Memoria Corporativa Confederaci n de la Producci n y del ...rios m s altos, y acceso a m s y mejores...

asociación de bancos

Memoria Corporativa

Confederación de la Producción y del Comercio

2015/2017

CONTENIDOSPRESENTACIÓN

Carta del PresidenteQuiénes Somos

HistoriaOrganización

03

35ÁMBITOS DE TRABAJOÉtica, Transparencia y RSE

Productividad Laboral

Educación Desarrollo Sustentable

Consumidores y Libre CompetenciaPensiones

Situación de la AraucaníaInternacional

23CONTEXTO ECONÓMICOPanorama Económico General

Países DesarrolladosSituación de ChileProyecciones 2017

04 Carta del Presidente

08 Quiénes Somos

12 Historia

14 Organización

PRESENTACIÓN1

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o4 M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · P r e s e n ta c i ó n 5

Es cierto que hemos avanzado mucho. Hemos transitado un largo camino y, como pocos en nuestro continente, mantenemos viva la esperanza de al-canzar el desarrollo. Sin embargo, nos estamos alejando de esa ruta que entre todos hemos recorrido. Y no podemos desconocer, porque la evidencia empí-rica así lo demuestra, que ningún país ha alcanzado el desarrollo sin crecimiento económico.

No hay excepciones, ni tampoco subter-fugios. Si queremos pertenecer al club de las naciones que han derrotado la pobreza y gozan de un alto desarrollo humano, el crecimiento es una condición ineludible.

También es un hecho cierto que ningún país alcanzó el desarrollo sin un mercado vigoroso y un Estado moderno y eficiente. Es decir, los países de alto desarrollo se caracterizan por un mercado de produc-ción de bienes y servicios potente, y un Estado ágil y profesional. Y precisamente de estas dos mega instituciones depende el crecimiento, el cual es esencial para al-canzar ese alto desarrollo.

Otro requisito indiscutible para lograr una mayor prosperidad, es la colabora-ción. Colaborar implica trabajar en con-junto, asociarse, participar de un pro-yecto común, apoyarnos unos a otros. Y todo esto, a su vez, requiere de personas dispuestas a dialogar, a escucharse y a priorizar el bien común por sobre los in-tereses particulares.

Cada una de estas acciones nos lleva finalmente a un activo esencial para el

Hay bastante consenso en que las prin-cipales causas de estos fenómenos se relacionan con las dificultades en el es-cenario económico internacional, unido a los efectos que ha provocado interna-mente la discusión e implementación si-multánea de varias reformas profundas, que si bien obedecen a loables objetivos, la mayoría ha sido mal ejecutada. Esto ha generado un clima de incertidumbre que ha golpeado directamente a los em-prendedores, a los consumidores y a los inversionistas.

Tengo la profunda convicción que nuestro país debe y puede salir de esta si-tuación. Porque tenemos todavía temas fundamentales que resolver. La pobreza y la desigualdad, aunque han retroce-dido, siguen presentes, afectando aún a miles de chilenos.

Necesitamos volver a crecer al 5%. Y para ello, es indispensable mejorar el clima de inversión y aumentar la productividad, para que ella vuelva a ser un motor del crecimiento. Mayor productividad genera más crecimiento, los ciudadanos ac-ceden a mejores empleos, permite sala-rios más altos, y acceso a más y mejores bienes y servicios, y mayor bienestar.

Por eso, es momento de actuar. Y en este tema, desde la CPC hemos hecho un trabajo significativo: creamos una Co-misión de Productividad, donde más de 100 empresarios y expertos aportaron su experiencia práctica en diversos ámbitos para proponer al país un conjunto de propuestas para mejorar entre todos la productividad.

Estimados amigas y amigos:Nuestro país tiene hoy importantes temas que resolver y, entre todos, debemos buscar nuevas respuestas a los desafíos que se nos presentan.

Los años 2015 y 2016 en los que he tenido el honor y la responsabilidad de presidir la Con-federación de la Producción y del Comercio, se han caracterizado por una compleja co-yuntura económica y social, marcada por un crecimiento mediocre, por la escasez de in-versiones y un ambiente cargado de descon-fianza y bajas expectativas.

Tengo la profunda

convicción que

nuestro país debe y

puede salir de esta

situación. Porque

tenemos todavía temas

fundamentales que

resolver. La pobreza y

la desigualdad, aunque

han retrocedido, siguen

presentes, afectando

aún a miles de chilenos.

CARTA DEL PRESIDENTE


progreso de los países: la confianza. La-mentablemente, ella se ha debilitado en nuestro país en el último tiempo y entre todos la debemos recuperar. ¿Cómo? Respetando las diferencias, dejando las descalificaciones de lado, buscando grandes acuerdos. No hay ninguna posi-bilidad de progreso ni de bienestar para Chile si los distintos actores de la so-ciedad nos miramos como adversarios.

Por lo tanto, hoy tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar duro y te-nemos que hacer mejor las cosas. No po-demos esperar. Superar la pobreza, me-jorar la educación, modernizar el Estado, reducir la desigualdad, volver a crecer y así aumentar el bienestar de todos, son metas que constituyen un compromiso ineludible.

Son tareas formidables que reclaman lo mejor de todos nosotros. Como pre-sidente de la CPC, me atrevo a asegurar que los empresarios y emprendedores que represento seguiremos trabajando por el bien del país como lo hemos hecho hasta ahora, entregando toda nuestra

energía y esfuerzo para innovar y buscar soluciones que permitan a Chile crecer y progresar. Los chilenos pueden confiar que el sector privado seguirá siendo un factor principal en el mejoramiento de su calidad de vida y en el desarrollo del país.

Tenemos mucho trabajo por delante. Y no cualquier trabajo. Sabemos que hacer las cosas mal nos alejará del desarrollo. Por experiencia, conocemos las conse-cuencias que tiene no actuar a tiempo o hacerlo de manera equivocada.

Por eso nos ha dolido tanto cuando unos pocos empresarios se han alejado de las buenas prácticas, dañando a las personas, deteriorando a la confianza y causando un perjuicio a la imagen del empresariado. Su actuación sólo refleja un viejo espíritu que, aunque mi-noritario, debe desaparecer de nuestro sector. Las ganancias ilegítimas no son emprendimiento, son simplemente aprovechamiento.

La CPC condena terminantemente cual-quier tipo de mala práctica empresarial,

cualquier acción reñida con la ética, la ley, la transparencia y los valores. Y así lo he señalado en forma enérgica y oportuna frente a cada hecho que se ha conocido en mi periodo como presidente de la CPC.

Estos últimos dos años, hemos trabajado intensamente junto a las seis Ramas que integran la Confederación, para avanzar en la difusión e implementación de las mejores prácticas empresariales, y en la actualización de los códigos de ética de los gremios.

Nuestra labor ha estado centrada tam-bién en ser un verdadero aporte a la elaboración de las mejores políticas pú-blicas para el país, prestando nuestra co-laboración a la autoridad y a los demás actores de la sociedad. En forma respe-tuosa y responsable, hemos presentado nuestros puntos de vista frente a las di-versas reformas e iniciativas legislativas, asumiendo que no siempre la contra-parte ha compartido con nosotros los instrumentos o caminos que creemos son los mejores para Chile.

En el desarrollo de nuestras tareas, he contado con el invaluable apoyo de los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Co-mercio, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cá-mara Chilena de la Construcción y la Aso-ciación de Bancos, a quienes agradezco profundamente. Mis agradecimientos también a todo el equipo interno de la CPC y a los asesores e integrantes de cada una de las comisiones de trabajo. Su profesionalismo y dedicación han

EN FORMA RESPETUOSA Y RESPONSABLE, HEMOS PRESENTADO NUESTROS PUNTOS

DE VISTA FRENTE A LAS DIVERSAS REFORMAS E INICIATIVAS LEGISLATIVAS,

ASUMIENDO QUE NO SIEMPRE LA CONTRAPARTE HA COMPARTIDO CON NOSOTROS

LOS INSTRUMENTOS O CAMINOS QUE CREEMOS SON LOS MEJORES PARA CHILE.

hecho posible concretar de manera satis-factoria las iniciativas que presentamos en la presente Memoria.

Una especial mención a la Comisión de Productividad y a la Comisión Asesora de Pensiones, que se constituyeron los años 2015 y 2016 respectivamente, con el propósito especial de realizar desde el empresariado un aporte al país en cada una de estas materias.

Al dejar la presidencia de la CPC, quiero invitar a todos los chilenos a unirnos en la meta de revertir el clima de des-confianza, incertidumbre y bajas expec-tativas en que hoy nos encontramos. Volvamos a hacer de Chile un país en que prime la confianza, el diálogo y los acuerdos. Estos son requisitos funda-mentales para volver a crecer sosteni-damente y mejorar la calidad de vida de las personas; para derrotar la pobreza y alcanzar el desarrollo.

Desde la CPC estamos plenamente dis-ponibles para seguir contribuyendo con los cambios que Chile necesita. Hoy te-nemos una inmejorable oportunidad de llegar mucho más alto, pero eso pasa por reemprender un camino juntos, los em-presarios, los trabajadores, el Estado y toda la ciudadanía.

Alberto Salas M. Presidente

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o8 9M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · P r e s e n ta c i ó n

MISIÓN La Confederación de la Producción y del Comercio es el organismo gremial cupular del empresariado chileno, que reúne a los principales sectores productivos del país. Su misión consiste en promover –dentro de un marco de principios y valores éticos– las condiciones que permiten la creación y mantención de iniciativas empresariales, y la existencia de una institucionalidad que aliente la libre competencia y el crecimiento, de manera de alcanzar un desarrollo susten-table en lo económico, social y medioambiental.

VISIÓN A través de su trabajo, la CPC busca contribuir al proceso de crecimiento económico sostenido en Chile, a fin de que las personas mejoren su calidad de vida, por medio del fomento del empleo, de la mejora en las oportunidades, del impulso a la iniciativa indivi-dual y del respeto a la propiedad privada.

OBJETIVOS · Promover y difundir los princi-

pios éticos sobre los cuales la empresa privada debe desarro-llar su acción.

· Representar la opinión de la em-presa privada ante los poderes públicos y los diversos esta-mentos de la sociedad.

· Coordinar los programas y la actividad de las Ramas que la conforman, respecto a la orien-tación y defensa de los más altos intereses de la producción y del comercio, respetando las di-versas particularidades de cada uno de sus asociados.

La Confederación de la Producción y del Comercio

– CPC – es el organismo gremial cupular del

empresariado chileno. Fue fundada en 1935. Reúne

a los principales sectores productivos del país y está

integrada por las siguientes seis Ramas, enumeradas

de acuerdo al orden de incorporación a la CPC:

QUIÉNES SOMOS


Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

Fundada en 1838

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC)

Fundada en 1858

Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)

Fundada en 1883

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

Fundada en 1883

Cámara Chilena de la Construcción (CChC)

Fundada en 1951

Asociación de Bancos (ABIF)Fundada en 1945


PERFECCIÓN DE LA PERSONA HUMANA Y BIEN COMÚNLa CPC y sus Ramas estiman que la perfección de la persona humana y la contribución al bien común en la sociedad son los principales fines de la actividad empresarial. Una empresa debe buscar beneficiar a aquellos con quienes se relaciona directa e indirectamente: traba-jadores, clientes, proveedores, competidores, asociados, Estado y la comunidad social en que está inserta. En concreto, para cumplir con este objetivo, la empresa debe destinar sus ganan-cias al incremento del capital, a la mejora de remuneraciones y condiciones de trabajo de sus empleados, y al perfeccionamiento laboral y humano de todos quienes están relacionados con la empresa.

VOCACIÓN DE SERVICIOLa CPC considera a la empresa como una ins-titución que sirve al hombre y a la sociedad, a través de la producción eficaz y razonable de bienes y servicios. De este modo, los benefi-cios económicos que provengan de ella cons-tituyen el modo inmediato en que la empresa manifiesta su vocación de servir. Esta eficiencia redunda también en una mayor y mejor oferta de trabajo, lo que contribuye a la dignidad de la persona y al bien de la sociedad.

LIBERTAD, DERECHO A LA PROPIEDADPRIVADA Y RESPONSABILIDADLa actividad empresarial se asienta en la libertad individual de empresarios y trabajadores, requi-sito básico para el despliegue de la creatividad y el espíritu emprendedor. La CPC afirma que la libertad personal no es practicable ni efectiva en el ámbito económico-empresarial sin el respeto del derecho de propiedad privada. Este asegura que las personas dispongan de medios para concretar sus proyectos y reciban los legítimos beneficios que su trabajo les reporta. La libertad y el derecho a la propiedad privada se legitiman socialmente mediante su ejercicio responsable. Tal responsabilidad constituye la justa contra-parte de estos derechos y trasciende los límites de las disposiciones jurídicas o legales, pues implica un compromiso personal por parte del empresario.

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADOLa CPC considera a la economía social de mer-cado como el sistema que ha demostrado ser el mejor para conservar, cautelar y acrecentar los fines antes descritos. Por ello, defiende y promueve este sistema como principio básico de la acción económica, y exige a sus aso-ciados fortalecerlo mediante una conducta responsable, ética y solidaria.

Para llevar a cabo su misión, la CPC interactúa con los distintos poderes públicos, así como con otros actores sociales. En su calidad de máximo representante del sector privado chileno, está continuamente presen-tando iniciativas al Poder Ejecutivo y participando en instancias mixtas que funcionan en diferentes ministe-rios y servicios públicos, de modo de prestar asesoría a la respectiva autoridad gubernamental.

Desde el interior de la CPC, se realiza la labor de coordinar a los distintos sectores de la producción y del comercio, para realizar los análisis y pre-sentar propuestas en cada área ante la autoridad que corresponda, de modo de colaborar en la ela-boración de las mejores políticas públicas para el país.

Asimismo, trabaja en la generación de iniciativas destinadas a perfeccionar la ins-titucionalidad vigente en diversos temas de interés nacional, de modo de aportar el punto de vista empresarial en el que-hacer del Poder Legislativo.

En el ámbito de la sociedad civil, mantiene estrechos vínculos con sindicatos, trabajadores, universidades, centros de estudio y medios de comunicación.

La CPC mantiene también relaciones con instituciones similares en el exterior. Está afiliada a la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que es el orga-nismo mundial más importante en el tema laboral. Re-presenta, además, al empresariado chileno en las ac-tividades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y participa en el organismo de la comunidad empresarial de los países de la OCDE (BIAC - Business and Industry Advisory Committee).

VALORES

La CPC defiende y promueve los siguientes principios sobre los cuales la empresa privada debe desarrollar su acción.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS


EX PRESIDENTES

Las repercusiones en Chile de la Depre-sión Económica de comienzos de los años 30, demostraron a los productores y comerciantes de la época, lo impor-tante que era contar con una entidad que los representara, ante la incerti-dumbre de la política económica y, en especial, de las normas legislativas que pretendían regularizar las difíciles rela-ciones entre el capital y el trabajo. Los sectores empresariales decidieron ac-tuar en forma mancomunada, a través de un interlocutor sólido y con poder negociador frente al Gobierno. Esta ini-ciativa fue impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara de Comercio de Chile (Santiago), la Cámara Central de Comercio (Valparaíso), la Asociación Patronal del Trabajo y la Cámara de Co-mercio Minorista.

HISTORIAEn noviembre de 1933, se celebró una re-unión de estas instituciones, en el local social de la Asociación Patronal Chilena del Trabajo, a la que además asistieron representantes y delegados de distintas ramas de las entidades productivas, cuyo objetivo era tratar de formar una entidad que los aglutinara. Las conclusiones de esta primera reunión fueron analizadas al mes siguiente en una nueva sesión en la Asociación Patronal, a la que asis-tieron delegados de la SNA, la Sofofa, las Cámaras de Comercio y la Asociación de Madereros. Se celebraron varias sesiones más y, en enero de 1934, se elaboraron las bases para una confederación de los sectores de la producción y del comercio.

En una convención celebrada en junio de 1934, en la que se reunieron los repre-sentantes de la agricultura, de la minería,

de las industrias, del comercio mayorista y minorista, y de las empresas de trans-porte marítimo y terrestre, se dio origen formal a la Confederación de la Produc-ción y del Comercio, cuyos objetivos eran agrupar las fuerzas productivas para obtener una participación a nivel de Gobierno en todas aquellas materias vinculadas a la actividad económica. Su aspiración era la creación de un Consejo de Economía Nacional, en el que estu-vieran representados los gremios y la autoridad pública. Se eligió como presi-dente al dirigente agrícola Jaime Larraín García-Moreno.

En esa ocasión, se redactó el Manifiesto de la Confederación de la Producción y del Comercio, en el que se resaltaba que “los trastornos económicos, políticos y sociales de los últimos años habían

Jorge Fontaine Aldunate

1982 a 1986

Sergio Silva

Bascuñán

1966 a 1968

Manuel Valdés Valdés

1974 a 1980

Domingo Arteaga Infante

1958 a 1962

CamiloCarrasco

Bascuñán

1933 a 1934

Máximo Valdés

Fontecilla

1935 a 1947

Afredo Ovalle

Rodríguez

2006 a 2008

Lorenzo Constans

Gorry

2010 a 2013

Juan Claro

González

2002 a 2004

Manuel Feliú

Justiniano

1986 a 1990

Walter Riesco Salvo

1996 a 2000

1962 a 1966

Recaredo Ossa

Undurraga

1980 a 1982

Domingo Arteaga Garcés

1947 a 1958

Jorge Alessandri Rodríguez

1968 a 1974

Jorge Fontaine Aldunate

1934 a 1935

Jaime LarraínGarcía-Moreno

2004 a 2006

Hernán Somerville

Senn

2013 a 2015

Andrés Santa Cruz

López

2000 a 2002

Ricardo Ariztía

de Castro

2008 a 2010

Rafael Guilisasti

Gana

1990 a 1996

José Antonio Guzmán

Matta

dañado gravemente la estabilidad del país, y que la subsistencia de este es-tado de cosas y la amenaza de su agra-vación, habían llevado a los hombres de trabajo a definir sus responsabilidades y a abandonar la pasividad en que se habían mantenido”. Se agregaba que la tendencia en el mundo era la participa-ción de los elementos productores en la dirección de la economía, y ésta era la idea matriz que presidía los destinos de la Confederación.

En marzo de 1935, se concedió perso-nalidad jurídica a la Confederación. Su Consejo Central quedó conformado por 48 miembros, que representaban en nú-mero de 12 a las industrias fabriles (So-fofa), a la agricultura (SNA), a la minería (Sonami) y al comercio (Cámaras). Al Co-mité Ejecutivo se le asignó la iniciativa de

la ejecución de los trabajos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

En el año 1964, ante los profundos cam-bios que planeaba realizar el nuevo Go-bierno en materia económica, el sector privado estrechó sus vínculos aún más. Por una iniciativa de la Sociedad de Fo-mento Fabril, se invitó a la Cámara Chi-lena de la Construcción a formar parte de la Confederación de la Producción y del Comercio, lo cual se materializó en el año 1967.

En 1979, se oficializó el ingreso de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras como la sexta Rama de la Confederación.


ORGANIZACIÓNCOMITÉ EJECUTIVO

COMISIONES DE TRABAJO

ALBERTO SALAS M.Presidente CPC

PATRICIO CRESPO U.

ÉTICA Y RSEAlberto Salas, Presidente (CPC)Patricio Crespo (SNA)Ricardo Mewes (CNC)Diego Hernández (SONAMI)Hermann Von Mühlenbrock (SOFOFA)Sergio Torretti (CCHC)Segismundo Schulin-Zeuthen (ABIF) Fernando Alvear (CPC)

PRODUCTIVIDADRafael Guilisasti (Presidente 2015)Andrés Santa Cruz (Presidente 2016)Joanna Davidovich (Directora Ejecutiva, CPC)Carlo Solari Alvaro FischerJorge EugenínJorge Marshall Manuel OlivaresJorge GómezIván ArriagadaAntonio WalkerAntonio Errázuriz Bernardo Larraín

LABORALFernando Alvear (CPC)Pablo Bobic (CPC)

Cristóbal Valdés (CNC)Jorge Riesco (SONAMI)Gonzalo Bustos (CCHC)Eduardo Riesco (SNA)Susana Carey (ASACH)Felipe Sáez (SOFOFA)Cecilia Flores (SOFOFA)Valentín Pimentel (ABIF)Claudio Seebach (Asoc. de Generadoras)Carlos Urenda (Consejo Minero)Ignacia López (Asoc. de Clínicas Privadas)Héctor HumeresEnrique UribeJuan Esteban Dulcic

EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONALGonzalo Vargas, Presidente (INACAP)Fernando Alvear (CPC)Raúl Figueroa (CPC)Cristóbal Philippi (SOFOFA)Arsenio Fernández (SNA)Manuel José Fernández (CNC)Alejandro Vásquez (SONAMI)Rosana Sprovera (CCHC)Sergio Torretti (CCHC)Mario Merino (ABIF)Aníbal Vial (SNA)Carolina García (CPC)

MUJER, EMPRENDIMIENTO Y TRABAJOSusana Carey, Presidenta (SOFOFA)Claudio MelandriBernardita Fernández Hans EbenAndrea Tokman

Jorge NazerLorenzo Constans (CPC)Susana Tonda María Gracia Cariola (SNA)Alejandro Mena Janet AwadKarina von BaerCristián CarvajalPatricia Aranda (CChC)Hernán Doren (CChC)Pablo Bobic (CPC)Joanna Davidovich (CPC)Karen Poniachik Fernando EifferGabriela Arellano

POLÍTICA ECONÓMICARicardo Matte, Presidente (ABIF)Fernando Alvear (CPC)Marco Antonio González (SOFOFA)Juan Pablo Matte (SNA)Ema Budinich (SNA)Bernardita Silva (CNC)Álvaro Merino (SONAMI)Javier Hurtado (CCHC)Marcela Ruiz-Tagle (CCHC)Isabel Nazer (ABIF)

LIBRE COMPETENCIAChristian Acuña, Presidente (CPC)Fernando Alvear (CPC)Blas Bellolio (CCHC)Manuel Melero (CNC)Ema Budinich (SNA)Tomás Flores

Ignacio LarraínRicardo RiescoPedro LluchJuan Cristóbal GumucioLorena PavicJosé PardoAlejandro Arriagada

CONSUMIDORESChristian Acuña, Presidente (CPC)Fernando Alvear (CPC)Manuel Ignacio Hertz (SNA)Bernardita Silva (CNC)Manuel Melero (CNC)Gonzalo Bustos (CCHC)Juan Esteban Laval (ABIF)Claudio Ortiz (SOFOFA)Cristián García Huidobro (CCS)José Hevia (AGIP)Tomás FloresJuan Cristóbal GumucioAndrea RotmanJosé Miguel Sarroca

DESARROLLO SUSTENTABLEJavier Hurtado, Presidente (CCHC)Paulina Riquelme, Presidenta desde diciembre 2016 (SONAMI)Fernando Alvear (CPC)Juan José Donoso (CPC)Rodolfo Camacho (SONAMI)Carlos Gajardo (SONAMI)Karla Lorenzo (CCHC)Ema Budinich (SNA)Marco Antonio González (SOFOFA)

Claudio Seebach (Asoc. Generadoras)José Tomás Morel (Consejo Minero)Jorge LagosDavid Noé

PENSIONESAlberto Salas, Presidente (CPC)Hernán CheyreÁlvaro ClarkeJoanna Davidovich (CPC)Augusto IglesiasCristián Marcó Patricio ParodiKlaus Schmidt-HebbelAndrea Tokman. Sergio UrzúaMaría José ZaldívarFernando Alvear (CPC)

RECURSOS HÍDRICOSPatricio Crespo, Presidente (SNA)Fernando Peralta (SNA)Eduardo Riesco (SNA)Fernando Alvear (CPC)Juan José Donoso (CPC)Carlos Piaggio (CCHC)Florencio Correa (CCHC)Marco Antonio González (SOFOFA)Rodolfo Camacho (SONAMI)Felipe Celedón (SONAMI)Claudio Seebach (Asoc. de Generadoras)Magdalena Donoso (Asoc. de Generadoras)Guillermo Pickering Felipe Larraín Jorge Lesser

EQUIPO DE TRABAJO

FERNANDO ALVEAR ARTAZAGerente General

CAROLINA AGÜERO AGUIRREDirectora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos

JOANNA DAVIDOVICH GLEISEREconomista Jefe, Directora Ejecutiva de Comisión de Productividad y Comisión Asesora de Pensiones

PABLO BOBIC CONCHAAsesor Legal

JUAN JOSÉ DONOSO RODRÍGUEZAsesor Económico

PILAR GARNHAM OYARZÚNAsesora de Políticas Públicas

CAROLINA GARCÍA LARRAÍNSecretaria Ejecutiva de Comisión de Capital Humano

FERNANDO SALINAS GONZÁLEZJefe de Finanzas

PAULINA LABARCA GONZÁLEZAsistente de Presidencia

ELIZABETH DARACH SAIDEAsistente de Gerencia

Presidente SNA

RICARDO MEWES S.

Presidente CNC

HERMANN VON MÜHLENBROCK S.

Presidente SOFOFA

SEGISMUNDO SCHULIN-ZEUTHEN S.

Presidente ABIF

SERGIO TORRETI C.(desde agosto de 2016)

JORGE MAS F.(hasta agosto de 2016)

Presidente CChC

ALBERTO SALAS M.(hasta agosto de 2016)

DIEGO HERNÁNDEZ C.(desde agosto de 2016)

Presidente SONAMI


PARTICIPACIÓN DE LA CPC EN INSTANCIAS EXTERNAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIAAlberto Salas (CPC) TitularJuan José Donoso (CPC) Suplente

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEPaulina Riquelme (SONAMI)

CONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTA (SEA)Jaime Espínola (Asociación de Generadoras) TitularKarla Lorenzo (CChC) Suplente

CONSEJO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEAlberto Salas (CPC) TitularCarolina Agüero (CPC) Suplente

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTOPablo Bobic (CPC)

COMITÉ DE LA SOCIEDAD CIVIL – PUNTO NACIONAL DE CONTACTO– LÍNEAS DIRECTRICES PARA EMPRESAS MULTINACIONALES OCDE – DIRECONPablo Bobic (CPC)

CONSEJO ASESOR DEL PROGRAMA FONDEF DE CONYCITÁlvaro Acevedo (SOFOFA)

GRUPO NACIONAL COORDINADOR (GNC) DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES (RETC)Paulina Riquelme (SONAMI)Karla Lorenzo (CChC)

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)Paulina Riquelme (SONAMI)Constanza Pantaleón (Asoc. Generadoras)

COMITÉ COMUNAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA DE LA COMUNA DE PROVIDENCIAPablo Bobic (CPC)

COMISIÓN ERGONÓMICA NACIONALAugusto Bruna (CChC)

DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN TIEMPOS NUEVOSManuel Valdés (CPC)

COMITÉ ASESOR NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DEL MENOR TRABAJADORPablo Bobic (CPC)Sebastián Hurtado (CNC)Gonzalo Bustos (CChC)

CONSEJO CONSULTIVO PARA LA DISCAPACIDAD DEL SENADIS (SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD)Damián Campos (SOFOFA)

COMISIÓN DE USUARIOS DEL SEGURO DE CESANTÍAMarcela Ruiz-Tagle (CChC)Pablo Bobic (CPC)Jorge Riesco (SONAMI)

CAPÍTULO CHILENO FORO DE DIÁLOGO ESTRATÉGICO CHILE-ARGENTINAFernando Alvear (CPC)

COMISIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALESDarío Ovalle (CChC)Arturo Lyon (SOFOFA)Juan Araya (Conapyme)

COMISIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)Álvaro Merino (SONAMI) TitularMarcela Ruiz-Tagle (CChC) Suplente

CENTRO DE ESTUDIOS DE CONFLICTO Y COHESIÓN SOCIAL (COES)Alberto Salas (CPC)

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALESFernando Alvear (CPC)

CONSEJO ASESOR DE LAS ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAFernando Alvear (CPC)

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGÉTICAFernando Alvear (CPC)Ana Grethina (SONAMI)

FONDO MIXTO DE APOYO SOCIALAlberto Salas (CPC) TitularPatricia Aranda (CChC) Suplente

COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES PRIVADAS, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTESGonzalo García (CPC)

CONSEJO NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTESHermann von Mühlenbrock (SOFOFA)

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIALPablo Bobic (CPC)

DIRECTORIO DE ACCIÓN EMPRESARIAL RSELorenzo Constans (CPC)

CORPORACIÓN CHILE CALIDAD Hermann Von Mühlenbrock (SOFOFA)

COMITÉ DIRECTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTEAlberto Salas (CPC)

CONSEJO ASESOR PRIVADO DEL ESCRITORIO EMPRESAJuan José Donoso (CPC)


ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA CPC 2015 ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA CPC 2015


Reunión del Comité Ejecutivo de la CPC.



Desayuno del presidente de la CPC con periodistas.

La presidenta Michelle Bachelet recibe en audiencia al presidente de la CPC.

Desayuno del presidente de la CPC con periodistas.

ENADE 2016

Panorama Económico General

Países Desarrollados

Economías Emergentes

Situación de Chile

Proyecciones 2017

24

26

28

29

33

CONTEXTO ECONÓMICO2

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o24 25M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · c o n t e x t o e c o n ó m i c o

PANORAMA ECONÓMICO GENERAL Durante el periodo, las economías avan-zadas sufrieron el contagio de la crisis eco-nómica en Grecia. Las noticias desde China y el complejo proceso de rebalanceo de su matriz productiva, la recuperación de Es-tados Unidos y las proyecciones acerca de su política monetaria, también marcaron estos dos últimos años. Por otra parte, el escenario para los mercados emergentes estuvo muy influenciado por la actividad económica en China y su impacto en los precios de materias primas a la baja, dentro de otras razones.

En este contexto, Chile experimentó un bienio mediocre, marcado por el bajo desempeño económico y el pesimismo respecto a una posible recuperación. Así, 2015 y 2016 cerraron un crecimiento pro-medio en torno al 2%, con anuncios de recuperaciones que finalmente no vieron la luz. De esta forma, la expectativa de ex-pansión del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017 es de apenas un 2%, mientras se proyecta que las economías emer-gentes tengan un alza por sobre el 4,5% y que el mundo crezca arriba de 3%.

ÍNDICES BURSÁTILES

115

ene

2015

mar

201

5

may

201

5

Índice 1 de enero de 2015 = 100Fuente: Bloomberg

jul 2

015

sept

201

5

nov 2

015

ene

2016

mar

201

6

may

201

6

Chile Emergentes

jul 2

016

sep

2016

nov 2

016

ene

2017

110105100

9590858075

70

EE.UU.

LOS AÑOS 2015 Y 2016

HAN ESTADO MARCADOS

POR LOS VAIVENES EN LA

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

A NIVEL GENERAL, Y LOS

PRINCIPALES ÍNDICES

BURSÁTILES DEL MUNDO

ASÍ LO REFLEJARON.Foto: Cristóbal Correa - Imagen de Chile

feb

2017


PAÍSES DESARROLLADOS Habiendo transcurrido ocho años desde el inicio de la crisis financiera, la recupe-ración de la economía mundial y de los países avanzados ha sido modesta, espe-cialmente en la Eurozona y en Japón. El crecimiento del producto y del comercio mundial ha ido perdiendo dinamismo, y las complejidades suscitadas entre la política monetaria llevada adelante por los bancos centrales y la política fiscal de los gobiernos, han hecho que el im-pulso al crecimiento y la contención de la inflación no haya dado todos los frutos que se esperaban. En este escenario, se proyecta que los países desarrollados crezcan más en 2017 que en 2016, alcan-zando un 1,8% de alza.

En Estados Unidos, el alto crecimiento registrado en 2014 se mantuvo en 2015, para luego moderarse en 2016. Distintas razones han influenciado su desempeño

HABIENDO TRANSCURRIDO OCHO

AÑOS DESDE EL INICIO DE LA CRISIS

FINANCIERA, LA RECUPERACIÓN

DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DE

LOS PAÍSES AVANZADOS HA SIDO

MODESTA, ESPECIALMENTE EN

LA EUROZONA Y EN JAPÓN.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE PAÍSES DESARROLLADOS115

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Índice T1 - 2008 = 100 Fuente: Ocde

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EE.UU. Japón Zona Euro

económico, como las dudas respecto a la política monetaria y su proceso de nor-malización de tasas, donde la elección presidencial y el triunfo de Donald Trump ha generado incertidumbre respecto a la viabilidad fiscal de sus propuestas de go-bierno, sumado a los riesgos geopolíticos posibles en su mandato, y las propuestas de una política comercial menos abierta al mundo. A diferencia del Brexit, los efectos de las políticas llevadas a cabo en EE.UU. tienen impacto mundial, por lo que han sido seguidas con detención.

La recuperación de la Eurozona se ha mostrado lenta y difícil luego de la gran crisis financiera, y recién en el periodo 2015-2016 volvió a niveles de producto similares a los alcanzados previo a la crisis de 2008. Como siempre con esta región, existe alta heterogeneidad entre los países que la conforman: mientras Alemania, Francia y Reino Unido ya

están algunos puntos por sobre el PIB de 2008, otras economías como Grecia, Italia y Portugal todavía no recuperan los niveles pre-crisis. Sólo cabe destacar el caso de España, que si bien aún no recu-pera el PIB alcanzado el año 2008, tuvo un crecimiento estimado de 3,2% el año 2015 y de 3% para 2016, por lo que se en-cuentra pronto a superar el producto del año previo a la crisis. En este escenario, la perspectiva en 2017 para la región es tener un crecimiento similar al de 2016, en torno al 1,5%.

En Japón, la actividad económica ha mostrado un repunte hacia fines de 2016, mientras alcanzó su tasa de des-empleo más baja en 20 años. A pesar de esto, las limitaciones estructurales en el crecimiento potencial de su economía se mantienen, y la expectativa de creci-miento en 2017 está en línea con lo regis-trado en 2015-2016, en torno al 0,5%.

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ECONOMÍAS EMERGENTES El debate sobre la desaceleración de China se tomó el pe-riodo 2015-2016, y el crecimiento promedio del PIB fue de 6,7% para estos años. A pesar que el crecimiento no fue tan bajo como en un momento se temió, persisten diversos desequilibrios en la gran economía asiática, principalmente asociados al sector inmobiliario, crediticio y de estabilidad del sistema financiero en su conjunto, y su solución no se ha logrado, por lo que persisten los riesgos asociados a ellos. En este contexto, se espera que China crezca un 6,2% en 2017.

Por su parte, otros importantes mercados emergentes mos-traron un magro desempeño en el periodo: mientras Brasil cayó en torno al 3,6% anual, Rusia se deterioró un 2,4% pro-medio. Ambas economías han mostrado un repunte en el margen en 2016, y se espera que muestren números azules en 2017. Mientras, India continúa con un crecimiento robusto y sin grandes sobresaltos, con tasas de expansión del PIB del 7,5%, todo lo que permite proyectar un crecimiento del pro-ducto de los países emergentes en 2017 de 4,6%.

PRECIO COMMODITIES

Fuente: Banco Central de Chile Cobre refinado BML (USD/Libra) Petróleo WTI (USD/Barril)

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ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMACEC)

8%

Fuente: Banco Central de Chile, CPC

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Por último, la situación antes descrita se ha traducido en una impor-tante disminución en el precio del cobre, que llevó a un fuerte dete-rioro de los términos de intercambio relevantes para Chile en 2015, y a que se mantuvieran casi planos en 2016. Así, el precio del metal rojo cayó desde los 2,6 USD/libra a inicios de 2015, hasta quedar en torno a 2 USD/libra durante 2016, y con un leve repunte hacia fines de ese año luego de la incertidumbre asociada a la elección en Es-tados Unidos. Por su parte, la pronunciada caída que experimentó el precio del petróleo durante 2014, mantuvo cierta fuerza en 2015, para estabilizarse en 2016 en torno a 45 USD/barril.

SITUACIÓN DE CHILE PIB

La actividad económica del país creció en 2014 apenas un 1,9%, lo que significa un freno importante en el ritmo de crecimiento que venía sosteniendo la economía en los últimos cuatro años. Con ese antecedente, la economía en el periodo 2015-2016 creció un 2,3% y un 1,5%, cerrando tres años de crecimiento mediocre en torno al 2%.


IPC Y MEDIDAS SUBYACENTES

Fuente: INE

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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO Y SUS COMPONENTES

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Fuente: Banco Central de Chile Formación bruta de capital fijo Construcción

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Maquinaria y equipo

(% crecimiento en 12 meses)

Inversión

Dentro de los componentes de la de-manda, la formación bruta de capital fijo presentó una fuerte contracción. El bloque de maquinaria y equipos em-pezó a mostrar tasas de expansión anual negativas ya desde el segundo trimestre de 2013, y el de construcción y obras re-dujo de modo importante su variación anual en ese lapso. Este efecto se po-tenció aún más en 2014 –donde la in-versión en maquinaria y equipos mostró en varios trimestres contracciones por sobre el 20%–, y continuó en 2015 y 2016, con cierta fluctuación. Detrás del crecimiento de la inversión menor que lo esperado hay diversos factores, entre

ellos, la maduración del ciclo de inver-sión ligado a la minería, y una importante postergación de proyectos debido a las trabas y demoras en las tramitaciones ambientales, y a la incertidumbre gene-rada en el país, que se puede apreciar en el deterioro de las expectativas recogidas en las encuestas de confianza empresa-rial y de los consumidores.

Inflación

Durante 2015 y parte de 2016, la inflación aumentó por sobre el techo de la meta del Banco Central, un rango que va entre 2% y 4% anual, y la variación en doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a estar por sobre

el 5%. Durante el 2016, el crecimiento en los precios se moderó y finalmente hacia el cierre del primer semestre quedó dentro del objetivo explícito del instituto emisor.

De esta forma, se espera que la inflación anual continúe descendiendo y llegue a ubicarse por debajo del 3% durante buena parte del año 2017, influenciada por razones como la trayectoria del tipo de cambio y los precios de los servicios, en un contexto donde las presiones inflacionarias en el mediano plazo se han reducido, y en particular se espera que existan holguras de capacidad durante los próximos dos años.

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32 33M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · c o n t e x t o e c o n ó m i c o

PROYECCIONES 2017 Para el 2017, en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2016, el Banco Central espera que el crecimiento del PIB de Chile se sitúe entre 1,5 y 2,5%, mientras que en el mismo mes los agentes económicos encuestados por el ente emisor, se quedan en la parte media del rango pronosticando un alza de 2%. De todas formas, la expansión seguirá por debajo del crecimiento de mediano plazo de la economía, que el Comité del PIB tendencial estima en 3%.

En el escenario base del IPoM de fines de 2016, se prevé que la inflación se ubicará por debajo de 3% durante gran parte de 2017, y en torno a ese valor en 2018, lo que se traduce en una política monetaria que seguirá siendo expansiva en ese horizonte de proyección.

Por último, el Banco Central pronos-tica un déficit de cuenta corriente que alcanzaría los US$ 4,95 miles de millones de dólares en 2017 –un 1,9% del PIB–. Esto a pesar que se espera que la balanza comercial (exportaciones menos importa-ciones) se mantenga en torno a los registros de 2015 y 2016, alcanzado un superávit sobre los US$ 4 mil millones dólares. Respecto a los commodities, los precios estimados para 2017 por el BC fueron de 2,35 US$/lb para el cobre y 54 US$/barril para el petróleo, en un entorno donde la apreciación del dólar y las mayores tasas de interés son las que marcan las proyecciones.

Crecimiento potencial El bajo crecimiento de la economía se ha dado en un contexto en que las expectativas de las empresas y los hogares se fueron haciendo más pesimistas con el correr del año, lo que se tradujo en fuertes correc-ciones hacia la baja en comparación con el alza proyectada inicial-mente para el PIB, la que finalmente se produjo.

5,0

Fuente: Banco Central de Chile, CPC

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PROYECCIONES CRECIMIENTO DEL PIB(VAR.%)

PIB TENDENCIAL5,5

Fuente: Dipres* El dato de cada año corresponde a la proyección hecha por el Comité de PIB tendencial en el año anterior.

promedio 20132006-2012

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C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o

Ética, Transparencia y RSE

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ámbitos de trabajo3

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ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RSE

Hoy la ética se encuentra en el centro del debate sobre cómo se hacen los negocios. Las empresas del siglo XXI, para tener legitimidad, re-quieren cumplir con el marco legal, junto con actuar conforme a altos estándares éticos y mantener una visión de nego-cios sostenible y de largo plazo.

La sustentabilidad social, económica y ambiental es la tendencia global para los negocios del presente y del futuro. Por esta razón, en las empresas debemos buscar la convergencia entre la mirada de la eficiencia y la del bien común, cono-ciendo en profundidad ambos mundos, para lograr empresas sustentables. En la toma de decisiones, la empresa debe colocar al centro a la persona humana, junto con tener presente que los resul-tados deben ser buenos no sólo para la organización y sus colaboradores, sino que de igual forma para la sociedad.

En este marco, la Confederación de la Producción y del Comercio y las seis Ramas que la integran tenemos el com-promiso de desarrollar nuestra labor con

absoluto apego a la ética y los valores. Asimismo, uno de nuestros objetivos principales como organismo cupular del empresariado chileno, es promover y difundir los principios éticos sobre los cuales la empresa privada debe desarro-llar su acción.

En momentos en que nuestro país se ha visto enfrentado a una crisis de confianza, la CPC ha sido especialmente enfática en señalar la necesidad de fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la sociedad, actuar con transparencia con-forme a valores fundamentales, como son la verdad y el bien común. Debemos tener una actitud atenta y abierta a escu-char, en primer lugar, a los colaboradores de la empresa, y también a los clientes, los proveedores y comunidades, de modo de fortalecer la confianza y me-jorar la relación con todos ellos.

La CPC está convencida que la confianza es un factor clave para alcanzar el de-sarrollo. Permite vínculos humanos de calidad, mejores relaciones laborales, incentiva a las inversiones, disminuye los

costos de fiscalización; en definitiva, esti-mula el crecimiento económico.

Convencida de que los gremios tienen una importante función que cumplir en impulsar los mejores estándares entre sus asociados, durante los años 2015 y 2016, la CPC continuó en su labor de de-fender, promover y difundir los valores y las buenas prácticas empresariales, a través de diversas actividades e instru-mentos. A su vez, alzó la voz en forma oportuna y clara, cuando se conoció al-guna acción reñida con la legalidad o la ética, protagonizada por empresarios o ejecutivos. Sin perjuicio de ello, el sector privado avanza día a día en iniciativas corporativas orientadas a fortalecer cul-turas éticas, anteponerse a los escena-rios de riesgo, ser proactivo, medir las consecuencias de los actos y generar los propios límites y regulaciones, así como los propios regímenes de sanciones.

LA CONFEDERACIÓN DE

LA PRODUCCIÓN Y DEL

COMERCIO Y LAS SEIS

RAMAS QUE LA INTEGRAN

TENEMOS EL COMPROMISO

DE DESARROLLAR

NUESTRA LABOR CON

ABSOLUTO APEGO A LA

ÉTICA Y LOS VALORES.

M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · á m b i t o s d e t r a b a j oC o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o38 M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · á m b i t o s d e t r a b a j o 39

PRINCIPALES INICIATIVAS

Firma Pago oportuno proveedores.

1Compromiso público privado para incrementar participación de la mujer en el mercado laboral

En octubre de 2015, el Presidente de la CPC, Al-berto Salas, y la Subsecretaria de Economía, Katia Trusich, encabezaron la firma de una alianza pú-blico-privada, donde se comprometieron a incre-mentar la participación de mujeres en las empresas del país.

La firma del compromiso se realizó en el marco del encuentro “Desafíos de Productividad en Chile: +Mujeres en Alta Gerencia y Directorios”, organizado por la Subsecretaría de Economía y el Banco Intera-mericano de Desarrollo (BID); oportunidad en que se dieron a conocer los resultados del Informe de este organismo titulado “Chile, Liderazgo Femenino en el sector Privado”.

En la carta de compromiso se reconoce que para avanzar en una mayor inclusión de las mujeres en todos los estamentos del mercado laboral, es ne-cesario contar con políticas públicas que faciliten su incorporación al permitirles compatibilizar las labores en la empresa con sus compromisos fami-liares y personales. Por otra parte, implica dar pasos decididos hacia un cambio cultural que, de manera voluntaria, fomente la incorporación de las mujeres en los distintos ámbitos de toma de decisiones de las empresas y otras instituciones.

“Estamos muy contentos con la firma de este com-promiso histórico entre la CPC, ACCIÓN y la Sub-secretaría de Economía, para promover un mayor espacio de mujeres en nuestra economía y en la productividad”, afirmó Trusich. En tanto, Alberto Salas, planteó que “los empresarios de la CPC y las seis Ramas que la componen adherimos a esta carta de compromiso con mucha voluntad de poder aportar a facilitar la incorporación de las mu-

2Código de Pago Oportuno a los Proveedores

Con el objetivo de avanzar en el pago oportuno de proveedores, en mayo de 2015, la CPC, CNC, SONAMI, SOFOFA, CChC, ABIF, CCS, ASCH, Propyme, Cona-pyme, Unapyme y Asexma firmaron el “Código de Pago Oportuno a mis Pro-veedores”, que establece que una em-presa se relacione con sus proveedores mediante la implementación de los Acuerdos Comerciales Voluntarios (ACV), el respeto irrestricto de las condiciones establecidas en la orden de compra, y fi-jando procedimientos de reclamos para resolver controversias entre las partes.

La Subsecretaria de Economía y Em-presas de Menor Tamaño, Katia Trusich, encabezó la firma, en la que participaron también dirigentes de los principales gremios y de las grandes, medianas y pe-queñas empresas.

La Subsecretaria valoró el trabajo de las organizaciones empresariales, ya que “todos, apelando a la responsabilidad ética y a la iniciativa de asociarnos para construir un país mejor, hemos acordado hacer este código que busca mejorar la cultura de pago a los proveedores en Chile”. Por su parte, Segismundo Schu-lin-Zeuthen, Vicepresidente de la CPC, declaró que “para la CPC y los gremios que lo integran este es un momento muy importante, a todos nos mueve el interés de Chile y lo que estamos ha-ciendo hoy es comprometernos a que haremos todos los esfuerzos para que nuestros asociados cumplan con estos ACV que significan facilitarles la liquidez sobre todo a los pequeños y micro empresarios”.

3Asesoría para Agenda de Probidad

Entre noviembre de 2015 y marzo de 2016, la CPC y sus Ramas traba-jaron con la consultora Puelche (Blanca Larraín y Hernán Larraín) e Ig-nacio Briones, quienes prestaron una asesoría técnica para elevar los estándares y procedimientos de los gremios frente a las malas prác-ticas empresariales.

Se realizaron una serie de talleres, que constituyeron valiosas ins-tancias de reflexión y diálogo en cada Rama, y donde se analizó en profundidad el entorno actual y los desafíos futuros en materia de ética y empresas sustentables. Hubo consenso en la importancia de seguir avanzando en una cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación.

jeres en el mundo laboral, en todas los estamentos y en todos los puestos, aumentando así las posibi-lidades que tienen, porque la mujer en el mundo laboral realiza un aporte muy significativo. Si Chile quiere transitar al desarrollo no puede darse el lujo de no incorporar fuerte y decididamente mujeres en todos los niveles laborales en nuestras empresas”.

El acuerdo fue suscrito por la Subsecretaria y Salas, quien además de representar a la CPC, firmó en nombre de la Sociedad Nacional de Minería (SO-NAMI), junto a Juan Pablo Matte, Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Ri-cardo Mewes, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC); Jorge Ortúzar, Secretario General de la Sociedad de Fo-mento Fabril (SOFOFA); Max Correa, Vice Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Segismundo Schulin-Zeuthen, Presidente de la Asociación de Bancos (ABIF); María Paz Epelman, Presidenta de ACCIÓN; Claudio Muñoz, Presidente de +Diversidad y María Elena Sanz, Fundadora de +Mujeres.

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o40 M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · á m b i t o s d e t r a b a j o 41

La plataforma contiene, en su primera versión, 34 casos de 32 empresas. La in-formación fue extraída de sus reportes de sostenibilidad 2014 y analizada en función de criterios como: existencia de iniciativas concretas que contribuyen a la solución o mitigación de un problema específico, definido en los ODS y sus metas; que el programa o proyecto haya sido o esté siendo ejecutado y se identi-fica un estado de avance o cambio posi-tivo en torno al desafío; que la calidad y cantidad de la información presentada en el reporte de sostenibilidad sea sufi-ciente para dar a entender la práctica eje-cutada; y que las prácticas seleccionadas no respondan a normativas vigentes que las empresas deben cumplir por respeto a la ley, sino que representan un esfuerzo de ir más allá de lo estrictamente legal.

El presidente de la CPC, Alberto Salas, señaló que el valor de “la transparencia es un principio fundamental para las em-

presas que debe estar presente en cada una de las acciones que ella realiza” y destacó que la plataforma Empresas Sumando Valor apunta precisamente a fomentar la transparencia y la repor-tabilidad entre las empresas. Hizo un llamado a que más empresas se sumen al este esfuerzo de hacer mejores em-presas, “poniendo a las personas al centro de sus decisiones y teniendo una actitud atenta y abierta a escuchar, dia-logar y colaborar, de modo de fortalecer la confianza y mejorar la relación entre todos”.

“Nos parece importante fomentar inicia-tivas como esta, ya que van en la línea de hacer mejores empresas, lo que trae consigo amplios beneficios. Por un lado, cuando las empresas llevan adelante prácticas ligadas a la sustentabilidad, se convierten en organizaciones más com-

EL SECTOR PRIVADO

AVANZA DÍA A DÍA

EN INICIATIVAS

CORPORATIVAS

ORIENTADAS A

FORTALECER

CULTURAS ÉTICAS

Y ANTEPONERSE A

LOS ESCENARIOS

DE RIESGO.

petitivas, con el consiguiente beneficio a sus trabajadores. Por otro lado, la puesta en práctica de estas medidas ayuda a la empresa a adaptarse a un mundo cada vez más exigente y cambiante”, explicó Hermann von Mühlenbrock.

Por su parte, la vicepresidenta de ACCIÓN Empresas, Ana Olate, destacó el carácter colaborativo de la iniciativa y agradeció la confianza de las organizaciones gre-miales. Agregó que gradualmente, “es-tamos entendiendo que la colaboración no es un extra, algo bueno de tener, sino un requisito esencial en la actividad hu-mana que quiere proyectarse de manera sostenible en el tiempo. Y no es fácil de llevar a cabo. Requiere tanto de es-fuerzos individuales, de superación de miedos y prejuicios, como colectivos, en apertura, honestidad y nuevas formas de relacionamiento.”

4Empresas Sumando Valor

En septiembre de 2016, la CPC, la SO-FOFA y ACCIÓN Empresas presentaron una plataforma de casos empresariales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, cuyo nombre es Empresas Sumando Valor. La iniciativa fue creada para fomentar la transpa-rencia y la reportabilidad entre las em-presas que operan en Chile y expone prácticas concretas de contribución a los 17 Objetivos (ODS) definidos en la Agenda 2030 promulgada por la ONU.

Con la presencia de la Subsecretaria de Economía y presidenta del Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sos-tenible, Natalia Piergentili, y los máximos líderes de la CPC, Alberto Salas; SOFOFA, Hermann von Mühlenbrock; y la vice-presidenta de ACCIÓN Empresas, Ana Olate, se realizó el lanzamiento de la pla-taforma Empresas Sumando Valor, una iniciativa conjunta de las organizaciones empresariales.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-nible van desde el fin de la pobreza al acceso a la educación, pasando por disponibilidad de agua limpia, energía eficiente, crecimiento eco-nómico con pleno empleo e insti-tuciones responsables. Se trata de una multiplicidad de aspectos en temáticas económicas, sociales, medioambientales y gobernanza que involucran a la sociedad en su conjunto y para los cuales las em-presas tienen un rol preponderante, tanto por los aportes que puede rea-lizar para alcanzar estos objetivos como por los esfuerzos de responsa-bilizarse de los impactos negativos que puede generar.

Lanzamiento de Empresas Sumando Valor.

Lanzamiento de Empresas Sumando Valor.

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o42 43M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · á m b i t o s d e t r a b a j o

El valor y utilidad de la herramienta radica en que constituye una guía exhaustiva y sistemática de mejores prácticas; per-mite focalizar los esfuerzos de las organizaciones en elevar los estándares éticos, prevenir y detectar a tiempo posibles malas prácticas; y genera un proceso de mejora continua, con sentido de bien común. También permite a las em-presas contar con información agregada de los avances al-canzados y trabajar colaborativamente en los ámbitos más débiles, compartiendo soluciones y experiencias exitosas en mesas de trabajo coordinadas por Generación Empresarial y los gremios.

Cada empresa que acceda a esta plataforma –de manera gratuita y anónima– podrá evaluar sus propios resultados contrastándolos con un benchmark en línea, construido sobre la base de las respuestas dadas por las empresas partícipes, de manera agregada, no individual, para res-guardar la confidencialidad.

Generación Empresarial enviará el link para acceder a la plataforma a sus empresas asociadas y también a aque-llas que accederán a través de la red de socios de cada Rama de la CPC, sin perjuicio de que la intención es que esta herramienta esté disponible para todas las empresas que deseen medirse. La idea es contar con un universo de 30 empresas para esta primera entrega.

En el almuerzo realizado en El Mercurio, la Gerente General de Generación Empresarial, Paula Valenzuela, explicó que “la herramienta está construida en base a dos principios: el respeto a la dignidad de las personas y el aporte que la em-presa hace al bien común, ambos ejes esenciales del cómo hacer negocios en el siglo XXI”.

5Herramienta de Autodiagnóstico en Mejores Prácticas

Con el fin de guiar a las empresas en el proceso de im-plementación de prácticas virtuosas que eleven sus estándares éticos, Generación Empresarial ha desarro-llado una Herramienta de Autodiagnóstico en Mejores Prácticas, que presentó junto a la CPC y sus seis Ramas –CCHC, ABIF, SNA, SONAMI, SOFOFA y CNC–, en un al-muerzo en el diario El Mercurio.

La herramienta incorpora de forma integral y sistemática los nuevos riesgos a los que hoy se ven expuestas las em-presas en su relación con colaboradores, proveedores, clientes, comunidad, sector público y grupos de interés, así como en el desempeño en temas medioambientales y de libre competencia.

En la práctica, este autodiagnóstico consiste en un cues-tionario online que permite evaluar el avance en la im-plementación de mejores prácticas, a través de 15 indica-dores generales formulados a modo de pregunta con los que se consultará a las compañías sobre su desempeño y las prácticas que siguen en los más diversos temas que están hoy en el tapete y que inciden en la forma en que las empresas hacen negocios:

Programa de mejores prácticasGobiernos corporativosDerechos humanosColaboradoresProveedoresClientesMedio ambiente ComunidadesLibre competenciaRelación público-privadaGrupos de interésCapacitaciónLínea de denunciaCódigos de ética y/o buenas prácticasResponsables en la organización

6Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana

Los años 2015 y 2016 la CPC patrocinó y participó en la presentación de los resul-tados del Ranking de Sustentabilidad Em-presarial, que elabora PROhumana desde 20015, como una forma de reconocer a aquellas empresas que se destacan por su nivel de desarrollo del Modelo de Es-trategia de Negocio Sustentable, para lo cual utiliza dos de las metodologías que PROhumana ha desarrollado: Evaluación Integral y Encuesta de Trabajadores.

El Ranking busca generar aprendizajes que fortalezcan una cultural e identidad empresarial en base a la sustentabilidad y la buena gobernanza, junto con ins-pirar procesos de cambio en la gestión empresarial en pos de la configuración de una cultura e identidad empresarial sustentable

De acuerdo su metodología, los princi-pales ejes de acción de las empresas reco-nocidas están relacionados con prácticas de gestión ética y prevención de la co-rrupción. Con este propósito, evalúa a las empresas en base a cómo gestionan sus prácticas en siete diferentes áreas: ges-tión integral, gobernanza, público interno, proveedores, clientes y/o consumidores, comunidad y medioambiente.

Presentación Ranking de Sustentabilidad Empresarial de PROhumana.


Seminario sobre sustentabilidad, organizado por Transelec y revista Qué Pasa.

Alberto Salas participa en seminario de USEC.

Alberto Salas participa en el seminario de la Universidad Católica “Costruyendo Confianza”.

Presentación de la herramienta de Autodiagnóstico en Buenas Prácticas.

Alberto Salas participa en seminario de USEC.

El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, en reunión en la CPC.

7Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible

Desde su creación en julio de 2013, la CPC parti-cipa en el Consejo de Responsabilidad Social, el cual sostiene que la responsabilidad social es un concepto cada vez más relevante en un mundo globalizado y su consideración -tanto por parte del sector público como privado- se ha transformado en una condición estratégica para el desarrollo.

Conforme a los objetivos planteados en el Con-sejo, la CPC ha trabajado durante los dos últimos años en actividades que buscan propiciar la incor-poración de prácticas empresariales responsables con enfoque sectorial; en el levantamiento de las iniciativas existentes en relación con la difusión de prácticas empresariales responsables impulsadas desde el sector empresarial; y en el fomento de la transparencia en la gestión empresarial de ma-nera sistemática.

El Consejo está encabezado por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, y compuesto además por instituciones de gobierno, miembros de la sociedad civil y representantes del sector académico y empresarial. Entre los integrantes en representación del sector privado, se encuentra el presidente de la CPC, Alberto Salas.

El Consejo constituye un espacio de discusión y debate en torno a la formulación de políticas, pro-gramas e instrumentos que aseguren una efectiva incorporación de la Responsabilidad Social en la estrategia de crecimiento de Chile. Dentro de sus principales funciones está coordinar los esfuerzos de los distintos órganos del Estado, el sector pri-vado y la sociedad civil en esta materia; identi-ficar e informar al Ministro de Economía acerca de políticas, buenas prácticas e iniciativas que se generen en este ámbito; y proponer medidas con-cretas y acciones de política pública en responsa-bilidad social.

8Difusión y seguimiento de la temática de Empresas y Derechos Humanos

El año 2011, Naciones Unidas aprobó Los Principios Orien-tadores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que contiene tres pilares que definen la relación entre em-presas y derechos humanos:

1. El deber estatal de proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas, a través de políticas, regulación y resolución de conflictos.

2. La responsabilidad empresarial de respetar los dere-chos humanos, es decir, actuar con la debida diligencia para evitar infringir los derechos de los demás.

3. El acceso a mecanismos de reparación eficaces para las víctimas de violaciones de derechos humanos, inclu-yendo el uso de tribunales o procesos internos.

El Gobierno se comprometió a elaborar un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas, con el ob-jeto de implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas en Chile.

En este marco, la CPC desarrolló acciones destinadas a in-formar al mundo empresarial sobre este debate que ha li-derado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Destacan las siguientes actividades:

Participación en el seminario Sub–regional para em-pleadores sobre Empresas y Derechos Humanos, Buenos Aires.

Taller de difusión en las Ramas de la CPC de los prin-cipios rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Reunión de trabajo con participación de Roberto Suarez por la OIE, Andrés Yuren por ACTEMP, la especialista ar-gentina María José Alzari, y participantes del Ministerio de RREE.

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DECLARACIONES PÚBLICAS

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CPC AL CONOCERSE LA “ARISTA PAÑALES” EN CASO DE COLUSIÓN DEL TISSUE (diciembre de 2016)

La CPC condena cualquier tipo de mala práctica em-presarial, cualquier acción reñida con la ética, la ley, la transparencia y los valores. No las hemos amparado nunca y jamás lo haremos.

En particular, la colusión produce un grave daño a las personas y un perjuicio al sistema económico. Tam-bién afecta la confianza necesaria para que una so-ciedad se desarrolle en armonía y pueda progresar.

Tenemos la más absoluta convicción que la libre y leal competencia no sólo da legitimidad al sistema, sino que entrega garantías a los consumidores para acceder a los bienes y servicios en las mejores condiciones.

Presidente de la CPC valora anuncios del Gobierno contra la corrupción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado (abril 2015)

“Valoramos el trabajo serio, técnico y profesional que realizó la Comisión Engel. El conjunto de propuestas que contiene el informe va en la línea correcta, por un lado, para luchar efectivamente contra la corrup-ción, los conflictos de interés y las malas prácticas en el sector público y privado; y por otro, para transpa-rentar la relación entre dinero y política, evitar ilegali-dades y faltas a la ética en este campo.

“Analizaremos en detalle cada una de las medidas, pero coincidimos en que se aumente la fiscalización por parte de los órganos responsables, que se endu-rezcan las sanciones, se evite el mal uso de recursos del Estado, se mejore la calidad de la política, y se avance con la debida prolijidad en las medidas ad-ministrativas y proyectos de ley necesarios para con-cretar las propuestas”.

PRESIDENTE DE LA CPC RECHAZA Y CONDENA COLUSIÓN EN MERCADO DE PAPEL TISSUE (octubre 2015)

“Manifestamos nuestro profundo rechazo y total con-dena a los hechos recientemente informados, pues se trata de conductas que atentan gravemente contra la libre competencia que debe operar en los mer-cados, perjudicando seriamente a las personas y a la sociedad en general. La colusión afecta la fe pública y va contra la ética y la transparencia que toda em-presa tiene el deber de respetar”.

“Nuestra convicción es que la defensa de la libre competencia debe ser parte esencial del desarrollo de nuestra cultura empresarial, y la condena de las prácticas desleales una forma de mantener una cul-tura empresarial sana y fortalecida hacia el futuro.”

“Cabe destacar también que la institucionalidad eco-nómica en nuestro país funciona adecuadamente y así se ha demostrado con estos hechos”.

Participación de la CPC en otras instancias de promoción de la ética y la RSE

Presidente de la CPC como jurado en Premio al Buen Ciudadano Empresarial, de Amcham.

Presidente de la CPC como jurado del premio ESE a la Familia Empresaria.

Presidente de la CPC como jurado en Premio PwC Chile Innovación 2015 y 2016.

Participación del presidente de la CPC en el análisis en resultados del Informe de Mujeres en Alta Dirección, realizado por Mujeres Empresarias y la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica.

DECLARACIÓN DE LA CPC FRENTE AL REQUERIMIENTO DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA EN CONTRA DE CENCOSUD, SMU Y WALMART (enero 2016)

Condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados, la cual constituye la principal garantía para que los consumidores accedan a los pro-ductos y servicios a precios competitivos.

La colusión daña la fe pública y afecta profun-damente la confianza entre los actores de la so-ciedad, factores indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía, para el empren-dimiento y las inversiones.

En caso de confirmarse esta denuncia de colusión por parte del Tribunal de la Libre Competencia, en que por acuerdo de precios entre las empresas se haya obtenido ganancias por sobre lo que corres-pondía a un mercado competitivo, deberá apli-carse todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados.

Nuestro país cuenta con una institucionalidad que ha demostrado que funciona adecuadamente frente a casos como éste, llevando a cabo de manera diligente las investigaciones y denuncias correspondientes.

El proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso permitirá perfeccionar las normas de libre competencia, al contemplar el aumento de las sanciones y la creación de la figura del delito de colusión.

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La productividad es tarea de todos. El gran desafío de Chile es hacer de la producti-vidad la herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y llevarnos al desarrollo inte-gral del país. Este camino sólo es posible si todos colaboramos en buscar alternativas eficientes e innovadoras. Pensar hoy en la productividad como una política que genera oportunidades para todos, significa mirar un mañana con una mejor calidad de vida para los chilenos.

Chile ha mostrado una trayectoria muy exitosa. En los últimos 30 años, trazó un camino de apertura económica, libre mercado, responsabilidad ma-croeconómica y respeto a las instituciones, cuyo resultado es el país próspero en el que vivimos. Se redujo considerablemente la pobreza, mejoró la expectativa de vida y salud de la población, la co-bertura en educación, las condiciones de vivienda, el acceso a más y mejores bienes y servicios. En definitiva mejoró sustancialmente la calidad de vida de los chilenos.

Sin embargo, todavía hay en nuestro país personas que viven en situación de pobreza o que no logran ser parte del mercado laboral, y persisten desafíos pendientes en varios ámbitos que afectan el bien-estar. Seguir creando empleos y otorgando opor-tunidades de progreso, requiere que logremos recuperar esa capacidad de crecimiento alto y sostenido, para lo cual, resulta fundamental au-mentar la inversión, el trabajo y la productividad.

EL GRAN DESAFÍO DE

CHILE ES HACER DE

LA PRODUCTIVIDAD

LA HERRAMIENTA

PARA MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA

DE LAS PERSONAS

Y LLEVARNOS

AL DESARROLLO

INTEGRAL DEL PAÍS.

ESTE CAMINO SÓLO

ES POSIBLE SI TODOS

COLABORAMOS EN

BUSCAR ALTERNATIVAS

EFICIENTES E

INNOVADORAS.

Hacer más con los mismos recursos, eje-cutar mejor las cosas, ser más eficientes, trabajar menos horas para lograr lo mismo, son todas definiciones válidas de productividad. Al revisar las estimaciones disponibles, todas llegan a la misma con-clusión: la productividad crece cada vez menos y dejó de ser uno de los motores de nuestro crecimiento. Los 30 años en que nuestro producto creció al 5,3% en promedio por año, comprenden dos pe-riodos distintos: más de una década de crecimiento muy alto –sobre el 7% en promedio– en que la productividad tuvo un aporte relevante, y los últimos 15 años en que el crecimiento se redujo casi a la mitad y el aporte de la productividad dis-minuyó considerablemente.

Ante esta realidad, la CPC creó en abril de 2015, una Comisión de Productividad para plantear proactivamente diagnós-ticos y propuestas para impulsar la pro-ductividad y sostener el alto crecimiento a través de mayor competencia y mayor efi-ciencia. Luego de varios meses de trabajo y convocatoria a más de 100 empresarios y expertos en los distintos temas, que-remos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, desde la experiencia práctica, con altura de miras y visión de largo plazo.

Una sociedad más productiva puede combinar sus recursos de manera más eficiente, permitiendo que la actividad económica sea dinámica y sostenible en el tiempo. Y mayor productividad genera más crecimiento, los ciudadanos acceden a mejores empleos, permite salarios más altos, y acceso a más y mejores bienes y servicios como educación, salud o infraes-tructura. Esto se traduce en mayor bien-estar y, finalmente, en mayor felicidad.

Dos caminos nos conducen a lograr au-mentos en productividad. Por una parte, optimizar los procesos con los recursos ya

disponibles, lo que exige el buen funcio-namiento de los mercados, libre compe-tencia, instituciones con mayores grados de legitimidad, reducir la carga regula-toria y la burocracia que generan pérdidas de eficiencia, una infraestructura que no limite los avances y la flexibilidad nece-saria para una adecuada asignación de recursos. Por la otra, innovar, implemen-tando nuevas ideas, creando productos, diseños, procesos, modelos de negocios u organización productiva. En ambos casos, la base para lograr una mayor productividad son las personas. Por eso, es fundamental que todos los chilenos tengan acceso a una mejor formación y a un entorno que les permita desplegar su talento creativo, con un clima propicio a la innovación y el emprendimiento, sin barreras de entrada, que no condene el fracaso, y que permita la flexibilidad para adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías que ofrece el mundo dinámico.

Estos objetivos deben fundarse en pi-lares que nos permitan avanzar en la senda al desarrollo: instituciones sólidas, certeza jurídica, un Estado moderno y eficiente que establezca reglas claras en una cancha pareja para el buen funcio-namiento de los mercados, con derechos de propiedad bien asignados y libre com-petencia, coherencia regulatoria y ade-cuadas políticas públicas.

En base a indicadores y rankings interna-cionales, la Comisión de Productividad de la CPC definió 9 temas relevantes para la productividad que decidió abordar en Mesas Técnicas, en los cuales centró su trabajo en esta etapa. Surgen de ese ejercicio un conjunto de iniciativas que, sumadas a propuestas ya existentes en agendas previas, creemos son un buen punto de partida para convocar a todos a trabajar por un Chile más productivo.


PRODUCTIVIDAD


TEMAS RELEVANTES Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

11. Desarrollo de competencias de capital humano

El capital humano que las personas adquieren a través de la acumulación de conocimientos, es la principal herramienta con la que cuentan para tener más oportunidades, obtener mejores empleos, mayores salarios y lograr su realización profesional.

El desarrollo del capital humano eleva la productividad y la competitividad, favorece el crecimiento y permite alcanzar mayores niveles de bienestar a todos los chilenos. Sin em-bargo, aunque nuestro país ha realizado grandes avances en las últimas décadas, aún la productividad laboral está lejos de la que presentan los países desarrollados e incluso de países con ingreso per cápita similar al nuestro, como Por-tugal, Estonia o Grecia. Según la OCDE, la productividad la-boral en Chile en 2014 fue de US$ 27 por hora trabajada, sólo un tercio de la exhibida en Estados Unidos, y en torno a la mitad de Australia o del promedio de países que pertenecen a la OCDE.

Según el Ranking de Competitividad Global del Foro Eco-nómico Mundial (WEF) 2015-2016, pese a que Chile está re-lativamente bien ubicado en el puesto 35 entre 140 países, destacan como desafíos pendientes la calidad de la educa-ción primaria, de la matemática y científica en formación superior y de la capacitación. Entre los factores más proble-máticos para hacer negocios, el informe del WEF resalta el inadecuado nivel de capital humano de la fuerza de trabajo.

La Educación Técnico-Profesional (ETP) es parte importante de nuestro sistema educativo, tanto en educación media como superior, representando cerca de un 50% de la matrí-cula total nacional. La ETP tiene una mayor concentración de jóvenes de menores ingresos, lo que explica su rele-vancia en términos de generación de oportunidades, razón por la cual la Comisión decidió focalizar su trabajo en ella.

Hay cuatro desafíos pendientes en la ETP y la capacitación laboral, que ampliarían el impacto de la formación y capa-

citación de capital humano: fortalecer el vínculo de las ins-tituciones formativas con el mundo productivo; una mayor flexibilidad y articulación entre distintos niveles de forma-ción para el trabajo; priorizar estas materias dentro de las políticas públicas; y aumentar la información relevante para la toma de decisiones.

Para que el proceso de formación y capacitación resulte fructífero, debe existir información oportuna y pertinente, que esté disponible tanto para los jóvenes que eligen su for-mación como para las empresas que demandan recursos humanos calificados. El papel que le cabe al sector produc-tivo en esta materia es irremplazable, ya que es el que mejor puede definir los requerimientos de competencias y forma-ción para la empleabilidad de las personas.

Por tanto, creemos relevante que el empresariado asuma un nuevo rol en establecer, coordinar y sistematizar las necesi-dades de capital humano que tiene el sector productivo, de manera que los programas que se entregan en los centros de formación estén relacionados con las capacidades que el mercado requiere y valora. Por otra parte, se propone di-señar “rutas de aprendizaje” que detallen las competencias claves que los técnicos de nivel medio y superior de cada sector necesitan para los distintos puestos de trabajo y, a su vez, flexibilidad que permita la articulación entre distintos niveles de formación para el trabajo de modo que se pueda reconocer y validar los aprendizajes previos.

Para generar un flujo continuo de información de los reque-rimientos de competencias como insumo para las mallas curriculares de formación, con foco en la empleabilidad, se propone sistematizar y publicar información de los esta-blecimientos educacionales y organismos de capacitación que se relacionan con los gremios, además de la creación de una Comisión permanente conformada por la CPC y sus gremios asociados, en conjunto con las instituciones que imparten educación técnico-profesional.

Además, es fundamental crear un registro y un sistema de evaluación por parte de las empresas, administrado por los gremios de cada sector productivo, al que voluntariamente se sometan los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), para contar con un mecanismo de información y evaluación realizado directamente por los usuarios. Por un lado, posibilitará a las empresas tomar mejores decisiones en las capacitaciones a contratar, y por el otro, permitirá al sector productivo proporcionar información relevante a los proveedores de formación para el desarrollo y el perfeccio-namiento de sus programas vigentes.

Por último, se sugiere difundir los casos exitosos de articula-ción entre el sector empresarial y el mundo de la formación para el trabajo. Para ello, se propone crear un sistema de reconocimiento de las empresas y trabajadores que apoyan a los liceos técnicos y a las instituciones de la Educación Su-perior Técnico-Profesional, como premios al Mejor Tutor, a la mejor Empresa con Educación Dual, entre otros.


22. Participación laboral femenina, juvenil y del adulto mayor

La productividad de un país descansa en las capacidades, destrezas y habilidades de su gente. Por ello, para aspirar a de-sarrollar por completo nuestro potencial, resulta esencial que seamos capaces de incorporar en la dinámica productiva a la gran diversidad de talentos que hay en Chile. Políticas públicas que aumenten la participación laboral de los grupos excluidos del mercado del trabajo con-tribuyen al crecimiento económico y al mayor bienestar de la población. Una mayor inclusión laboral ayuda a reducir los niveles de pobreza, permitiendo que los grupos más vulnerables tengan más oportunidades y accedan a mejores ni-veles de salarios.

Esta es una tarea pendiente, ya que los niveles de participación laboral son bajos, principalmente, porque son mu-

chas las mujeres y jóvenes que no tra-bajan. Muchas veces esto obedece a fac-tores culturales. En otros, el detonante es la rígida configuración de las leyes laborales chilenas. Si aspiramos a ser un país desarrollado y a otorgarles mayores oportunidades a las personas a través de que logren trabajos que les permitan de-sarrollar su potencial, debemos asumir con seriedad este desafío, y tomar ac-ciones concretas para remover los obstá-culos legales y culturales que impiden a grupos como mujeres, jóvenes y adultos mayores participar del mercado laboral.

Aunque Chile ha aumentado los niveles de participación laboral durante los úl-timos años, sólo un 56% de las mujeres que podrían trabajar en Chile lo hace, mientras que en el promedio de los países de la OCDE esta cifra es de 63%,

y en países desarrollados e incluso al-gunos con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita similar al de Chile, es su-perior al 70%. En base a datos de la En-cuesta Casen 2013, el 74% de las mujeres de entre 25 a 64 años que no buscan empleo en Chile, dicen no hacerlo por quehaceres del hogar o por no tener con quien dejar a sus hijos.

En el caso de los jóvenes, la participación laboral es de 36%, lo que representa una brecha de 11 puntos con el promedio de los países de la OCDE. A su vez, la tasa de desempleo juvenil en Chile es 3,2 veces más alta que la de los adultos. Más pre-ocupante aún son los altos niveles que hay en nuestro país de jóvenes que no estudian ni trabajan (21%), comparado con un 13% para el caso de Australia o un 18% para el promedio de países de la

OCDE. En Chile, las mujeres en esa con-dición duplican a los hombres. Según un estudio de McKinsey, alcanzar los niveles de la OCDE en participación de mujeres y jóvenes generaría un aporte de 0,5 puntos porcentuales de crecimiento anual en los próximos diez años.

El envejecimiento de la población y el avance en la medicina que permite un creciente número de personas con con-diciones físicas para seguir activos por más años, sugieren que los adultos ma-yores pensionados debe ser también una prioridad.

Aumentar los niveles de participación laboral de estos grupos es un desafío ur-gente que debemos asumir como país. Para ello, es fundamental otorgar una mayor flexibilidad que permita pactar ho-rarios y lugares de trabajo que se adapten

a las diversas realidades que hoy im-piden trabajar a mujeres que tienen hijos pequeños, jóvenes que quieren com-patibilizar los estudios con trabajo, o de adultos mayores que quieren y pueden trabajar algunas horas al día.

Para una mayor participación femenina, también resulta esencial reemplazar el actual mecanismo de provisión de sala cuna para madres trabajadoras, que hoy pone un desincentivo a la contratación femenina, por un nuevo mecanismo no discriminatorio y de mayor cobertura.

Las empresas, por su parte, juegan un rol fundamental en la incorporación de mujeres, jóvenes y adultos mayores a la fuerza laboral, a través de medidas concretas que promuevan cambios cul-turales. En esta línea, se recomienda dimensionar las necesidades de compe-

tencias laborales por sector productivo y poner dicha información a disposición de los centros de educación. Se plantea a su vez, hacer talleres de capacitación para gerentes de recursos humanos o encargados de selección de personal, para que logren evaluar objetivamente el personal a contratar sin sesgos cultu-rales. Además, se propone desarrollar un plan para difundir buenas prácticas em-presariales que promueven la participa-ción laboral de es estos grupos a través de seminarios, talleres y la creación de un premio para destacar aquellas em-presas que tengan mayor participación de mujeres, jóvenes y adultos mayores, y motivar a otras a seguir su ejemplo.


33. Simplificación de trámites

La palabra “trámites” tiene una connota-ción marcadamente negativa y todos tra-tamos de evitarlos. Sin embargo, resulta casi imposible eludirlos y querámoslo o no, debemos enfrentarlos a diario. Ciu-dadanos que deben hacer largas filas para renovar su carnet de identidad, pagar una cuenta o hacer la revisión téc-nica de un auto. Emprendedores que se encuentran con complejas barreras para obtener los permisos para abrir un ne-gocio o empresas que se enfrentan a pro-cesos con altos grados de incertidumbre al tramitar los permisos para invertir en nuestro país, son algunos ejemplos. Los trámites, que muchas veces dificultan la libertad de elección de los individuos, suelen tener un denominador común: son procesos engorrosos, lentos y com-plejos que generan pérdidas de tiempo y recursos innecesarios.

La simplificación de los trámites públicos y privados resulta esencial para lograr una economía ágil, competitiva y produc-tiva. Las ganancias en productividad que seamos capaces de generar en nuestra economía son fundamentales para sos-tener el crecimiento en el largo plazo. Para lograrlas, necesitamos que las gestiones o trámites sean fluidos y contribuyan a un ambiente que facilite la innovación, la inversión y el emprendimiento. Trámites simples, ágiles y claros resultan, entonces, esenciales para la productividad del país, pero además y fundamentalmente, son clave para una mejor calidad de vida para todos los chilenos.

LAS GANANCIAS EN

PRODUCTIVIDAD QUE

SEAMOS CAPACES

DE GENERAR EN

NUESTRA ECONOMÍA

SON FUNDAMENTALES

PARA SOSTENER EL

CRECIMIENTO EN

EL LARGO PLAZO.

LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES

PÚBLICOS Y PRIVADOS RESULTA ESENCIAL PARA LOGRAR UNA

ECONOMÍA ÁGIL, COMPETITIVA Y PRODUCTIVA.

vicios cuando el cliente lo requiera y facilitar la movilidad de las garantías con el fin de agilizar el proceso hipotecario. Para que los trámites sean más expeditos, se sugiere visibi-lizar la información a través de un observatorio de trámites que haga seguimiento de tiempo y costo de determinados permisos o trámites claves ante distintos ministerios, servi-cios y municipalidades para ciudadanos, emprendedores y proyectos de inversión. También es importante fortalecer la red de multiservicios del Estado, de modo que una persona pueda realizar varios trámites en un solo lugar.

Para impulsar una mayor digitalización, se plantea la ne-cesidad de desarrollar políticas “cero papel”, que aseguren relaciones 100% digitales y no presenciales, y avanzar en la

tramitación de proyectos de ley esenciales para esto, como el de firma electrónica y la modernización de notarios y con-servadores, creando en el sistema registral chileno la moda-lidad de folio real.

Finalmente, y para lograr una mayor transparencia de los procesos públicos, se debe promover desde el Estado una política de datos abiertos, institucionalizando y dando fuerza legal a mecanismos que aseguren mayor transpa-rencia, mayor visibilidad y mejor uso de la información que maneja el Estado, para que las personas conozcan los pasos necesarios para un trámite, sus requisitos y sus plazos, y puedan exigir su cumplimiento.

En el caso de los emprendedores, trá-mites y regulaciones mal diseñadas pueden crear barreas excesivas para el emprendimiento e, incluso, hacer que su operación sea virtualmente imposible, pudiendo llevar a que los emprende-dores desistan de su idea de iniciar un nuevo negocio. Según el ranking Doing Business 2016, del Banco Mundial, Chile aún tiene mucho que mejorar en trámites esenciales para hacer negocios, como el permiso de construcción, el registro de una propiedad, y los procesos de impor-tación y exportación. En el caso de los inversionistas, la agilización y simplifica-ción de trámites resulta indispensable para la materialización de los grandes proyectos de inversión, y evitar mayores costos e incertidumbre que pueden ter-minar por inhibir el interés y factibilidad de invertir en Chile.

El gran desafío, por tanto, es asegurar que los trámites a que se ven expuestos los ciudadanos, los emprendedores y las empresas, sean acotados, claros en sus requisitos, expeditos y lo más sim-ples posible, más aún cuando hoy existe tecnología que lo facilita. Para ello, se recomienda avanzar en cuatro ejes prin-cipales: más competencia, trámites más expeditos, digitalización y transparencia.

Para remover las trabas que impiden mayor competencia en los mercados a través de trámites engorrosos y para ge-nerar mayor movilidad, se propone faci-litar el término de los contratos de ser-


44. Innovación

La calidad de vida de los chilenos mejora en la medida que el país genera riqueza, produciendo más y mejores bienes y ser-vicios de todo tipo: materiales, tecnoló-gicos, artísticos, científicos o deportivos. Este proceso de creación de valor, que mejora los salarios y la calidad de vida de las personas, es impulsado por la competencia, un ambiente flexible que permita innovar y el buen uso de las he-rramientas disponibles, como el conoci-miento científico y tecnológico existente.

Un entorno competitivo y sin barreras de entrada estimula a las personas a buscar nuevas fórmulas productivas que agreguen valor. Por su parte, el uso de la ciencia y tecnología para desarrollar

nuevos productos, diseños, procesos, modelos de negocios u organización pro-ductiva, permiten un mayor dinamismo y más productividad.

La innovación está íntimamente ligada a la productividad, ya que mediante nuevas ideas se encuentran otras ma-neras de hacer lo mismo con menos es-fuerzo, o se logra producir bienes y servi-cios más valiosos con el mismo esfuerzo.

Chile tiene desafíos pendientes al com-pararnos con otros países. Según el In-forme de Competitividad Global 2015-2016 del WEF, en innovación estamos en el lugar 50 entre 140 países, y en el Índice Global de Innovación 2015, ocupamos el

lugar 42 entre 141 países. En ambos, se destacan como debilidades la limitada capacidad de innovación, los escasos recursos humanos para la innovación, la baja inversión en Investigación y Desa-rrollo (I+D) en las empresas, y la limitada cooperación en proyectos de innova-ción en conjunto con otras instituciones (otras empresas del grupo, proveedores, clientes, competidores, centros de I+D, universidades, entre otros).

Es por esto que debemos crear un eco-sistema que incentive una cultura de la innovación, a través de una mejor medi-ción y seguimiento de los indicadores de innovación, enseñando la importancia de la innovación desde la más temprana edad y mediante la implementación de incentivos para que todos se sientan parte de este proceso innovador.

Es necesario crear el ambiente para que las personas desarrollen su talento crea-tivo y las habilidades requeridas para que

logren innovar dentro de sus empresas, además de incentivar el flujo de ideas y conocimiento a través de intercambios, tanto en la universidad como en pro-gramas de pasantías al exterior para los trabajadores. Parte importante de las nuevas ideas, provienen directamente de las personas que están involucradas en el negocio, de los mismos trabajadores. Por lo tanto, debemos buscar y potenciar que todos cuestionen, observen, experi-menten y piensen en nuevas ideas.

Para lograr más desarrollo científico e inno-vación con fines productivos, es relevante aumentar el gasto en I+D, especialmente el de las empresas, desarrollando más áreas de I+D o centros tecnológicos en ellas. Es crucial en este proceso fortalecer los vín-culos de las empresas con universidades, centros tecnológicos y de investigación o esfuerzos sectoriales o gremiales para acentuar su conexión con las necesidades productivas y sociales y sociales del país.

LA INNOVACIÓN ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADA A LA PRODUCTIVIDAD,

YA QUE MEDIANTE NUEVAS IDEAS SE ENCUENTRAN OTRAS MANERAS

DE HACER LO MISMO CON MENOS ESFUERZO, O SE LOGRA PRODUCIR

BIENES Y SERVICIOS MÁS VALIOSOS CON EL MISMO ESFUERZO.


55. Productividad digital

En Chile, como en el resto del mundo, estamos viviendo una revolución digital cuyo impacto aún nos resulta difícil de calibrar. Estamos construyendo un uni-verso digital paralelo al que estábamos acostumbrados a ver y sentir a nuestro al-rededor. La economía digital y las nuevas tecnologías están revolucionando los procesos productivos, las formas de in-teracción y comunicación en el mundo entero. Cada vez son más las empresas que incorporan nuevas tecnologías y op-timizan su producción. El número de trá-mites públicos y privados que se pueden realizar por internet va aumentando gra-dualmente, ahorrando tiempo y dinero a los usuarios. Las relaciones laborales van lentamente modificándose con nuevos acuerdos contractuales, como el teletrabajo, aportando mayor flexibi-lidad horaria, menores tiempos de tras-lado y menos reuniones con presencia física. El comercio electrónico superará en algunas áreas las ventas del comercio tradicional. El teléfono móvil será el ins-trumento que nos permitirá pagar la ma-yoría de las transacciones y el dispositivo en el que convergerá una parte impor-tante de nuestras actividades diarias.

Requerimos reforzar y profundizar el im-pacto que la economía digital ya tiene en los procesos productivos del país, para transformarla en un agente de cambio social, que genere mayor producti-vidad, mayor empleo, mayor riqueza y mejor calidad de vida para todos. Sólo cuando la digitalización sea un protago-nista integral de la vida de las personas, Chile logrará el objetivo de incorporarse plenamente a la sociedad del conoci-miento y transformarse en una nación desarrollada.

Actualmente, la economía digital repre-senta sólo un 3,1% del Producto Na-cional, casi la mitad de los países de la OCDE. A pesar de que un 70% de los chi-lenos es usuario de internet, son pocos los que le dan usos productivos -como la realización de transacciones electró-nicas, trámites públicos y negocios-, li-mitándose la mayoría a llamar, mandar correos electrónicos y utilizar redes so-ciales. Nuestro país sigue manteniendo una baja alfabetización computacional y pocas habilidades digitales, problema que tiene su origen desde la infancia.

Bajo este contexto, Chile debe continuar sus esfuerzos para aumentar la conecti-vidad, especialmente en aquellas zonas de bajo uso de internet, y mejorar la for-mación de capital humano y desarrollo de habilidades digitales necesarias para aprovechar al máximo las oportunidades tecnológicas del mundo actual.

Las empresas, por su parte, deben hacer un esfuerzo para adaptarse a la actual revolución digital integrando nuevas tecnologías, abriendo posibilidades dife-rentes a través del comercio electrónico y la aplicación de “Internet de las cosas” en procesos productivos, y aumentando la flexibilidad a través del teletrabajo.

Por último, requerimos continuar con el proceso de digitalización del Estado y las empresas, aumentando los trámites que se pueden realizar en línea y fomentando el uso de ventanillas únicas para flujos de éstos, para así disminuir tiempos de tramitación y respuesta. La utilización de todas las herramientas digitales es clave para alcanzar las ganancias en eficiencia y productividad necesarias para dar un salto al desarrollo.

CHILE DEBE CONTINUAR

SUS ESFUERZOS

PARA AUMENTAR

LA CONECTIVIDAD,

ESPECIALMENTE EN

AQUELLAS ZONAS

DE BAJO USO DE

INTERNET, Y MEJORAR

LA FORMACIÓN DE

CAPITAL HUMANO

Y DESARROLLO

DE HABILIDADES

DIGITALES NECESARIAS

PARA APROVECHAR

AL MÁXIMO LAS

OPORTUNIDADES

TECNOLÓGICAS DEL

MUNDO ACTUAL.


66. Excelencia operacional

La competencia es el principal motor para hacer las cosas bien dentro de las empresas. En un entorno global compe-titivo, quien descubra antes que el resto las nuevas tendencias o quien entregue un mejor servicio, está un paso adelante.

Si bien la sostenibilidad de una empresa en el tiempo depende de varios factores, sin duda alguna, una buena gestión constituye un elemento clave. Por un lado, una buena gestión al interior de las empresas genera mejores condiciones para los trabajadores y mayor seguridad laboral. Y por el otro, una compañía con buenas prácticas de gestión tendrá una mayor rentabilidad, crecimiento de las ventas y mayor valor de mercado. Des-afortunadamente, a pesar de las innu-merables ventajas y la relevancia que tiene una buena gestión, existe desco-nocimiento de los beneficios que genera la implementación de herramientas de gestión, especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas, debido a que dichos beneficios se observan en el mediano o largo plazo.

Es por esto que surge la necesidad de crear una visión compartida por todos los integrantes de la organización que fortalezca la cohesión interna y les dé un propósito común. Promover un cambio de mentalidad donde la excelencia ope-racional en general y, la seguridad en particular, sean vistas como una herra-mienta crítica para aumentar el desem-peño de una empresa, permite motivar, involucrar y comprometer a todos sus integrantes. De esta forma, se genera un círculo virtuoso de mayor bienestar de los trabajadores y sus familias, y de mayor productividad en las empresas.

Existe amplia evidencia del positivo im-pacto de las buenas prácticas de ges-tión en diversos sectores económicos. Por ejemplo, en manufactura -según la World Management Survey (WMS)-, las empresas chilenas presentan grandes brechas en la calidad de las prácticas de gestión con otros países, teniendo en promedio una nota 20% menor en los úl-timos 10 años que las empresas nortea-mericanas que son líderes en la materia.

Chile tiene un potencial significativo de mejora sólo al adoptar las mejores prác-ticas de las empresas líderes en produc-tividad, que destacan por implementar estándares operacionales que minimizan el desperdicio y la variabilidad, realizar un benchmarking permanente en indica-dores clave y contar con una definición clara de sus objetivos de largo plazo. Asimismo, las empresas líderes enfocan su gestión de desempeño en resultados, potencian la mejora continua, e incen-tivan el desarrollo de las capacidades y del talento de cada trabajador.

En el sector retail, las mejoras en los planes de gestión han permitido au-mentar la productividad en supermer-cados hasta en un 40% y reducir sus inventarios hasta en un 30%. En la cons-trucción minera, por su parte, se descu-brió que solo un 49% del tiempo medido corresponde a tiempo efectivo de trabajo en los procesos operacionales, de ges-tión y dirección de proyectos. El estudio concluyó que si se pasara a un 60%, esto es, aumentar 1 hora el tiempo efectivo

diario a través de una disminución de los tiempos perdidos, se podrían aho-rrar anualmente más de 10 millones de horas-hombre que se podrían destinar a otras labores y más de US$300 millones, sin considerar cambios en el rendimiento del trabajador.

Uno de los grandes desafíos que tiene Chile por delante es promover una cul-tura de excelencia operacional y segu-ridad. Esto se puede lograr a través de la difusión de casos de éxito mediante seminarios, talleres y capacitaciones organizados por los gremios, y distin-guiendo a las empresas que presenten mejoras en sus indicadores de gestión y seguridad. En esta línea, la generación sistemática de reportes de seguridad y premios a las empresas que presenten mayores mejoras, incentivará a que cada vez sean más las empresas que realicen este cambio organizacional.

Por otro lado, existe una brecha en pro-ductividad relevante entre grandes em-presas y pymes en nuestro país. Por esto,

se debe incentivar la adopción de los me-jores estándares de gestión en las pymes a través de talleres y capacitaciones en gestión, así como a través de la difusión de buenas prácticas que permitan au-mentar la productividad, disminuir los tiempos perdidos de la jornada laboral y promover el desarrollo de habilidades en los trabajadores. Dichas iniciativas pueden tener efectos importantes en el desempeño de las pymes, generán-doles oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Debemos aprovechar la colaboración al interior de los gremios para fomentar el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas, mejorando su desempeño mediante una cultura de excelencia ope-racional y difundiendo la importancia de la seguridad para el bienestar de sus trabajadores.

UNO DE LOS GRANDES DESAFÍOS

QUE TIENE CHILE POR DELANTE ES

PROMOVER UNA CULTURA DE EXCELENCIA

OPERACIONAL Y SEGURIDAD.


77. Energía

La energía es un insumo fundamental para la sociedad, tanto para la vida de las personas, como para el funcionamiento y desarrollo de los sectores productivos. En los hogares, el alto costo de la energía reduce su ingreso disponible y el con-sumo, generando un acceso desigual a este bien de necesidad básica. Por otra parte, en los hogares más vulnerables la penetración de la energía eléctrica es sustancialmente menor que en los de mayor ingresos. Además, los altos precios afectan la competitividad de las empresas, dependiendo de cuán inten-sivas sean en el uso de la energía como insumo, lo que hace menos competitivas las exportaciones, lleva a redirigir los pro-yectos de inversión donde logren costos más bajos y, por lo tanto, genera menor actividad económica.

Se requiere energía competitiva y sufi-ciente para que Chile vuelva a mostrar altas tasas de crecimiento y para que los beneficios de éste se extiendan a todos los sectores de la sociedad. El principal problema para el sector energético, iden-tificado por la Comisión, es la creciente dificultad para concretar proyectos, pese al interés por invertir en el sector. Hay es-

tudios que dimensionan la pérdida que genera al país el atraso de las inversiones en generación eléctrica en 6% del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) para el periodo entre 2012 y 2019, además de un 18% de la inversión privada y un 8% del empleo.

Las principales causas de los atrasos o paralizaciones de proyectos son los largos e inciertos plazos de tramitación de múltiples permisos, criterios dis-pares, falta de coherencia regulatoria y discrecionalidad en distintos servicios públicos, comunidades locales menos dispuestas a aceptar inversiones por re-presentar costos locales y beneficios a nivel nacional, una creciente pérdida de confianza por parte de ciudadanos y em-presas en la institucionalidad y la mayor judicialización de los proyectos.

Para mejorar la relación de los proyectos de inversión con las comunidades y la ciudadanía en general, se propone ela-borar desde el sector privado un marco voluntario de buenas prácticas que permita definir los usos y la forma de gestionar los recursos que los titulares de proyectos destinan como inversión social a las comunidades. Además, es

relevante mantener informada a la ciu-dadanía, para lo cual se plantea publicar y difundir un reporte periódico con infor-mación energética relevante que aborde la situación nacional, competitividad, seguridad y efectos ambientales entre otros.

En términos de gestión e instituciona-lidad del Estado, se propone crear un “Observatorio de la Productividad” que genere información periódica y sistemá-tica que permita monitorear, evaluar el desempeño, y promover la eficiencia de los servicios públicos involucrados en la entrega de permisos y evaluación de proyectos de inversión, así como dotar de adecuados recursos humanos y finan-cieros a dichos servicios y permitir la ex-ternalización de ciertos trámites con sis-temas de acreditación como resguardo.

Respecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es importante fortalecer el Servicio de Evaluación Am-biental (SEA) y avanzar hacia una institu-ción autónoma del Estado con alta com-petencia técnica. Para esto, se propone darle la atribución al SEA para omitir los pronunciamientos de servicios que no

sean fundados o vayan más allá de las competencias sectoriales específicas, además de formalizar un mecanismo normado y voluntario de relaciona-miento entre los titulares de proyectos y el SEA y los servicios públicos que par-ticipan del SEIA. Se sugiere reemplazar el sistema actual de caducidad auto-mática de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por uno basado en estudios que determinen si cambiaron

las condiciones ambientales, así como evitar la presentación infundada de re-cursos judiciales o administrativos cuyo único objetivo sea dilatar la tramitación u otorgamiento de permisos de proyectos.

En relación a la gestión del territorio, se sugiere definir una institucionalidad que vele por la coherencia regulatoria de los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificaciones especiales, y profundizar

el programa de concesión de bienes na-cionales para proyectos energéticos.

Respecto a la Comisión Nacional de Energía (CNE), así como con el SEA, se propone transformarla en una institu-ción autónoma del Estado y con alta competencia técnica.


88. Infraestructura

El desarrollo de la infraestructura es esencial para la integración social, pues permite mayor conectividad y calidad en los servicios de infraestructura vial y ferroviaria, mejores redes de telecomuni-caciones, de energía y agua, entre otros. A su vez, mayor inversión en infraestruc-tura activa la economía, al generar creci-miento, crear puestos de trabajo, reducir la pobreza, y aumentar la eficiencia de la economía por menores costos para los productores y mejoras cualitativas gene-rales. En el caso de Chile, se estima que un 10% de incremento en la inversión en infraestructura, podría explicar un au-mento en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 1,6%.

En el periodo 2003-2012, la inversión en infraestructura pública fue, en promedio, de 2,5% del PIB, según la Cámara Chi-lena de la Construcción. Para cerrar la brecha de infraestructura respecto a los países desarrollados, se debiera invertir, en proyectos rentables para el país, en

torno al 4,3% del PIB hasta el año 2030 de acuerdo a un estudio de McKinsey, lo cual, permitiría impulsar el PIB entre 0,4 y 0,7% en dicho periodo.

El Informe de Competitividad Global del WEF 2015-2016, muestra que Chile está relativamente bien ubicado en el con-texto mundial. Se ubica en el lugar 35 entre 140 países, pese a que se ha mante-nido estable en los últimos años sin lograr mejoras relevantes en competitividad. Sin embargo, al observar el indicador es-pecífico de infraestructura, presentamos algo más de rezago: nos ubicamos en el puesto 45 entre los mismos 140 países, y las principales debilidades están en la calidad de infraestructura ferroviaria, ae-ropuertos y electricidad.

Persisten claros desafíos en el desarrollo de infraestructura, que podrían agru-parse en cinco ejes: infraestructura para mejorar productividad (infraestructura hídrica, transporte de carga e infraes-tructura urbana); adecuada evaluación

de proyectos; mejor diseño, evaluación y contratos; marco institucional apro-piado y que promueva la competencia; y fuentes de financiamiento de la infraes-tructura pública.

En el eje de “Infraestructura para me-jorar la productividad”, se propone opti-mizar la información e institucionalidad asociada a la infraestructura hídrica así como mayor eficiencia en el uso del re-curso hídrico; fortalecer el uso de los embalses existentes; promover nuevos métodos de acumulación; e incentivar el uso de todo tipo de aguas: servidas tratadas, de mar crudas o desalinizadas. En transporte de carga, se sugiere elevar la carga transportada por camión, con-cesionar la mantención de caminos básicos y evaluar el rol del ferrocarril en las políticas de infraestructura del país. En infraestructura urbana, se propone que las políticas de urbanismo que se implementen para las ciudades tengan una visión integrada que incluya temas

de transporte. Así, se sugiere redefinir la estrategia de transporte público en fun-ción del Metro como elemento central del sistema, además de ampliar el uso eficiente de la vialidad urbana aumen-tando la capacidad vial de las calles y reduciendo sus estacionamientos para hacer un mejor uso de ellas. Todo esto, implica realizar una evaluación continua del sistema de transporte y la infraestruc-tura asociada, a través de mejor infor-mación y la generación de indicadores relevantes.

En el segundo eje “Adecuada evaluación de proyectos” se propone perfeccionar la metodología de evaluación social de proyectos en base a las mejores prác-ticas a nivel internacional, incorporando nuevas dimensiones como la genera-ción o renovación de espacios públicos, incentivos de localización o el uso del subsuelo considerando una evaluación de los impactos que estos generan en el largo plazo.

En el tercer eje “Mejor diseño, evalua-ción y contratos”, las propuestas están enfocadas en hacer más eficiente el de-sarrollo de proyectos. Se debiera actua-lizar y mejorar el proceso de contratación pública y su gestión, estandarizar los procesos de licitación y mecanismos de adjudicación de proyectos, y establecer un registro único de contratistas como fuente de información de riesgo y el uso de seguros. También es importante fortalecer el mecanismo de resolución de controversias; introducir la figura del Gerente de Proyectos para resguardar el cumplimiento del contrato; junto con de-sarrollar de manera eficiente y óptima el proyecto de infraestructura licitado.

Respecto al cuarto eje, “Crear un marco institucional adecuado y que promueva la competencia”, las propuestas apuntan a mejorar el funcionamiento de las insti-tuciones que participan del desarrollo de la infraestructura, a través de más trans-parencia, coordinación y accountability.

Además se sugiere crear una agencia asesora público-privado que proponga, promueva y contribuya con habilidades y conocimiento técnico, validación trans-versal y visión de largo plazo a la política de infraestructura del país.

Debido a que la inversión en infraestruc-tura requiere de recursos permanentes para asegurar que la inversión sea de largo plazo y se logre disminuir la brecha existente, el quinto eje, “Potenciar las fuentes de financiamiento de la infraes-tructura pública”, plantea profundizar la asociación público-privada para ejecutar proyectos rentables para el país, esta-bleciendo los mejores mecanismos de financiamiento que permitan asegurar la permanencia de la inversión en infraes-tructura en el tiempo, y la manera más eficiente de lograrlo.


99. Cadena logística

El sistema logístico conecta a los mercados internacionales y domésticos, permitiendo el flujo comercial entre ambos. Dado que parte de la competitividad del comercio exterior radica en su disponibilidad en los mercados de destino, se exige a los sistemas logísticos eficiencia, certeza y flexi-bilidad. Tales requisitos cobran mayor relevancia en una economía como la nuestra, abierta y distante, donde gran parte de las exportaciones corresponde a commodities, cuyo valor agregado viene dado, en parte, por la agilidad y su disposición al menor costo.

El consenso transversal de que el país requería impulsar la posición competitiva de su comercio exterior como motor del crecimiento económico, permitió cimentar los pilares sobre los que Chile construyó el liderazgo que hoy muestra. Sin embargo, esa visión se ha ido desvaneciendo, relegán-dose el rol de la eficiencia logística. Se hace urgente que retomemos el foco de la facilitación del comercio exterior en las políticas públicas, en las estrategias de los servicios públicos, y en el diseño y habilitación de infraestructura. La eficiencia de la cadena logística es un desafío importante para reducir el tiempo y facilitar el acceso de nuestros pro-ductos a los mercados, es ahí donde tenemos posibles ga-nancias de productividad.

En Chile, el total del comercio exterior pasó de un 28% del PIB en la década del 60 a cerca de un 70% del PIB en los años recientes. Esto obligó al crecimiento y desarrollo de un sistema logístico capaz de movilizar y absorber tales volú-menes. Si bien la configuración de nuestro sistema logístico nos posicionó en un lugar destacado en Latinoamérica y relativamente bien a nivel mundial, preocupa el estanca-miento y, en algunos casos, el descenso en la evaluación de componentes de la logística del país, tal como lo demues-

tran el ranking Doing Business y el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial.

Tener procesos de exportación e importación poco efi-cientes resulta caro para el país. Así, según el estudio que McKinsey preparó para la CPC, cada día de demora en la ca-dena logística para exportar cuesta a Chile 0,9% del precio final. Si Chile redujera los días que demora en exportar a una mejor práctica (de 15 a 6 días) esto sería equivalente a una mejora de 7,2% en precios en destino.

Un nuevo enfoque, centrado en la productividad, requiere un consenso de largo plazo, plasmado en una visión y un plan estratégico que resguarde la eficiencia del comercio exterior, el accountability de las instituciones públicas fisca-lizadoras, la competitividad, seguridad y sustentabilidad de los servicios logísticos. Para ello, se debe promover el desa-rrollo y productividad portuaria, proveyendo servicios ma-rítimo-portuarios competitivos y continuos, y actualizando las regulaciones sectoriales para impulsar inversiones en capacidad portuaria.

A su vez, se propone velar por la integración y eficiencia modal en el transporte, introduciendo mayor competencia y flexibilidad a las redes de conectividad, así como mayor seguridad en las rutas. Además, hay que conciliar las diná-micas laborales con la competitividad del comercio exterior, reforzando los esfuerzos en capacitación y adaptando las herramientas disponibles a sus particularidades, junto con promover la certificación de competencias. Finalmente, se necesita mayor eficiencia en los procesos y la gestión de los documentos, para simplificar los trámites de exportación e importación, digitalizar trámites y remover los obstáculos burocráticos que nos restan productividad.

Foto: Roderik Henderson - Imagen de Chile


a

b

c

dAlianza estratégica con la Fundación Chile: Con el fin de evaluar la factibilidad y los alcances de realizar el proyecto de Consejos de Competencias multisectoriales y/o regionales, vimos la necesidad de realizar previamente un levantamiento y análisis sistemático de la información disponible, sobre las iniciativas del sector privado en tres ámbitos: estudios de fuerza laboral, estándares laborales, iniciativas destacadas de articulación educación-empresa. A partir de la información obtenida, se procederá a evaluar qué experiencias tienen los distintos sectores productivos en estas materias y así tomar decisiones relevantes sobre el proyecto de Consejos de Competencias.

Estado de avance de las propuestas DE LA CPC para mejorar la productividad

Luego del lanzamiento en abril 2016, la Comisión de Productividad dio inicio al proceso de implementación de las propuestas, comenzando en la primera etapa, con la ejecución de aquéllas que dependen exclusivamente del sector privado. Se priorizaron durante el 2016 las propuestas relativas a la formación de capital humano y a los proyectos de inversión.

Proyecto Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC): Su objetivo es publicar un ranking que permita una evaluación de la calidad del servicio de formación que entregan las distintas OTEC que se someten voluntariamente a la evaluación por parte de los que reciben la capacitación, a través de parámetros objetivos e indicadores medibles. La implementación está a cargo de la empresa ConTalento junto al equipo de Consultoría de Deloitte. Consiste en un sistema de aseguramiento de calidad para diferenciar la oferta de formación que existe en el mercado, a partir de una metodología co-creativa que establece instancias de participación para empresas de formación y empresas clientes, quienes evalúan y proyectan mejoras en la gestión institucional y en la gestión de procesos de las empresas.

Plataforma digital con información sobre formación técnico-profesional: Se realizó un trabajo de consolidación de información de los liceos de Formación Técnica ligados a las Ramas de la CPC, que considera datos de cada establecimiento, para publicar en una plataforma virtual. En la primera etapa, se incluyen los liceos de educación media técnico profesional que dependen de las Corporaciones y fundación de las Ramas de la CPC. En una segunda etapa, se busca ampliar la oferta de liceos técnico profesionales que tengan vinculación con los sectores productivos. Se considera la plataforma como una vitrina para difundir todos los temas ligados a la formación de capital humano que se están abordando desde la CPC, así como experiencias exitosas de articulación entre la educación media técnica profesional, la educación superior técnica-profesional y los sectores productivos.

Alianza estratégica Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (CPP UC) - CPC: Desarrollo de una Propuesta de Políticas Públicas de Fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional, a partir de la generación participativa, que se realizará en tres etapas, iniciándose con el levantamiento de un estudio de casos (nacionales e internacionales) de modelos de articulación en ETP y del empresariado por parte de la CPC y del CPP UC (Estudio Programas para la Formación Técnica del Mineduc).

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE

COMPETENCIAS DE CAPITAL HUMANO OBSERVATORIO

DE LA PRODUCTIVIDAD

MARCO DE BUENAS PRÁCTICAS

VOLUNTARIAS PARA EL RELACIONAMIENTO CON

COMUNIDADES POR PARTE DE LOS TITULARES DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN

Se formó un grupo de trabajo con empresas que han tenido experiencias exitosas en relacionamiento con comunidades de los sectores de la agroindustria, retail, salmones, celulosa, minería y energía. El objetivo de este trabajo es desarrollar, en base al conocimiento y experiencias de los participantes, un marco común de buenas prácticas para el relacionamiento con comunidades.

Se está elaborando un informe con buenas prácticas y propuestas específicas que resultaron de la discusión, en el marco de los temas abordados: relacionamiento temprano, mecanismos para que las comunidades perciban beneficios por instalación de proyectos de inversión, tratamientos tributario de gastos en inversión social, capacidad de diálogo titulares-comunidad-Estado, etc. Además, se incorporarán experiencias exitosas nacionales en relacionamiento comunitario.

La Comisión de Productividad de la CPC planteó, dentro de sus propuestas presentadas en abril de 2016, la creación del Observatorio de la Productividad, con el objetivo de hacer seguimiento a trámites clave para inversionistas y emprendedores. En la primera etapa, el foco está en los proyectos de inversión que ingresan al SEIA. El primer informe se publicó en junio de 2016; el segundo, en octubre de 2016; y el tercero, en enero de 2017. Ellos se enfocan en los proyectos de inversión que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), autorización necesaria para poder construir y ejecutar el proyecto.

A partir de la base de datos que publica el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su plataforma web, se puede tener una señal temprana de la posible inversión real futura, así como de la eficiencia del proceso: cuántos proyectos inician trámite, su evolución en el tiempo, plazos de evaluación, entre otros.

Del análisis de los datos, se desprende como conclusión general que el flujo de proyectos de inversión que ingresa a trámite se encuentra muy bajo, el número de proyectos aprobados sigue deprimido y el plazo promedio de evaluación de los proyectos aprobados se mantiene alto.

Estos informes se publican de manera trimestral en la página web www.productividadchile.cl


Mesa Innovación

Mesa Simplificación de Trámites

Mesa Logística

Mesa EnergíaComisión de Productividad de la CPC, 2016.

Joanna Davidovich, Directora Ejecutiva de la Comsión de Productividad CPC, expone en almuerzo en Icare.

La CPC, junto a los Ministerios de Hacienda y Economía, fue premiada por el Diario Financiero por sus aportes para mejorar la productividad del país, en el marco del Año de la Productividad.

Comisión de Productividad de la CPC, 2015

El Comité Ejecutivo recibe al presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos.

Joseph Ramos en reunión en la CPC.

Mesa Infraestructura

Mesa Participación Laboral

Mesa Digitalización

Mesa de Capital Humano

LOS TEMAS RELEVANTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD SE TRABAJARON EN MESAS CONSTITUIDAS POR EMPRESARIOS Y EXPERTOS


LANZAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE LA CPC “EN CHILE SÍ PODEMOS”


LABORALLa Confederación de la Producción y del Comercio analiza pe-riódicamente con sus gremios asociados las tendencias, evolución, efectos e im-pacto de la normativa laboral nacional e internacional y las políticas de empleo, contribuyendo con propuestas con-cretas a la modernización de las rela-ciones de trabajo y al incremento de la productividad laboral.

Para la CPC, la generación de más y mejores empleos es un tema prioritario sobre el cual es necesario avanzar de manera proactiva y permanente. Para ello, estima que es importante flexibilizar

la legislación laboral, de tal modo que junto con proteger los legítimos dere-chos de los trabajadores y el respeto de los mínimos establecidos en la ley, per-mita que trabajadores y empleadores puedan libremente acordar las condi-ciones de trabajo que más favorezcan a ambos.

Con esos objetivos la Confederación, a través de su Comisión Laboral, efectúa reuniones periódicas y encuentros con autoridades nacionales e internacio-nales, de modo de contribuir activa-mente a impulsar propuestas laborales pro-empleo.

PARA LA CPC, LA

GENERACIÓN DE MÁS Y

MEJORES EMPLEOS ES

UN TEMA PRIORITARIO

SOBRE EL CUAL ES

NECESARIO AVANZAR

DE MANERA PROACTIVA

Y PERMANENTE.

REFORMA LABORALLa ley N° 20.940 publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 2016, tuvo sus orígenes en un Mensaje de La Presi-denta de la República, Michelle Bachelet, y fue la respuesta del Ejecutivo a su pro-mesa de campaña contenida en el capí-tulo laboral de su Programa de Gobierno, titulado: “Negociación colectiva y fortale-cimiento de la actividad sindical”.

La Comisión Laboral de la CPC analizó las ideas generales del proyecto de ley del gobierno y realizó observaciones de fondo, ninguna de las cuales fue acogida. La iniciativa fue formalmente ingresada a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional el 29 de diciembre de 2014.

Luego de un trabajo de análisis al interior de su Comisión Laboral, la CPC y sus gre-mios asistieron a la Cámara de Diputados y expusieron sus observaciones a la ini-ciativa legal, dejando constancia escrita de ellas. El 18 de junio de 2015, la Cá-mara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley aprobado, sin que las observaciones expresadas por la CPC y sus Ramas hubieran sido consideradas.

A continuación, una síntesis de los argu-mentos y observaciones planteados en segundo trámite legislativo por parte de la CPC, en la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado a la que fue invitada en julio de 2015:

1. Titularidad sindical: Monopolio de la Negociación Colectiva

A los trabajadores se les debe respetar y reconocer su libertad sindical y de asociación, tal como está consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Convenios de la OIT, ratificados por Chile, y que nuestra Constitución Política reconoce como Derechos Fundamentales.

Sin perjuicio de que valoramos las organizaciones sindicales, consideramos que el fortalecimiento de éstas no debe realizarse a través de la pérdida de libertades o derechos de los trabajadores, consagrados en tales instrumentos.

Los artículos número 2 y 11 del Convenio n° 87 de la OIT, amparan la libertad de los trabajadores de afiliarse o no a una organización sindical. Ello implica que los trabajadores no pueden ser forzados a pertenecer o no pertenecer a un sindicato.

En el proyecto de reforma, se prohíbe la existencia de grupos negociadores cuando existen sindicatos. En el caso de que no existan sindicatos, los grupos negociadores no podrán negociar colectivamente de manera reglada y suscribir un contrato colectivo, ni ejercer su derecho a huelga. Al verse los trabajadores obligados a incorporarse a un sindicato para negociar colectivamente, se les está privando de su libertad sindical y, además, del derecho a negociar colectivamente. La OIT permite la existencia de grupos negociadores.

A su vez, exigir que en aquellos establecimientos o faenas en que existan sindicatos, los trabajadores tengan que necesariamente afiliarse a uno de ellos o crear un sindicato distinto para poder negociar colectivamente, violenta la libertad sindical individual de los trabajadores y puede terminar desconociendo las distintas realidades laborales. Así por ejemplo, las condiciones de trabajo de los trabajadores de la oficina corporativa de una minera ubicada en Santiago en la que no existen sindicatos, sólo podrían ser negociadas colectivamente por sindicatos que estén en las minas, pese a que las condiciones y los intereses de los trabajadores involucrados evidentemente sean completamente distintos.

CONSIDERAMOS QUE EL

FORTALECIMIENTO DE

LAS ORGANIZACIONES

SINDICALES NO DEBE

REALIZARSE A TRAVÉS

DE LA PÉRDIDA

DE LIBERTADES O

DERECHOS DE LOS

TRABAJADORES.Foto: Felipe Cantillana - Imagen de Chile


2. Extensión de beneficios

El proyecto de reforma laboral fuerza la sindicalización de los trabajadores, discriminándolos y dividiéndolos en dos categorías: de primera y segunda clase, por la vía de establecer que sólo con la aprobación del sindicato, el empleador pueda extender los beneficios negociados colectivamente a trabajadores no sindicalizados.

Es importante que el empleador mantenga la facultad de extender a todos los trabajadores sin discriminación alguna, lo negociado colectivamente. A su vez, es necesario preservar el derecho del empleador de negociar individualmente con los trabajadores no sindicalizados los beneficios entregados colectivamente al sindicato u otros de cualquier tipo, sin que esto sea considerado una práctica antisindical. El contrato colectivo no sólo “pertenece” a la organización sindical que ha “pactado” los beneficios, sino que también al empleador que los ha “otorgado”.

Por otra parte, para cumplir con la norma que exige la determinación precisa de las partes a quienes afecte el contrato colectivo, es necesario suprimir la norma que permite que los trabajadores pueden acceder a los beneficios negociados colectivamente por el sólo hecho de afiliarse al sindicato. Esta disposición sólo generará incertidumbre para el empleador, porque al momento de negociar, no podrá conocer el universo definitivo de los beneficiarios y, por tanto, el monto final que está negociando la empresa.

3. Reemplazo de trabajadores durante la huelga

La alternativa de reemplazar trabajadores durante la huelga no es exclusiva de Chile. Los datos internacionales muestran que las principales economías del mundo, tales como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Polonia, Rusia y Australia, entre otros, también cuentan con la posibilidad de reemplazo de trabajadores durante la huelga, en muchos casos sin ningún tipo de restricción, lo que no ocurre en Chile, donde se trata de una norma sujeta a condiciones.

El reemplazo permite que en algunos casos las empresas puedan, de ser necesario, intentar resguardar su sostenibilidad y competitividad presente mientras negocian con sus trabajadores, permitiendo su continuidad operativa.

5. Democracia Sindical

Para no afectar la democracia sindical, es fundamental evitar que la directiva sindical pueda capturar las decisiones de la Asamblea, que es donde reside la participación directa de los trabajadores. Por eso, debe ser la Asamblea Sindical y no la Directiva quien defina cuándo poner fin a la huelga.

Para ello, debiera establecerse que, pasado un cierto plazo, por ejemplo siete días de iniciada la huelga, un 10% de los trabajadores involucrados puedan convocar a sus compañeros huelguistas a una votación secreta, que defina por mayoría absoluta su derecho al descuelgue y al reintegro al trabajo en la empresa.

4. Descuelgue de trabajadores durante la huelga

La prohibición del descuelgue durante la huelga, además de la imposibilidad del reemplazo, generará daños importantes a muchas empresas que verán aumentar la conflictividad y disminuir su productividad, afectando también a terceros: consumidores y usuarios de las empresas.

Por ello, es importante que, pasado un mínimo de siete días, se contemple el derecho de los trabajadores involucrados en la huelga de poder decidir individualmente “descolgarse” de ésta, para no afectar su fuente y libertad de trabajo.

6. Derecho al trabajo de trabajadores que no están en huelga

Se debe resguardar el derecho a trabajar de las personas que no participan en la huelga, permitiéndoles la posibilidad de ejercer el trabajo de los huelguistas, ya que hay actividades en que unos pocos trabajadores en huelga pueden paralizar el trabajo de la mayoría de quienes prestan servicios en una empresa y que no participan de la huelga. De lo contrario, se estaría forzando al empleador a declarar el lock-out.

A su vez, para respetar en todo momento la libertad individual de los trabajadores que han votado la huelga, debe preservarse la norma prevista en el tercer inciso del artículo 374 del Código del Trabajo vigente que señala: “Se entenderá que no se ha hecho efectiva la huelga en la empresa si más de la mitad de los trabajadores de ésta, involucrados en la negociación, continuaren laborando en ella”. Porque, como señalamos al abordar la titularidad sindical, el derecho a la negociación colectiva, y en este caso el derecho a la huelga, pertenecen a todos los trabajadores y no a la directiva del sindicato. Esto evitará que los trabajadores puedan quedar prisioneros de una directiva sindical que ya no los representa, por no considerar sus intereses.

7. Servicios mínimos

Las hipótesis que prevé el proyecto de ley para definir los servicios mínimos, son muy restringidas y ponen en riesgo la viabilidad de la empresa y su competitividad.

Para preservar el poder de administración y dirección del empleador, es importante que sea éste quien defina los servicios mínimos para asegurar la continuidad de la operación de la empresa, definición que se informará al sindicato para su implementación.


8. Equipos de emergencia

La iniciativa legal propone que sea el sindicato quien destine a parte de los trabajadores involucrados en el proceso de negociación para atender los servicios mínimos de la empresa durante la huelga. Para evitar conflictos entre las partes, es importante que el empleador pueda designar los equipos de emergencia con personal interno o con trabajadores del sindicato, que conozcan las labores a ser provistas. A su vez, debe establecerse que el incumplimiento de la provisión de los mismos por parte de los trabajadores en huelga, en caso de tener que recurrirse a éstos, debiera dar lugar a la posibilidad de despido sin indemnización.

9. De los pactos sobre condiciones especiales de trabajo

Las limitaciones que sólo permiten acceder a bolsa de pactos de horas extraordinarias y pactos de jornadas excepcionales por debajo de los límites que actualmente establece la ley, y la exigencia de un quórum mínimo de sindicalización, no contribuirán a un uso efectivo de esta medida.

El proyecto de ley, para ser equilibrado, debe reducir la exigencia de quórum mínimo de sindicalización para que más empresas y trabajadores puedan pactar la adaptabilidad. Por otra parte, es importante aumentar de manera significativa la bolsa de horas extraordinarias prevista en la iniciativa legal, para que realmente sirva para ajustar el trabajo a las exigencias de la competencia y los consumidores, y no sólo se trate de un acuerdo de partes que sólo prescinde de una autorización que hoy puede otorgar la autoridad.

Finalmente, es fundamental avanzar en la incorporación en la norma de nuevas materias que las partes puedan pactar para facilitar una mayor participación laboral de las mujeres, jóvenes y adultos mayores en las empresas, estableciendo, por ejemplo, la posibilidad de pacto de jornadas discontinuas, en las que las partes libremente acuerden sus remuneraciones y condiciones de trabajo de acuerdo a su real disponibilidad de tiempo y al resultado esperado.

10. Piso de la negociación colectiva

Establecer un piso al inicio de la negociación colectiva, implica desconocer las condiciones económicas o financieras de la empresa y del país en el momento de la negociación y durante el periodo en que deba aplicarse el instrumento colectivo.

La propuesta limita las facultades de administración de la empresa al restringir las posibilidades de reformular, cambiar o eliminar incentivos y beneficios pactados en los contratos colectivos vigentes.

Esta propuesta también le impone rigidez a las posibilidades de las partes de reformular o renegociar las compensaciones y beneficios en un nuevo instrumento colectivo, pactando fórmulas que se adecúen de mejor manera a las cambiantes necesidades del mercado.

Por otra parte, si bien la iniciativa legal excluye las cláusulas de reajustabilidad del piso, resulta que en los efectos de la extinción de un contrato colectivo sin negociar, éstas no quedan excluidas. En la práctica, ante una situación de crisis y para mantener la reajustabilidad acordada con anterioridad (en períodos de expansión económica), bastaría con dejar extinguir un contrato colectivo para que las cláusulas anteriores se incorporen a los contratos individuales de trabajo.

Por ello, es importante que la norma prevea expresamente que cuando se extingue un contrato colectivo sin negociar, las cláusulas de reajustabilidad no pasen a formar parte de los contratos individuales de trabajo.

EL FOCO DE LA REFORMA

LABORAL DE AUMENTAR LA

SINDICALIZACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN

COLECTIVA, NO APUNTA A LOS

VERDADEROS PROBLEMAS DEL

MERCADO LABORAL CHILENO,

AFECTARÁ INEVITABLEMENTE

A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS

EMPRESAS Y TENDRÁ EFECTOS

NEGATIVOS EN LA GENERACIÓN

DE EMPLEOS Y, POR ENDE, EN

LAS REMUNERACIONES DE LARGO

PLAZO DE LOS TRABAJADORES.


11. Negociación interempresa y negociación de federaciones y confederaciones

El proyecto de ley declara en su Mensaje promover la negociación colectiva a nivel de empresa. Sin embargo, establece el derecho a la negociación colectiva obligatoria con el sindicato interempresa, otorgándole titularidad sindical sin exigir contar con un número representativo del total de trabajadores de la empresa. Esta medida afectará principalmente a las pequeñas empresas, donde es baja la sindicalización y la negociación colectiva, que se verán obligadas a negociar con sindicatos externos a ella.

Por otra parte, la negociación interempresa desarrollada de manera simultánea y coordinada puede dar lugar a formas atípicas de negociaciones ramales.

Por su parte, el derecho a la negociación colectiva de las federaciones y confederaciones de trabajadores previo visto bueno del empleador, también es opuesto al objetivo del proyecto de ley de promover la negociación colectiva en el nivel de empresa.

Ambas disposiciones del proyecto de ley atentan contra las declaraciones de las autoridades, opuestas a las negociaciones ramales.

12. Sanciones para quienes ejerzan fuerza en las cosas o en las personas

Es fundamental que la reforma promueva relaciones laborales responsables, donde las actuaciones al margen de la ley sean sancionadas de manera efectiva. Al respecto, debe establecerse en el proyecto de ley como práctica antisindical el actuar con violencia durante las huelgas, ya sea por parte de los trabajadores o de los empleadores, estableciendo sanciones efectivas (que en el caso de los dirigentes sindicales se traduzcan en pérdida de fueros, multas e inhabilidad, dependiendo de la gravedad de la falta).

Esto, para sancionar de manera efectiva a quienes actúen al margen de la ley y no para criminalizar la huelga, como interesadamente se ha querido mostrar. De igual manera, es necesario que la iniciativa legal establezca duras sanciones para quienes participen y promuevan paros, huelgas ilegales, bloqueos en los accesos de las empresas y, especialmente, para quienes aprovechan estas actuaciones para afectar el funcionamiento de la empresa y entorpecer y/o imposibilitar el derecho al trabajo del resto de los trabajadores de la misma.

13. Sanción para el sindicato del día después

El sindicato del día después es una mala práctica que desprestigia a quienes mayoritariamente realizan un sindicalismo responsable. Al respecto, no existe razón que justifique no volver a la propuesta del proyecto de ley original para prevenir abusos de fueros en este sentido.

14. Evitar que los cambios normativos generen desequilibrios irremediables

Es importante que se mantenga la norma vigente que permite que el empleador pueda definir de manera previa uno o más periodos, que en su conjunto no excedan los 60 días, en que no podrán presentarse proyectos de contrato colectivo, en consideración a la estacionalidad que presentan diversos sectores y por los efectos económicos que acarrearía para los propios trabajadores.15. Determinación de las empresas en que no se podrá

declarar la huelga

Tal como lo ha solicitado el Ejecutivo, se propone reponer la norma del artículo 363 del proyecto de ley original, cuando se trata de empresas que prestan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional, en coherencia con lo que dispone el artículo 19 N°16 de la Constitución.

A modo de conclusiones, la CPC planteó a las autoridades y a la opinión pública lo siguiente:

- El foco de la Reforma Laboral de aumentar la sindicalización y la negociación colectiva, no apunta a los verdaderos problemas del mercado laboral chileno, afectará inevitablemente a la sostenibilidad de las empresas y tendrá efectos negativos en la generación de empleos y, por ende, en las remuneraciones de largo plazo de los trabajadores.

- Es fundamental que el gobierno asuma con la mayor urgencia las tareas pendientes en materia de participación la-boral de mujeres, jóvenes y adultos mayores, mediante políticas públicas que fomenten la incorporación de estos grupos al mercado laboral y de creación de una política para enfrentar la indemnización por años de servicios.

- Los objetivos que persigue el proyecto de ley, sobre libertad sindical y la disminución de la desigualdad, no se de-cretan. Es necesario también considerar el punto de vista y aportes del sector privado, mediante un diálogo social auténtico, que tenga ánimo de llegar a acuerdos.

El 11 de marzo de 2016, el Senado despachó con mo-dificaciones a tercer trámite legislativo el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados.

El 23 de marzo, la Cámara de Diputados le comunicó al Senado su rechazo a las modificaciones propuestas, lo que forzó el establecimiento de una Comisión Mixta.

El 7 de abril de 2016, el Congreso comunicó al Ejecu-tivo que había aprobado el proyecto de ley, y que debía despacharlo al Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad preventivo, pidiéndole que le indicara si haría uso de su facultad de desaprobar el proyecto de ley y devolverlo a la Cámara de origen con observaciones.

El 6 de abril de 2016, senadores de la oposición introdu-jeron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tri-bunal Constitucional respecto de la titularidad sindical, la extensión de beneficios, el derecho de las organizaciones sindicales para requerir información de los trabajadores y la negociación interempresa.

El 27 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional informó mediante un comunicado de prensa su decisión de acoger de manera íntegra el requerimiento en lo que concierne a la titularidad sindical, y parcialmente la extensión de be-neficios. Se rechazó en su totalidad los puntos referidos a derecho de información y negociación interempresa, se-ñalando que los fundamentos de su sentencia serían de-tallados en el fallo que emitiría el 9 de mayo.

Frente a la información proporcionada por el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo optó por ingresar el 7 de mayo de 2016 un veto supresivo al proyecto de ley, argu-mentando que, al no obtener la iniciativa legal el recono-cimiento de la titularidad sindical, era necesario modificar el texto legal para reestablecer los equilibrios en las rela-ciones laborales, lo que tradujo en la supresión de varias normas que regulaban los pactos sobre condiciones espe-ciales de trabajo en sistemas excepcionales de jornadas de trabajo y descanso; horas extraordinarias; y tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva.

El 29 de junio, el Congreso informó al Ejecutivo de la aprobación del veto supresivo y remitió el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que ejerciera el control de constitucionalidad.

Finalmente, el 11 de agosto de 2016, el Tribunal Consti-tucional emitió su fallo de control de constitucionalidad, y el 8 de septiembre fue publicada la ley N° 20.940.

Como consecuencia de los cambios que experimentó la iniciativa legal producto del Fallo del Tribunal Constitu-cional, la ley N° 20.940 dejó desregulado el procedimiento de negociación colectiva de los grupos negociadores, lo que exige, para evitar una probable judicialización de las negociaciones colectivas, que el Ejecutivo ingrese un nuevo proyecto de ley al Congreso que corrija esta situa-ción, que tendría que ser aprobado como ley antes del 1° de abril de 2017, que es la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 20.940.


REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y DICTÁMENESEl 30 de agosto de 2016, la Comisión La-boral de la CPC se reunió con los señores Christian Melis, Director Nacional del Trabajo, y Jorge Guzmán, Jefe del Depar-tamento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, con el objetivo de conocer los pasos que llevará adelante esta de-pendencia del Estado para facilitar la im-plementación de la Reforma Laboral, así como para conocer detalles de su anun-ciada modernización.

En la oportunidad, el Director Nacional del Trabajo informó que antes de la en-trada en vigencia de la ley, la Dirección emitiría varios Dictámenes aclaratorios de los contenidos de la ley, en materia tales como: vigencia de la ley, nego-ciación colectiva reglada, servicios mí-nimos, derecho de información, huelga y negociación interempresa, entre otras. A su vez, informó que la Dirección del Trabajo va a licitar y luego encargar la realización de 19 estudios destinados a definir los servicios mínimos.

COMISIÓN DE USUARIOS DEL SEGURO DE CESANTÍAEl seguro de desempleo tiene por objeto dar protección a los trabajadores que han perdido su empleo, otorgándoles presta-ciones económicas, consistentes en pagos (giros) mensuales con cargo a su Cuenta Individual (CIC) y/o al Fondo de Cesantía Solidario (FCS), en general, por un deter-minado número de meses. En el caso de obtener prestaciones solidarias, el cesante accede a los mecanismos de intermedia-ción laboral y/o capacitación ocupacional.

Al 30 de enero de 2017, la Dirección del Trabajo ha emitido siete Dictámenes in-terpretando los contenidos de la nueva ley.

Por su parte, la CPC realizó reuniones de análisis de los primeros dictámenes de la DT y ha sido consecuente en insistir en las reuniones sostenidas con las distintas autoridades de Gobierno, y en particular, en las sostenidas con las Ministras del Tra-bajo, sobre la necesidad de un acuerdo político que permita la tramitación de una ley corta que regule el procedimiento de negociación colectiva de los grupos nego-ciadores al interior de las empresas, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.940, para así evitar incertidumbres en el ejercicio de un derecho colectivo que pertenece a los trabajadores organi-zados y la muy probable judicialización de las negociaciones colectivas.

La recaudación de las cotizaciones, el re-gistro de ellas, la inversión de los recursos y el otorgamiento de las prestaciones se en-cuentran a cargo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). En tanto que, en la intermediación laboral y capacitación de los desempleados beneficiarios participan la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) en rela-ción con las Oficinas Municipales de Inter-mediación Laboral (OMIL) y el Servicio Na-cional de Capacitación y Empleo (SENCE).

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El financiamiento del seguro proviene de cotizaciones de los empleadores y de los trabajadores a la Cuenta Individual (según el tipo de contrato), más aportes de los empleadores, y del Fisco para las prestaciones del FCS.

El seguro de desempleo establecido por la ley 19.728, del año 2002, contempla la existencia de la Comisión de Usuarios, integrada por siete personas, entre ellas, tres representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (Marcela Ruiz-Tagle, Jorge Riesco y Pablo Bobic).

Durante el periodo 2015-2016, la Comi-sión analizó los efectos de la entrada en aplicación, en abril de 2015, de la Ley 20.829 que modificó el seguro de ce-

santía. El análisis consideró los primeros efectos de esa importante reforma, trans-currido un año de su vigencia. Junto a ello, se destinó espacio al análisis de la intermediación laboral, que en el año 2016 consideró la licitación de la BNE, así como el rol que respecto del seguro cumplen las Oficinas Municipales de In-termediación Laboral (OMIL).

El Informe 2015-2016 de la Comisión de Usuarios concluye que, a 14 años de la entrada en vigencia, el seguro de ce-santía, en general, se aplica conforme a su diseño y no presenta dificultades financieras. No obstante, el seguro tiene espacios de mejora, los que podrían considerar: ampliación de la población cubierta; incremento de las prestaciones

solidarias a determinados sectores; me-jorar la relación entre la obtención de beneficios económicos (giros o pagos) y la obtención de un nuevo empleo; ampliar el acceso a asignaciones fami-liares y a cotizaciones para pensiones a cesantes que efectúan giros de la CIC, entre otras. Para aumentar la cobertura del seguro es fundamental profundizar los esfuerzos tendientes a incrementar la formalización del empleo. A su vez, parece importante buscar la forma de in-cluir a trabajadores no incorporados en el seguro por estar sujetos a un estatuto laboral diferente.

Se trata de varias mociones parlamen-tarias que fueron refundidas en una sola iniciativa legal, que proponen la imposi-ción de una cuota de trabajadores disca-pacitados en las empresas, cuya tramita-ción legislativa se aceleró una vez que el Ejecutivo decidió patrocinar la iniciativa y ponerle urgencia.

En primer trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó que toda unidad laboral con 200 o más trabajadores, ya sea del sector público o privado, debe reservar al menos el 2% de sus puestos de trabajo para trabajadores que, siendo idóneos para la función, posean alguna discapacidad.

En segundo trámite legislativo, el Senado redujo a 1% la cuota de trabajadores discapacitados, agregando que el em-pleador podrá alternativamente, y sólo durante los dos primeros años desde que le sea exigible la obligación, darle cumpli-miento, ejecutando una o ambas de las siguientes medidas: a) Celebrar contratos de adquisición de bienes o servicios con empresas que tengan contratadas per-sonas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier ré-gimen previsional; b) celebrar convenios de transferencia con fundaciones o corpo-raciones sin fines de lucro que no tengan ningún tipo de relación o interés directo o indirecto con el empleador, cuyo ob-jeto social sea la capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

No obstante, en tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados rechazó los cam-bios introducidos por el Senado y se tuvo que conformar una Comisión mixta desti-nada a conciliar posiciones.

En diciembre de 2015, el Ministerio de Desarrollo Social invitó a la CPC a una reunión explicativa del interés del Ejecu-tivo por patrocinar las mociones legales refundidas y así establecer una cuota obli-gatoria de trabajadores discapacitados en las empresas, considerando una cuota equivalente al 2% de la nómina. En la oca-sión, la CPC le hizo entrega al Ministerio de un estudio de legislación comparada en países de la OCDE y de Latinoamérica, que dejaba en evidencia que la regula-ción a nivel internacional es heterogénea, y que países como España que cuentan con una legislación de cuotas, tienen una participación laboral efectiva de los disca-pacitados en el empleo inferior a la de Ca-nadá, y muy similar a la de Chile, ambos países que no cuentan con ese tipo de regulaciones.

No obstante lo anterior, posteriormente la indicación sustitutiva ingresada por el Eje-cutivo refundió estas mociones y fijó en un 1% la cuota para todas las empresas que tengan una dotación de más de 200 trabajadores.

Posteriormente, la CPC desarrolló reu-niones de coordinación con sus Ramas para generar un documento de observa-ciones al proyecto de ley que sirvió de in-sumo a ellas.

PROYECTO DE LEY QUE INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE DISCAPACITADOS AL MUNDO LABORAL (BOLETÍN 7025-31)

ACTUALMENTE, LA CPC

SIGUE CON ATENCIÓN LA

ETAPA LEGISLATIVA DE LA

INICIATIVA LEGAL, Y

CONTINÚA REALIZANDO

GESTIONES CON LAS

AUTORIDADES PARA QUE

LA NORMA SEA UNA

HERRAMIENTA QUE

DIGNIFIQUE A LOS

TRABAJADORES

DISCAPACITADOS Y NO UN

MERO INSTRUMENTO

FORMAL IMPOSIBLE DE

CUMPLIR PARA LAS

EMPRESAS.

MIGRACIÓN LABORALDurante los primeros meses del año 2016, la CPC se reunió con el Director del Departamento de Migración y Extran-jería, Rodrigo Sandoval, y parte de su equipo profesional, para conocer antecedentes del anteproyecto de ley que reforma el Decreto Ley Nº1094 de 1975: Ley de Extranjería.

A su vez, la CPC participó con la OIT de varias actividades nacionales e internacionales destinadas a conocer la rea-lidad del fenómeno migratorio en los países latinoamericanos. A comienzos de 2017, encargó con financiamiento de la OIT y bajo la coordinación de ACCIÓN Empresas, la elaboración de un estudio de casos de la migración laboral en Chile. Su objetivo es generar una base de información provista por empresas que contratan o han contratado per-sonal extranjero, que permita que el sector empresarial representado en la CPC, pueda formarse una opinión sobre la valorización que hacen las empresas del aporte laboral de la población extranjera en Chile, y así contar con insumos para la inminente discusión de la reforma de la legislación migratoria vigente.


POLÍTICA NACIONAL, Y PERFIL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOCon motivo del accidente en la Mina San José del año 2010, el Gobierno de Chile ratificó el Convenio 187 de la OIT y decidió generar una nueva política na-cional de seguridad y salud en el trabajo. Al efecto, creó un Consejo Consultivo asesor de la Presidencia, formado por ex-pertos y representantes de las empresas y los trabajadores.

Para definir una Política Nacional de Se-guridad y Salud en el Trabajo (PNSST), el Gobierno realizó varios talleres a nivel na-cional para recoger la mirada y percepción de los actores involucrados en la materia. La CPC participó de las actividades ini-ciales de lanzamiento y clausura en la OIT, pero las empresas asociadas a sus Ramas no participaron de manera formal en esta parte del proceso. No obstante, el Consejo Consultivo asesor de la Presidencia ana-lizó el diagnóstico obtenido y trabajó ac-tivamente para generar una propuesta de PNSST, instancia en a que la CPC expuso por escrito sus observaciones al borrador de Política propuesto por el Consejo.

Posteriormente, en una reunión solici-tada al efecto, la CPC expuso sus obser-vaciones a la Subsecretaria de Previsión Social de la época, Julia Urquieta.

A su vez, la CPC participó del I Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, exponiendo su visión respecto a la situación país en esta materia, la ratifi-cación del Convenio 187 de la OIT, y sus observaciones y referencias al proceso de construcción de la PNSST.

El 16 de septiembre fue publicada en el Diario Oficial la PNSST. En definitiva, la Política recogió diversas partes de las ob-servaciones expuestas por la CPC.

Por otra parte, el Gobierno encargó a la OIT la contratación de un consultor interna-cional que levantara un Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El consultor se reunió en noviembre de 2015 con repre-sentantes de las Ramas de la CPC, con sin-dicatos y con distintas dependencias de la administración pública.

En septiembre de 2016, la CPC fue invitada por la OIT a un Taller de difusión del borrador de Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ocasión en la que se fijó un plazo para que tanto la CPC como la CUT hicieran llegar sus observaciones al borrador de Perfil a la encargada de seguridad y salud en el tra-bajo de la OIT, Carmen Bueno.

El 14 de octubre de 2016, la CPC hizo llegar a la OIT las observaciones, consensuadas con las Ramas, al Perfil Nacional de Seguridad y salud en el Trabajo, y remitió las mismas ob-servaciones a la Subsecretaria de Previsión Social.



Reunión de la CPC y la Conapyme.

Presentación de la CPC en la Conferencia Internacional de la OIT 2016.

Representantes de los Empleadores de la OIT visitan la CPC.

El Director de la OIT para América Latina y Cono Sur, Fabio Bertranou, en reunión con la CPC.

Pablo Bobic, de la CPC, participa junto a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en seminario sobre diálogo social organizado por Chile Valora.

CPC se reúne con la Conapyme.

En sus observaciones, la CPC destacó lo positivo que le pareció que como se-cuencia de la recientemente publicada Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el gobierno haya iniciado con diligencia el levantamiento de un diagnóstico país de la situación de la seguridad y salud en el trabajo, denomi-nada para efectos del Convenio 187 de la OIT como: “Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”. También destacó que el consultor contratado por la OIT, para levantar la información referida, haya dedicado al menos tres días com-pletos a reunirse en el país con distintos actores sociales e instituciones públicas y privadas responsables de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, luego de analizar el texto presentado por el consultor, la CPC expresó su preocupa-

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJODel 1° al 13 de junio de 2015 tuvo lugar en Ginebra, Suiza, la 104° Conferencia Internacional del Trabajo, oportunidad en la que la delegación empleadora de Chile, representada por la CPC, participó de la discusión general sobre pequeñas y medianas empresas; creación de empleo decente y productivo; transición de la economía informal a la economía formal; el objetivo estratégico de la protección social; y de la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones. En la oportunidad, fue aprobada la Reco-mendación sobre la transición de la eco-nomía informal a la economía formal.

Al año siguiente, entre el 30 de mayo y el 11 de junio de 2016, se realizó la 105° Conferencia Internacional del Trabajo,

ción por lo incompleto del diagnóstico entregado, que en ocasiones abusaba de referencias a percepciones y datos generales no sustentados, dando lugar a análisis livianos que no consideraban en su justa dimensión nuestra realidad país, afectando las recomendaciones propuestas.

En noviembre de 2016, la CPC participó del II Congreso Internacional de Segu-ridad y Salud en el Trabajo, donde ex-puso la valoración y compromiso de los empleadores en la implementación de la PNSST; se presentaron algunas de las ob-servaciones de la CPC al Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; y se expusieron los principales desafíos de los empleadores en materia de segu-ridad y salud en el trabajo.

foro internacional del que también parti-cipó la CPC en su calidad de organización empleadora más representativa a nivel nacional, y en el que se abordó una dis-cusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro; se analizó el trabajo decente para la paz, la seguridad y la resiliencia; se evaluaron las repercusiones de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa; se aprobaron las enmiendas al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo; se adoptaron enmiendas a los anexos del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar; y se participó de la Co-misión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones.


El Comité Ejecutivo de la CPC ofrece conferencia de prensa tras al aprobación e la Reforma Laboral.

El Director del Trabajo, Christian Melis, en la CPC.

Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, recibe al presidente de la CPC en noviembre de 2016.

Ministra y Subsecretario del Trabajo analizan materias de productividad junto a la CPC.

Ministra del Trabajo, Ximera Rincón, se reúne con Alberto Salas en septiembre de 2015.

Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, recibe al Comité Ejecutivo de la CPC, en mayo de 2015.

Conferencia Internacional de la OIT 2016. Delegación empresarial se entrevistó con el Director General, Guy Ryder.

Comisión Laboral se reúne con la Dirección del Trabajo.

Reunión de la Comisión Laboral de la CPC.

CPC firma carta de compromiso Más Mujeres Mayor Desarrollo.

Ministra del Trabajo Javiera Blanco, recibe al presidente de la CPC, abril 2015.

Comisión Mujer, Emprendimiento y Trabajo de la CPC.


Durante los últimos años, la agenda pública nacional ha estado marcada por el debate educacional, ámbito en el cual nuestro país presenta importantes desafíos y serias brechas en materia de calidad que debemos mejorar.

El sector privado históricamente ha te-nido una presencia importante en el sistema educacional. Hoy en día la pro-visión privada tiene una participación mayoritaria tanto en la matrícula escolar y superior, las que corresponden a 63% y 85% respectivamente, lo que la convierte en la principal protagonista de la expan-sión de la cobertura educacional a nivel país, e incluso, en los sectores más vul-nerables, donde según datos del Banco Mundial (SEDLAC), Chile presenta las mayores tasas de asistencia en el quintil de ingresos más bajo en jóvenes de entre 13 y 23 años, dentro de los países latinoamericanos.

La gran presencia de proyectos privados en el sistema escolar y superior se ve respaldada por los resultados. Para el sector escolar, el informe de la evalua-ción PISA 2012, aplicada a jóvenes de 15

años en países de todo el mundo y que examina Lectura, Matemática y Ciencias, muestra que Chile obtuvo los mejores resultados de Latinoamérica en todas las áreas. En la prueba TIMSS 2015, enfo-cada en Matemática y Ciencias y que es aplicada a estudiantes de 4to y 8vo bá-sico de todo el mundo, Chile confirma su trayectoria al alza en ambas asignaturas en los últimos 16 años. Por último, en la evaluación TERCE 2013, que mide el ren-dimiento académico en 15 países de Lati-noamérica para las áreas de matemática y lectura (en 3ero y 6to básico), y cien-cias (solo en 6to básico), Chile presentó nuevamente los mejores resultados, rea-firmando su posición de liderazgo en la educación escolar latinoamericana.

Los avances se extienden también al sistema de educación superior, el cual desde sus orígenes cuenta con la pre-sencia de instituciones privadas, creadas por organizaciones religiosas o por la sociedad civil. Desde la promulgación de la Ley General de Universidades en 1981, que facilitó la creación de institu-ciones de educación superior de inicia-tiva privada y que fue acompañada de un nuevo enfoque de subsidio a la de-

LA PROVISIÓN MIXTA EN

LA EDUCACIÓN CHILENA

NO SOLO HA APORTADO A

GENERAR UNA RIQUEZA EN

TÉRMINOS DE DIVERSIDAD

DE PROYECTOS

EDUCATIVOS, SINO QUE,

ADEMÁS, HA CONTRIBUIDO

AL DESARROLLO ÍNTEGRO

DE TODO EL SISTEMA

EDUCATIVO DEL PAÍS.

manda, el sistema ha sido cada vez más inclusivo, abarcando una gran cantidad y diversidad de proyectos que apuntan hacia diferentes intereses y necesidades de los estudiantes. Actualmente, existen 134 instituciones de educación superior privadas, entre universidades, centros de formación técnica e institutos profesio-nales. A ellas asisten más de 1.050.000 alumnos, que representan el 85% del total de estudiantes del sistema de edu-cación superior, demostrando así que es el mundo privado el gran responsable de la masificación de los estudios supe-riores en Chile.

Los logros en cobertura, guiados por la oferta privada, se complementan con los positivos resultados de la educación su-perior en el país. De acuerdo a datos del SIES, la tasa de empleabilidad promedio de las carreras de educación superior en Chile, al primer año de egreso, es de 76%. Además, según el informe Education at a

Glance (2015), quienes poseen una licen-ciatura o un título profesional, reciben un salario casi tres veces superior a aquellos que solo completan 4to medio. En el caso de aquellos que realizan un post-grado o un doctorado, el salario es cinco veces superior.

Así, se observa que la provisión mixta en la educación chilena no solo ha apor-tado a generar una riqueza en términos de diversidad de proyectos educativos, sino que, además, ha contribuido al de-sarrollo íntegro de todo el sistema edu-cativo del país, pasando a ser el principal protagonista de la educación escolar y superior, lo que ha sido complementado con buenos resultados y un espíritu de constante mejoramiento. Si bien queda mucho por avanzar, la trayectoria hasta el día de hoy respalda el rol de la provi-sión privada y refuerza la idea de que el sistema mixto ha sido exitoso y, por ende, debe preservarse.

EDUCACIÓN


REFORMA EDUCACIONAL A comienzos del gobierno de la Presi-denta Michelle Bachelet, valoramos que la educación fuese uno de los ejes prin-cipales de su programa e, incluso, plan-teamos que coincidíamos con uno de los objetivos centrales de la política pública, que era mejorar la calidad. De hecho, como sector empresarial, a pesar de que no estábamos de acuerdo con los costos de la reforma tributaria, sí nos pareció que esa recaudación estuviese destinada a esta área. Sin embargo, al conocer la re-forma, advertimos que ésta no ponía en el centro los primeros años de vida, no respetaba la diversidad, ni se daban las mismas oportunidades a todo quien qui-siera acceder a la educación; tampoco se respetaba la libertad de enseñanza, entre otros aspectos fundamentales y esenciales.

En el área escolar, desde un principio manifestamos nuestra disconformidad con el proyecto de ley que terminaba con el lucro, el copago y la selección, debido a que, primero, generó un clima tenso en el sector y los principios que susten-taban la iniciativa no concordaban con nuestra postura: eliminación del lucro en el sector particular subvencionado, y res-tricciones y exigencias para dichos soste-nedores, limitándolos de desarrollar sus

proyectos educativos y sembrando un escenario de incertidumbre respecto a su futuro. Además, las familias más afec-tadas serían las de clase media y vulne-rables, quienes verían limitadas sus posi-bilidades de elegir en el mundo escolar.

A pesar de las advertencias, tanto de nuestra parte como de otros actores del sistema, la Ley Nº 20.845 -más conocida como Ley de Inclusión- fue publicada en junio de 2015 y entró en vigencia el 1 de marzo de 2016. Su implementación ha estado marcada por un alto énfasis en la eliminación del copago, proceso que ha estado repleto de dudas por parte de los sostenedores de colegios parti-culares subvencionados. Un ejemplo de ello es que en agosto de 2016, cuando el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer los avances en esta ma-teria, se reveló que de un total de 3.723 colegios, aún 1.256 no habían sido con-tactados para saber cuál será el camino que tomarán: si transformarse en esta-blecimientos privados o municipales. A esto se suma que a la fecha sólo 601 colegios, un 14%, decidió transformarse y el plazo para pasar a ser sin fines de lucro finaliza en diciembre de 2017. Nos parece que la decisión que asume cada establecimiento tendrá consecuencias

DESDE HACE MÁS DE 30 AÑOS QUE LA CPC Y LOS GREMIOS

EMPRESARIALES HEMOS TENIDO UNA PARTICIPACIÓN

ACTIVA EN LA LABOR DE EDUCATIVA Y, POR LO MISMO,

NOS PREOCUPA CUÁL SERÁ EL RUMBO QUE TOMARÁ ÉSTA.


permanentes, por lo que se necesita de un análisis que requiere de más tiempo, pues deberán alterar su forma de finan-ciamiento y la estructura jurídica.

Por otra parte, la discusión en esta ma-teria se ha centrado en educación supe-rior. A mediados de este año, finalmente el gobierno envió el proyecto de ley al Congreso, iniciativa que sólo generó un punto de acuerdo: nadie se sintió con-forme con la propuesta del Ejecutivo. De esta manera, comenzaron las crí-ticas desde todos los sectores. En la CPC creemos que el proyecto olvida y vulnera los ejes principales de nuestro sistema de educación: la autonomía de las insti-tuciones, la diversidad de proyectos edu-cativos y la libertad de enseñanza. Preci-samente, son estas tres características las que nos han llevado a tener la cobertura más alta de Latinoamérica e incluso es acorde con los países más desarrollados. Además, que nuestro sistema ha ido in-tegrando a los jóvenes más vulnerables. Esto se puede ver mejor reflejado en el caso de los Centros de Formación Téc-nica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).

El proyecto del Gobierno apunta a la dirección incorrecta, pues se insiste en alcanzar la gratuidad universal, política que a menos de un año de haber sido im-

plementada por 30 universidades, ya de-muestra sus consecuencias negativas en estas instituciones. El Mineduc dio a co-nocer que 15 establecimientos dejaron de recibir en conjunto cerca de 20 mil mi-llones de pesos por concepto de arancel. Y a pesar de esto, se insiste en continuar con la implementación e incluso ampliar ésta a la educación técnica-profesional.

Por otra parte, la gratuidad universal -ob-jetivo principal de la reforma- es una polí-tica regresiva, dado que, por ejemplo, un 25% de los estudiantes beneficiados co-rrespondería al quintil más rico de la po-blación, por lo que es una medida que no tiene impacto en la equidad. De hecho, se destinarían 700 mil millones de pesos en los alumnos con más recursos, versus 390 mil millones en los más vulnerables.

En 2016 fueron cerca de 140 mil jóvenes los que accedieron a este beneficio. En 2017, el número de estudiantes debería ser el doble, pues la glosa de gratuidad incluye a los CFT e IP, siempre y cuando estas instituciones tengan cuatro años de acreditación y estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro. Nos parece que, una vez más, esto discrimina a aquellos jóvenes que deciden optar por un proyecto educativo en particular.

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, en reunión en la CPC.

LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL La educación técnico-profesional (TP) en nuestro país es importante tanto en el nivel escolar como en el superior. Con-trario a lo que se piensa en la opinión pública de que muy pocas personas acceden a la educación TP, el total de alumnos que asiste a esta área repre-senta aproximadamente el 42% de la matrícula nacional. En el caso de la edu-cación escolar de 3ero y 4to medio, re-presenta el 54% de la matrícula.

Las asociaciones gremiales agrupadas en la CPC y el sector privado en general tenemos consciencia de la importancia de esta modalidad de enseñanza y desde hace varios años que hemos apoyado ésta para que cada vez se fortalezca y mejore su calidad. Sabemos que la edu-cación TP es fundamental en el desa-rrollo del país, necesitamos más técnicos debidamente formados. Además, aquí se concentra la población más vulnerable del país, tal como lo muestra el cuadro a continuación.

LAS ASOCIACIONES

GREMIALES AGRUPADAS

EN LA CPC Y EL SECTOR

PRIVADO EN GENERAL

TENEMOS CONSCIENCIA

DE LA IMPORTANCIA DE

LA EDUCACIÓN TÉCNICO-

PROFESIONAL, Y DESDE

HACE VARIOS AÑOS QUE

LA HEMOS APOYADO

PARA QUE SE

FORTALEZCA Y MEJORE

SU CALIDAD.

Matrícula técnico-profesional según quintil de ingresos – 2015

Educación/Quintil

Escolar

Superior

I

36%

18%

II

32%

22%

III

20%

25%

IV

10%

24%

V

2%

9%

Fuente: Encuesta CASEN 2015.


APORTE DE LA CPC Y SUS RAMAS Como se ha descrito durante este ca-pítulo, el compromiso de la CPC con la educación escolar y superior data desde sus inicios y creemos que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país. Las iniciativas en esta materia deben ir en la línea de asegurar cada vez más una educación de calidad y más cerca del mundo productivo. Más allá del aporte que se ha llevado cabo en el tiempo, contamos con la administración de Inacap y 57 liceos técnicos-profesio-nales, establecimientos que impactan directamente en la formación de miles de personas.

En Inacap se conjugan la formación de capital humano de excelencia, la descen-tralización y el fomento de los sectores productivos a nivel regional, factores

que constituyen el núcleo de las herra-mientas para fortalecer la productividad del país, conforme a la mirada de desa-rrollo que tiene el sector empresarial en Chile, representado en la CPC. En di-ciembre de 2016, asumió la presidencia de la institución el presidente de la CPC, Alberto Salas.

Tal como se publica en el capítulo sobre Productividad de la presente Memoria, el capital humano que las personas ad-quieren a través de la acumulación de conocimientos, es la principal herra-mienta con la que cuentan para tener más oportunidades, obtener mejores empleos, mayores salarios y lograr su realización profesional.

Sin embargo, nuestro país aún tiene mucho que avanzar en materia de desa-

rrollo de capital humano. La Comisión de Productividad definió cuatro desafíos pendientes en la Educación Técnico- Profesional y la capacitación laboral, que ampliarían el impacto de la formación y capacitación de capital humano: forta-lecer el vínculo de las instituciones for-mativas con el mundo productivo; una mayor flexibilidad y articulación entre distintos niveles de formación para el trabajo; priorizar estas materias dentro de las políticas públicas; y aumentar la información relevante para la toma de decisiones.

Hoy la CPC se encuentra avanzando en la concreción de las propuestas orientadas a fortalecer las competencias de capital humano (ver capítulo Productividad).

EDUCACIÓN SUPERIORAl año 2016, el 10% de las personas que asisten a la educación superior lo hacen en INACAP, ya sea en su CFT, IP o universidad, siendo la matrícula total de INACAP de 120.527 alumnos. De ellos, 48.634 estudian en el CFT, 36.417 en el IP y 35.476 en la univer-sidad. Estas cifras dan cuenta de un importante crecimiento, pues en casi una década, INACAP ha duplicado su matrícula, pues en 2007 recibió a 61.116 estudiantes.

Respecto a la acreditación, tanto el IP como el CFT tienen seis años de acreditación, mientras que la univer-sidad, dos años. Además, cuenta con 26 sedes en las 15 regiones del país y una oferta académica de más de 82 carreras profesionales y técnicas. La labor que tiene INACAP en formar a futuros técnicos y profesionales del país, va de la mano con entregarle las mejores herramientas para llevar a cabo su carrera.

El compromiso con los jóvenes más vulnerables siempre ha estado pre-sente. Esto se ve reflejado en que más de un 95% del total de la matrícula de

INACAP proviene de escuelas subven-cionadas. Es decir, un 37% pertenece a establecimientos municipales, un 58% a particulares subvencionados y sólo un 4,5% a particulares pagados. Así, se ratifica una de las principales misiones de INACAP que es alcanzar una mayor equidad social, junto con establecer un sistema de aprendizaje que esté relacionado con las necesi-dades del sector productivo.

LICEOS TÉCNICO-PROFESIONALESLas distintas Ramas de la CPC ad-ministran un total de 57 estableci-mientos educacionales técnico-pro-fesionales, por medio de convenios con el Ministerio de Educación que incluyen aportes estatales. En estos liceos se imparten varias especiali-dades, de acuerdo a las necesidades que tiene cada sector productivo y a la localidad donde está emplazado el establecimiento. A pesar de la impor-tancia que tiene para nuestros esta-blecimientos la empleabilidad futura de sus egresados, tienen también una especial preocupación por los resultados académicos. Estos liceos

representan un esfuerzo gremial por desarrollar los necesarios vínculos entre el sector productivo y la educa-ción, velando por la adecuada incor-poración de los jóvenes al mundo del trabajo.

Por otra parte, el año pasado se constituyó oficialmente la Funda-ción Worldskills –o “Mundo de ha-bilidades”– en Chile, organización internacional que cuenta con 73 miembros y que surgió de la nece-sidad de crear un sistema para cua-lificar la formación profesional. La CPC es miembro fundador de esta iniciativa en nuestro país, que busca mejorar los estándares actuales de la formación de técnicos nivel me-dio-escolar y superior, y así contribuir a aumentar el número de técnicos requeridos y también su calidad y productividad. En noviembre de este año se llevaron a cabo las primeras Olimpiadas Técnicas, donde los cerca de 60 jóvenes entre 15 y 23 años que participaron debieron compartir sus conocimientos y experiencias para re-solver los desafíos.

EL COMPROMISO DE LA CPC

CON LA EDUCACIÓN

ESCOLAR Y SUPERIOR DATA

DESDE SUS INICIOS Y

CREEMOS QUE ES UNO DE

LOS PILARES

FUNDAMENTALES PARA EL

DESARROLLO DEL PAÍS.


Inauguración sede INACAP Talca - abril 2015.

Fernando Alvear, gerente general de la CPC, en las primeras Olimpiadas de Habilidades Técnicas de World Skills Chile.

Inauguración nueva infraestructura sede INACAP Renca - octubre 2016.

Los expertos en educación de las Ramas e la CPC participan en reunión de trabajo con Inacap.

Taller organizado por Chile Valora, El rol estratégico de los Organismos Sectoriales en el año de la productividad.

Los expertos en educación de las Ramas e la CPC participan en reunión de trabajo con Inacap.

Inicio de obras nueva sede INACAP Valdivia - diciembre 2015.

Inauguración sede INACAP Talca - abril 2015.




DESARROLLO SUSTENTABLENuestro país enfrenta hoy el desafío de seguir creciendo, generando desarrollo social, oportunidades y em-pleo de calidad, mitigando y compen-sando los impactos que el crecimiento puede tener en las comunidades y el medio ambiente. Partiendo de la base del estricto cumplimiento de la normativa vigente, resulta fundamental a la hora de enfrentar este desafío, la colaboración, y la capacidad de generar instancias de diálogo, acuerdos y proyectos conjuntos entre las empresas y la sociedad.

El desarrollo sustentable, donde se da el círculo virtuoso de creación de valor económico incorporando el desarrollo social y comunitario y la protección del medio ambiente, es el punto de partida para que la empresa prospere en el largo plazo. Dicha creación de valor radica en una relación sustentada en la confianza, la transparencia, el respeto, la responsa-bilidad y la búsqueda conjunta del bien común.

LA CREACIÓN DE

VALOR RADICA EN UNA

RELACIÓN SUSTENTADA

EN LA CONFIANZA,

LA TRANSPARENCIA,

EL RESPETO, LA

RESPONSABILIDAD Y

BÚSQUEDA CONJUNTA

DEL BIEN COMÚN.

A través de su Comisión de Desarrollo Sustentable, la CPC realiza aportes para avanzar en el desafío de concretar las in-versiones, mejorar la institucionalidad y contar así con un marco de mayor certi-dumbre y seguridad jurídica, bajo el con-vencimiento que el desarrollo sostenible pasa necesariamente por la preocupa-ción permanente por el medio ambiente y las comunidades, a quienes hay que consultar y respetar ante todo.

CAMBIO CLIMÁTICOEn 2009, Chile anunció en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague (COP 15), su compromiso voluntario de reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al año 2020. La posición de la CPC ha sido enfática en resaltar que el país debe cumplir y reforzar los prin-cipios establecidos en la Convención de Cambio Climático, en particular, el referido a las respon-sabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que los países desarrollados son los que deben comprometerse a niveles de reducción significa-tivos, mientras que los países en vías de desarrollo y vulnerables al fenómeno climático, como Chile, deben enfocar sus esfuerzos en la adaptación.

En materia de desarrollo sustentable, la Comisión de la CPC encargada de este tema ha llevado durante estos dos años una nutrida agenda, donde destacan temas como: cambio climático, ordena-miento territorial, las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), eficiencia energética y una variada legislación medioambiental, como la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.

PARA AVANZAR EN

UN DESARROLLO

SUSTENTABLE, RESULTA

FUNDAMENTAL LA

COLABORACIÓN, Y

LA CAPACIDAD DE

GENERAR INSTANCIAS DE

DIÁLOGO, ACUERDOS Y

PROYECTOS CONJUNTOS

ENTRE LAS EMPRESAS

Y LA SOCIEDAD.


El cambio climático es un tema donde, para un país que camina al desarrollo como lo es Chile, la forma en que lo abor-demos, tanto en mitigación como en adaptación, no es irrelevante. Además, es fundamental que -al hacerlo- se reco-nozca que nuestro país no es un emisor importante y, por lo tanto, no podremos afectar mayormente al calentamiento global. Por otra parte, independien-temente del esfuerzo que hagamos, igual seremos afectados, si no existe un cambio a nivel mundial.

Junto con lo anterior, durante el periodo 2015-2016, se publicó la Contribución Nacional Tentativa de Chile (INDC) para el Acuerdo Climático París 2015, en no-viembre del mismo año, que estableció: el compromiso de reducir en un 30% nuestras emisiones de CO2 por unidad de PIB al año 2030 (cifra que podría llegar hasta un 45% con apoyo internacional); el compromiso de manejo sustentable y recuperación de 100 mil hectáreas de bosque, principalmente nativo, para la captura de gases de efecto invernadero;

Durante este periodo, el hito más relevante en este tema fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sostenida en París (COP 21), en diciembre de 2015. En esta reunión, 195 naciones lograron un acuerdo, que dentro de sus principales puntos destacan:

- Su objetivo principal es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2°C, e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5°C sobre los niveles preindustriales.

- Los países alcanzarán un techo de emisiones lo antes que les sea posible, y seguirán presentando planes nacionales de acción climática que detallen sus objetivos futuros frente al cambio climático.

- Establece, además, el principio de que los futuros planes nacionales no serán menos ambiciosos que los existentes.

y la implementación de planes de adap-tación al cambio climático.

Además, se publicó la Tercera Comuni-cación Nacional de Chile ante la Conven-ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (diciembre de 2016), y se realizó la Convención Marco de las Na-ciones Unidas sobre el Cambio Climático en Marrakech (COP 22), en diciembre de 2016.

Por otra parte, en octubre de 2016 in-gresó a la Cámara de Diputados el pro-yecto de acuerdo para la ratificación por parte del Congreso del Acuerdo de París, aprobado en la COP 21. El proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional en enero de 2017.

La postura de la CPC, refrendada en dis-tintas ocasiones como la Consulta Pública de la Contribución Nacional Tentativa, se sostiene en que la manera más eficiente de limitar los riesgos del cambio climático y propiciar una mitigación de sus efectos, es mediante el establecimiento de un li-derazgo con regulaciones que incentiven iniciativas de mercado que estimulen el desarrollo tecnológico y las acciones más eficientes y económicas, procurando, en el caso de Chile, asegurar una generación energética sustentable al menor costo po-sible -lo que se consigue aprovechando al máximo nuestro potencial hidroeléctrico-, y, al mismo tiempo, una estrategia de miti-gación (control y reducción de emisiones) y adaptación que sea eficaz. Lo anterior pasa por la aplicación de tecnologías de punta en materia de desarrollo energé-tico, la creación de incentivos atractivos para impulsar la eficiencia energética y la adopción de medidas efectivas que faciliten la adaptación a los fenómenos atmosféricos derivados del cambio climático.

cursos Hídricos de la Cámara de Diputados, generaron un escenario de incertidumbre en los sectores que utilizan este insumo para el desarrollo de sus actividades produc-tivas, fundamentalmente por los siguientes temas:

-rechos ya constituidos y los por otorgar, y la consiguiente limitación del derecho de propiedad, ya que el derecho de agua pasa de ser un derecho perpetuo a una concesión con límite temporal (impacto patrimonial).

automática en un breve plazo de tiempo, lo que en sí constituye una expropiación sin pago por parte del Estado (incerti-dumbre de costos), que limita el financia-miento producto de la imposibilidad de prendar este activo.

-blico” para la constitución de derechos, lo cual genera espacios para la discre-cionalidad de la autoridad, entre otros aspectos.

RECURSOS HÍDRICOSEl escenario de los últimos años en materia de recursos hídricos ha sido de estrechez en una gran parte del país, lo que ha generado una creciente conflictividad en torno a este re-curso, y obliga a tomar medidas urgentes que aseguren su sustentabilidad en el largo plazo. El agua es un elemento esencial tanto para la existencia de las personas y del ecosistema que somos parte, como para el desarrollo eco-nómico del país.

Durante los años 2015 y 2016, la CPC trabajó en forma permanente, tanto en el diálogo con las distintas autoridades vinculadas a materias hí-dricas, como en la definición de lineamientos y propuestas del sector privado para enfrentar los desafíos en relación al recurso. En parti-cular, uno de los principales focos de trabajo fue el análisis y seguimiento —iniciados el año 2014—, de la indicación sustitutiva al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas (Bo-letín 7543-12), presentada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2014.

El ingreso de la indicación sustitutiva al pro-yecto de ley que reforma el Código de Aguas y su posterior discusión en la Comisión de Re-

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La posterior discusión en la Comisión de Agri-cultura de la Cámara de Diputados moderó y mejoró distintos temas, aunque finalmente el proyecto de ley que pasó a segundo trámite constitucional al Senado mantuvo algunas te-máticas que generan fuerte preocupación en la CPC, como el caudal ecológico y la afectación de derechos existentes, la poca claridad respecto a la transferibilidad de derechos entre distintos sectores productivos, y la vaguedad en la redac-ción del primer artículo transitorio, que se tra-duce en poca claridad respecto al futuro de los derechos ya otorgados.

LA CPC TIENE LA CONVICCIÓN QUE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL NO SE SOLUCIONAN

CON LOS CAMBIOS LEGALES COMO LOS QUE SE ESTÁN PLANTEANDO.

Necesidad de una Política Nacional de Recursos Hídricos de largo plazo: Constatamos que, a pesar de los enormes esfuerzos desplegados hasta ahora, tanto por el sector público como privado, nuestro país carece de una Política Nacional de Recursos Hídricos de largo plazo, estable en el tiempo, que genere un alto nivel de acuerdo en la sociedad y que sea asumida por los distintos gobiernos como una tarea-país, tal como fue llevada adelante la agenda energética en los últimos años.

Gestión eficiente de los recursos: Es fundamental mejorar la gestión de las aguas, lo que implica contar con más y mejor información, avanzar hacia la gestión integrada de cuencas, fortalecer las organi-zaciones de usuarios, entre otros perfeccionamientos. Además, un foco principal debe ser resolver el déficit en materia de inversión en canales y embalses, que nos permita alcanzar los objetivos de desarrollo económico, principalmente en la agroindustria, y donde una alterna-tiva real que debe considerarse es el empleo de los embalses subterrá-neos como elementos de regulación.

Mejorar la institucionalidad: Distintos estudios y análisis de organismos internacionales han hecho hincapié en la urgencia de mejorar nuestra institucionalidad. Esto implica, principalmente, ordenar la dispersión institu-cional existente en la actualidad —43 instituciones intervienen en la gestión del agua en Chile—, y abordar una modernización de la Dirección General de Aguas (DGA), dotándola de recursos y personal para ejercer sus tareas en plenitud.

La CPC tiene la convicción que los principales problemas que enfrenta la gestión de recursos hídricos en el territorio nacional no se solu-cionan con los cambios legales como los que se están planteando, que tienen el grave problema de poner en entredicho los derechos vigentes, sin perjuicio de las modificaciones que espe-ramos se introduzcan a su texto, para evitar que se deba recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de algunas de las materias observadas. Por el contrario, se requiere buscar soluciones que apunten principalmente en tres dimensiones:


ORDENAMIENTO TERRITORIALDurante el periodo 2015-2016, se tramitó el proyecto de ley que introduce modifi-caciones a la Ley N°19.175, profundizando la regionalización del país (Boletín 7963), luego que el gobierno de Michelle Bachelet ingresara una indicación sustitutiva al proyecto.

Estando de acuerdo con el objetivo de avanzar en la descentralización de las deci-siones públicas en el país, la CPC presentó sus preocupaciones a diversos ministerios, dentro de ellos el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. El punto principal manifestado fue la difi-cultad que puede generar la localización de proyectos de inversión tan necesarios para el desarrollo de las regiones, en particular, los referidos a la infraestructura energética.

También se manifestaron las preocupaciones concernientes al proyecto de reforma cons-titucional, que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, ingresado en enero de 2015 al Senado. En particular, el foco estuvo en la separación de tareas entre el nuevo intendente electo (que se llamará gobernador) y la figura del secretario regional presidencial (que asumirá parte del antiguo rol de intendente), sin que hasta el momento exista claridad al respecto.

EFICIENCIA ENERGÉTICAEl Ministerio de Energía incorporó dentro de sus tareas a cumplir, el ingresar antes del cuarto trimestre de 2015, un proyecto de ley de eficiencia energética. Dado el interés en la materia presente en los gremios asociados a la CPC, se conformó una comisión ad hoc para revisar las propuestas surgidas desde la cartera, con representación de la minería, la industria energética, la industria intensiva en energía y la construcción, entre otros. De esta forma, se produjo un trabajo fructífero

en generar una visión compartida a partir de las diferentes visiones y realidades de cada sector productivo. El Ministerio de Energía acogió los principales puntos observados y se encuentra en la etapa de elaborar un nuevo proyecto, esta vez, más alineado con los comentarios surgidos desde el mundo empresarial.

NORMATIVA AMBIENTALDurante los años 2015 y 2016, debido a la importante desaceleración que enfrentó la economía chilena y que se grafica fuerte-mente, entre otros hechos, en la caída ex-perimentada en el ingreso de proyectos de inversión a evaluación ambiental, la Comi-sión de Desarrollo Sustentable hizo especial hincapié en destrabar regulaciones que pu-dieran generar dificultades para el desarrollo de proyectos.

Para cerrar el nuevo marco institucional, du-rante el periodo se ha seguido atentamente la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (Boletín 9404), sobre glaciares (Boletín 9364), además de los proyectos que luego se transformaron en leyes, como el de responsabilidad extendida del productor (Ley N° 20.920) y el de derecho real de con-servación (Ley N° 20.930).

Por último, dentro de los múltiples temas analizados al alero de la Comisión, existió un seguimiento especial a la Comisión Pre-sidencial para la Evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde participaron comisionados en repre-sentación de gremios asociados a la CPC. Junto con ellos, se analizaron en detalle los diagnósticos y propuestas que se fueron construyendo con el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que se cuente con una política pública adecuada a los reque-rimientos del país.

CPC se reúne con el Jefe de Proyectos del Departamento de Justicia del Estado de Victoria en Australia, y Nicolás Figari, Director Ejecutivo de Fundación Aitue.

El Ministro de Energía, Maximo Pacheco, en reunión con la CPC.

El Ministro de Energía, Maximo Pacheco, en reunión con la CPC.

El Ministro de Energía, Maximo Pacheco, en reunión con la CPC. El Ministro de Energía, Maximo Pacheco, en reunión con la CPC.

110 C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o 111M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · á m b i t o s d e t r a b a j o

CONSUMIDORES Y LIBRE COMPETENCIACONSUMIDORESDesde el año 2014, la CPC cuenta con una Comisión de Consumidores, cuyo objetivo es el estudio y análisis de inicia-tivas que contribuyan al debido entendi-miento y mejoramiento de las relaciones entre proveedores y consumidores. Ello en un marco del pleno respeto a las normas legales vigentes y teniendo como base la importancia que las em-presas otorgan a la satisfacción de sus clientes y el creciente reconocimiento social que han adquirido los derechos y obligaciones de los consumidores.

La decisión de crear esta comisión estuvo inspirada por la firme convicción que el fortalecimiento de las relaciones de consumo, entendidas como el conjunto de derechos y obligaciones que asumen empresas y consumidores como conse-cuencia de la ejecución o celebración de un acto de consumo, fortalecerá la con-fianza entre los actores de las mismas y contribuirá a lograr un desarrollo futuro sano en la materia.

HOY EXISTE CONSENSO SOBRE LA IMPORTANCIA, VALIDEZ Y

NECESIDAD DE CONTAR CON UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE

LOS CONSUMIDORES EN CHILE, QUE ESTÉ A LA ALTURA DE LAS

MEJORES PRÁCTICAS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS.

Hoy existe consenso sobre la impor-tancia, validez y necesidad de contar con una política de protección de los consumidores en Chile, que esté a la altura de las mejores prácticas de los países desarrollados. Las empresas están conscientes que los criterios de calidad y precio son sólo requisitos mí-nimos indispensables para mantenerse dentro del mercado pero que las claves del éxito están hoy en avanzar en una oferta mucho más personalizada con un mejor entendimiento de las necesidades y requerimientos de sus clientes. Por eso,

buscan la manera de aumentar día a día la cercanía y la confianza con sus con-sumidores y clientes -cada vez más exi-gentes e informados-, al mismo tiempo que velan por que reciban el trato que se merecen y sus derechos sean debida-mente garantizados y protegidos.

La CPC busca aportar a la discusión in-terna para generar políticas públicas de clase mundial, de modo que todos en el país tengan un marco de acción acorde a los desafíos que se presentan en la so-ciedad actual.


Proyecto de Ley que modifica el SERNAC

La Comisión de Consumidores de la CPC ha conocido y estudiado en profun-didad el Proyecto de Ley que modifica el SERNAC, particularmente las indica-ciones de que el mismo ha sido objeto durante los últimos dos años, realizando varias propuestas y formulando comen-tarios en los cuales ha hecho pública sus diferencias con el sentido y redacción de múltiples disposiciones.

Es así como se ha organizado un profundo trabajo jurídico con destacados abogados constitucionalistas y expertos en materias de consumo, que ha develado variados problemas en la redacción de un gran número de disposiciones. Entre ellas, destacan aquellas normas que regulan el régimen indemnizatorio, el régimen san-cionatorio, el principio de especialidad, la estructura del futuro Gobierno Corpo-rativo del SERNAC, y el ejercicio de su fa-cultad normativa y la facultad mediadora frente a conflictos colectivos.

En materia de régimen indemnizatorio, se ha hecho ver lo imposible de calificar el daño moral en el marco de un proceso colectivo, a la vez que se ha representado

la diferencia que generan normas en este sentido, respecto de la reparación del daño material.

En lo que respecta al régimen sanciona-torio, se ha insistido en que la generación de una multa por consumidor, tal como lo consagra el proyecto, constituye un error conceptual que confunde la infracción con los efectos de la misma, a la vez que se ha procurado propiciar el reconocimiento de la intencionalidad en la conducta sancio-nable, con el propósito de evitar generar discriminaciones sancionatorias.

En lo que dice relación con el principio de especialidad, la Comisión ha represen-tado que algunas de las disposiciones producen una vulneración al principio jurídico “non bis in ídem”, al permitir dobles juzgamientos y la aplicación de varias sanciones por los mismos hechos.

Respecto del Gobierno Corporativo y el ejercicio de la facultad normativa, la CPC ha planteado importantes puntos que tienen por objeto garantizar una estruc-tura más cercana a los modernos mo-delos de agencia, que garanticen que el ejercicio de sus facultades se efectuará con un sentido y criterio técnico, lejos de consideraciones de cualquier otra índole.

También se ha defendido la necesidad que cualquier proceso de mediación sea llevado a cabo por un tercero imparcial y no por el Servicio que, por ley, debe pro-teger los intereses de una de las partes.

En el marco de lo anterior, se han soste-nido reuniones con destacados acadé-micos, ante quienes se han formulado las inquietudes que plantea el proyecto y muchos de los cuales han compartido los análisis de la Comisión.

La CPC también ha participado en foros, debates, sesiones de análisis en el Congreso Nacional, y ha publicado columnas, opiniones y entrevistas en los medios de prensa nacional, actividades todas que han permitido enriquecer los argumentos de la Comisión.

Por otra parte, la Comisión ha acordado también intervenir en la discusión y aná-lisis de otras iniciativas legales que digan relación con materias asociadas al con-sumo, de manera de contribuir al debate que estos tópicos generan. Actualmente, la Comisión sesiona en forma regular en la sede de la CPC, compartiendo sus acuerdos y conclusiones entre sus inte-grantes y poniéndolas a disposición del Comité Ejecutivo de la CPC.


LIBRE COMPETENCIALa competencia está en la esencia de la economía social de mercado. Es el me-canismo a través del cual los actores en el mercado están obligados a entregar lo mejor de sí y, por lo tanto, el que le da legitimidad al sistema y garantías al consumidor.

La libre competencia es considerada el motor de la economía, en tanto ase-gura el derecho de todas las empresas y personas a participar con eficiencia y en igualdad de condiciones en las ac-tividades económicas, pudiendo así ofrecer productos y servicios con la mejor combinación precio, calidad, se-guridad, variedad e innovación, maxi-mizando el bienestar de los consumi-dores y de la sociedad en general.

La CPC considera que la promoción de la libre competencia, así como el perfeccionamiento de los criterios técnicos del sistema, incluyendo los

mecanismos preventivos de faltas o abusos, son desafíos fundamentales y permanentes.

En este contexto, en mayo de 2015, se constituyó al interior de la CPC, la Comi-sión de Libre Competencia, destinada a analizar y participar en la discusión de proyectos de ley que busquen mo-dernizar nuestra legislación relativa a la protección de la libre competencia en los mercados y, principalmente, para servir de interlocutor válido durante la tramitación de la reforma al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1. Este proyecto fija el texto refundido, coordinado y sistema-tizado del DFL Nº 211 que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, ingresada por el Ejecutivo a tramitación al Congreso Nacional el año 2015.

La Comisión de Libre Competencia de la CPC, junto con la participación de re-presentantes de todas las Ramas, cuenta

con la contribución de los profesionales más reconocidos en la materia.

Reforma al DFL de Defensa de la Libre Competencia

El trabajo de la Comisión durante su primer año y medio de funcionamiento, se enfocó principalmente en la tramita-ción de la reforma al DFL de Defensa de la Libre Competencia, que presentó el Ejecutivo a tramitación en marzo del año 2015, siendo finalmente publicada como ley de la República Nº 20.945 en el mes de agosto de 2016.

La CPC valoró dicha iniciativa, ya que se consideraba esencial para el futuro desarrollo de nuestro país, en cuanto permitiría contar con normas modernas que, por una parte, previnieran y, por la otra, sancionaran prácticas o conductas anticompetitivas. De este modo, se con-tribuye a generar mayor confianza en los mercados por parte de los distintos ac-tores que participan de los mismos.

La Comisión de Libre Competencia re-dactó una gran cantidad de documentos y propuestas de mejoramiento al pro-yecto de ley. También expuso en diversas instancias ante el Congreso y se reunió en reiteradas oportunidades con el equipo de trabajo del Ministerio de Economía y otros actores relevantes.

Gracias a estas gestiones y a las de otros actores, unido la constante disposición al diálogo de dicha cartera y los parla-mentarios, el resultado de la reforma al DFL de Defensa de la Libre Competencia es una ley que, de manera equilibrada, moderniza nuestra legislación para adecuarse a los nuevos desafíos que como sociedad debemos afrontar en la materia.

La ley, entre otros puntos, establece normas especiales para la persecución de los denominados “carteles duros”; aumenta los montos máximos de las multas; establece una sanción penal para la colusión y la prohibición de contratar con la Administración del Es-tado; fortalece la institución de la dela-ción compensada; establece un control preventivo y obligatorio de fusiones y operaciones de concentración; esta-blece nuevas facultades para la Fiscalía Nacional Económica para la evaluación de la competencia en los mercados, así como para solucionar fallas de mercado; y regula la procedencia de acciones co-lectivas que tienen por objeto indem-nizar a los consumidores afectados.

Sin duda alguna, de las materias in-cluidas en la ley, hay dos que requerirán adecuar diversos procedimientos y con-troles internos de las empresas, con ob-jeto de adecuarse a las nuevas normas: la institución del “interlocking” y la prohibi-ción de participaciones cruzadas.

Es así como se establece como conducta contraria a la libre competencia el in-terlocking, que se traduce en la partici-pación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí. Sin embargo, dicha prohibición no es aplicable a todas las empresas, sino que sólo a aquellas cuyo grupo empresarial tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que superen las 100.000 UF en el año calendario inmediatamente anterior. En todo caso, tal infracción no se materializa inmediatamente, sino que luego de 90 días contados desde el término del año calendario en que se superó el umbral,

siempre que se mantuviere la participa-ción simultánea en ambos cargos.

Por otra parte, la ley establece la obliga-ción de informar a la Fiscalía Nacional Económica, si una empresa o un grupo empresarial adquiere una participación, de manera directa o indirecta, de más del 10% en el capital de una empresa com-petidora. Para dicho cálculo, la ley con-sidera tanto las participaciones propias como las administradas por cuenta de terceros.

A diferencia de lo que ocurre con la insti-tución del interlocking, esta figura no es considerada como anticompetitiva por sí sola. Así, únicamente se establece la obli-gación de informar a la Fiscalía Nacional Económica a más tardar 60 días después del perfeccionamiento de la adquisición de tal participación. En base a dicha in-formación, el Fiscal Nacional Económico puede instruir una investigación respecto de tales actos con el objeto de comprobar posibles infracciones a las normas de de-fensa de la libre competencia.

En todo caso, dicha obligación será aplicable únicamente si la empresa ad-quirente, o su grupo empresarial y la empresa cuya participación se adquiere, tengan, cada una por separado, ingresos anuales por ventas, servicios y otras acti-vidades del giro que excedan 100.000 UF en el último año calendario.

Actualmente, la Comisión de Libre Com-petencia se encuentra analizando los reglamentos, guías e instrucciones que ha emitido la autoridad en relación a la reforma, así como diversos proyectos de ley que han ingresado a tramitación al Congreso Nacional relacionadosa la materia.

LA COMPETENCIA

ESTÁ EN LA ESENCIA

DE LA ECONOMÍA

SOCIAL DE MERCADO.


El presidente de la CPC saluda al Ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

El presidente de la CPC junto al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.

El Comité Ejecutivo de la CPC en reunión de trabajo con los ministros de Hacienda y Economía.

Reunión de la CPC con el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

Reunión de trabajo de la CPC con el Ministro Rodrigo Valdés.

La CPC es recibida por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El Ministro de Hacienda junto al presidente de la CPC.

La UAI, la CPC y la CChC lanzan el Informe Global de Competitividad 2016.

La UAI, la CPC y la CChC lanzan el Informe Global de Competitividad 2016.

El presidente de la CPC junto al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

PENSIONESConfigurar un sistema de pensiones que permita asegurar a todas las personas una vejez digna y que sea sostenible en el tiempo, es una prioridad tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes.

Si bien Chile tiene un sistema que cuenta con los componentes necesarios para hacer frente a este desafío, el nivel de las pensiones que están obteniendo quienes abandonan la vida laboral activa en nuestro país es inferior a sus expecta-tivas y, en numerosos casos, insuficiente. En este contexto, el Gobierno ha mani-

festado su voluntad de introducir modi-ficaciones al actual sistema previsional a través de un gran acuerdo nacional. Acogiendo la invitación de la Presidenta Bachelet, la Confederación de la Produc-ción y del Comercio (CPC) convocó a una Comisión Asesora, con el propósito de contribuir al debate que se está llevando a cabo en el país. La Comisión incluyó en su informe los aportes de la Sofofa y de la Cámara Nacional de Comercio, quienes elaboraron sus propios documentos sobre pensiones, realizando una valiosa contribución.


El objetivo planteado por esta Comisión es elaborar propuestas que mejoren sus-tancialmente las pensiones en el corto y mediano plazo para los actuales ju-bilados y los trabajadores cercanos a la jubilación y, en el largo plazo, para los trabajadores más jóvenes y las futuras generaciones. Estas propuestas han sido formuladas como un paquete integral, el que, además de su foco central en lo-grar mejores pensiones, busca minimizar sus posibles efectos negativos en la efi-ciencia de la economía chilena en un marco de sostenibilidad financiera en el tiempo. Cabe señalar que para lograr una efectiva y sustancial mejora de las pen-siones, es esencial la implementación de la suma de todas de estas propuestas.

El nivel de pensiones efectivas depende fundamentalmente del ahorro, es decir, de la tasa de contribución y de la den-sidad de las cotizaciones. Así, una per-

sona que cotizó durante toda su vida laboral va a obtener una pensión con-siderablemente mayor que alguien que realizó menores aportes y tuvo mayores lagunas previsionales. Es por esto, que en este debate se debe otorgar especial atención a la situación de las mujeres, quienes reciben menores pensiones en comparación con las de los hombres, por tener, en general, menor densidad de cotizaciones -asociadas a mayor desem-pleo y lagunas previsionales-, además de menor edad de jubilación, menores sala-rios y mayores expectativas de vida.

El sistema de pensiones fue diseñado hace 35 años. En su diseño fueron con-siderados supuestos sobre expectativas de vida, densidad de cotizaciones y tasas de retorno de los fondos, entre otros. En base a las estimaciones de dicha época, se buscaría satisfacer las necesidades de los trabajadores al momento de su ju-

bilación. Sin embargo, esta realidad ha ido cambiando y lo seguirá haciendo en el futuro. Una población que va enveje-ciendo y los actuales menores retornos financieros de los activos, acrecientan el desafío de los sistemas de pensiones en Chile y el mundo.

EL TRABAJO DE LA COMISIÓN SE DIO INICIO EN

AGOSTO DE 2016 Y EL INFORME FUE PUBLICADO

EN ENERO DE 2017.



Como los cambios en los sistemas previ-sionales tienen efectos en el largo plazo, para enfrentar estas tendencias, los ajustes se deben hacer cuanto antes. De lo contrario, las pensiones futuras van a ser menores que las actuales y más bajas que los estándares internacionales.

La actual estructura del sistema previ-sional chileno contempla tres pilares, cada uno de ellos con un objetivo bien definido: un pilar solidario, financiado con el presupuesto público, que entrega pensiones garantizadas al 60% de la po-blación de menores ingresos; un pilar

contributivo obligatorio de ahorro en cuentas individuales; y un pilar de ahorro voluntario. Esta estructura mixta, que se ajusta a las recomendaciones internacio-nales, permite enfrentar adecuadamente el desafío de mejores pensiones en el fu-turo. No es necesario, por tanto, cambiar la estructura del sistema, sino realizar cambios en los parámetros establecidos, como por ejemplo, la tasa de cotización y la edad de jubilación, para lograr me-joras significativas en las pensiones, además de destinar mayores recursos a mejorar los beneficios de los más pobres.

ESTA ESTRUCTURA MIXTA, QUE SE AJUSTA A LAS RECOMENDACIONES

INTERNACIONALES, PERMITE ENFRENTAR ADECUADAMENTE

EL DESAFÍO DE MEJORES PENSIONES EN EL FUTURO.

PROPUESTASLa Comisión Asesora de Pensiones con-vocada por la CPC plantea una serie de propuestas para abordar estos desafíos.

Con el fin de mejorar las pensiones en el largo plazo, es imprescindible aumentar el ahorro, para lo cual, se propone au-mentar la tasa de cotización obligatoria en 3%, con cargo al empleador, y crear un nuevo mecanismo de ahorro voluntario, cuyos fondos sólo pueden ser retirados por el trabajador como pensión una vez que se jubila. Este componente obligaría a los empleadores a ofrecer a sus trabaja-dores un plan básico de ahorro voluntario (APV) en el cual el empleador aportaría un 2% y el trabajador, si voluntariamente acepta el plan, aportaría un 1% adicional. Esto daría lugar a una tasa de cotización total de 16%.

Junto con lo anterior, se propone rea-lizar ajustes en los parámetros más rele-vantes, como por ejemplo, aumentar la edad de jubilación. Además, es necesario incorporar gradualmente a los trabaja-

dores independientes al sistema previ-sional; limitar los componentes no impo-nibles de las remuneraciones; mejorar la fiscalización del pago de las cotizaciones previsionales; y evaluar la ampliación del uso del fondo solidario de cesantía, para cubrir las lagunas previsionales de quienes están cesantes por un periodo de tiempo.

Debido a que las condiciones económicas, laborales y demográficas son dinámicas, se propone que una entidad técnica in-dependiente revise permanentemente y ajuste periódicamente los parámetros del sistema de manera de adecuarse constan-temente a las nuevas realidades.

Asimismo, para mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables, se plantea aumentar gradualmente la pensión bá-sica solidaria y la pensión máxima con aportes solidarios; eliminar los desincen-tivos a la cotización que están presentes en varios programas sociales del Estado; e igualar la forma de cálculo del aporte

previsional solidario de vejez con el que se utiliza para los casos de invalidez.

El aumento de las expectativas de vida genera “riesgo de longevidad”, es decir la posibilidad de que el cálculo de la pensión subestime los años de vida que efectivamente va a ser necesario finan-ciar. En este caso, los afiliados podrían recibir menores pensiones en determi-nadas modalidades de retiro, lo que está tensionando los sistemas de pensiones a nivel internacional. Se propone, por tanto, la “Pensión de la cuarta edad” dentro del Pilar Solidario para aquellos que se jubilan bajo la modalidad de re-tiro programado. Este mecanismo recal-cula las pensiones autofinanciadas de los beneficiarios, con una expectativa de vida hasta los 85 años, lo que permitiría mantener las pensiones posteriores a esa edad en un monto similar a la que se venía recibiendo previamente. Este me-canismo sería financiado íntegramente por el Pilar Solidario.

La Comisión definió cinco desafíos específicos para el sistema previsional:

- Cómo mejorar las pensiones en el largo plazo.

- Cómo mejorar las pensiones de los más vulnerables.

- Cómo mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de quienes están prontos a jubilar.

- Cómo reducir las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a las pensiones.

- Cómo mejorar la eficiencia y competencia en lo que res-pecta al componente privado del régimen de pensiones.


Con el objetivo de reducir las diferencias en pensiones de hombres y mujeres que derivan de las distintas expectativas de vida, se plantea la creación de una bo-nificación especial para las mujeres aco-tada al 60% más vulnerable de la pobla-ción y financiada con recursos del Pilar Solidario.

Por otra parte, se debe avanzar hacia un sistema con mayor competencia, mayor eficiencia y máxima transparencia. Para alcanzar este objetivo, se propone per-feccionar el sistema de cobros, lo que po-dría incluir la utilización de comisiones sobre saldos, diferenciadas por tipos de fondos para la administración de ahorros obligatorios, o la posibilidad de evaluar una combinación de cargos por saldos y sueldos. Sin embargo, aunque la reduc-ción de las comisiones permite un mayor ingreso disponible, su incidencia en pen-siones es baja frente a otras medidas re-levantes, como el aumento de la tasa de cotización o la mayor densidad de cotiza-ciones que generan mayor ahorro y, por tanto, una mayor pensión.

Junto con lo anterior, se sugiere crear un Comité de Vigilancia en cada Admi-nistradora de Fondo de Pensiones (AFP), conformado por miembros elegidos por

los afiliados y con funciones similares a las de los Comités de Vigilancia de los fondos de inversión. Asimismo, es funda-mental mejorar la educación que recibe la población sobre el funcionamiento del sistema previsional, y mejorar también los mecanismos para poner a su dispo-sición información de manera simple y transparente.

Las causas de las bajas densidades de cotización están asociadas al mercado laboral y están estrechamente vincu-ladas a los bajos niveles de participación laboral, especialmente de mujeres y jó-venes. Se plantea fortalecer el trabajo formal a través de una mayor flexibilidad laboral; reemplazar el sistema de sala cuna por un mecanismo no discrimi-natorio de mayor cobertura para hijos de madres trabajadoras; premiar a los adultos mayores ya pensionados que de-cidan seguir trabajando o se reinserten en el mercado laboral sin castigarlos con la pérdida total de los beneficios sociales del Pilar Solidario; mejorar la articulación entre el mundo formativo y productivo en materia de capital humano; y llevar a cabo un proceso de racionalización de programas públicos de capacitación e in-serción laboral.

CADA UNA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE

PLANTEAN DEBE SER IMPLEMENTADA CUIDANDO

LOS CORRECTOS INCENTIVOS INDIVIDUALES

PARA TRABAJAR, AHORRAR Y EMPRENDER.


Cada una de las modificaciones que se plantean debe ser implementada cuidando los correctos incentivos in-dividuales para trabajar, ahorrar y em-prender. También, se deben considerar los aspectos de equilibrio general del sistema actual y minimizar las conse-cuencias indeseables en la formulación de todas las propuestas.

Toda propuesta debe tener en considera-ción su efecto sobre las cuentas fiscales hoy y en el largo plazo. Se plantea que las iniciativas con impacto presupuestario se deben financiar con impuestos generales de la nación, y no gravando a grupos es-pecíficos, lo que puede terminar siendo regresivo y generar distorsiones en otros mercados. La solidaridad efectiva entre los chilenos ya existe a través del pago de impuestos, donde quienes tienen ma-yores recursos aportan más a través del impuesto a la renta.

Como varias de las propuestas plan-teadas tienen costo fiscal asociado, ellas se deben evaluar en su conjunto bajo la

lógica de la responsabilidad fiscal. Las fuentes de financiamiento disponibles para estos incrementos son la disminu-ción de las obligaciones asociadas al proceso de término del sistema antiguo como consecuencia del fallecimiento paulatino de sus beneficiarios; los fondos acumulados en el Fondo de Re-serva de Pensiones; el crecimiento de la economía que financia ingresos fiscales crecientes en el tiempo; y las reasigna-ciones presupuestarias necesarias.

Las reformas propuestas elevarán el ahorro de los trabajadores y el ahorro na-cional del país, con efectos positivos sobre la inversión y el ingreso, y por tanto, sobre la recaudación fiscal. Aunque los efectos fiscales de largo plazo de las reformas pro-puestas son en principio inciertos, sólo se pueden evaluar haciendo uso de un mo-delo de equilibrio general, lo que excedió el trabajo de la Comisión.

Existen otras iniciativas que han for-mado parte del debate público, sobre las cuales la Comisión determinó no adherir,

1. Aumentar la tasa de cotización obligatoria en 3%.

2. Nuevo mecanismo para promover el ahorro voluntario colectivo, dando lugar a una tasa de cotización total de 16%.

3. Mayor flexibilidad en la regulación del ahorro voluntario.

4. Aumentar la edad de jubilación.

5. Entidad permanente para revisión periódica de los parámetros del sistema previsional.

6. Incorporación gradual de los trabajadores independientes al sistema previsional.

7. Mejor fiscalización del pago de cotizaciones previsionales.

8. Limitar los componentes no imponibles de las remuneraciones.

9. Reducir las lagunas previsionales durante periodos de cesantía.

10. Aumentar la Pensión Básica Solidaria y la Pensión Máxima con Aporte Solidario.

11. Eliminar desincentivos a la cotización en programas sociales.

12. Igualar fórmula de cálculo de las pensiones de invalidez y vejez.

13. “Pensión de la cuarta edad” dentro del Pilar Solidario.

14. Bonificación para la mujer.

15. Revisar el modelo de cobro de comisiones.

16. Crear Comités de Vigilancia en cada AFP.

17. Mayor y mejor educación previsional.

18. Mayor flexibilidad laboral.

19. Mecanismo no discriminatorio y de mayor cobertura de sala cuna.

20. Permitir que los adultos mayores que quieran trabajar no pierdan los beneficios sociales.

21. Mejor articulación entre el mundo formativo y productivo en materia de capital humano.

22. Racionalización de programas públicos de capacitación e inserción laboral.

La relación de trabajadores activos por cada trabajador pasivo continúa dismi-nuyendo considerablemente, lo que im-plica una contribución cada vez mayor de cada trabajador activo para poder financiar la pensión de los jubilados o mayor financiamiento público. Más aun, si el nuevo pilar se financia con parte del ahorro de todos los trabajadores, sería un impuesto al trabajo que gravaría únicamente a los trabajadores depen-dientes formales, con impactos como la caída del empleo formal y del salario lí-quido, y un aumento de la informalidad, lo cual atenta precisamente contra el fin último de lograr mejores pensiones.

Otras propuestas presentes en el debate que no fueron acogidas por la Comisión por no considerarlas el instrumento técnico adecuado para lograr los objetivos son: creación de una AFP Estatal; licitaciones de las carteras de los afiliados antiguos; devo-lución de comisiones ante rentabilidad ne-gativa; uso de tablas de mortalidad unisex para calcular las pensiones; e inclusión de representantes de los cotizantes en la ad-ministración de los fondos.

La Comisión buscó proponer soluciones técnicas eficientes para orientar un de-bate nacional que tiene como objetivo mejorar las pensiones en el corto y en el largo plazo. Debido a que el tema previ-sional tiene implicancias de largo plazo, será de vital importancia que la reforma que se plantee se realice con la riguro-sidad técnica que el tema amerita y abor-dando todas sus aristas.

por considerar que no son el camino co-rrecto para lograr una mejora efectiva en las pensiones de los chilenos.

El anuncio de la Presidenta Bachelet incluyó la intención de crear un nuevo pilar colectivo de reparto financiado con un alza de 5% de la cotización obli-gatoria. Como ya se explicó, ya existe solidaridad en la estructura del sistema previsional actual. Por lo mismo, si el objetivo es mayor solidaridad, ello se logra destinando mayores recursos a ese pilar, como lo hizo el Gobierno con la reciente ley que aumenta los beneficios del pilar solidario y tal como lo propuso la Comisión.

El mecanismo de reparto o las “cuentas nocionales” no son instrumentos ade-cuados para lograr el objetivo de mejorar las pensiones. Tienen la complejidad de basarse en que los trabajadores activos financian a los pasivos, por lo cual, los cambios demográficos que estamos experimentando en Chile y el mundo, hacen insostenible este mecanismo.

LISTADO DE PROPUESTAS


COMISIÓN ASESORA DE PENSIONES DE LA CPC COMISIÓN ASESORA DE PENSIONES DE LA CPC


El Comité Ejecutivo se reúne con el experto en materia previsional, Augusto Iglesias.

CPC y Asociación de AFP mantienen encuentro de trabajo.

Reunión de la CPC con la Subsecretaria de Previsión Social.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN ASESORA DE PENSIONES DE LA CPC

Reunión de la CPC con la Subsecretaria de Previsión Social.

CPC y Asociación de AFP mantienen encuentro de trabajo.

SOFOFA hace entrega a la CPC del documento Contribución de la Sociedad de Fomento Fabril al debate sobre mejoramiento de las pensiones de los trabajadores chilenos.

SOFOFA hace entrega a la CPC del documento Contribución de la Sociedad de Fomento Fabril al debate sobre mejoramiento de las pensiones de los trabajadores chilenos.

C o n f e d e r a c i ó n d e l a P r o d u c c i ó n y d e l C o m e r c i o130 131M E M O R I A 2 0 1 5 / 1 7 · á m b i t o s d e t r a b a j o130

SITUACIÓN DE LA ARAUCANÍAEn los últimos años, la región de La Araucanía ha sido foco de especial preocupa-ción para la CPC. Además de ser una región con una compleja situación social y económica, ha estado marcada por un conflicto de décadas que ha afec-tado la paz social y la seguridad de sus habitantes de manera relevante. El ataque sistemático de grupos organizados, que han desarrollado una es-trategia de violencia creciente que ataca a las per-sonas, las iglesias, las empresas, las instituciones y las ciudades, ha impedido que los habitantes de esta región puedan desarrollar todos los ámbitos de su vida de manera normal.

RESGUARDAR EL

ESTADO DE DERECHO

Y GARANTIZAR

EFECTIVAMENTE LA

SEGURIDAD A TODOS

LOS CIUDADANOS, ES UN

VALOR SUPERIOR AL QUE

DEBE OTORGARSE LA MÁS

ABSOLUTA PRIORIDAD.

La violación a los derechos fundamen-tales de integridad de las personas y pro-piedad privada, el aumento de la insegu-ridad y los daños al sector productivo, preocupan de sobremanera a la CPC. Solidarizamos con los afectados y con-denamos enérgicamente los hechos de-lictuales ocurridos. Resguardar el Estado de Derecho y garantizar efectivamente la seguridad a todos los ciudadanos, es un valor superior al que debe otorgarse la más absoluta prioridad.

Los empresarios hemos sido enfáticos en condenar los graves hechos de violencia ocurridos en La Araucanía y expresamos claramente que ninguna causa los jus-tifica. Atentar contra la vida de las per-sonas y la propiedad privada constituye delitos de la mayor gravedad. Creemos que es necesario la aplicación de me-didas más efectivas por parte de las au-toridades, y consideramos importante rediseñar los protocolos con que opera la fuerza pública con el fin de disuadir y controlar las expresiones de violencia y así comenzar su erradicación definitiva.

Desde la CPC estamos convencidos que el conflicto de La Araucanía ha dejado de ser solamente un problema específico de la región, sino que es un tema país. Así lo señaló Alberto Salas, Presidente de la CPC, en el Encuentro Empresarial de La Araucanía realizado en agosto de 2015 en Temuco: “El problema trasciende las fronteras de la Región y todos debemos hacernos parte de él y de su solución. Por supuesto que la violencia no soluciona nada. Al contrario, lo hace todo más di-fícil”. Es un error creer, que los atentados experimentados en La Araucanía solo afectan a algunos pocos, a los empresa-rios o “los propietarios”. Los atentados

experimentados en la zona afectan a todas las personas y al estado de ánimo colectivo, lo que impacta a su vez en las familias, las empresas, los eventuales in-versionistas y la comunidad en general. Como consecuencia, se ha expandido un clima de incertidumbre e inestabi-lidad dañino, que socava la confianza, con todos los efectos negativos que esto trae en las personas y para la actividad económica.

La Araucanía ha sido una región estraté-gica para el desarrollo de Chile, y la ac-tividad económica un pilar de bienestar e inclusión de todos sus habitantes. In-dustrias como la forestal o los servicios asociados a ella dan empleo a más de 300 mil personas, representando el 4% del empleo nacional. Por ello, es crucial tomar las medidas necesarias para forta-lecer la región y hacer el máximo esfuerzo a nivel país para hacer de la Araucanía una región segura y desarrollada, capaz de brindar paz y prosperidad a todos sus habitantes.

DESDE LA CPC ESTAMOS CONVENCIDOS QUE EL

CONFLICTO DE LA ARAUCANÍA HA DEJADO DE SER

SOLAMENTE UN PROBLEMA ESPECÍFICO DE LA

REGIÓN, SINO QUE ES UN TEMA PAÍS.



Lo anterior se hace más urgente aún si se tiene en cuenta la difícil realidad socioe-conómica que enfrenta la IX Región. Las estadísticas regionales muestran tasas de pobreza, educación y productividad por debajo del promedio nacional, evi-denciando que no se ha desarrollado de la mano del resto del país. El ingreso per cápita es de tan solo US$ 5.500 anuales, el PIB de la región representa solo el 2,1% de todo lo que el país produce y el índice de desarrollo regional es el más bajo de Chile. Las prioridades de los habitantes de la región de La Araucanía son claras, y así ha quedado de manifiesto tras la Encuesta de Opinión Pública en la Arau-canía de la Universidad Diego Portales: su principal preocupación es la falta de trabajo.

Se hace evidente la necesidad de avanzar hacia un desarrollo inclusivo en La Arau-canía, que permita un mayor bienestar a todos sus habitantes. En esto, los habi-tantes de La Araucanía deben ser prota-gonistas. Así lo manifestó Alberto Salas

en su visita a La Araucanía de junio de 2016: “La Araucanía debe ser parte de este proceso, para desarrollarse íntegra-mente, para que sus habitantes puedan convivir en armonía con una visión a largo plazo, que incluya no sólo el creci-miento económico sustentable de la re-gión, sino también el fomento cultural y social sin exclusión, donde todos puedan alcanzar un mayor bienestar.”

La CPC se ha preocupado de cooperar con lo anterior a través una agenda de trabajo con foco en La Araucanía durante los años 2015 y 2016. A través de su pre-sidente y su Comité Ejecutivo, de manera regular en estos dos años se llevaron a cabo visitas a la zona. Alberto Salas es-tuvo presente como expositor en las dos versiones del Encuentro Empresarial de La Araucanía “ENELA”, en agosto de 2015 y junio de 2016, respectivamente. A su vez, el Comité Ejecutivo llevó a cabo una fructífera visita a la región entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2016, en la cual se reunieron con el intendente de La

Araucanía, Andrés Jouannet; con el presi-dente de CorpAraucanía, José Torga; con la Multigremial de La Araucanía presidida por Angélica Tepper; y con empresarios nacionales e inversionistas extranjeros de la región. Se realizó, a su vez, un en-cuentro de trabajo con el obispo del Vi-cariato de La Araucanía, monseñor Fran-cisco Javier Stegmeier, y luego una visita a la construcción de la principal obra en la región: el puente Padre Las Casas-Te-muco, del Consorcio Paicaví.

En reiteradas ocasiones durante este pe-rIodo, la CPC se reunió con los Ministros del Interior Jorge Burgos en un comienzo y Mario Fernández posteriormente, ha-ciendo un llamado urgente a las autori-dades del Estado, a cumplir con su deber fundamental de hacer respetar el Estado de Derecho y la Constitución de Chile en la protección de los derechos de quienes viven y trabajan en la región de la Arau-canía y zonas aledañas.

Desde la CPC estamos convencidos de que todos los actores de la sociedad,

liderados por la Presidenta de la Repú-blica, debemos asumir con voluntad la tarea de recomponer la paz social en nuestro país.

Restablecer el diálogo, la armonía y la convivencia pacífica en nuestra sociedad son requisitos esenciales para que Chile pueda continuar en el camino hacia el desarrollo integral, a través de la cons-trucción de acuerdos entre todos los actores sociales. Para ello, hemos apo-yado el diálogo que se ha promovido para buscar soluciones a los problemas que afectan a esta zona y sus habitantes. En este contexto, la CPC ha propuesto crear mesas locales de trabajo en las que participen los actores locales, como parlamentarios, la iglesia, las organiza-ciones regionales, entre otros con el fin de avanzar en la solución del conflicto. Hemos planteado también la necesidad de redefinir la política de compras de tie-rras de CONADI, que a hasta ahora, no ha logrado solucionar los graves problemas de desarrollo económico de la región.

SE HACE EVIDENTE LA

NECESIDAD DE AVANZAR

HACIA UN DESARROLLO

INCLUSIVO EN LA

ARAUCANÍA, QUE PERMITA

UN MAYOR BIENESTAR A

TODOS SUS HABITANTES.


El presidente de la CPC participa en el Encuentro Empresarial de La Araucanía, ENELA.


La CPC en reunión en La Moneda para tratar temas de La Araucanía.

En julio de 2016, se formó la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, una instancia de diálogo que aborda los problemas de la región buscando soluciones conjuntas entre todos sus integrantes. Está encabezada por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, y conformada por representantes del mundo empresarial y del mundo ma-puche, por académicos y políticos. La comisión se dividió en cuatro subcomi-siones que trataron temas particulares como Institución y Legislación, Paz So-cial, Desarrollo Sustentable y Cultura, Historia y Educación. En enero de 2017, entregaron al Gobierno un informe con propuestas y conclusiones, que fueron valorados por la CPC, esperando que signifiquen un avance concreto en la solución de los problemas de la región.

En la CPC pensamos también que para el desarrollo de La Araucanía es crucial un efectivo proceso de descentraliza-ción de nuestro país, que provea mayor

autonomía a las regiones y les permita progresar en sus niveles de crecimiento, empleo, paz social y desarrollo integral. Específicamente en la IX Región, la des-centralización permitirá elevar los niveles de educación de sus estudiantes, me-jorar la infraestructura y los programas de riego, fortalecer el gobierno regional y facilitar la focalización de recursos para favorecer el desarrollo de los sectores ru-rales, entre otros.

La Araucanía debe ser parte del desa-rrollo de Chile, y para ello, necesitamos un Estado eficiente, con la voluntad firme de hacer respetar el Estado de Derecho; un sector privado que se una por el bien común; y una sociedad que confíe en que todos juntos podemos fortalecer al país. La manera de lograrlo, es tendiendo puentes para construir acuerdos, como la única ma-nera de ir superando los conflictos y asumir juntos el desafío de progreso común para todos los ciudadanos de la IX Región.

El Comité Ejecutivo de la CPC junto al Ministro del Interior, Mario Fernández.


El Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo recibe la presidente de la CPC.

Ministros Interior y Segpres se reúnen con la CPC en abril de 2015.

CPC en reunión de trabajo con directiva de CorpAraucanía, en Temuco.

Alberto Salas saluda a Angélica Tepper, presidenta de la Multigremial de La Araucanía.


INTERNACIONALLa decidida vocación de apertura al mundo de nuestro país nos ha permitido importantes logros en materia de rela-ciones internacionales en el ámbito económico, político y social. Chile ha firmado Tratados de Libre Comercio con más de 60 países, que representan más del 85% del PIB mundial. Hemos logrado expandir nuestro comercio a todas las re-giones del mundo y tener un arancel efectivo promedio que ha bajado a menos de un 1%.

En ese contexto de liberalización comercial, la CPC participa en diversas instancias que tienen por objetivo promocionar a nuestro país y sus habitantes en el campo de las inversiones, los negocios, el turismo, la cultura, además de fomentar las exportaciones y nuestra internacionalización a todo nivel.

JUNTO A LAS CÚPULAS EMPRESARIALES DE

COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ, LA CPC HA

TRABAJADO ESTRECHAMENTE CON LOS

GOBIERNOS PARA CONSTRUIR DE MANERA

PARTICIPATIVA Y CONSENSUADA, UN ÁREA

DE INTEGRACIÓN PROFUNDA QUE AVANCE

PROGRESIVAMENTE HACIA LA LIBRE

CIRCULACIÓN DE BIENES, SERVICIOS,

CAPITALES Y PERSONAS.

ALIANZA DEL PACÍFICOLa Alianza del Pacífico se consolidó formal-mente en junio de 2012, con la firma del Acuerdo Marco por parte de México, Co-lombia, Perú y Chile. Todos estos países compartimos principios comunes, como el compromiso con la democracia, la certeza jurídica y el crecimiento económico como herramienta para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes; además de la esta-bilidad financiera, la responsabilidad fiscal y un mercado abierto.

Los cuatro países que conforman este bloque reúnen en conjunto más de 200 mi-llones de habitantes, representan el 38% del PIB de Latinoamérica y suman el 50% del comercio exterior de la región. Si las cuatro economías fueran un solo país, serían la oc-tava economía del mundo, con un producto conjunto de más de 2 billones de dólares.


Áreas de trabajo del CEAP:

- Teniendo como propósito mejorar el bienestar de sus miembros, el campo de acción de la Alianza del Pacífico va mucho más allá de un acuerdo comercial, integrando a los países en otras di-mensiones, entre las que destaca la integración educacional, donde se lanzó una plataforma de movilidad estudiantil y académica común, en cuyo marco se entregaron 100 becas estudian-tiles para cada uno de los países miembros.

- También destacan los avances en materia de integración migratoria, que aspira a la libre movilidad de personas a través de la elimi-nación de visas, así como la promoción de intercambios laborales para los jóvenes, per-mitiéndoles pasar períodos cortos trabajando en cualquiera de los países miembros.

- En materia de integración financiera se ha avanzado en forma conjunta, con la aspi-ración de consolidar el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), además de generar un mercado de capitales de riesgo en la Alianza para fomentar el emprendimiento.

- Destaca el importante logro que significa la eliminación de aranceles en más de un 90% de los productos al día de hoy, con miras a alcanzar el 100% en el corto plazo.


Junto a las cúpulas empresariales de Colombia, México y Perú, la CPC ha tra-bajado estrechamente con los gobiernos para construir de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda que avance progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En este proceso, el trabajo coordinado entre el sector público y el privado, ha sido fun-damental y se suma a las acciones con-juntas emprendidas por las agencias de promoción de los cuatro países de la Alianza del Pacífico en diversos mer-cados del mundo, para estimular el co-mercio y las inversiones.

Junto a su contraparte de México, Perú y Colombia, los empresarios chilenos par-ticiparon activamente en las reuniones que el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico llevó a cabo durante estos años, realizando aportes significativos a la agenda de trabajo del sector privado.

En junio de 2016, el Consejo Empresa-rial de la Alianza del Pacífico (CEAP) hizo el traspaso oficial de la presidencia pro tempore de Perú a Chile. De esta manera, Alberto Salas, quien encabeza el Capí-tulo Chileno del CEAP, asumió la presi-dencia del CEAP AP.

La instancia que reúne a los empresarios de la Alianza del Pacífico es el Consejo Empresarial –CEAP–, cuyo Capítulo Chileno estuvo constituido los años 2015 y 2016 de la siguiente manera:

Alberto Salas, Presidente CPC y del Capítulo Chileno.

Hermann Von Mühlenbrock, Presidente Sofofa.

Jorge Errázuriz - Alfredo Moreno (desde septiembre 2016), Presidente Consejo Empresarial Chile-Colombia.

Juan Eduardo Errázuriz, Presidente Consejo Empresarial Chile-Perú.

Juan Pablo Swett, Presidente Consejo Empresarial Chile-México.

EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y CON UNA MASIVA CONCURRENCIA DE

EMPRESARIOS DE CHILE, PERÚ, MÉXICO Y COLOMBIA, ADEMÁS DE

PARTICIPANTES DE VARIOS DE LOS PAÍSES OBSERVADORES DE LA ALIANZA

DEL PACÍFICO, SE REALIZÓ EN EL TEATRO DEL LAGOS, EN FRUTILLAR, CHILE,

LA III CUMBRE EMPRESARIAL AP, ORGANIZADA POR EL CEAP Y DIRECON.


- En cuanto a las facilidades para el co-mercio y los negocios, se ha avan-zado a través de acciones como:

Ventanillas Únicas de Comercio Exterior con el certificado fitosanitario, con miras a iniciar su interoperabilidad en el año 2016.

origen a las Ventanillas Únicas.

-gramas de Operador Económico Autorizado y la suscripción de acuerdos de recono-cimiento mutuo de estos programas.

productivos, como el farmacéutico, insumos médicos y alimenticio, con el fin de facilitar el comercio entre los países de la Alianza.


TENIENDO COMO PROPÓSITO MEJORAR EL BIENESTAR DE SUS MIEMBROS, EL

CAMPO DE ACCIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UN

ACUERDO COMERCIAL, INTEGRANDO A LOS PAÍSES EN OTRAS DIMENSIONES,

ENTRE LAS QUE DESTACA LA EDUCACIONAL.

Sus objetivos son promover la Alianza tanto en los países integrantes como en la comunidad empresarial mundial, y elevar a los respectivos gobiernos re-comendaciones y sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial entre nuestros países”.

Luego, el Canciller chileno, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Magali Silva; la Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture; y el Secretario de Economía de México, Ildefonso Gajardo, coincidieron en señalar que el Protocolo Comercial vigente desde el 1 de mayo de este año, es una verdadera plataforma que estimulará el intercambio económi-co-comercial entre los cuatro países del bloque y que en este marco, los empre-sarios cumplirán un rol muy importante.

La segunda sesión, moderada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, contó con la participación de los cuatro presidentes del Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico (CEAP), quienes abordaron, entre otros temas, la pro-ductividad y crecimiento, integración financiera, homologación en telecomu-nicaciones, reconocimientos mutuos, cadenas globales de valor y facilitación del comercio.

“Como presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico -dijo el presidente de la CPC- , quisiera iniciar estas palabras señalando que para el sector privado de Chile cons-tituye motivo de orgullo y un importante desafío participar de la Alianza del Pací-fico. Junto a las cúpulas empresariales de Colombia, México y Perú, hemos

trabajado estrechamente con nuestros gobiernos para construir de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda que avance progre-sivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas”.

Salas destacó también que “los cuatro países compartimos principios comunes como el compromiso con la democracia, la certeza jurídica y el crecimiento econó-mico como herramienta para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes; además de la estabilidad financiera, la responsabilidad fiscal y un mercado abierto”.

El Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de la Alianza del Pacífico, par-ticipantes de la tercera sesión sobre integración financiera, coincidió en la importancia del avance en sincronía de las carteras de los cuatro países, que per-mite ser identificados a nivel global por la existencia de políticas comunes lo cual es un factor de confianza internacional. Aspectos claves para estimular avances en inversiones, financiamiento e inver-sión en infraestructura; el manejo de riesgos catastróficos, gestión y transpa-rencia fiscal y medidas para fomentar las exportaciones de servicios; cuatro áreas en las que está centrado el trabajo de este consejo.

El 30 de junio de 2016 y con una masiva concurrencia de empresarios de Chile, Perú, México y Colombia, además de par-ticipantes de varios de los países observa-dores de la Alianza del Pacífico, se realizó en el Teatro del Lagos, en Frutillar, Chile, la III Cumbre Empresarial AP, organizada por el CEAP y DIRECON.

Junto al Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, el Presidente de la CPC, Alberto Salas y el Intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo De La Prida, dieron la bienvenida a los cientos de empresarios, representantes de organismos interna-cionales, ministros y Jefes de Gobierno que participaron en la III Cumbre Empre-sarial de la Alianza del Pacífico.

Alberto Salas destacó que “el encuentro que hoy nos convoca constituye una magnífica oportunidad para compartir, dialogar, estrechar vínculos y seguir avan-zando en una mayor integración tanto entre los países que conformamos la Alianza del Pacífico, como de este bloque con todos los países que aquí se encuen-tran representados por ustedes. Creemos firmemente que la Alianza del Pacífico es un espacio que ofrece todas las posibili-dades para potenciar la integración por la vía de combinar acuerdos con altos niveles de expectativas en los aspectos de comercio, así como en las demás áreas de trabajo, para el bienestar de las personas y el crecimiento de los países”.

En este marco, el presidente de la CPC y del Capítulo Chileno del CEAP, señaló que “la labor del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico constituido el año 2012, tiene particular relevancia, dado que se trata de una instancia asesora integrada por empresarios y organiza-ciones de alto nivel de los cuatro países.


En su intervención, el Ministro de Ha-cienda de Chile, Rodrigo Valdés, afirmó que los cuatro países de la Alianza del Pacífico tienen muchas características comunes, entre las que citó la responsabi-lidad fiscal, bancos centrales autónomos, sistemas financieros robustos, mercados abiertos y una relación de confianza. Ele-mentos que, según dijo, constituyen una fortaleza para la imagen internacional de la Alianza del Pacífico. También puso énfasis en la necesidad de promover ini-ciativas que permitan un mejor financia-miento para las pymes de la región.

En el marco de la III Cumbre Empresarial, se llevó a cabo la suscripción de una serie de convenios que apuntan a una mayor integración de la Alianza del Pacífico en las áreas académicas, de innovación y emprendimiento.

Más tarde, correspondió exponer a los Presidentes de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y de Argentina, Mauricio Macri, además del Presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El cierre del en-cuentro estuvo a cargo de los Jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet; Co-lombia, Juan Manuel Santos; México, En-rique Peña Nieto; y Perú, Ollanta Humala.

En la discusión, la Presidenta Bachelet, junto al resto de los Jefes de Estado, destacó la importancia del mundo em-presarial en el éxito del foro regional que ya cumple cinco años activo, destacando la rapidez con la que estos países han logrado consolidar un pacto de estas características. “El empresariado en su conjunto constituye un pilar clave de la Alianza del Pacífico”, dijo la Presidenta durante su intervención.

En octubre de 2016, el CEAP volvió a se-sionar en Cartagena de Indias, Colombia. Durante esta reunión, se pasó revista a las principales tareas acordadas en Fru-tillar, destacando el grado de avance experimentado por el Programa de In-terconexión de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. En la oportunidad, se acordó organizar un segundo seminario sobre integración financiera, tema que lidera Chile, y que se desarrollará en abril de 2017 en la ciudad de Lima.

OCDE Y BIACEn mayo de 2010, Chile ingresó oficial-mente a la Organización para la Coope-ración y el Desarrollo Económico (OCDE). La OCDE agrupa actualmente a 34 países con el objetivo de promover buenas políticas públicas entre sus miembros, mediante la cooperación internacional y estudios de política comparada.

El ingreso de Chile a la OCDE permitió que la CPC, como máximo exponente del em-presariado chileno, se hiciera miembro del Comité Consultivo e Industrial de la OCDE (The Business and Industry Advi-sory Council, BIAC). Su misión es formular recomendaciones de políticas públicas, basadas en la realidad y las necesidades del sector empresarial de cada país, y aportar así a las discusiones, iniciativas y deliberaciones de la OCDE.

BIAC es el espejo privado del trabajo de la OCDE y reúne a las principales asocia-ciones empresariales de los países miem-bros y observadores de la OCDE. Permite al sector privado chileno, a través de la CPC, acceder al círculo más relevante de

influencia, información, intercambio y adopción de posiciones del sector pri-vado internacional. La CPC asiste regular-mente a las reuniones anuales del BIAC en la sede de la OCDE en París.

En enero de 2016, el presidente de la CPC, Alberto Salas, y el gerente general, Fernando Alvear, sostuvieron una fruc-tífera reunión en París con Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, en la que trataron -entre otros temas- la instala-ción de la productividad como el desafío primordial en la agenda de la OCDE y de Chile para ese año.

Alberto Salas participó también como ex-positor en la reunión anual del BIAC con embajadores de la OCDE sobre políticas para fomentar la productividad. En la oca-sión, el presidente de la CPC señaló que “las orientaciones del BIAC son funda-mentales para mejorar el potencial de la actividad económica del sector privado, a través de un mayor crecimiento de la productividad. Esto es indispensable para mejorar el empleo, las oportunidades, las remuneraciones y la calidad de vida de las personas. Coincidimos plenamente con las prioridades planteadas en cuanto a promover la apertura de los mercados y mejorar el clima de inversión; desarrollar un entorno regulatorio propicio que no obstaculice el quehacer de las empresas; impulsar políticas públicas que fomenten la innovación y la digitalización; promover la formación para el trabajo mediante una mayor colaboración entre las em-presas y las instituciones de educación; y aumentar las oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres, jóvenes y adultos mayores”.

EN ABRIL DE 2016, SE

LLEVÓ A CABO EN

SANTIAGO LA REUNIÓN

DEL BIAC Y EL TUAC, EN

PREPARACIÓN DEL

ANNUAL MINISTERIAL

MEETING QUE SE REALIZÓ

A FINES DE MAYO DE

2016 EN PARÍS, OCASIÓN

EN LA QUE CHILE FUE EL

ANFITRIÓN CON EL TEMA

DE LA PRODUCTIVIDAD.



CONSEJO CONSULTIVO EMPRESARIAL DE APEC (ABAC)ABAC es un Consejo Empresarial del más alto nivel, que reporta directamente a los Jefes de Gobierno de APEC y que, una vez al año, en las Cumbres de este Foro, tienen una sesión de trabajo conjunto llamada ABAC Dialogue with Leaders, única en su género a nivel global.

ABAC está integrado por tres empresa-rios por cada economía APEC en calidad

Beijing, China (mayo 2015): IWCC Annual Joint Meeting.

Roma, Santa Sede y Milán, Italia ( junio 2015): Comitiva que acompañó a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en Visita Oficial.

Madrid, España ( junio 2015): XXVI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas.

San Petersburgo, Rusia ( junio 2015): 19th St. Petersburg International Economic Forum.

Paracas, Perú ( julio de 2015): Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico - CEAP.

Londres, Inglaterra (octubre 2015): London Metal Exchange.

Shangai, China (noviembre 2015): 4ta. Reunión Cooper Dinner.

París, Francia (enero 2016): Reunión Anual de Consultas del BIAC con Embajadores ante la OCDE.

Lima, Perú (abril 2016): Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico- CEAP.

Cape Town y Joahanesburgo, Sudáfrica (mayo 2016): International Wrought Coppre Council Joint Meeting.

Lima, Perú (mayo 2016): Simposio Internacional del Oro y la Plata.

París, Francia (mayo 2016): Asamblea General del BIAC y Foro de la OCDE 2016.

Frutillar, Chile ( junio de 2016): Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico- CEAP.

Shanghai, China ( julio 2016): Reunión Anual de ABAC.

Lima, Perú (septiembre 2016): ExpoMina Perú.

Cartagena de Indias, Colombia (octubre de 2016): Reunión del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico- CEAP, XI Encuentro Empresarial Iberoamericano y XXVII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas.

Lima, Perú (noviembre 2016): 4th ABAC Meeting for 2016.

París, Francia (diciembre de 2016): Business at OECD – 2016.

Toronto, Canadá (marzo 2016 y 2017): Prospectors & Developers Association of Canada – PDAC.

PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CPC EN REUNIONES INTERNACIONALES

de miembros titulares, que son desig-nados por los Jefes de Estado de los países miembros. En el caso de Chile, asumieron en marzo de 2016 los empre-sarios Alberto Salas, Bernardo Larraín y Richard Von Appen, quienes participaron durante este periodo en las reuniones oficiales de ABAC.

CUMBRE EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO, EN FRUTILLAR


El gerente general de la CPC, Fernando Alvear, en reunión de la OCDE en París.

Alberto Salas junto a la Canciller de Honduras, María Dolores Agüero.

Chile asume presidencia del CEAP.

Empresarios de la CPC en reunión-desayuno con delegación de Honduras encabezada por la Canciiler María Dolores Agüero.

El presidente de la CPC junto al Canciller Heraldo Muñoz.

El Ministro de Hacienda recibe a representantes chilenos del CEAP.

La embajadora de Chile ante la OCDE, Claudia Serrano, se reúne con la CPC.

La presidenta Michelle Bachelet recibe en audiencia a los empresarios representantes de Chile en el ABAC.

Reunión de los integrantes del CEAP, en Chile.

Reunión del CEAP en Cartagena de Indias, Colombia.

Reunión del presidente de la CPC con el Secretario General de la OCDE, en París.



LA PRESENTE MEMORIA INCLUYE INFORMACIÓN HASTA EL 1 DE MARZO DE 2017.


Edición: Carolina Agüero Aguirre

Diseño y producción: Loreto Cammas Diseño

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