MASIFICACIÓN Vs. CALIDAD EN LA FORMACIÓN UNVERSTARIA

Eleazar Narváez

� Algunas precisiones necesarias:

1. La masificación no es, per se, una enfermedad. Hay que tener el

cuidado de no considerarla, en todos los casos, como el detonante del

fracaso escolar; aun cuando éste, en el contexto de una masificación de

la enseñanza, sea visto como un fracaso social. Aclaremos este asunto,

pues no necesariamente tenemos que oponer la masificación a la

calidad. La primera puede darse con la segunda; y también, en algunas

situaciones, en ausencia de esta última.

2. Un elemento clave en el debate es la consideración de lo que

representa, o debe representar, la educación de masas en una

perspectiva verdaderamente democrática: Reflexionemos sobre el

sentido de la educación de masas en y para la democracia, en especial

tomando en cuenta los particulares desafíos del mundo de hoy, cuando

se habla de la sociedad del conocimiento.

Pienso que en esa búsqueda de sentido a la educación de masas en

una sociedad democrática, un elemento clave a considerar es el

fundamento último del derecho a la educación para todos que se suele

invocar. ¿Cuál es ese fundamento último? Es la referencia a la dignidad

humana y las condiciones que hacen posible su realización; vale decir, la

educación para todos tiene sentido en función del derecho y la

aspiración de toda persona a su propia dignidad, a no ser reducida

irremediablemente a uno u otro colectivo, a ser valorada o tratada más

bien de acuerdo con lo que es, a partir de sus méritos y deméritos, y no

en razón de su pertenencia a un partido o grupo político, o de una

determinación que no pueda cambiar, como el origen social, la raza o el

sexo, por ejemplo.

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Permítanme utilizar tres citas, a fin de agregar otros argumentos para

alimentar la invitación a la reflexión que hago en este foro:

Dos del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa (2005), en un trabajo en el

cual hablaba de la educación de élites y de la educación de masas:

La primera: “...La educación de masas, sin hacer distinción de acuerdo

con la posición social del individuo, de la fortuna o de la raza tiende a

capacitar al pueblo todo para intervenir en la dirección de sus destinos y

para servir mejor, por la adquisición de habilidades y conocimientos, que

le coloca en plan de igualdad con los otros miembros de la comunidad.

La educación democrática o educación de masas aspira a dar igualdad

de oportunidades para todos; por ello, es gratuita y obligatoria, y debe

crear instituciones que favorezcan a los menos posibilitados

económicamente para ascender en la escala de la cultura” (Pág. 54)

La segunda: “Ahora bien, hablar de educación de masas no equivale a

decir que cualquier persona por sola voluntad unilateral, estaría

facultada para estudiar lo que deseare si no posee verdaderas aptitudes,

pues no podría pensarse rectamente que quien tiene aptitudes

manuales, estaría capacitado para dedicarse al estudio de las ciencias

abstractas, o viceversa, porque así se desaprovecharán, con desmedro

de la colectividad, capacidades, que bien dirigidas, darían excelente

rendimiento...El derecho a la cultura no significa adiestramientos

idénticos para todos los ciudadanos, sino la aplicación de la capacidad

descubierta a un fin útil al propio individuo y a la sociedad y la garantía

de un nivel mínimo de cultura por debajo del cual carece de sentido la

vida democrática..” (Pág. 55)

La otra referencia, de un educador argentino, Juan Carlos Tedesco

(2005), que dice así: “Sí se trata, en cambio, de reconocer que el

conocimiento existe y que su distribución democrática es la tarea

específica del sistema educativo. Precisamente una de las formas más

sutiles de neutralizar el impacto democratizador de la ampliación del

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acceso consiste en ‘vaciar de contenido’ a aquellos segmentos del

sistema educativo donde la democratización es más fuerte” (Pág. 25)

3. Recordemos lo que sucedió en Venezuela en la primera etapa de

consolidación del régimen democrático, entre 1960/1970, cuando, bajo

la intervención hegemónica del Estado, se implantaron políticas

orientadas a la universalización de la educación primaria, la expansión

matricular y la diversificación del sistema escolar; el cual, según la

apreciación de la COPRE creada en 1985, “cubrió el rol estratégico en el

marco de los pactos institucionales de finales de los cincuenta: construir

una estructura social propia de un país moderno, formar los recursos

humanos para esa dinámica y conformar una cultura integrada como

condición de sostén de las nuevas instituciones” Todos sabemos lo que

pasó después. Como lo dice Esther Gamus (1999), “...este proyecto

encuentra límites a fines de los años setenta, no sólo por la

neutralización de muchos de los logros educativos alcanzados, sino

también por la emergencia de la crisis económica que desde ese

momento se instala en el país, que tiende a agravar la crisis educativa”

(Pág. 38). ¿Qué lecciones en términos de cantidad y calidad de la

educación superior podemos obtener de esa experiencia?

� El déficit de masificación en la educación superior y las respuestas

en la Venezuela de hoy.

Otra vez se plantea la necesidad de debatir seriamente sobre la

respuesta a esta interrogante en el ámbito de la educación superior. El

asunto vuelve a ponerse en el tapete con las fuertes presiones del

Gobierno para que las universidades nacionales incorporen a sus aulas

a un mayor número de estudiantes. Por cuanto esas intimidaciones

gubernamentales están cargadas de clisés, omisiones y peligrosas

distorsiones que no favorecen la discusión fecunda, es preciso que en

nuestras instituciones educativas le brindemos más atención al debate

de esa importante cuestión, a fin de advertir sobre algunos problemas y

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contribuir a la búsqueda de la articulación de esfuerzos en el marco de

un verdadero sistema nacional de ingreso a la educación superior.

Si bien es cierto que en nuestro país debemos incrementar

sustancialmente el acceso a la educación superior – pues, de cada 100

estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 23 años, menos de 40

cursan estudios en ese nivel -, es necesario tomar conciencia de que tal

cometido implica en lo fundamental una política de Estado dirigida a

disminuir significativamente o a eliminar la exclusión escolar en sus dos

vertientes: la de quienes por distintas razones no han podido culminar

sus estudios de educación media diversificada y profesional, y la de

aquellos que, una vez egresados de este nivel, tampoco han podido

ingresar en la educación superior. Lamentablemente, la preocupación

gubernamental ha centrado su atención sólo en el segundo grupo de

excluidos.

Precisamente, en la respuesta a esa preocupación, el presente Gobierno

comete varios errores: 1) Asume que las universidades deben absorber

toda o gran parte de la demanda, sin tomar en cuenta que en el mundo

heterogéneo de la educación superior hay otras instituciones que

también son fundamentales para el desarrollo del país (No extraña, en

tal sentido, que los institutos y colegios universitarios, por ejemplo,

hayan disminuido su matrícula en los últimos años). En esto ignora, por

cierto, la gran descapitalización del personal académico que hoy sufren

nuestras universidades - en la UCV, por ejemplo, aproximadamente el

47 % de sus docentes e investigadores forma parte del personal jubilado

y pensionado -, y pierde de vista, además, las distorsiones que

padecerían las mismas en el cumplimiento de sus funciones básicas,

con el riesgo de sobredimensionar la docencia y deteriorar la

investigación y la extensión. 2) Al no reparar en esto último y al

desconocer las limitaciones en el derecho a la educación contempladas

en el artículo 103 de la Constitución, infravalora la calidad y tergiversa el

sentido del principio de equidad en la educación. 3) Debilita la

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institucionalidad de la educación superior con improvisadas misiones de

dudosa calidad académica.

Si en verdad el Gobierno está interesado en aumentar la masificación

estudiantil en la educación superior, entonces tiene la obligación de

propiciar el fortalecimiento y la articulación entre sí de todas las

instituciones de este nivel educativo, y asimismo, está llamado a

promover el establecimiento de las bases de un sistema nacional de

ingreso que esté basado en la concertación y en sintonía con los planes

de desarrollo de la nación. Para esto no es necesario ni conveniente

golpear y acosar a las universidades autónomas.

Referencias

Gamus, E. (1999). La trayectoria de la descentralización educativa. Nuevos desafíos, en Revista del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Caracas: Cendes/UCV. Prieto Figueroa, L. (2005). El Estado y la Educación en América Latina. Caracas: IESALC/UNESCO, Fondo Editorial IPASME y Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa. Tedesco, Juan C. (2005). Opiniones sobre Política Educativa. Buenos Aires: Granica.

Eleazar Narváez. Ponencia en foro realizado en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, el 21 de marzo de 2006.