James Petras y Nelson-Rimensnyder

Los militares y la modernizacin del Per

J A M E S P E T R A S es profesor-asociado de Ciencia Politica y Adminis-tracin Pblica. Es director del Latin American Development Stu-dies en el Instituto de Administracin Pblica de la Universidad dePennsylvania. Es autor de numerosos artculos y libros sobre AmricaLatina entre los que se encuentran Politics and Social Forces n ChiieanDevelopment (University of California Press, 1969). Es coedtor deLatn American Reform orRevolution.

N E L S O N R I M E N S N Y D E R es investigador-asociado del LatinAmerican Development Studies Institute of Public Administration dePennsylvania State University

Introduccin: Modernizacin capitalista desde arriba

Por primera vez en la historia del Per se estn llevando a cabo medidastendientes al desarrollo de una sociedad moderna, industrial y capitalis-ta. El Gobierno militarista estrechamente relacionado con grupos profe-sionales nacionalistas ha promulgado un programa amplio que incluyecambios importantes en el sistema de tenencia de la tierra y en la defini-cin de sectores a los que la inversin tanto pblica como privada han deser canalizados.

El gobierno militar se ha impuesto una serie de metas estratgicaseconmicas:

a) El establecimiento de una sociedad dinmica, capitalista-industrial, en la cua! tantoempresarios pblicos como privados han de jugar un papel dominante;b) La incorporacin del campesinado en la economa de mercado a travs de la expropia-cin de las grandes y tradicionales haciendas de la sierra y la distribucin de la tierra a loscampesinos;c) La exclusin de aquellas firmas extranjeras cuyo comportamiento viola las reglas polti-cas y los mrgenes econmicos que han sido establecidos para propiciar el desarrolloindustrial nacional;d) La transferencia de capital privado del sector de la agricultura al sector no-agrcola,especialmente al sector secundario.

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James Petras y NelsonRimensnyder / Los militares y la modernizacin del PerEl Gobierno militar es a todas luces "desarrolista" en su orientacin.

Los esfuerzos de poltica redistributiva, tales como la reforma agraria,estn subordinados al esfuerzo general de crear incentivos para el creci-miento ulterior. En igual forma, la poltica nacionalista, uno de cuyos aspec-tos es la expropiacin de la International Petroleum Gompany (IPC), sirveprincipalmente a lajunta como factor de apoyo popular. Las medidas polti-cas subsecuentes adoptadas respecto de concesiones a inversionistasextranjeros tanto para la explotacin de minerales como para la manufac-tura de bienes sugieren que lajunta est principalmente preocupada conla integracin de los recursos extranjeros y de las empresas en unaperspectiva de desarrollo nacional ms amplia. La orientacin populistade la Junta, asimismo, se encuentra preocupada con el mejoramientoeconmico del campesinado, sin permitir, sin embargo, que ste se movili-ce. La reforma agraria ser llevada a efecto y ser administrada principal-mente por.personeros (tcnicos) nombrados por el gobierno1. Las inicia-tivas independientes que los campesinos - puedan desarrollar no sernaceptadas por la Junta. Asimismo, las iniciativas de la clase obrera quegiren alrededor de las organizaciones tradicionales de clase y toda discre-pancia sern consideradas por la Junta como amenazas a la poltica dedesarrollo industrial2. Proyectos de ndole paternalista tales como el de laparticipacin de ganancias y coparticipacin en la administracin sern

^opuestos para contrarrestar la poltica de lucha de clases. En las universi-dades, la Junta propone la despolitizacin y la creacin de una Universi-dad profesionalizante y tecnocratizante.

En suma, los caballos del populismo y el nacionalismo han sido engan-chados al carro del desarrollismo. La poltica de la modernizacin capita-

lSobre el nombramiento de personeros gubernamentales supervisores de la administracinde propiedades expropiadas, ver entrevistas en Caretas, Lima, 14 de agosto de 1969, Vol.XK. N 400, pp. 16-19 y 48-5- Adems, Hugo Blanco, dirigente campesino en prisin, dijoque "los burcratas gubernamentales y los militares llevaran al caos la puesta en prcticaexitosa de la nueva Ley de Reforma Agraria*'. Blanco piensa que hombres como l, que tie-ne excepcional habilidad en la organizacin del campesinado serrano, deberan desempeartrabajos de importancia en la reforma agraria. Ver entrevista en International Press de NewYork, 29 de septiembre de 1969, Vol. 7, N 31, pp. 848-849.

a.Junta ha demostrado que tiene toda la intencin de mantener a los sindicatos bajo controlgubernamental efectivo. Ver Frant, "Un an de pouvoir mlitaire". Pars, septiembre de1969, Vol. i ,ND3,pp.38-4i .

E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E Slista desde arriba3en el contexto de una economa colonial requiere que laJunta ponga restricciones y controles a las actividades econmicas de lalite tradicional peruana as como a las de los inversionistas extranjerosarraigados en sus enclaves de explotacin minera. Al mismo tiempo requiereque la Junta limite la iniciativa de la izquierda para poder as lajunta dirigiry limitar el proceso del cambio social, especialmente en lo relativo a latransferencia de la propiedad.

Debiendo resistir, por una parte, las presiones de los pases capitalistasdesarrollados que distorsionaran los objetivos desarrollistas primordia-les de la Junta, por otro lado, debe proveer los incentivos necesarios y elclima favorable para la inversin en las reas industriales urbanas, de ahla necesidad de mantener una fuerza laboral dcil y "manejable".Paradjicamente, para llevar a cabo las medidas polticas tendientes a latransformacin del pas en una sociedad moderna capitalista, los milita-res, en el poder deben superar la oposicin del centro del capitalismo mun-dial y las aprensiones que esa transformacin acarrea en su propia liteempresarial local.

Internacionalmente, los pases comunistas occidentales, incluidos laUnin Sovitica y Cuba, y el Partido Comunista del Per, son los que hanmostrado el mayor inters por las medidas de modernizacin capitalistadesde arriba4. La poltica de la Junta puede ser mejor comprendida pormedio del examen de la interaccin entre la historia poltica reciente delPer y el proceso de socializacin poltica del cuerpo de oficiales que se haconvertido hoy en da en la lite del Per.

Antecedentes: Historia poltica reciente

Las primeras indicaciones de que los militares diferan del tradicionalmilitar latinoamericano, el caudillo, aparecieron durante el gobierno militarde 1962-63. La mayor parte de los analistas pensaron que la toma del poderfue precipitada por el miedo de una inminente victoria del APRA en las

3Como ejemplo de excelente debate acerca de la modernizacin capitalista desde arriba,ver Barrin^ton Moorc, Social Origins o/Democracy andDictatorshif), Boston. Beacon Press.

4Acerca de la respuesta de Cuba, ver el discurso de Fidel Castro ciel 26 de jul io de 1969 enGranrna del 27 de jul io de 1969.

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James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del Perelecciones presidenciales de ig625. Los militares fueron definidos como losdefensores del viejo orden contra el APRA "populista". Esta explicacinhace caso omiso del hecho que el APRA ya por espacio de varios aos habaentrado en tratos con la tradicional clase gobernante y, como veremos mstarde, los militares haban cambiado tanto en sus ideas como en su composi-cin social.

Son pues razones mucho ms profundas y complejas que el viejo odiomutuo entre el APRA y la clase castrense las que explican el golpe militar.Los jvenes militares del Per estaban cada vez ms impacientes con lastransacciones y negociaciones de las lites civiles gobernantes. Por suinspiracin desarrollista y plenamente conscientes de la extrema desigual-dad en la distribucin de la riqueza en el Per, fueron comprendiendo cadavez ms la posibilidad de una revolucin violenta emanada de los sectorespobres tanto rurales como urbanos econmicamente deprimidos y polti-camente excluidos.

El objetivo principal del gobierno militar de 1962-63 fue el de garantizarla eleccin de un civil que se dedicase al desarrollo de los recursos naturalesinexplotados, aliviase algunas de las injusticias de la estructura socioecon-mica y frenase el movimiento revolucionario creciente, especialmente en lasreas rurales6. No fueron objetivos de aquel corto gobierno militar (10 meses)los cambios radicales estructurales que afectasen las prerrogativas yprivilegios de las lites de la sociedad peruana. Los que se hallaban a lacabeza de aquella Junta se encontraban cercanos al retiro de las filas yactuaban, hasta cierto punto, bajo la influencia de oficiales ms jvenes(mayores, teniente-coroneles y coroneles). Producto en su mayor parte dediferentes experiencias tanto sociales como educacionales, lo cual no sucedacon la mayor parte de los generales de edad madura, muchos de estos jvenesoficiales habran de aparecer, ms tarde, corno los generales que ejercenmayor influencia en la actual Junta.

El golpe militar del 18 de julio de 1962 tuvo lugar durante una poca deextendida insurgencia rural, mientras que polticos apostas y conserva-

5Para informacin concerniente a la poltica peruana de este perodo, ver Frederick B. Pike,The Modern History o/Per, New York, Praeger, pp. 282-320 y Lewis Hanke, ContemporaryLatn America. Princeton, D. Van Nostrand, 1968, pp. 128-132.

6Para un recuento de los motivos que rodearon el golpe de Estado de 1962 ver PcterNehemkis, Latn America: Mylh and Reality, New York, The New American Library, 1966,pp. 93-104.

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dores se encontraban muy ocupados tratando de componer una complicadamaniobra poltica con miras a la toma del Gobierno. Tanto los trajinespolitiqueros como la insurgencia parecen haber sido los factores queprovocaron la hostilidad del Ejercit. En 1962 el gobierno conservador dePrado, que haba sido llevado al poder con el apoyo del aprismo, en retribu-cin al reconocimiento legal de este ltimo en 1956, devolvi a su vez elfavor aprista apoyando a Haya de la Torre como candidato a lapresidencia. Los otros dos principales candidatos fueron el ex dictadorOdra y Fernando Belande Terry. Ninguno de los candidatos obtuvo lamayora absoluta en las elecciones y fue el Congreso el queconstitucionalmente hubo de decidir. Maniobras subsecuentes en el Congresollevaron a pactar la alianza entre el AFRA y la faccin de derecha del exdictador Odra para impedir la ascensin de Belande. Estas maniobraspolticas en el Congreso incluyeron un pacto bajo el cual Odra serapresidente mientras que el APRA dominara el Congreso. Los militaresintervinieron impidiendo que el pacto fuese llevado a efecto. Diez mesesms tarde los militares llevaron a cabo nuevas elecciones junio de 1963 yBelande fue elegido Presidente.

La poltica y las medidas sociales puestas en prctica durante los aos deBelande sirvieron para reforzar el sentimiento entre los oficiales, que enel Per, en efecto, se necesitaban cambios estructurales capaces de generarel desarrollo dinmico si es que el sistema capitalista habra de preveniruna revolucin masiva e incontrolable que vendra desde abajo.

El fracaso de Belande en lo que respecta al desarrollo interno fue lacausa de la intervencin militar. Durante sus cinco aos como gobernantedel Per, Belande fracas en su intento de llevar a efecto cambios profun-dos en la estructura socioeconmica prevalente en el Per. La Ley deReforma Agraria de 1964 fue muy dbil y repleta de posibilidades deevasin: no poda pues dar el mpetu necesario para el cambio substancialrequerido en la vida del campesino. Belande decidi conferir a su ley deReforma Agraria una prioridad de poca urgencia, y dedic todos sus esfuer-zos a promover mayor produccin de parte de las lites terratenientestradicionales. En una palabra, intent desarrollar al Per dentro' delmarco existente de la'estructura socioeconmica.

El Comit Interamercano para el desarrollo agrcola (CIDA) estim queaproximadamente un milln de familias campesinas en el Per no tienenacceso o no poseen suficiente tierra para mantenerse por encima del nivel

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James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin de! Perde subsistencia'7. Tomando en consideracin que una familia campesinaperuana se compone aproximadamente de cinco miembros, esto quieredecir que alrededor de cinco millones de personas (o sea el 40% de la pobla-cin peruana) no poseen suficiente tierra para poder sobrevivir. Estas fami-lias sin tierra se encuentran altamente concentradas en la Sierra donde elingreso per capita promedio es alrededor de 15 a 20 dlares anuales.

De acuerdo al Departamento Nacional de la Reforma Agraria, durante elperodo de Belande y conforme a la Ley de Reforma Agraria N 11.760,380.000 hectreas fueron distribuidas a familias campesinas., es decir ms omenos 30 hectreas por familia8. Esta distribucin tuvo lugar en un perodode cuatro aos y medio. Los clculos de CIDA, revelan que en el Per seagregan ir.ooo familias campesinas sin tierra o casi sin ella cada aoy. Porconsiguiente, durante el ejercicio de Belande se aadieron 40.000familias que necesitaban tierra, engrosando as la gran masa rural deprimi-da econmicamente. La reforma agraria de Belande fracas incluso enmantenerse al nivel del crecimiento demogrfico.

Belande se inclin hacia medidas que atrajiesen la inversin de capitalextranjero en las industrias extractivas sin limitar sus ganancias y sinespecificar la relacin que tenan con las necesidades de desarrollo de lanacin. Concert enormes emprstitos bajo trminos desfavorables (pago acorto plazo y elevada tasa de inters) para la construccin de la llamadacarretera marginal de la selva tendiente a abrir la regin selvtica orientalpara la colonizacin agrcola. El programa de construccin de carreterasque Belande crey de absoluta necesidad no se hallaba relacionado conproyectos industriales especficos que habran de promover el desarrollodel interior del pas o la reforma agraria. El desarrollo social al nivel localhabra de llevarse a efecto a travs del programa llamado CooperacinPopular; es decir, la movilizacin del trabajo voluntario para la construc-cin de servicios locales e instalaciones. Tras el primer entusiasmo quegener Cooperacin Popular^ este plan se convirti en una maquinaria

7Vase el informe CIDA, Una evaluacin de la reforma agraria en el Per, Unin Panameri-cana, Washington. D.C., i 966. p. i.

^Boletn Informativo, septiembre de 1968, ONRA, Lima y para informacin adicional, verPeruvian Times, 27 de junio de 1969, pp. 1-2.

9Informe de CIDA, o/}, ctt., p. 5.

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burocratizada auspiciado por el Gobierno que difcilmente tena algo quever con el desarrollo nacional.

Mientras Belande se vea impotente para llevar a efecto las reformasprometidas, los militares se encontraban ocupados en la represin de unmovimiento que bien podra haber sido el comienzo de la revolucin desdeabajo. Entre 1960 y 1965 el radicalismo campesino masivo, especialmenteen el sur, comenz a preocupar seriamente al personal militar. Es interesan-te notar que mientras los militares liquidaron y encarcelaron a cientos decampesinos durante la represin de 1962 a 1964, tambin aceptaron la tomadefacto de tierra que se haba llevado a cabo, representando ello la primeraindicacin de la nueva actitud que haban adoptado10.' -Es ms,- lainhabilidad de llevar a cabo las reformas prometidas por Belande fue lacausa de la inflacin incontrolada, la cual a su vez oblig, a la devaluacin.La corrupcin masiva y la especulacin entraron a ser la rutina entre losaltos funcionarios gubernamentales11. La maniobra que tuvo por resultadoel acuerdo con la IPG, a fines de septiembre de 1969, dio origen a la-protestageneral. La acumulacin de numerosos emprstitos tanto a corto como alargo plazo contribuyeron a la cada de Belande el 3 de octubre de 1968. Elcontrol absoluto de los poderes Legislativo y Ejecutivo por la actual Juntamilitar fue la seal del desplazamiento del poder, de un gobierno de clasemedia e impotente a uno militar enraizado en la misma case media peroabocado a superar el estancamiento en el sistema poltico que obstaculiza-ba el surgimiento de un nuevo enfoque dinmico del desarrollo econmico.

Los antecedentes sociales y culturales del Gobierno -militar revolucio-nario, como es llamado oficialmente,' son importantes, factores para- lacomprensin de la orientacin poltica del Gobierno. Socialmente' mviles,con estrechos lazos con la educacin superior, los militares peruanos msparecen ser intelectuales armados y no parecen estar cercanos a la estereoti-pia del '"gorila" sudamericano. El Presidente, General .Juan Velasco

ioyer "Revolution and Guerrillas in Latn America: Venezuela, Guatemala, Colombia andPer. por.James Petras en Latn America: Re/orm orReuolittion, editado porjames Petras yMaurice leitlin. Fau-cett Pubticatons, 1968.

UE1 conocimiento anticipado de la devaluacin monetaria de 1967 hizo que muchos de losaltos personcros gubernamentales lograsen apreciables ganancias en el mercado de valo-res. En cuanto a la corrupcin de la IPC, ver The Econmisl para Amrica Latina, Londres.19 de marzo de 1969, Vol.g, K 6. pp. 11-12.

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James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del PerAlvarado, tiene su origen en una familia de clase media de recursosmodestos12. Se incorpor al Ejrcito en 1929 como soldado raso, como es elcaso de por lo menos otros dos miembros del Gobierno, y fue elegido elsiguiente ao, sobre las bases de exmenes competitivos, para ingresar a laEscuela Militar de Chorrillos, cerca de Lima. Se gradu primero en su clasede [934. Los catorbe Ministros del Gobierno se graduaron en una u otra delas tres academias militares del Per durante el perodo de fines de ladcada del treinta y comienzos de la del cuarenta. Muchos de los miembrosdel gobierno militar son contemporneos en la Escuela Militar de Chorrillosy dos de ellos fueron compaeros de habitacin por cierto tiempo, lo cualsignifica pues la presencia de un "grupo generacional" homogneo entimamente ligado. La instruccin impartida en Chorrillos inclua cursosen los que se examinaban los males socioconmicos que afectan al Per.Muchos de ellos regresaron a Chorrillos, ms tarde, como administradoreso instructores en alguna poca de sus carreras militares. Slo dos miem-bros del Gobierno provienen de la clase alta y muy pocos han contradomatrimonio con personas que no pertenecen a su misma clase social.

Pero lo que es ms importante an, desde el punto de vista de la influen-cia intelectual, fue la experiencia comn que tuvo ms de la mitad de losquince miembros del Gobierno al atender los cursos especiales, los aoscincuenta, del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM)13. Tanto losinstructores como los programas de estudios tuvieron un profundo efecto enla evolucin de la conciencia poltica de los que asistieron a dichos cursos.Del trabajo que all desempearon naci el empeo con que se dedicaron aldesarrollo y cambio de la sociedad peruana. Juntamente con el status quetienen de miembros de la clase meda fueron impelidos hacia la revolucinburguesa .desde arriba. Con este objeto fue precisamente en el CAEM que losfuturos gobernantes del Per fueron expuestos a cursos en extremo detalla-dos sobre la estructura socioeconmica del Per, la naturaleza dependientede su economa y la vulnerabilidad del desarrollo interno respecto de las

12Los datos biogrficos de los miembros de la ,Junta fueron proporcionados gentilmente porla Embajada del Per en Washington. Deseamos, asimismo, expresar nuestros agradeci-mientos al representante norteamericano- Dante Fasccll y al senador Frank Church por suayuda prestada en la obtencin de informacin adicional.

13Ver Cuadro anexo. Para un esbozo acerca de CAEM y sus actividades, ver Frederick B.Pike. op. cit., p. 315.

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fluctuaciones externas. La mayor parte de estos cursos fueron dictados poracadmicos de la izquierda nacionalista, quienes estaban muy bien informa-dos acerca de los problemas de la economa y del desarrollo peruanos.Muchos de los miembros del Gobierno actual mantienen lazos con algunosde sus ex profesores. La mayora de los graduados recientes de CAEM, entrelos que se encuentran muchos de los oficiales ms jvenes, continuaron reci-biendo la misma educacin y continan haciendo presin por el cambio. ElPresidente Velasco con frecuencia ha requerido el consejo de elementos de laizquierda nacionalista, siendo el ms conocido entre ellos, Alberto RuizEldredge, Presidente del Colegio de Abogados1"1.

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La estrategia poltica y de desarrollo

Conocedores del proceso histrico que produjo la estructura social actual yde los obstculos al desarrollo industrial, los militares han llegado a laconclusin que las instituciones polticas tradicionales son incapaces dellevar a efecto los cambios necesarios. Los militares no han de confiar elliderato de esta revolucin desde arriba a los polticos civiles, o a loslegisladores, o a un gobierno elegido. A comienzos de agosto de 1969 elGobierno militar anunci que permanecera en el poder "hasta por lomenos 1975" para as garantizar que el Per se site firmemente en elcamino que lo ha de llevar a las metas deseadas mediante el Plan deDesarrollo de 20 aos que el Gobierno dio a publicidad en noviembre de19685 un mes despus de asumir el poder15.

El Plan de veinte aos, conocido como la estrategia a largo plazo para eldesarrollo nacional del Per16, refleja la mayor preocupacin que tiene elGobierno militar: rpido desarrollo industrial y reformas sociales,

^Visin, Mxico, D.F., 29 de agosto de 1969, Vol. 37, N 5, pp. 12-16 (este nmero de Visinno circul en el Per debido a sus observaciones de carcter crtico acerca de la ausencia deapoyo popular a la Junta).

15Penwan Times, 8 de agosto de 1969, p. i.I6lnstituto de Planificacin Nacional, Lima noviembre de 1968. (Este Instituto fue creado

por el Gobierno militar de 1962-63 y fue una de las instituciones para el desarrollo creadas enaquella poca).

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James Petras y Neison Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del Perprerrequisitos para garantizar dicho desarrollo. El Plan enumera cincoreformas bsicas: i) expropiacin de todas las grandes propiedades rura-les; 2) una nueva poltica minera que comprenda mayor participacin,regulacin y control de los recursos mineros dentro del marco de laeconoma nacional. Los recursos nacionales han de ser empleados enbeneficio del desarrollo industrial y no solamente extrados para ser expor-tados; 3) una poltica de industrializacin dirigida hacia la reduccin delas importaciones y el incremento de las exportaciones especialmentehacia el mercado regional creciente; 4) reorganizacin de la administra-cin pblica con personal seleccionado sobre la base de competencia tcnicapara as crear un instrumento eficiente para la implementacin de lapoltica de desarrollo; 5) reforma tributaria. Este Plan Nacional estsubdividido en cinco planes regionales de desarrollo. Estos ltimos estnbasados en. la expansin de las actuales actividades y reservas potencialesen cada regin. El Plan no contempla nacionalizacin integral sino msbien expansin e incentivos a las empresas en operacin. A travs de unperodo de 20 aos, la Junta espera llegar a realizar los siguientes objetivos:un mercado nacional mucho ms amplio y en expansin; una distribucingeogrfica balanceada de la poblacin; cambios estructurales que han deeliminar los actuales obstculos institucionales al desarrollo; infraestruc-tura expandida; una distribucin mucho ms equitativa del ingresonacional y doblar el ingreso per capita; subordinacin de la inversinexterna a la poltica de desarrollo; menor dependencia econmica y menorvulnerabilidad a las fuerzas externas.

El lenguaje del Plan de Desarrollo sugiere que el Gobierno militar no hade presidir la puesta en prctica de la estrategia de desarrollo prescrita pormedio de dictmenes rgidos o en el espacio de unos cuantos aos. De hecho,el examen de la retrica, objetivos y logros del pasado ao nos proveen debases para la determinacin de implicaciones que pueden tener el comporta-miento actual y que parecen estar dirigidos hacia el cambio social y desarro-llo econmico significativos.

Una semana despus de la toma del poder, el Gobierno militar expropila IPC, subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey17. Inmediatamente elGobierno anunci que no pagara indemnizacin al tiempo que acusaba a la

17En cuanto a la historia de la poltica petrolera en el Per, ver Marcha, Montevideo, juniode 1969, N 26, pp. 7-29.

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IPC por la extraccin de petrleo desde el ao de 1924 bajo acuerdos ilegales.La expropiacin dio origen a dos resultados: cre instantneamente elapoyo popular al Gobierno militar y provoc la hostilidad de parte de losEstados Unidos, dando por resultado la confrontacin peruano-estado-unidense sobre la eventual aplicacin de la Enmienda Hickenlooper18. Deacuerdo a lo prescrito por dicha enmienda toda la yuda econmica delGobierno de los Estados Unidos al Per, bajo la Alianza para el Progreso,AID, y otros programas similares, seran interrumpidos si la IPC no fueseindemnizada. Por otro lado, se ejercieron presiones en el sentido deamenazar con la descontinuacin de la compra de azcar peruana, medidaque podra tener serias consecuencias en la economa nacional.

El apoyo popular generado por la poltica nacionalista brind alGobierno militar la oportunidad de consolidar su poder, expurgar loselementos disidentes conservadores y dar comienzo al programa dedesarrollo desde arriba dentro de una atmsfera favorable y de tranquili-dad. El Gobierno de Nixon, tratando de evitar la confrontacin que tendrapor resultado la radicalizacin de la Junta, decidi no aplicar las sancio-nes econmicas; por ejemplo, ofreci la negociacin con la esperanza depoder presionar indirectamente para obtener un arreglo a las demandasde la IPC. A partir de abril de 1969, poca en que comenzaron las negociacio-nes, el Gobierno peruano ha insistido en la no compensacin. Tampoco seha dado a conocer indicacin alguna en el sentido de que el Per considera-ra el intercambio de la compensacin por una mayor ayuda econmica delos Estados Unidos o promesas de inversin privada. Aparentemente, elGobierno militar se encuentra confiado de que la amenaza con la Enmien-da Hickenlooper ha dejado de tener vigencia. A comienzos de 1969 laprensa peruana inform que todo el asunto haba sido un "engao quejamssignific peligro alguno y un ejemplo fehaciente v desafortunado de chanta-

18Sobre la Enmienda Hickenlooper, ver Congresional Record, Seale, Vol. 108, 2 de octubrede 1962, pp. 21615-21620. Para una perspectiva histrica sobre este discutido tpico, ver laobra, de magnfica documentacin, de Marvin D. Bcrnstein, ed., Foreign Inuestmenl in LatnAmerica, Cases and Altitudes, New York, Knopf, 1966. El general Valdivia, miembro de laJunta militar, declar que el Gobierno peruano haba sido amenazado por el FondoMonetario Internacional en el sentido de cancelarle los crditos que suman 75 millones dedlares si el Per no restableciese las propiedades pertenecientes a la IPC. Otras institucio-nes, como ser AID, BID y el Banco Mundial se supone estn ejerciendo presin. Ver el NewYork Times, 8

James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del Perje poltico"19. La expropiacin de la IPC era una buena indicacin de lasintenciones declaradas del Gobierno militar en el sentido de subordinar elcapital extranjero a la ley peruana y a las necesidades de desarrolloeconmico del pas. En su discurso pronunciado el Da Nacional, 28 de ju l iode 1969, el Presidente Velasco dijo que su Gobierno consideraba el casoterminado y que en el futuro habra de esperarse medidas que afectaran laconducta del capital extranjero en el pas20. Prosigui destacando la labornegativa que ha llevado a cabo el capital extranjero irrestricto en el desarro-llo de Amrica Latina. Dijo tambin que el Per y los dems paseslatinoamericanos son exportadores de capital y que el ingreso obtenido porconcepto de inversiones en Amrica Latina financia el desarrollo de lasnaciones altamente industrializadas. Velasco Alvarado defini la actitudgubernamental de la siguiente manera:

"Esta situacin inaceptable debe ser superada. El desarrollo latinoamericano necesitadel capital extranjero. Pero este capital no viene movido por razones filantrpicas.Viene porque le conviene venir. Por consiguiente, existe una conveniencia mutua, la cualdebe ser normalizada justa y claramente para beneficio de ambas partes. De ah pues que elcapital extranjero debe actuar dentro el marco de la lev que le garantice la justaparticipacin en la riqueza que genera" .

El decreto que afecta la explotacin petrolera Ley N 17.440 de febrerode 1969 nos indica qu es lo que pretende el Gobierno militar respectode las industrias extractivas. Nuevas concesiones bajo leyes antiguas nosern permitidas: todos los nuevos convenios sern negociados sobretrminos de "ganancias fijas"; todas las futuras concesiones incluirnclusulas que estipulen la participacin estatal y la participacin deganancias22. Es ms, todas las concesiones ya existentes, ya sean stascontroladas por empresas nacionales o extranjeras, pueden ser suscepti-bles a la renegociacin en busca de mejores beneficios para el Gobierno.

Sin embargo, la ms importante de las medidas tomadas, a la fecha, y sista habra de ser llevada a sus ltimas consecuencias, tendra por resulta-

l9Peruuian Times, i de agosto de 1969, p. i .2DPara un sumario del discurso de Velasco en el Da de la Independencia, ver el Peruvian

Times, i de agosto de 1969, p. i .21Peruvian Times, \ de agosto de 1969, p. i .22Pemvian Times, 28 de febrero de 1969, pp. 1-2.

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do un profundo efecto en la estructura socioeconmica del pas, es la Leyde Reforma Agraria N 17.176. A partir del 24 de junio de 1969, fecha en quefue sancionada esta ley, 66.000 hectreas de tierras azucareras localizadasa lo largo de la costa23 han sido puestas bajo jurisdiccin gubernamentalmientras dure el proceso de expropiacin y la formacin de cooperativas.Estas se hallarn bajo supervisin estatal y funcionarn como empresasgubernamentales. Los grandes latifundios azucareros costeros y en laSierra que han sido afectados por este decreto incluyen aquellos quepertenecan a familias ricas del Per y a empresas extranjeras tales como W.R. Grace & Co. de los Estados Unidos24. Todas las instalaciones y maquina-ria para la elaboracin se hallan asimismo, sujetas a futura expropiacin. Lareforma agraria est siendo llevada a cabo "sin prejuicios ni favores", porlo menos en la regin costera, como lo haba prometido el PresidenteVelasco, para "terminar para siempre el orden social injusto que hamantenido a los campesinos en la pobreza y la social iniquidad"25. Si el Go-bierno militar lleva a cabo la reforma agraria tal cual queda previsto, se ve-rn afectados tambin los latifundios algodoneros y las grandes haciendas dela Sierra dedicadas a la crianza de ganado vacuno y bovino. A la fecha, el ni-co latifundio que no se dedica a la produccin de caa de azcar y que ha sidoexpropiado es el que perteneca a la compaa Cerro de Pasco, que tiene unaextensin de 247.000 hectreas y se dedica a la crianza de ganado vacuno ybovino26. La corporacin del Cerro de Pasco ha recibido 490.000 dlares alcontado como compensacin por todo el material que se encuentra instala-do en la hacienda. Se han pagado 1.800.000 dlares por 90.000 cabezas deganado. Y se han emitido bonos a veinte aos plazo para cubrir el valor de la

23Las plantaciones costeras, incluidas las de azcar, no estaban consideradas para laexpropiacin en la Ley de Reforma Agraria de 1964 del Gobierno de Belande. El artculo25 de dicha ley permita que miembros de una corporacin1 'declarasen individualmente dere-chos de exencin. La declaracin colectiva de estas exenciones exclua a las grandes propie-dades de la accin judicial o administrativa de acuerdo a la ley Belande. .Sobre Jasexpropiaciones de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria del 24 de junio de 1969 de la.(unta,verPeruuan Times, 4 de jul io de 1969, p. 2.

2liLa W. R. Gracc, compaa estadounidense, perdi 12,000 hectreas. VerPeruuian Times,4 de julio de 1969, p.2.

25New York Times, 26 de uni de 1969, p. 4.26Sobre la expropiacin de las tierras pertenecientes a la Cerro Pasco, subsidiaria de Cerro

Corporation de Nueva York, ver el Peruvian Times, 3 y 17 de enero y 9 de mayo de 1969.

James Petras y Nelson Rimensnyder" Los militares y la modernizacin del Pertierra. Esta expropiacin, sin embargo, fue llevada a efecto en enero de1969, antes de la presente ley y bajo la vigencia de la Ley de ReformaAgraria promulgada en 1964. La propiedad habr de ser dividida entre loscampesinos que viven en el latifundio y las parcelas han de ser cultivadascooperativamente. Esta fue la primera expropiacin en el sector agrarioque llev a efecto el Gobierno militar y ha sido objeto de gran apoyonacional. Puede que esta expropiacin haya sido un proyecto piloto para deeste modo conocer la reaccin que habra de ocasionar tanto en los oposito-res como en los interesados y el pblico en general respecto de una reformaagraria radical.

Posteriormente, el Gobierno decidi expropiar las extensas y bienadministradas plantaciones azucareras de la costa, sector econmico ypolticamente poderoso y de gran influencia en la estructura del poder27. LaLey de Reforma Agraria fue inmediatamente puesta en prctica a lo largode la costa; en la Sierra la aplicacin de la misma ha sido ms lenta. A lafecha no se ha materializado ninguna oposicin desafiante de parte de losgrandes latifundistas azucareros de la regin costera. .Una de las posiblesexplicaciones puede ser encontrada en el hecho que de un tiempo atrs lasinversiones azucareras han sido gradualmente transferidas a otros sectoresde la economa. La aplicacin de la ley en esta regin permite un movi-miento ms acelerado de compensacin de los bonos de pago hacia lossectores ms modernos de la economa. Las estadsticas muestran que 44grandes latifundistas de la costa poseen inversiones considerables en bonosdel Estado, la industria de la construccin, seguros y compaas de ahorros,la minera, servicios pblicos, transporte, y en los medios de comunicacinde masas28. El Gobierno confa en el efecto que han causado las expropiacio-nes pacficas en la costa para que stos sirvan de ejemplo en las expropiacio-nes que han de llevarse a efecto en la Sierra. De todos modos esta estrategiade aislar en forma efectiva a la lite terrateniente ha de inhibir la oposi-cin unificada. La clara intencin que tiene la ley de reforma agraria es lade acicatear la inversin tanto en la industria como en la minera. Deacuerdo a los convenios de pago de compensacin, la mayora de los bonospueden ser convertidos en capital efectivo si ste es puesto en empresas

27"La Reforma Agraria y los empresarios". Caretas, Lima, 24 de julio de 1969, Vol. xix, N399^-25-

2*Ibid., p. 25.

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designadas por el Gobierno. Esta previsin simultneamente evita la fugade capital y lo'canaliza haca la industrializacin. La manera exacta en laque ha de ser puesta en prctica dicha previsin an no se sabe. A pesar deello, la intencin del Gobierno demuestra claramente su deseo de relacionarel cambio social con los objetivos econmicos. La Junta considera lareforma agraria como una ayuda en la formacin de un vasto mercado deconsumo internOj y como proveedor de capital para la industrializacin delpas.

Simultneamente a ia firma del decreto de la reforma agraria, se ha lleva-do a cabo una serie de cambios en el personal ministerial. El 13 de junio de1969 Velasco pidi la renuncia del general Jos Benavdes, conservador y enese entonces Ministro de Agricultura. El nombramiento de Benavides fueconsiderado por muchos, incluidos altos personeros del Departamento de laReforma Agraria (ONRA)J como una indicacin de que el Gobierno militarno consideraba la reforma agraria como cuestin importante29. Benavidestena vnculos estrechos con la Sociedad Agrcola Nacional, asociacin queagrupa a los grandes latifundistas, y expres en varias ocasiones su fuerteoposicin a la expropiacin en gran escala del agro. Fue la causa de lainsatisfaccin continua de los otros miembros del Gobierno entre los que seencontraba el general Jos Fernndez Maldonado, quien se desempeabacomo Ministro de Energa y Minera. Apenas nombrado Fernndez seconvirti en el portavoz del sector "radical" del Gobierno. Benavides fuereemplazado por uno de los "radicales", el general Jorge BarandarnPagador, despus de que aqul declar su oposicin .a la expropiacindurante una entrevista30. Argument en el sentido de que la reforma agrariano era posible debido al desembolso que ella significaba; prosigui diciendoque el sistema de la tenencia de la tierra no era una de las causas de los gravesproblemas agrarios del Per. Benavides se inclinaba ms bien hacia losincentivos que podran proporcionarse a los terratenientes para mejorarla produccin, lo cual a su vez significara la reduccin del alto nivel deimportacin de alimentos al Per.

29Lander Pacora, ex Director de ONRA, renunci a su cargo seis meses despus de que losmilitares tomaron el poder y expres sorpresa cuando fue promulgada la nueva Ley deReforma Agraria. En una entrevista privada en Washington, el 25 de junio de 1969, declarque l jams haba pensado que el Gobierno militar promulgase una ley tan efectiva,completa y radical.

^Correo, Lima, 10 de mayo de 1969, p. 4.

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James Petras y Velson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del PerJfuera de la oposicin de la lite tradicionalmente econmica, otros

intereses creados expresaron su oposicin a la reforma agraria. Los sindica-tos de obreros azucareros de la costa haban cuestionado ciertos aspectos dela ley. A estos sindicatos se los reconoci legalmente y se les permitiorganizarse durante el Gobierno militar de 1962-63. A travs de sus organiza-ciones y por medio de la presin ejercida, los obreros azucareros han obteni-do aumentos en sus jornales y muchos otros beneficios. La cuestinprincipal que preocupaba a los obreros era si al convertirse en asalariadosde empresas estatales perderan el derecho que tenan a la huelga y la negocia-cin colectiva31. Tanto obreros como dirigentes laborales que han sidoentrevistados expresaron la confusin que tenan respecto del nuevo statusen que se encontraran, as como indicaron preocupacin acerca de la prdidade beneficios ya conquistados. En muchas de las entrevistas se toc elasunto referente a las motivaciones polticas de parte del Gobierno militar:la posibilidad que la aplicacin de la ley referida tena como finalidad ladestruccin de los sindicatos controlados por el AFRA, que a su vez domina-ba los sindicatos azucareros, y socavar an ms la influencia y poder quetena el AFRA en la clase obrera32.

La estrategia poltica del Gobierno militar es reducir la efectividad de lasviejas maquinarias electorales de los partidos tradicionales y comenzar aconstruir una nueva base de poder propia a ellos en el campesinado y elproletariado agrcola. Los dirigentes gubernamentales en repetidas ocasio-nes han hecho la sugerencia que una nueva Constitucin podra, porprimera vez, dar el voto a todos aquellos que sean mayores de 21 aos,incluidos los analfabetos y sin considerar el requisito de propiedad. Conmiras a debilitar an ms los partidos electorales, el Gobierno militar hadeclarado que permanecer en el poder por lo menos seis aos.

Otras medidas tomadas hacia la realizacin de metas econmicas y socia-les incluyen la reforma del sistema bancario, de la legislacin de aguas, y dela administracin pblica33. Los bancos legalmente establecidos en el Per

3ILos dirigentes y obreros del azcar expresaron sus temores en una serie de entrevistas acomienzos de 1969, llevadas a cabo en la hacienda Romaica, enorme hacienda de propiedadperuana dedicada a la plantacin y elaboracin de caa de azcar en la regin cosiera delnorte del pas,. Ver Caretas, 14 de agosto de 1969, Vol. xix, N 400, pp. 16-19 y 48-50.

2ZPenwian Times, i de agosto de 1 969, p. i .

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deben estar bajo control de ciudadanos peruanos. El Decreto Ley N 17.752referente a las aguas, de julio de 1969, establece que toda ella, sin importarcual fuese su origen, es de derecho pblico. La ley crea, adems, un Departa-mento de control de aguas que ha de coordinar la utilizacin de dichoelemento con la reforma agraria y el desarrollo econmico integra! del pas.Los cambios administrativos fueron especialmente notorios al nivel minis-terial. A comienzos de abril de 1969 el Ministerio de Desarrollo, en el que sehaban concentrado un sinnmero de funciones miscelneas, fue eliminado ysus responsabilidades fueron divididas entre cuatro nuevos ministerios dereciente creacin: Industria y Comercio, Energa y Minas, Transporte yComunicaciones, y el de la Vivienda. Los Ministerios de Guerra, Marina yAviacin han de ser consolidados en uno solo: el Ministerio de Defensa. Enjunio de 1969 el Ministerio de Hacienda fue reorganizado y en la actualidades responsable de la coordinacin de la actividad econmica con la polticagubernamental de desarrollo integral de la nacin. Es ms, el Instituto dePlanificacin Nacional ha de pasar a formar parte del Ministerio deHacienda y sus diferentes planes han de ser enviados a los ministerios odepartamentos especficos para ser llevados a efecto. Anteriormente, elInstituto funcionaba como organismo autnomo y los planes delineados pordicha organizacin eran generalmente ignorados o considerados de pocaimportancia. El Instituto de Planificacin se ha convertido en un departa-mento central que esboza las necesidades de carcter prioritario y ladistribucin de fondos gubernamentales, pasando, por consiguiente, adesplegar un papel mucho ms importante y directo en la conformacindel desarrollo econmico.

Una serie de otros cambios orientados hacia la modernizacin de la socie-dad peruana se hallan en proyecto. En su discurso del 28 de julio, Da de laIndependencia, Velasco dijo que la reforma comercial, la de a pesca, y ladel crdito y los impuestos, asimismo, se hallaban en la etapa de planifica-cin34. En la reforma comercial se dice incluir la participacin de losempleados en las ganancias de acuerdo a la productividad y la creacin deorganismos de tipo cooperativista donde la clase laboral ha de tener, hastacierto punto, participacin en la direccin. La reforma, asimismo,Incluira el control de la evasin y reduccin de los impuestos indirectos y laimplantacin de un sistema efectivo y progresivo de imposicin a la renta.

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James Petras y Melson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del PerLa reforma de la industria pesquera considerara la proteccin a los peque-os pescadores y tributos elevados a las grandes empresas.

Todos estos decretos reflejan la poltica de carcter dual del Gobiernomilitar: inicio de la modernizacin del sistema y control firme de la situa-cin poltica. Este ltimo aspecto puede ser apreciado en la nueva ley querige a la Universidad. Promulgada a comienzos de mayo, durante lasvacaciones de verano, la nueva Ley Universitaria tiene dos propsitos:hacer la educacin superior significativa para el desarrollo del pas yeliminar la actividad poltica en los recintos universitarios. Los catedrti-cos se hallan divididos en sus opiniones al respecto: mientras unos apoyanla nueva ley otros la han criticado tanto pblica como privadamente. Losdirigentes estudiantiles la han criticado acremente; sin embargo, cualquierintento de protesta de parte de ellos ha sido rpidamente sofocado, ya porla accin policaca, ya por medio de medidas tomadas por la administracinuniversitaria.

Bajo la nueva Ley Universitaria, todas las universidades han decontinuar siendo autnomas en lo que se refiere a la administracin,financiamiento y cuestiones acadmicas, pero ninguna de ellas seguirgozando del derecho de "extraterritorialidad" en cuestiones que"amenazan el orden pblico"35. Este dictamen significa que tanto la policacomo la fuerza militar pueden ahora penetrar libremente a los recintosuniversitarios, detener e intervenir en "situaciones de motn y desorden".Dicha ley, en efecto, atenta gravemente contra la autonoma universitaria.Es ms, la administracin universitaria dispone de autoridad para expul-sar a todo estudiante que se haya comprometido en u organizado activi-dad poltica cualquiera. Anteriormente, la administracin deba recabarpermiso del Consejo Universitario, que se compona de la administracin,cuerpo docente y representantes estudiantiles, antes de poder expulsar aun estudiante por razones no acadmicas. Sin duda la intencin de laJunta es la de "despolitizar" a la Universidad y por ende extirpar la posi-ble fuente de oposicin del .ala izquierda a los programas dirigidos por elGobierno tendientes a la modernizacin capitalista de la sociedadperuana.

35 Respecto de la Ley Universitaria, ver Marcha, Montevideo, 26 de junio de 1969, pp. 85-96.Para informacin adicional y comentarios, ver Visin, 28 de marzo de 1969, Yol. 36, N 7, p."4-

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Obstculos externos al desarrollo

AI llevar a la prctica el plan de modernizacin e industrializacin delPer dentro de un sistema de economa capitalista bajo control nacional yno extranjero, el Gobierno militar ha debido encarar numerosos obstculosexternos. El Gobierno dirige todos sus esfuerzos para superar o anular estosobstculos a la ejecucin de la poltica de desarrollo. Uno de los obstculosparalizantes que el Gobierno debe afrontar es el pago de la deuda externaque tiene el Per.

Durante la gestin de Belande, la deuda externa lleg a los 847 millonesde dlares, de la cual el 70% debe ser pagada a travs de un perodo de cuatroaos que comienza en 197- Los principales acreedores son los* EstadosUnidos (200 millones de dlares), Repblica Federal Alemana (157 millonesde dlares), Italia (87 millones de dlares), Francia (52 millones de dlares),seguidos por Inglaterra, Espaa y el Japn36.

El general Bermdez, Ministro de Hacienda, ha visitado, en dos ocasio-nes, los Estados Unidos y capitales europeas con el objeto de renegociar ladeuda externa. Durante su viaje de julio y agosto de 1969, MoralesBermdez visit varias capitales europeas tratando de obtener el apoyo a suplan de refinamiento de la deuda externa dentro de un perodo de diezaos. El motivo principal de la bsqueda de una extensin en el perodo depago parece obedecer ms bien a los planes que tiene el Gobierno de desarro-llo a largo plazo, y no a la situacin financiera del pas a corto plazo. Enagosto de 1969 las reservas del Banco Central excedan los 110 millones dedlares y la balanza de pagos haba pasado de un dficit de 17 millones dedlares, en el ao que termin en junio de 1968, a un supervit de 30 millonesde dlares en el perodo que termin el 30 de junio de 1969".

El intento de renegociar la deuda externa refleja el inters inmediato quetiene el Gobierno militar de canalizar los fondos hacia los proyectos dedesarrollo y consolidar las reformas ya en marcha. En lugar de disponerfondos para el pago de la. deuda externa, los recursos financieros serandirigidos hacia reas importantes del sector industrial. Sin embargo, laoposicin al programa de nacionalizacin se hace evidente en las presio-

26The Economisl fiara Amrica Latina, 6 de atoslo de 1969, VoI-3, K 16, p. 14."/&/.

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James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del Pernes econmicas. El Ministro de- Hacienda ha fracasado, hasta el momento,en su intento de obtener acuerdos que permitan el refinanciamiento de ladeuda. Los temores de la comunidad financiera internacional hanbloqueado los planes de desarrollo y refinanciamiento del Gobiernoperuano. Sin contar algunas ofertas de algunos inversionistas extranjeros,principalmente interesados en concesiones en el sector minero, el Per, ala fecha, no ha recibido gran aporte del mundo capitalista. Los gruposinversionistas de los Estados Unidos, la Repblica Federal Alemana,Francia e Italia han rechazado siquiera considerar la propuesta peruana derefinanciamiento de la deuda externa, as como han rechazado hacer nuevasinversiones en compaas ya existentes hasta el momento en que se llegue aun acuerdo que garantice la seguridad de las inversiones ya establecidas ofuturas38.

El esfuerzo de modernizacin capitalista del Gobierno militar fuefrenado en un comienzo por el poco inters que tenan las compaasmineras norteamericanas de firmar acuerdos para la expansin de la produc-cin y la ampliacin de instalaciones para la refinacin de minerales en elPer. La razn de la acogida a la inversin extranjera se basa en la creenciade que los impuestos a los beneficios, salarios y a la exportacin aliviana-ran los problemas que significa el pago de la deuda externa y por endeliberara una mayor cantidad de recursos para la ejecucin de programasgubernamentales de industrializacin y bienestar social39

La negociacin con compaas norteamericanas sobre nuevas inversio-nes comenz durante la poca de Belande. Despus de la cada de ste,dichas conversaciones fueron reiniciadas. El Ministro de Economa yFinanzas, general Jorge Fernndez Maldonado, que es considerado por lacomunidad financiera internacional como individuo que "posee tendenciasnasseristas", ha sido el principal negociador de la Junta. Asegur algeneral Velasco que se llegara a firmar un acuerdo de expansin por valorde 345 millones de dlares con la Southern Gopper Corporation, empresanorteamericana, antes del 28 de julio de 1969, Da de la IndependenciaNacional, fecha en la que el general Velasco pronunciara un discurso. Enste se hara una relacin detallada de las nuevas inversiones para demos-trar que el Gobierno militar buscaba y daba la bienvenida al capital

3&The Economisl para Amrica Latina, 20 de agosto de 1969, Vol. 3, N 17. p. 32.

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E 'STUDIOS INTERNACIONALES

extranjero ' al tiempo que 10 integraba con el desarrollo de la economia nacional como UD. todo. EI acuerdo, se penso, ayudaria a disipar algunos de los temores que tenia la comunidad internacional financiera respecto de los motivos y actitudes que hacia ella tenia el Gobierno militar. EI acuerdo con la Southern Peru Copper Corporation, se tenia la esperanza, serviria para que otras importantes cOinpanias norteamericanas operantes en el Peru expandiesen sus inversiones. Ademas de las chadas que man tenia con la Southern, el Gobierno entr~ en conversaciones con la Homestake NIining Company sobre una e'xpansi6n de 10 millones de d6lares en la explotaci6n minera que esta compania tiene cerca de Arequipa; con la Anaconda, por una cantidad de 70 millones de d61ares de expansion en la empresa de Cerro Verde; con la Cerro Pasco ,Corporation, por un valor de 1 [5 millones de d61ares en Junin-Ancash; con la American Sm,elting and Refining, por un valor de 250 millones de d61ares, y con la Kayser, por 91 millones de d6lares . El Gobierno militar de tendencia modernizante sostuvo que si la expansi6n en la inversion comenzase en 1969, el Peru podria doblar sus exportaciones de cobr'e para el ano [973 Y alca~zaria el valor de 650 miliones de d61ares para el ano 1975.

Las companias norte american as dedicadas a la extracci:6n del cobre ha-bian invertido muy poco en capital 0 equipo desde 1953 4. EI Gobierno esta ansioso en otorgar concesiones lucrativas, ,por concepto de exploracion, explotaci6n y participaci6n en el niercado interna, a irnportantes companias petroleras en UD. esfuerzo mas para el q.csarrolliJ de areas que estan consideradas como las inas ricas en reservas de petr6leo: III pl(}taforma continental nortina ,Y la regi6n selvatica del noreste del Peru. Asimismo, el Gobierno anticipa que los acuerdos concernientes al petroleo, ya que sedan formulados en terOlinos similares, eventualmente han de ser firmados siguiendo la mooalidad establecidapara los acuerdos en el campo minero*

Contrariamente, a los deseos del Gobierno, :nirtguna de las importantes compai'iias estadounidenses en el Peru habia , ac~ptado, en un principio, la firm'a de contratos para la expansi6n de 1iJ. producci6n en la industria minera,

1Peruuian Times, 28 defebrero de 1969, p. I. -N. de la R. EI 'editorial di! "EI Mercurio del 18 de ciicie,mbre de 1969, Inuersiones Extran-

jeras' en America LatiTta, dice: "EI 'G.obierno del general , Velasco ha autorizado tambien nuevas conccliones petroleras a campaiHas narrea'mericanas , tales como fa Occidental Petroleum y la Texaco",

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James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del Perespecialmente la del cobre. El programa de modernizacin desde arribadepende, en alto grado, de estos acuerdos.

El nico acuerdo que primero lleg a feliz trmino concierne un contratocon la Compaa Minera Madrigal para la explotacin de cobre, plomo yzinc. La Compaa Madrigal, total subsidiaria de la Homestake MiningCompany, acord invertir diez millones de dlares dentro del ao y medioprximos. Sin embargo, solamente 760 mil dlares provienen de laCompaa Madrigal, mientras que el resto proviene de firmas japonesas.Para poder llegar al acuerdo, la Junta hubo de conceder considerablesfranquicias tributarias y-una tasa de cambio favorable: el impuesto a larenta ser 25% ms bajo y la tasa de cambio, 13% ms alta que la cotizacinlibre. El hecho de que el 92% de-los nuevos fondos de inversin proviene defuentes japonesas sugiere que la presin norteamericana contina pero queal mismo tiempo el capital extranjero puede aprovechar el estado de parlisisexistente para obtener ventajas tanto econmicas como financieras41.

El Per en la actualidad ocupa el sptimo lugar en la produccin decobre, cuarto en la de zinc y tercero en la de plata. El Gobierno militarconsidera estos recursos como cruciales para el incremento del excedenteque se necesita para la modernizacin del sector agrario, y para proveer lainfraestructura socioeconmica requerida para la industrializacin. Ladisyuntiva frente a la cual se encuentra el Gobierno militar es si ha desacrificar, por un lado, sus planes para el desarrollo de la nacin por mediode concesiones ulteriores a las compaas norteamericanas, o si, por elcontrario, ha de confiar en el sector pblico como instrumento para eldesarrollo de sus, riquezas mineras, en cuyo caso la modernizacin desdearriba tendera a desplazarse hacia un enfoque de tipo revolucionario-colec-tivista. Existe, sin embargo, la posibilidad que el Gobierno militar nopermita ser intimado indefinidamente por el rechazo de las grandescompaas de los Estados Unidos de aceptar las condiciones que exige elPer.

Hay evidencia de que el Gobierno militar est buscando "internacionali-zar" las fuentes de capital nuevo para la explotacin minera con lo queterminara la dependencia exclusiva de los Estados Unidos. En septiembrede 1969, la Southern Per Copper Company fue notificada en el sentido deque si ella no estuviese dispuesta a firmar el contrato de expansin, el

*'lPeruvian Times, 15 de agosto de 1969, p, i .

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Gobierno ''actuara en la forma conveniente para proteger los intereseseconmicos del Per"42. El Ministro de Economa y Finanzas ha declaradoen varias ocasiones que el Gobierno ofrecera la concesin, que en la actuali-dad retiene la Southern, en venta en el mercado internacional si sta nofirmase los acuerdos para la expansin. Compaas belgas y japonesas sehan mostrado interesadas tanto en sta como en otras explotacionescuprferas.

Est claro pues que ios funcionarios norteamericanos en asociacin conlos hombres de empresa del mismo pas han estado aplicando presin paradebilitar los aspectos "nacionalistas" del programa de desarrollo del Per.El Banco de Importaciones y Exportaciones, controlado por los EstadosUnidos, se ha mostrado reticente en la aprobacin de emprstitos,proveyendo as a la Southern Per Copper Gompany con un pretexto muyconveniente para la dilatacin en la iniciacin del programa deexpansin43. El Banco, como ya hemos dicho bajo el control de los EstadosUnidos, tiene rdenes de no aprobar ningn nuevo prstamo al Per.Mientras tanto, el Gobierno Nixon contina manteniendo la aplicacin dela Enmienda Hickenlooper en suspenso mientras que sus representantescontinan negociando la compensacin a la IPG, siempre tratando deconseguir las mejores ventajas para los intereses de la firma petroleranorteamericana.

Las objeciones principales que tienen los inversionistas norteamerica-nos estn en conflicto con la mdula misma del programa de desarrollo dela Junta. Una de las condiciones que se exige es garantizar la remesa debeneficios para ser depositados en cuentas bancarias en el(extranjero dentrode un espacio "tolerable" de tiempo44. Los empresarios norteamericanos semuestran reacios al control de cambios que pretendera mantener lasganancias en el Per. El Gobierno militar considera que estas objeciones alcontrol nacional de parte de la Southern y otras compaas mineras represen-tan serios obstculos a los planes globales de desarrollo.

El Gobierno militar est tratando de superar la oposicin de los polticosnorteamericanos e intereses establecidos haciendo un llamado, por encimade ellos, directamente a la comunidad inversionista, como un todo, de los

The Economist para Amrica Latina, 20 de agosto de 1969, Vol. 3, N 17, p. 32.43 r, .Ibid.44,; ,I od.

James Petras), Nelsan Rimensn)'der / Los militares yla modernizaci6n de! Peru Estados Unidos. En ef "New York Times" a parecio un aviso de -una pagina intitulado: EL Peru de hoy: prineipales logros en las 12 uZtimos nieses, bale wee finaneiero )' oportunidades para La imJel-sion45 El avisosU-brayu el potencial existente en la explotaci'6n minera ' con ' benefiCios y re\ie)-a las oportunidades que tienen los inversionistas parapariici par en el plan de desarroIio, especial mente en el cobre )' el fosfato_ Prosigue especificanCio las caracteristicas ventalosas del reciente clecr'eto que gatantiz'a ' a los nuevos inverslonistas: Ia ' reducci6n de impuestos, uri margen de amortization acelerada, la disponibilidad de divisas extranjeras para lit exp'ortacion de beneficios )' servicios, la posibilidad que existe de dedw;iI- ctlalquierperdida, dentro de un periodo de cinco anosprevios, de l

E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E Sestablecer relaciones polticas y econmicas mucho ms estrechas con elmundo socialista. Una vez ms, sin embargo, al ofrecer oportunidades a lospases socialistas, el Gobierno puede que est debilitando su llamado en prode nuevo capital inversionista. Hasta la fecha, sin embargo, el intercambioy la ayuda han sido limitados ya que las exportaciones actuales del Per notienen gran demanda en la Unin Sovitica y los pases de EuropaOriental47. La Unin Sovitica ha ofrecido 100 millones de dlares encrditos para el intercambio de maquinaria pesada. Checoslovaquia haofrecido seis millones de dlares en crditos para bienes de capital as comopara el desarrollo de las industrias extractivas del zinc, cobre y petrleo.Polonia tiene ofrecido 25 millones de dlares en crditos aplicables amaquinaria, alimentos, medicina y juguetes. Hungra, 5 millones de dlaresy Rumaniaj una suma an no conocida. A la fecha, sin embargo, la Junta noha tenido xito en embarcar a la Unin Sovitica en la financiacin delproyecto de irrigacin Olmos'en el departamento de Lambayaque, en elnorte del Per. Este proyecto, una vez terminado, habilitara, por primeravez, 247.000 acres de tierra para el cultivo. Incluye plantas hidroelctricasque habran de generar 350.000 Kv. de electricidad que serviran para laindustrializacin de los departamentos de Piura, Lambayaque y LaLibertad. Un estudio de las Naciones Unidas estima que el costo sera deunos 325 millones de dlares.

Otra prueba ms de lo poco que le preocupa a la Junta la cuestinideolgica en su bsqueda de ayuda para el desarrollo econmico es que elGobierno militar la est buscando en la South Africa's General Mining andFinance Corporation48 con el propsito de construir un tnel, con un valor de22 millones de dlares, a travs de Los Andes, en asociacin con el proyectode irrigacin Majes-Siguas, y que irrigara la regin desrtica que se encuen-tra a 50 millas al oeste de Arequipa. El proyecto habilitara 140.000 acres detierra, previamente inculta. El 16 de octubre de 1968, Velasco declar que elPer buscara apoyo econmico en "cualquier pas del mundo", con lo quequiso decir pases con gobiernos comunistas, capitalistas o fascistas49.

El obstculo que confronta el Per y el que ms publicidad ha recibido es

47Ver el informe de la Comisin Pearson de la Comisin Internacional de Desarrollo, i" deoctubre de 1969. Ver partes citadas en el iVew York Times, i de octubre de 969. p. 74.

Perituan Times, 18 de abril de 969, p. i.4 Peruvian Times, 10 de enero de 1969, p. i.

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James Petras y Nelson Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del Perel que tiene con los Estados Unidos a raz de la expropiacin de la IPG,subsidiaria de la Standard Oil, el 9 de octubre de 1968. El Gobierno militarexplic que la corrupcin a alto nivel fue una de las causas determinantes dela cada de Belande, acusando a altos personeros del Gobierno depuesto dehaber recibido soborno de la IPC, para as obtener un resultado favorable enla evasin de impuestos y concesiones ulteriores para la explotacinpetrolera en el Per.

El Gobierno militar hizo nulo el acuerdo tras haber tomado el poder yexpropi todos los campos e instalaciones petrolferas siete das ms tarde.Desde el comienzo mismo el Gobierno militar se ha negado a pagarcompensacin financiera alguna. Arguye en el sentido de que la compaaha venido extrayendo el petrleo a partir de 1924 bajo acuerdos firmados porel dictador Legua, los cuales jams fueron aprobados por el CongresoNacional. El Gobierno militar declara que la IPC, en efecto, debe al Per 690millones de dlares, 10 veces ms del valor de las ex pertenencias de la IPC yque por lo tanto no puede esperar compensacin alguna: la fecha del Acta deTalara, nombre que se ha dado a la expropiacin de la IPC, es ahora el "Dade la Dignidad Nacional" y el Gobierno militar viene empleando la acogidafavorable que el pueblo ha dado a la expropiacin como factor para congre-gar el apoyo popular al Plan de Desarrollo.

La discrepancia con el Gobierno de los Estados Unidos gira alrededor dela Enmienda Hickenlooperj la cual requiere que el Poder Ejecutivo de esepas suspenda toda ayuda a una nacin que expropie propiedad estadouniden-se sin la oferta correspondiente de compensacin en efectivo (dlaresnorteamericanos se sobrentiende). La suspensin de la ayuda deberallevarse a efecto seis meses despus de la expropiacin si la garanta decompensacin no se haca efectiva para esa fecha. Hasta este momento elGobierno de Nixon ha tratado de evitar una confrontacin directa y laposible "escalada" del conflicto que resultara de la aplicacin de lamencionada enmienda. Por el contrario, ha nombrado a John Irwin deNew York, abogado de Wall Street y financista asociado con los hermanosRockefeller, para negociar el acuerdo. Las conversaciones comenzaron enLima en abril de 1969, pero a la fecha nada ha cambiado en la posicin delGobierno militar en cuanto a la compensacin a la IPG. Dos plazos para laaplicacin de la Enmienda han ya transcurrido.

Fuera de la amenaza que significa la Enmienda Hickenlooper, algunos delos dirigentes polticos vienen considerando la anulacin de la cuota de

ESTUDIOS INTERNACl 'ONALES

azucar que el Peru vende a los Estados Unidos*. De acuerdo a la Sugar Quota Act, los Estados Unidos compra la mitad (450.000 toneladas) de la producci6n anual de azucar del Peru y paga por ella siete centavos de d61ar en 'lugar de los dos 0 tres centavos que general mente es el precio del producto en el mercado mundial. El resto de la producci6n sirve la demanda naciona l. La diferencia en el precio totaliza unos 50 millones de d61ares anuales en favor del Peru. La suspensi6n de dicha cuota podria crear problemas e insatisfacci6n interna si fuese el caso que mercados alternativos no fueran encontrados oportunamente. Asimismo, puede poner ell peligro la financ iaci6n del programa gubernamental de reforma agraria que incluye la fundaci6n de cooperativas en las ex haciendas azucareras. Por otro lado, podria servir de factor radicalizante de la Junta, 10 que significaria la toma de medidas confiscatorias y nacionalizaci6n de otras empresas norteamericanas 50

Otro problema ha. complicado aun Imis el panorama: el rechazo de parte de los Estados Unidos de acatar la decisi6n del Peru de extender sus aguas territoriales hasta las 200 , millas marinas para efectos de pesca. La sccci6n 3(b) de la Foreign Military Sales Act (Enmienda Pelly), de 22 de oetubre de [968, dictamina la suspensi6n de la venta de armas a un pais cualq uiera, si este captura ysanciona un barco pesquero de bandera norteamericana, mas alla de las 12 millas marinas . Es mas, las multas pag.adas serin deducidas de la ayuda que los Estados Unidos presta a l pais en cuesti6nS1 . Despues de que dos bare os fueron hechos presos, el 3 de abril de I 969 'I'Vashi~gton comenz6 a pres ionar: el Embajador del Peru en

'N. de la R. Segun cable del 12/8/lg6g dellvlinisterio de Agricultura de los Estados Uni-dos la cllata de az'ucar del Peru rue ratificada en la siguiente forma': era hast a Ig68 de 300.000 tanelada's conas, 'es en 'Ig6g de 142 .886 taneladas carlas (I tanclada carta = g07, I kilos) . . 50 La suspension de la cuata azurarera del Peru padria dar ori"cn a la desocupacion de unos 50.000 traba'jadores azucareras. Esta cantidad de abrer'as resantes caneentradas cn el nar-te del pais padria dar arigen a una serie de atros prablemas . Las obreras azuci\rcr,as del Peru estill1 sindiealizadas r son las mcjares pal!;adas en el pais. Para un estlldia detall~da, de la industria azucarera del Peru)' de Sll elite laboral. ver Vision . 28 de marza de 1969, Vo l. 36. Xo 7. pp. 30-31.

S 1 De acuerda a la Lcy de Pesca. cl Cabierna narteamcricano reembalsa todas las' multas pagadas par barcos pesqueros par peseal" dentro del amplia limite de 2.0.0 millas estableci-do PClr , varias rcpublieas l;ltinaal11~ricanas. Las multas varian, de 5.0.0.0 a 20 .0.0.0 dolarcs de acucrdo al tonelaje del barea.

[ I 1 6]

James Petras y Neison Rimensnyder / Los militares y la modernizacin del PerWashington fue informado que la ayuda militar haba sido suspendida. LQS.peruanos respondieron con una captura ms. Y lo que es ms importante, elGobierno peruano orden salir del Per a la Misin Militar Norteamerica-na (Military Advisory and Assistance Group MAAG), que se compona deunos 50 oficiales52. La prohibicin de venta de armas ha sido suspendida el3 de julio de 1969, pero mientras ella se encontraba vigente increment latensin entre ambos pases.

Esta tensin que tena sus orgenes en la expropiacin de la IPC, lasamenazas de la aplicacin de la Enmienda Hickenlooper, la suspensin tela cuota de azcar, la controversia acerca'de los barcos pesqueros y lasuspensin en la venta de armas,- es considerada por la comunidadnorteamericana residente en el Per como parte de la atmsfera hostil hacialos Estados Unidos, y el mundo de los negocios ha respondido con la congela-cin de la inversin. Todo esto ha sido tomado muy en cuenta por elGobierno militar.

El dilema que encara la Junta es: por un lado, sacrificar el Plan de De-sarrollo Nacional para satisfacer las demandas de los inversionistas extran-jeros o, por el contrario, canalizar todos los esfuerzos hacia fuentes alterna-tivas a travs del ahorro nacional, empresas pblicas y asistencia pormedio de nexos ms estrechos con los pases socialistas.

En el otoo de 1969 el Gobierno de Velasco Al varado tom una serie demedidas que indicaban que la presin que se estaba ejerciendo sobre elPer bien podra tener por resultado la radicalizacin del segmento demayor militancia de la Junta53.

Los inversionistas extranjeros en la industria minera fueron notificadosen el sentido de poner en explotacin las concesiones mineras inexplotadas ala fecha dentro de un plazo de siete meses ya que en caso contrario elGobierno peruano las retomara. La segunda ley referida como "la ley dereforma urbana" estipula la expropiacin expedita de lotes suburbanos paraerradicar las "barriadas" y en ellos construir viviendas familiares. S esteprograma es puesto a la prctica significara un duro golpe a los crculostanto bancarios como a los de propietarios urbanos. Es ms, el vicealmi-rante Enrique Carbonell, quien es considerado radical, no hace mucho ha

52 Washington Post, 25 de mayo de igbg, p. Al.Marcha, 3 de octubre de 1969, p. 18,

E S T U D I O S I N T E R N A C I O N A L E Sentrado a formar parte de la Junta. Fue l el que denunci el envo ilegal de18 millones de dlares que hiciera la IPG poco tiempo despus de que la Juntale expropiara sus pertenencias; denuncia que tuvo por resultado la cada dedos miembros "moderados" de la Junta.

A mediados de septiembre el Gobierno restringi en forma considerablela importacin de artculos, prohibiendo prcticamente la importacin detodo artculo de lujo y de aquellos que compiten con los de produccinnacional. Se estableci un monopolio estatal a cargo de la importacin decarne y productos lcteos para as poner fin a la especulacin en el mercadode los alimentos. *

Simultneamente se anunci que una importante misin soviticaencabezada por un Viceministro llegara a Lima para estudiar la posibi-lidad de un vasto programa de irrigacin de la regin desrtica del norte delpas.

El Gobierno pareciera estar relajando la postura autoritaria que habaadoptado en un comienzo respecto de las demandas populares. Decretque los obreros del Cerro de Pasco, en ese entonces en huelga, recibieran unaumento de 23% mayor del que les haba ofrecido la compaa. La medidafue fuertemente criticada en las esferas de negocios y calificada comomedida "demaggica".

Hacia mediados de septiembre la Reforma Agraria fue extendida a todaslas haciendas azucareras de la costa y comenzaba a ser aplicada, porprimera vez, a las haciendas dedicadas a la crianza de ganado de la regindel Cuzco.

A pesar de que la ideologia del rgimen militar contina reflejando unaperspectiva desarrollista, la dinmica desencadenada en el proceso deiniciacin del cambio social puede que se encuentre en proceso de llegar almomento crtico.

Los cambios sociales cumulativos, resultantes de la legislacinfragmentaria y encaminada a alcanzar metas econmicas especficas, bienpueden dar comienzo al desarrollo de su propia dinmica. La tensin entreel Per y los-Estados Unidos y la apertura de nuevas relaciones comercialescon naciones comunistas y no-comunistas pueden dar por resultado relacio-nes an ms estrechas con dichos pases y muy posiblemente permitir quela Junta incremente su papel como dirigente en la organizacin y direccinde instituciones econmicas. Ya a la fecha el carcter original de 1 aperspectiva desarrollista ha sido modicado como resultado de la posicin

James Petras y Nelson Rimensnyrfer j Los militares y la modernizacin del Perintransigente de los inversionistas tanto extranjeros como nacionales, yde la receptividad de las clases populares hacia los cambios socioecon-micos y la poltica nacionalista. Que los militares decidan continuaroperando sobre bases pragmticas, ajustando las medidas que puedan tomaren respuesta a presiones especficas, o, que por el contrario, decidanformular una nueva y radical estrategia poltica, depender en la medida quela Junta pueda finalmente llegar a un modus vivendi con el capitalismoempresarial de los Estados Unidos.

Conclusin

La poltica de la Junta militar encaminada hacia una revolucin nacio-nalista burguesa es producto de los antecedentes de clase de los miem-bros de la Junta, de la posicin de los militares en la sociedad peruana y de laposicin que tienen en el seno de la clase media. Con muy pocas excepcio-nes, los miembros de la Junta provienen de familias provincianas pertenecien-tes a la clase media y no pertenencen, por lo tanto, a la clase burguesa, indus-trial y urbana, la cual est ntimamente ligada y depende de los inversionis-tas extranjeros, y que tiende a subordinar sus intereses a los de stos.Asimismo, los personeros de la Junta no provienen de familias dedicadas alcomercio con fuertes nexos con las grandes familias terratenientes.

Desde el ngulo geogrfico y econmico, los miembros de la Juntamilitar tienen sus races en la clase meda marginal del interior del pas. Y alprovenir de esta clase, no se identifican con los intereses de la gran clasepropietaria y por consecuencia no estn sujetos a la presin directa emanadade esta clase. Al encontrarse libres de las restricciones que imponen dichaclase y familias, y el carcter de marginalidad de clase a la que pertenencen,les ha permitido desarrollar una poltica nacionalista y de reforma agraria,la cual haba sido postergada por otras lites de la clase media debido a suintegracin en la estructura econmica de poder con sus ramificaciones enlas esferas internacionales, agrcolas y bancarias. Al mismo tiempo, elorigen de clase media y la socializacin poltica de los militares han dado porresultado una fuerte antipata hacia la clase trabajadora y polticos revolucio-narios socialistas. La mayor parte de los oficiales ha recibido instruccinmilitar e indoctrinacin poltica en los Estados Unidos. Algunos de ellos hanvisitado aquel pas en seis ocasiones. Los curaos polticos impartidos allestn orientados hacia la indoctrinacin de los militares contra elcomunismo y hacia las virtudes inherentes'al estilo occidental de la empresa

EST U D ' J 0 SIN T ERN A C J O. N A ).. E S . privad.a. Aparentemente los militares peruanos han sido altamente selectivos en 10 que a elIas les convenia estudiar. La animosidad que profesan contra la revolucioT) socialista solo es comparable a los intentas que han desplegado para modificar la actual dependencia de los Estados Unidos, todo 10 cllai sugiere que los estud iantes que van a los Estados Unidos no siempre regresan como los elementos dociles, leales y obedientesque la educa-cion impartida alii pretende crear. La posicion de los militares es apoyar a la clase media, pero no es identica a ella. El hecho de que los Qficiales se originan en y dirigen el estilo de vida de la clase media no debe obscurecer el hecho ' de que ellos tienen, hasta cierto punto, una. base independiente de poder fuerade la .actual estructura de la.clase .propietaria, locualles concede al!Itonomia. politica. Al no estar vincu)ados .con lo~ grupos propietarios de. la ntl'a clase media que se caracteriza pOl' ser "sociedades de apoyo redproco", no e~tan sujetos a las contingencias de .una politica de reciproci-dad que s'ocava la formulacion de una estql,tegia de desarrollo sistematico. Finalmente, los. miljtares com parten los mismos ideales de gran aliento de much os de los grupos propietarios, quienes, hoy pOl' hoy, se oponen a las medidas reformistas de la Junta . Sin embargo, 10 que en realidad tiene una importancia trascendental en la situaciof\ actual es el hecho que los milita-res no tienen el apoyo. precisamente de esos grupos propietarios, apoyo que 10 necesitan para llevar adelante el plan que tienen de moderni~acion de la sociedad, . y que erl ultima instancia . han de ser eUos, los grupos prqpieta-rios, los .beneficiarios,.de la politica actual 54

Post Scriptum* Entre los miembros de la Junta, Jorge fvIaldonado ' Solari, Ministro de Desarrollo, rep'resenta el sector politico propiciante del ' desarrollo a tra-

54 En ocas'ion de'! 1 er. aniversario, 3 de octubre de 1969, de la toma del Podcr por la.J unta, cI Presidente Vclasco acuso a un grupo, sin nombrarlo especificamente, de industriales y terrateniemes de estar conrabulando contra el Gobierno a traves de! su "aparato econo-mico y prensn reaccionar ia" . En su discurso diio , ademas, que la oligarquia e~taba coludida con elementos extranjeros y que pOl' 10 tanto cstaba crcando una crisis en la ' inversion del pais. ~.fayores inrormcs acerca del discurso de aniversario de Velasco, vcr Marcha, to de octubre de 1969, p. '9; Wizshington Post,s de octubre de t969: The Economist para America Laiilla; 15 de octubre de '969, Vol. 3, N 2' , p. 31.

*N . de la R. Con posterioridad ala r.ecepcion de este articulo - octubre de t969-; hemos recibido este agregado del autor. en enero de 1970, para actua lizar su contenido.

James Petras), Nelsoll Rimensrl),der I Los militares y 1a moderilizaci6n del Peru ves de la fuerte inversion estata'l, principalmente a ' [raVeS de corporacio-nes y emprestitos pubJicos, mientras que Francisco Morales Bermudez, Ministro de Economia y F i nilli.z as , representa el sector que ' propicia el desarrollo pOl' medio de acuerdos con los inversionistas norteameri-canos. Estas diferencias aflora ron en las discusiones que se suscitaron acerca de la explotaci6n de las enormes reservas de cobre de Cuajones (450 mill ones de toneladas). Por espacio de varios meses se fue posponien-do un acuerdo propuesto pOI' un consorcio de cuatro firm-as norteameri-canas: The Southern Peru Copper Company en representaci6n de la Ame-rica Smelting, Cerro Corporation, Phelps Dodge I' la Newmont Mining Company. EI debate dur6 varios meses y finaliz6 a fines de diciembre de 1969 con la victoria del ~vIinistro Morales Bermudez y el sector no-nacio-nalista de la Junta. , Con este acuerdo la Southern Peru acepta :invertir 355 millones de d61ares en la explotaci6n del cobre. Aun mas importan-te, este nuevo acuerdo significa un claro ',acercamiento con el Gobiet:r1O de los Estados U nidos, atenuando bastante la fase nacionalista de Ja .J un-tao Concurrentemente con el acuerdo cuprifero, elritmo de la reforma agraria ha disminuido. EI acercamiento politico con los Estados Uni-dos y la firma del , acuerdo del cobre sirven como garantia 'para 10 que queda de la comunidad internacional inversionista que el Peru es un pais seguI"O para la explotaci6n capitalista. Las esperanzas que despena-ron en sectores de izquiercla la expropiaci6n de la IPe y la ret6rica de la reforma agraria fueron, en efeclo, subjetivas, prematuras I' mal funda-clas 55 . La.J unta militar, desplles de un periodo de vacilaciones, ha deci-dido tomar el camino del desarrollo a traves de la sllbordinaci6n a la inversi6n extranjera; en el periodo siguiente, sacrificani el desarrollo por el apoyo externo para asi poder, manteners'e en el poder. Puede que se susciten divisiones entre los mililares: los "nacionalistas-populistas" deberan escoger entre la capitulaci6n al camino "derechista" ~scogido por Velasco, 0 romper la, disciplina, recurrir a las masas y luchar contra la politica de desarrollo dependiente de la inversi6n extranjera.

SSUn mcs ,anteS del acuerd'o del cobrc nucve miembros del ).lodmienlO de Izquierd'l Rcvolucionario (~IIR) fueron :dctenidos par ' "subvers ivos" y R it"ardo ' Gadea. di.-i!(cIlIC rcvolucionario de izqu ierda. rue sentcnciado ii cinco alios de prisi6n,

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