Actualizada al 28 de enero de 2010.

¿Se puede luchar contra la corrupción en el Perú?Preparado por Gabriel Sánchez Pérez 1

Los últimos 50 años de historia republicana nos muestran una sucesión de diferentes regímenes políticos en el Perú en la que independientemente del modelo de desarrollo utilizado se ha observado la presencia de casos de corrupción que han afectado la gobernabilidad del país. Son ejemplos de lo anteriormente expuesto; la construcción de cárceles durante el gobierno de Belaúnde, el dólar MUC , la adquisición de los Mirage y el lavado de dinero en Ocoña Street durante el primer gobierno de García, la compra de los medios de comunicación y congresistas, el pago de CTS a Montesinos, la adquisición de los MIG 29 durante los gobiernos de Fujimori, el tráfico de influencias durante el gobierno de Toledo; la compra de patrulleros y el caso BTR durante el segundo gobierno de García.

Causas de la Corrupción en el PerúLos artículos de Scarlett O’Phelan y Alfonso W. Quiroz publicados en El Pacto Infame Estudios sobre la Corrupción en El Perú (2005) nos permiten hacer un rápido recorrido sobre los casos de corrupción que se dieron lugar en la época colonial y republicana hasta el primer gobierno de García obteniéndose las siguientes conclusiones:

El concepto de corrupción varía según las épocas, vale decir, un caso que hace 200 años no era considerado como un delito, en la actualidad sí lo es. Un claro ejemplo es la venta de cargos.

Para Quiroz el Perú republicano habría perdido hasta el 50% de sus posibilidades históricas de desarrollo si tomamos en cuenta que los costos de corrupción se habrían ubicado entre el 20% y 30% del valor desviado2 y entre el 3 y 4% del PBI.

Independientemente de los mecanismos que hayan favorecido el desarrollo de la corrupción durante los diferentes gobiernos, la ausencia de una Política Nacional Anticorrupción es un factor determinante.

La experiencia más cercana nos muestra que cada nuevo gobierno, forma su grupo de lucha contra la corrupción. Son conocidos los casos del llamado Zar Anticorrupción, la creación de la Oficina Nacional Anticorrupción y últimamente la Comisión Anticorrupción de la PCM, sin embargo, la creación de estos grupos no se ven articulados dentro de una política sostenida de lucha contra la corrupción.

1 Gabriel Sánchez Pérez es Mag. en Administración por ESAN y MSc. por ASOA (URSS). Actualmente es alumno del Doctorado de Políticas Públicas y Gobierno de la PUCP.2 Entiéndase por valor desviado a aquel que no llegó a su destino como consecuencia de un acto de corrupción.2

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José I. Távara en Vicios Poder y Corrupción Públicos (2005) nos propone dos factores que explicarían la persistencia de la corrupción:

La visión liberal que es concordante con la propuesta de Robert Klitgaard (1999) quien manifiesta que la corrupción no es un crimen pasional sino de cálculo. La explicación de la misma se da de acuerdo a la siguiente ecuación:

C = M + D – RDonde C es corrupción, M es monopolio, D es discrecionalidad y R es rendición de cuentas.

Entre menor sea la rendición de cuentas y mayor el monopolio del mercado y la discrecionalidad en la toma de decisiones tanto mayor será el riesgo de corrupción. De esto se puede inferir que una manera eficaz de luchar contra la corrupción sería descentralizando el gasto3.

La Herencia cultural y las normas sociales más arraigadas en el país explicarían, también, la persistencia de la corrupción. La llamada ética corporativa, por ejemplo, obliga a beneficiar, “hacer el bien”, primero a la familia y luego en orden de prelación al clan, gremio, corporación o partido. Asimismo la cultura del secretismo, muy arraigada en nuestra sociedad, y en particular en aquellos que toman decisiones es un aspecto que ha caracterizado la relación Estado – sociedad desde la época de la colonia.

Me permito agregar a los factores esgrimidos por Távara, el llamado efecto de la modernización que es desarrollado por Samuel Huntington (1968) y que considera que la violencia,- cuyas causas son similares a la de la corrupción-, e inestabilidad son el resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos aunado al lento desarrollo de las instituciones políticas. Bajo esta perspectiva, la corrupción es el producto de la diferenciación entre el bienestar público y el interés privado que surge con la modernización. Dentro de este proceso Huntington identifica la llamada corrupción de los pobres y la de los ricos. En la primera, afirma, se intercambia poder políticos por dinero, en la segunda, dinero por poder político; pero, en ambos casos se vende algo público (un voto, un puesto, una decisión) en beneficio personal. El autor propone que para reducir la corrupción es necesario organizar y estructurar la participación política.

Este es un punto en el que debemos hacer hincapié pues es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad peruana.

3 La descentralización a través de gobiernos regionales no asegura el buen uso de los recursos públicos, mientras no se cuenten con los recursos apropiados y con funcionarios competentes.

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Lastimosamente el ciudadano peruano no confía en sus partidos políticos. De hecho las agrupaciones que deberían representar e intermediar las necesidades de los ciudadanos muy difícilmente, con excepción probablemente sólo del APRA, podrían denominarse partidos políticos. La cercanía de nuevas elecciones hace aparecer en el espectro político, organizaciones que se forman de la noche a la mañana, apoyando a outsiders que aparentemente representarían mejor a los ciudadanos que los políticos tradicionales.

Ya en 1858, Henry Jones Ford manifestaba que el partidismo y la corrupción son principios antagónicos. Consideraba que el partidismo tiende a establecer una vinculación basada en obligaciones públicas reconocidas, en tanto que la corrupción consulta los intereses privados que se ocultan y evitan cualquier control. De esto último, se entiende que es necesaria la existencia de organizaciones políticas fuertes para asegurar una eficaz lucha contra la corrupción.

Sin embargo existen también otros factores que se derivan de los anteriormente expuestos y que ayudan a explicar las razones por las que la corrupción no se detiene:

Ausencia del Servicio CivilNo es un secreto que la Profesionalización del Servicio Público es un una efectiva barrera contra la corrupción. Según SERVIR en el Perú coexisten aproximadamente 30 diferentes regímenes laborales para el sector público, es evidente que este es un primer factor que imposibilita una adecuada gestión de los Recursos Humanos del Estado.

Si bien legalmente, el ingreso al Sector Público debería efectuarse por Concurso Público de Méritos, existen otras modalidades que se emplean como el Contrato de Administración de Servicios que tiene un carácter temporal y el ingreso a las organizaciones como “Personal de Confianza”.

A diferencia de otros países en los que se tiene un efectivo Servicio Civil, en el Perú, no existen aún un procedimiento para reclutar, seleccionar, capacitar y desarrollar a los servidores públicos de acuerdo a las necesidades institucionales y del Estado. Debido a esto no se cuenta con una línea de carrera que incentive al servidor a mantenerse dentro de la carrera Pública. Si a esto agregamos que cada cierto tiempo se aplican las llamadas “políticas de austeridad” entenderemos el porqué de la fuga de talentos. A todo esto debemos agregar que tenemos que cada nueva administración llega a cada institución con su llamado “Personal de Confianza” que legalmente puede alcanzar hasta el 5% del total de la planilla de la organización y que no necesariamente goza del perfil adecuado para ejercer los puestos de dirección a los que son asignados.

De esto resulta que la mayoría de servidores puede aspirar solamente a alcanzar un mando medio dentro de sus instituciones pues los cargos de mayor responsabilidad y por lo tanto de mejores ingresos, están reservados para los allegados a la nueva gestión. El llamado Cargo de Confianza en muchos casos, lastimosamente, no es más que una forma legal de pagar favores políticos y representa además un resabio del patrimonialismo que

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venimos arrastrando desde la colonia. En su afán por cumplir con las promesas partidarias el funcionario de confianza estará más proclive a tratar de minimizar algunas herramientas de control, como por ejemplo, los alcances del SNIP.

Ausencia de un efectivo ControlEntendemos por Control al conjunto de actividades desarrolladas por los ciudadanos, instituciones y sociedad organizada que tienen como objetivos evaluar, supervisar y verificar la prestación de servicios y ejecución de obras desarrolladas por el Estado así como el reconocimiento, inspección y vigilancia de la gestión pública.

Control SocialEnrique Peruzzotti utiliza el concepto de Accountability Social para referirse al conjunto de iniciativas desarrolladas por movimientos sociales, medios de comunicación y ONGs dirigidas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del accionar gubernamental. Estas iniciativas se traducen en la supervisión del buen uso de los recursos del Estado, que implica la evaluación de la conducta del funcionario público, la denuncia y exposición de casos que muestren violación de leyes o casos de corrupción y el ejercicio del derecho a exigir las investigaciones correspondientes a las instituciones encargadas del Horizontal Accountability. La publicidad de su labor y resultados influencian, también, en el Vertical Accountability.

Peruzzotti identifica a un conjunto de movimientos y organizaciones sociales organizadas alrededor de una política de accountability social:

Asociativismo Cívico.- Básicamente constituido por redes de asociaciones y organizaciones no gubernamentales compuestas por los mejores representantes de las sociedades civiles latinoamericanas. Estos grupos, en su gran mayoría, tienen como finalidad dar respuesta a problemas estructurales de larga data. Constituyen una suerte de Think Tanks ciudadanos orientados a proponer políticas e iniciativas desde una óptica societal. Muchas de estas organizaciones reciben financiamiento extranjero o representan capítulos locales de organizaciones internacionales. Debido a que muchas de ellas trabajan en lugares donde la presencia del Estado es escasa poseen bases de datos actualizadas sobre la realidad en estas regiones.

Movimientos Sociales.- Compuesto por grupos que surgen como respuesta a una demanda de justicia y esclarecimiento de casos de de violaciones de derechos constitucionales y / o humanos. A diferencia del grupo antes mencionado que ofrece respuestas de carácter reflexivo, los segundos están agrupados alrededor de una demanda concreta y particular que exigen el esclarecimiento y solución de situaciones surgidas como producto de prácticas discrecionales del Estado. Tenemos como ejemplo a todos aquellos movimientos regionales que surgen como respuesta a la expansión de la actividad minera o a la firma de cláusulas de algún TLC que vulnerarían los derechos se una comunidad.

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Medios de comunicación.- Cumplen un rol importantísimo pues dan visibilidad a los problemas identificados por los grupos anteriormente mencionados. Se identifican a dos grandes grupos, el llamado periodismo de investigación que desarrolla por sus propios medios investigaciones de casos de corrupción y periodismo que se presenta como aliado de las demandas sociales que asegura la publicidad de las mismas. Juegan un rol importante pues ejercen presión sobre las entidades encargadas de fiscalizar y forman opinión en el elector.

Obsérvese que durante los gobiernos de Fujimori se intervino a los medios de comunicación con el objetivo de desarticular el control social. De esta manera se aseguró evitar la visibilidad y publicidad de los casos de corrupción y violación de derechos humanos en el país.

Control HorizontalConcepto desarrollado por Guillermo O’Donnell que hace alusión al conjunto de instituciones estatales que tienen como finalidad la supervisión, control, rectificación y/o sanción de los actos ilícitos en los que hayan incurrido otras instituciones del Estado. Estas deberán no sólo poseer autoridad sino también, de facto4, autonomía con respecto a las instituciones a las que fiscaliza. La presencia de estas instituciones y las funciones que deben cumplir son una manifestación de la división de poderes y los pesos y contrapesos que existen entre ellos. Algunos ejemplos para el caso peruano son la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, etc.

Para que estas instituciones cumplan adecuadamente con su labor de supervisión es necesario que sus titulares hayan sido elegidos por el congreso, que su periodo de trabajo no coincida con los procesos electorales, que gocen de autonomía administrativa, funcional y económica y que cuenten con profesionales del más alto nivel a quienes se les pague adecuadamente.

Lastimosamente la realidad peruana muestra que existen diferentes maneras de minimizar el poder de fiscalización de las entidades. Durante el gobierno de Fujimori, en el Ministerio Público, la titular de la institución fue elegida por su asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos Torres. Durante el segundo gobierno de García la aplicación de la Ley de Austeridad amarró de pies y brazos a las instituciones que desarrollan el control horizontal afectando su capacidad operativa y asegurando la fuga de talentos a otros sectores mejor remunerados. Asimismo la dación de Decretos de Urgencia, por ejemplo, el DU 047-2009, evitó que la Contraloría y otras entidades emitan opinión previa con respecto a concesiones de puertos, aeropuertos, etc.

Es evidente que la administración de justicia juega un rol importantísimo dentro del concepto de lucha contra la corrupción. La aparición de casos en los que se compran

4 Esto no se cumplió, por ejemplo, cuando se creó la Oficina Nacional Anticorrupción cuyos funcionarios fueron designados por el Ejecutivo y dependían de la PCM.

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jueces, se favorecen ascensos, etc. minan el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Control VerticalPara Adam Przeworski el problema de los ciudadanos radica en inducir a los políticos a aumentar su bienestar, antes que perseguir sus propios objetivos en colusión con la burocracia o con intereses privados.

Las elecciones individuales o grupales libres de coerción son quizás el mejor ejemplo de los que se entiende por Control Vertical. Para que un elector tenga una mejor probabilidad de ejercer eficazmente su derecho es necesario que haya tenido acceso a la mayor cantidad de información. Por lo que la Accountability Vertical l está estrechamente relacionada con la Accountability Social y la Accountability Horizontal.

Entonces tenemos que las elecciones libres son el mecanismo por excelencia, para poner fin a los abusos que pudieran ser perpetrados por el gobierno y este mejora su efectividad en la medida que se den los siguientes arreglos institucionales:

Participación activa de los partidos de oposición que juegan un rol preponderante en la evaluación de la gestión del partido de gobierno.

Los medios de comunicación no sólo deben transmitir información puntual, sino también, artículos de opinión sobre problemas estructurales.

Se debe publicitar adecuadamente el trabajo desarrollado por las instituciones encargadas del control horizontal.

La existencia de instituciones independientes que provean información sobre: el origen del dinero de las contribuciones de las campañas electorales, la existencia de una Contraloría independiente, una fuente de información estadística independiente sobre el estado de la economía, participación de la oposición en la dirección de los medios de comunicación de propiedad del Estado.

De lo anteriormente expuesto se aprecia que el Perú muestra grandes deficiencias en lo que respecta a la labor fiscalizadora de los partidos de oposición debido a que la clase política en general y las agrupaciones en particular no gozan de la confianza de los electores, asimismo son pocos los medios de información que gozan de un panel independiente de analistas políticos, no se publicitan los trabajos de fiscalización debido a un mal entendido principio de confidencialidad que impide que los mismos sean de conocimiento público y finalmente los medios de comunicación del Estado son controlados por el partido de gobierno que lo dirige según sus intereses.

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A continuación adjunto una tabla resumen que demuestra lo que sucede cuando los mecanismos de control no funcionan adecuadamente y los medios de comunicación no proveen la visibilidad necesaria.

Cuadro resumen de los Índices de Percepción de la Corrupción (IPC) 1998 - 20095

AñoPuesto / IPC 41 4.5 40 4.5 41 4.4 44 4.1 45 4 59 3.7Universo 85 99 90 91 102 133

AñoPuesto / IPC 67 3.5 65 3.5 70 3.3 72 3.5 72 3.6 75 3.7Universo 146 159 163 180 180 180

2006 2007 2008 2009

2002 2003

2004 2005

1998 1999 2000 2001

Fuente: Transparencia InternacionalElaboración: Propia

Paradójicamente, si nos dejáramos llevar por los guarismos que muestran la tabla adjunta llegaríamos a la conclusión que los últimos tres años del segundo gobierno de Alberto Fujimori han sido lo menos corruptos de los últimos once años de la historia del Perú, sin embargo, los vladivideos y los procesos judiciales llevados a cabo demuestran exactamente lo contrario.

Otros factores

Los índices macroeconómicos del Perú muestran un crecimiento que lo ubica entre los pocos países que han logrado salir en positivo de la última crisis financiera internacional. Es evidente que para asegurar este crecimiento ha sido necesario no sólo crear un clima propicio para las inversiones extranjeras, sino también, incrementar el gasto de capital.

Dentro de esta política que busca asegurar una inversión rápida en infraestructura identificamos por lo menos cuatro mecanismos que aún cuando aseguran una mayor velocidad en la inversión, sin embargo, crean también situaciones de riesgo que sin un adecuado control son un potencial caldo de cultivo para la corrupción.

Decretos de Urgencia

Los decretos de urgencia son el mecanismo por excelencia utilizado por el Ejecutivo para asegurar la aplicación rápida y sin trabas de alguna política en particular. Se aplica cuando

5 Donde 10 implica ausencia de corrupción. Nótese que según este cuadro en el año 1998 (final del segundo gobierno de Alberto Fujimori), asumiendo que la encuesta se hizo de manera apropiada, se percibía menos corrupción que en el año 2006 (final del gobierno de Alejandro Toledo).

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es necesario legislar en forma inmediata con respecto a temas cuya discusión en el congreso tomaría meses e inclusive años y que por su necesidad necesitan de una solución urgente.

Ejemplos de estos son las decenas de decretos emitidos durante la actual gestión con respecto a la firma del TLC con los Estados Unidos de América o aquellos que exigían una solución apropiada para evitar caer dentro del hoyo sin retorno de la crisis financiera internacional.

Así tenemos que, sólo para dar un ejemplo, el Ejecutivo promulgó el DU 047 – 2008 6

mediante el cual se limitan las opiniones previas que por ley corresponden emitir a un conjunto de instituciones de control horizontal y en particular a la Contraloría General de la República permitiéndole a esta última solamente pronunciarse sobre la versión final de los contratos de concesión.

Adquisiciones de bienes y servicios llevados a cabo fuera de los alcances de la Ley de Adquisiciones del Estado

Son múltiples las organizaciones internacionales que ofrecen este servicio a cambio de un porcentaje del monto gestionado, entre las más conocidas tenemos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM). De esta forma, los entes, en su mayoría gobiernos locales, evitan los controles que puedan desarrollar la OSCE y la Contraloría General de la República. La OEI ha sido vinculada en los medios de prensa con el caso BTR y la OIM es conocida por ser la entidad que maneja buena parte de los recursos destinados a las mega-construcciones que realiza la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Otra modalidad bastante difundida son las llamadas compras internacionales y en particular las llamadas compras de gobierno a gobierno. Éstas, están básicamente dirigidas a la compra de armamento y por su naturaleza no gozan de publicidad.

Núcleos Ejecutores

Permite asegurar una mayor inversión en infraestructura. Responde a la inacción por parte de los diferentes niveles de gobierno regional y local, que aún, cuando gozan de recursos monetarios son incapaces de ejecutarlos.

Al hacerse directamente las transferencias a los llamados núcleos ejecutores que están conformados por los presuntos interesados en la infraestructura que se va a construir se genera una capacidad de gasto que si no es debidamente fiscalizada podría terminar en

6 Ver art. 6 del DU 047-2008”Dictan disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones público – privadas que promueva el gobierno nacional en el contexto de la crisis financiera internacional”.

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una sobrevaluación de precios en la adquisición de insumos necesarios para la construcción de las obras que se planean desarrollar.

Descentralización

El proceso de descentralización si bien es cierto es una excelente barrera contra la corrupción es eficiente si y sólo si se goza de los cuadros competentes. En un país que carece de un Servicio Civil profesional la transferencia de competencias sin evaluación previa, vale decir, sin un programa de acreditación que haya evaluado adecuadamente a los diferentes niveles de gobierno, lo único que generará son mayores riesgos en el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos del Estado y una falta de credibilidad que a la larga afecta directamente a la gobernabilidad.

Asimismo, observamos la existencia de otros factores que podrían favorecer la aparición de casos de corrupción:

Complejidad de los procedimientos administrativos

La simplificación administrativa permite asegurar la prestación de servicios públicos de una manera rápida de manera que se satisfagan las necesidades del ciudadano y evitando procedimientos innecesarios que generen cuellos de botellas que finalmente podrían convertirse en focos de corrupción.

Lastimosamente, a la fecha, no se observa un trabajo sostenido de la unidad de la PCM encargada de evaluar y fiscalizar la optimización de los procedimientos dirigidos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en los diferentes niveles de gobierno.

Ausencia de un ente encargado de la evaluación de proyectos de ley y lobbies

No hay una institución, entre las que desarrollan control horizontal, que tenga entre sus funciones la evaluación de los proyectos de ley cuya aprobación podrían generar situaciones que favorezcan la corrupción, asimismo, aun cuando existe una norma que regula los lobbies, son pocas aquellas organizaciones que registran sus actividades de cabildeo, de hecho, el caso BTR mostró que sólo una empresa cumplía con informar acerca de las reuniones que mantenía para impulsar sus intereses.

Ausencia de una formación educativa anticorrupción

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No existen directivas de uso obligatorio a nivel de las entidades educativas que describan y normen cuáles son los temas que se deberán abordar en los diferentes niveles de educación (desde nivel inicial hasta el superior) y tampoco aquellas que normen los programas de capacitación en materia de lucha contra la corrupción que deben ser seguir los empleados de los sectores público y privado. Así tenemos que, por ejemplo, cada institución de educación superior genera su propio programa de ética, si es que lo considera necesario, el cual no responde necesariamente a un programa desarrollado de acuerdo a una estrategia nacional que busque asegurar la disminución de los índices de corrupción.

A manera de solución

De lo anteriormente expuesto, se infiere que para lograr una efectiva lucha contra la corrupción es necesaria, la participación activa y autónoma de las instituciones encargadas del control horizontal, de los medios de comunicación y el público en general, así como, la generación de políticas que permitan un trabajo interinstitucional ágil, que evite la preponderancia de las posiciones que buscan delimitar la acción de las instituciones mediante la aplicación de conceptos de trabajo en forma de “estancos”. Esta nueva forma de trabajo asegurará la generación de sinergias de grupo.

Existe un conjunto de convenios internacionales que el Perú ha suscrito, entre ellos la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas que fue adoptada en 2003 que exige a sus miembros no sólo asegurar la especialización en temas de lucha contra corrupción de las instituciones encargadas de velar por el orden sino también establecer organismos especializados en la prevención de la corrupción Para lograr una efectiva lucha contra la corrupción se debe asegurar que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y juzgar estos actos gocen de la independencia y autonomía apropiadas para el correcto desempeño de sus funciones, que estén libres de todo tipo de influencia, que tengan los medios legales suficientes para obtener evidencias, que puedan proteger a las personas que colaboran con las autoridades y preservar la confidencialidad de las investigaciones, asimismo, deberán promover la especialización de los servidores y organizaciones encargadas de la lucha y proveerlos con los medios apropiados y el entrenamiento adecuado para realizar sus tareas7.

De acuerdo a los estudios realizados por la OECD (2008), la independencia y la rendición de cuentas son las principales características de una institución dedicada a la lucha contra la corrupción, por lo tanto, deberá poseer una base legal que especifique claramente su ubicación dentro del organigrama del Estado, su rol, funciones y competencias, la forma de elección y vacancia de su titular, la estructura interna, responsabilidades, presupuesto, la selección y reclutamiento de su personal, el derecho a la inmunidad si fuera necesario,

7 Tomado de la Resolución (97)24, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 06.11.1997.

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las relaciones con otras instituciones y la rendición de cuentas. Esta base legal debería ser promulgada en calidad de ley evitándose, en la medida de lo posible, normas de menor rango.

Al crear la institución es evidente que una estructura institucional nueva y separada de cualquier organización del Ejecutivo poseerá per se una independencia y visibilidad mayor a la que podría tener una oficina ubicada dentro de la estructura de un ministerio. Ubicar a la nueva organización dentro de una institución que goce de autonomía, como por ejemplo, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo es también otra posibilidad que debería ser tomada en cuenta.

Idealmente el titular de la misma, que goza de una integridad intachable, debería ser elegido por consenso en el Parlamento y debería especificarse claramente las causales de una posible vacancia.

La selección de personal se deberá realizar de forma transparente y por mérito. El personal debería gozar de una seguridad laboral adecuada y de remuneraciones que respondan a la naturaleza y especificidad del trabajo.

Es importante contar con un financiamiento seguro y adecuado. Las leyes de austeridad aplicadas de forma indiscriminada sólo minan las labores de lucha contra la corrupción. El Parlamento debería asegurar mecanismos legales que impidan la discrecionalidad del Ejecutivo en el recorte de fondos presupuestados.

Las instituciones de lucha contra la corrupción, debido a los poderes de los que gozan, deberán estar integradas a un sistema de pesos y contrapesos que asegure su buen funcionamiento. En ningún caso la independencia institucional implica la falta de obligación en la rendición de cuentas, por lo tanto, una buena práctica es remitir regularmente informes sobre los trabajos realizados al Parlamento y facilitar de la manera más amplia posible a la opinión pública los resultados de sus trabajos. Una buena relación con los ciudadanos es una excelente barrera contra la discrecionalidad de otros poderes del Estado que pudiesen tratar de afectar el trabajo de lucha contra la corrupción.

La creación de una institución especializada en la lucha contra la corrupción es costosa, sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno de la corrupción, las labores de prevención e investigación exigen un conocimiento altamente especializado. Esta especialización debería convertirse en un estándar para todas aquellas instituciones que forman parte de la cadena de valor anticorrupción.

Sin embargo, es imposible desarrollar una apropiada lucha contra este flagelo si es que no poseemos adecuados niveles de coordinación, cooperación e intercambio de información interinstitucional. Muchas veces estos se deben a la superposición de funciones, conflictos jurisdiccionales y en algunos casos a la ausencia de competencias.

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Es necesaria una voluntad política de cada uno de los titulares de las instituciones para dar un primer paso en el camino hacia la eliminación de los compartimentos estancos. En algunos casos esto se ha superado mediante la creación de comisiones especiales de coordinación multidisciplinaria que tiene poderes especiales en materia de cooperación e intercambio de información o, en su defecto, mediante la firma de convenios de cooperación interinstitucional.

De acuerdo a su especialización, las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción se pueden dividir en tres grandes grupos:

Agencias multipropósito de orden público que además desarrollan funciones de prevención que se caracterizan por ser instituciones que desarrollan un amplio espectro de funciones que consideran la formulación de políticas, el análisis y asistencia técnica en materia de prevención, trabajo con el público, manejo de información, monitoreo e investigación. En la mayoría de los casos la acusación judicial es desarrollada por otra institución. Las instituciones más famosas son la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas de Singapur.

Agencias de orden público, departamentos, oficinas y/o unidades que se caracterizan por tomar diferentes formas de especialización que se organizan dentro de organizaciones de de detección e investigación o en organismos judiciales. Se puede dar también la combinación de ambos en una misma institución e inclusive el desarrollo de labores de prevención, coordinación e investigación. Son algunos ejemplos de este modelo la Autoridad Nacional de Noruega para la Investigación y Judicialización de Delitos Económicos y Ambientales y la Oficina Central para la Represión de la Corrupción de Bélgica.

Instituciones de desarrollo de políticas, coordinación y prevención8 que se caracterizan por ser responsables de diversas funciones tales como la investigación del fenómeno de la corrupción, evaluación del riesgo de corrupción, monitoreo y coordinación de la implementación de las estrategia nacional y local anticorrupción así como los planes de acción, revisión y propuesta de normas legales, monitoreo de las reglas de conflicto de intereses y declaración jurada de activos de los funcionarios públicos, elaboración e implementación de códigos de ética, asistencia en entrenamiento anticorrupción de los funcionarios del Estado, asesoría en ética gubernamental, facilitar la cooperación con organismos internacionales y la sociedad civil, etc. Entre las más conocidas tenemos al Servicio Central de Prevención de la Corrupción de Francia y la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción de Macedonia.

8 Esta es aparentemente la forma que finalmente tomaría la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción creada por DS 016-2010-PCM. Sin embargo, de acuerdo a las buenas prácticas anteriormente descritas, su adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros le podría quitar independencia y visibilidad.

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La experiencia internacional muestra que son tres, las estrategias necesarias para luchar contra la corrupción y cuyo cumplimiento generan un círculo virtuoso:

Círculo Virtuoso

Disuasión

PrevenciónEducación

La disuasión implica el desarrollo de labores de identificación, investigación y publicidad oportuna de los casos de corrupción.

La prevención examina las normas, proyectos de ley, sistemas y procedimientos en el sector público para identificar oportunamente oportunidades de corrupción y hacer las recomendaciones que las eviten.

La educación significa sensibilizar y dar una formación a la comunidad (niños, adultos, sector público, sector privado, extranjeros) acerca del fenómeno de la corrupción asegurando su apoyo en la lucha contra este flagelo.

Obsérvese que estas estrategias están dirigidas no sólo al sector público, sino también, al privado. Pues no se puede dar una lucha efectiva contra la corrupción sin la participación de este último.

Tabla de estrategias y buenas prácticas internacionales

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Descripción Disuasión Prevención Educación

Misión

Detectar, investigar y hacer de dominio público, en forma oportuna, los casos de corrupción

Identificar los sistemas y procedimientos del sector público que podrían generar corrupción y proponer soluciones

Sensibilizar, instruir y comprometer a la población a luchar en forma conjunta contra la corrupción

Buenas Prácticas

Creación de sistema de denuncias que no exijan la presencia física del denunciante: hotlines, internet, e-mails, anónimos, casillas postales, etc

Evaluación continua de las normas, proyectos de ley, procedimientos y sistemas

Educación con énfasis en el desarrollo ético que se inicia en el jardín de infancia y llega hasta el lugar de trabajo

Organización de unidades de evaluación y respuesta rápida

Aplicación de nuevo enfoque de RRHH. Reforzamiento en temas de valores.

Emisión de folletos, libros, guías, etc

Utilización intensiva de herramientas de tecnología de la información para la identificación de patrones ocultos en la data y situaciones de riesgo

Evaluación del control interno de las entidades

Organización de exhibiciones, ferias, programas de TV, programas de radio, concursos, etc

Creación de un sistema de verificación de calidad de la información y del desarrollo de las investigaciones

Emisión de propuestas de simplificación administrativa

Uso intensivo de Internet: creación de webpages uso de facebook, twitter para educar y comunicarse con la población

Difusión de casos de éxito utilizando diferentes medios de comunicación

Evaluación de la observancia de códigos de ética del sector público y privado

Creación de un Centro de desarrollo ético que incluye al sector privado

No está demás mencionar que no tenemos una organización que aplique las estrategias y buenas prácticas anteriormente descritas en forma conjunta. Sin embargo, volviendo a nuestra pregunta inicial ¿se puede luchar contra la corrupción en el Perú?

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Detección oportuna, ejercer “presión” de sentirse controlados (procesos masivos de verificación patrimonial que realiza Sunat, x pej), presentación de DDJJ obligación de rendición de cuentas …publicación de “infactores” o corruptos…publicidad de informes

Sobre la base de todo lo expuesto podemos asegurar que sí se puede. Las últimas encuestas de opinión muestran que los peruanos consideramos que la democracia es el mejor sistema de gobierno9 e identificamos a la corrupción como un problema muy grave10, Sabemos que es uno de los males que nos mantiene en el subdesarrollo y somos consientes de que nos hace daño, por lo que, debemos enfrentarla de manera conjunta y articulada a través de múltiples frentes como se mencionó anteriormente.

Las próximas elecciones generales, las propuestas de los partidos y sus candidatos, así como, la discusión de los temas de interés nacional nos permitirán tener una idea del interés de los líderes políticos por detener la corrupción. Sin embargo, sólo nuestra participación activa como integrantes de una sociedad civil organizada asegurará colocar a la lucha contra la corrupción dentro de la agenda política. Esta es una batalla conjunta que para ganarla requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros en las actividades que desarrollamos diariamente: en el hogar, el trabajo, los estudios, la vida social, etc.

La lucha contra la corrupción es tarea de todos.

9 El 67% de los encuestados así lo considera. LATINOBAROMETRO, Informe 2009, Noviembre de 2009, http://www.latinobarometro.org/10 El 94% de los encuestados así lo considera. IOP-PUCP, CORRUPCIÓN, Septiembre de 2009, http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_42.pdf

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Bibliografía

1. Almond, Gabriel A. et al: The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, New Jersey, Princeton University Press, 1963.

2. Aucoin, Peter: The New Public Management: Canada in Comparative Perspective, Montreal, Institute for Research on Public Policy, 1995.

3. Barzelay, Michael: Atravesando la burocracia: Una nueva perspectiva de la administración pública, México D.F., Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., Fondo de Cultura Económica, 1992.

4. Barzelay, Michael: La Nueva Gestión Pública, Un acercamiento a la investigación y al debate de las políticas, México DF, Fondo de Cultura Económica, 2003.

5. CGR/INTOSAI: Compendio de Documentos. Lucha Contra el Lavado de Dinero Internacional, Lima, Artexportworld, 2005.

6. Cunill Grau, Nuria: Política y Gestión Pública, Buenos Aires, FCE -CLAD, 2004.7. Del Castillo, Arturo: Medición de la Corrupción: Un indicador de la rendición de

cuenta. México DF, Editorial Color SA de CV, 2003.8. Diez Canseco Cisneros, Javier: Informe sobre el Uso del Dólar MUC: Caso Ministerio

de Agricultura, Revista Debate Agrario N°12, 1991,pp. 107-131.9. Diniz, Eli: Crise Reforma do Estado e Governabilidade, 2ª edición, Río de Janeiro,

Fundación Getulio Vargas, 1999.10. Elliott, Kimberly A.: La Corrupción en la Economía Global, México D.F., Editorial

Limusa SA de CV, 2001.11. Fisman, Raymond: Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries, en

Policy Research Working Paper N° 2290, The World Bank, Development Research Group, 2000.

12. Gonzales de Olarte, Efraín: El Neoliberalismo a la Peruana, Economía Política del Ajuste Estructural 1990-1997, Lima, IEP, 1998.

13. Guy Peters, B.: La Política de la Burocracia, México DF, Fondo De Cultura Económica, 1999.

14. Huber, Ludwig: Romper la mano: Una interpretación cultural de la corrupción, Lima, IEP; Proética, 2008.

15. Huntington, Samuel: El Orden Político en las Sociedades en Cambio, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1968.

16. Huther, Jeff; Shah, Anwar: Anti-Corruption Policies and Programs: A Framework for Evaluation, en Policy Research Working Paper 2501, Washington DC, The World Bank, 2000.

17. Johnston, Michael: Syndromes of Corruption, Nueva York, Cambridge University Press, 2005.

18. Klaren, Peter F.: Nación y Sociedad en la Historia del Perú, Lima, IEP, 2008.19. Klitgaard R. et al: Corrupción en las ciudades. Una guía práctica para la cura y

prevención, La Paz, Santillana de Ediciones S.A., 2001.

16

20. Kwok Man-way, T: Formulating and Effective Anti-corruption Strategy- The Experience of Hong Kong ICAC. Seventh Course on Corruption Control In Criminal Justice Visiting Experts. Págs. 196 -201. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no69/16_P196-201.pdf

21. Little, Walter; Posada-Carbó Eduardo: Political Corruption in Europe and Latin America, New York, Saint Martin’s Press, Inc, 1996.

22. López Jiménez, Sinesio: Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de ciudadanía en el Perú. Lima, IDS, 1997.

23. Losada i Marrodán, Carlos: De burócratas a gerentes, las ciencias de la gestión aplicadas a la administración del Estado, IDB, 1999, http://books.google.com.pe/books?id=HtCP82EQsE4C&dq=DE+BUROCRATAS+A+GERENTEShttp://books.google., 03.05.2009, 16:36.

24. Moran, Michael et al: The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford, Oxford University Press, 2006.

25. O’Donnell, Guillermo: Accountability Horizontal, Lima, IEP, 1998.26. OECD: Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models, 2008.27. Osborne, David et al: La reinvención del gobierno, la influencia del espíritu

empresarial en el sector público, Barcelona, Paidós, 1997.28. Panfichi, Aldo y Sanborn, Cynthia: Democracia y Neopopulismo en el Perú

Contemporáneo, pp. 43-67.29. Pease García, Henry: La Autocracia Fujimorista: Del Estado intervencionista al

Estado mafioso, Lima, FEPUCP – FCE, 2003.30. Peruzzotti, Enrique: La Política de Accountability Social en América Latina,

new.lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/accountability_social1.pdf, 26/09/2009, 23:43 h.

31. Portocarrero S., Felipe: El Pacto Infame, Estudios sobre la corrupción en el Perú, Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2005.

32. Poveda Perdomo, Alberto: La Corrupción y el Régimen, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 2000, pp. 32-38.

33. Przeworski, Adam: Democracia y Mercado, Cambridge, Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1991.

34. Przeworski, Adam: Acerca del diseño del Estado: Una perspectiva Principal - Agente, Jefatura del Gabinete de Ministros de la República Argentina, Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual, pp. 143-168.

35. Przeworski, Adam: Política y Administración, Fondo de Cultura Económica, Jefatura de Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, pp. 195-215.

36. Reinikka, Ritva; Svennson, Jakob: Survey Techniques to Measure and explain Corruption, en Policy Research Working PaperDCD N° 3071, Washington DC, Development Research Group, World Bank, 2003.

37. Roberts, Kenneth: Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case, World Politics 48, Octubre 1995, pp.82-116.

17

38. Naciones Unidas: La Lucha Contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción, PNUFID, 2002, 146 p.

39. Pease García, Henry: La Autocracia Fujimorista. Del Estado Intervencionista al Estado Mafioso, Lima, Fondo Editorial PUCP, Fondo de Cultura Económica, 2003.

40. Quiroz, Alfonso W.: Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru, Washington DC, Woodrow Wilson Center Press, 2008.

41. Roberts, Kenneth M.: Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case, Word Politics 48:1 (octubre 1995), pp. 82-116.

42. Rose-Ackerman, Susan: Corruption and Development, en Pleskovic, Boris; Stiglitz, Joseph, Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington DC, The World Bank, 1997.

43. Shah, Anwar: Performance Accountability and Combating Corruption, Washington DC, The World Bank, 2007.

44. Shepherd, Geoffrey: El desafío de la reforma administrativa en América Latina, Caracas, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº 13, 1999.

45. Stepan, Alfred: The State and Society: Peru in Comparative Perspective, New Jersey, Princeton University Press, 1978.

46. Thorp, Rosemary: Progreso, Pobreza y Exclusión, Una Historia Económica de América Latina en el siglo XX, New York, BID - UE, 1998.

47. Tulchin, Joseph S.; Espach, Ralph H.: Combating Corruption in Latin America, United States, Woodrow Wilson Center Press, 2000.

48. Ugarteche, Oscar: Vicios Públicos: Poder y Corrupción, Lima, CFE - SUR, 2005.49. Zegarra, Luis Felipe: Causas y Consecuencias Económicas de la Corrupción. Un

análisis Teórico y Empírico, Documento de Trabajo N° 35, Lima, Centro de investigación de la Universidad del Pacífico, 1999.

50. Zegarra, Luis Felipe: La Economía de la Corrupción: Hacia una Comprensión de las Causas de la Corrupción y las Estrategias para Combatirla, Lima, Centro de investigación de la Universidad del Pacífico, 2002.

18