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El proceso de Velasco y la organizacin campesna

Luis Pasara

Evaluar el perodo del reformismo militar que se desenvolvi en el Per entre 1968 y 1975 supone algo ms complejo y pre-ciso que "caracterizar" al rgimen, como se lo han propuesto la mayora de sus crticos de izquierda. Esto es, no se trata solamente de identificar la lgica articulatoria del pro-yecto social que portaba el gobierno de Velas-co, ms all de los textos legales o el discur-so ideolgico. Tal tarea incluye, adicional y necesariamente, un arduo trabajo al nivel em-prico de anlisis de resultados, de constata-cin de comportamientos y relaciones dinmi-cas. En suma, hay que pasar de la contempla-cin de modelos rgidos al seguimiento de un proceso social vivo, lleno de contradicciones que manifiestan intereses de clase, proyectos ideolgicos y conductas institucionales relati-vamente fluidos.

En este trabajo sobre lo ocurrido con la organizacin campesina en el contexto de una reforma agraria radical como la imple-mentada por el reformismo militar, hemos con-siderado secundariamente tanto el anlisis del modelo legal como el importante juego de la lucha interna de tendencias en el seno del po-

der. Queremos, concientemente, retener dos elementos. De un lado, los rasgos bsicos del proyecto reformista para el campesinado, re-conociendo enfticamente el carcter evoluti-vo del mismo, en la misma medida en que la versin original del proyecto se enfrentaba a correlaciones de fuerzas sociales que lo rede-finan. De otro lado, los efectos sociales, con referencia al campesinado, de la puesta del proyecto reformista en el centro de la lucha de clases; esto es desatender expresamente lo ocurrido con los terratenientes.

Obviamente, asumimos que el conte-nido de la poltica oficial no agota la dinmi-ca social sino que es tan slo un elemento de ella, quiz uno crucialmente importante en el perodo 68-75, por ser el componente con ma-yor iniciativa poltica. Pero nuestro inters se encuentra en el anlisis de la articulacin de tal proyecto con la realidad conflictual en la cual intent implementarse.

Como quiera que el proyecto oficial para el agro evolucion, segn momentos que seguramente ha sido Valderrama (1976: 51-123) quien hasta ahora ha descrito mejor, va-mos a dirigir nuestra atencin a lo que podra-

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mos denominar la expresin madura del mis-mo. Esto es, entre 1972 y 1974, cuando, den-tro de una orientacin hacia el capitalismo de Estado en la estructura econmica general, ya estaba definida la "empresa asociativa" como beneficiara de la reforma agraria, descartan-do la opcin del "mediano propietario eficien-te" que caracteriz los primeros momentos del proceso; y cuando ya se haba optado por la "participacin campesina" como mecanismo de apoyo a la reforma agraria, descartando las formas puramente autoritarias del comienzo. Claro est, a tal estado de madurez del pro-yecto reformista para el campo haban contri-buido la movilizacin campesina en la aplica-cin misma de la reforma agraria, la influen-cia de las tendencias radicales en el gobierno y el recelo agresivo de los propietarios agra-rios; no vamos a insistir en tal gnesis sino en la interaccin del proyecto una vez madu-rado, con la organizacin campesina. Por lti-mo, tambin esto supone dejar fuera de nues-tro inters los ltimos meses del perodo ve-lasquista, en que, bajo el comps de la crisis, se introdujo un nfasis productivista que de-salent toda "profundizacin", concedi ga-rantas a pequeos y medianos propietarios y perdi el impulso para fomentar la organiza-cin campesina propia. Esta ltima etapa ven-dra a alcanzar su plena realizacin despus del derrocamiento del Presidente Velasco.

Si se quiere situar este trabajo en un orden de preocupaciones ms general, po-dramos relacionarlo con preguntas tales co-mo: de qu manera han afectado las luchas campesinas el curso de la reforma agraria, hasta qu punto y en torno a qu objetivos la han radicalizado?; la reforma agraria ha contribuido a incentivar la lucha de clases en el campo o al establecimiento de un "colchn" de beneficiarios orgnicamente cooptados que la amortigua? No nos proponemos, claro est, absolver estas ambiciosas interrogaciones. Pe-ro s alcanzar algunos elementos que, dentro de un trabajo de elaboracin colectiva, puedan ser tiles.

El examen del tema se efectuar en dos partes. La primera de ellas intenta el

sealamiento de los rasgos bsicos de la pol-tica oficial respecto a la organizacin campe-sina, cuidando de distinguir las acciones diri-gidas sobre las organizaciones de existencia previa a la reforma agraria, es decir, comuni-dades y sindicatos, de aqullas encaminadas a la creacin de una organizacin controlada por el gobierno. La segunda parte pasar revista a los tipos de movilizacin campesina ocurri-dos durante el proceso de reforma agraria y sus posibilidades y lmites de centralizacin en torno a las dos organizaciones campesinas de nivel nacional existentes.

La poltica oficial En mayo de 1972 se expidi el de-

creto-ley 19400, luego de casi tres aos de prctica de la reforma agraria. Este diseo normativo contena un montaje institucional destinado al sector campesino. No nos vamos a detener en el texto legal, que por lo dems ha sido objeto de varios anlisis. Mediante es-ta norma el gobierno cre un sistema asocia-tivo que intentaba comprender a todo el cam-pesinado nacional. Previendo cuatro distintos niveles asociativos, la organizacin que la ley ordenaba crear deba incluir desde los campe-sinos sin tierras hasta los propietarios, pasan-do por los cooperativistas beneficiarios de ad-judicaciones mediante la reforma agraria y por los miembros de las comunidades campesinas y las nativas de la selva. Alrededor de cien-to cincuenta ligas agrarias, correspondientes al nivel provincial o de valle se articularon en veinte federaciones departamentales que jun-tas conformaron una confederacin nacional, la CNA. Esta ltima fue instalada en octubre de 1974, como consecuencia de un intenso, pe-ro frecuentemente burocrtico, proceso de or-ganizacin de las bases, que eran unas dos mil quinientas organizaciones entre ellas 350 cooperativas agrarias de produccin y 1500 comunidades campesinas e incluan, segn la informacin oficial, cerca de medio milln de personas; tal proceso estuvo a car-go del aparato del Estado, principalmente a travs del SINAMOS,.

Dos temas surgen acerca de la crea-

Psara: Velasco y organizacin campesina 61 cin de este vasto aparataje promovido, orga-nizado y financiado por el Estado. El prime-ro dice relacin con la existencia de las orga-nizaciones campesinas previas a la ley que or-den constituir otras con nuevas denominacio-nes, y a las cuales otorg privativamente la re-presentacin del campesinado. Esto es, la crea-cin oficial de este aparataje presuntamente destinado a representar al campesinado igno-raba y pona de lado a las organizaciones cam-pesinas ya existentes. A esto volveremos ms adelante.

La segunda reflexin sucede a la an-terior, para preguntarse por el significado de esta medida poltica dentro del proyecto glo-bal puesto en ejecucin por el gobierno de Ve-lasco. Esto nos remite a un anlisis que va bastante ms all del sector agrario y toca al-gunos de los lineamientos ideolgicos del pro-yecto militar.

Lo primero que hay que puntualizar es que la reforma agraria en general, y es-te diseo para la organizacin campesina en particular, no nacieron como algunos comen-taristas parecieran insinuar de un "modelo" o perfil a priori de una deseable estructura agraria y campesina. Claramente, el decreto-ley 19400 fue una respuesta del gobierno, fun-damentalmente dirigida a liquidar a la Socie-dad Nacional Agraria que, representando a los terratenientes, haba devenido en spero obs-tculo del proceso de reforma agraria; sin em-bargo, la nueva estructuracin agraria, objeti-vamente, tambin se propona encuadrar la mo-vilizacin campesina en favor del apoyo al go-bierno y esto tena que ver con incipientes pe-ro reales alternativas de centralizacin campe-sina. Lo primero es tan claro que entre las funciones que la CNA asumi legalmente es-taban algunas que correspondan a la SNA y, a este efecto, aqulla recibi los bienes e instalaciones que se le haban expropiado a sta. Entonces, si bien las organizaciones cam-pesinas autnomas quedaron entre parntesis legalmente con la formalizacin de la nueva estructura agraria, ellas no fueron el objetivo central de la embestida gubernamental.

En segundo lugar, con el estableci-

miento de esta nueva estructuracin el gobier-no intentaba una nueva forma de mediacin segmentaria que viabilizara el carcter popu-lista del proyecto global, respecto al campe-sinado. Este era un proyecto que complemen-taba consenso y coercin; a diferencia del mo-delo oligrquico, excluyente y represivo con el campesino, el reformismo militar era "par-ticipacionista", propugnaba y posibilitaba la in-corporacin de ese campesino a la vida polti-ca. Si esto no fuera as, una decisin como la primera sentencia sobre el caso Huayanay no hubiera sido posible. Pero la incorporacin era segmentaria, de un sector campesino, aislado de las otras clases y de otras capas del pro-pio campesinado, y operaba directamente so-bre el aparato del Estado; en este sentido, la historia del funcionamiento de la organizacin de la CNA muestra cmo se fue vinculando sta a diversos niveles a los organismos de la administracin pblica hasta que, al variar sus-tancialmente el proyecto poltico bajo Morales Bermdez, fue preterida, sin lugar en la nue-va situacin.

Es Cotler (1975: 44-78) quien ha exa-minado mejor estos mecanismos de cooptacin poltica que tienen su origen en una razn eco-nmica, en cuanto la presin popular excede el potencial redistributivo del sistema y ame-naza la propuesta acumulacin de capital, y en una razn poltica, en tanto se busca impedir la competencia con otras organizaciones en torno a la definicin de la poltica del Estado. Lo que Cotler llama el control "corporativo" que es autoritario y tecnocrtico se propone la des-politizacin de las clases medias y bajas me-diante la "cotidianizacin de la poltica" a tra-vs de instituciones que, trozando las clases sociales, dividen sus intereses en torno a pro-blemas funcionales, a ser resueltos en estas organizaciones multiclasistas que representan a los principales sectores econmicos de la so-ciedad. El Estado, a travs de tales institucio-nes, verticales y jerarquizadas, canaliza selec-tivamente las demandas populares provenien-tes de los sectores ms organizados y les pro-vee mejoras relativas a las cuales acompaa del control poltico; se intenta as evitar el ac-

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ceso a la conciencia y organizacin de clase, ganando sustitutivamente para el proyecto gu-bernamental la lealtad poltica de los benefi-ciados.

Vamos a analizar la justificacin ideo-lgica de este tipo de instituciones, como la CNA, que fueron creadas no slo para el sec-tor agrario. Aunque, como hemos subrayado antes, el origen de estos organismos hay que situarlo en la dinmica misma de las contra-dicciones entre el proyecto gubernamental y el conflicto de clases, el discurso ideolgico da cuenta no slo del nivel justificativo sino de las aperturas y lmites con los cuales se disearon aqullos.

Si se tuviera que sumarizar el pen-samiento propuesto por los principales ide-logos gubernamentales, se podra proceder co-mo sigue. Desde la violenta y encarnizada cr-tica al partido poltico como expresin de par-ticipacin poltica e intereses de clase, se for-mulaba la denuncia de mecanismos de "inter-mediacin y manipulacin" que hacen del par-tido una verdadera forma de "expropiacin de la voluntad popular". El siguiente paso busca-ba proponer una frmula alternativa al partido. Entonces, se adjudicaba la funcin de "par-ticipacin poltica" a las organizaciones eco-nmicas de base; y, en principio, se refera es-to a las entidades creadas por el proyecto mi-litar en diversos sectores: comunidades labo-rales para las empresas privadas reformadas, cooperativas agrarias, sociedades agrcolas de inters social y comunidades campesinas en tanto que adjudicatarias de la reforma agra-ria y, adems, las incipientes empresas de propiedad social. Todas estas entidades em-presariales haban recibido "poder econmi-co" mediante el proyecto implementado por el gobierno; decan los idelogos que a ellas deba corresponder tambin el poder poltico. Es decir, adecuadamente organizadas, deban recibir capacidad poltica decisoria; esto lti-mo, se deca, por ejemplo, que explicaba la "transferencia" de los diarios de circulacin nacional a los sectores organizados: un diario para los campesinos, otro para las comunida-des laborales, etc. Debe notarse que, sin em-

bargo, esta organizacin pretendidamente ne-cesaria para "recibir la transferencia" no co-rresponda con la pre-existente al gobierno de las fuerzas armadas. Es decir, los obreros no deban convertirse en presuntos propietarios de un diario en tanto que miembros de sus organizaciones sindicales sino en tanto que "comuneros", nueva calidad que adquirieron desde que el gobierno de Velasco cre la co-munidad industrial. Lo mismo ocurra con los campesinos; no eran sus sindicatos ni sus co-munidades campesinas tradicionales las que los calificaban para "recibir la transferencia de poder"; sta se hara para los obreros agr-colas a travs de las nuevas organizaciones de base creadas cooperativas de produccin , y para los comuneros en tanto que se afilia-sen y estructurasen dentro del aparato oficial-mente previsto, es decir, la Confederacin Na-cional Agraria. Es importante notar que la di-ferencia no es formal. La comunidad laboral y la cooperativa agraria intentaban reunir a los trabajadores en torno a intereses empresaria-les, en vez de los reivindicativos que caracte-rizan al sindicato.

Si seguimos el desarrollo ideolgico, encontraremos un elemento adicional: la crea-cin de nuevas "organizaciones de participa-cin" que no correspondan a entidades em-presariales de base adjudicatarias de algn beneficio otorgado por el modelo gubernamen-tal. Es el caso de nuevas formas asociativas con responsabilidades administrativas que reu-nan a la poblacin de manera funcional y ba-jo intereses que no son de clase, como los n-cleos educativos comunales, con maestros y pa-dres de familia galvanizados en torno a la or-ganizacin de la enseanza; tambin es el ca-so de formas asociativas sin poder econmico como las asociaciones de pueblos jvenes y los sindicatos creados por iniciativa oficial que sustituan a organizaciones populares ya existentes. Esto ltimo se justific dentro de la ideologa oficial por cuanto se acusaba co-mo "oligrquicas" a las formas de organiza-cin popular que no haban sido directamen-te creadas o promovidas por el gobierno; en aqullas se sostuvo ocurra la "manipula-

Pasara: Velasco y organizacin campesina 63 cin de grupos polticos o dirigencias caducas" que, de modo similar a lo que ocurra con los partidos, mediante la intermediacin impeda la "participacin".

Tomemos la expresin directa de un idelogo oficial para ilustrar la argumentacin que hemos sintetizado: ".. .la Revolucin Peruana reconoci desde su inicio la necesidad de crear efectivos meca-nismos de participacin (cooperativas de pro-duccin, SAIS, comunidades laborales, empre-sas de propiedad social, ncleos educativos comunales, prensa escrita para los sectores sociales) mediante los cuales se realizar la progresiva transferencia del poder econmi-co y poltico a las mayoras ciudadanas a tra-vs de sus propias y autnomas organizacio-nes de base (...). De esta manera estamos viviendo la germinacin de una nueva estruc-tura de poder, de una estructura de poder popular (...). Respetando la existencia de los partidos, pero considerndolos claramen-te como expresiones de la estructura de po-der tradicional, el proceso orienta su accin hacia las organizaciones de base apoyando su consolidacin y articulacin. As, hacen su aparicin autnticas federaciones y confe-deraciones de obreros y campesinos pen-samos en CONACI y en la futura CNA que son verdaderamente representativas. .." (Gue-rra Garca, 1975: 91).

Adelantndose a tal justificacin ideo-lgica, el gobierno haba creado en 1971 el Sis-tema Nacional de Apoyo a la Movilizacin So-cial (SINAMOS) que fue el ente responsable de implementar esta vasta articulacin de or-ganizaciones parcialmente suplantadoras de organizaciones populares existentes como las del sector campesino o que reunan de forma nueva intereses diversos y contradic-torios como las comunidades laborales o los NEC . En efecto, como se ha dicho antes, en mayo de 1972 se aprob la norma que dicta-ba esta poltica para el sector agrario. Mien-tras tanto, ya se estaba organizando una cen-tral sindical controlada por el gobierno que surgi en diciembre como la CTRP; y se ve-na organizando la Confederacin Nacional de

Comunidades Industriales que con un parcial patrocinio oficial qued constituida en marzo de 1973. En diciembre de ese mismo ao se cre un sindicato magisterial gobiernista, el SERP. En cada uno de estos casos hubo evi-dente intervencin oficial; en algunos casos pblica y formalmente, como es el que corres-ponde al sector campesino para el cual la ley ordena la "promocin" por el SINAMOS; en otros la participacin oficial se efectu de ma-nera discreta pero muy poco disimulable; por ltimo, en ciertos casos la intervencin no se hizo por el gobierno en conjunto sino por al-guna de sus tendencias, incluso en oposicin a otra; tal el caso del enfrentamiento entre el Ministerio de Industria y SINAMOS en torno a CONACI.

En cualquier caso, hay que notar que los resultados de estas organizaciones no fue-ron los mismos en cuanto a su capacidad pa-ra expresar intereses populares efectivos. Ten-tativamente podemos apuntar entre las que de cierto modo, limitado y subordinado, expresa-ban intereses populares, a CONACI, algn sec-tor de la CTRP y la CNA, a la cual precisa-mente nos referiremos ms extensamente en la segunda parte en este trabajo. El caso con-trario pareci ser el de los NEC, organismos de respaldo burocrtico, y el de instituciones, como el SERP, simplemente suplantadoras de las que el pueblo cre. Cuestin aparte al pro-psito de este trabajo sera el anlisis de es-tas diferencias reales que han sido poco per-cibidas y que, probablemente, deban ser ex-plicadas tanto en trminos propios de la con-formacin constitutiva de cada una de estas entidades, susceptible o no de expresar inte-reses de clase, como en funcin de las dife-rencias existentes entre tendencias dentro del propio gobierno de las fuerzas armadas, as como por un rebasamiento ocurrido en cier-tas reas del conflicto social que fueron obje-to de reformas radicales del aparato disea-do desde el gobierno.

Nos parece importante notar enton-ces que, si bien las organizaciones nacidas ba-jo el imperio del decreto-ley 19400 se gestaron y explican dentro de un vasto aparataje con-

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trolado gubernamentalmente y constituido pa-ra eliminar al gremio oligrquico terrateniente y, de paso, sustituir a las organizaciones po-pulares, no puede afirmarse que por ello ca-recieran de representacin dentro de ella cier-tos intereses y determinadas reivindicaciones populares, sujetas, claro est, a lmites dados. En otras palabras, contrariamente a lo que ha sido sostenido frecuentemente por los crticos al gobierno de Velasco, pensamos que tambin el pueblo ha estado presente y ha expresado relativamente sus intereses dentro de algunas de las organizaciones patrocinadas o monta-das oficialmente. Estas son aqullas que, co-mo CONACI y la CNA, correspondieron a la implementacin efectuada por una de las ten-dencias gubernamentales, existente con gran fuerza en el perodo 1972-1974, identificada con el grupo de idelogos "participacionistas-libertarios" nucleados en torno al SINAMOS. Contrariamente, las organizaciones montadas bajo control del Ministerio del Interior en el mismo perodo, y que correspondieron a la ten-dencia ms autoritaria del rgimen velasquis-ta responsable de haber organizado las ban-das para-militares del Movimiento Laboral Re-volucionario, fueron organizaciones como el SERP y la CTRP nacional, que actuaron bajo control directo de las autoridades y sin expre-sin de intereses populares genuinos. Esta di-ferenciacin sirve de base para explicar por qu determinados planteamientos de la CNA y algunas movilizaciones de sus bases, que examinaremos en la segunda parte de este trabajo, resultaron en objetiva contraposicin con los lineamientos explcitos de la poltica gubernamental 68-75 para el sector agrario.

Pese a lo anterior, corresponde obser-var que las acciones de implementacin de las organizaciones agrarias del decreto-ley 19400, a cargo del SINAMOS, en cumplimiento de un dispositivo de la propia norma que mand a es-te organismo "prestar asesora para la consti-tucin de las organizaciones a que se refiere este decreto-ley y para el ejercicio de sus ac-tividades", incluyeron numerosos atropellos y agresiones contra las organizaciones campesi-nas pre-existentes, frente a las cuales se situa-

ron en franca competencia, aunque contando con el respaldo de todo el aparato burocrti co represivo. La informacin disponible1 da cuenta de las diversas formas de intervencin de los funcionarios estatales, que iban desde el chantaje simple que ofreca ayuda material para obras pblicas a cambio de la afiliacin a la liga agraria decretada, hasta la prisin de dirigentes sindicales o comunales que se oponan a los designios oficiales.

Para comprender a cabalidad la di-reccin y los contenidos de la implementacin de la poltica oficial, es necesario referirse a la forma en que sta se defini en relacin con las organizaciones campesinas cuya exis-tencia era previa a la reforma agraria. Aqu es conveniente detenerse en el tratamiento de dos distintas instituciones creadas por el cam-pesinado: los sindicatos y las comunidades campesinas.

Desde el punto de vista legal, la situa-cin de los sindicatos en el campo devino oscu-ra. El decreto-ley 19400 contena una cierta am-bigedad en la forma en que se refiri a ellos, al restringir la representacin campesina a las organizaciones que ordenaba constituir y, si-multneamente, abrir expresamente la posibili-dad de que los campesinos sin tierras agru-pados en asociaciones segn el modelo legal, al mismo tiempo, constituyeran sindicatos. No haba ninguna otra referencia en el cuerpo le-gal a la institucin sindical. Un anlisis exe-gtico del texto poda deducir, no sin dudas, que esta nica referencia autoritativa para es-te tipo de campesino, dejaba fuera de la ley a los sindicatos constituidos en las empresas beneficiaras de adjudicacin por la reforma agraria. Sin embargo, tal prohibicin hubiese sido demasiado grave como para no aparecer expresamente consignada y tener que ser de-ducida, por interpretacin a contrario, de una autorizacin expresa y limitada. Sin embargo, como sealamos antes, la ley s fue expresa al ordenar que: "slo las organizaciones agrarias a que se refiere. . . el presente decreto-ley ten-drn la representatividad de los trabajadores del agro, ante el Estado, los particulares y la opinin pblica. . ." Sobre esto no hay duda in-

Pasara: Velasco y organizacin campesina 65 terpretativa posible y aqu hubo un formal cuestionamiento de la representatividad de ins-tituciones como los sindicatos, que no estaban previstos por esta ley.

Ms all del anlisis legal, sin em-bargo, la cuestin adquiri una mayor clari-dad. En efecto, un examen de la poltica efec-tivamente seguida por las autoridades respec-to a los sindicatos, muestra su evidente carc-ter anti-sindical. Tal poltica utiliz, en trmi-nos del procedimiento laboral, dos distintos me-canismos dirigidos a bloquear el camino del ejercicio sindical de los trabajadores del cam-po. El primero de ellos fue el no reconoci-miento de los sindicatos conformados en em-presas beneficiaras de adjudicaciones de re-forma agraria; el segundo fue la pretendida incompetencia del fuero administrativo de tra-bajo para conocer y resolver los problemas de naturaleza individual o colectiva que sur-gieron en las relaciones laborales del mismo tipo de empresas. A estos dos mecanismos hay que sumar la conjuncin de un tercero, de naturaleza represiva, que fue el golpear selectivamente a aquellas organizaciones o di-rigentes campesinos que en su accionar resul-taban competitivos con el proyecto oficial. Fre-cuentemente, as, la represin lleg a las di-rigencias sindicales, amparada en coberturas formales como el procesamiento por el delito de sabotaje a la reforma agraria, o simplemen-te como persecucin y encarcelamiento sin causa declarada.

Vale la pena examinar un poco ms de cerca los mecanismos operativos enumera-dos. De una parte, tratndose de los trabaja-dores socios de empresas que recibieron tie-rras y /o ganado dentro del proceso de refor-ma agraria, la poltica seguida por el Ministe-rio de Trabajo se encamin a impedir la ex-pansin de la sindicalizacin en el campo. En el caso de cooperativas agrarias de produccin y sociedades agrcolas de inters social en las cuales no pre-exista el sindicato, diversos in-tentos de que, al ser constituidos, fueran reco-nocidos por la autoridad de trabajo, termina-ron en la negativa oficial. La justificacin ideo-lgica de tal poltica se encuentra en reitera-

das declaraciones gubernamentales en el sen-tido de que en las empresas adjudicatarias de reforma agraria no exista ms una relacin "patronal", que es precisamente la que da lu-gar a la constitucin de un sindicato. Al ser los trabajadores socios, miembros de la coo-perativa formalmente propietaria de la empre-sa o socia de la sociedad agrcola de inters social propietaria, se habra disuelto la rela-cin empleador-trabajador a la cual correspon-da la asociacin gremial de los trabajadores en el sindicato. Este argumento formal no s-lo ignoraba la realidad del sindicato que que-ran formar voluntariamente la mayor parte de trabajadores, de acuerdo con los requisitos legales, sino que, adems de carecer de fun-damento legal expreso, pona de lado las evi-dencias de la relacin patronal que, en efec-to, en tales empresas beneficiaras de la re-forma agraria, no se daba entre cooperativa y trabajadores sino entre Estado y trabajado-res. Esto ltimo nos lleva a la consideracin de quin ejerca los derechos de gestin ms importantes y decisivos que, si bien autoriza-ban un margen de cuestiones menores y de organizacin del trabajo en manos de los so-cios cooperativistas, reposaban fundamental-mente en el aparato estatal, no slo mediante disposiciones legales sino en su comportamien-to efectivo. Esto, de alguna manera, muestra el intento de construir el capitalismo de Es-tado sobre el sector agrario moderno, desa-rrollado en trminos capitalistas.

Una ligera variante del mecanismo an-terior consisti en que los sindicatos pre-exis-tentes en las empresas adjudicatarias, que in-tentaron modificar su registro sindical por ejemplo, debido al cambio de nombre del em-pleador producido con la adjudicacin: en vez de hacienda a, cooperativa agraria de produc-cin b , tambin recibieron de la autoridad de trabajo un resultado negativo equivalente; en este caso no slo recibieron la negacin de la inscripcin solicitada sino que, adems, la autoridad orden la cancelacin del registro previo.

La nica excepcin a este primer me-canismo contra los sindicatos, lo constituye el

66 ARTICULOS reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Trabajo en octubre de 1973, a la Federacin Sindical Campesina de Huaura-Sayn. Proba-blemente, la capacidad movilizadora de sta sea un factor crucial para explicar este com-portamiento gubernamental.

El segundo mecanismo al cual haba-mos hecho referencia, como desarrollado por la poltica del Ministerio de Trabajo respecto a los sindicatos campesinos, fue cerrarles el acceso al procedimiento administrativo en el sector. Es decir, basndose en la misma jus-tificacin ideolgica reseada y que era utili-zada para denegar la inscripcin de sindicatos, la autoridad de trabajo se declar reiterada-mente incompetente para conocer de los con-flictos laborales suscitados en cooperativas agrarias de produccin y sociedades agrcolas de inters social, en las cuales segn el ra-zonamiento justificatorio oficial no exista relacin patronal. En consecuencia, el sindica-to exista por haber sido constituido con ante-rioridad a la adjudicacin, pero no tena acce-so a la va en la cual normal y legalmente un sindicato ejerce su funcin de defensa de los derechos de los trabajadores: el procedimien-to ante la autoridad de trabajo. As, en varias regiones administrativas del Ministerio de Tra-bajo no se reciban plazos de huelga, ni de-nuncias por violacin de pactos colectivos o disposiciones legales, ni se daba trmite a los pliegos de reclamos. Sin embargo, es preciso notar que esta poltica del Ministerio de Tra-bajo no fue uniforme; es decir, basndose en un razonamiento interpretativo y no en dispo-siciones legales expresas, la respuesta oficial no cobr homogeneidad absoluta y as, en cier-tos casos, la autoridad de trabajo s conoci de algunos conflictos. Tratndose de los com-plejos agro-industriales azucareros, adjudica-dos a las cooperativas de mayor peso relativo en el agro, se cre un mecanismo burocrtico especial para atender a los problemas y con-flictos all suscitados el Sistema de Aseso-ramiento y Fiscalizacin de las Cooperativas Agrarias de Produccin, eliminando de ma-nera ms o menos formal la competencia del Ministerio de Trabajo. En la nueva va, hay

que sealarlo, los sindicatos ejercieron luego sus derechos, despus de soportar mltiples intentos para bloquearlos y reprimir sus de-mandas.

Por ltimo, los mecanismos desarro-llados a travs del Ministerio de Trabajo res-pecto a los sindicatos fueron completados con lo que puede denominarse una accin de re-presin selectiva que recay en buena parte sobre organizaciones y dirigentes sindicales. Numerosos testimonios documentales sealan cmo los agentes del gobierno detuvieron a l-deres sindicales, como respuesta a medidas de corte tpicamente sindical como son los pa-ros y las huelgas. All donde el control pre-ventivo va supervisin burocrtica de los fun-cionarios y la organizacin alternativa de la CNA no lograron impedir movilizaciones labo-rales, se recurri normalmente al hostigamien-to policial y a la detencin de dirigentes sin-dicales. Esto, como una manera de frenar la canalizacin de las reivindicaciones o deman-das laborales por la va del sindicato. La his-toria de esta modalidad de la poltica oficial comenz en los complejos azucareros, que fue-ron las primeras cooperativas que recibieron la adjudicacin de la reforma agraria. Tan pron-to como en mayo de 1970 ni siquiera a un ao de promulgada la ley de reforma agra-ria se detuvo y enjuici a los dirigentes sin-dicales de Cartavio; en enero de 1971 ocurri lo mismo en Pucal y en setiembre de ese mismo ao igual medida en Cartavio fue se-guida del despido de los sindicalistas. Desde entonces, segn circunstancias y necesidades coyunturales, se recurri a las detenciones, a las cuales no siempre se daba curso legal me-diante la apertura de instruccin por delito de sabotaje a la reforma agraria. Este meca-nismo legal result til para encubrir la re-presin, por cuanto la figura delictiva estaba gruesamente tipificada en la ley de reforma agraria, lo cual autorizaba a una aplicacin dis-criminada slo por el criterio del juez, que era el del fuero militar. El gobierno no gene-raliz este tipo de represin, que por eso de-nominamos selectiva; ms bien la us cclica-mente como forma de amedrentamiento; en

Pasara: Velasco y organizacin campesina 67 efecto, en casi todos los casos, luego de una cierta duracin de las detenciones o en deter-minado estado de los juicios iniciados, se pro-ceda a liberar a los detenidos o a dictar am-nista para los procesados e indulto para los condenados.

Toca ahora referirnos a la poltica se-guida por el gobierno de Velasco con respec-to a las comunidades campesinas, antes de s-te denominadas indgenas y que fueron rebau-tizadas en el mismo da de la promulgacin de la ley de reforma agraria. Es conveniente notar que, si bien el origen de la comunidad que hoy subsiste est no tanto en el "ayllu" indgena cuanto en la organizacin colonial que Espaa impuso entre la poblacin indge-na con fines de control y difusin ideolgica, la comunidad ha permanecido como una orga-nizacin social en torno a la cual se produce i a defensa de los intereses ms inmediatos del campesinado de vastos sectores del campo, es-pecialmente, aunque no slo, en la sierra. Si bien, pues, casi no existe una organizacin eco-nmica de base y la desigualdad de recursos entre sus miembros a menudo los diferencia marcadamente, una tradicin de lucha por la defensa de los bienes comunes da cierta fuer-za histrica a las comunidades.

El proyecto oficial previo la conver-sin de la comunidad al patrn cooperativo. Esto aparece claramente de los textos legales pertinentes; tanto en la propia ley de refor-ma agraria como en el estatuto de comunida-des (decreto supremo 37-70 AG) aparece la estructura cooperativa como aqulla que de-ba ganar progresivamente a las comunidades. Tanto el hecho de que el gobierno no desti-nara demasiados recursos a la accin "reor-ganizadora" de las comunidades, como lo com-plicado de operacionalizar la conversin en cuanto hubiese significado romper la rgida es-tratificacin comunal interna, hizo que en tr-minos generales la cooperativizacin no se ge-neralizara. Pero se evidenciaron aspectos de inters en la escasa implementacin de la po-ltica oficial, respecto a las comunidades, en dos puntos claves: la adjudicacin de tierras a comunidades y la afiliacin de ellas a la

estructura dispuesta por el decreto-ley 19400. Estos aspectos en la prctica se articulan con dos objetivos especficos: imponer la forma de explotacin de la tierra que mejor convena a los planes de produccin oficiales mediante entidades no comunales, directamente depen-dientes de las autoridades del sector agricultu-ra, y sustituir a las dirigencias no dciles al go-bierno por otras disponibles al proyecto pol-tico oficial. Ambos objetivos se tradujeron en presiones para la adjudicacin de tierras y en intervenciones directas del Estado sobre algu-nas comunidades.

En lo que toca a la adjudicacin de tierras a comunidades, sta fue ms bien ba-ja, no alcanzando siquiera el 10% de la tierra adjudicada en el proceso, segn la informacin oficial disponible. Sin embargo, los conflictos surgieron debido a la modalidad de adjudica-cin, que fue manipulada por el aparato es-tatal en algunas ocasiones, cuando la dirigen-cia de la comunidad no resultaba polticamen-te complaciente con los planes oficiales. Este fue el caso de la comunidad campesina de Ca-tacaos, en Piura, que recibi la adjudicacin de tierras de la reforma agraria a travs de nueve "empresas cooperativas comunales", evitando as fortalecer el peso de la comuni-dad cuya dirigencia era vista como "competi-tiva" por los agentes oficiales. Como es evi-dente, este evitamiento de la institucin co-munal con una finalidad poltica, enfrent a al-gunas comunidades, que luchaban por la de-fensa de su organizacin, contra la poltica gu-bernamental.

Distinto y ms frecuente fue el caso de las intervenciones directas sobre las comu-nidades, a cargo del SINAMOS. La multipli-cacin de las denuncias sobre estas interven-ciones coincide con la poca en que se acele-raba la formacin de las bases de la CNA, lo cual apunta a sealar la intervencin como un mecanismo de control poltico de la comuni-dad. A veces, la intervencin precedi a la ad-judicacin de tierras, lo cual, aparentemente, habra sido la forma en la cual el gobierno se aseguraba vencer la resistencia comunal res-pecto a la forma y los trminos en que impona

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la adjudicacin. Esto fue lo ocurrido en algu-nas comunidades intervenidas en Cajamarca y en la costa norte. Un caso en el que puede ser til detenerse es el de la comunidad de Querecotillo, en Piura, intervenida en octubre de 1975, un poco despus del perodo que ve-nimos analizando, aduciendo manejos adminis-trativos irregulares por parte de los dirigen-tes comunales. Despus de una accin bastan-te violenta por parte de las autoridades para materializar la intervencin, que incluy la par-ticipacin de vehculos blindados, se detuvo a los dirigentes y se prohibi el funcionamien-to de los organismos comunales. El SINAMOS intent de inmediato la formacin de una em-presa cooperativa comunal, que sin duda poda ser ms fcilmente puesta bajo control del apa-rato estatal, e impuso un determinado nme-ro de trabajadores como socios calificados, me-diante un chantaje ejercitado a travs del Ban-co Agrario. Como producto de la intervencin se impuso una jornada de ocho horas diarias de trabajo en vez de siete y se liquida-ron las parcelas familiares que los comune-ros usufructuaban por acuerdo de asamblea y autorizados por la ley. Para la comprensin cabal del significado y los alcances de esta in-tervencin que fue ms all de todos los an-tecedentes conocidos , es necesario tener en cuenta que la comunidad de Querecotillo era una de las ms activas y combativas bases de la Federacin de Campesinos de Piura, afilia-da a la Confederacin Campesina del Per. Es-to significa que, probablemente, en la inter-vencin de Querecotillo se juntaban objetivos especficos referentes a la imposicin de un determinado modelo de adjudicacin y explo-tacin de la tierra, con objetivos ms genera-les, quiz relacionados con una tentativa-mo-delo de forzar la "reorganizacin" comunal con este tipo de intervencin, en una comuni-dad polticamente adversa a los planes oficia-les. Esto ltimo habra anunciado una intencin de que la poltica oficial de "reorganizacin" de las comunidades para ser convertidas en cooperativas o ser sustituidas por empresas co-munales se aprestaba a pasar en el futuro a una etapa de efectiva implementacin. En ella

se hubiesen forzado nuevas formas de organi-zacin y trabajo, as como se hubiera procura-do el surgimiento de dirigencias dciles para el encuadramiento de las nuevas entidades campesinas dentro del aparato institucional dis-puesto por el decreto-ley 19400. Reforzara es-ta hiptesis el hecho de que, paralelamente a la intervencin de Querecotillo, creca el n-mero de comunidades campesinas interveni-das por el SINAMOS: Castilla, Catacaos, An-dajo y Silahua en Piura; Tongorape en Lam-bayeque; Tual en Cajamarca y Tancayllo en Andahaylas.

Del rpido examen efectuado sobre el comportamiento del aparato del Estado res-pecto a la organizacin campesina, se conclu-ye que el proyecto velasquista mont una es-tructura organizativa de cooptacin y encua-dramiento sustitutoria de la organizacin gre-mial terrateniente, a la que quiso dar un rol excluyente en el campo. Tal estructura se ex-plicaba en una lgica mayor que intentaba or-ganizar al conjunto de la poblacin bajo for-mas que contribuyeran a desmontar las bases objetivas del conflicto social y que resultaran adecuadas para el respaldo del rgimen2. En acciones complementarias con el levantamien-to de tal red organizativa, la poltica oficial se encamin al debilitamiento sistemtico de la accin sindical en el campo e intent, pero s-lo espordicamente, la reformulacin de la co-munidad campesina, reorganizndola en cuan-to a la produccin a efectos de concertar su actividad econmica y removiendo las diri-gencias renuentes al proceso de incorporacin segmentaria del campesinado, que estaba en marcha.

Hasta qu punto tal poltica logr sus objetivos? Responder a esa cuestin impli-ca efectuar un cotejo con la movilizacin cam-pesina, bajo sus diferentes formas y en sus dos vas de centralizacin: la izquierdista Con-federacin Campesina del Per y la oficialis-ta Confederacin Nacional Agraria.

La movilizacin campesina Al dictarse la nueva ley de reforma

agraria, el movimiento campesino peruano atra-

Pasara: Velasco y organizacin campesina 69 vesaba por una etapa de reflujo desde su l-tima movilizacin, hacia fines de 1963, cuan-do luego de la toma del poder por Belande se producen oleadas de recuperacin de tie-rras en la sierra central y sur del pas que son detenidas con ms violencia que concilia-cin. No puede sostenerse que la ley de re-forma agraria dictada en 1969 constituye una respuesta inmediata a presiones campesinas en ese momento existentes; la naturaleza de esta ley es ms bien preventiva de la movili-zacin campesina independiente que, se saba por varias otras experiencias a ms de la ocu-rrida con Belande, dadas ciertas condiciones, insurga vigorosamente, poniendo en riesgo la seguridad de la tenencia de la tierra y, even-tualmente, del control de los dominantes.

Es decir, la movilizacin campesina haba sacudido fuertemente el rgimen oligr-quico desde la dcada anterior. El reformis-mo civil surgido en 1956, a travs de tres nue-vos partidos polticos, recogi la reivindicacin de la reforma agraria que, instalado en el po-der en 1963, result incapaz de procesar. La paralizacin del reformismo belaundista pas por la represin de la ola de recuperacin de tierras ms importante de este siglo, ocurri-da en la sierra sur del Per en ese ao. So-bre esta base, y si bien la movilizacin haba sido detenida, vino a operar la redefinida con-cepcin militar de seguridad nacional (Merca-do Jarrn, 1974) en cuyo ncleo aparece la so-lucin de los conflictos sociales internos co-mo pre-requisito de certeza para la defensa de la soberana. En ese sentido, movilizacin cam-pesina y proyecto militar se encuentran: la pri-mera hizo impostergable lo que el segundo te-na razones y fuerza para ejecutar. Obviamen-te, desde el punto de vista poltico, lo que mar-ca fuertemente el carcter de la reforma agra-ria es el sello militar del rgimen: el campe-sinado no es el que define el curso principal de esta reforma agraria.

Los primeros meses de aplicacin de la reforma agraria slo dieron lugar a algu-nas movilizaciones, ms bien localizadas y ais-ladas que, sin embargo, empezaron a cristali-zar en luchas de mayor aliento, en torno a dos

circunstancias. Una de ellas fue el objetivo de anular las parcelaciones por iniciativa pri-vada que, originalmente autorizadas por el tex-to de la ley, dieron origen a que, mediante cier-tos manejos astutos de los propietarios, en tan slo cuatro meses de vigencia de la ley antes de que fuera modificada, se pusieran fuera de la accin de la reforma agraria importantes extensiones de tierra en la costa. El caso ms conocido, y de importante efecto de demostra-cin sobre otras luchas, fue el de la hacienda Huando que, parcelada por sus propietarios, dio lugar a una huelga de sus trabajadores en octubre de 1970, que cinco meses despus alcanzara la anulacin de la parcelacin. La otra circunstancia de lucha campesina duran- ' te este momento inicial fue el tejido de conflic-tos gestado en los complejos azucareros que, bajo intervencin oficial insistente en ataques contra los sindicatos, en algunos casos contro-lados por el APRA, se convirtieron en el cen-tro de luchas de los obreros agrcolas por con-servar sus organizaciones, por frenar los em-bates autoritarios del primer momento de la reforma agraria, expresados en las imposicio-nes de burcratas y tcnicos, por conservar derechos laborales adquiridos; en suma, por no caer bajo la conduccin autoritaria y pro-ductivista de la reforma agraria.

El gobierno trataba de afectar la tie-rra, de acuerdo con los objetivos de la reforma agraria, y de solucionar los problemas origina-dos, recurriendo contradictoria, alternativa y/o complementariamente a la agitacin ideolgi-ca anti-terrateniente, a la concesin y a la re-presin, y empezaba a concebir la construccin de una estructura organizativa bajo control que solucionara preventivamente las implican-cias de la movilizacin efectivamente en mar-cha, segn los lineamientos que hemos anali-zado en la primera parte del trabajo. Mien-tras tanto, ocurri otro hecho de movilizacin cualitativamente superior; en Piura, en febre-ro de 1971, los campesinos daban un paso muy significativo al tomar fsicamente el local de la asociacin de terratenientes, en el centro de la ciudad. Aunque ciertos sectores del go-bierno festejaron y propagandizaron el hecho,

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debi haber quien viera con preocupacin el surgimiento de una muestra de movilizacin campesina que, fuera de lo previsto por los pla-nes oficiales, diera un paso que, sin duda, iba ms all de los objetivos de afectar la pro-piedad de la tierra, encaminndose a cuestio-nar la institucionalizacin del poder de los ha-cendados.

Desde entonces, la movilizacin cam-pesina creci paulatinamente. Tal constatacin no es suficiente, sin embargo. Lo que resulta clave es precisar la evolucin en los objeti-vos reivindicativos de dicha movilizacin y, en trminos polticos, el sealamiento de la ten-dencia a descubrir la ubicacin del enemigo de clase, por parte del campesino. En efecto, siendo la tierra el objetivo tradicional de la lu-cha campesina, el terrateniente resultaba el enemigo obvio. Esta tendencia result refor-zada por la puesta en marcha de una efectiva reforma agraria, que realmente expropiaba la tierra. Sin embargo, la importancia del papel del Estado empez a aparecer como fruto de tres diferentes situaciones. La primera de ellas fue que, en determinados lugares, especialmen-te en las haciendas serranas, la afectacin no lleg, con responsabilidad directa en ello del aparato estatal que permaneca aliado del po-der local. La segunda consista de la imposi-bilidad de alcanzar con las acciones de refor-ma agraria a un vasto sector del campesina-do calculado por Caballero (1976) en ms de un 50% que permaneci en el minifun-dio pero recibi acciones del Estado va im-puestos, comercializacin y promocin de orga-nizaciones campesinas pro-gubernamentales. La tercera corresponda a los beneficiarios de la reforma agraria que luchaban por el control de la empresa, quedando inicialmente atrapa-dos en el conflicto con los tcnicos, y final-mente descubrieron que era en el aparato del Estado donde resida el centro de control deci-sional de sus empresas.

Este proceso de confluencia que se-alamos puede resumirse para el campesina-do como una virtual liberacin de la opresin terrateniente excepcin hecha de ciertos re-ductos muy atrasados y un progresivo deve-

lamiento del Estado como aparato de opresin de clase. En este contexto, el desarrollo de la movilizacin campesina fue atravesado por la alternativa: autonoma de la organizacin campesina vs. institucionalizacin decretada por el gobierno. Mientras los aspectos exito-sos de la reforma agraria contribuan a recau-dar bases para la organizacin oficialista, sus lmites daban una base objetiva al crecimien-to de una centralizacin alternativa que de he-cho qued situada bajo influencia de la izquier-da. Ambas vas de organizacin cuajaron en 1974. En lo que sigue trataremos de analizar mejor el proceso de la Confederacin Campe-sina del Per y de la Confederacin Nacional Agraria, a partir de los trminos de la movi-lizacin campesina.

Sin duda, el objetivo inmediato y ms generalizado de la movilizacin campesina ha sido, durante los aos 68 a 75, la lucha por la tierra; encontramos que sta ha adoptado dos formas definidas que intentaremos carac-terizar.

De una parte, las primeras moviliza-ciones, producidas en Piura, Chancay-Huaral y Huaura-Sayn, entre 1972 y 1973, estaban orientadas a la aceleracin del proceso de afec-tacin de la reforma agraria. Las tomas de ha-ciendas en Piura empezaron en setiembre de 1972, en la hacienda San Francisco y Chocn. Las rdenes de afectacin se sucedieron y ex-tendieron al mismo ritmo de las tomas que atravesaron el departamento hasta mediados de 1973; en once meses se tomaron 80 fun-dos y, con diferencias de dos a quince das, tras los campesinos posesionados del fundo llegaban los funcionarios con la orden de ex-propiacin. Igual proceso ocurri con trece fundos en Chancay-Huaral entre marzo y mayo de 1973, mientras simultneamente en Huau-ra-Sayn los campesinos seguan el modelo de movilizacin que consegua acelerar trmites burocrticos, vencer influencias propietarias o "encontrar" causales legales de afectacin don-de antes de la toma pareca no haberlas. Es necesario subrayar que, en varios de estos ca-sos, la movilizacin campesina que incluy la accin de toma de la hacienda, aprovechando

Pasara: Velasco y organizacin campesina 71 las diferencias entre tendencias dentro del go-bierno y presionando sobre el sector radical, logr superar lo que hubiese sido la aplica-cin burocrtica de la ley. Por ejemplo, en Chancay-Huaral se expropiaron varios fundos cuya extensin se encontraba por debajo del mnimo inafectable, para lo cual los funciona-rios tuvieron que recurrir a otros argumentos legales. En estos casos, la marcha efectiva de la reforma agraria era funcin de la movili-zacin campesina, en una etapa poltica en la cual fue posible radicalizar la reforma por-que el proyecto reformista tena iniciativa. Sin embargo, estas diversas y exitosas moviliza-ciones tienen un comn denominador: son mo-vilizaciones producidas en el sector ms incor-porado al capitalismo en el campo, estaban dirigidas a precipitar el proceso de reforma agraria y, si bien sacaron el mximo provecho de la ley para el objetivo de la afectacin de la tierra, no cuestionaban lo sustantivo del mo-delo de reforma agraria oficial; esto, especial-mente, en lo tocante al destino de la tierra una vez producida la afectacin, es decir, la adju-dicacin a una cooperativa agraria de produc-cin bajo modalidad y condiciones dictadas por el Estado que, a su vez, pasaba a imponer las decisiones bsicas de tipo productivo. Sin du-da, cuantitativamente, con las tomas se afect ms y ms rpido, pero el producto en tr-minos de la negociacin expropiada y adjudi-cada no difera en esencia al oficialmente previsto. Sin embargo, el elemento distinto era la conciencia y la organizacin que los cam-pesinos adquiran al movilizarse, desafiando la estructura de poder imperante, avanzando fuera de la legalidad, para conseguir un ob-jetivo que entendan propio. El grado de po-litizacin en la movilizacin autnoma de los campesinos hizo que este carcter fuera per-cibido por las propias organizaciones campe-sinas; un informe de la Federacin de Cam-pesinos de Piura apunta que lo central de las tomas no era la recuperacin de la tierra sino: "El sentido organizativo que desarrolla el campesino, la disciplina en cumplir las con-signas. El aparato que crea: responsables, coordinadores, mensajeros. El secreto. El cui-

dado a sus dirigentes: nunca dan nombres a la 'represin'. Responden siempre que es el pueblo el autor del levantamiento, desmin-tiendo las acusaciones de la existencia de ex-tremistas en el campesinado. Ningn diri-gente se moviliza a Piura: el dirigente no funciona apartado de su .base: en caso con-trario es tomado preso o envuelto en argu-sias (sic) legales"3.

Pero no es ste el nico tipo de mo-vilizacin que incluy toma de tierras. Este primer tipo corresponde a zonas donde, de hecho, la accin de reforma agraria estaba prevista pero con un desarrollo ms lento del que impusieron las tomas. Como explica Eguren (1977), la aplicacin de la reforma' agraria fue claramente diferencial y atendi fundamentalmente a las zonas de capitalismo avanzado; a estas zonas correspondi este pri-mer tipo de toma de tierras. Qu ocurri en las zonas de baja o nula capitalizacin, donde permanecan relaciones de produccin serviles y, por tanto, la reforma agraria no pareca po-der llegar? La experiencia de la lucha campesi-na en Andahuaylas y, en una cierta medida, las posteriores tomas de tierras por el cam-pesinado pobre en el Alto Piura, sugieren la existencia de una forma alternativa de movi-lizacin, cuyas diferencias fundamentales con la anterior son, de un lado, que no buscaba precipitar la accin de la reforma agraria, pues-to que sta prcticamente no exista, al tra-tarse de lugares donde el modelo de reforma agraria encontraba sus lmites, dejando la eco-noma campesina casi intocada; y, de otro la-do, que no respetaba el modelo oficial dise-ado para la forma de adjudicacin y de ex-plotacin de la tierra. Esto es, las tomas de tierras en Andahuaylas muestran una forma de lucha directa, que no slo no se detuvo con la resolucin que afectaba el fundo sino que ni siquiera la buscaba; recurri a la legalidad slo para encontrar la forma de que se res-petase formalmente el hecho consumado la toma de posesin ya realizada por los campe-sinos, y que intentaba garantizar un mode-lo de explotacin propio, decidido por los cam-pesinos, en oposicin a las decisiones tomadas

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por los funcionarios en aplicacin del modelo oficial. Similar en cuanto rompe el modelo oficial, aunque no idntico, fue el caso de las tomas de tierras en el Alto Piura, entre se-tiembre de 1974 y marzo de 1975, por campe-sinos pobres, en verdad excluidos de los pla-nes iniciales de la reforma agraria y sus cri-terios de productividad. Mil quinientas fami-lias ocuparon tres mil hectreas, buena par-te de ellas adjudicadas a cooperativas agra-rias de produccin pero que no estaban tra-bajndolas por su baja rentabilidad. Del mis-mo lado pueden ser sumadas las incipientes acciones de algunas comunidades campesinas contra las SAIS, incluyendo un juicio de rei-vindicacin de tierras en Cerro de Pasco, co-mo formas atentatorias del campesinado con-tra los lmites de la reforma agraria; esto l-timo se halla an pendiente.

Distinguir explicativamente uno y otro tipo de movilizacin campesina requiere re-cordar el ya sealado carcter diferencial de la aplicacin de la reforma agraria. Pero tambin puede ser til reparar en que durante la dca-da del 60, y previamente a esta reforma agra-ria, la movilizacin campesina transcurra en formas tambin diferenciadas, conforme apun-taban entonces Cotler y Portocarrero (1976). De un lado, en las haciendas con relaciones so-ciales de produccin asalariadas, principalmen-te las productoras de azcar y algodn en la costa, el sindicato oficialmente reconocido y actuante desde los aos treinta no slo era la va de trato con el patrn sino que alcanzaba niveles de participacin poltica va articula-ciones partidarias. Es decir, en este primer caso la movilizacin campesina se hallaba in-corporada por el sistema poltico y, en conse-cuencia, su actuacin era fundamentalmente legal. En contraste, en las unidades agrarias ms atrasadas, con pervivencia de relaciones semifeudales, el sindicato aparece recin en los aos sesenta, en condiciones de semiclan-destinidad, sin acceder a las existentes for-mas de actuacin poltica, y no como repre-sentante de asalariados sino agrupando co-muneros y siervos; el arribo a tales formas superiores de organizacin desemboca en ac-

ciones obviamente ilegales, de tomas de ha-ciendas que, al poner en cuestin el conjunto del sistema de dominacin tradicional, son vio-lentamente reprimidas por el poder central. Si bien las condiciones creadas por la refor-ma agraria alteran sustantivamente las posi-bilidades cualitativas de la movilizacin, sta asume el cuadro previo de la organizacin cam-pesina, que bien podra contribuir a explicar las diferencias entre sus renovadas formas en la dcada del 70.

Entre julio y octubre de 1974, bajo conduccin de la Federacin Provincial de Campesinos de Andahuaylas, se tomaron 78 haciendas sobre un total de 120 existen-tes 4. En trminos gruesos, participaron en estas acciones unos treinta mil campesinos que ocuparon unas sesenta mil hectreas. Se tra-taba de haciendas ociosas, casi abandonadas por sus dueos. La FEPCA, fundada en ene-ro de 1973, haba decidido un ao despus un programa agrario que inclua las tomas como tctica de lucha, pero el objetivo distinto al mo-delo oficial era evidente: dejando un rea se-cundaria para uso colectivo, se dedicaran zo-nas de las haciendas a la explotacin parce-laria; esto es, no se privilegiaba la explotacin colectiva como buscaba la reforma agraria gu-bernamental y, en una buena medida, se dedi-cara la produccin al auto-consumo. Ambos planteamientos salan de condiciones muy pre-cisas: un campesinado empobrecido como el de Andahuaylas buscaba como objetivo fundamen-tal que la tierra le permitiera mejorar su ni-vel de alimentacin; a ms de ello, la posibi-lidad de endeudamiento con el Estado, como financiacin de la explotacin colectiva, no pa-reca propia para las condiciones materiales de este campesinado ni las de descapitaliza-cin de las haciendas. Uno de los aspectos que ms llamaron la atencin en el caso de Andahuaylas fue que los campesinos, una vez tomadas las haciendas, firmaron actas con re-presentantes de las autoridades en las cuales no slo lograban que el poder pblico acepta-ra la afectacin producida de hecho sino que, como seala un antroplogo que sigui los he-chos sobre el terreno:

Pasara: Velasco y organizacin campesina 73 "planteaban la modificacin de algunos dis-positivos de la ley de reforma agraria: no pago de la deuda agraria, el reconocimiento de una comisin de adjudicacin elegida por los propios beneficiarios la que se encarga-ra de organizar la producccin, la organiza-cin independiente y autnoma del campesi-nado para trabajar en las haciendas y la eli-minacin de la tutela paternalista de los fun-cionarios" (Snchez, 1975).

El 4 de agosto se firm el Acta de Toxama y el 8 de agosto el Acta de Huanca-huacho. El gobierno, sin duda asediado por los disturbios con que la burguesa en Lima respondi a la expropiacin de los diarios por el Estado a fines de julio, capitul. En un cuadro de dificultades polticas para el go-bierno, la tendencia radical aconsej la deci-sin transaccional con ms xito que la ten-dencia autoritaria-represiva. Las actas acep-tan las condiciones de los campesinos, si bien se cuidan de encontrar resquicios legales con-tenidos en la ley de reforma agraria, para no dar la apariencia de una capitulacin ilegal. El curso de los hechos posteriores no mantu-vo la direccin inicial; las tomas se multipli-caron ms all de la direccin de la FEPCA, que dej de firmar nuevas actas con el go-bierno; ste rehus el trato con los campesi-nos y, en nueva alianza con los terratenientes locales, tan pronto aminor la embestida de

oposicin en Lima, desplaz una enorme fuer-za policial y burocrtica para detener las to-mas. La represin a los dirigentes en octu-bre, incluyendo juicios en el fuero militar, si-gui a una intensa accin de propaganda si-colgica lanzada por el SINAMOS contra la Federacin. En diciembre, los campesinos se retiraron de la mayora de las haciendas, con diversas suertes de chantaje, incluso a cambio de la excarcelacin; SINAMOS haba logrado reclutar campesinos para la liga agraria que se instal ese mes y la accin de reforma agra-ria se dinamiz empezando a afectar hacien-das que durante cinco aos permanecieron in-v a d a s , pero que fueron luego adjudicadas a los ex-feudatarios y no al campesinado orga-

nizado en comunidades que haba efectuado

las tomas. El proyecto campesino, alternativo al oficial, se frustr en lo inmediato, si bien la significacin de esta masiva movilizacin slo podr ser cabalmente medida en un pla-zo ms largo.

Habamos sealado que el primer ob-jetivo de la movilizacin campesina consista en la lucha por la tierra. Sin embargo, ana-lizando las formas concretas que ha adopta-do su consecucin, nos hemos encontrado con un elemento que da cuenta de la ms profun-da significacin que atravesaba la lucha por la tierra. En efecto, es la politizacin del cam-pesinado el fruto ms significativo del proce-so de reforma agraria; sta incentiv la lucha de clases, dio nuevos mrgenes al campesina-do organizado, dinamiz objetivos y mtodos de lucha; en suma, liberando fuerzas, contri-buy a expandir un proceso de participacin poltica en el cual un dato central es el deve-lamiento del papel del Estado; esto es politi-zacin. Es en ese proceso que la lucha por la tierra y las formas que adopt cobran sig-nificacin dentro de una perspectiva de largo plazo, para la cual estas movilizaciones con-cretas permitieron solidificar la conciencia y la organizacin campesinas. Sin duda, un ca-talizador de no despreciable importancia fue la accin de agentes especficamente polticos en el seno del campesinado; stos tanto los representantes del proyecto velasquista como los agitadores de izquierda contribuyeron a ese proceso, intentando encuadrarlo, respecti-vamente, en una organizacin pro-rgimen y en una organizacin clasista de alianza con el proletariado para la lucha por el poder. Pero la base de tal politizacin se encontraba en ta reforma agraria como tal.

Este orden de ideas se perfila, con ms claridad an, en torno a otro objetivo que con-cit la movilizacin campesina, especialmente desde 1974, y que es el no pago de la deuda agraria. El gobierno decret en abril de 1973 la gratuidad de la adjudicacin a los benefi-ciarios individuales ex-feudatarios, que ha-ban recibido menos del 5% de la tierra trans-ferida. El planteo que generaliza la reivindi-cacin para todos los adjudicatarios se levan-

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t orgnicamente desde el IV Congreso de la Confederacin Campesina, realizada en mayo de 1974 y fue luego objeto de movilizaciones concretas en varios valles, sealadamente por la Federacin Campesina del valle de Chancay-Huaral y Aucallama. Los argumentos ofreci-dos por sta tienen relacin no slo con los in-tereses inmediatos del campesinado adjudicata-rio, y por tanto deudor de la reforma agraria, sino con la significacin poltica del pago efec-tuado a los terratenientes expropiados, verda-dero mecanismo de descapitalizacin del cam-po en beneficio de los antiguos patrones. Aun-que, de hecho, dados la valorizacin inferior, el temor de los expropiados a invertir nueva-mente y la inflacin, esto ltimo no tenga la significacin que se pretende, el valor de la proclama es ideolgicamente fundado. En la medida en que el proceso de reforma agraria avanzaba, multiplicaba el nmero de adjudica-tarios y creca el monto adeudado, este objeti-vo del campesinado tenda a tomar prioridad y, probablemente, sea en el futuro un centro de atencin y conflicto, habiendo concluido la reforma agraria, cuando un mayor nmero de empresas adjudicatarias pase el perodo de gracia de 5 aos que la ley autoriza y se vea frente a la obligacin de pagar la deuda. De nuevo, el enfrentamiento con el Estado puede ser importante en la medida que muchas de las empresas adjudicatarias no tienen condi-ciones de alta rentabilidad. Pero, en cualquier caso, hay que notar que esta problemtica se refiere slo al sector campesino adjudicatario, el que beneficia de la reforma, un 20% del total.

Las formas adoptadas por la movili-zacin campesina alternativa, que hemos exa-minado, muestran un conjunto de esfuerzos por rebasar los mrgenes de la reforma agra-ria oficial, as como la defensa de las orga-nizaciones no controladas por el aparato esta-tal. Pero cul es la eficacia y cules son los lmites, en definitiva, de esta movilizacin y de su centralizacin a travs de la ccp? Para contestar a esta cuestin pueden ofrecerse al-gunos elementos de juicio. El primero de ellos se refiere a las bases de esta Confederacin,

entre las cuales parecen hallarse bsicamen-te campesinos no beneficiarios de la reforma agraria. Por ejemplo, en el IV Congreso Na-cional de la CCP, realizado en mayo de 1974, a partir del cual ocurre un relanzamiento de esta central y en el II Congreso Extraordina-rio realizado en julio de 1975, la presencia de cooperativas agrarias de produccin fue esca-sa. Salvo en Piura y Lima, la CCP no parece tener bases importantes entre los adjudicata-rios. Esto tiene relacin con los contenidos de la plataforma reivindicativa de la Confedera-cin que, exceptuando la demanda del no-pa-go de la deuda agraria, se centr en los pro-blemas del campesinado que no ha recibido tierra y que no la va a recibir. A mayor pre-cisin, salvo una polmica con los diarios ofi-ciales, en 1975, sobre la comercializacin del algodn por el Estado, la CCP no ha expre-sado alternativas concretas de este sector cam-pesino a la poltica oficial. La defensa de los sindicatos, otro de los planteamientos insisten-tes de la CCP, nc es propiamente una alterna-tiva sino un planteamiento de conservacin de fuerzas.

Las movilizaciones concretas alenta-das por la CCP tuvieron xito en cuanto se refieren a la aceleracin de la reforma agra-ria en la costa. Andahuaylas fue una derrota que, probablemente, debe explicarse por la falta de direccin adecuada, el aislamiento re-gional dsl movimiento y su incapacidad para viabilizar la alianza obrero-campesina y, por cierto, para articular un frente popular en el cual los intereses de los sectores medios que-den asegurados. Entre los factores problem-ticos de la direccin probablemente se encuen-tra una muy cercana ligazn de los cuadros directivos y de asesora con una de las orga-nizaciones polticas de izquierda, la cual tras-vasa a la CCP muchas de sus polmicas in-ternas, sus crisis y, eventualmente, sus reflu-jos partidarios. Esta falta de autonoma gre-mial quiz explica la virtual parlisis que su-fre la CCP desde el fin del gobierno de Ve-lasco.

Todo el anlisis anterior ha venido contrastando la organizacin autnoma respec-

Psara: Velasco y organizacin campesina 75 to al control estatal con la organizacin pro-movida por el Estado, diseada para guardar mejor los objetivos gubernamentales. Pero es eso efectivamente lo que ha representado la Confederacin Nacional Agraria? las organi-zaciones campesinas que fueron creadas bajo control o, por lo menos, promocin oficial fue-ron entidades ejecutantes del contenido del proyecto velasquista para el agro? Veamos.

Un primer elemento a tomar en cuen-ta sobre la CNA es su cobertura que, segn datos oficiales, llegaba al 38% de la poblacin rural en 1975. Sin discutir la validez de esta informacin, conviene notar que ella inclua a 322 cooperativas agrarias de produccin sobre cerca de 600 existentes en ese momento y a 1500 comunidades campesinas sobre 2400 re-conocidas. Para ponderar debidamente el sig-nificado de esta red de organizaciones, en comparacin con la CCP que sin duda era me-nor en trminos cuantitativos pero quiz ms activa en producir movilizaciones, es conve-niente enfatizar que la CNA a travs de la accin del SINAMOS ha recurrido a enro-lar a vastos sectores campesinos antes desor-ganizados de modo similar a lo que hizo la CTRP en los sindicatos urbanos ; pero para un amplio sector campesino, sin duda, ambas formas de centralizacin, la oficial y la alter-nativa, se presentaban como competitivas en tanto que proporcionaban posibilidades contra-rias de encuadramiento poltico. Evidentemen-te, un estudio detallado de las bases de am-bas sera indispensable para adelantar en al-go sobre este punto.

Entrando al examen de la CNA, una distincin que corresponde hacer es la de dos distintos niveles: de las organizaciones de ba-se y de la dirigencia nacional que encabeza la centralizacin en la Confederacin Nacional Agraria. Sin duda, no slo ha habido mecanis-mos legales y burocrticos que cooptaron a la dirigencia de nivel nacional, desde el pago de "viticos" por cuenta oficial hasta la incorpo-racin social al ms alto nivel oficial, sino que las instituciones de base expresaban mucho ms directamente los intereses propios del campesinado que, de hecho, no podan coinci-

dir sino parcialmente con el proyecto refor-mista, dados los lmites de ste. Aun cuando la CNA incluy a un buen nmero de benefi-ciarios "incorporados" mediante la reforma agraria a mejores condiciones de vida y nue-vos beneficios, poltica y econmicamente las contradicciones de intereses de este sector con los lmites del proyecto velasquista estaban da-dos tanto por el destino del excedente en el campo y los trminos de intercambio del pro-ductor agrario como por la participacin en las decisiones del Estado. Esto explica por qu en el Congreso de instalacin de la CNA, realizado en octubre de 1974, se aprob un buen nmero de mociones que se situaban po-lticamente ms all de los mrgenes oficia-les 5. En dichos acuerdos no slo se critic duramente a los funcionarios pblicos, del pro-pio SINAMOS incluido, sino que se pidi la modificacin de la ley en cuestiones tan sen-sitivas para el gobierno como el lmite inafec-table y la deuda agraria; sobre esta ltima se sugiri indirectamente no pagar a los expro-piados. Asimismo, se encuentra entre los acuer-dos una discrepancia objetiva con la poltica anti-sindical que hemos analizado en la pri-mera parte del trabajo, al valorarse los sindi-catos como elemento clave del proceso de lu-cha campesina. De manera similar, la II Asam-blea Nacional de la CNA, reunida en abril de 1975, reiter el acuerdo del Congreso de ins-talacin de pedir al gobierno la modificacin del decreto-ley 19400 para incluir a los sindi-catos en la organizacin y exigi del gobierno que la comercializacin de los productos se hi-ciera por las ligas agrarias en vez de los inter-mediarios privados y la empresa estatal EPSA. En la misma direccin, la CNA manifest lue-go pblica discrepancia con el decreto-ley 21169 que orden al Ministerio de Alimenta-cin organizar a los campesinos en consejos y ncleos de productores en orden a la pla-nificacin de la produccin alimenticia; las crticas de la CNA llegaron a sealar la con-tradiccin entre esta medida y la participa-cin campesina que el gobierno proclamaba al nivel ideolgico.

Pero en el nivel de las movilizacio-

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nes efectuadas por organizaciones de base afi-liadas a la CNA, encontramos mejor expresa-das las discrepancias con el modelo oficial. Tambin las bases de la CNA fueron a accio-nes como huelgas e incluso tomas de fundos para facilitar la afectacin por reforma agra-ria. Un caso bien conocido es el del Fundo Huarab Bajo, cercano a Lima, en el cual el intento de la polica de desalojar a los cam-pesinos afiliados a la CNA cost un campesi-no muerto, en junio de 1975. Estas moviliza-ciones no siempre obtuvieron el respaldo de la dirigencia nacional de la CNA y, en algu-nos casos, como el de Huarab Bajo, s el de la CCP.

La dinmica de las organizaciones que estaban en la estructura de la CNA, pues, no puede ser simplificada en el anlisis. De un lado, en la base campesina misma de la CNA hay que distinguir el caso de los no be-neficiarios especialmente comunidades cam-pesinas que, mientras no descubrieran pol-ticamente el carcter de la opresin del Esta-do, buscaban expresar a travs de esta orga-nizacin sus demandas y reivindicaciones, ge-neralmente no atendibles por el Estado debi-do a la incapacidad del proyecto de reforma agraria oficial para expandir la economa cam-pesina. En segundo lugar, tratndose de los beneficiarios, haba un conflicto en la concien-cia campesina ante la alternativa de proleta-rizarse como obreros estatales dentro de las empresas "asociativas" o desarrollar una con-ciencia pequeo burguesa de incorporacin al sistema. Esto ltimo era ms difcil, dados los lmites econmicos y polticos, que ya apunta-mos, acompaantes del reformismo velasquis-ta. De ambas vertientes, las bases de la CNA expresaban genuinos intereses campesinos, has-ta donde esa expresin fuera posible.

En el otro extremo, la cabeza de la centralizacin se comportaba contradictoria y vacilantemente, al vaivn del juego de conce-siones y exigencias que el propio gobierno le haca sentir. Hay que recordar que el compor-tamiento del proyecto reformista militar, en la etapa de madurez que analizamos, estuvo orien-tado a incorporar al campesinado. Desde el in-

tento original, cercenado, de formar Comits de Defensa de la Reforma Agraria, hasta el reclutamiento oficial de lderes de movilizacio-nes importantes como la de Huando, el obje-tivo fue cooptar dirigencias y encuadrar orga-nizaciones mediante el doble ritmo de conce-siones/endurecimiento que buscaba la legitimi-dad por consenso/coercin. De esta forma, la CNA, cuyos dirigentes gozaban de todas las fa-cilidades oficiales y de un presupuesto bienal de 164 millones de soles para el perodo 75-76, slo poda reflejar parcialmente los intereses de las bases, en la medida en que el gobier-no lo tolerara en su bsqueda de consenso; as, mientras en el caso judicial de Huayanay la CNA jug un rol progresista, varias inicia-tivas para tomar un rol ms decisivo por ella fueron oficialmente cortadas, y el papel que la misma CNA desempe frente a la mo-vilizacin de Andahuaylas fue francamente an-ti-campesino.

En definitiva, hasta el final del pero-do de Velasco, muchos de los intereses que expresaban las organizaciones de base, tradu-cidos a veces en acuerdos formales y acciones de movilizacin, no tenan el visto bueno ofi-cial. Sin embargo, en esa misma etapa, la cen-tralizacin de esta estructura va CNA encua-dr tales esfuerzos dentro de la "militancia del proceso" con lo cual desarmaba poltica-mente la movilizacin. Un buen ejemplo de este proceso de conversin que centralizaba la CNA est expresado en las declaraciones de Eustaquio Maylle, dirigente mximo de es-ta entidad, formuladas a un semanario en ma-yo de 1975. En ellas afirm, entre otras cosas, que: "(la ley de reforma agraria) en s, no tiene defectos" (...). "puesto que es un producto de la Revolucin Peruana, la CNA no tiene contradiccin algu-na con el Ministerio del Interior ni con otras entidades estatales o autoridades polticas" (...) "La lucha de nuestra Confederacin es una sola.. . incrementar la produccin en el cam-po"

Esta absoluta sumisin de la dirigen-

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cia nacional al gobierno no impidi que un mes despus la polica del Ministerio del Interior baleara mortalmente en Huarab a un campe-sino afiliado a la CNA ni que entre los ciuda-danos que el gobierno orden deportar en agos-to de 1975 estuviera un funcionario de la CNA, Rmulo Chuquimia. Ambos hechos demues-tran las contradicciones efectivas con la pol-tica estatal que en la cpula se tornaban se-cundarias en la medida que el conjunto del aparato organizativo estaba sometido a los in-tereses oficiales. Esto ltimo est fuera de du-

da: mltiples pronunciamientos, formulados ocasin de sus reuniones formales o emitidos

por cuenta de la dirigencia nacional, muestran este encuadramiento dentro del proceso pol-tico reformista que condujo el gobierno. Esto

haca que la CNA, en vez de formular preten-siones de tipo poltico en las cuales no poda

superar los lmites oficiales, progresivamente fuera demandando una mayor participacin

en tareas de la produccin, como por ejem-plo el abastecimiento de insumos y la comer-cializacin. El f in del reformismo velasquista la encontr en ese punto y, acabado el pro-yecto gubernamental que la encuadraba, su

fuerza y potencialidades tienen que someter-fe a un nuevo tipo de anlisis.

Observaciones finales Una primera observacin, ms o me-

nos evidente a lo largo del trabajo, es que se requiere de una mejor informacin de base

para refinar el anlisis de los resultados de la reforma agraria en trminos de la organiza-cin campesina. En efecto, si bien la poltica reformista no liquid, ni mucho menos, las or-ganizaciones pre-existentes, alter su base de funcionamiento, trastocando las relaciones so-ciales de produccin mediante expropiaciones y adjudicaciones. A ms de ser beneficiado un 6% de la poblacin rural con la condicin de asalariados estables de empresas asociativas que recibieron un 51% de la tierra afectada, otro 18% recibi el 30% de la tierra afectada, manejndola por cuenta propia7 . Lo que an no est claro es cmo redefinen estos nuevos sectores en trminos de intereses especfi-

cos la conformacin de las clases sociales en el campo. Sin duda hay nuevos intereses, de un sector de propietarios y otro de asala-riados-socios estables, sectores ambos que an-tes no existan y que ahora resultan en con-tradiccin con los campesinos sin tierras, uti-lizados parcialmente por aqullos como traba-jadores eventuales. De la misma manera, la curiosa forma de adjudicacin va SAIS ha producido un conflicto de intereses entre co-muneros y obreros estables bajo relaciones parcialmente feudatarias. Es prematuro res-

enponder cules son los efectos de esta recom-posicin para la organizacin campesina. S-lo parcialmente hemos podido apuntar de qu manera los beneficiarios parecen tender a es-tar representados en la CNA, mientras los no-beneficiarios pareceran ser la base significa-tiva de la CCP.

Pero, a ms de una limitacin en la informacin y el anlisis disponible, lo que en la realidad no tiene un cuadro terminado, por cuanto el proceso de depuracin de clases no ha concluido con la reforma agraria como proceso administrativo, es la nueva significa-cin del campesinado en tanto base poltica y sus probables relaciones con las otras clases sociales. Lo que s puede decirse es que tales alianzas, al concluirse la experiencia reformis-ta de Velasco, no se haban producido. De una parte, debido a las contradicciones de la CNA, entre las demandas de las bases y los lmites que le impuso el gobierno. De otro la-do, debido a la incapacidad de la ccp para articular un movimiento nacional que se liga-ra con el proletariado. En suma, luego de la reforma agraria, probablemente en el campo las diferencias de clases son menos dramti-cas pero mucho ms diversificadas y comple-jas que antes. Lo que no se ha producido an es la catalizacin poltica de los nuevos com-ponentes.

En segundo lugar, respecto a las dos vas de centralizacin, las diferencias resultan bastante claras. La Confederacin Campesina del Per impuls una movilizacin campesina al margen del modelo oficial de la reforma agraria, aunque con frecuencia aceler y radi-

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calizo su aplicacin, entendiendo que tal mo-delo no corresponda a los intereses campesi-nos; su participacin en la lucha por la tierra buscaba objetivos de organizacin y concien-cia campesina, pero no lleg a plantear alter-nativas para los beneficiarios y fracas en An-dahuaylas, en el ms importante intento de movilizacin al margen de los lmites oficia-les. Si bien formalmente aprob en julio de 1975 realizar una poltica de frente con las ba-ses de la CNA en funcin de plataformas co-munes de lucha, rechazando a la dirigencia na-cional correspondiente, esto fue implementa-do slo aisladamente. En resumen, aun cuan-do en la CCP se dieron las movilizaciones ms importantes del campesinado, el resultado eva-luable al terminar las acciones de la reforma agraria en 1976 no muestra claramente una estrategia de desarrollo de la organizacin cam-pesina,

Alternativamente, la movilizacin den-tro de las organizaciones que encabezaba la CNA en determinados momentos rebas el marco del proyecto oficial pero, en definitiva, concurri a su implementacin. Esto le signi-fic la prdida de algunas bases en favor de la CCP. En medio de sus contradicciones y su apoyo en la tendencia ms radical del refor-mismo militar, la cuestin actual es saber has-ta qu punto puede operarse en la CNA un proceso de conversin al haber terminado el reformismo militar a nivel del gobierno. El nuevo rgimen militar no tiene una poltica de conduccin de masas y, sin duda, deja libre a la CNA como una organizacin interesante, tanto para los actores reformistas que inten-tan heredar a Velasco, como para los grupos de izquierda que vean la importancia de nu-clear a estas bases, a las cuales bruscamen-te se les han debilitado los parmetros oficia-les. Una cuestin importante a observar es si, dado el cambio, las bases de la CNA podrn abrirse paso ms libremente para controlar la cabeza de la organizacin.

El mismo contexto actual hace pre-guntarse si, terminado el reformismo guber-namental que encuadraba a la CNA, no es factible una convergencia de ambas organiza-

ciones. Esto nos vuelve al nivel del anlisis especfico de los intereses campesinos diver-sificados y, en cierta medida, vueltos contra-dictorios a travs del proceso de reforma agra-ria. Un detallamiento que pinte mejor ese ni-vel podra ayudar a ver ms claramente las posibilidades de unificacin del campesinado que, a no dudarlo, no sern nada simples.

Marzo de 1977. Post-Scriptum.

Aunque el artculo tena como obje-to el anlisis a la Confederacin Nacional Agraria slo bajo el perodo de Velasco, al-gunas de las observaciones finales, escritas un ao antes de la publicacin, requieren ser complementadas con los elementos de juicio ofrecidos por el comportamiento de este or-ganismo durante esta ltima etapa.

La CNA, descabezado el proyecto po-ltico que le dio origen, se ha desplazado en busca de una nueva ubicacin; internamente, esto ha implicado el desplazamiento de la di-rigencia que fue obsecuente con el gobierno anterior y el consiguiente robustecimiento de posiciones ms radicales; a su vez, el marco social global dentro del cual se ha producido la evolucin de la CNA ha sido uno de cre-ciente radicalizacin, en buena parte origina-da en los efectos de la crisis econmica, y tam-bin catalizada por la convocatoria de eleccio-nes que ha obligado a todos los actores socia-les a definir su ubicacin en el escenario po-ltico.

En este estado de la cuestin, un acercamiento entre la ccp y la CNA pareca indetenible en diciembre de 1977, al realizar, ambas, reuniones de nivel nacional que mos-traron explcitamente sus coincidencias. Sin embargo, no hay que perder de vista la sobre-politizacin de ambas entidades, que rebasa largamente su carcter gremial. Esto implica que, en definitiva, la posicin de la CNA dir relacin con su ubicacin poltica-partidaria, lo cual al mismo tiempo debe ser visto en estre-cha vinculacin con los intereses concretos de la base social por ella representada. No slo esto ltimo est pendiente de anlisis; tambin el cuadro poltico peruano est an demasa-

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do confuso para que la ubicacin de la CNA sea establemente definida en un plazo inme-diato, a pesar de lo urgida que se halla su dirigencia para adoptar una posicin con moti-vo de las elecciones nacionales del 4 de junio.

Dependiente, en un extremo, de sus bases a las cuales no puede inscribir en cualquier posicin, so pena de desintegrarse y, en el otro, de la progresiva definicin de las expresiones polticas de las clases en el pas luego del fuerte remezn dado por el

velasquismo, la CNA deber optar en el fu-turo prximo entre convertirse en expresin y agente del reformismo radical al cual es-t hoy ligada, representado bien por el Parti-do Socialista Revolucionario o incorporarse a la izquierda revolucionaria como lo est la CCP, al vaivn de las pugnas partidarias de Vanguardia Revolucionaria, carente an de una alternativa global y una estrategia po-ltica clara.

Marzo de 1978.

NOTAS

1/ j-a informacin ha sido recogida del anlisis de un material documental que ser utilizado a lo largo de este trabajo, constituido por un con-junto de declaraciones, folletos e irregulares pu-blicaciones mimeografiadas que el autor trabaj para una investigacin patrocinada por el Instituto de Estudios Peruanos. 2/ El desarrollo de este razonamiento requerira explicar por qu tal estructura no culmin en la ereccin de un partido poltico, tema que supera largamente el marco de este artculo. Sin embar-go, pueden apuntarse como factores relevantes el carcter militar del rgimen y su legitimidad slo parcial dentro de las fuerzas armadas, lo que hu-biese sido conflictualmente agravado al introducir-a un eje poltico de decisin integrador de civi-les y algunos militares. La teora del no-partido, elaborada por los idelogos del rgimen, constituy un sostenido esfuerzo por justificar este lmite. Pese a ello, al mostrarse en febrero de 1975 la dramtica falta de respaldo poltico al proyecto gubernamental, se dieron los primeros pasos para

crear una estructura semi-partidaria: la Organiza-cin Poltica de la Revolucin Peruana, que ter-min junto con la presidencia de Velasco. 3/ "La insurgencia del poder campesino en las luchas por la tierra en el agro piurano" en II Con-vencin Departamental Campesina de Cajamarca, 16, 17 y 18 de febrero de 1973, mimeo., p. 7. 4/ Cf. QUINTANILLA, Lino, Testimonio de Anda-huaylas, CICIP, Lima, 1974, mimeo. 5/ Congreso de Instalacin de la Confederacin Nacional Agraria, Lima, 27 de setiembre al 3 de octubre de 1974, Documento Final, mimeo. 6/ 7 Das, N? 877, 2 de mayo de 1975. 7/ Estas cifras estn tomadas de los clculos he-chos por Caballero (1976). Hay que tener en cuenta que l ha trabajado estandarizando hec-treas, para salvar las diferencias segn tipos de tierras, y contabilizando el total de tierra bajo manejo individual y no slo la forma legal de adjudicacin por familia, que es bastante ms re-ducida.

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REFERENCIAS

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tructura agraria" en Estado y poltica agraria, DESCO, Lima. GUERRA-GARCIA, Francisco (1975), El peruano, un proceso abierto, Libros de Contratiempo, Lima. MERCADO JARRIN, Edgardo (1974), Seguridad, poltica, estrategia, Lima. SANCHEZ, Rodrigo (1975), "Las tomas de tierras en Andahuaylas" en Churmicharn, Universidad Nacional del Centro, Huancayo. VALDERRAMA, Mariano (1976), 7 aos de reforma agraria peruana, 1969-1976, Pontificia Universidad Catlica, Lima.