Ley de Organizaciones de Usuario Ley 30157 o Ley Zamudio

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Escribe el Ing. Luis Zúñiga Rosas ex Presidente de CONVEAGRO ( [email protected] ) DESDE LA CHACRA LEY ZAMUDIO contra el agro y el Perú El proyecto de esa “norma sorpresa” fue presentado furtivamente y jamás defendido públicamente por el reelecto parlamentario nacionalista y arequipeño Tomás (Tomy) Zamudio Briceño En pleno Año Internacional de la Agricultura Familiar L a acelerada emisión de la Ley Nº 30157 o de Ley de Organizaciones de Usua- rios del Agua, procesada y aprobada en menos de 40 días, sin consulta alguna con los pre- suntos beneficiarios (los regantes), está llevando al agro nacional a levan- tar —una vez más— su voz de protesta y rechazo. El proyecto de esa “norma sor- presa” fue presentado furtivamen- te y jamás defendido públicamen- te por el reelecto parlamentario nacionalista y arequipeño Tomás (Tomy) Zamudio Briceño, quien —cuando formaba parte de la oposición— era uno de los pocos en exigir al régimen de Alan Gar- cía que hiciera por el agro lo que ahora ni siquiera pide con el pétalo de una rosa al gobierno que repre- senta. Quizás él siente orgullo de ha- ber salido del anonimato político con una ley compulsiva que lle- va su apellido (la “Ley Zamudio), pero también debe saber que hasta sus paisanos camanejos, líderes en productividad de arroz y trigo en el mundo, junto con sus vecinos majeños, sienten vergüen- za ajena ante un “Padre de la Pa- tria” inconsecuente con el pueblo que lo eligió. El Perú agrario debe saber que la “Ley Zamudio” pasó por debajo de to- das las vallas técnicas previstas para procesar proyectos que pueden ge- nerar, como es este caso, problemas sociales. Pues nunca fue sometido a consulta pública y ni siquiera a deba- te mínimo en el seno de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Aún más, aquí sería aprobado sin que la gran mayoría de parlamentarios co- nociera sus implicancias. Según quienes defienden lo indefen- dible, incluyendo al Presidente Ollanta Humala, esta ley servirá “para terminar con las cúpulas dirigenciales que se han enquistado en las comisiones y juntas de usuarios del agua”. ¡Falso!, tanto que quienes la cuestionan son miles de re- gantes y dirigentes que en el semestre pasado comparecieron ante las urnas en estricto cumplimento de la legislación entonces vigente. Cabe recordar que, desde 1969, la estructura y el funcionamiento de las organizaciones de regantes siempre fueron reglamentados por los gobier- nos de turno, incluyendo la fiscaliza- ción de las mismas por el Ministerio de Agricultura. Esto mismo se ratificó —con ligeras variantes— en la nueva Ley de Recursos Hídricos o Ley No. 29338 del año 2009, así como en el Decreto Supremo No. 021-2012-AG, publicado el 30 de diciembre del 2012, con la firma del Ministro de Agricultura (Milton Von Hesse) y refrendado por el Presidente de la República. Ahí fueron fijados los requisitos para la realiza- ción de elecciones en las organizacio- nes hídricas, incluyendo el derecho a una reelección dirigencial y la potestad oficial para fiscalizar el manejo económi- co de las mismas. Sin embargo, el pro- pio gobierno postergó hasta tres veces el proceso eleccionario. En consecuencia, si el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua conocían de malos manejos económicos y reelecciones improce- dentes en algunas comisiones de re- gantes y juntas de usuarios, tuvieron tiempo más que suficiente para de- nunciar, investigar y sancionar esos hechos, así como para corregir la normatividad entonces vigente. Pero no lo hicieron. Sin poner jamás la cara ante los ob- jetantes, el congresista Tomás Zamu- dio ha dicho que “su” ley democratizará las elecciones en las organizaciones de usuarios hídricos, con voto univer- sal y sin ningún tipo de restricciones, en asamblea general con no menos del 35% de los regantes en segunda y úl- tima citación, además controlada por la ONPE. Ante ello, quienes vivimos en el campo y conocemos su realidad, po- demos afirmar que ello es práctica- mente imposible, por las distancias y por la cantidad de gente que habría que reunir en cada junta (desde 2,000 hasta 30,000 regantes). Mucho más grave aún es el hecho de haber dejado en el limbo a los co- mités y las comisiones de usuarios, como si no fueran el cimiento de la institucio- nalidad respecti- va. Ahora estas ba- ses no tie- nen prác- ticamente ningún derecho en el manejo de sus juntas, lo cual es una aberrante negación de la más elemental democracia institucional. En resumen, la “Ley Zamudio” no tie- ne absolutamente nada bueno para el sector. Al contrario, en el fondo parece buscar la privatización del manejo hí- drico incluso, al obligar a las juntas la contratación de equipos técnicos especializados, cuya presencia ren- tada podría resultar insostenible, salvo incrementando las tarifas de agua en perjuicio de los usuarios agrarios y no agrarios, es decir, de todos los perua- nos. Es más, las dirigencias que no cum- plan esa obligación y/o no caigan bien a los gobernantes de turno podrían ser sancionadas y despojadas del manejo hídrico, para entregárselo a alguna em- presa, o sea, para privatizarlo. Por todo lo expuesto, la mayoría de comités, comisiones y juntas de usua- rios de agua ha determinado realizar un paro nacional agrario el 12 de marzo. Ante ello, los poderes Ejecutivo y Le- gislativo no tienen otra alternativa que derogar la “Ley Zamudio” o corregirla en diálogo franco con dichas organizacio- nes - 25 Lima, Perú Febrero, 2014 Revista AGRONOTICIAS Nº 397

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Escribe el Ing. Luis Zúñiga Rosasex Presidente

de Conveagro( [email protected] )

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LEY ZAMUDIOcontra el agro y el Perú

❝El proyecto de esa “norma sorpresa” fue presentado

furtivamente y jamás defendido públicamente

por el reelecto parlamentario

nacionalista y arequipeño Tomás (Tomy)

Zamudio Briceño

En pleno AñoInternacional de la

Agricultura Familiar

La acelerada emisión de la Ley Nº 30157 o de Ley de Organizaciones de Usua-rios del Agua, procesada y aprobada en menos de 40

días, sin consulta alguna con los pre-suntos beneficiarios (los regantes), está

llevando al agro nacional a levan-tar —una vez más— su voz de protesta y rechazo.● El proyecto de esa “norma sor-presa” fue presentado furtivamen-te y jamás defendido públicamen-te por el reelecto parlamentario nacionalista y arequipeño Tomás (Tomy) Zamudio Briceño, quien —cuando formaba parte de la oposición— era uno de los pocos en exigir al régimen de Alan Gar-cía que hiciera por el agro lo que ahora ni siquiera pide con el pétalo de una rosa al gobierno que repre-senta.● Quizás él siente orgullo de ha-ber salido del anonimato político con una ley compulsiva que lle-va su apellido (la “Ley Zamudio), pero también debe saber que hasta sus paisanos camanejos, líderes en productividad de arroz y trigo en el mundo, junto con sus vecinos majeños, sienten vergüen-za ajena ante un “Padre de la Pa-tria” inconsecuente con el pueblo

que lo eligió.● El Perú agrario debe saber que la “Ley Zamudio” pasó por debajo de to-das las vallas técnicas previstas para procesar proyectos que pueden ge-nerar, como es este caso, problemas sociales. Pues nunca fue sometido a consulta pública y ni siquiera a deba-te mínimo en el seno de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Aún más, aquí sería aprobado sin que la gran mayoría de parlamentarios co-nociera sus implicancias.● Según quienes defienden lo indefen-dible, incluyendo al Presidente Ollanta Humala, esta ley servirá “para terminar con las cúpulas dirigenciales que se han enquistado en las comisiones y juntas

de usuarios del agua”. ¡Falso!, tanto que quienes la cuestionan son miles de re-gantes y dirigentes que en el semestre pasado comparecieron ante las urnas en estricto cumplimento de la legislación entonces vigente.● Cabe recordar que, desde 1969, la estructura y el funcionamiento de las organizaciones de regantes siempre fueron reglamentados por los gobier-nos de turno, incluyendo la fiscaliza-ción de las mismas por el Ministerio de Agricultura. Esto mismo se ratificó —con ligeras variantes— en la nueva Ley de Recursos Hídricos o Ley No. 29338 del año 2009, así como en el Decreto Supremo No. 021-2012-AG, publicado el 30 de diciembre del 2012, con la firma del Ministro de Agricultura (Milton Von Hesse) y refrendado por el Presidente de la República. Ahí fueron fijados los requisitos para la realiza-ción de elecciones en las organizacio-nes hídricas, incluyendo el derecho a una reelección dirigencial y la potestad oficial para fiscalizar el manejo económi-co de las mismas. Sin embargo, el pro-pio gobierno postergó hasta tres veces el proceso eleccionario.

● En consecuencia, si el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua conocían de malos manejos económicos y reelecciones improce-dentes en algunas comisiones de re-gantes y juntas de usuarios, tuvieron tiempo más que suficiente para de-nunciar, investigar y sancionar esos hechos, así como para corregir la normatividad entonces vigente. Pero no lo hicieron.● Sin poner jamás la cara ante los ob-jetantes, el congresista Tomás Zamu-dio ha dicho que “su” ley democratizará las elecciones en las organizaciones

de usuarios hídricos, con voto univer-sal y sin ningún tipo de restricciones, en asamblea general con no menos del 35% de los regantes en segunda y úl-tima citación, además controlada por la ONPE.● Ante ello, quienes vivimos en el campo y conocemos su realidad, po-demos afirmar que ello es práctica-mente imposible, por las distancias y por la cantidad de gente que habría que reunir en cada junta (desde 2,000 hasta 30,000 regantes).● Mucho más grave aún es el hecho de haber dejado en el limbo a los co-mités y las comisiones de usuarios, como si no fueran el cimiento de la institucio-n a l i d a d respecti-va. Ahora estas ba-ses no tie-nen prác-ticamente n i n g ú n derecho en el manejo de sus juntas, lo cual es una aberrante negación de la más elemental democracia institucional.● En resumen, la “Ley Zamudio” no tie-ne absolutamente nada bueno para el sector. Al contrario, en el fondo parece buscar la privatización del manejo hí-drico incluso, al obligar a las juntas la contratación de equipos técnicos especializados, cuya presencia ren-tada podría resultar insostenible, salvo incrementando las tarifas de agua en perjuicio de los usuarios agrarios y no agrarios, es decir, de todos los perua-nos.● Es más, las dirigencias que no cum-plan esa obligación y/o no caigan bien a los gobernantes de turno podrían ser sancionadas y despojadas del manejo hídrico, para entregárselo a alguna em-presa, o sea, para privatizarlo.● Por todo lo expuesto, la mayoría de comités, comisiones y juntas de usua-rios de agua ha determinado realizar un paro nacional agrario el 12 de marzo.● Ante ello, los poderes Ejecutivo y Le-gislativo no tienen otra alternativa que derogar la “Ley Zamudio” o corregirla en diálogo franco con dichas organizacio-nes-

25Lima, Perú ◆ Febrero, 2014 ◆ Revista AGRONOTICIAS Nº 397