizonte econó-mico de España pinte mejor, como adelantan algunos indi-cadores. Y puede que el nuevo objetivo de déficit, más laxo, desacelere un poco el diapasón de la austeridad. Pero el Go-bierno no se puede dormir en los laureles. Esto es lo que opi-na la Comisión Europea, que ha exigido a España tres cosas: reformas, reformas y reformas.

Porque si bien es cierto que hasta ahora el Gobierno de Rajoy ha centrado su esfuerzo en los recortes y que ha apro-bado muchas medidas, tam-bién lo es que aún están pen-dientes algunas de las refor-mas estructurales más impor-tantes: la de las Administracio-nes Públicas, la fiscal, culmi-nar la de las pensiones, completar la reforma energé-tica, etcétera. Y ahí es donde ha incidido la Comisión Euro-pea, que ha demandado una batería de medidas para refor-zar la competitividad en todos esos flancos principales de la economía: impuestos, gasto público, mercado laboral y emprendimiento, entre otros.

El contexto en que esto se produce es propicio, a ojos del Gobierno, para apuntalar las medidas. “Hasta ahora se ha perdido peso; ahora toca po-nerse en forma”, metaforizan desde el PP. Según el Indica-dor Sintético de Actividad (que adelanta la tendencia de la economía a seis meses vis-ta), el PIB español ya ha toca-do fondo, y la recuperación es-tá más cerca, como también apuntaban este sábado los lí-deres empresariales consulta-dos por EXPANSIÓN.

Este indicador se encuentra actualmente en positivo (cre-ciendo un leve 0,1%) tanto en el primero como en el segun-do trimestres del año. Es decir, en el tercero y en el cuarto se podrá crecer.

Además, la relajación del déficit da, en opinión del Eje-cutivo, un margen mayor para aplicar políticas de estímulo. De hecho, el techo de gasto para 2014 es un 2,7% mayor que el de 2013, tal como reveló La Moncloa el pasado viernes.

De hecho, Mariano Rajoy acaba de asegurar que 2014 será “claramente un año de crecimiento económico”, me-jor que 2013 en todos los senti-dos, y garantizó que el Gobier-no seguirá haciendo medidas, aunque “menos duras” que las

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

del año pasado. Es decir, las que pide Bruselas.

Aunque reconoce que los españoles “aún tardarán” en ver los efectos positivos de es-tas medidas, Rajoy confía en que supongan el inicio de “una etapa de crecimiento estable y sostenido de la economía es-pañola”.

No en vano, en este trimes-tre aumentará el número de afiliados a la Seguridad Social y disminuirá el paro registra-do, en opinión del presidente. Además, el turismo sigue en alza y las exportaciones cre-cen de forma continuada.

En ese contexto, Rajoy cree

que “no hay más remedio que seguir con las reformas”. Y ésas serán, fundamentalmen-te, las seis siguientes.

� Gasto público La más apremiante de las re-formas es la del sector público (exigida para marzo de 2014). Es también el desafío más im-portante de la legislatura, ya que de la profundidad del lava-do de cara de la Administra-ción dependerá la solvencia del Estado del Bienestar. El presidente del Gobierno, Ma-riano Rajoy, quiere eliminar duplicidades, fusionar y elimi-nar empresas públicas, ajustar

el número de empleados, entre otras cosas, con el objetivo de ahorrar 6.500 millones duran-te la legislatura sin necesidad de recortar las prestaciones.

� Pensiones Otra de las propuestas en las que más insiste la Comisión Europea es la de las pensiones, basada en el factor de sosteni-

bilidad. Bruselas quiere que entre en vigor en 2014, aunque se prevé que se retrase unos meses si el Gobierno busca un amplio acuerdo con la oposi-ción. La Comisión quiere que las pensiones evolucionen en relación con el envejecimiento de la población y con la evolu-ción de la economía, rompien-do definitivamente con la revi-sión de las prestaciones en función del IPC.

� Mercado laboral Sin salir del ámbito laboral, el Gobierno europeo da el apro-bado a la reforma del mercado de trabajo, pero considera que

no es suficientemente pro-funda. Por ello, la Comisión –al igual que el FMI y el Ban-co de España– demandan aún más cambios en este ámbito. Bruselas pide adoptar (antes de septiembre de 2013) una reforma de las políticas acti-vas de trabajo, orientarlas “a la consecución de resultados” y “reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad y escasa cualificación”.

� Fiscalidad En materia impositiva, Bruse-las ha hecho recomendacio-nes fiscales muy claras a Espa-ña a cambio de la relajación del objetivo del déficit. Para empezar, una revisión estruc-tural del sistema tributario an-tes de marzo de 2014. El pasa-do viernes, el ministro de Ha-cienda, Cristóbal Montoro, anunció una subida de los im-puestos al tabaco y al alcohol, y la supresión de deducciones a las empresas en el Impuesto sobre Sociedades.

� Energía La Comisión Europea no es ajena al guirigay de la electri-cidad en España. Después de meses parcheando los proble-mas del sector eléctrico, sobre todo con recortes a las empre-sas, éstas aguardan una rees-tructuración legal integral. La incertidumbre es total, pero la reforma es ineludible (Bruse-las la quiere para final de año). ¿Por qué? Porque el déficit de tarifa se ha ido haciendo cada vez mayor.

� Competitividad La UE viene insistiendo en las medidas que mejoren la com-petitividad. Sobre todo, en la unidad de mercado (para an-tes de 2014). Es decir, el com-bate contra la disgregación normativa autonómica ha su-puesto un coste para las em-presas de 45.000 millones de euros al año, según CEOE.

Los deberes están sobre la mesa. Y, salvo en el caso de la reforma laboral, Rajoy tiene intención de cumplimentarlos al pie de la letra. Ahora sólo queda levantar el pie del acele-rador de los recortes y los im-puestazos... y pisar a fondo el de la competitividad. Porque de esta segunda oleada de re-formas depende la robustez de la futura recuperación.

Editorial / Página 2

La Comisión Europea exige una revisión del sistema tributario antes de marzo de 2014

Lo que exige Bruselas

1 IMPUESTOS La Comisión demanda

limitar el número de productos que se benefician de los tipos reducidos del IVA, limitar las deducciones del IRPF y Sociedades, nuevos tributos ambientales e intensificar la lucha contra la economía sumergida.

2GASTO PÚBLICO Bruselas pide revisar y

reducir las principales partidas de gasto, así como más eficiencia sanitaria y profundizar en la ley de desindexación del IPC.

3 PENSIONES Bruselas solicita que

la edad de jubilación vaya subiendo en función del aumento de la esperanza de vida.

4REFORMA LABORAL Pide mejorar las

políticas activas de empleo, el Servicio Público de Empleo y buscar apoyo en las agencias privadas de empleo.

5 ENERGÍA El Ejecutivo

comunitario exige acabar ya con el déficit de tarifa.

6COMPETITIVIDAD Bruselas pide poner

en funcionamiento este año las leyes de Unidad de Mercado, de Colegios y Servicios Profesionales y de Emprendedores. Ef

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Lunes 1 julio 201324 Expansión

LAS SEIS REFORMAS URGENTES

Bruselas emplaza al Gobierno a realizar una revisión sistemática del sistema tributario y le pone un plazo corto: para marzo de 2014. La Comisión Europea coincide así con la mayoría de los fiscalistas españoles, a los que ya se ha sumado el Gobierno que anunciado que va a acometer una reforma global del sistema. El modelo adolece de problemas estructurales que causan que España obtenga la menor recaudación de la UE

en porcentaje del PIB, sólo empeorada por Eslovaquia, a pesar de que el Gobierno ha realizado las mayores subidas fiscales.

El Gobierno se ha sumado a esta petición unánime

Reforma del modelo

La Comisión Europea pide que se explore el margen para una mayor limitación de los tipos de IVA reducidos. Después de la subida del pasado septiembre, todavía quedan productos de hostelería y transporte en el 10%. España va a elevar en breve al 21% el tipo del IVA de la mayoría de productos sanitarios porque le obliga una sentencia del Tribunal de la UE. Además, va a imponer el tipo general del 21% a los documentos que validan

los notarios relativos a operaciones financieras, como exige Bruselas. Y acaba de lanzar una subida de alcohol y tabaco.

Subida, al menos, del sanitario y el de los notarios

Menos tipos de IVA reducidos

Bruselas establece que España debe reducir la fiscalidad directa, es decir, IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, en favor de la indirecta, esto es, IVA e Impuestos Especiales. A esta recomendación se suma José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, quien subraya que “los impuestos que menos lesionan el crecimiento económico son los impuestos indirectos. Contrariamente a la

opinión pública instaurada, los impuestos indirectos existentes actualmente en España son ligeramente progresivos”.

Rebajar IRPF y Sociedades y subir IVA y Especiales

Hacia la imposición indirecta

Una revisión del sistema fiscal La Comisión Europea demanda a España que reforme el modelo tributario en un

directos. A estas peticiones se suman los fiscalistas a los que ha consultado

Mercedes Serraller. Madrid La Comisión Europea ha he-cho seis recomendaciones fis-cales muy claras a España a cambio de una relajación del objetivo del déficit. La prime-ra e ineludible es que debe realizar una revisión sistemá-tica del sistema tributario, pa-ra lo que le pone un plazo cor-to: tiene que llevarla a cabo para marzo de 2014. Esta de-manda llegó cuando el Go-bierno llevaba semanas escu-chando una petición similar de la mayoría de expertos, so-licitud que se hizo más fuerte después de que José María Aznar la asumiera con fuerza en la entrevista de Antena 3. Poco después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Monto-ro, anunció que el Ejecutivo iba a preparar una reforma.

En poco más de un mes, la actitud del Gobierno respecto a este asunto ha cambiado completamente. El pasado 26 de abril, 24 horas después de conocer que España superó en el primer trimestre de 2013 los seis millones de parados, el Gobierno anunció más subi-das de impuestos, en concre-to, de tabaco y alcohol, que aprobó el viernes pasado, y de Sociedades. A esto se sumaba que el Ejecutivo rehuyó de nuevo plantear una verdade-ra reforma de la Administra-ción e introduce el déficit a la carta para las autonomías.

Pero un mes más tarde Montoro ya ha anunciado re-bajas de impuestos a rentas bajas y medias, que todavía no ha concretado, y va a crear un Comité de Expertos para que asesore en la reforma del mo-delo, que ya ha anunciado que culminará en marzo de 2014, precisamente como pide la Comisión Europea.

Algunas de las líneas que podría tocar el Gobierno coin-ciden, de hecho, con las de-mandas de Bruselas. Otras, no. Además de la reforma in-tegral del modelo fiscal, las re-comendaciones comunitarias son que España debe reducir la fiscalidad directa en favor de la indirecta, explorar el margen para una mayor limi-tación de los tipos de IVA re-ducidos, elevar los impuestos medioambientales, sobre to-do carburantes, reducir “el sesgo en favor del endeuda-miento” en Sociedades, e in-tensificar la lucha contra la economía informal y el traba-jo no declarado.

José Félix Sanz Catedrático de Economía Aplicada UCM

EXPANSIÓN ha pregunta-do a algunos de los fiscalistas más destacados de este país por las propuestas, y coinci-den con las peticiones de la Comisión, ya que consideran que al impacto de la crisis se añade un problema estructu-ral del sistema. España tiene una presión fiscal más pareci-da a la de países en vías de de-sarrollo que a la de los Estados

miembros de la UE y otras po-tencias: obtiene la recauda-ción más baja de la eurozona, sólo empeorada por Eslova-quia.

Los ingresos tributarios na-cionales supusieron el 35,1% del PIB en 2011, diez puntos menos que la media de la Unión. El fallo se encuentra en una estructura de los im-puestos descompensada, en

la magnitud de la economía sumergida y en la escasez de medios que se dedican a la lu-cha contra el fraude. Este pro-blema se ha visto agudizado por las constantes subidas y cambios fiscales que ha lanza-do el Gobierno del PP. A juicio de los expertos, esta política genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión.

Montoro ha mostrado su

La evidencia científica confirma que los impuestos que menos lesionan el crecimiento económico son los indirectos. Las subidas en IVA y Especiales deberían ser compensadas con una reducción significativa del IRPF y las cotizaciones sociales. Se debería establecer una tarifa con solo dos tipos marginales del IRPF (25% y 35%) y volver al sistema de mínimos vitales genuinos abandonando los personales y familiares. Habría que eliminar la deducibilidad de los intereses en Sociedades, siempre que se reduzca el tipo nominal, que podría pasar a estar en el entorno del 15%-20%. Los regímenes especiales del IVA combinados con el sistema de módulos en el IRPF favorecen el fraude y deberían desmantelarse de manera decidida. No creo que haya que subir más ni el IVA ni los Impuestos Especiales hasta que se acabe con la lacra.

“Establecer dos tipos marginales del IRPF”

Valentín Pich Presidente del Consejo de Colegios de Economistas

Parece que exista cierto consenso en la primera recomendación: una revisión de todo el sistema tributario. Sin embargo, el plazo para llevarla a cabo, antes de marzo de 2014, quizás sea demasiado corto, teniendo en cuenta que parte de esta revisión va ligada a la del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales. Parece ineludible la reforma del Impuesto sobre Sociedades y, dentro de ella, se puede incluir otra recomendación de la Comisión: reducir “el sesgo a favor del endeudamiento”, volviendo a modificar la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros. Sin embargo, menos margen tiene el Gobierno con el IVA y, en cuanto a los impuestos medioambientales, sólo parece segura la subida en Hidrocarburos.

“Es ineludible la reforma de Sociedades”

Antonio Durán-Sindreu Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales

Es evidente que no hay otro camino que aumentar la fiscalidad indirecta y reducir la directa. Pero admitiendo que es así, hay que decir que el sistema tributario será más regresivo y, por tanto, más injusto. Por ello, es imprescindible acometer la reforma integral minimizando la subida de la fiscalidad indirecta. En cuanto a la lucha contra el fraude, es imprescindible una coordinación internacional que evite la utilización fraudulenta de paraísos fiscales y reflexionar sobre la deslocalizacion lícita por motivos fiscales que plantea un problema no sólo de competencia fiscal sino de traslado de la tributación. En cualquier caso, reformar íntegramente el sistema tributario sin reformar antes la estructura de la Administración es una irresponsabilidad.

“Aumentar la fiscalidad indirecta y reducir la directa”

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Lunes 1 julio 2013 25Expansión

La Comisión Europea también recomienda elevar los impuestos medioambientales, sobre todo de carburantes. Hacienda prepara para 2014 una modificación del impuesto de circulación para gravar más a los vehículos que producen mayores emisiones, pero descarta tocar los carburantes. Además, el Gobierno prepara nuevos tributos que graven la contaminación. El Gobierno anunció el viernes la creación de un

impuesto al gas fluorado, utilizado en aparatos de aire acondicionado y frigoríficos, que reportará unos 340 millones anuales.

Subir carburantes, lo que el Gobierno de momento descarta

Elevar medioambientales

Bruselas llama a intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado. El Gobierno ha lanzado numerosas medidas de lucha contra el fraude pero no refuerza los medios humanos ni económicos de la Agencia Tributaria. A juicio de los expertos, debería revisar estructuras del IRPF, Sociedades e IVA que pueden inducir a la evasión fiscal. Creen que los regímenes especiales del IVA combinados con

el sistema de módulos para actividades económicas en el IRPF deberían desmantelarse de manera decidida.

Intensificar las medidas contra la economía informal

Lucha contra el fraude

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, la Comisión Europea demanda a España que adopte medidas para reducir “el sesgo en favor del endeudamiento”. El 26 de abril, el Ejecutivo anunció que prepara alzas en esta línea que ya prepara en un proyecto de ley. El viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció la supresión total de la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de cartera de valores y

las rentas negativas producidas en el extranjero. Los fiscalistas esperan que estos “parches” se tapen en la reforma global.

Reducir el sesgo en favor del endeudamiento

Cambios en Sociedades

antes de marzo de 2014 plazo breve, y que lo reordene privilegiando la imposición indirecta sobre los tributos EXPANSIÓN. Creen que el sistema está agotado y lastra la recaudación y la actividad.

satisfacción por los ingresos tributarios de 2012, pero ha elevado la presión fiscal muy por encima de lo previsto pa-ra alcanzar a duras penas el objetivo de recaudación. Y ha anunciado ahora más subidas a mitad de ejercicio, sobre to-do, para las empresas. El pre-sidente, Mariano Rajoy, se ha reafirmado en su política y ha asegurado que sin las subidas

de impuestos España habría sido rescatada.

Sin embargo, los expertos apuntan a que el ajuste por la vía de ingresos se ha agotado y el del gasto no se emprende. La UE, muy preocupada por la tasa de paro de España, es cada vez más consciente de que las medidas de austeridad continuadas están ahogando el crecimiento. De hecho,

Bruselas ha pasado de reco-mendar a España mantener la subida del IRPF en 2014 para contener el déficit a señalar que la bajada prometida de este impuesto para el año que viene podría rebajar el paro.

El Gobierno parecía ahora propicio a considerar que éste puede ser el momento para anunciar que empieza a cum-plir la promesa de eliminar la

subida del IRPF. Sin embar-go, el pasado viernes Montoro negó que fuera a rebajarlo en 2014 y dijo que lo hará en 2015. Los fiscalistas coinciden en que hacerlo ya incentivaría el consumo y la actividad.

A su vez, los expertos re-cuerdan que el modelo que proponen la UE y la OCDE, reducir la tributación directa e aumentar la indirecta, es es-pecialmente válido para Es-paña. Desde enero de 2012 los españoles soportan los tipos de IRPF más altos en todos los niveles de renta y se sitúan en-tre los cinco países de la UE con el tipo nominal de Socie-dades más elevado.

Pero el problema en el im-puesto que grava a las empre-sas es, sobre todo, que acumu-la una serie de subidas encu-biertas que golpean la capaci-dad de invertir y financiarse de las compañías, a las que se ha obligado a financiar al Es-tado mediante los pagos frac-cionados incrementados, aplicados en 2012 incluso a ONG y fundaciones, y a pagar cuantiosas cuotas aunque es-tén en pérdidas.

Hacienda anunció el vier-nes la supresión total de la de-ducibilidad de las pérdidas por deterioro de cartera de valores y las rentas negativas producidas en el extranjero. Todas las alzas de Sociedades que eran transitorias se man-tendrán en 2014 y en 2015. El conjunto de incrementos su-ponen 9.000 millones al año. Estos aumentos podrían compensarse en la reforma global del modelo.

En el resto de países desa-rrollados, con tipos mucho más reducidos pero con unas Agencias Tributarias con más personal y medios, no se ha producido este desfase entre los ingresos y los gastos y una caída de la recaudación como en España, según Montoro, de unos 70.000 millones des-de 2007. La Agencia Tributa-ria acabó 2012 con 26.668 em-pleados y tiene 26.361 en 2013.

Jorge Sarró, socio de Rousaud Costas Duran e ins-pector de Hacienda en exce-dencia, concluye: “Las refor-mas y la lucha contra el fraude han incrementado la presión sobre los contribuyentes que ya declaran, lo que provoca, en ocasiones, su expulsión del sistema”. Es el momento de arbitrar reformas para que vuelvan al sistema.

Ramsés Pérez-Boga Presidente de la Organización de Inspectores.

El sistema fiscal español necesita urgentemente una reforma de calado. Causa desasosiego pensar que es Bruselas quien parece decidir, pero nuestro país siempre ha recibido más de Europa de lo que ha aportado, y es razonable que coordinemos las políticas fiscales. Bruselas no podía estar más acertada al requerirnos intensificar la lucha contra la economía sumergida, como pedimos los inspectores. También nos piden reformar Sociedades, ya que además de que recauda menos de la mitad que lo que recaudaba, favorece el endeudamiento y la planificación fiscal agresiva. Discrepo con Bruselas en su insistencia en subir la imposición indirecta. Con la demanda interna bajo mínimos, una nueva subida del IVA podría contraer más el consumo, y además de no aumentar la recaudación, tendría desastrosos efectos sobre el crecimiento.

“Tener en cuenta a Bruselas en lo que tiene razón”

Federico Linares Socio director de Ernst & Young Abogados

Pese a los recientes cambios, tenemos un sistema fiscal poco eficaz y complejo que obliga a abordar una reforma integral, más acorde con la nueva realidad económica, que aborde las ineficiencias, ataje el fraude y ofrezca seguridad jurídica. Se debería simplificar y reducir tipos, reequilibrando la carga tributaria, que sigue cayendo masivamente en las rentas del trabajo. Son factibles nuevos tributos a las actividades contaminantes, tratando de mantener los tipos reducidos del IVA que, revisados recientemente, favorecen sectores clave. En lo relativo a Sociedades, es necesario abordar una reforma profunda de la estructura que no genere incertidumbre empresarial y refleje la realidad internacional de nuestras empresas. No es conveniente aplicar penalizar aún más el endeudamiento corporativo, España ya lo hace.

“No penalizar más el endeudamiento corporativo”

Juan José Rubio Catedrático de Hacienda Pública (UCLM)

En un contexto preparatorio para una salida de la crisis, es urgente ajustar nuestro sistema fiscal a un modelo que, sin renunciar a equidad vertical, potencie el crecimiento económico a través del fomento de ahorro, de la inversión, de la oferta de trabajo y no penalizando la asunción de riesgos por parte de los individuos y de las empresas, asumiendo la necesidad de protección de los colectivos desfavorecidos y “mimando” las unidades productivas emprendedoras como las pymes, y todo ello sujeto a dos restricciones: la competencia fiscal internacional y la estabilidad presupuestaria. El ‘tax mix’ español demanda la reducción de los impuestos lesivos para el crecimiento como IRPF o cotizaciones sociales. En compensación pueden incrementarse los impuestos indirectos que, según la evidencia empírica, son menos lesivos.

“Ajustar el modelo a la salida de la crisis”

Impreso por Comunicación Cámara De Zaragoza . Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

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Lunes 1 julio 201326 Expansión

LAS SEIS REFORMAS URGENTES

Objetivo: Reinventar la Administración PúblicaLOS RETOS PENDIENTES EN EL GASTO PÚBLICO/ La intervención de una comunidad y cambios realistas en la estructura de las comunidades, los grandes desafíos.

Calixto Rivero. Madrid El Gobierno se encuentra tra-bajando en el que, quizás, po-dría definirse como el desafío más importante de la legisla-tura: reinventar la Adminis-tración Pública y garantizar la solvencia del Estado del Bie-nestar. En definitiva, ofrecer los mismos servicios pero a menor coste. Desde el segun-do Consejo de Ministros, cuando se aprobó la subida del IRPF y del IBI, el Gobier-no apostó por una racionali-zación del trabajo de los em-pleados públicos aumentan-do sus jornadas, congelando sine die los salarios e implan-tando una tasa de reposición cero. En abril de 2012 se apro-bó una novedosa Ley de Esta-bilidad que permitía interve-nir a las regiones díscolas con la reducción del déficit.

Sin embargo, un año y me-dio después –y coincidiendo con el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea acerca de la evolución de la econo-mía española–, Mariano Ra-joy se ha visto obligado a dar una vuelta de tuerca más a su plan reformista para no pasar a la historia sólo como el pre-sidente que más ha subido los impuestos, sino como el diri-gente que quiere modernizar de una vez la función pública. Para pasar de las musas al tea-tro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha arrancado una ambiciosa, pe-ro complicada, reforma de las

Administraciones Públicas con el objetivo de ahorrar 6.500 millones durante la le-gislatura sin un sólo recorte en las prestaciones. En total, el Gobierno estima que todas las medidas encaminadas a

rediseñar el gasto público –incluyendo las que afectan a los empleados públicos y la reforma local para acabar con las duplicidades– podría aho-rrar más de 40.000 millones de euros de aquí a 2015.

Sin embargo, a pesar de la utilidad de esta reforma, tam-bién es cierto que implica una “revolución” más teórica que práctica. La Ley contempla la posibilidad de intervenir a las regiones díscolas con la re-

ducción del gasto público, pe-ro el Ejecutivo aún no se ha atrevido a iniciar ningún pro-cedimiento coercitivo contra ninguna comunidad a pesar de que legalmente ya hay mo-tivos para hacerlo con Anda-

Aunque es cierto que la música suena bien y que se han empezado a ver los efec-tos de las primeras medidas –el Gobierno vende cada vez que tiene una oportunidad que hay 375.000 asalariados menos en el sector público– también es verdad que hay muchas dudas sobre la mesa sobre la aplicación práctica de la Ley de Estabilidad Presu-puestaria, sobre la eficacia que tendrá la reforma de la vi-cepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y, sobre todo, so-bre la voluntad de las comuni-dades autónomas de frenar el despilfarro que aún mantie-nen con minitribunales de cuentas, minidefensores del pueblo y con decenas de ob-servatorios poco útiles –un gasto absolutamente super-fluo según reconoce la ma-croauditoría que el Gobierno ha hecho a todas las adminis-traciones durante 7 meses–.

La Ley de Estabilidad Pre-supuestaria es uno de los pro-yectos de Ley que dejan en-trever luces y sombras. En primer lugar, es evidente, co-mo reconoce la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández-Curras, que sin esta norma habría si-do imposible reducir el déficit en un sólo año del 9% del PIB que dejó en herencia el Ejecu-tivo de José Luis Rodríguez Zapatero al 7%, un ajuste de 20.000 millones sin prece-dentes en el G-20, el club de los países ricos.

Sobre la reforma de las administraciones, Ángel de la Fuente, investigador del CSIC, “no cree que el Gobierno central deba meterse en decirles a las autonomías exactamente qué tienen que hacer. Lo que sí puede y debe hacer es exigir que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria en términos agregados”, afirma. Señalaba el pasado viernes que aún es pronto para opinar sobre la estrategia de Santamaría porque “es difícil contestar sin tener los detalles”.

“El Gobierno no debe meterse en lo que tienen que hacer las CCAA”

Ángel de la Fuente.

Enrique Calvet, economista y miembro del Comité Económico y Social Europeo, cree que que la última reforma aprobada “es muy buena y ambiciosa desde el punto de vista técnico”, pero “está enfocada para evitar el problema principal: señalar realmente qué tipo de administración necesita España”. El experto considera que el informe del Gobierno “es un mero parche” porque “no hace la pregunta crucial de por qué existen tantas administraciones y competencias distintas”.

“El Ejecutivo no se pregunta por qué hay tantas administraciones”

Enrique Calvet.

El exministro y presidente de la aerolínea Vueling, Josep Piqué dice que la reforma de las administraciones que ha presentado Sáenz de Santamaría “contiene elementos muy positivos y, como radiografía, es muy valiosa”. Pero también presenta matices: “Diría que es racionalizadora, y bien está, pero no es rupturista. Elimina grasa, pero no muscula. Critica que “no plantea eliminar niveles intermedios de administración, como las diputaciones”.

“La reforma es racionalizadora pero no es rupturista”

Josep Piqué.

La hoja de ruta para dar un giro al sector público de 180 gradosReformar del gasto público, atacar las duplicidades autonómicas y aligerar la estructura de la Administración para evitar que sea un freno a la creación de empleo es una de las exigencias de la Comisión Europea para frenar el gasto público. Estas son algunas medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno: 11. Reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Establece un control más estricto del gasto estatal, fija techos de gasto a las regiones y contempla la posibilidad de la intervención de las autonomías más díscolas. 2. Reforma local. Bajo la premisa de “una administración, una competencia”, el Gobierno quitará las competencias de sanidad y educación y algunos servicios sociales a los ayuntamientos para que se encargen de estas actividades las comunidades, las que realmente tienen esa responsabilidad. El objetivo: ahorrar casi 8.000 millones. 3. Reforma de las Administraciones Públicas. Mediante la ventanilla única, la eliminación de trabas a las empresas, la supresión de burocracia y de organismos, el Gobierno quiere ahorrar en lo que queda de legislatura 6.500 millones de euros. 4. Cambios en la función pública. Más allá del recorte de la paga extra de navidad, los empleados públicos han visto como el Gobierno aumenta su jornada laboral y recorta sus días libres, los famosos moscosos. También se reformarán el estatuto de la función pública y del directivo de la Administración. 5. Reforma laboral. Se implanta el despido superbarato dentro del sector público. Hasta ahora no se podían hacer Expedientes de Regulación de Empleo en el Estado.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda,

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Lunes 1 julio 2013 27Expansión

El Gobierno aún no ha iniciado el proceso para intervenir una comunidad

La reforma de las administraciones será voluntaria para las CCAA, blindadas por sus estatutos

José Luis Martínez, estratega de Citi, opina que la reforma de la Administración planteada por la vicepresidenta es “un buen punto de partida, sobre todo la auditoría seria del sector público”. “Ahora hace falta que tenga efectos prácticos, que se pongan encima de la mesa las medidas”, sentencia el economista de esta entidad”. “Hay temas que haya que concretar más, por ejemplo la reforma de los ayuntamientos”, explica. “Los economistas siempre pediremos más”, remacha.

“Una auditoría del sector público es un buen punto de partida”

José Luis Martínez.

Alain Cuenca, analista de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), cree que es “positivo” que el Gobierno se haya decidido a abordar la reforma de la Administración con “ambición”. Eso sí, en su opinión, el Ejecutivo debería haber consultado antes con las CCAA el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones, porque su aplicación dependerá de ellas. También avisa que en la propuesta de la vicepresidenta “falta la visión de los economistas, que digan qué es más barato”.

“En la reforma administrativa falta la visión de los economistas”

Alain Cuenca.

José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, admite que “hasta la fecha, ningún Gobierno había propuesto una reforma estatal tan ambiciosa como esta [la que se aprobó el viernes en Consejo de Ministros]”. Y, aunque el cierre de organismos sea voluntario, “el Ejecutivo ha dispuesto medidas para que aquellas administraciones que se nieguen a recortar sus servicios tengan algún tipo de amenaza, por ejemplo mediante el FLA”.

“Ningún Gobierno había aprobado una reforma tan ambiciosa”

José García Montalvo.

lucía, Cataluña, Murcia, Ba-leares y Valencia, las cinco co-munidades que incumplieron con el objetivo de déficit el año pasado.

También hay dudas sobre la reforma de la Administra-

ción, especialmente sobre la local. Al principio se habló de la reducción de un 30% del número de concejales, pero la presión de la Federación de Municipios ha rebajado la norma, que empezará a tra-

mitarse en el Congreso de los Diputados este mes. Eso sí, el Gobierno confía en que se lo-grarán los ahorros de cerca de 8.000 millones de euros gra-cias a que se acabará con las duplicidades en la prestación de servicios. La reforma que ha emanado de la Comisión que han encabezado los sub-secretarios de Estado de Pre-sidencia y Hacienda, Jaime Pérez Renovales y Pilar Plate-ro, también deja en el aire al-gunas dudas. Aunque ha sido muy aplaudida por los em-presarios la propuesta del Go-bierno de crear una Adminis-tración Pública que funcione con el mismo estilo que el sec-tor privado, también se ha cri-ticado que 120 de las 217 me-didas planteadas (las que des-cubren y buscan atajar el des-pilfarro autonómico) serán “voluntarias”.

Aunque es cierto que Espa-ña no es de los países con el volumen de gasto público so-bre el PIB más elevado (le su-pera curiosamente Francia y Alemania), no hay que desde-ñar que con los actuales nive-les de ingresos no es sosteni-ble mantener el gasto sanita-rio, educativo y de pensiones. Pese a las críticas sindicales a los ajustes, hace falta una re-estructuración de estas parti-das con un sólo objetivo: que los pilares del Estado del Bie-nestar no se derrumben como un castillo de naipes.

Cristóbal Montoro, presentando la reforma de la Administración.

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ECONOMÍA / POLÍTICA

Lunes 1 julio 201328 Expansión

LAS SEIS REFORMAS URGENTES

M.Valverde. Madrid La reforma de las pensiones, de acuerdo con el factor de sostenibilidad, es una de las propuestas en la que más in-siste la Comisión Europea. De hecho, Bruselas quiere que entre en vigor en 2014, aun-que, previsiblemente, puede retrasarse unos meses si el Gobierno busca un amplio acuerdo con la oposición par-lamentaria. En cualquier ca-so, mucho antes de 2032, que era la fecha prevista por la úl-tima reforma de la Seguridad Social. Cambio que, por cier-to, lleva tan solo seis meses en marcha. De hecho, el comité de expertos designado por el Ejecutivo sobre el factor de sostenibilidad ya ha enviado su informe al Parlamento.

La Comisión quiere que Es-paña siga el ejemplo de otros países del Eurogrupo que ya han puesto en marcha, o tie-nen previsto hacerlo, el factor de sostenibilidad. La razón de fondo es garantizar que el en-vejecimiento de la población española en los próximos veinte años no impida la esta-bilidad de las cuentas. Hay que considerar que, a partir de 2020 van a empezar a jubilar-se las generaciones que nacie-ron en la explosión de la nata-lidad de los años 60 y la mitad de la década de los 70 del siglo pasado.

Además, cada diez años la esperanza de vida crece en 16 meses. Actualmente, un jubi-

lado español vive de media 20 años más después de dejar el trabajo. A principios del siglo XX, la existencia media del jubilado era de 10 años. En-tonces, sólo el 35% de la po-blación llegaba a los 65 años. Ahora es el 90%.

Por todas estas razones, el comité de expertos, designa-do por el Gobierno para ela-borar un informe sobre la ma-teria, ha planteado que para hacer sostenible al sistema las pensiones deben tener refor-mas permanentes y, además, evolucionar en los próximos años con dos grandes crite-rios. El primero, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la esperanza de vida. Y, el segundo, de acuer-do con los ingresos y gastos del sistema de pensiones.

Generaciones Plantear la pensión inicial te-niendo en cuenta el envejeci-miento de la población signifi-ca que, según los expertos, la renta puede descender un 5% cada diez años. Hasta un 20% en 2050, siempre que no haya otras reformas en el sistema y no se produzcan periodos de crecimiento económico soste-nido. Se trata de que los presu-puestos anuales se puedan adaptar sin grandes incremen-tos a la entrada en el sistema de las sucesivas generaciones. Hay que tener en cuenta que la prestación ya no subirá auto-máticamente con la inflación.

La revolución necesaria en las EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO/ La presión del Eurogrupo obliga al Gobierno a emprender un cambio de calado

meses después de la entrada en vigor de la última modificación. El Ejecutivo inicia la reforma con el rechazo de la dirección de

FELIPE SERRANO Consejo asesor de Unespa

“Lo que tiene que plantearse el Parlamento es que el sistema de pensiones necesita ingresos adicionales equivalentes al 3% del PIB anual”, dice Felipe Serrano, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, y asesor de Unespa. Serrano propone tres vías para conseguir este objetivo. Subir las cotizaciones de los trabajadores, que son el 4,70% de la base; dedicar a las pensiones una parte de las cotizaciones sociales por desempleo, en el momento en que retroceda el paro, y convertir las pensiones de viudedad en prestaciones asistenciales, para quienes, realmente, tienen pocos ingresos o ninguno.

“Las pensiones necesitan ingresos adicionales”

RAFAEL DOMÉNECH Economista jefe del BBVA.

Rafael Doménech, economista jefe del BBVA, y miembro del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad, sostiene que la reforma “modera el crecimiento” de las pensiones “no las recorta”. Ante el Congreso, Doménech puntualiza que “el rediseño del sistema corresponde” al Parlamento; no a los expertos. En todo caso, sostiene que “lo que es verdaderamente arriesgado es no hacer nada [en el sistema de pensiones] ante eventuales riesgos potenciales que pueden ocurrir en el futuro. Es como si viendo que el Titanic avanza hacia un iceberg, nos empeñamos en mirar hacia atrás”.

“La reforma modera el crecimiento de las prestaciones”

JUAN JOSÉ DOLADO Miembro del Instituto Aviva

Juan José Dolado, miembro del Foro de Expertos del Instituto Aviva y catedrático de Economía Aplicada, sostiene que es imprescindible en la consolidación del sistema de pensiones que el trabajador “tenga una información constante desde una edad laboral temprana sobre las cotizaciones sociales acumuladas a lo largo de la carrera laboral”. Dolado también defiende “una reforma laboral profunda” que aumente el empleo y con ello los ingresos por cotizaciones. Dolado reclama el contrato único propuesto por la Fundación Fedea, que termine con la división entre indefinidos y temporales.

“Es imprescindible informar de la cotización laboral”

DIEGO VALERO Presidente de Novaster

Diego Valero, presidente de la consultora Novaster, sostiene que los trabajadores deben integrarse desde el primer momento en el plan de pensiones de la empresa. “Respetando la Constitución [que establece que los planes privados de pensiones deben ser complementarios y no obligatorios] podríamos seguir el modelo británico, donde los planes deben ser financiados por la empresa y el trabajador. Este último con bonificaciones fiscales”. Como Felipe Serrano, Valero también propone “reformar de una vez por todas las pensiones de viudedad. No tiene sentido que personas con salarios razonables tengan una pensión vitalicia”.

“Los trabajadores deben estar en el plan de empresa”

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Lunes 1 julio 2013 29Expansión

Precisamente, subir las pensiones de acuerdo con los ingresos y gastos del sistema es tanto como relacionarlas con la evolución de la econo-mía, la creación de empleo y, por consiguiente, según la evolución de los cotizantes. La inflación es un factor más, pero ya no es el único para re-valorizar las pensiones.

Garantizar la prestación Por todas estas razones, si no hay otros cambios o la aporta-ción de nuevos recursos a la Seguridad Social, mediante impuestos o las propias refor-mas del sistema, y más allá de las cotizaciones sociales, los expertos recomiendan al Go-bierno y al Parlamento que, cuando entre en vigor la re-forma, garanticen a los pen-sionistas actuales que su pres-tación nunca descenderá en términos nominales. Incluso, con el tiempo la pensión me-dia “será significativamente menor” que el salario medio, según ha reconocido Victor Pérez Díaz, presidente del Comité de Expertos, ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.

En todo caso, como dice Mercedes Ayuso Gutiérrez, integrante de la comisión de expertos, “son los canales de-mocráticos –el Parlamento– los que tienen que tomar aho-ra las decisiones sobre el tipo de reforma que quiere hacer con el sistema de pensiones”.

Sin embargo, el Gobierno no tiene nada fácil obtener un respaldo social y político sufi-ciente para hacer un cambio tan profundo en el sistema de previsión social.

En principio, de los prime-ros debates en el diálgo social y en el Parlamento, el factor de sostenibilidad suscita el re-chazo de la dirección de los sindicatos y de toda la izquier-da y los nacionalistas. Es ver-dad que el Ejecutivo tiene la mayoría parlamentaria, pero la entrada en vigor de la refor-ma podría coincidir con el año electoral de 2015. Será en-tonces cuando se celebren las elecciones autonómicas y ge-nerales y, con toda seguridad, las pensiones volverán a estar en el centro de la campaña.

pensionesen el sistema público de previsión, los sindicatos y de toda la oposición.

El factor de sostenibilidad rebaja las pensiones si no hay nuevos ingresos y nuevas reformas

Los expertos designados por Báñez emplazan al Congreso a que tome decisiones

La oposición y los sindicatos rechazan la nueva fórmula para la sostenibilidad de las prestaciones

El ahorro privado tendrá más incentivos

COMISIÓN PARLAMENTARIA DEL PACTO DE TOLEDO/ El Gobierno ha elaborado una batería de medidas para impulsar el ahorro con planes de previsión complementaria.

E. P. D. Madrid La reforma de las pensiones privadas ha echado a andar. El Gobierno enviará a la co-misión parlamentaria del Pacto de Toledo un informe con medidas para fomentar el ahorro previsión. Los grupos parlamentarios recogerán así el testigo de este proceso de cambio.

La propuesta de más calado del Gobierno es que las em-preas incorporen a sus traba-jadores a un esquema de pre-visión social, salvo que el em-pleado se manifieste en con-tra.

Como paso previo, el Go-bierno propone que sea obli-gatorio el que las empresas in-formen anualmente a los tra-bajadores sobre los productos de ahorro previsón a los que podrían adherirse. Las apor-taciones serán realizadas por los trabajadores voluntaria-mente y podrán descontarse de la nómina, según la pro-puesta que recibirá la comi-sión del Pacto de Toledo.

Las empresas deberán in-formar a sus empledos de los riesgos de los planes de pen-siones en los que pueden in-vertir para que elijan el que convenga a su perfil de riesgo.

El Gobierno propone que se incentive el cobro de los planes en forma de renta vita-licia o financiera a largo plazo, de forma que sea un verdade-ro complemento de la presta-ción pública.

Las rentas vitalicias disfru-tan ahora de beneficios fisca-les que varían en función de la edad de quien contrate el pro-ducto. Los mayores de seten-ta años solo tributan por el 8% de lo que cobran.

El Ejecutivo propone tam-bién incentivos que propicien la transformación de inmue-bles en productos de previ-sión social complementaria. Esta medida podría materiali-zarse en la aplicación de be-neficios fiscales a la venta de inmuebles siempre que el di-nero obtenido en estas opera-ciones se invierta en previsión social.

El apartado tributario se cierra con el objetivo de reor-denar los actuales límites fis-cales de deducción de las aportaciones a planes de pen-siones y productos similares

que en su diseño actual bene-ficia a las rentas más altas.

El ahorro colocado en estos productos disminuye la base imponible del Impuesto so-bre la Renta. Las personas menores de cincuenta años pueden deducirse anualmen-te las aportaciones con deter-minados límites.

Las propuestas elaboradas por la dirección general de Seguros, del Ministerio de Economía, incluyen una re-baja de estas comisiones y la reordenación de la fiscalidad de estos productos y otros si-milares que complementen la jubilación pública.

Comisiones El Ejecutivo considera que las comisiones actuales de los planes de pensiones, que se fi-jaron hace veinticinco años, en un contexto de altos tipos de interés, tenían un reflejo en la rentabilidad de las inversio-nes de los planes.

La comisión máxima de gestión que pueden aplicar estos productos es del 2% del patrimonio y el 0,5% la de de-positos. Estos topes están fija-dos por ley. No es la primera

vez que desde este departa-mento se propone una bajada de las comisiones de los pla-nes, aunque la fuerte oposi-ción de las entidades ha dado al traste en otras ocasiones con esta iniciativa.

El objetivo del Ejecutivo es también que se informe con carácter previo a la contrata-ción y anualmente de la comi-sión máxima y de la real que perciban la gestora y la depo-sitaria y de la pérdida máxima posible que pueda tener el in-versor.

Los productos de ahorro previsión nueven un total de 163.452 millones de euros. Los planes de pensiones aca-paran la mayor parte con 86.536 millones de euros, se-guidos de los seguros de vida ahorro, con 43.462 millones de euros.

El Ejecutivo quiere reordenar los beneficios fiscales de los planes de pensiones

Las comisiones de gestión y de depósito que cobran las gestoras se recortarán

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Lunes 1 julio 201330 Expansión

LAS SEIS REFORMAS URGENTES

F. Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales.

Luis Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales, y experto en la negociación colectiva, considera que “las oportunidades que tiene el empresario de modificar las condiciones de trabajo son suficientemente trascendentales como para calificar la reforma laboral de profunda”. No obstante, Márquez sostiene que la reforma de la negociación colectiva ha dejado “una vieja asignatura pendiente”. Es decir, la eliminación de los convenios provinciales, “que no responden a criterio socioeconómico alguno”. Fabián Márquez defiende también que “es inevitable

“Hay que eliminar los convenios provinciales, porque no se justifican”

que la contratación temporal directa ceda protagonismo a la administrada por las empresas de trabajo temporal, con más garantías y menos posibilidad de fraude”.

El profesor del Cemfi y miembro de Fedea Samuel Bentolila.

Samuel Bentolila, profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) apunta que, a pesar del gran avance de 135.000 empleos en mayo, “hay que tener en cuenta que el 93% de los contratos son temporales”. Bentolila explica que “la contratación temporal genera una fuerte creación de empleo en sectores de baja productividad, lo que exacerba la destrucción de empleo durante las recesiones“. El economista señala que “la única vía para crear empleo estable es el contrato único”. Este modelo elimina la diferencia entre contrato temporal e indefinido y establece que los días de

“El contrato único es la única vía para crear empleo estable”

indemnización por despido crezcan progresivamente. Así, se evitaría el salto al contrato indefinido, que cuesta el despido a muchos trabajadores.

José Ignacio García Pérez, de la Universidad Pablo de Olavide.

El profesor de la Universidad Pablo de Olavide, José Ignacio García Pérez, rechaza la proliferación de contratos y apuesta por “racionalizarlos”. De hecho, indica que “el contrato de apoyo a los emprendedores es todavía más precario que los temporales, porque se despide a los jóvenes justo cuando están a punto de acabar el contrato de un año, cuando su coste de despido todavía es cero”. La clave, para el también investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), radica en “cambiar los incentivos: no hay que darlos para que despidan a los trabajadores, sino para que se

“La fórmula de emprendedores sólo ha aumentado la precariedad”

queden”. “La reforma laboral fue muy positiva para moderar los salarios, pero apenas ha fomentado la contratación de trabajadores”, concluye.

Bruselas y el FMI quieren nuevos cambios laboralesEL DESEMPLEO BATE RÉCORDS/ Los organismos internacionales presionan a España para que profundice en las modificaciones del mercado de trabajo.

M.Valverde. Madrid La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacio-nal (FMI) consideran que Es-paña progresa adecuadamen-te, con una reforma laboral que ha avanzado en la direc-ción correcta. Sin embargo, no es suficiente para acabar, en palabras de Olli Rehn, co-misario de Economía y Asun-tos Económicos, “con unos niveles de desempleo inacep-tables”. Por esta razón, ambas instituciones internacionales más el Banco de España exi-gen más cambios en el merca-do de trabajo. Unas demandas a las que el Gobierno ya ha respondido: “La reforma la-boral ya está hecha”.

El próximo día 7 cumplirá un año la ley de la reforma la-boral más profunda desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980. El actual Gobierno ha derribado varias de las ba-rreras que, a juicio de todas las instituciones nacionales e in-ternacionales y de la inmensa mayoría de los analistas ha-cían del mercado laboral es-pañol, y de sus cifras de paro, algo totalmente distinto a los de sus socios europeos.

Entre otros cambios, la mo-dificación legislativa está re-duciendo los elevados costes del despido; ha eliminado el permiso administrativo pre-vio para las regulaciones de empleo, y ha roto con la rigi-dez en la fijación de las condi-ciones sustanciales de trabajo. La reforma también ha facili-tado la independencia del convenio de empresa respec-to al del sector y ha limitado a un año la prórroga máxima del convenio caducado, mien-tras la empresa y los trabaja-dores negocian uno nuevo.

Previsiones del Gobierno Sin embargo, la profundidad de la recesión que vive Espa-ña y la falta de créditos a las empresas han impedido hasta ahora que los importantes cambios en el mercado de tra-bajo puedan plasmarse en la creación de empleo anuncia-da por el Gobierno.

Por el contrario, las empre-sas continúan ajustando plan-tillas. En el primer trimestre del año, el desempleo alcanzó la cota más alta desde la Tran-sición a la Democracia:

6.202.700 personas, lo que su-pone el 27,16% de la pobla-ción activa. Una tendencia que el Ejecutivo espera que esté empezando a romperse, a tenor de que en el último tri-mestre han evolucionado po-sitivamente tanto el paro re-gistrado en las oficinas públi-cas de empleo como la afilia-ción de trabajadores ocupa-dos en la Seguridad Social. Es verdad que los datos están re-flejando la importancia de la temporada turística.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, también espera que sea positiva la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año. Incluso, más allá del hecho de que re-fleje el comienzo de la tempo-rada estival en España.

El Gobierno también sos-

tiene que la reforma laboral ha permitido la plasmación de acuerdos en 70.000 em-presas para evitar los despi-dos a cambio de la modera-ción salarial y otras variacio-nes en las condiciones sustan-ciales de trabajo. Por ejemplo, en la jornada, los turnos o la movilidad geográfica y fun-cional de los trabajadores. To-das ellas, medidas de flexibili-dad interna.

A pesar de ello, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y hasta el Ban-co de España han pedido al Gobierno nuevas reformas en

El FMI pide una rebaja del despido y Bruselas, obligar al parado a aceptar un empleo rápidamente

el mercado de trabajo o seguir profundizando en las que ya se han empezado.

Rebaja del despido En este última línea, el FMI ha animado al Gobierno a que siga reduciendo los costes del despido, atacando la indem-nización más elevada para el trabajador por rescisión im-procedente del contrato. Es decir, la que regula 33 días de salario por año de trabajo has-ta una cuantía máxima equi-valente a dos ejercicios. En es-ta línea, la institución también ha pedido al Ejecutivo que es-timule los acuerdos entre em-presarios y sindicatos para re-ducir los salarios, a cambio de la creación de empleo.

La Comisión Europea quie-re que el Gobierno profundi-ce en las política de promo-ción del empleo –políticas ac-tivas– endureciendo aún más las condiciones que debe cumplir un parado para co-brar la prestación. Esta es la exigencia de la Comisión que se esconde tras el eufemismo de “mejorar la vinculación entre las políticas activas y las políticas pasivas del desem-pleo”.

Bruselas también quiere que el Gobierno consiga po-ner orden en la red de servi-cios del empleo que tienen el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas. En este sentido, el Ejecutivo ha emprendido dos estrategias: la primera es distribuir el 40% de los fondos de políticas acti-vas –1.342 millones de euros para 2013– entre las comuni-dades autónomas de acuerdo con el cumplimiento de obje-tivos. En segundo lugar, en la lucha contra el paro juvenil, España ha conseguido arran-car 2.000 de los escasos 6.000 millones de euros que la Unión Europea dedicará en-tre 2014 y 2015 a luchar con-tra este problema. En España el desempleo afecta a 960.000 personas, de entre 16 y 24 años, con una tasa de paro del 57%.

Bruselas también ha pedi-do a España que dé mayor po-der a las empresas de trabajo temporal en la colocación de los desempleados con mu-chas dificultades para volver al mercado laboral.

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Lunes 1 julio 2013 31Expansión

LAS SEIS REFORMAS URGENTES

Máxima tensión ante la reforma eléctricaCUENTA ATRÁS/ Después de meses parcheando los problemas del sector eléctrico, sobre todo con recortes a las empresas, éstas aguardan desesperadas una reestructuración normativa integral. La incertidumbre es total. Temen más hachazos.

Miguel Ángel Patiño. Madrid La cuenta atrás para lo que se supone que debe ser la gran reforma del sector eléctrico ha empezado. Después de va-rias semanas especulando con lo que podrían ser las nuevas –y definitivas– medi-das de ajuste, todos esperan que el gran momento llegue en los próximos días.

En el sector se baraja que el ministerio de Industria lleve el tema al Consejo de Minis-tros del día 12 de julio, o del 19 como muy tarde. El problema de la reforma eléctrica es viejo y simple. Los ingresos del sis-tema eléctrico, vía tarifas de la luz no cubren los costes de ge-nerar, transportar y distribuir la electricidad. Este desequili-brio provoca lo que se conoce como déficit de tarifa eléctri-co. Ese agujero se ha ido ha-ciendo cada vez mayor. Entre otras cosas, porque el sistema eléctrico es un cajón de sastre con todo tipo de costes inclui-dos en él, y porque, desde ha-ce más de una década, ningún Gobierno ha tenido suficien-tes agallas para subir fuerte-mente las tarifas de la luz por ser una medida altamente im-popular.

Numéricamente, el proble-ma supone un agujero finan-ciero de 30.000 millones de euros. Este déficit está ahora está en forma de deuda. Una parte sigue en las tripas de las empresas, otra parte la tiene el fondo Fade, creado expre-samente por el Gobierno para colocar bonos en el mercado para cubrir esa deuda, y otra parte ya está colocada en el mercado. Da igual donde es-tén esos 30.000 millones. Al-guien, en algún momento, tie-

José Donoso es director general de Unef, patronal fotovoltaica.

varios hachazos consecuti-vos, con imposición de nue-vas tasas o recortes de sus in-gresos (por las redes de distri-bución o por las subvenciones a las renovables, por ejemplo). Ahora, están siendo someti-das a la tremenda presión que supone estar esperando du-rante meses más hachazos, sin determinar. Es lógico que una situación así paralice cualquier inversión.

Techo de rentabilidad Una de las medidas que se han barajado es la de ajustar los costes eléctricos igualan-do, en términos de rentabili-dad, los ingresos o subvencio-nes de las empresas (por la distribución, transporte, o subvenciones renovables). Hasta ahora, ha habido todo tipo de costes reconocidos en el sistema, unos más caros que otros. Así, frente a tasas de retorno del 6%, puede ha-ber otros activos con más del 20%. Si se sigue este tipo de ajuste, las más perjudicadas serían las renovables. Se ha barajado poner un techo de rentabilidad.

Inicialmente, el problema del déficit de tarifa era genui-namente español. Pero la tar-danza en la aplicación de so-luciones y el agravamiento de esa enfermedad amenaza con convertirlo en un problema para las cuentas públicas es-pañolas. Y de ahí ha pasado a ser un asunto que preocupa seriamente a Bruselas. Por to-do ello, la reforma eléctrica es una de las que Bruselas exige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su lucha contra el déficit público y para reactivar la recuperación.

ne que pagarlos. Y lo que es peor: la reforma lo que trata de evitar es que el próximo año, esos 30.000 millones se conviertan en 35.000, y que en 2015, sean 40.000 millo-nes. Y así hasta el infinito y

más allá. La solución lleva años demorándose. Incluso el Gobierno del PP, que en di-ciembre de 2011 llegó con ga-nas de abordarlo –y con un diagnóstico claro de la situa-ción– ha ido dilatando la ac-

tual situación de incertidum-bre. El actual ministerio de Industria, a cuyo frente está José Manuel Soria, se ha limi-tado hasta ahora a ir par-cheando el problema. A ve-ces, con soluciones contradic-

torias entre sí. La tensión en el sector ya no puede subir más. Está al borde de la explosión. Las empresas, sean eléctricas tradicionales o renovables puras, están exhaustas y har-tas de esperar. Ya han sufrido

Creemos que toda reforma de este tipo, y sobre todo de la dimensión y la importancia que tiene este sector, tiene que partir del dialogo e intentar forjar consensos entre el regulador y las empresas reguladas. Sin embargo, la que está en curso se está diseñando sin el menor dialogo con el sector fotovoltaico. Esperemos que en todo caso, en su concreción final, se haga con visión de futuro, manteniendo el principio de la seguridad jurídica y no produciendo a nuestro país y a su economía daños superiores a los que se pretende remediar con la reforma.

Unef: “Pedimos diálogo y visión de futuro”

José Miguel Villarig preside la asociación de renovables Appa.

España debe reducir su altísima dependencia energética apostando por fuentes autóctonas como las renovables. Ante la reforma, Appa pide sacar del recibo todos aquellos costes que no tengan que ver con el sistema eléctrico, realizar una auditoría en profundidad e independiente de todos los costes del sistema, reformar el actual mercado eléctrico, denunciado por falta de competencia por la Comisión Europea y la CNE, y, en todo caso, revisar y ajustar los costes de energía, no solo los regulados. Todo ello, respetando la seguridad jurídica.

Appa: “Hay que respetar la seguridad jurídica”

Eduardo Montes es presidente de Unesa, patronal eléctrica.

Las empresas eléctricas están a la espera de conocer la reforma energética que prepara el Gobierno. El principal objetivo de la misma es acabar con el déficit de tarifa, para lo que el Gobierno ya ha adoptado diferentes medidas en el último año. Desde Unesa confiamos en que en esta ocasión las medias sean equitativas para compañías, para la Administración y para los consumidores. Hasta ahora, todo el esfuerzo ha recaído en las empresas de Unesa. Muy especialmente, la distribución ha experimentado un duro ajuste a pesar de ser la piedra angular del sector.

Unesa: “Debe haber medidas equitativas”

José López-Tafall preside la aso-ciación eólica AEE.

Nuestras peticiones son simples. Primero, que no nos hagan pagar dos veces: las medidas tomadas desde 2010 afectan casi en exclusiva al sector, por lo que deben ser temporales, hasta que se recupere la demanda. El impacto en los ingresos de estas medidas debe ser compensado alargando la vida de las primas más allá de los 20 años actuales. Pedimos que la reforma tenga vocación de largo plazo y que se haga a través de una ley, no de un real decreto-ley, para que el sector pueda opinar. Y que no venga marcada por prejuicios o presiones de terceros.

AEE: “Que no nos hagan pagar dos veces”

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ECONOMÍA / POLÍTICA

Lunes 1 julio 201332 Expansión

LAS SEIS REFORMAS URGENTES

Allanar la unidad de mercado y desmontar los ‘miniestados’

Objetivos ineludibles para aumentar la competitividad

La principal recomendación que la UE ha hecho a España en competitividad es la

aprobación inmediata de la Ley de Unidad de Mercado, que el Gobierno finalmente ha tramitado más tarde de lo previsto, ya que aún debe ser aprobada en Consejo de Ministros y en las Cortes. La norma implantará la licencia en origen: es decir, que una empresa podrá operar en cualquier parte de España tan solo con la licencia obtenida en el lugar donde tenga su residencia jurídica, sin necesidad de plegarse a más exigencias técnicas. En las últimas décadas, las comunidades autónomas han creado un entramado burocrático que las asemeja a ‘miniestados’, con un alto coste para las empresas.

Más liberalización en las profesiones cualificadasHace ya varios años que los sucesivos Gobiernos españoles pretenden profundizar

en la liberalización de profesiones tradicionalmente más reguladas como la medicina, la abogacía, la farmacia y la arquitectura. Pero los avances hasta la fecha han sido tímidos. El actual Ejecutivo está elaborando la Ley de Servicios Profesionales, que ya ha causado polémica. Según el último borrador, el Gobierno incrementará los controles sobre las cuotas, seguros y restricciones a la actividad que pueden imponer los colegios. La nueva norma podría reducir el total de 1.650 colegios que hay ahora a una horquilla de entre 180 y 540 al fijar sólo 18 profesiones con colegiación obligatoria.

Incentivos fiscales y financieros para los emprendedoresUno de los anuncios más publicitados del curso político es la Ley de Emprendedores,

con la que el Gobierno espera beneficiar a 2,3 millones de pequeños empresarios y autónomos. Y para ello utilizará incentivos fiscales y estímulos financieros. Algunos de los primeros son la implantación del criterio de caja en el IVA (los empresarios podrán esperar a cobrar la factura antes de ingresar el impuesto), las deducciones en el IRPF para quienes inviertan en nuevas compañías o menores cotizaciones para autónomos y pluriempleados. Respecto a los segundos, habrá un mercado alternativo de renta fija y nuevos bonos y cédulas de internacionalización para proyectos en el exterior.

Despejar el camino a los emprendedores DIVERSAS LEYES DEL ACTUAL CURSO POLÍTICO BUSCAN REVITALIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL/ La unidad de mercado, las ayudas fiscales financiación y la liberalización de sectores tradicionalmente regulados forman parte de la batería de medidas reclamadas al

Y. González / B. García. Madrid Es bastante habitual que la prensa e incluso los propios políticos definan el departa-mento liderado por Luis de Guindos simplemente como “Ministerio de Economía”. Y se tiende a olvidar que la de-nominación oficial incluye “y Competitividad”. Tras un pri-mer año dedicado casi exclu-sivamente a reducir el déficit (con fuertes subidas de im-puestos) y rebajar en lo posi-ble la prima de riesgo, el Go-bierno centra ahora sus re-fuerzos en que España recu-pere su capacidad para com-petir con las grandes poten-cias y revitalizar su tejido productivo interno. La UE viene insistiendo desde hace meses en que el Ejecutivo no debe dormirse en la carrera modernizadora.

La principal “recomenda-ción” de Bruselas en este sen-tido tiene que ver con uno de los principios más reivindica-dos por Mariano Rajoy inclu-so antes de llegar a presiden-te: la unidad de mercado. Es decir, el combate contra la disgregación normativa que en las últimas décadas han propiciado las comunidades autónomas y los ayuntamien-tos. El establecimiento de 17 miniestados, cada uno con sus propios requisitos técnicos y legales para la actividad em-presarial, muchas veces en clara contradicción con los de otras comunidades, ha su-puesto un coste para las em-presas de 45.000 millones de euros al año, según la CEOE.

El pasado 25 de enero, con varias semanas de retraso res-pecto al calendario marcado, el Consejo de Ministros apro-

Una atestada calle comercial del centro de Madrid. El comercio es uno de los sectores donde más puede impactar leyes como la Unidad de Mercado o los Emprendedores.

bó el anteproyecto de la Ley de Unidad de Mercado, que actualmente está siendo obje-to de análisis por los organis-mos reguladores y el Consejo de Estado y aún debe atrave-sar su trámite en las Cortes. El texto se articula en torno a la licencia única o licencia de origen: cualquier empresa po-drá realizar su actividad en cualquier punto de España

tan solo con el permiso obte-nido por la comunidad autó-noma donde resida jurídica-mente, sin necesidad de aten-der mayores requisitos. Confianza mutua De este modo, una empresa sevillana que opere en Vigo deberá simplemente cumplir con las exigencias legales de Andalucía y no las de Galicia. Bajo el principio de “confian-za mutua”, una administra-ción autonómica aceptará que la licencia expedida en otra región para una determi-nada empresa cumple perfec-tamente la legalidad.

Sin embargo, la Ley de Uni-dad de Mercado afronta no pocas discrepancias políticas, sobre todo procedentes de partidos nacionalistas, que ven en la norma una invasión de competencias y una intro-misión en la soberanía legal de las comunidades. El trámi-te parlamentario en el Con-greso y el Senado será segura-mente definitivo en este as-pecto, en la medida de que las reivindicaciones particulares de determinados grupos des-cafeinen las intenciones origi-nales del Gobierno.

No menos polémico es el proyecto de liberalización de

servicios profesionales que persigue el Ejecutivo, en con-sonancia con las peticiones de la UE para desregular deter-minados ámbitos como la abogacía, la medicina, la far-macia, la arquitectura y la in-geniería. Si bien los primeros bocetos filtrados hace algu-nos meses apuntaban a una li-beralización total, por ejem-plo, en el sector farmacéutico,

parece que las últimas nego-ciaciones del Gobierno con los colectivos afectados han suavizado las anteriores pos-turas. Incluso el FMI ha mos-trado su preocupación por las presiones externas para diluir esta normativa.

Con todo, la ley que prepa-ra el Ministerio de Luis de Guindos incrementará los controles sobre las cuotas, se-guros y restricciones a la acti-vidad que hasta ahora han im-puesto los colegios profesio-nales. A medio y largo plazo, la nueva norma podría redu-cir el total de 1.650 colegios que hay ahora a una horquilla

El trámite en las Cortes de la Ley de Unidad de Mercado podría descafeinar el proyecto original

Sólo 18 profesiones tendrán colegiación obligatoria; los 1.650 colegios se reducirán a más de la mitad

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ECONOMÍA / POLÍTICA

Lunes 1 julio 2013 33Expansión

Una red ferroviaria más solvente y competitivaEn julio del año pasado, el Ejecutivo aprobó un decreto ley con el que abría la veda para la

liberalización de los servicios ferroviarios españoles, dominada hasta ahora por Renfe. Desde entonces, el proceso se está produciendo con mucha lentitud, tal como acaba de denunciar la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que también arroja muchas dudas sobre las condiciones de concurso para nuevos operadores que entren en el mercado, ante el dominio de Renfe. En cualquier caso, oficialmente la liberalización comenzará el próximo 31 de julio para los trenes turísticos, y más adelante se ampliará a las líneas de cercanías y de largo recorrido, entre ellas el AVE.

Precios y contratos públicos desvinculados de la inflaciónLa legislación española se encuentra en marasmo de artículos que vinculan precios de

compra, concesiones o contratos públicos con la evolución de la inflación en España, y lo actualizan sistemáticamente año a año, como ocurre también con las pensiones. Con el objetivo de desligar esta actualización anual con la evolución de los precios (reflejados en el IPC), la Ley de Desindexación de la Economía buscará vincularlas a un nuevo indicador, todavía por definir, que tendrá que ver con la marcha general de la economía y estará menos vinculado a factores volátiles como el precio del petróleo, por ejemplo. Mediante esta norma, se actualizará también sueldo de los empleados públicos, por ejemplo.

Más porcentaje del PIB destinado a investigaciónLa ‘fuga de cerebros’ y las dificultades que están teniendo algunos de los científicos más

prometedores del país para encontrar trabajo reclaman una apuesta por las políticas de I+D+i, que han sufrido un recorte acumulado del 40% desde 2009. Los Presupuestos de 2013 destinan 5.562 millones de euros a la investigación, y los más críticos denuncian que España solo destine el 1,33% del PIB a este campo y que se aleje cada año más del 2% que destina de media la UE. No obstante, el Gobierno confía en que, para el año 2020, la inversión en investigación alcance ese porcentaje. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, acaba de recibir una carta con 42.000 firmas contra los recortes.

y la competenciapara emprendedores, la búsqueda de vías nuevas de Gobierno para modernizar la economía española.

El criterio de caja en el pago del IVA es la medida más esperada de la Ley de Emprendedores

Un nuevo indicador distinto del IPC fijará la actualización de las pensiones y de las tarifas públicas

España ha perdido competitividad frente al resto del mundo en el último año. Ha pasado del puesto 39 al 45 en una clasi-ficación anual de los 60 Estados más competitivos del mundo, elaborada por la escuela de negocios suiza IMD.

LA CAÍDA

de entre 180 y 540 al fijar sólo 18 profesiones con colegia-ción obligatoria.

La reforma recomendará mantener un colegio por co-munidad pero podrá haber provinciales, con lo que las profesiones con más colegios, como los abogados, manten-drán, previsiblemente, 57 or-ganismos, uno por provincia.

También hay un intento de introducir más competencia en uno de los sectores todavía muy dominado por lo públi-co: la red ferroviaria. El Mi-nisterio de Fomento, pilotado por Ana Pastor, trabaja desde hace un año en la progresiva liberalización de Renfe, aun-que un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) critica la lentitud del proceso y las ven-tajas que todavía supone la empresa estatal ante la entra-da de competidores.

Por otro lado, la Comisión Europea también ha urgido a España a acelerar la puesta en marcha de la Ley de Empren-dedores, cuyo informe previo aprobó el Consejo de Minis-

tros el pasado 24 de mayo y que fue ratificado por el Con-sejo de Ministros el pasado viernes. El Proyecto de Ley, muy extenso y ambicioso, plantea diversas líneas de ac-tuación para beneficiar a más de dos millones de pymes y autónomos: incentivos fisca-les, nuevos métodos de finan-ciación, atracción de inver-sión extranjera, más protec-ción del empresario en caso de quiebra, reforzamiento de la educación emprendedora... Pago del IVA Entre las novedades tributa-rias destaca la introducción del criterio de caja en el pago del IVA, de forma que el em-prendedor y el autónomo no tengan que ingresar el im-puesto al Fisco antes de co-brar la correspondiente factu-ra de sus proveedores. Hasta ahora, debían adelantar el di-nero tan solo cuando las fac-turas fueran emitidas. Otra medida fiscal que introduce la Ley es la posibilidad de que quienes inviertan en empre-sas de nueva creación (llama-dos business angels en el mun-do anglosajón) podrán dedu-cirse hasta el 20% en la cuota estatal del IRPF de las partici-paciones que compren, con un límite de deducción de 20.000 euros anuales.

En el terreno financiero se dibuja la creación de un mer-cado alternativo de renta fija en el que las pymes invertirán entre ellas sin necesidad de escriturar sus emisiones ante la CNMV. Asimismo, con el objetivo de potenciar el sector exterior, uno de los que mejor está resistiendo los embates de la crisis, el Gobierno lanza-

rá en colaboración con la ban-ca privada y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) nuevos bonos y cédulas de interna-cionalización: instrumentos destinados a financiar pro-yectos en el exterior respalda-dos, a su vez, por toda la carte-ra de préstamos que las enti-dades financieras hayan emi-tido en relación con proyectos internacionales.

La Ley de Desindexación de la Economía buscará que los precios y contratos públi-cos, entre otros elementos, no se actualicen anualmente se-gún la inflación, sino median-te un nuevo indicador, toda-vía por definir, más vinculado a la marcha de la economía y factores menos volátiles. Pero no solo se utilizará con las pensiones: con él se regulará el precio de tasas, tarifas y rentas públicas de todo tipo, desde el precio de los trans-portes públicos hasta los de contratos de obras o de la energía o las matrículas de los colegios. Con ello el Gobierno pretende, una vez más, mejo-rar la competitividad del país.

El catedrático de Economía y articulista Francisco Cabrillo cree que medidas como la Ley de Unidad de Mercado “son importantes”, pero que “lo auténticamente necesario para la reactivación empresarial es una reforma fiscal que acabe con la losa de impuestos que tienen que soportar los emprendedores”, lo cual es “un daño enorme para la recuperación”. Opina que “hay que dar facilidades y eliminar burocracia para crear empresas”, y que el Gobierno está siendo “muy timorato en los asuntos más importantes a largo plazo”, como por ejemplo la elevación de las exigencias para dar becas educativas. “Hay que premiar al que se esfuerza”, asegura.

“Lo necesario para los emprendedores es acabar con la losa de los impuestos”

“En cuanto los gobiernos hacen algún movimiento para aumentar la competencia, las reacciones de rechazo son inmediatas”, explica el profesor Pedro Schwartz. “Y en parte es entendible, a todos nos gusta la tranquilidad de no tener competidores”, ironiza. Propone, por ejemplo, “privatizar el Registro de la Propiedad. ¿Por qué los notarios compiten entre ellos y el Registro es único?”. También sugiere “extender la libertad comercial total que hay en Madrid al resto de España”. Respecto a la competitividad, insiste en la necesidad de “ayudar a los pequeños empresarios a salir al mercado exterior”.

“En cuanto hay intentos de aumentar la competencia, el rechazo es inmediato”

“Hay que poner el foco en el gasto público productivo para innovar y ganar competitividad, en infraestructuras ya no”, explica el profesor del IE Business School, Rafael Pampillón. El experto señala la necesidad de “privatizar los aeropuertos, uno por uno, y el que no sea rentable, pensar si debe cerrarse”, y añade la urgencia de “introducir más competencia en el transporte por ferrocarril”. Pampillón se pregunta “cómo se puede hacer si el regulador es el incumbente (Adif)”, y también aboga por liberar “los puertos, en manos de sindicatos”. Otra de sus críticas es que el nuevo superregulador este esté en manos del “ministro de Economía”. “Debe ser independiente”.

“Hay que introducir más competencia en las infraestructuras de este país”

El profesor del IESE, José Ramón Pin, distingue entre tres tipos de crisis que achacan a España: “La productivo-económica, la financiera y la administrativo-local”, la primera la solución las empresas, la segunda será larga pero se han puesto las bases, y la tercera es dónde hace falta actuar: “en la reforma de las administraciones, el problema no está en el punto de vista técnico sobre lo que hay que hacer, sino en la habilidad política”, dice Pin, para poder extenderlo a otros niveles administrativos como local o autonómica. “En este campo se incluye la ley de unidad de Mercado”. Luego hace falta “una reforma fiscal”.

“El problema no es técnico sobre lo que hay que hacer, sino la habilidad política”

El catedrático de Economía Aplicada Francisco Cabrillo.

Rafael Pampillón es director de área en el IE Business School.

El economista y profesor de San Pablo CEU Pedro Schwartz.

José Ramón Pin, economista y profesor de IESE.

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