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Efectos de la recesión 3 La opinión Páginas 2 a 4 LLL

Miseria generalizada

Salarios menguantes, pres-taciones insuficientes, un IPC enrocado en niveles alarmantes, disminución

del gasto público social, paro desbo-cado, ausencia absoluta de signos de mejora en un contexto económico general degradado hasta la extenua-ción. Tal es el paisaje vital para mi-llones de personas en España. Un es-cenario carente de vías de escape, de puntos de fuga desde los que entre-ver un porvenir si no halagüeño, al menos tolerable. Las personas asalariadas sufren la peor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 27 años. La sabiduría popular, o, en este caso, mejor decir la amargura popular, hace mucho tiempo que determinó aquello de «trabajando nadie se hace rico». Ha-brá que aplicar una nueva vuelta de tuerca al dicho para constatar que es muy posible que trabajando no tan solo no lleguemos a hacernos ricos, sino que es posible que ni tan siquie-ra consigamos esquivar la penuria. Tal es la situación de medio millón de personas en Catalunya que, pese a tener trabajo y contar con un sala-rio, viven por debajo del umbral de la pobreza. Una de las principales claves pa-ra entender esta situación de pérdi-da generalizada de poder adquisiti-vo que afecta a la clase trabajadora debemos buscarla en la reforma la-boral que padecemos desde el pasa-do mes de febrero. La misma que ha dado sobradas pruebas de su absolu-

se ha conseguido que las subidas sa-lariales en los convenios que han si-do revisados este año se sitúen, de media, en un 1,3%. Peor incluso en el caso de los nuevos convenios, ne-gociados y pactados con posteriori-dad a la entrada en vigor de la refor-ma laboral. En estos convenios, la su-bida acordada no alcanza ni el 1%. La situación no es mejor en la ad-ministración, donde algunos profe-sionales de la función pública acu-mulan pérdidas de poder adquisi-tivo de hasta el 20% en los últimos cinco años. Mientras, se siguen ai-reando, con vocación populista, los supuestos privilegios de los que go-za el personal funcionario, ocultan-do que la precariedad y el mileurismo son también moneda corriente en las relaciones laborales en el seno de las administraciones. Y no olvidemos, por supuesto, a otro colectivo damnificado como es el de los jubilados. En este caso, el Gobierno del PP ha ido un paso más allá en su política de ahorro y ha de-cidido ignorar sus obligaciones lega-les para evitar compensar a los mi-llones de pensionistas por la pérdi-da de poder adquisitivo acumulado a lo largo del 2012. Para el presen-te ejercicio, el Ejecutivo calculó que una subida del 1% aplicada a las pen-siones sería suficiente para cubrir el alza del IPC. La ley general de la Se-guridad Social obliga a abonar una paga adicional en el caso de que, tal y como ha sucedido, el incremento real del IPC supere esta previsión.

AnálisisMiguel Arenasabogado del Col.leCtiu Ronda

Sin embargo, el PP ha decidido ha-cer oídos sordos a este imperativo le-gal alegando «la imposibilidad» de hacer frente a este pago adicional al que los pensionistas tienen dere-cho. Una medida que afecta, es im-portante recordarlo, a unas perso-nas que en el caso de Catalunya co-bran una pensión media inferior a 900 euros al mes. Ante semejante in-justicia, desde el Col·lectiu Ronda he-mos puesto a disposición de quien lo desee a través de nuestra página web un formulario para dirigirse al INSS con la exigencia de ver compensada la pérdida de poder adquisitivo que

la ley contempla. Nuestros ingresos no compensan un IPC en trayecto-ria ascendente como consecuencia del incremento del coste de servicios esenciales como la educación o la sa-nidad, así como de la agilidad mos-trada por las empresas para trasla-dar al cliente el aumento del IVA. Nos empobrecemos a marchas forzadas. Encabezamos los rankings de des-igualdad. Repartimos de forma asi-métrica el coste de la crisis. Pero Eu-ropa aplaude. Y todos contentos. H

33 un hombre rebusca en un contenedor del barrio de gràcia.

albeRt beRtRan

nuestros ingresos no compensan un iPC ascendente porque suben los costes de la sanidad y la educación

ta incapacidad para generar empleo pero que, en cambio, se ha mostrado sumamente eficaz a la hora de con-seguir dos de sus objetivos no confe-sos –o incluso negados–: abaratar el

despido y presionar a la baja los sala-rios. Portando por bandera los epí-grafes de contención salarial e in-vocando la perentoria necesidad de aplicar una «devaluación interna»,

MaRteS, 1 de eneRo del 2013luneS, 31 de diCieMbRe del 2012