Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea - El Universal...Líneas Generales para la Presidencia de...

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

D i c i e m b r e 2 0 1 4

Líneas generales de trabajo para la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

del Consejo de la Judicatura Federal 2015-2018.

Líneas Generales para la Presidencia de la SCJN y del CJF


Índice

Pág.

Preámbulo 4

I. Hacia la Nueva Constitucionalidad. 7

II. El Juez de la Décima Época. 11

III. Los derechos humanos como centro y eje de la acción

institucional. 19

IV. La implementación del sistema de justicia penal

acusatorio. 34

V. El rol protagónico del Instituto Federal de Defensoría

Pública en el contexto de la Nueva Constitucionalidad. 42

VI. Hacia un modelo de administración integral. 48

VII. La preservación de la independencia e imparcialidad

de los juzgadores. 60



VIII. La justicia de frente a la sociedad. 64

Conclusión 72



Preámbulo

La elección del Ministro que habrá de desempeñarse como

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del

Consejo de la Judicatura Federal para el período 2015-2018, se

inserta en un momento especialmente difícil para la Nación y, en

particular, para el sistema de impartición de justicia en nuestro

país.

La confianza de la ciudadanía en las instituciones no ha

podido consolidarse, lo que constituye hoy por hoy el mayor

obstáculo al fortalecimiento de nuestra democracia y a la plena

realización de las reformas constitucionales emprendidas en los

últimos años.

En este contexto, la respuesta institucional del Poder

Judicial de la Federación debe estar a la altura de las demandas

de desarrollo, justicia, democracia y respeto a los derechos

humanos de la población y ese será el principal reto del próximo

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Debemos renovar el compromiso institucional con la

sociedad y poner todos nuestros recursos al servicio del

fortalecimiento del sistema judicial con el fin de alcanzar una

mayor legitimidad, transitar hacia una impartición de justicia

moderna y eficaz y cumplir con la parte que nos toca en la

concreción de las grandes reformas transformadoras.



La meta es ser un Poder Judicial Federal comprometido con

la construcción de un Estado constitucional y democrático de

derecho, al cual los ciudadanos puedan acudir con la confianza

de que obtendrán justicia.

Para ello, considero que nuestras políticas deben enfocarse

en los siguientes aspectos:

1) Consolidar el tránsito hacia la Nueva

Constitucionalidad, a través de un compromiso

institucional con el valor normativo del precedente.

2) Definir el perfil del Juez de la Décima Época y revisar

los mecanismos para su selección y capacitación.

3) Mantener a los derechos humanos como centro y eje

de la acción institucional.

4) Implementar eficazmente el sistema penal acusatorio

en el ámbito federal.

5) Desarrollar el potencial del Instituto Federal de

Defensoría Pública como impulsor de criterios

jurídicos modernos.

6) Transitar hacia un modelo de administración integral,

que sirva como instrumento estratégico al servicio de

la actividad jurisdiccional.

7) Garantizar la independencia, imparcialidad y

honorabilidad de los juzgadores.



8) Acercar la justicia a la sociedad mediante políticas

efectivas de comunicación social, transparencia,

atención ciudadana, y vinculación interinstitucional.

Las ideas transversales que permean a cada uno de los

puntos mencionados son la necesidad de transformar la manera

como concebimos el Derecho, la igualdad de género, la

importancia de una relación más cercana entre la Suprema

Corte y el Consejo de la Judicatura, y el uso intensivo de las

tecnologías para mejorar la calidad de la justicia, entre otras.

Más que un programa de acciones específicas, lo que aquí

presento pretende transmitir mi visión de lo que debe ser el

Poder Judicial de la Federación en el México al que todos

aspiramos. Estas ideas constituyen a la vez un punto de partida

y una propuesta sobre la dirección que debemos seguir; pero

será el diálogo constante e incluyente con los ministros,

consejeros y juzgadores, así como con las instancias de la

sociedad civil, el que permitirá ir obteniendo los logros

concretos, de manera que éstos sean una construcción colectiva,

basada en la colaboración y el trabajo en equipo.

Lo anterior sólo podrá lograrse bajo la premisa de que todos

quienes integramos el Poder Judicial de la Federación

compartimos una misma misión; que a todos nos une una

misma mística y el orgullo de pertenecer a esta noble

institución.



I. Hacia la Nueva Constitucionalidad

En los últimos años se han aprobado una serie de reformas

constitucionales y legales con las que se busca transformar la

realidad política, económica y social de nuestro país. Todas ellas

impactan al Poder Judicial de la Federación en tanto modifican

las reglas, principios y valores constitucionales que constituyen

el fundamento de nuestra función.

Tenemos un nuevo sistema normativo dentro del cual

operar, pero debemos ser conscientes de que la capacidad de las

grandes reformas para producir cambios perdurables, que

trasciendan a la vida de las personas, pasa por la necesidad de

contar con instituciones sólidas, capaces de impulsar las

transformaciones y consolidar los avances.

En este sentido, como parte del Estado Mexicano, el Poder

Judicial de la Federación no es ajeno al proceso de cambio ni

puede concebir su función como la de un mero aplicador de las

reformas. En nuestro carácter de intérpretes y garantes del

orden constitucional, los jueces participamos activamente en la

construcción del derecho. Es nuestra responsabilidad como

juzgadores en una democracia, contribuir a que los propósitos y

objetivos de las normas se cumplan y, particularmente, a que

los postulados de la Constitución sean una realidad.

Por ello, el Poder Judicial Federal tiene frente a sí el enorme

reto de dar viabilidad a una Nueva Constitucionalidad, la cual se

estructura en torno a tres grandes ejes:



-Derechos humanos. Esta reforma incide directamente en

el ejercicio de la función judicial en tanto modifica el sistema de

fuentes y prescribe el uso de determinados métodos de

interpretación. De ello derivan nuevas funciones institucionales

más complejas y sofisticadas que debemos asimilar

correctamente: el control difuso de la constitucionalidad y

convencionalidad de las normas y actos de autoridad; la

concepción de las normas internacionales sobre derechos

humanos como derecho constitucional; la interpretación

orientada a la máxima protección de los derechos humanos,

etcétera. Es indispensable promover entre los juzgadores un

conocimiento de sus nuevas tareas, de las herramientas

interpretativas a su alcance y en general, de la nueva manera de

juzgar que nuestra Constitución contempla.

-Nuevo modelo de justicia penal. El éxito de la transición

al sistema penal acusatorio es esencial para la vigencia del

Estado de Derecho. En la medida en que el Poder Judicial

Federal sea capaz de operar el sistema con eficacia en su ámbito

de competencia y de construir los criterios que permitan

sancionar los delitos con apego a los principios y valores de la

Norma Fundamental, será posible un clima de confianza y de

seguridad jurídica que constituya la base para el fortalecimiento

de nuestra democracia y para la plena realización del resto de

las reformas constitucionales.

-Reformas estructurales. Este conjunto de reformas

representan un reto por la complejidad de su contenido. Su



interpretación requerirá la comprensión de otras áreas del

conocimiento para precisar el sentido de los conceptos y los

procesos complejos previstos en el nuevo marco normativo.

Asimismo, será necesaria una visión del desarrollo y el

crecimiento como presupuesto para la satisfacción de las

demandas sociales más básicas y el ejercicio de todos los

derechos.

La participación del Poder Judicial de la Federación en la

asimilación de esta Nueva Constitucionalidad descansa

principalmente en su función interpretativa. El texto

constitucional adquiere su verdadero sentido cuando a través de

la interpretación se fijan los parámetros bajo los cuales se

verificará la regularidad de todas las normas y actos del orden

jurídico, pues es entonces cuando la Constitución despliega su

fuerza normativa.

En este contexto, considero que los esfuerzos de los

próximos años deben centrarse prioritariamente en la

construcción de un sistema coherente de precedentes que refleje

los valores de la Constitución y que contribuyan a su

concreción.

Si bien esta labor la realiza cada juez en lo individual al

resolver con independencia, imparcialidad y objetividad las

disputas que se le plantean, es fundamental que exista un

liderazgo decidido, una planeación y un empleo de los recursos



con el fin de proveer la infraestructura institucional necesaria

para alcanzar los objetivos de las reformas.

Es imprescindible que desde la administración del Poder

Judicial Federal se adopten políticas que reflejen un compromiso

institucional con el valor normativo del precedente, sobre la base

del uso efectivo de las herramientas tecnológicas, la capacitación

de los juzgadores, el seguimiento académico de las líneas

jurisprudenciales, etc.



II. El Juez de la Décima Época

Si el principal reto para el Poder Judicial de la Federación

en los próximos años es la construcción de un sistema sólido de

precedentes y la generación de los criterios que continúen

desarrollando las reformas constitucionales, entonces es

fundamental prestar una atención central a la persona

directamente encargada de esta labor: el juez.

Definir un perfil

En el contexto de la Nueva Constitucionalidad se requieren

de cualidades y características específicas para la realización de

las nuevas funciones y operaciones que la Constitución ordena

realizar, lo que hace necesario definir un nuevo perfil de juez.

Hoy en día contamos con juzgadores y juzgadoras que

realizan sus funciones con entrega, profesionalismo y

excelencia. Lo que se busca con la definición de este perfil es

fortalecer determinadas habilidades y competencias, así como

crear una nueva visión del rol que estamos llamados a

desempeñar.

En este sentido, además de la integridad con que debe

conducirse todo juzgador, debemos seguir con el compromiso de

formar y reclutar un modelo de juez con las siguientes

características:

-Conocedor y partícipe en el desarrollo del nuevo

paradigma constitucional. El control difuso de



constitucionalidad y de convencionalidad, así como el principio

pro persona, demandan del juez una sólida formación no sólo en

temas sustantivos como la dogmática de los derechos

fundamentales, el derecho internacional de los derechos

humanos y la teoría constitucional, sino también en saberes

claramente instrumentales como la teoría de la argumentación,

la teoría de la interpretación y la teoría del precedente. La

adquisición y profundización de estos conocimientos permitirán

a los jueces resolver los conflictos en clave de derechos, sin

perder de vista los principios que sustentan el Estado

democrático constitucional. Esta formación se enfocará también

en que los juzgadores comprendan la interrelación de las

normas de derechos humanos provenientes de distintas fuentes

nacionales e internacionales. Permitirá, además, la aplicación de

las modernas técnicas de interpretación y argumentación

constitucional, como la ponderación entre derechos, la

interpretación conforme y el principio pro persona.

-Comprometido con los derechos fundamentales. Los

jueces deben reconocerse como garantes del nuevo paradigma

de derechos humanos, por lo que su función debe ejercerse en

todo momento con esa visión. Ello demanda que los jueces se

encarguen de desarrollar jurisprudencialmente los derechos bajo

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad

y progresividad. Por otro lado, los jueces deben ser

especialmente sensibles con los reclamos de justicia

provenientes de grupos vulnerables, como las mujeres, personas



con discapacidad, niños, personas con preferencias y

orientación sexual diferentes y otras minorías.

-Conocedor de la teoría del precedente y comprometidos

con la consolidación de un sistema de precedentes. La Nueva

Constitucionalidad exige a su vez, que el juez comprenda que

sus sentencias no sólo deciden el derecho para las partes, sino

que sirven de referente normativo para decidir casos futuros. En

efecto, cada sentencia judicial constituye un ingrediente en el

desarrollo jurisprudencial de los derechos, que debe insertarse

armónicamente en la doctrina desarrollada a través de los

precedentes de la Suprema Corte y demás órganos del Poder

Judicial de la Federación, así como los de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, es

necesario que el juez conozca esa doctrina jurisprudencial que

se ha construido en sede nacional e internacional, de tal manera

que puede discernir cuándo un precedente es aplicable, cuándo

es vinculante o tiene un carácter sólo persuasivo. Esto significa

que el juez debe estar comprometido con el desarrollo de los

derechos a través de la construcción de un sistema de

precedentes coherente y consistente.

-Con una visión moderna del derecho. El constante

cambio social y jurídico demanda que los jueces entiendan al

derecho como un instrumento vivo, que observen los problemas

que se les plantean en un contexto global y que sean

conocedores de su tiempo. Además, como titulares de una de

las funciones esenciales del Estado, es necesario que los jueces



se asuman también como partícipes en la construcción de la

democracia y actores corresponsables en la realización de los

fines que persigue la Constitución.

-Con conocimientos especializados. La Nueva

Constitucionalidad también exige conocimientos especializados

en los aspectos técnicos de las reformas. Por ello, el juez de la

Décima Época deberá estar a la vanguardia de los retos que se le

presentan, siendo un verdadero experto en las materias de su

competencia, pero también abierto a otras áreas del

conocimiento.

-Con una vocación de servicio. En tanto la persona es el

centro de la actividad jurisdiccional, debe entenderse que la

impartición de justicia está al servicio del ciudadano. Así, deberá

fomentarse una cultura de calidad en el servicio, siempre con

sentido humano, en la que el justiciable no sea un número o

expediente más. Sin duda alguna, la vocación de servicio

incidirá en el mejoramiento de nuestras prácticas

administrativas y, en consecuencia, en la percepción que la

sociedad tiene de nuestra función.

-Cercano a las personas. Es necesario que los jueces vean

a sus sentencias como instrumentos de comunicación social.

Las sentencias deben estar dirigidas al justiciable, por lo que su

redacción debe ser sencilla, breve y estar sólidamente

argumentada. Las sentencias también se comunican con los

jueces de instancias inferiores y otros órganos del Estado y, en



tal sentido, cumplen una función pedagógica, ya que determinan

las obligaciones y responsabilidades de las autoridades. Las

sentencias deben argumentar, convencer, explicar cómo y por

qué se llegó a una decisión y no a otra. Un tribunal se legitima a

través de la calidad y consistencia de sus sentencias.

Selección

El perfil del Juez de la Décima Época debe guiar la selección

de los nuevos juzgadores, de manera que exista congruencia

entre los criterios a evaluar y las habilidades y características

que se buscan en el aspirante.

Para ello será necesario revisar el formato de los concursos

de oposición, a fin de que se enfoquen en identificar los

conocimientos y habilidades indispensables para desempeñar

con calidad y profesionalismo la función jurisdiccional, de tal

manera que se asegure que los futuros jueces no sólo conozcan

los debates del constitucionalismo contemporáneo, sino que

también posean capacidades y habilidades de carácter

instrumental de vital importancia para desarrollar con eficacia

su labores sustantiva de impartición de justicia, como los son

las técnicas interpretativas y el dominio de los distintos

esquemas de argumentación judicial.

Una Nueva Filosofía de Capacitación

Debe reconocerse el amplio esfuerzo de capacitación a

juzgadores federales y locales que ha llevado a cabo la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura



Federal, el cual ha sido detonador de los beneficios de las

reformas constitucionales. Esta formación se ha centrado en

hacer realidad los postulados de las reformas constitucionales

en materia de derechos humanos, haciendo operativo el control

de convencionalidad y el principio pro persona, la justiciabilidad

de los derechos económicos, sociales y culturales, la tutela de

los derechos ambientales, la perspectiva de género, entre

muchos otros.

En este orden de ideas, es importante mantener y redoblar

este esfuerzo, de manera que el perfil del Juez de la Décima

Época permee a los planes de capacitación de todo el personal.

Al mismo tiempo, habrá que impulsar una nueva forma de

entender la formación judicial. Esta visión será el eje que guiará

todos los esfuerzos de capacitación de los juzgadores. En efecto,

derivado del nuevo parámetro de regularidad constitucional

conformado por los derechos humanos previstos en la

Constitución y en los tratados internacionales, así como del

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, todos

los jueces deberán estar en aptitud de proteger y desarrollar los

derechos fundamentales, de modo que tenemos frente a

nosotros el reto de formar jueces constitucionales, a efecto de

poder aplicar el nuevo paradigma interpretativo derivado del

artículo 1º constitucional.

Sin negar importancia a los conocimientos tradicionales, es

necesario formar jueces que no sólo conozcan los temas

sustantivos de su competencia, sino que también tengan una



sólida formación en derechos humanos y en saberes

instrumentales como las modernas teorías de la argumentación

e interpretación constitucional; jueces que al mismo tiempo

puedan tener una visión interdisciplinaria del derecho y sean

conscientes de su responsabilidad social en la construcción del

Estado de Derecho.

Dichas competencias permitirán que los jueces puedan

enfrentar el enorme reto de desarrollar los derechos de la Nueva

Constitucionalidad, que puedan moverse con facilidad en

cualquier área del derecho y adaptarse a los constantes cambios

en la sociedad, la economía y la tecnología, así como entender

los complejos problemas técnicos que plantean las reformas

estructurales.

Aunado a lo anterior, deberá existir un programa

permanente de capacitación enfocado a elevar el nivel de

argumentación y redacción de los juzgadores, de tal manera que

estas habilidades impulsen la claridad y calidad de las

sentencias, contribuyendo a concebirlas como instrumentos con

valor de precedente y de comunicación social.

Por otro lado, deberá fortalecerse el papel del Instituto de la

Judicatura Federal como escuela judicial. El Instituto será el

centro detonador de esta Nueva Filosofía de Capacitación.

En esa línea, será necesario acercarse a las experiencias

exitosas de capacitación judicial de otras latitudes, así como

promover estancias de jueces y de su personal auxiliar en



tribunales constitucionales de prestigio. Por otro lado, deberá

evaluarse el actual sistema de becas y capacitación, para

concentrar los recursos del Poder Judicial en programas de

calidad que contribuyan al mejoramiento de la impartición de

justicia.

Esta Nueva Filosofía de Capacitación constituye una

renovada forma de entender el derecho y el rol del juzgador.

Estoy consciente que ello implica un cambio de mentalidad del

juez, sin embargo, es innegable que el nuevo paradigma de

derechos humanos así lo exige. Además, el impulso de esta

visión no pugnará con el respeto a la independencia del juez y

su poder de decisión. Simplemente le informará de otras teorías

del derecho, y se le proporcionarán las herramientas necesarias

para comprender los problemas que subyacen a la resolución de

los conflictos entre derechos.



III. Los derechos humanos como centro y eje de

la acción institucional

La trascendencia de las reformas constitucionales en

materia de derechos humanos ha sido tal que ha implicado un

nuevo entendimiento de la constitucionalidad y una visión

renovada de la función jurisdiccional. Sin duda, consolidar el

avance en la aplicación de esta reforma es uno de los mayores

retos para el Juez de la Décima Época.

Las acciones realizadas en los últimos años por el Poder

Judicial de la Federación muestran el compromiso de los jueces

con los derechos. Prueba de ello es el Premio de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas que recibió la Suprema Corte,

el cual se otorga por logros excepcionales en el campo de los

derechos humanos.

Así, si bien las reformas constitucionales otorgaron una

protección más amplia a la persona al reconocer como derechos

humanos a aquellos establecidos en los tratados

internacionales, son los criterios judiciales los que les han

conferido su real dimensión y viabilidad. Las decisiones

judiciales han moldeado la interacción entre las normas

constitucionales e internacionales, estableciendo el sistema de

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y han

redireccionado la función del Juez de la Décima Época hacia la

protección de los derechos.



No es excesivo por tanto decir que la eficacia de las

reformas se ha construido a través de las recientes sentencias

de la Suprema Corte y de los diversos órganos jurisdiccionales,

en las cuales se ha desarrollado una doctrina de los derechos y

principios constitucionales como la presunción de inocencia, el

derecho al debido proceso, la protección contra la tortura, la

eficacia de los derechos humanos entre particulares, el derecho

a la no discriminación, la igualdad de género, la libertad de

expresión, el derecho a la salud, el derecho al acceso a la

información, entre otros.

Los juzgadores federales han respondido a las exigencias

con sentencias y criterios interpretativos que han dado

viabilidad al nuevo paradigma de derechos humanos. Las

decisiones judiciales tienen cada vez más un contenido

sustantivo, ya que se hacen cargo de los valores que subyacen a

los derechos. Estos criterios han dado vida a la nueva relación

entre las normas constitucionales y las normas de derechos

humanos contenidas en tratados internacionales, y han

explicitado las pautas interpretativas derivadas del principio pro

persona.

El reto que se tiene ahora es potenciar lo avanzado, a

efecto de seguir construyendo una sólida doctrina

jurisprudencial en materia de derechos humanos. El

compromiso no es menor, implica seguir desarrollando los

derechos humanos, dar viabilidad al control difuso de

constitucionalidad y convencionalidad, así como responder a la



complejidad que conllevan las reformas y los criterios

interpretativos derivados de éstas.

Para lograr tal misión es necesario tanto profundizar los

grandes esfuerzos de los jueces en el desarrollo de las reformas

en su actuación jurisdiccional, como interiorizar los valores de

respeto a los derechos humanos en las prácticas administrativas

del Poder Judicial.

Compromisos de los jueces con los derechos humanos

en su quehacer jurisdiccional

Para dar viabilidad a las reformas es preciso comprender a

cabalidad el nuevo modelo de control de constitucional, el cual

demanda de todos los jueces decidir conforme a las normas y

precedentes de derechos humanos tanto de fuente

constitucional como internacional. Dicho de otra manera, el reto

que se nos presenta es generar un verdadero entendimiento de

lo que implica el control difuso de constitucionalidad y

convencionalidad.

Lo anterior no sólo requiere un amplio conocimiento por

parte de los juzgadores tanto de los criterios interpretativos de la

Suprema Corte y de los otros órganos Poder Judicial de la

Federación, sino también de la jurisprudencia emitida por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, implica

entender que las normas constitucionales y las normas de

derechos humanos de fuente internacional no se relacionan en

términos de jerarquía sino que ambas se encuentran en la



cúspide del orden jurídico mexicano, así como concebir la

relación entre los tribunales mexicanos y la Corte

Interamericana como un diálogo de cooperación y

enriquecimiento jurisprudencial.

La Nueva Constitucionalidad supone asimismo decidir cada

caso conforme a la doctrina que dichos órganos han construido.

Todo ello a la luz de las pautas interpretativas derivadas del

principio pro persona y el juicio de ponderación entre derechos.

Lo anterior no es una tarea sencilla para ningún juez. A

efecto de dar viabilidad al nuevo paradigma de derechos

humanos y consolidar los importantes logros alcanzados por la

actual Presidencia de la Suprema Corte, se propone prioritario

implementar la siguiente estrategia:

-Impartición de justicia a grupos vulnerables. Un gran

desafío para los Jueces de la Décima Época consiste en

garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita, a aquellos

grupos que históricamente han sido considerados como

vulnerables y que requieren de medidas especiales para estar en

posibilidad de acceder en condiciones de igualdad al sistema de

justicia federal en nuestro país.

En este aspecto debe reconocerse la importancia de los

distintos protocolos de actuación para quienes imparten justicia,

los cuales establecen principios y directrices que adquirirán su

real dimensión a través de la resolución de los casos en

concreto. Será importante mantener su debida difusión y



actualización, así como la incorporación de los nuevos criterios

jurisdiccionales que se emitan, a efecto de mantenerlos como

instrumentos dinámicos que sirvan como referentes

interpretativos.

-Generar un diagnóstico sobre el estado de la doctrina

de los derechos humanos. Resulta esencial conocer el nivel del

desarrollo de la doctrina judicial de los derechos humanos. Para

ello es preciso establecer líneas jurisprudenciales, esto es,

determinar qué sentencias se han emitido en cada uno de los

derechos y establecer cómo se relacionan y conectan entre sí.

Además es necesario precisar las contradicciones en los criterios

emitidos, así como identificar aquellos derechos que no han sido

abordados a través de criterios jurisdiccionales pero requieren

ser dotados de contenido. Tal evaluación del estado de la

doctrina constitucional servirá tanto para difundir y aclarar los

criterios en materia de derechos humanos, como para dar

consistencia y coherencia a las decisiones judiciales. Tal

congruencia y claridad respecto al contenido y alcance de los

derechos abonará a su debida aplicación y por tanto garantizará

su real vigencia.

-Revisión del sistema de precedentes y de elaboración

de tesis. En primer término, debemos implementar el sistema

de precedentes previsto en el artículo 105 constitucional y su

Ley Reglamentaria, a efecto de que sean las consideraciones de

la sentencia las que tengan obligatoriedad. Por otro lado, se debe

repensar la forma como se elaboran las tesis en el juicio de



amparo. Éstas debieran reflejar únicamente los criterios

interpretativos derivados de la sentencia e ir acompañadas de la

publicación completa de las sentencias que les dieron lugar, a

fin de comprender a cabalidad los hechos que motivaron la

decisión.

-Hacia una Nueva Filosofía de Capacitación. Es necesario

aprovechar y potencializar los esfuerzos que hasta el momento

se han emprendido en el tema de capacitación. Como se señaló,

la formación de los jueces estará enfocada a desarrollar las

competencias y habilidades que requiere el Juez de la Décima

Época. Así, deberán formarse jueces de constitucionalidad y no

de mera legalidad, capaces de entender los debates del

constitucionalismo moderno, de aplicar las avanzadas técnicas

de interpretación y argumentación, y de dialogar con los

precedentes de otras cortes constitucionales o tribunales

internacionales. Por tanto, además de impulsar un enfoque de

derechos humanos en el que la protección de la persona es el eje

de la acción jurisdiccional, la capacitación tiene que apoyarse de

forma central en las aportaciones de saberes teóricos de carácter

instrumental que tienen una marcada vocación práctica, tales

como la teoría de la argumentación, la teoría de la interpretación

y la teoría del precedente.

-Impulsar la reforma a la enseñanza del Derecho. Con el

objeto de promover la enseñanza del nuevo paradigma de

derechos humanos es necesario intensificar las relaciones con

las Universidades e Institutos de Investigación. Sin duda, los



estudiantes de la carrera de Derecho constituyen la apuesta más

importante para que las reformas permeen no sólo en el ámbito

de la impartición de justicia, sino en la generación de una

cultura jurídica con enfoque de derechos humanos. Así, debe

fomentarse que la Nueva Constitucionalidad se traslade a las

aulas. En esta línea, debe acercarse a los jóvenes al quehacer

jurisdiccional, mediante las tecnologías de la información, foros

y conferencias, estancias de investigación, y la promoción de

prácticas profesionales en los diferentes juzgados y tribunales.

-Consolidar el Centro de Estudios Constitucionales. En

los últimos años también se emprendieron importantes

iniciativas al interior de la Suprema Corte. Recientemente se

creó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, el cual está dedicado a la investigación

y difusión del derecho constitucional desde una perspectiva

comparada. Para ello, el Centro tiene distintas atribuciones,

como colaborar con tribunales constitucionales de Iberoamérica

e instituciones académicas nacionales e internacionales, así

como promover estancias de investigación para especialistas en

derecho constitucional mexicanos y extranjeros. Se considera

que dicho Centro es una ventana de oportunidad para el

mejoramiento de la calidad de la impartición de la justicia

federal.

Además de las actividades que hasta ahora están

encargadas al Centro de Estudios Constitucionales, este órgano

deberá explicitar la doctrina jurisprudencial de cada derecho,



derivada tanto de la Suprema Corte y Tribunales Colegiados,

como de la Corte Interamericana, promoviendo su difusión y

discusión en el ámbito académico.

-Un esfuerzo conjunto. Por otro lado, es necesario que

todos los esfuerzos permeen en la actividad jurisdiccional, no

sólo al seno de la Suprema Corte, sino en todos los juzgados y

tribunales que componen el Poder Judicial de la Federación.

Esto significa que las acciones emprendidas no se conciban de

manera aislada, sino como un esfuerzo conjunto en el que se

vean integrados todos los jueces del Poder Judicial de la

Federación.

Compromisos con los derechos humanos al interior del

Poder Judicial

El Juez de la Décima Época debe tener una vocación de

respeto a los derechos humanos, que además de reflejarse en

sus actividades jurisdiccionales, debe ser palpable en la

administración del Poder Judicial, por lo que deben consolidarse

los avances en materia de igualdad de género y la habilitación de

la infraestructura para hacerla accesible a las personas con

discapacidad.

-Igualdad de género y conciliación familiar. Un aspecto

que no debe descuidarse son las políticas de igualdad de género

que se han emprendido en los últimos años. La perspectiva de

género es una idea transversal en la visión de la Presidencia de

la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, y como



tal, debe estar presente en todas las áreas de incidencia de este

órgano.

La desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad

tan arraigada en nuestra sociedad, que los esfuerzos para

erradicarla deben ser enfáticos y sostenidos. Lo anterior implica

continuar los esfuerzos para visualizar a la mujer como un

agente de modernización de la justicia y al hombre como

copartícipe de las responsabilidades familiares.

En efecto, desde la Presidencia se debe buscar potenciar los

logros de la Unidad de Igualdad de Género y de la Dirección

general de derechos humanos, igualdad de género y asuntos

internacionales.

En la línea de lo avanzado, es necesario brindar mayores

espacios a las mujeres en los puestos de dirección

administrativa y en las actividades jurisdiccionales. La

integración de las mujeres a las actividades sustantivas del

Poder Judicial generará la justicia con igualdad que deseamos

para la Décima Época.

En efecto, contar con un mayor número de juzgadoras

federales es un compromiso inaplazable. Deben generarse

políticas más agresivas de igualdad y establecerse metas

concretas que permitan aumentar el porcentaje de juezas y

magistradas en el Poder Judicial de la Federación.



Las medidas pueden incluir la realización de concursos

para la selección de juzgadores en adscripciones determinadas o

concursos específicos para mujeres.

Aunado a lo anterior, debe mantenerse la tendencia a la

adopción de políticas que permitan a todos los funcionarios y

empleados del Poder Judicial de la Federación conciliar de mejor

manera la vida laboral y familiar. Así, deberán proponerse

acciones concretas con el fin de que un mayor número de

mujeres consideren atractivo proseguir en la carrera judicial, al

tiempo que es preciso ofrecer a los hombres mayor espacio para

que puedan dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos. Por

ello, en aquellas funciones en que sea posible, es necesario

medir el desempeño laboral por resultados y no por horario de

trabajo.

Por otro lado, el hostigamiento y acoso sexual y laboral no

pueden ser tolerados. El hostigamiento sexual como una forma

de violencia contra las mujeres es una grave ofensa a sus

derechos y dignidad humana. La Presidencia aplicará el

Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso

sexual, y los demás instrumentos normativos que se han

emitido para tal efecto. Así, se continuará sensibilizando al

personal sobre esta problemática, previniendo su ocurrencia, y

sancionando fuertemente aquellas conductas que dañen la

dignidad de la mujer.



-Garantía de acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

La impartición de justicia no puede ignorar la realidad cultural

de nuestro país, por lo que resulta indispensable continuar con

las medidas diseñadas para proteger los derechos de los pueblos

indígenas. Así, el Poder Judicial de la Federación debe fortalecer

todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios

para asegurar el acceso de estas comunidades a los servicios

jurisdiccionales, atendiendo a sus usos, costumbres, tradiciones

y valores, pero sin perder de vista las normas y principios

constitucionales e internacionales.

En esta línea, el primer paso que debe tomar la jurisdicción

federal en torno al tema de las comunidades indígenas es

reforzar las acciones tendientes a suprimir la discriminación

cultural y a generar una igualdad de condiciones para acceder al

sistema de justicia. Para ello, debe garantizarse, de manera

especial, el derecho al traductor e intérprete en la línea de los

precedentes emitidos por la Suprema Corte.

-La adopción del modelo social de discapacidad. De

manera reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

resuelto que la discapacidad en nuestro país debe analizarse a

partir de un nuevo paradigma conocido como modelo social, a

partir del cual, debe buscarse la eliminación de aquellas

barreras sociales que impiden que las personas con alguna

diversidad funcional tengan acceso a los diversos ámbitos

sociales en igualdad de oportunidades.



De esta manera, será prioritario adoptar a plenitud ese

modelo, a efecto de que las resoluciones que se adopten en

asuntos que involucren a personas con discapacidad, tomen en

cuenta estas barreras sociales y la posibilidad de establecer

ajustes razonables tendientes a generar las aludidas condiciones

de igualdad. En suma, se trata de impulsar una nueva cultura

que modifique el enfoque a partir del cual se atienden este tipo

de asuntos, pues la discapacidad no es una enfermedad, sino la

combinación de una diversidad funcional que se pone en

contacto con una barrera social.

De igual manera, recientemente y a partir del modelo

social, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que

cuando un juzgador se encuentre ante un asunto que involucre

a una persona con una discapacidad intelectual, que implique

una dificultad para leer o comprender un texto, existe la

obligación de emitir, a la par de la sentencia tradicional, una

sentencia en formato de lectura fácil.

Al respecto, se emitieron diversas directrices para que los

juzgadores puedan redactar estas sentencias –tipografía, tamaño

de letra, estilo de párrafos, y estilo de lenguaje y redacción–. Por

tanto, será necesario darle mayor difusión a tales directrices, así

como a la necesidad de que todos los juzgadores implementen

estos formatos, de tal manera que se comiencen a afianzar en la

labor cotidiana del Poder Judicial de la Federación.



Cuando una de las personas involucradas posea una

diversidad funcional que le obstaculizaría leer o comprender una

sentencia redactada en términos tradicionales, existe una

obligación que ya no puede ser ignorada por los juzgadores, de

implementar medidas para que tal persona comprenda cómo le

afecta una sentencia del Poder Judicial de la Federación, lo cual

es un presupuesto mínimo e indispensable para eliminar las

barreras sociales que de manera lamentable han caracterizado a

la discapacidad en nuestro país.

Aunado a tales medidas, se deberá garantizar el acceso a

plenitud de las personas con discapacidad a los inmuebles del

Poder Judicial de la Federación. Sin desconocer los grandes

avances que se han realizado al respecto, estas políticas deben

abarcar a la totalidad de los inmuebles, facilitando no solamente

el acceso, sino también el desplazamiento dentro de los mismos.

Tecnologías de la información aplicadas al desarrollo del

nuevo paradigma de derechos humanos

Como se ha señalado, un aspecto fundamental para la

plena vigencia de los derechos humanos, así como para la

estabilidad del sistema jurídico y la consolidación del Estado de

Derecho, es impulsar el valor normativo del precedente judicial.

Las tecnologías de la información juegan para este propósito un

rol central, en tanto difunden las sentencias y las tesis derivadas

de éstas.



Si bien el Semanario Judicial de la Federación es una

herramienta indispensable en el quehacer judicial, es necesario

revisar de qué manera se engarzan cada una de las tesis con el

fin de reflejar la doctrina que se está construyendo en torno a la

figura legal o derecho en cuestión. Así, se propone que las

herramientas de la información den cuenta de las líneas

jurisprudenciales de los criterios que han emitido la Suprema

Corte y los Tribunales Colegiados.

Relacionar temáticamente los criterios hasta ahora

emitidos permitirá a los justiciables entender el marco

normativo que rige sus litigios, aplicar debidamente la doctrina

generada de derechos humanos y lograr la coherencia y

consistencia del sistema jurídico mexicano.

Además, y para hacer más sencilla la consulta de las

decisiones judiciales, deben generarse buscadores conectados

por voces o temas específicos que den cuenta de todas las

sentencias que se han emitido en torno a los mismos. Un

referente importante es sin duda el Buscador Jurídico de

Derechos Humanos, el cual presenta todas las sentencias del

Sistema Interamericano de acuerdo a los criterios que se

introduzcan en el buscador.

-Difusión del desarrollo de las reformas de derechos

humanos. Como se destacó anteriormente, la Suprema Corte ha

aplicado las herramientas tecnológicas tanto para acercar las

reformas de derechos humanos al justiciable, como para



implementar algunos de sus rubros. El reto consiste en

potenciar la Plataforma ReformaDH, Recurso para la Formación

en Derechos Humanos, la cual es una propuesta virtual de

formación académica sobre los contenidos del artículo 1º

constitucional. Así también resulta primordial utilizar el Sistema

Informático de Gestión Judicial Penal en la instrumentación de la

reforma penal.

En este aspecto destaca el Buscador Jurídico en Derechos

Humanos que, como se indicó, presenta la jurisprudencia

interamericana de derechos humanos de forma sistematizada.

Plataformas como ésta permiten acercar los criterios al

justiciable. La integración de los mismos en la resolución de los

casos derivará no sólo en el cumplimiento de nuestros deberes

internacionales, sino en la construcción de mejores sentencias.



IV. La implementación del sistema de justicia

penal acusatorio

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 busca

modificar sustantivamente la justicia penal en el país. En dicha

reforma se estableció un nuevo sistema penal, de naturaleza

acusatoria regido por los principios de publicidad, contradicción,

inmediación, concentración, continuidad y presunción de

inocencia.

Esta reforma tiene como propósito lograr una justicia penal

en la que a través del pleno respeto de los derechos tanto de las

víctimas como de los imputados, se logre sancionar a las

personas responsables de la comisión de delitos.

Consolidar el nuevo sistema de justicia penal será un

objetivo prioritario para la Presidencia. Para ello se requiere que

el Poder Judicial de la Federación instaure una serie de

procedimientos, programas, y acciones coordinadas y eficientes.

Es por tanto indispensable, contar con los recursos financieros,

materiales y humanos necesarios para hacer operativo al

sistema acusatorio; así como dotar de contenido al nuevo marco

penal a través de criterios interpretativos.

Recursos financieros, materiales y humanos

Como parte de los esfuerzos del Poder Judicial para

instaurar el sistema penal acusatorio, el Consejo de la

Judicatura Federal en el Plan Maestro para la Implementación

de la Reforma Penal, estableció las directrices y grandes líneas



de acción a seguir para lograr este objetivo. Además, propuso

fases de implementación, elementos de capacitación,

infraestructura física y tecnológica, presupuesto y

reglamentación normativa.

Asimismo, se creó la Unidad de Implementación de las

Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el

Poder Judicial de la Federación dependiente de la Presidencia

del Consejo, a la cual se le encomendó la coordinación de la

implementación de las reformas constitucionales, tanto la de

derechos humanos y amparo, como la penal.

Si bien hemos avanzado en este rubro, a un año y medio de

su total aplicación, es momento de redoblar esfuerzos,

aprovechar la capacitación que han recibido los jueces y

personal administrativo, y utilizar las adecuaciones de

infraestructura que se han emprendido.

Con el objeto de dar viabilidad y eficacia a la nueva justicia

penal, se propone coordinar los esfuerzos encaminados a

consolidar el sistema penal acusatorio; crear un órgano único de

capacitación; generar la infraestructura necesaria; y reorganizar

la administración de justicia de acuerdo a las necesidades del

sistema acusatorio.

-Creación de un órgano encargado de coordinar y

homologar exclusivamente los esfuerzos en la consolidación

del sistema penal acusatorio. Hasta ahora ha sido la Unidad

de Implementación de las reformas Penal, de Juicio de Amparo y



Derechos Humanos quien ha coordinado las acciones del Poder

Judicial de la Federación. Se considera necesario crear un

órgano que exclusivamente se encargue de la total

implementación de las reformas en materia penal.

La consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal es un

proceso complicado que requiere de acciones integrales,

articuladas y coordinadas entre sí. De esta forma se necesita un

órgano especializado encargado de generar la planeación,

coordinar y dar seguimiento a todos estos esfuerzos.

-Creación de un Programa Integral e Intensivo de

Capacitación. Uno de los principales retos que implica la

entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal es la

formación de los jueces y magistrados, esto es, el proporcionar

una capacitación integral a efecto de que los juzgadores

conozcan a cabalidad cómo opera el nuevo sistema, pero

también tengan las habilidades y competencias para el

desempeño de su función.

De acuerdo al Plan Maestro para la Implementación de la

Reforma Penal, se deberá lograr la selección y capacitación de

aproximadamente 315 magistrados, 296 jueces, 611 secretarios

de juzgado, 44 titulares de la administración de los centros de

justicia penal, 400 defensores públicos, 110 asesores jurídicos y

alrededor de 4 mil servidores públicos de apoyo jurisdiccional y

administrativo.



En este sentido el Poder Judicial de la Federación ha

realizado esfuerzos importantes en materia de capacitación. En

efecto, existen varias instancias que capacitan tanto a los

miembros del Poder Judicial como al público en general.

Además, se ha iniciado el desarrollo y ejecución del Plan Integral

de Capacitación de la Reforma Penal en el Poder Judicial de la

Federación con base en el cual se han impartido múltiples

cursos, seminarios, talleres y diplomados.

Sin embargo, para redoblar los esfuerzos realizados en esta

materia debe implementarse un Programa Integral e Intensivo

de Capacitación que se ajuste a los requerimientos y tiempos

previstos en la gradualidad del sistema a nivel federal.

Como se dijo anteriormente, la reforma al sistema penal

acusatorio se inserta y complementa con las reformas en

derechos humanos y amparo. Por tanto, se deben desarrollar las

competencias y habilidades que necesita un Juez Penal de la

Décima Época.

Para ello, se propone desarrollar programas de capacitación

sobre tres ejes prioritarios: (i) conocimiento y aplicación de los

derechos humanos de fuente constitucional e internacional a

través de las pautas interpretativas derivadas del principio pro

persona y el juicio de ponderación; (ii) argumentación en

valoración de hechos (valoración racional de la prueba,

estándares de prueba, inferencias probatorias, etc.); y (iii)

reparación del daño para las víctimas.



-Adaptación de la infraestructura judicial. El Consejo de

la Judicatura Federal ha realizado grandes esfuerzos para dotar

a los juzgadores de la infraestructura necesaria para operar el

nuevo sistema penal. En efecto, el Pleno del Consejo de la

Judicatura Federal ya creó los Centros de Justicia Penal en

Puebla y Durango y además se han adaptado juzgados

existentes en otros Estados. Es importante continuar con el

acondicionamiento de los espacios requeridos para que los

juzgadores puedan llevar a cabo sus funciones bajo los

estándares de excelencia que les son exigidos.

Si bien la piedra angular del nuevo sistema será la

adecuada capacitación de los defensores públicos, jueces y

magistrados, lo cierto es que las funciones que éstos realicen

deberán contar con un adecuado espacio físico, idóneo para la

nueva dinámica adversarial y acorde a los estándares de justicia

buscados, para lo cual, la evaluación de recursos, la

reasignación de ciertos rubros y el ejercicio prioritario de otros,

deberán ser objetivos de gran atención para la Presidencia.

Por tal razón, será necesario que la Presidencia del Consejo

lleve a cabo una profunda evaluación del presupuesto destinado

para la generación de la infraestructura necesaria para el nuevo

sistema de justicia penal, el porcentaje de avance efectuado y la

detección de aquellas obras que se estimen prioritarias.

- Reorganización institucional. La transición de un

sistema procesal a otro requiere la transformación y



reorganización institucional de los órganos judiciales federales.

En efecto, se tendrán que crear nuevos órganos y adaptar otros

existentes.

Así, a partir de la experiencia y los avances hasta ahora

obtenidos y de un análisis normativo y de los nuevos esquemas

de trabajo requeridos para el óptimo funcionamiento del

sistema, se elaborará un Plan de Reorganización Institucional

el cual servirá para transitar de los juzgados de procesos

penales federales a los juzgados de control y juicio oral, además

de los correspondientes a la segunda instancia y ejecución de

sanciones.

De igual forma se deberán crear los juzgados de justicia

para adolescentes, cuyo personal necesitará de una capacitación

e infraestructura especiales. Por tanto, la creación de dichos

juzgados requerirá de una planeación específica sensible a las

circunstancias y necesidades de los adolescentes.

En todo momento se garantizará que todos los órganos

cuenten con suficiente personal capacitado para poder cumplir

con las funciones que les son encomendadas. Por tanto, dicho

Plan de Reorganización Institucional estará fuertemente ligado

al programa de capacitación mencionado anteriormente.

Articulación del sistema penal acusatorio con las

reformas de derechos humanos

Si bien a nivel constitucional se han establecido los

principios de publicidad, contradicción, concentración,



continuidad e inmediación que rigen al sistema penal

acusatorio, hasta que los jueces precisen su contenido y alcance

será que dichos principios cobrarán operatividad y vida dentro

del proceso penal.

Dichos criterios deben emitirse a la luz del nuevo paradigma

constitucional, buscando siempre el pleno respeto y garantía de

los derechos humanos tanto de las personas imputadas como de

las víctimas. En efecto, será imposible lograr los ambiciosos

objetivos que el sistema penal acusatorio se propone sin que

dicha reforma se entienda dentro del contexto de la reforma en

materia de derechos humanos.

La Suprema Corte ha establecido principios muy

importantes. En la Décima Época se han desarrollado y

precisado las distintas vertientes del derecho a la presunción de

inocencia. Asimismo, se han desarrollado los alcances de los

principios de contradicción e inmediación, así como los derechos

a la puesta a disposición inmediata y defensa adecuada, debido

proceso, etcétera. El reto ahora es trasladar dichos criterios al

sistema penal acusatorio sin que pierdan su esencia, esto es,

adaptarlos a las finalidades del nuevo sistema.

En este sentido, ya existen precedentes de la Suprema Corte

que han ido determinando cómo operarán algunos de estos

derechos en la nueva justicia penal.

El reto que se enfrenta ahora consiste en continuar con este

desarrollo jurisprudencial y construir una doctrina sólida en



materia penal que garantice el pleno respeto de los principios

establecidos constitucionalmente.

Sin embargo, para que dichos criterios tengan la incidencia

que se busca es necesario que sean accesibles tanto para los

operadores jurídicos como para la sociedad en general. Por lo

anterior se realizará una fuerte difusión de dichos criterios a

través del canal judicial y radio, para que todas las personas

puedan conocer la importancia, trascendencia y contenido de la

reforma penal.

Formación de los futuros abogados en la lógica adversarial

Por último, es necesario retomar la iniciativa de la actual

Presidencia de proponer a la Secretaría de Educación Pública y

a la Subsecretaría de Estudios Superiores y Universidades

Autónomas, un programa actualizado para la asignatura

Derecho Procesal Penal o Sistema Procesal Penal Acusatorio. Es

fundamental para el éxito de las reformas que los futuros

abogados se formen bajo la nueva lógica de justicia penal, al

tiempo que se propicien las competencias necesarias en quienes

habrán de representar los intereses de los justiciables.

En esa misma línea, es necesario fomentar una

comunicación constante entre las instituciones de educación

superior y el Poder Judicial. El diálogo interinstitucional

permitirá identificar los obstáculos, las oportunidades y retos

para lograr una transición educativa efectiva hacia el nuevo

sistema de justicia penal acusatorio y oral.



V. El rol protagónico del Instituto Federal de

Defensoría Pública en el contexto de la Nueva

Constitucionalidad

El Instituto Federal de Defensoría Pública ha tenido grandes

avances en los últimos años, en especial en cobertura del

servicio, programas de capacitación, implementación de

traductores para personas indígenas y un aceptable porcentaje

de efectividad. Sin embargo, es necesario aprovechar el potencial

del Instituto, para lograr que no sólo sea una institución que

brinde una defensa jurídica en asuntos federales con altos

estándares de calidad, sino que también se convierta en un

impulsor de criterios que propicien una mayor protección de los

derechos de los más débiles.

En este sentido, el Instituto Federal de Defensoría Pública

debe convertirse en un actor que contribuya decididamente a la

consolidación de las importantes reformas que han tenido lugar

en los últimos años, especialmente en materia penal y en

materia de derechos humanos y amparo. Así como se ha

hablado del Juez de la Décima Época, el Instituto también debe

diseñar el nuevo perfil profesional que requieren los defensores

públicos y los asesores jurídicos para poder operar en el marco

del nuevo paradigma constitucional en materia de derechos

humanos y el sistema penal acusatorio. La capacitación y el

reclutamiento de nuevos profesionales tienen que estar

claramente orientados a contribuir a la formación e



incorporación de abogados que sean capaces desempeñarse con

eficacia en este nuevo contexto.

Capacitación en temas prioritarios

En cuanto a los defensores, se propone desarrollar

programas de actualización y capacitación sobre tres ejes

prioritarios en materia de defensa penal: (i) jurisprudencia de

tribunales internacionales sobre derechos humanos y garantías

penales, así como estudios comparados sobre criterios emitidos

por tribunales de otros países sobre esta misma materia; (ii)

habilidades específicas de los defensores públicos en el sistema

adversarial (expresión oral, estrategias de interrogatorio y

contrainterrogatorio, etc.); y (iii) argumentación en materia de

hechos (valoración racional de la prueba, estándares de prueba,

inferencias probatorias, etc.).

En relación con los asesores, se propone desarrollar

programas de capacitación en áreas poco desarrolladas

jurisprudencialmente, distintas a la materia penal, pero que

afectan los derechos fundamentales de las personas.

Impulso y generación de cambios jurídicos

Por otro lado, como se señaló, los esfuerzos deben estar

encaminados no sólo a consolidar una institución de

representación pública en litigios federales, sino también a

propiciar que la actuación de los defensores públicos y asesores

jurídicos pueda llegar a generar criterios jurisprudenciales que

redunden en la protección de los derechos de los más débiles. A



este planteamiento subyace la idea de que la generación de

precedentes judiciales, especialmente los precedentes

constitucionales de la Suprema Corte, pueden ser utilizados por

el Instituto Federal de Defensoría Pública como mecanismos que

coadyuvan a la defensa de todas las personas que se encuentren

en esa misma situación.

A pesar de que el objetivo primario del Instituto es el litigio

de asuntos concretos a fin de proteger los derechos de las

personas involucradas, lo cierto es que cuenta con la estructura

y potencial para seleccionar, analizar y poner en marcha casos

que se orienten a conseguir soluciones integrales, es decir,

cambios sustanciales a partir de los cuales se generen criterios

jurisprudenciales que en última instancia prevengan escenarios

de vulneración a derechos fundamentales.

En este sentido, se propone crear la Unidad de Litigio

Estratégico Constitucional y Penal, la cual estará encargada

de brindar la capacitación que permita a los defensores y

asesores públicos reconocer aquellos asuntos a partir de los

cuales es posible fijar criterios relevantes para el orden jurídico,

con la adecuada defensa y asesoría del usuario como prioridad,

así como trabajar conjuntamente con ellos en el desarrollo de la

argumentación de litigio estratégico que se incorporará a los

distintos escritos y recursos, procurando incorporar no sólo

argumentaciones originales sino también adoptar las nuevas

tendencias interpretativas derivadas de los precedentes de la



Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte

Interamericana de Derechos Humanos.

De igual manera, esta Unidad será la encargada de diseñar

una política para solicitar que en ciertos asuntos la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción o

reasuma su competencia originaria, propiciando así que el

Instituto goce de una mayor incidencia en el litigio que se lleva a

cabo en la Suprema Corte. De lo contrario, la posibilidad de

impacto de los criterios impulsados a través de tal litigio, se

vería sumamente disminuida. En suma, el Instituto Federal de

Defensoría Pública debe adquirir un mayor peso en el litigio

nacional y, en especial, en aquel que se lleva a cabo en la

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, no debe pasarse por alto que los anteriores

postulados representan enormes retos, en especial respecto a las

cargas de trabajo de defensores y asesores públicos. En tal

sentido, será indispensable que el Instituto genere acuerdos de

colaboración con organizaciones no gubernamentales y colegios

de abogados, para que éstos se encarguen del litigio de ciertos

asuntos que sean competencia del Instituto, ello a partir del

fortalecimiento de los programas pro bono, con lo cual, además,

el Instituto coadyuvará a generar conciencia de la

responsabilidad social en el ejercicio de la abogacía.



Asesores jurídicos federales y el impulso de nuevos

criterios jurídicos

Adicionalmente, y por lo que ve a los asesores jurídicos

federales, es necesario evaluar los criterios que han sido

implementados para que se lleve a cabo la representación de un

asunto. En específico, mediante la emisión de directrices para

los asesores jurídicos, se puede permitir el acceso a la

representación de personas que se encuentren en supuestos

jurídicos específicos, cuya atención sea vital para impulsar

criterios relevantes para nuestro sistema jurídico que se

encuentren encaminados a la protección de los más débiles.

Sin embargo, para implementar tales propuestas, será

necesario evaluar el campo de acción del Instituto, y su relación

con otros organismos encargados de la representación jurídica

de personas en situaciones concretas, como la Procuraduría

Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría de la

Defensa del Contribuyente y la Procuraduría Federal de la

Defensa del Trabajo, entre otras.

Propuestas complementarias

Los anteriores elementos deberán implementarse a la par de

otras importantes políticas, tales como: (i) actualizar los factores

de evaluación y supervisión; (ii) analizar los esquemas de

escalafón y los estímulos correspondientes; (iii) continuar con la

celebración de convenios de colaboración; e (iv) impulsar el

desarrollo de la Revista del Instituto, a efecto de que la misma se

profesionalice y se convierta en un verdadero espacio de análisis



y deliberación sobre temas jurídicos. Todo lo anterior requerirá

de una seria revisión de la estructura organizacional del

Instituto, evaluando las cargas de trabajo y la cantidad de

recursos que son asignados para tales labores.



VI. Hacia un modelo de administración integral

Para que el Poder Judicial de la Federación cumpla a

cabalidad con su misión, es preciso que los juzgadores tengan

los elementos necesarios para actuar con plena independencia y

autonomía. Ello requiere garantizar que cuenten con los

recursos financieros, materiales y humanos suficientes para

realizar su labor, pero también de una administración moderna

y eficiente, que sea capaz de adaptarse y responder a los retos

que plantea el presente y que se visulmbran en el futuro.

Por eso, se plantea la necesidad de impulsar un cambio

integral de nuestra cultura organizacional y una transformación

profunda de nuestras prácticas, normas y procedimientos

administrativos. Este nuevo modelo de administración estará

orientado y sustentado en cuatro pilares:

-La integración, homologación y coordinación de

esfuerzos entre la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

-La colaboración, armonía, innovación y productividad

como valores indispensables de la nueva cultura laboral.

-La planeación y la evaluación permanentes como

elementos centrales de una verdadera administración

por resultados.



-La transparencia y rendición de cuentas como práctica

cotidiana del quehacer administrativo.

De esta forma, la administración se convertirá en un

instrumento estratégico al servicio de la actividad jurisdiccional;

un instrumento que, aún en su carácter adjetivo, desempeñará

un papel relevante para el logro de los objetivos y metas

institucionales.

Dentro de este contexto, se hace necesario diseñar y poner

en marcha un plan de largo aliento, con proyectos y programas

específicos para el período 2015-2018, y que incluya tanto a la

Suprema Corte de Justicia de la Nación como al Consejo de la

Judicatura Federal.

Para lograrlo, se privilegiará una planeación estratégica,

rigurosa pero a la vez flexible y versátil, que determine el rumbo

y los pasos a seguir. Una planeación estratégica que sea capaz

de identificar, reconocer y aprovechar las mejores prácticas de

gestión en el Poder Judicial de la Federación, pero que sea

capaz, también, de desechar o modificar aquellas que

obstaculicen su desempeño ágil, eficiente y eficaz.

Teniendo como sustento lo antes expuesto, todos los

programas, proyectos y actividades institucionales se orientarán

en torno a un solo objetivo: Transformar la administración hacia

un nuevo modelo de gestión integral y moderno, que responda

de manera ágil y eficaz a las necesidades institucionales, y que

fomente el aprendizaje y la mejora continuos.



Para lograr este objetivo se proponen las siguientes líneas

generales:

Plasmar la transformación en un Plan de Trabajo

2015-2018

Deberán establecer objetivos claros, acciones concretas y

metas medibles, partirá de un diagnóstico honesto y profundo

de las fortalezas, las debilidades y las áreas de oportunidad

dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo

de la Judicatura Federal, y planteará soluciones específicas e

integrales, que reconozcan las particularidades de cada

instancia.

Adecuar las estructuras y los sistemas de

organización a las prioridades institucionales

Deberá realizarse una evaluación integral de la

organización y los procesos y procedimientos administrativos, lo

cual servirá de insumo para:

- Actualizar reglamentos, acuerdos, políticas y lineamientos,

para simplificar procedimientos y normas, definiendo con

claridad los tramos de control y procurando una adecuada

delegación de facultades.

- Rediseñar las estructuras orgánicas y ocupacionales, para

establecer un equilibro adecuado entre cargas de trabajo y

fuerza laboral; así como una distribución más eficiente de

funciones, evitando duplicidades. Este rediseño deberá



reflejarse en nuevos manuales de organización y de

procedimientos.

- Efectuar una reingeniería de procesos y sistemas con la

adopción de las mejores prácticas nacionales e

internacionales.

- Se privilegiará el uso de tecnologías de la información y

comunicaciones de vanguardia, como herramientas

fundamentales de trabajo.

- Se delimitarán con claridad las responsabilidades del

personal de mando medio, con el objeto de aumentar la

capacidad de respuesta y agilizar la atención de las

solicitudes de las áreas sustantivas; y permitir que los

mando superiores se concentren en las labores

estratégicas de dirección, coordinación y supervisión.

Fortalecer al capital humano como un verdadero

motor del cambio

Para lograr un vínculo integral y de mayor calidad entre

perfiles de puestos, estructuras organizacionales, funciones,

competencias, valores y talentos, se plantea avanzar en la

adopción de un modelo de servicio profesional en la rama

administrativa y técnica, basado en los siguientes elementos:

- Rediseñar los procedimientos de reclutamiento y selección

del personal, privilegiando la aplicación de concursos de



oposición que garanticen que el criterio central para la

ocupación de plazas sea el mérito profesional.

- Impulsar el desarrollo del personal, mediante su

capacitación y actualización permanentes, con un enfoque

de competencias. Para ello, se privilegiará la suscripción de

convenios de colaboración y la contratación de servicios

con instituciones de reconocido prestigio como son la

Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de

Investigación y Docencia Económicas, el Instituto Nacional

de Administración Pública, el Instituto Tecnológico

Autónomo de México y el Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey. La oferta de

capacitación será amplia y accesible para todo el personal,

a través de conferencias, diplomados, cursos presenciales

o virtuales (a distancia), videostreaming, talleres,

seminarios, sistema de aprendizaje abierto, y otros de

naturaleza análoga.

- Implantar una cultura laboral basada en la productividad,

el profesionalismo, la honradez y la ética profesional,

combinado con estándares estrictos de puntualidad y

asistencia. Pero, al mismo tiempo, una cultura laboral que

fomente la creatividad y la innovación, reconociendo la

iniciativa individual y el logro de los objetivos colectivos.

- Reconocer el buen desempeño del personal, asignando y

pagando remuneraciones compensatorias con relación a



los niveles de responsabilidad que asume el personal de

mando medio y operativo en la suplencia y desempeño de

atribuciones para cubrir vacaciones, licencias e

incapacidades médicas, de sus superiores jerárquicos; o

bien, a través del pago de tiempo extraordinario por el

desahogo de cargas de trabajo adicionales a las ordinarias,

y las demás que establecen las Condiciones Generales de

Trabajo del Poder Judicial de la Federación y de manera

supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio

del Estado.

Instrumentar la gestión por resultados

El proceso de planeación, programación y presupuestación

debe estar orientado a la consecución de los objetivos y al

cumplimiento de las metas institucionales, con criterios de

eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos.

Las premisas que guiarán ese proceso son:

- Todas las actividades y proyectos estarán alineados a los

objetivos y prioridades establecidos en el Plan de Trabajo

2015-2018; y deberán contar con indicadores y metas

cuantificables, que permitan evaluar su cumplimiento.

- La presupuestación se realizará con una metodología

uniforme y transparente que garantice que los importes

anuales solicitados sean suficientes y estén plenamente

justificados. Se pondrá especial énfasis en la adecuada

calendarización del presupuesto, conforme a los tiempos



reales del ejercicio y pago de recursos, evitando la

generación de subejercicios.

- La presupuestación se hará con un enfoque de largo plazo,

en el que se tomen en consideración las proyecciones de

crecimiento de la demanda de servicios de justicia, los

índices de saturación y de carga de trabajo de los órganos

jurisdiccionales, y sus necesidades de expansión y

especialización.

- Se instrumentará un sistema integral de seguimiento,

aprovechando las herramientas informáticas con las que

ya cuenta el Poder Judicial de la Federación, incluido en

sistema SAP, que permita contar con información en

tiempo real sobre el ejercicio de los recursos y el avance en

los programas de trabajo. Esta información se pondrá a

disposición de los órganos de gobierno y administración de

la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, de forma

clara y completa, para facilitar la oportuna toma de

decisiones.

- Se privilegiará la evaluación periódica de la ejecución de

los programas específicos, así como de la obtención de

resultados medibles y comparables. Con estos elementos y

factores de valoración, se podrá detectar oportunamente

aquellas partidas y proyectos que presenten retrasos o no

hayan cumplido con los objetivos establecidos, para



adoptar acuerdos y tomar decisiones para reencauzar el

gasto hacia otras prioridades institucionales.

- Se pondrá a disposición de la ciudadanía, la información

completa y detallada del ejercicio del presupuesto y del

cumplimiento de los programas de trabajo, a través de los

portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; con la

convicción de que una administración por resultados

requiere necesariamente de transparencia y rendición de

cuentas.

Optimizar y hacer más eficiente la administración de

los recursos

Es necesario un rediseño de los procesos de adquisición de

bienes y contratación de servicios y obra pública, para lo cual

se propone simplificar el marco regulatorio, optando por

procedimientos sencillos, que cumplan con los principios

contenidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, buscando un equilibrio entre el

principio de economía y el de oportunidad. De igual forma, se

habrán de revisar los mecanismos de contratación para agilizar

los trámites y tiempos de adjudicación, y evitar así retrasos en

la atención de necesidad de materiales y servicios de las áreas

sustantivas.



De manera específica, se proponen las siguientes acciones:

- Homologar la normativa que regula las adquisiciones,

contrataciones, servicios y obra pública en el Poder

Judicial de la Federación.

- Adoptar procedimientos de adquisiciones y contrataciones

totalmente electrónicos, acordes a las recomendaciones

emitidas por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) y a las mejores prácticas

internacionales, con objeto de disminuir el riesgo de

corrupción y de colusión entre proveedores.

- Crear un catálogo único de proveedores del Poder Judicial

de la Federación, que facilite la obtención de información

para realizar las investigaciones de mercado y los

procedimientos de contratación.

- Crear un área especializada en elaboración de

investigaciones de mercado, ajena a las áreas requirentes o

técnicas, que cuente con la capacidad necesaria para

detectar las mejores oportunidades de adquisición en el

mercado.

- Transitar hacia una cultura de entregas “justo a tiempo”,

asociados con esquemas de “cero inventarios”, para hacer

uso más eficiente de los almacenes y, en general, de los

inmuebles del Poder Judicial de la Federación.



Aprovechar y potenciar el uso de las tecnologías de la

información y comunicación

En los últimos cuatro años se planteó un programa

institucional muy ambicioso de tecnologías de la información y

telecomunicaciones, que ha dado muy buenos resultados. Se

propone continuar con esos esfuerzos, para lo cual se plantean

las siguientes acciones:

- Continuar con los esfuerzos para la adopción y uso

intensivo de la firma electrónica avanzada para autentificar

y dar valor legal a la documentación oficial, tanto en la

labor jurisdiccional como en las actividades

administrativas y de apoyo.

- Garantizar que todo el cableado estructurado de fibra

óptica cumpla con las normas y estándares nacionales e

internacionales, para disminuir riesgos o interrupciones de

los servicios de internet, intranet, videoconferencias, video-

streaming, voz, datos y telefonía.

- Continuar con la adquisición de conmutadores telefónicos,

con redes y marcación unificadas en todas las oficinas y

equipos de telefonía, con tecnología de vanguardia, que

conecten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al

Consejo de la Judicatura Federal.

- Incrementar la capacidad y velocidad de internet, intranet

y hospedaje de información.



- Reforzar la seguridad de los Centros de Datos, que

albergan los equipos de servidores y que regulan la

administración de la Red Privada Virtual y el acervo de la

base de datos de todo el Poder Judicial de la Federación.

- Concentrar en las áreas especializadas en informática los

códigos fuente de los diversos software, sistemas y

programas, como medida preventiva de protección frente a

posibles acciones que pretendan sabotear, explotar

información, infiltrarse para manipular virus diversos o

vulnerar nuestros sistemas y bases de datos.

- Establecer un programa permanente de actualización

tecnológica, que permita al Poder Judicial de la Federación

contar con tecnologías de punta, en el entendido que nada

es estático y todo es dinámico. Se impulsará la sustitución,

adquisición y contratación de bienes y servicios

informáticos de vanguardia.

Garantizar que el Poder Judicial de la Federación

cuente con un patrimonio inmobiliario suficiente,

funcional y digno

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