NUMERO 4 AÑO 2 AGO-NOV 2012

Número 4 – Año 2 AGO-NOV 2012

Revisión de textos:Equipo técnico Nacional del MOVICE

Fotografías:Con los pies por la tierra, Julián Carreño, Área de Comunicaciones de Antioquia, Capítulo Caldas.

Portada:CHELODESIGNLAB

Concepto Gráfico:CHELODESIGNLABchelou212@gmail.com

Editorial ....……………………..................................................……………………...3

Comisión de esclarecimiento: Necesario ejercicio de memoria sobre la Comuna 13 de Medellin .......................................................................5

“Los de arriba hablan de paz. ¡Tiemblen los de abajo”.......................................................................................10

Comunidades negras en resistencia contra el olvido y el desarraigo: Arenal (sur de Bolívar) ............……………………..12

¿Para que perdonar?....Revictimización en Barrancabermeja …...............................................…...17

Los problemas de la Ley de víctimas y restitución de Tierras ........................................................................................19

Violencia de género en Manizale ...................................……………………...23

Comunidades sin retornar y consolidación militar del territorio: Vereda de Peñas Coloradas (Cartagena del Chairá, Caquetá) .................................……………………...25

Imposible no incluir en el presente número de la Revista en Movida el actual proceso de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc y las implicaciones de éste en cuanto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Por su relevancia, transcribimos literalmente en este número la declara-ción política del Movice en la que enunciamos la importancia de la participación de las víctimas en el marco de cualquier inicia-tiva que pretenda una paz estable y duradera.Declaración Movice: un proceso de paz con participación de las víctimas Durante los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de 2012, nos encontra-mos delegados y delegadas del Movimiento Nacional de Vícti-mas de Crímenes de Estado, Movice, de todo el territorio colom-biano, en resistencia al olvido e impunidad, hermanados en el sueño de una Colombia en paz con justicia social y convocados en la memoria de nuestras víctimas; manifestamos a la opinión pública nacional e internacional que:1. Respaldamos las iniciativas exploratorias tendientes a la “aper-tura de diálogos y una agenda para iniciar un nuevo proceso de paz en Colombia” entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobi-erno nacional, así como el comienzo de la búsqueda de una salida política al conflicto político, social y armado. 2. Saludamos la voluntad expresada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), respecto a la apertura de un proceso de diálogo tendiente a dar comienzos a las conversaciones con el gobierno nacional para dar fin a la actual confrontación armada que vive el país. Invitamos a la conformación de una mesa única de conv-ersaciones, en la perspectiva de un solo proceso de paz.

3. En los últimos 50 años de violencia estructural, el movimiento de víctimas, social y de derechos humanos ha documentado más de 100.000 ejecuciones extrajudiciales, 10.000 torturas y cerca de 6 millones de personas desplazadas. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía existen 62.000 desaparecidos. La responsabilidad de estos crímenes es adjudicada en un alto porcentaje a miembros de la fuerza pública y/o a la política de guerra sucia adelantada por el establecimiento. Por esta razón, reiteramos que cualquier iniciativa que pretenda la paz estable y duradera, debe contar con la participación plena de las víctimas de crímenes de Estado.4. Los escasos avances en investigación de los crímenes cometi-dos por agentes estatales, han permitido que solo en un 2% de los casos, fueran sancionados judicialmente. El MOVICE lamenta que dentro de la agenda de paz no esté contemplado el tema de justicia y que por el contrario se sigan tramitando marcos lega-les de impunidad como la ampliación del fuero penal militar, que conlleva a la no sanción de Crímenes de Guerra; y la promul-gación de un marco jurídico para la paz, que establece la no persecución de los crímenes realizados por los agentes estatales. Exigimos que el castigo a los responsables sea contemplado al igual que el de memoria histórica y dignificación de las víctimas; y que se suspenda con la implementación de mecanismos lega-les de impunidad que favorecen la continuidad de los crímenes de Estado.5. Hacemos un llamado al “cese bilateral de hostilidades", que implica la suspensión del enfrentamiento militar entre las partes.6. Preocupa el incremento de las agresiones contra las víctimas y los movimientos sociales. El deber constitucional del Estado de brindar protección y garantías a las víctimas, tanto materiales

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como políticas, se han visto vulneradas por la poca eficacia de la Unidad Nacional de Protección, que se concretan en: 1) desmonte de las medidas de protección a líderes, dirigentes y activistas sociales, populares y de derechos humanos; 2) nombra-miento a más de 600 funcionarios provenientes del extinto y cuestionado, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); y 3) el escaso avance de las investigaciones por parte de la Fiscalía y demás organismos, para determinar los responsables de la persecución al movimiento social.7. El proceso de restitución de tierras, enfrenta múltiples dificul-tades de orden político, técnico, normativo e institucional, que de no ser superadas, no sólo impedirán la devolución de más de seis millones de hectáreas despojadas de manera legal e ilegal, sino que profundizará la violencia y re victimización de quienes solicitan al Estado la garantía y respeto de sus derechos. Entre los principales obstáculos destacamos: 1) La persistencia del con-flicto político, social y armado y la consolidación militar del terri-torio; 2) el modelo económico extractivo y de gran escala; 3) el acaparamiento y despojo legal de tierras; 4) la continuidad del modelo paramilitar en la mayoría del territorio nacional; 5) el ases-inato impune de más de 70 reclamantes de tierras; y 6) las limita-ciones legales y burocráticas que obstaculizan la ! participación efectiva de las víctimas en la Ley 1448.Consideramos que el modelo de restitución de tierras en Colom-bia no atiende transformaciones estructurales de los problemas rurales y tiende a ser un mecanismo para legalizar el despojo y abandono forzado de los territorios. La restitución debe garantizar la reparación integral a las víctimas, como también, el uso, usufructo y disfrute de los bienes restituidos, el desarrollo de los

planes y proyectos de vida de las comunidades, el ejercicio de la defensa de la tierra y el territorio, la identificación de los verdade-ros beneficiarios del despojo y garantías de no repetición.8. Es indispensable que se incluya en los diálogos de paz el tema de la libertad para los y las presos(as) políticas, teniendo en cuenta las agendas que ellos y ellas han discutido y elaborado. De igual forma, exigimos que cese! n los montajes judiciales y la injusta judicialización de la protesta social.9. El MOVICE llama a movilizarse, articular y converger en un solo movimiento social a favor de la paz y la solución negociada al actual conflicto político, social y armado. Invitamos al conjunto de la sociedad colombiana y de manera especial a los hombres y mujeres que integran las diversas iniciativas del movimiento social por la paz, como son: El Congreso de Paz, Las Constituyen-tes por la Paz, Colombianos y Colombianos por la Paz, entre otros; a trabajar por una activa participación y movilización a favor de los derechos de las víctimas. Proponemos la conformación de una mesa común social por la paz, en el que todos los sectores presenten sus agendas a favor de la solución política para que sean discutidas en la mesa de negociación.Bogotá, D.C, 9 de septiembre de 2012.

Comité de Impulso Ampliado MOVICE.Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad, somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

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Necesario ejercicio de memoria sobre la Comuna 13 de MedellínComisIOn de esclarecimiento:

Área de ComunicacionesCorporación Jurídica Libertad

A lo largo de los últimos diez años, miles han intentado borrar de la memoria las crudas imágenes que colmaron la prensa y la tele-visión durante el año 2002, aquellas que retrataron la pacificación a fuego que se implementó en la Comuna 13 de Medellín mediante las operaciones militares Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión –por mencionar sólo algunas–, que fueron justificadas oficialmente señalando que se trataba de exterminar a las orga-nizaciones insurgentes y milicias que opera-ban en la zona.

Pero miles más no han tenido esta opción. Se han visto obligados a afilar la memoria para, al cerrar los ojos, volver a ver a los seres amados que fueron asesinados y desapare-cidos; para no olvidar que las promesas de paz, prosperidad y bienestar social no han sido más que eufemismos de épocas electo-rales y que, desde entonces, han sido someti-dos a un sinnúmero de violaciones a sus Derechos Humanos y sus libertades constan-temente mancilladas: allanamientos

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ilegales,capturas masivas,tratos crueles, ases-inatos de civiles, constantes enfrentamientos armados, desplazamientos masivos, recluta-miento forzado de niños y jóvenes, ejecucio-nes extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, han sido realidades latentes y manifi-estas para los habitantes de la Comuna 13.Tras los operativos militares, la zona no sólo resultó altamente militarizada por la Fuerza Pública, sino que el Bloque Paramilitar Caci-

que Nutibara tomó pleno control de lo que en ella sucedía, como lo denunciaron en varias oportunidades algunos pobladores de estos barrios, sin que sus quejas tuvieran trascendencia alguna puesto que la Comuna 13 de Medellín se exponía como modelo de pacificación en el país y como uno de los grandes logros de la Política de Seguridad Democrática del hoy ex presi-dente Álvaro Uribe Vélez.

También han hecho presencia en los barrios de la Comuna estructuras para-militares del Bloque Metro y de las Auto-defensas Campesinas del Magdalena Medio, ejerciendo dominio absoluto mediante la proliferación del terror.

Sobre estos hechos se han impuesto el silencio y la impunidad. La gran may-oría de ellos no han sido investigados eficientemente por los operadores de justicia, impidiendo que se establezcan responsabilidades, no obstante la existencia de indicios que comprom-eterían la responsabilidad penal y disci-plinaria de altos mandos de la Fuerza Pública que actuaron en connivencia con grupos paramilitares.

Pese a las circunstancias, las orga-nizaciones víctimas y de Derechos Humanos de la ciudad han venido denunciando la comisión de crímenes en la Comuna 13, especialmente entre octubre de 2002 y diciembre de 2003. Asimismo, han denunciado perman-entemente la existencia de fosas comunes en La Escombrera, San Cristóbal, San Antonio de Prado y la Comuna 8, donde el Bloque Cacique Nutibara tenía fuerte presencia. Este año, cuando se cumplen diez años de terror, control social, paramilitarización, militarización y violación de los derechos humanos, las víctimas han

También han hecho presencia en los barrios de la Comuna estructuras para-militares del Bloque Metro y de las Auto-defensas Campesinas del Magdalena

También han hecho presencia en los

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decidido mantener viva la memoria y exigir el esclarecimiento de los hechos y avances en justicia.

Decirle a la sociedad, al gobierno nacional y local, a la comunidad inter-nacional, que los derechos de las vícti-mas no han sido una realidad en la Comuna Trece. Que mientras se prom-ueve la Ley de víctimas y se habla de la hora de las víctimas, la verdad es que no se ha hecho nada por buscar a los seres queridos desaparecidos, por garantizar el retorno de las familias desplazadas, por avanzar medidas de no repetición.

Por lo anterior se ha definido la real-ización de una Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre graves viola-ciones a los Derechos Humanos ocurri-dos en la Comuna Trece de Medellín, entre los años 2002 y 2003, que pretende ser un ejercicio de memoria y esclarecimiento histórico de los hechos, donde participarán cuatro comisiona-dos latinoamericanos y dos nacionales, reconocidos por su trabajo a favor de los Derechos Humanos y los derechos de las víctimas, quienes examinarán los casos y se pronunciarán con respecto a los objetivos de la Comisión, teniendo como una de sus fuentes principales la voz de las víctimas. El objetivo es que puedan determinar la responsabilidad

del Estado en los crímenes cometidos, señalar si estas agresiones constituyen crímenes de lesa humanidad y establ-ecer la ilegitimidad e ilegalidad de los operativos que se legitimaron medi-ante mentiras que estigmatizaron a la población lo que permitió las agresio-nes posteriores. Finalmente busca evidenciar como las acciones que se presentaron como el inicio de la política de seguridad democrática sirvieron para garantizar la entrada y control de la Comuna por parte del bloque paramilitar Cacique Nutivara al mando de Diego Fernando Murillo Beja-rano, alias don Berna, hoy extraditado a los Estados Unidos. La Comisión tiene un carácter independiente, no vincu-lante desde el punto de vista legal, sin funciones judiciales, que actuaría desde los principios humanísticos y éticos que inspiran la conciencia democrática de la humanidad.

La Comisión Internacional de Esclareci-miento se justifica entonces porque:

La verdad se ha ocultado, tergiversado o manipulado.Las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario siguen en la impunidad.La administración de justicia no ha operado, ni ha estado comprometida con el esclarecimiento de los hechos.

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La Comuna Trece sigue siendo esce-nario de militarización, violación de los derechos humanos y control paramili-tar, El Estado colombiano, como respon-sable de los hechos no es garantía de independencia e imparcialidad.

Esta Comisión Internacional de Esclare-cimiento sesionará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Medellín, donde esperamos que todas las víctimas, sus organizaciones, defen-sores de derechos humanos, medios de comunicaciones y la sociedad en gen-eral se sumen y respaldes esta iniciativa y así poder avanzar en el recono-cimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de Comuna Trece que han sufrido el horror de los crímenes de Estado.

La Comuna Trece sigue siendo escenario de militarización, violación de los derechos humanos y control paramiliderechos humanos y control paramiliderechos humanos y control paramilitar, tar, tar,

La Comuna Trece sigue siendo esce

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Foto: Archivo Movice9

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Comisión de esclarecimiento: Necesario ejercicio de memoria sobre la Comuna 13 de Medellin .......................................................................5

“Los de arriba hablan de paz. ¡Tiemblen los de abajo”.......................................................................................10

Comunidades negras en resistencia contra el olvido y el desarraigo: Arenal (sur de Bolívar) ............……………………..12

¿Para que perdonar?....Revictimización en Barrancabermeja …...............................................…...17

Los problemas de la Ley de víctimas y restitución de Tierras ........................................................................................19

Violencia de género en Manizale ...................................……………………...23

Comunidades sin retornar y consolidación militar del territorio: Vereda de Peñas Coloradas (Cartagena del Chairá, Caquetá) .................................……………………...25

“Los de arriba hablan de paz. ¡Tiemblen los de abajo!” se lee, bajo una colorida ilustración, en un muro de ciudad. Expresión de milenaria sabiduría popular alimentada en vivencias y experiencias que amasadas con memoria permiten hoy vislumbrar otra afirmación: “Los de abajo hablan de paz. ¡Tiemblen los de arriba!”. En efecto, trampa sempiterna ha sido, en la historia del pueblo colombiano, la paz entendida como el silen-ciamiento de los fusiles y el ingreso al aparato estatal, para una pequeña porción de jefes pacificados. Sin que cesaran nunca despojo y muerte contra los de abajo, sin que se produjeran cambios reales dirigidos a evitar las escandalosos diferencias en los niveles de vida entre los diferentes los sectores: traba-jadores, campesinos, indígenas y las cada vez mayores ganancias de unos cuantos ultra-ricos colombianos que aliados al capital internacional, disfrutan la inclusión de Colom-bia en la lista de los países abiertos a la inver-sión extranjera que mayores ganancias está garantizando al ritmo en que crecen miseria y desempleo, alimentados a punta de violen-cia y consumismo televisivo.

Verdad, Justicia, Reparación han sido los ejes de lucha del movimiento. Deberían ser los de todas y todos los que pertenecemos al sector popular. Porque sin hablar de ellos no es posible hablar de paz.

Porque cuando la que vale y cuenta es la verdad de los criminales no es posible hablar de paz. Porque cuando se pretende reducir la justicia al espectáculo mediático que enseña que ser criminal paga, que la justicia se negocia, que la impunidad reina, no se puede hablar de justicia y no se puede hablar de paz.

Porque mientras quienes financiaron y pusi-eron en marcha la maquinaria de muerte y destrucción disfrutan hoy las ganancias de los frutos del despojo, los despojados del campo y la ciudad, de la tierra y el empleo, siguen muriendo hoy lejos de tierras que en vez de alimentos producen aceite para el biodiesel, o que surcadas por moderna maquinaria producen ya petróleo, oro, carbón o cualquier otro mineral, o se man-tienen improductivas a las espera de las

represas, carreteras y demás obras de infraestructura necesarias para que sigan fluyendo desde aquí hacia el mundo nuestras saqueadas riquezas naturales y desde allá sigan llegando violencia y con-sumismo para paliar desempleo y hambre, mientras esto se defiende no se puede hablar de paz.

Migajas publicitadas presentadas como reparación desconocen que para las vícti-mas de crímenes de Estado, reparar no es indemnizar, es lograr un cambio en la balanza de fuerzas entre el movimiento popular y el proyecto oligárquico trasna-cional.

Cambio que haga posibles los sueños que en amplios territorios de la geografía colombiana venimos construyendo mile-nariamente. Y seguimos construyendo hoy. Sueños de una relación diferente entre humanidad y naturaleza y de relaciones diferentes entre todas y todos. No un simple de cambio de personajes en la cúpula del poder. Ni un simple cambio de leyes.

“LOS DE ARRIBA HABLAN DE PAZ.TIEMBLEN LOS DE ABAJO !” MOVICE

Documento presentado en el marco del Seminario de Congreso para la Paz, Caloto, Cauca

“LOS DE ARRIBA HABLAN DE PAZ.

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Medidas como las impulsadas en estos días por los hermanos indígenas del Norte del Cauca ponen sobre la mesa discusión al interior del movimiento popular preguntas sobre el qué hacer concreto en la construc-ción de la paz.

De una paz que va mucho más allá de ceses al fuego y acuerdos entre partes. Una paz construida a ritmo de movimiento popu-lar, de obrero y de obrera, de campesino y de campesina, de empleadas y empleados, de desempleados y desempleadas.

Una construcción de paz tal exige el ejerci-cio de la memoria para analizar crítica-mente las búsquedas de paz emprendidas en diferentes momentos por diferentes orga-nizaciones y los resultados de las mismas para el avance y fortalecimiento del mov-imiento popular. Igual que estudiamos críticamente el actuar del contrincante a fin de entender su lógica, así también debemos estudiar nuestro pasado para iluminar futuros.

El fortalecimiento de las organizaciones del movimiento popular es condición para lograr avances en la construcción de paz y ese fortalecimiento pasa por un esfuerzo conciente de creación de relaciones de paz al interior de las propias organizaciones. Relaciones basadas en el respeto y el afecto y construidas sobre la base de la claridad en torno a los intereses de cada uno y cada

una y los caminos hacia la satisfacción de los mismos.

Porque la paz que soñamos nos remite a hombres y mujeres nuevos, capaces de rescatar la humanidad que desde siglos atrás se han empeñado en destruir y que terca persiste en cada hombre o mujer capaz de entender que ser colectivo no es dejar de ser sino ser con otros y de asumir que podemos, día a día pulirnos como humanos y humanas más plenos cada vez.

Porque trincheras por tumbar sigue habi-endo también en los estrados judiciales en los que buscamos justicia no solo contra los actores materiales de los crímenes que nos arrebataron a nuestros familiares, compañe-ros y compañeras, desde ahí sentimos que estamos construyendo paz.

Porque nuestras exigencias no son sólo nuestras pues cierto es que cada cadáver descuartizado mostrado en las pantallas televisivas es certero disparo a la humani-dad de quien termina, tal como lo buscan imagen y texto, preguntándose: ¿en qué andaría? justificando así la maquinaria de muerte, seguiremos impulsando nuestras Galerías de la Memoria en calles, parques, colegios porque sabemos que cuando damos a conocer nuestra memoria estamos construyendo paz. Y sentimos que estamos construyendo paz cuando continuamos con nuestras organizaciones en el barrio, la

la vereda, la fábrica, la escuela, la universi-dad, participando en iniciativas que buscan un buen vivir y luchan por tierra, por trabajo, por salud y educación. O, como aquí, junto a ustedes, escuchando y apren-diendo para mejorar el paso.

Medidas como las impulsadas en estos días por los hermanos indígenas del Norte del Cauca ponen sobre la mesa discusión al interior del movimiento popular preguntas

la vereda, la fábrica, la escuela, la universi-dad, participando en iniciativas que buscan un buen vivir y luchan por tierra, por trabajo, por salud y educación. O, como

Medidas como las impulsadas en estos días la vereda, la fábrica, la escuela, la universi

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Desde la Serranía de San Lucas hasta la Vereda Sereno, se encuentra Arenal, un municipio del sur de Bolívar que surgió como un asentamiento de comunidades negras las cuales se cimarronaron y forma-ron un palenque para la liberación de otros esclavos, provenientes de Villa Mompos y Zaragoza, aproximadamente en el año 1600, luego del desplazamiento de mineros y comerciantes españoles, en las épocas en las que se dio un fuerte poblamiento colonial.

Arenal colinda con los municipios de Río Viejo, Morales y Montecristo, ubicados en el sur de Bolívar. En esta región del país se vienen llevando a cabo proyectos mineros y de agrocombustibles de magnas dimen-siones. Es la consecuencia que surge por ser una de las zonas más biodiversas del Caribe colombiano y por el hecho de estar ubicada cerca de uno de los yacimientos mineros más codiciados del país. Como es sabido, en el sur de Bolívar, aproximada-mente el 8 % del territorio está dedicado a la explotación minera (106.000 ha); el 45% del territorio dedicado a la minería lo posee la Anglo Gold Ashanti; mientras que la Fed-eración Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisbol, posee tan sólo el 1% para efectos de agrominería y 30.000 mineros podrían ser despojados. (ver: http://www.conlospiesporlatierra.net/. Car-tografía de Impulsos y Restricciones de Movimiento en el Territorio -Movice-).

Historia similar se cuenta con la palma africana. Los paramilitares consolidaron su proyecto de presencia territorial, para darle paso a empresarios de mala fe y a las grandes empresas palmicultoras que con-vertirían humedales, playones y tierras otrora dedicadas a la producción alimen-taria, en cultivos para la producción de combustible.

“Del 2006 al 2008 en el departamento de Bolívar se duplicó el área sembrada en Palma Aceitera, pasando de 8 mil a 16 Ha, de las cuales 10 mil Ha se encontraban en el sur de Bolívar. El municipio de Rio Viejo, Regidor y el Peñón, sacrificó su producción

alimentaria por la implementación de este monocultivo. Muchos campesinos antes poseedores de su propia producción se vieron abocados a migrar a las cabeceras municipales o a las grandes ciudades”. (ver: http://www.conlospiesporlatierra.net/. Cartografía de Impulsos y Restricciones de Movimiento en el Territorio -Movice-).

Y es justo la resistencia al olvido, a la pérdida de los valores colectivos e identi-tarios, así como al progreso que arrasa, destruye y despoja, por la que en el año 2011, surgió el Consejo Comunitario de Comunidades Negras: “Arrincón a mela Casimira Olave”; como forma de preservar,

Desde la Serranía de San Lucas hasta la Vereda Sereno, se encuentra Arenal, un municipio del sur de Bolívar que surgió como un asentamiento de comunidades

Desde la Serranía de San Lucas hasta la

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fortalecer y darle permanencia a los valores culturales de los negros en esta región. Es preciso decir que entre los asentamientos de comunidades negras, palanqueras y raizales del Con-sejo estuvieron en la constitución del mismo: Buenavista, Carnizala, San Rafael, Los Peñones, Tequendama, Soya, Caño Hondo, Cabecera munici-pal, Sereno, Quebrada Vieja, Santo Domingo, Sabana, Muela, Mina Proyecto y Sabaleta.

Por ello también se realizó los días 3,4 y 5 de agosto, una Asamblea del Con-sejo Comunitario, acompañada por actos culturales conducentes a la recu-peración de la memoria colectiva de esta región del país.

En esta ocasión se reavivaron las costumbres folklóricas y culturales que permanecen desde los primeros cimar-ronajes hasta hoy en las tradiciones de este pueblo: los cantos brincaos, los juegos tradicionales, las décimas, la tambora, tunas y guachernas, así como las comidas típicas (bollo limpio, bocachico, enyucados, etcétera), que conectan los valores y principios colec-tivos con los antepasados del África.

Tanto en el Consejo Comunitario como en las fiestas que se desarrollaron durante estos días, se hizo un homenaje a Arrincón a mela, un canto que evoca

la alegría de las comunidades negras, los valores comunales, el diálogo de voces entre el fraseo y el coro, cargados de humor y vida cotidiana. Este canto está compuesto de un juego de palabras y el coro Arrincón a mela; tal y como si se tratara de un mantra, invita a aplaudir y cantar. Esta es quizás una de las razones por las cuales la comunidad se encaminó a llamar a este nuevo espacio de orga-nización de procesos sociales Consejo Comunitario

de Comunidades Negras “Arrincón a mela, Casimira Olave”, Esta última en homenaje de la Cantaora y bailaora del municipio Casimira Olave.

En dichas fiestas se vio a un pueblo que resiste a desaparecer como cultura y que busca, por medio de la organización colectiva, evitar el desarraigo físico y cultural de sus terri-torios, hoy vistoso por causa de las concesiones mineras otorgadas a multinacionales foráneas. La música como vehículo de expresión social y como forma de fortalecer el tejido social; la alimentación como una manera de transmisión y resistencia cultural a la imposición de valores exógenos, parecen ser el eco que les llega a los pobladores desde sus ancestros negros, como implorán-doles que no claudiquen ni dejen fenecer sus costumbres so pena de desaparecer como pueblo ancestral.

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Los habitantes de esta región han encontrado en la organización de la comunidad una forma de hacer frente a los problemas de garantía de los derechos humanos, las graves falencias en la educación y la planta docente, entre otros.

Por ello la Cooperativa Multiactiva de Arenal –COMUARENAL-, como alterna-tiva, no se ha hechos esperar. Esta Cooperativa, además de buscar la apropiación, el arraigo por la tierra y el fortalecimiento del tejido de vida, ha venido generando un proceso social y comunitario de líderes y lideresas, jóvenes, mujeres, negritudes, campesi-nos, transportadores, pescadores, entre otros, los cuales han permitido el forta-lecimiento de los lazos sociales, materi-alizados en la Zona de Reserva Campe-sina de Morales y Arenal, así como el mismo Concejo Comunitario.

El municipio esta hecho por comuni-dades negras, en razón de las costum-bres socioculturales como la minería artesanal, el cultivo de maíz, la caña de azúcar, entre otros, así como por las cos-tumbres folklóricas (décimas, cantos brincaos, tambora, etcétera). La identi-dad afrocolombiana en esta región del país no está marcada exclusivamente por el color de la piel (pues en esta

región conviven diversidad de expresio-nes regionales como la santandereana y la antioqueña), sino por las raíces históricas.

El Consejo surge como una forma de colectivizar las exigencias de las comunidades para acceder al pleno gozo de los derechos a la vida, la salud, la vivienda, la educación, entre otros, bastantes deficientes en el municipio y bajo el amparo y reconocimiento que da la Ley 70 de 1993. Con este espíritu, se convocó a las organizaciones socia-les, veredales, de corregimiento y cabeza municipal, los días 26 y 27 de abril del 2011, en la que la confor-mación del Consejo y la Asamblea del mismo, reconocido por la Alcaldía Municipal, por medio de la Resolución 339 de 2011, luego de la solicitud que elevó la misma comunidad.

Arenal: la resistencia cimarrona

El palenque de Arenal emergió y se mantuvo, según se cree, entre 1540 y 1840, para que las comunidades negras pudieran protegerse de los vejámenes a los que fueron sometidos los esclavos por parte del régimen colonial; eran negros provenientes de Mina Honda, palenque de Norosí, quienes estaban

dedicados al barequeo, a los cultivos de caña de azúcar, maíz y tabaco y quienes emigraron a la quebrada de Arenal, a orillas del río Magdalena.

El pueblo hizo parte de Morales hasta 1996 cuando se conformó como municipio. La relación con este muni-cipio ha sido de un arraigo histórico bas-tante fuerte, pues fue allí donde se forjó la resistencia de los indios “zinués” a la expedición del Capitán Nieto, amigo de Catalina Ochoa, quién según la historia narrada desde la oficialidad, habría fundado el municipio, al punto que la ciénaga de “Zinoa” lleva este nombre en homenaje a los indígenas originarios de estas tierras.

Como estas comunidades, otros palenques cogieron forma ocupando la provincia de Cartagena; en el siglo XVIII, ya se encontraban en el norte los pobla-dos de Betancur y Mutuberé en la Sierra de Luruaco, en el centro San Miguel y Arenal en las estribaciones de la Sierra La María y al sur, los asentamientos de Cimarrón y Norosí en la Serranía de San Lucas.

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Era un día cualquiera, un fin de semana como muchos en Barrancabermeja, capital de la región del Magdalena medio, y petrol-era de Colombia, alegre, llena de activi-dades preparatorias y con muchas esper-anzas en gestionar recursos para obras sociales, actividades cotidianas que las Juntas de Acción Comunales realizan para buscar recursos económicos y cohesión entre la comunidad. Nunca sus habitantes esperaron que la muerte se asomara, mucho menos que fuera de la mano con la institución, con nuestra Fuerza Pública; ejer-cito, policía, DAS y todo el apoyo estatal del caso.

Las 25 personas desparecidas, las 7 asesina-das ipso facto y las demás víctimas –sus familiares, amigos y la comunidad- nunca esperaron que por los barrios María Euge-nia, el Divino Niño, el Campin y el Camp-estre entrara la muerte vestida de Estado, los humillara, los torturara, pero mucho menos que les pusiera fin a sus vidas, peor aún en las formas en que algunos la perdi-

eron. Lo único que tienen claro los famili-ares y amigos es que los paramilitares tuvieron ayuda estatal para entrar a la urbe, y sus familiares; las víctimas, no eran guerril-leros. Hoy 14 años después solo hay impuni-dad que puede generar olvido, o mejor, que busca desde la institucionalidad un olvido tanto en las familias, como en la comunidad, algo así como si esto no hubiera pasado nunca, “ya llegó el desar-rollo y un desarrollo con esto, no es bueno, habrá que echar en saco todas estas penas y culpas, y con mucha fuerza lanzarlas al rio”, que corran la misma suerte que corri-eron muchas personas que en su momento no estuvieron de acuerdo con ciertas acti-tudes, como hoy. ELTIEMPO.COM en su edición virtual del 16 de mayo de 2012 nos habla sobre un “trámite para un eventual acto de reconciliación, solicitado por el mismo 'Panadero' , tras expresar en los últimos meses ante la Fiscalía, su deseo de pedir perdón a las víctimas del actuar crimi-nal.” Claro, un perdón sería lo mejor un perdón desde las familias, para hacer

catarsis, pero cuando la injusticia, perdón, la justicia colombiana proceda respetando la dignidad de las víctimas y sin olvido, y cuando se tenga claro que la ley 975 de 2005 ley para los victimarios no es más que un remedo de aplicación de justicia que es el perdón y el olvido impuesto por el Estado.

Las familias de las víctimas lo señalan de "inoportuno", pues sin hallar a sus familiares y sin condenas ejemplares y acordes a los hechos, actos como estos son imposibles, ejemplo de ello, es que a la fecha ningún miembro de la fuerza pública salpicado ha sido investigado. Con actos como estos, hoy se quiere seguir refundando al país, cometiendo crímenes orquestados por dirigentes de élite y políticos de este país que hacen parte de grupos de poder, lo

Brayan A. Cárdenas Posada Hijos e Hijas Por la Memoria y contra la Impunidad

Capítulo Barrancabermeja

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foto: colectivo dexpierte

que conlleva a politizar las exigencias de verdad, justicia, reparación y demostrables garantías de no repetición, pero además de construir una sociedad del tamaño de nuestros sueños, humana e incluyente.La muerte no puede volver ha pasearse por nuestra tierras, pero tampoco la impunidad y ni que decir del olvido, nos quieren borrar la memoria con disfraces de desarrollo, Barranca ha cambiado, dicen, si, hay más desigualdad.

En la edición virtual ya mencionada de EL TIEMPO.COM, se manifiesta que los paramili-tares en sus muchas versiones libres, coinci-den en que tal crimen se pudo desarrollar según lo acordado, gracias a la omisión, pero además por la acción de la Fuerza Pública de ese entonces. En que se diferen-cian los paramilitares de nuestras institucio-nes de seguridad, ya tenemos claro porqué

el ejercito intenta limpiar esa imagen enlo-dada con la sangre de miles de ciudada-nos, líderes de izquierda, defensores de DD.HH. etc., todos ellos inocentes, pero que por mostrar resultados la tierra arrasada es la política ideal de aplicar contra el pueblo inerme e indefenso.

Ya han sido identificados 5 restos, no cuer-pos, de los 25 desaparecidos, faltan 20, según la Unidad Nacional para la Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación ya se inicio el proceso de identificación de cuatro osamentas que, según los primeros reportes, podrían corresponder a la de algunas de las 20 personas que continúan desaparecidas y el punto en donde se exhumaron fue en zona rural del Bajo Rione-gro, Santander.

Aunque la memoria histórica es cambiante, sujeta a los intereses y mentalidades de quienes la escriban, lo que buscamos es nuestra verdad, la de los que estamos aquí, la que nos interesa como familias, como hijos e hijas, como amigos/as y sociedad, no otra y una justicia que al sancionar crímenes del pasado, como es su papel, piense que con su justo actuar, sentara precedentes y dará garantía para que NUNCA MÁS se repitan estos hechos atroces, o por el con-trario, sea cómplice y abra la puerta judicial para que se siga enlutando las familias de más atrocidades.

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Aunque esta ley se presenta como respetuosa y adecuada a principios internacionales de atención a las víctimas, su imple-mentación y muchos de sus apartados esconden acciones que lesionan los derechos de las víctimas, sus familias y organizacio-nes.

La Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, entró en vigen-cia el 1 de enero de 2012, en medio de una fuerte campaña jurídica, política y de opinión pública en contra de las víctimas y sus defensores; y en medio de persistentes amenazas y agresio-nes en contra de los(as) líderes(zas) reclamantes de tierras.

Aunque esta ley se presenta como respetuosa y adecuada a principios internacionales de atención a las víctimas, su imple-mentación y muchos de sus apartados esconden acciones que lesionan los derechos de las víctimas, sus familias y organizacio-nes.

Escasos y precarios espacios para la participación de las víctimas:

La ley y sus decretos reglamentarios no fueron consultados de forma adecuada con las víctimas, y los aportes realizados en los

procesos de participación no fueron tenidos en cuenta. El proceso de reglamentación, que determina la manera como la ley se implementará, ha negado de forma absoluta la par-ticipación de las víctimas.

Hasta hace poco el Gobierno aprobó la propuesta de una mesa transitoria para la participación, pero en estos espacios la participación de las víctimas es más formal que real, pues no existen proceso pedagógicos ni espacios suficientes para socializar y recoger posturas de las diversas organizaciones de víctimas. Se ha podido establecer que muchas de las víctimas que participan en estos espacios son designadas de forma arbitraria por alcaldes y gobernadores y ha habido infiltracio-nes de personas que tienen nexos con los victimarios.

En la práctica se han expedido ocho decretos reglamentarios, redactados únicamente por el presidente Santos y sus ministros sin la participación de las víctimas. Estos decretos reglamen-tan los proceso de restitución de tierras, la implementación de las medidas para la memoria histórica, las medidas diferencia-les para indígenas, afros y pueblo Rom y las medidas de protección para las víctimas ; todos temas muy importantes, que se han reglamentado sin siquiera preguntarle a las vícti-mas cuáles son sus problemas y cómo creen que deben resolv-erse.

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¿Qué proponemos?

Para enfrentar la no participación, el Movice propone asistir como veedor a nivel nacional y en sus capítulos regionales, a los pocos y precarios espacios que se proponen para la partici-pación de las víctimas. Nuestro papel en estos espacios será el de denunciar las arbitrariedades e injusticia de la implement-ación de ley de víctimas. Esperamos que nuestra asistencia a estos espacios sea garantizada por las instituciones encargadas y/o respaldada por la procuraduría, la personería y la ONU.

Sacaremos semestralmente un informe que recoja los problemas presentados cuando las víctimas de crímenes de Estado preten-den acceder a las medidas contempladas en la ley.

La exclusión de las víctimas: La ley de víctimas excluye a las víctimas de crímenes perpetrados antes del 1 de enero de 1985, también deja por fuera a las vícti-mas de desplazamientos forzados masivos e individuales anteri-ores al año 1991, a las víctimas de desplazamiento forzado inter-urbano y a las víctimas de exilio. No reconoce a las víctimas de tortura, violencia sexual, tratos crueles e inhumanos, asesinatos y desaparición forzada cuando las víctimas pertenecen a grupos armados. Desconoce además a las víctimas de las llamadas “BACRIM” por considerar que no se trata de grupos paramilitares.

Las medidas regresivas de la ley:

Esta ley dispone medidas que vulneran derechos ya ganados con la lucha organizada de las víctimas, e impone temas con-trarios al espíritu de reconciliación y responsabilidad con las vícti-mas, entre otros esta ley:

� Asume de manera disgregada los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; quedándose con la reglamen-tación de unas indemnizaciones de forma aislada.� Genera una gran burocracia para el desarrollo de las medidas allí contempladas.� Imponer el principio de sostenibilidad fiscal antes que un prin-cipio de responsabilidad del estado para con las víctimas.� Impone considerables regresiones respecto a los avances que se habían logrado para las personas en estado de desplaza-miento.� Penaliza a las personas que acudan a medidas de reivindi-cación de derechos para enfrentar el despojo, como son las recuperaciones de tierras, pues establece que estas personas perderán el derecho a la restitución de sus tierras.� No reconoce la responsabilidad del Estado en los crímenes.� Plantea el contrato de transacción para evitar que las víctimas continúen sus procesos judiciales de reparación por la vía ordi-naria y la vía internacional.� Otorga beneficios penales (principio de oportunidad) a los criminales despojadores.� Fomenta un modelo económico de uso de la tierra que atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades, pues ordena que las tierras en las que se desarrollan mega-proyectos o agroindustria no pueden ser restituidos.

¿Qué proponemos?

Para enfrentar estas exclusiones, el Movice, en asocio con otras plataformas y organizaciones, ha venido implementando una estrategia jurídica que consiste en demandar por inconstitucionales aquellas normas que violan el principio de igualdad. Y aunque la mayoría de las solicitudes han sido negadas por la Corte Constitu-cional, los textos de las demandas y las respuestas de las cortes serán enviados a cada capítulo regional para su conocimiento, respaldo y promoción.

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También se propone articular al Movice a todas las víctimas que no son admitidas en esta ley para que por medio de las estrate-gias de lucha contra la impunidad del Movice se conviertan en un grupo de presión frente a las falencias de la ley.

Para enfrentar estas cláusulas, el Movice implementará acciones judiciales acompañadas de acciones políticas que visibilicen las necesidades reales de las víctimas y las consecuencias de la apli-cación de la ley.

Se prepararán informes periódicos para visibilizar casos tipos en los que las víctimas resultan lesionadas con la implementación de la ley.

La precaria reparación que propone la ley

La ley de víctimas sólo propone una precaria indemnización como medidas de reparación y deja por fuera elementos cen-trales de la reparación integral:

� No incluye la reparación patrimonial.� No habla sobre el tema de inventario de daños.� Impone límites a la tutela en los casos que se exija el derecho a la reparación integral y limita también la reparación en el caso que el Estado repare subsidiariamente.� Incluye como reparación las medidas asistencialistas o del orden del deber del Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.� Descuenta las ayudas ya otorgadas, constituyéndolas en reparaciones administrativas.� Excluye las reparaciones a nivel colectivo y los impactos políticos, económicos y culturales que tuvieron los crímenes en la sociedad.

¿Qué proponemos?

El Movice realizará inventarios de daños para establecer con las comunidades y organizaciones afectadas en qué consiste la reparación política y colectiva; y se realizarán procesos de formación para que las víctimas comprendan y asuman la exigen-cia de la reparación política, cultural, social y económica.

Una ley sin garantías de seguridad:

El gobierno nacional no ha podido o no ha querido acabar con los grupos paramilitares a lo largo y ancho del territorio nacional, las víctimas, los sindicalistas, los indígenas y los campesinos con-tinúan siendo atacados de forma violenta.

¿Qué proponemos?

Se adelantarán acciones de incidencia política para conminar al Estado al desmonte de los grupos paramilitares la depuración de las fuerzas militares, de policía y de inteligencia.

Se mantendrá una documentación contante de los casos para contar con información consolidada que permita presionar a las entidades públicas en la consolidación de medidas reales de protección y sobre todo de NO REPETICIÓN.

Otros problemas de la implementación de la Ley de víctimas:

� No funcionan mecanismos de monitoreo y control.� Presupuesto insuficiente.� Formulario único complejo y usado para empadronar.� No hay claridad en la implementación, cómo va a ser la articu-lación entre todas las instituciones del Estado.� No se presume la buena fe para las víctimas.

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� Aún no se han implementado las medidas tecnológicas para tomar las denuncias “on line”, ni siquiera en la capital, lo que permite inferir que la posibilidad que estas medidas se tomen en muchos municipios se reduce aún más.� Hasta la fecha no se tiene conocimiento sobre la document-ación y en que va la construcción de la base de datos de las víctimas ocasionadas por el conflicto armado, igualmente no se conoce si los datos relacionados con la protección a víctimas por parte de la Unidad Nacional de Protección se van a incluir en dicha base. (¿qué pasa con las víctimas de las “Bacrim”?)� El gobierno no ha implementado un plan de acción que permita que haya celeridad y eficacia en el momento de la repa-ración y que diga que tipo de víctimas son las que se van a priori-zar.� Las mesas de trabajo no han mostrado que su integración es a partir del movimiento organizativo de las víctimas. Se le niega la participación al Movice por no tener personería jurídica.

Es Importante que los capítulos regionales denuncien todas las irregularidades en la implementación de la Ley de Víctimas al Equipo Técnico Nacional para el registro y denuncia de los casos.

� Aún no se han implementado las medidas tecnológicas para tomar las denuncias “on line”, ni siquiera en la capital, lo que permite inferir que la posibilidad que estas medidas se tomen en muchos municipios se reduce aún más.

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Las diversas manifestaciones de violencias de género se han agudizado a tal grado que es necesario analizar el tema y verlo como un problema de salud publica que debe llamar la atención del gobierno central y de toda la sociedad colombiana. Las estadísticas son elocuentes, no nos vamos a detener en ellas, solo resaltar que según encuesta realizada por medios de comuni-cación (caracol, RCN, etc.) el 25 por ciento de las mujeres colom-bianas han sido agredidas por su pareja o por un miembro de su familia.

Estas violencias que se manifiestan de tantas formas: Violaciones, asesinatos, empalamientos, tortura, encarcelamiento, matrimo-nios serviles, sometimientos hasta aquellas expresiones aparente-mente sutiles pero gravemente lesivas a la dignidad de las mujeres “eres tan linda, pero tan brutica”; hacen parte de la degradación de una sociedad que incuba expresiones misógi-nas, homofóbicas, racistas, sexistas y de total desprecio por la vida y la dignidad humanas.

Dónde están las raíces, las causas estructurales de estas violen-cias? Quienes son los patrocinadores? A nuestro modo de ver las cada vez más profundas brechas sociales, los mensajes consumis-tas de los medios de comunicación masivos y capitalistas, las pos-turas intolerantes y dogmáticas de carácter religioso, la degra-dación del conflicto armado que vive Colombia, todas estas causas se mezclan y aparecen estas dolorosas expresiones de violencia que tanto daño hacen a la dignidad de mujeres y hom-bres.

Casi a diario se ve la noticia de mujeres golpeadas, asesinadas y maltratadas por sus esposos, de niñas y niños abusados, abando-nados y asesinados por sus padres o parientes cercanos; de actos de barbarie como lo ocurrido en meses pasados en el Parque Nacional de Bogotá; de la fuerza publica violentando y asesin-ando niñas y niños como lo ocurrido en Arauca; y las cosas siguen igual, la capacidad de asombro como se pierde, la respuesta no

pasa de unas cuantas expresiones de rechazo a través de los medios o de las redes sociales. Que hacer? Esta es la pregunta que requiere respuesta rápida.

Que hacer?. En primer lugar reconocer el problema y exigir al Gobierno Central la adopción de políticas publicas de protección y de prevención. Exigir a los medios de comunicación abandonar la practica de utilización del cuerpo de mujeres y hombres con fines comerciales y de mensajes subliminales que llevan a la com-petencia entre los seres humanos y al desprecio de aquellas y aquellos sin capacidad adquisitiva pero también al mensaje dañino de “tienes que lograrlo, tienes que superarte, lograr la meta, como sea”. Exigir una pronta reglamentación de justicia que prevenga el maltrato y actuar rápidamente en atención a las victimas de estas atrocidades.

Se esta manifestando el feminicidio en Colombia, es necesario tipificar este delito y establecer responsabilidades en la apli-cación de justicia integral. Fundamentalmente divulgar los derechos de las mujeres, exigir su promoción, defensa y respeto. El Movice debe abanderarse de estas exigencias y denuncias.

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Qué son las comunidades sin retornar y la consolidación militar?

Las comunidades sin retornar son aquellas que después de un desplazamiento forzado no han podido regresar a su territorio. Esta situación se da por la inexistencia de garantías de no repetición a las violaciones a los derechos humanos a causa de la continuidad del conflicto armado. “Retornar no es únicamente volver; es una opción que está asociada no solo a programas efectivos de aten-ción y protección y al restablecimiento de los derechos violados con motivo de la salida forzada, sino también a la reparación que el Estado debe a estas víctimas del conflicto. ”

Un desplazamiento forzado afecta a los proyectos de vida individuales y también los colectivos, consecuentemente habla-mos de que la reparación integral también tiene que ser colectiva y orientada al “reestablecimiento de los derechos vulnerados y a la reparación de los daños ocasionados a las comunidades, grupos u organizaciones afectados por hechos de violencia sistemática o selectiva.”

En Colombia, el discurso gubernamental de desarrollo y paz está estrechamente vinculado a un concepto de seguridad que implica la militarización de los territorios, la cual toma forma medi-ante políticas como la Recuperación Social del Territorio o el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Actualmente, con la Ley Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 o “Prosperidad para Todos” se “tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido”. Con la excusa de las políticas de lucha antinarcóticos o de fortalecimiento de la democracia, se ha militarizado el territorio con la presencia de soldados en bases, brigadas y retenes, que se han ido degenerando en infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

De particular preocupación es la permanente violación al prin-cipio de distinción que se debe dar entre población civil y com-batientes, las prácticas comunes de el actor armado estatal tiende a involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto a través de la exigencia de desarrollo de tareas de inteligencia y policivas en programas estatales. Reforzado con el desarrollo de tareas civiles por parte de los militares, como la construcción de carreteras, brigadas de salud, entre otras.

Si tenemos en cuenta el origen del Plan Nacional de Consoli-dación como “una iniciativa pensada para mantener la confi-anza inversionista y avanzar en la política social efectiva, medi-ante la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacio-nal”, vemos que el enfoque principal de la consolidación es la militarización de los territorios para defender los intereses inversioni-stas en regiones sumamente estratégicas. Al incremento de la Fuerza Pública se suma que en 40 de los 54 municipios en los que se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial ha habido un incremento de la presencia paramilitar, tal como con-stata el reciente informe de INDEPAZ.

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La consolidación territorial en el departamento del Caquetá

El departamento del Caquetá es de impor-tancia geoestratégica en Colombia por ser un corredor entre los departamentos del Meta, Huila, Cundinamarca, Guaviare y Putu-mayo; además de representar una cercanía a la frontera con el Brasil.

Desde el 1994 por el Gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano, se impulsó la política de erradicación de cultivos ilícitos mediante la fumigación aérea. Esta situación “des-encadenó las “marchas campesinas” o “marchas cocaleras”, entre el 31 de julio y 15 de septiembre de 1996 en diversos departa-mentos de Colombia y que para el Caquetá representó un éxodo masivo de población hacia Florencia ”

En enero de 1999 se dio inicio a La Zona de Distensión o El Caguán. Los tres años de negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC- EP y el Gobierno Nacional son recor-dados por las comunidades como un momento de relativa calma, auge económico y libre circulación. Sin embargo, este periodo fue aprovechado por la fuerza pública para realizar videos y grabaciones de reuniones y eventos realizados que fueron utilizados una vez finalizada la zona de disten-sión, para desarrollar acciones de perse-cución, amenaza, desplazamiento y ajusti-ciamiento de la gente que aparecía en dichos materiales.

El fin de la zona de distensión enmarcó de forma abrupta en la intensificación de la confrontación armada, golpeando de manera contundente no a la guerrilla sino a los y las habitantes de la zona. El Ejército implementó una estrategia militar para recu-perar el control territorial por parte del Estado en esta zona y su área de influencia (Cartagena del Chairá y Puerto Rico en Caquetá, Calamar y San José del Guaviare en Guaviare y Cubarral, El Castillo, Fuente de Oro y Granada en el Meta). A la vez, los grupos paramilitares que habían logrado ingresar a la región, reforzaron su avanzada en aras de intervenir los corre-dores estratégicos para la guerrilla, lo cual trajo consigo muertes selectivas, masacres y el desplazamiento de gran número de las comunidades.

A partir de 2003 se desarrolla el “Plan Patri-ota” una acción combinada de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación y con importante apoyo, asesoría y monitoreo del gobierno de Estados Unidos; más de 14 mil tropas oficiales actúan en un área geográfica de 241.812 kilómetros cuadrados y frente a una población estimada de 1.709.976 habitantes.

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Como resultado de la implantación del Plan Colombia enmarcado en el plan Patriota, se generaron en 2004 múltiples desplazamien-tos forzados. Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES durante el primer semestre de 2004, los departamentos cubiertos por el Plan Patri-ota aparecen dentro de los 10 más afecta-dos por el desplazamiento forzado, donde el número de personas desplazadas ha aumentado en comparación con el año anterior.

Cartagena del Chairá desde 2010 forma parte de la estrategia nacional de consoli-dación en la zona que abarca gran parte de la antigua zona de distensión

Peñas coloradas, la historia de un despojo

“Dijo un señor del ejército:

Nosotros llegamos mansitos, pero los de las

motosierra si llegan bravos”

Testimonio campesino de Peñas Coloradas

El Ejército Nacional ingresó al caserío de Peñas Coloradas el 25 de abril de 2004 en el marco de operaciones del Plan Patriota y avisando a los pobladores para que salie-ran del pueblo por probables enfrenta-mientos con las FARC-EP, sin embargo las comunidades deciden permanecer y ante esta resistencia de los pobladores,

El Ejército desarrolla toda una serie de acciones intimidatorias que incluyeron el censo de la población, las grabaciones de sus casas y señalamientos directos como auxiliadores del la guerrilla, incluso se dieron casos de torturas contra comerciantes y campesinos; violaciones que fuerzan el desplazamiento de esta comunidad.

“La mayoría de las personas desplazadas han llegado a Florencia (Caquetá), a otras zonas del departamento o a Bogotá, donde, en general, no han recibido una atención adecuada por parte de las autori-dades estatales y donde muchas han reci-bido amenazas contra su vida e integridad personal por parte de los grupos combati-entes. ”

En ese momento, Peñas Coloradas se con-vierte en extensión de la base militar de la Brigada 22. Se ubican trincheras frente a las casas, las cuales son saqueadas y destru-idas. En la actualidad el puesto de mando de la Armada se encuentra en el Centro de Salud y el del Ejército, en la escuela

“Luego de la salida de los habitantes por amenazas de las FARC-EP, se han podido exterminar los cultivos ilícitos y convertir a peñas Coloradas en un punto de paz ”.

Esta es la versión del Ejército, identificando a Peñas Coloradas como centro guerrillero y a los habitantes como auxiliadores de las mismas, pero como bien lo explica uno de los campesinos “luego de la posesión del pueblo por parte del Ejército toco salir, el objetivo era sacarnos del pueblo, pues si el objetivo era la guerrilla no tenían que bus-carla en nuestras casas”.

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[5] Durante el primer semestre de 2004, 5.964 personas fueron forzadamente desplazadas en el Meta, 15.187 personas en el Caquetá, 4.874 personas en el Putumayo, 1.085 personas en el Guaviare y 277 personas en el Vichada.El 25 de abril de 2004 ocurre el desplazamiento masivo en la vereda de Peñas Coloradas (Cartagena del Chairá, Caquetá) de 1.200 habitantes del casco urbano y de la zona rural. “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia” Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 2004.

[6] “Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia” Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 2004

[7] Almirante Edgar Augusto Cely Nuñez, Comandante General de las Fuerzas Militares

Los habitantes de Peñas Coloradas no han podido retornar a sus casas por la falta de voluntad política de Estado, las amenazas y la criminalización de los pobla-dores, además de la presencia militar en el caserío de la Brigada 22, quien hace parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega generada desde los lineamientos del Plan Patriota.

Las expectativas

“Los campesinos necesitamos el campo, el día de llegar de nuevo allá seria una alegría porque nos encontraríamos de nuevo la familia de Peñas Colora-das. Peñas Coloradas es mi casa”.

Poblador de Peñas Coloradas

La comunidad intentó colectivamente no salir de Peñas Coloradas, pero el Ejército no se movió del pueblo con la justificación de que era un núcleo guer-rillero. De esta manera, los campesinos y campesinas salen del territorio con el imaginario de que iba a ser por corto tiempo, pero ocho años después no han podido entrar, ni siquiera a ver cómo están sus tierras y sus animales. Parte de los habitantes de Peñas Colora-das viven en Cartagena del Chairá de forma provi-sional. Bajo el lema de “Peñas Coloradas, siempre serás mi presente”, se pide al Estado que les devuelva las tierras y las propiedades que el mismo Estado les ha quitado y que salga la base militar de su caserío para poder retornar.

Información y video: www.conlaspiesporlatierra.net

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