Ley de un solo descendiente en China La ley de un solo descendiente iniciada en 1979 en China fue impuesta a base de incentivos y sobre todo de medidas restrictiva, con multas, pérdida de beneficios sociales, e incluso esterilizaciones y abortos forzosos. Con el tiempo el control de natalidad se ha ido relajando. Se han permitido excepciones (los campesinos pueden tener un segundo hijo si el primero es niña) y corruptelas, como la de que los ricos que pueden pagar las multas tengan más hijos. Una clase media en expansión está dispuesta a pagar la multa por un hijo de más, penalización que puede ser desde 6.000 a 60.000 yuan (de 600 a 6.000 euros). Según cifras oficiales, en torno a un 10% de las familias acomodadas tienen tres hijos.

Por otro lado, la prohibición de tener más de un hijo ha provocado un desequilibrio en la proporción

de sexos: en 2005 nacieron un 20% más de niños que de niñas, pues a menudo las niñas son

abortadas o se las deja morir. Otro efecto perverso es que las mujeres deseosas de escapar al

control de nacimientos dan a luz en casa o en clínicas clandestinas, en malas condiciones que han

hecho aumentar la mortalidad materna.

La política del hijo único, denunciada durante décadas por las organizaciones humanitarias, había

sido creada con el objetivo de limitar la expansión de la población china, y estipulaba inicialmente

que las familias urbanas podían tener un hijo y los rurales un máximo de dos.

La ley fue posteriormente modificada y, hasta la fecha, las parejas urbanas compuestas por dos

miembros sin hermanos podían tener hasta dos descendientes.

Los expertos y oficiales llevaban años cuestionando la validez de la política, en especial en un

momento en que la población china se enfrenta a un problema acuciante de envejecimiento que

pone en cuestión la posibilidad de mantener el sistema de pensiones.

En 2011 disminuyó por primera vez en su historia la población activa en el gigante asiático, y los

expertos chinos en la materia aseguran que en 2053 el país tendrá un 35 por ciento de su población

anciana, lo que supondrá un desafío para las políticas sociales y económicas del Gobierno.

El número de población anciana pasará de los actuales 185 millones hasta los 487 millones en cuatro

décadas, una importante caída en la masa laboral que ha alimentado el crecimiento de la

producción y la exportación en los últimos 30 años.